La Operación Púnica o como la corrupción destruye la convivencia social: Historias de Valdemoro

 

El nuevo escándalo de corrupción que en estos días está sacudiendo varios municipios de la Comunidad de Madrid, León y Murcia es un capítulo más en la larga lista de funestos sucesos que están minando la percepción de los ciudadanos sobre la clase política.

Dado que los medios de comunicación han desmenuzado concienzudamente toda la información sobre las andanzas de estos presuntos criminales me gustaría centrarme en dos aspectos menos analizados y comentados de la corrupción: la destrucción de la convivencia social en aquellos lugares donde se producen los casos de corrupción y la necesidad de que los ciudadanos tomemos la iniciativa para intentar poner coto a estos desmanes.

Como todos hemos conocido, los presuntos ideólogos de esta trama delictiva, Francisco Granados y David Marjaliza, proceden de Valdemoro, municipio en el que vivo desde que nací hace 36 años y del que procede toda mi familia paterna. Aunque actualmente tiene en torno a 70.000 habitantes, continúa siendo lo que comúnmente se considera un “pueblo”, en el que todo el mundo se conoce y en el que este caso de corrupción ha caído como una auténtica losa vergonzosa sobre los ciudadanos ¿Se imaginan cómo nos sentimos los ciudadanos de Valdemoro, sobre todo los que somos de allí “de toda la vida”, cuando vemos la plaza de nuestro pueblo cercada por 30 vehículos de la Guardia Civil y cuando vemos el nombre de Valdemoro como sinónimo de corrupción? Por no hablar de la crispación latente en las calles, en los supermercados, en cualquier conversación entre amigos o familiares… Si a las personas como ustedes lectores que están siguiendo este caso desde la distancia a través de los medios de comunicación este caso les produce repulsión, imagínense como lo estamos sufriendo los ciudadanos de Valdemoro, viendo cómo una banda de presuntos delincuentes mancha el nombre de nuestro pueblo.

Y si las personas mayores nos sentimos estafadas e indignadas, ¿han pensado alguna vez cómo perciben nuestros hijos estos casos de corrupción? Por desgracia he tenido que enfrentarme al desafío de explicarles a mis hijos todo lo sucedido, porque comparten colegio con familiares de los principales encausados. Y les aseguro que no es nada fácil hacer entender a un niño que la persona que aparece en la portada de su agenda escolar (el Alcalde de Valdemoro) es un presunto delincuente y que es necesario no culpabilizar a sus familiares con los que mis hijos comparten sus actividades escolares. Por no hablarles de los conflictos de los que he sido testigo entre padres del colegio y profesores, motivados por el tratamiento que hay que dar a este caso de corrupción entre los niños.

Este simple ejemplo de los problemas que este caso está produciendo en el colegio de mis hijos me lleva a reflexionar que la corrupción no solo tiene repercusión en la valoración de la clase política o en la imagen de España en el exterior, principales consecuencias que siempre se ponen de manifiesto, sino que daña gravemente la convivencia social en los lugares en los que se desarrollan, generando unos niveles de crispación difícilmente soportables y manejables de forma pacífica y democrática, crispación de la que se están aprovechando muchos demagogos de última hora para captar votos.

El otro aspecto en el que me gustaría centrarme es en el de la necesidad de que los ciudadanos pasemos a ser parte activa de la vida política de los municipios. Aunque el escándalo de corrupción haya estallado ahora mismo, ya existía en Valdemoro una iniciativa que partió de los propios ciudadanos hastiados de comprobar cómo el Ayuntamiento era gestionado a modo de “cortijo”. Esta iniciativa, denominada proyecto TUD – Transparencia, Utilidad, Distribución  lleva toda la legislatura actual intentando, a través del concejal obtenido en las últimas elecciones municipales, denunciar las irregularidades detectadas en las adjudicaciones públicas que se han realizado en estos años. Sin embargo, el rodillo del PP en el Ayuntamiento ha impedido que nada saliera a la luz hasta la intervención del juez Velasco. Es necesario, por tanto, que los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de participar de la vida política de nuestros municipios, exigiendo transparencia en la gestión pública, con la finalidad de eliminar la sensación de total impunidad en la que parecen asentados nuestros políticos. No me cabe la menor duda que una participación más activa de los ciudadanos en el control de los gobiernos municipales limitaría la aparición de casos de corrupción como estos. Ejemplos como esta iniciativa ciudadana, que afortunadamente están surgiendo en numerosos municipios españoles, invitan a pensar que aún hay esperanza de conseguir una gestión pública transparente, eficiente y al servicio de los ciudadanos y no de un puñado de corruptos.

Sin embargo, siendo grave el deterioro de la convivencia social que la corrupción genera allí donde anida, lo que es verdaderamente preocupante es la imagen que las nuevas generaciones (no las del PP, claro) están percibiendo de la corrupción. Nuestros hijos están viendo cómo personas que ostentan cargos de responsabilidad en las instituciones que deberían velar por el bien común de todos los ciudadanos están entrando en prisión por un afán desmedido de lucro que les lleva a cometer todo tipo de fechorías. ¿Cómo podemos transmitir a los niños y jóvenes que la razón de ser de la acción política debería ser la vocación de servicio público ante ejemplos tan nefastos como los que hemos podido ver en estos días? Sin duda alguna los padres y educadores tenemos un apasionante reto para contribuir a la regeneración democrática de este país, inculcando a nuestros hijos el valor de virtudes como la honradez, la templanza o el esfuerzo.

Esperemos que casos como esta Operación Púnica despierte las conciencias de tanta gente honrada como existe en España para que den un paso adelante y comprometido en la defensa del bien común y para que las siguientes generaciones encuentren ejemplos de gestores públicos honrados que miren más allá de asegurarse la jubilación con una cuenta en Suiza.

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.

Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, “es dimitido” a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.

Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, “el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.

No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:

Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.

Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un “colchón de confianza”. A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.

Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.

En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.

Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.

El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.

De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.

 

 

Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: “Corrupción política y democracia…20 años más tarde”

 

Leyendo el libro de Javier Pradera “Corrupción y política” de Galaxia Gutemberg,  escrito en 1994 titulado “Corrupción y política. Los costes de la democracia”  me he quedado asombrada por su actualidad. Cualquiera de sus capítulos podría estar escrito hoy; solo hay que cambiar los ejemplos, sustituir “Filesa” o Naseiro por “Gurtel” o Bárcenas, Mariano Rubio por Miguel Blesa o Rodrigo Rato, Roldán por cualquiera de los Oriol, colocar en lugar de Juan Guerra al pequeño Nicolás, o en vez de hablar del fraude en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea (entonces gestionados por el FORCEM) hablar del fraude  en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea gestionados por Gobiernos regionales de distinto signo, aunque liderados, sin duda, por la Junta de Andalucía.

No solo el libro es absolutamente actual, también el diagnóstico es absolutamente certero, y apunta al corazón del régimen democrático iniciado en la Transición. Entre los aspectos más preocupantes que destaca Javier Pradera y que también hemos denunciado constantemente desde el blog ¿hay derecho? se encuentra la “piedra de toque” de todo el sistema: la reducción interesada de la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Según esta tesis, tan querida para nuestros  líderes políticos desde Felipe González hasta Mariano Rajoy, desde los GAL o Filesa hasta Bárcenas o el dinero negro del PP, no puede hablarse de responsabilidad política sin que exista antes una condena penal. O por lo menos sin que se abra el juicio oral, es decir, sin que el político de turno se siente en el banquillo de los acusados. De acuerdo con esta cómoda tesis la imputación penal a estos efectos no es relevante para exigir responsabilidades políticas, ni en forma de dimisiones ni de ceses. Por esa regla, nuestros viejos partidos están llenos hasta la bandera de políticos imputados, algunos hasta “reimputados” como la famosa alcaldesa de Alicante.  Por otro lado, el apego al cargo que demuestran nuestros políticos se explica también desde un punto de vista racional, dado que muchos cargos, especialmente los representativos, llevan aparejado el aforamiento, con las indudables ventajas que este supone y que ya hemos comentado en otros artículos. 

Claro está que esta tesis es letal para la lucha contra la corrupción y, en último término, para la propia democracia. Como también señala Javier Pradera, la cuestión es que tanto el Código Penal como las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están pensadas para algo muy distinto. Las conductas tipificadas en el Código Penal están diseñadas para defender al individuo frente a las agresiones más graves de otros individuos o incluso del propio Estado, mientras que las numerosas garantías de nuestros procedimientos de instrucción y de enjuiciamiento están diseñadas para evitar arbitrariedades e injusticias por parte del propio Estado contra sus ciudadanos, tan frecuentes en el Antiguo Régimen, donde a la gente se la encarcelaba sin muchos miramientos y sin juicio. En definitiva, ni nuestro Código Penal ni nuestras normas de enjuiciamiento criminal están pensadas para luchar contra la corrupción política y menos aún si está generalizada o institucionalizada. Por eso resultan tan poco eficientes para combatirla.

Con esto no quiero decir que no haya que meter a los corruptos en la cárcel ni mucho menos. Simplemente lo que intento subrayar es que no la vía penal no resulta adecuada para depurar las responsabilidades políticas por los escándalos de corrupción y menos si son sistémicos. Aunque la Administración de Justicia española fuera más independiente, tuviera más medios y fuese mucho más eficiente lo cierto es que tampoco estaría en condiciones de imputar al Gobierno en pleno de la Junta de Andalucía o a toda la cúpula directiva del PP y eso aunque se llegase a demostrar su implicación directa en el asunto de los ERES o en la financiación irregular del partido, dinero negro incluido. Combatir la corrupción institucional solo a golpe de Código Penal es una tarea titánica que queda fuera del alcance de cualquier Juez por aguerrido que sea.  En definitiva,  no se puede enjuiciar a todo el régimen del 78 en vía judicial, ni es probable que veamos a Ministros, Consejeros o alcaldes en activo en la cárcel, por muy tentadora que resulte esta imagen para la hastiada ciudadanía.

En mi opinión lo que hay que hacer en primer lugar es modificar de una vez la socorrida doctrina que identifica responsabilidad política -en el ámbito de la corrupción o el despilfarro- con responsabilidad penal, y que exige para los “presuntos” políticos corruptos la misma presunción de inocencia que solo se aplica a los “presuntos” delincuentes.  Se trata simplemente de avanzar hacia los modelos democráticos de países más avanzados donde la responsabilidad política es independiente de la civil o penal, y es exigible inmediatamente y mucho antes de que exista cualquier procedimiento judicial. Los ejemplos de las dimisiones o ceses en países como Alemania, Suecia o el Reino Unido por casos infinitamente menos graves que los que vemos a diario en España, incluso en casos donde no es probable que haya ningún tipo de responsabilidad penal, son el ejemplo a seguir.

Pero claro está, para que nuestros políticos cambien de criterio que haber una demanda social clara que les obligue a hacerlo. Porque la corrupción es también una cuestión sociológica. Los especialistas suelen hablar de “zonas grises” o “blancas”, para referirse a prácticas que pueden no estar tipificadas penalmente o incluso que pueden estar más o menos aceptadas socialmente. ¿Es corrupción colocar a la familia de los Consejeros en el Tribunal de Cuentas? ¿Es corrupción colocar a militantes del partido al frente de instituciones supuestamente independientes? ¿Contratar a empresas o personas “de confianza” cuando se ostenta un cargo público? ¿Pagar en negro las obras de la sede del partido? ¿Abusar del cargo público para obtener ventajas o privilegios que no se obtendrían de otra forma? ¿Utilizar para gastos personales las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿Cobrar dietas de mantenimiento en el mes de vacaciones? ¿Tener dinero en cuentas en Suiza? De la contestación que demos a estas u otras preguntas parecidas dependerá el nivel de tolerancia de la sociedad española frente a la corrupción, y ese nivel no siempre ha sido muy exigente. Parece claro que en España se han tolerado este tipo de prácticas durante demasiado tiempo, aunque también es cierto que muchas de ellas y, sobre todo, su grado de profundidad y de generalidad no eran totalmente conocidas, como demuestra el escándalo que ha suscitado el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid.

En cualquier caso lo que revela el libro de Pradera -como también el de Alejandro Nieto de 1997 “Corrupción en la España democrática”- es que todos los síntomas de la enfermedad que hoy parece terminal estaban ahí, a la vista, para quien quisiera verlos, pero que todos, políticos y ciudadanos preferimos no hacerlo.  Cuando llegó al poder el PP en el año 1996 decidimos que todos los problemas de corrupción iban a desaparecer porque había un cambio de partido, de personas, y de discurso. Pero la realidad es que no se abordaron los cambios estructurales que hubieran hecho posible atajar la corrupción política y acabar con la impunidad. La prueba es que los escándalos de corrupción actuales son los mismos que los de entonces, ya se trate de financiación ilegal de partidos, cobro de comisiones, contrataciones o subvenciones amañadas, despilfarro, nepotismo y clientelismo; solo que corregidos y aumentados hasta extremos insospechados. 

Por tanto, conviene ser conscientes de que la tesis de que la responsabilidad política no es exigible hasta que se confirme la responsabilidad penal, enunciada por primera vez por el PSOE de Felipe González a raíz del “caso Guerra” y defendida con el mismo entusiasmo por Mariano Rajoy en su ya famosa comparecencia el Parlamento a raíz del “caso Bárcenas” el 1 de agosto de 2013, ha dado alas a la corrupción política institucionalizada y ha minado nuestra democracia. A estas alturas, parece complicado reparar los daños causados con un acuerdo entre los principales responsables para adoptar “medidas de regeneración democrática”. Sencillamente, no tienen credibilidad ninguna.

Corrupción normal y síndrome de inmunodeficiencia política

La normalidad presenta su amenaza política. Especialmente porque su faz amenazante no se percibe como tal. Quién podría temer ante lo normal: quién podría temer ante lo que acaba percibiéndose como cotidiano, habitual, extendido, previsible, lógico, esperado o inevitable. Cuando Adorno advirtió que la normalidad era “la enfermedad moral” del siglo XX, nos dejó una advertencia que conserva su vigencia en el XXI.

Las frases hechas alimentan acciones… por hacer. Esas frases hechas que subrayan la normalidad de la corrupción, alguna incidencia encerrarán en cuanto a la tolerancia que se le acaba brindando a esa corrupción. El caldo de cultivo que se gesta con palabras (a golpe de tópico y lugar común) presentará su plasmación práctica a través de los hechos. Al fin y al cabo, la primera función de los tópicos es “volvernos normales”: “acomodarnos al grupo, arroparnos con lo que se lleva (…)” (Aurelio Arteta, 2012. Tantos tontos tópicos. Ariel, 

Mi país se corrompe lo normal

Algunos estudiosos indican que la corrupción que se vive en España es equiparable a la de otros países de su entorno. Vienen a decir que si nos pusiéramos a comparar cifras, índices, variables y estadísticas, observaríamos un nivel “normal” de corrupción. A mí me cuesta comprender este tipo de afirmaciones. No estoy diciendo que quienes realizan ese diagnóstico estén justificando la corrupción. Tan sólo muestro mi perplejidad, puesto que medir la cantidad de corrupción no nos lleva al meollo del asunto.

Por una parte, porque la cantidad de corrupción detectada no nos clarifica la corrupción inadvertida. Pasa algo parecido a lo que sucede con el narcotráfico: los alijos de droga requisados no son el todo de la mercancía entrante.

Pero a su vez, convendrá subrayar que lo prioritario no es lo cuantitativo (cuánta cantidad de corrupción aflora), sino lo cualitativo (si funcionan o no los contrapesos democráticos que permiten detectar esa corrupción; y qué respuesta institucional y electoral se le brinda a la corrupción, una vez que ésta ha aflorado).

Dicho de otra forma. Dado que lo peor no es la corrupción, sino su impunidad, la mayor alarma debiera brotar cuando constatemos (a) impunidad de partida, (b) impunidad penal y (c) impunidad en las urnas:

(a) si en un país han sido erosionados los mecanismos de control y vigilancia (los clásicos checks and balances que caracterizan a toda democracia que se precie), habrá un porcentaje alto de corrupción que ni siquiera llega a visualizarse;

(b) si en un país la corrupción acaba saliendo gratis desde el punto de vista judicial, eso denotará el correspondiente deterioro de las instituciones, eso denotará que falla la división de Poderes, eso volverá a denotar, en definitiva, el mal funcionamiento del Estado de Derecho;

(c) si en un país la corrupción es votada en las elecciones, eso evidenciará que parte de la ciudadanía ha querido hacerse cómplice de tales manejos. La culpabilidad no será la misma, pero la responsabilidad (en tanto que ciudadanos) nos alcanza a todos.

En consecuencia, cabe desmontar esa supuesta normalidad que algunos atisban. Aunque el número de casos de corrupción estuviera en parámetros “normales” (entre comillas); no puede ser normal la existencia de agujeros negros en los que la corrupción resulte inescrutable; y no puede ser normal que la corrupción resulte impune en los tribunales; y no puede ser normal que la corrupción sea votada con el bochornoso alborozo con que ha venido votándose.

Asimismo, tampoco podrá eludirse la (d) impunidad corporativa ni la (e) impunidad mediática:

(d)  si en un país, la corrupción es amparada por el partido en el que surgió (o es amparada por el sindicato, patronal, ONG, confesión religiosa, colegio profesional o entidad correspondiente en la que pudiera haber surgido), eso mostraría que no funcionaron los mecanismos de autocontrol propios. Es decir, al margen de que pudieran haber fallado los controles legales externos, también habrían fallado los controles éticos internos (códigos de autorregulación, códigos de buenas prácticas, controles de calidad…). Puede que esos mecanismos internos de supervisión funcionaran hasta una fase, pero si finalmente las señales de alarma se encubren y las responsabilidades no se depuran, la resultante es ese clima de impunidad al que estamos apuntando.

(e) si en un país, ciertos medios de comunicación respaldan la corrupción de los suyos, eso ilustra que no preocupa la corrupción: al menos no tanto como los intereses que llevan a silenciarla. Cuando aludimos a la corrupción de los suyos nos referimos a la de sus afines y comparsas: aquellos a los que el medio de turno se siente ideológicamente cercano y/o aquellos a quienes debe la correspondiente contraprestación (contraprestación por haber recibido, o estar a la espera de recibir, favores para su grupo multimedia). Si ciertos medios se muestran combativos sólo con la corrupción que afecta a los otros (a los que no son próximos o a los que no van a potenciar sus intereses), eso ejemplifica que no preocupa la corrupción, sino el negociado. El respaldo mediático a la corrupción adquirirá variadas formas: desde la minimización de la información incómoda, hasta la directa ocultación de la misma, pasando por todo tipo de tergiversaciones o irracionales explicaciones, para acabar atemperando la gravedad o acabar desembocando en abstractas e injustas generalizaciones (dado que la corrupción está en todos-todísimos… sigamos apostando por los nuestros). Ese sectarismo e interesada pleitesía, esa desinformación y seguidismo, esa renuncia de los medios a su función de contrapoder (tan indispensable para el ejercicio democrático), vuelve a retroalimentar esa impunidad que nos ocupa.

Al igual que ocurría ante los puntos “a”, “b” y “c”, los puntos “d” y “e” tampoco pueden ser  contemplados con la parsimonia de la normalidad. Por habituales y cotidianas que pudieran ser esas derivas, por supuesto que no cabe catalogarlas como normales desde el punto de vista democrático. Y demos un paso más. Esos ejes que hemos presentado como hipotéticos, en el caso español son hipótesis manifiestamente contrastadas. Esos fenómenos paranormales de la política han sucedido y suceden  en España. Desde luego que sí.

Hace unos años, Miguel Lorente publicó un libro titulado Mi marido me pega lo normal (2003. Crítica:  El título refleja ese testimonio de tantas y tantas mujeres que por desgracia habían asumido el maltrato como algo natural y comprensible. Igual que toca seguir dando la batalla para que nunca (en modo alguno y bajo ninguna circunstancia) pueda percibirse con normalidad la violencia machista; también toca seguir dando esa otra batalla referida a la corrupción.

Frente a la idea de que “mi país se corrompe lo normal” (y “la democracia se desmorona, pero sin estrépito”; y “el Estado de Derecho se derrumba, pero sin alardes”), frente a esas tristes renuncias, también cabe algo más que dejadez, pasividad e indiferencia.

 

Corrupción hard y soft

La corrupción política es más, mucho más, que meter la mano en la caja. De ahí la división entre corrupción hard y corrupción soft. La primera tiende a estar tipificada. Siempre podrán encontrarse resquicios legales en los que cierta práctica corrupta escapa al Código Penal, pero en principio, dentro de un Estado de Derecho que merezca llevar tal nombre, esa corrupción hard resultará delictiva.

Más peligrosidad puede llegar a encerrar la versión dulce y amable de la corrupción. La corrupción de baja intensidad “me preocupa más, porque se extiende insidiosamente, penetra por todos los pliegues de la vida social o privada y acabamos por no detectarla y convertirnos en colaboracionistas” (José Antonio Marina, 20-11-2012. Corrupción de baja intensidad”:

Como se desprende del apunte de Marina, la mayor peligrosidad de la corrupción soft radica en su omnipresencia, en su invisibilidad y en su perverso potencial: el efecto multiplicador para suscitar alrededor complicidad (genera colaboracionismo, aunque sólo sea porque su aparente y cotidiana normalidad logra desactivar cualquier repulsa, cualquier rechazo y cualquier atisbo de reacción y de extrañeza).

La colonización partidista de las instituciones (desvirtuando la razón de ser de tales instituciones) es un preclaro ejemplo de corrupción soft. Son dinámicas legales (se apoyan en sesgadas interpretaciones de una vaga formulación y/o se apoyan en preceptos que directamente se legislaron para posibilitar la artimaña). Dinámicas legales que se ajustan a la letra, aunque desnaturalicen todo el espíritu que conllevan las reglas del juego democrático.

Para no hacer este artículo más extenso de lo razonable, bastará realizar una esquemática enumeración: okupación partidista del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Constitucional, y del Tribunal de Cuentas, y de la CNMV, y del Banco de España, y de RTVE… Todo ello no es el botón de una excepcional y esporádica muestra. Más bien estamos ante una flagrante y planificada botonadura, donde prevalecen unas directrices comunes:

  • los perfiles profesionales son sustituidos por perfiles partidistas, en los que la cualificación técnica y profesional pierde su relevancia[i];
  • los criterios de interés general (aquellos que dan sentido a la propia institución) son relegados por decisiones de interés particular y partidario; y, en suma,
  • los organismos supervisores son maniatados o dinamitados para que la barra libre campe por sus respetos.

A día de hoy ya es obvio el exitazo de que los partidos hayan monopolizado las Cajas de Ahorro. Esa hazaña que de forma tan bochornosa han librado los PpSOeIU nos permite vislumbrar lo acontecido en otras instituciones que tampoco debieran ser monopolizadas. Conocemos ya las perversiones, los destrozos, las tarjetas black y las preferentes ignominias que han venido produciéndose en las Cajas. Pues por poner un ejemplo: que el CGPJ se lo estén repartiendo PP y PSOE (con su correspondiente vocal para IU, PNV y CiU), en términos democráticos conlleva similares perversiones, similares destrozos, similares tarjetas y similares preferentes.

 

Síndrome de inmunodeficiencia política

Cuando falla el sistema inmunitario de una persona, los agentes patógenos encuentran facilidad para cumplir su misión destructiva. También en el ámbito social, en el escenario político, puede darse esa incapacidad para hacer frente al erosionador virus. Volvamos por un momento a Marina: “Una sociedad puede también perder esa capacidad y volverse incapaz de aislar, combatir, neutralizar o expulsar los elementos dañinos”

Todos los mecanismos por los que fluye la impunidad (todas esas posibilidades que hemos tratado de esbozar a lo largo de este artículo) ayudan a darle normalidad a esa corrupción. Tanto a la corrupción hard como a esa otra corrupción soft (más nociva, si cabe), que se viste de sutiles y disimulados ropajes.

Si la corrupción acaba camuflándose bajo la apariencia de `normalidad´, nada nos volverá más `normales´… que ser apáticos o comprensivos con la misma. Y a mayor `normalidad´, mayor inmunodeficiencia para combatir la metástasis política. Y a mayor `normalidad´, mayor anomalía democrática.

 


[i] Por citar alguna evidencia a este respecto. Elvira Rodríguez dejó su escaño del PP para pasar a ser presidenta de la CNMV. Y ya antes, su presidencia de la Asamblea de Madrid o su ministerio de Medio Ambiente (en el gobierno de Aznar) quizá tampoco ayuden a reforzar ese aire de independencia, freno y contrapeso que se le supondría (o que se le debiera presuponer) a un organismo como la CNMV. Y por añadir otros dos ejemplos: la bronca en público de Fernández de la Vega (vicepresidenta del gobierno de Zapatero) a Casas (presidenta en aquel momento del Tribunal Constitucional) resulta sobradamente significativa. Como subrayable significación adquiere que Pérez de los Cobos (actual presidente del Tribunal Constitucional) fuera afiliado del PP. Es de justicia deducir que no estamos ante irrelevantes anécdotas, sino ante una innegable categoría: “Llegados a este punto, el problema ya no es que a los magistrados se les presione y no se les deje ser independientes: ahora sencillamente es que ellos mismos no tienen ningún interés en serlo. La prueba es que el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2013 no necesita ser coaccionado en absoluto: simplemente, está tan identificado con los interés del partido que le ha nombrado que ha sido afiliado suyo. (…) si los políticos piensan, con razón, que sus designados jamás habrían llegado a tan altos cargos sin su mediación, y por tanto que les deben un gran favor, no dudarán en reclamar que se lo devuelvan. Por el contrario, nadie llama a dar instrucciones a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, cuyo prestigio es tremendo, y menos todavía nadie les echa broncas en público. Las diferencias en cuanto al funcionamiento institucional a la vista están” (Sansón Carrasco, 2014. ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España. Península, pp. 54-55).

Delitos dolosos, responsabilidad civil del imputado y protección de los perjudicados. La cobertura de la responsabilidad civil en el caso de las “tarjetas opacas”.

Miguel Blesa ha sido imputado por el caso de las denominadas “tarjetas opacas” y el Juez Instructor le ha requerido una fianza de 16 millones de euros para garantizar el abono, en su caso, de las responsabilidades pecuniarias. La fianza solicitada se puede cubrir con garantía “personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca” pero también cabe por “cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.” (art. 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), lo que permitiría, en su caso, cubrir la medida cautelar exigida con una póliza de responsabilidad civil (así lo contempla expresamente el art. 764 LECrim.).

Según la información existente, el señor Blesa ha ofrecido, como fianza, la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada con la entidad MAPFRE, suscrita para albergar las responsabilidades civiles derivadas de las actuaciones realizadas por los miembros del órgano de administración de Caja Madrid.

En principio, el Juez de Instrucción habría rechazado la aportación de la referida póliza para dar cobertura a esas responsabilidades. La justificación del rechazo estaría, según se ha informado, en la existencia del elemento subjetivo del tipo, dolo, en el que habría incurrido, presuntamente, el imputado al realizar las conductas típicas que se le imputan (administración desleal, apropiación indebida…).

Si estos datos, ofrecidos por los medios de comunicación, son correctos, el supuesto requiere de algunas matizaciones. En primer lugar, el contrato de seguro de responsabilidad civil no da cobertura a ningún supuesto dañoso en el que el asegurado haya actuado “de mala fe”, es decir, dolosamente (art. 19 de la Ley del Contrato de Seguro –LCS- ; en el mismo sentido el art. 1900 CC italiano o el parágrafo 81 de la VVG alemana).

Si todos los delitos en los que se podrían encuadrar las presuntas actuaciones delictivas del señor Blesa requieren el dolo para integrar el tipo penal, no cabría responsabilidad alguna para la aseguradora, derivada de la póliza de responsabilidad civil, lo que determinaría la falta de cobertura, incluso aunque no hubiese una exclusión específica de tales supuestos en la póliza, o incluso aunque las partes hubiesen pactado, contrariamente a la norma, su inclusión. El seguro se caracteriza por la aleatoriedad que se quebraría en los supuestos en que el siniestro depende de la voluntad del asegurado.

Sin embargo, el seguro de responsabilidad civil, en el ordenamiento español, contiene una especificidad o particularidad respecto del resto de ordenamientos europeos en esta materia. El artículo 76 LCS legitima que el tercero perjudicado actúe directamente frente al asegurador y éste no pueda oponerle las excepciones personales que sí cabría alegar frente a su asegurado, blindando el derecho del perjudicado a ser resarcido más allá, incluso, del derecho que deriva del contrato de seguro entre el asegurador y el responsable que está asegurado.

Por ello, si el tercero perjudicado ejercita sus acciones contra el asegurador, queda amparado por la inmunidad con que se tutela el ejercicio de su acción “sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero” (art. 76 LCS). Del tenor de la Ley, se infiere que es posible que la aseguradora tenga que hacer frente a supuestos en los que el asegurado ha causado un perjuicio  como resultado de una actuación dolosa, reconociéndole a aquella, en estos casos, un derecho de repetición para reclamar lo que no le era exigible en el contrato.

En este sentido se pronuncia la jurisprudencia más reciente (STS 365/2013, de 20 de marzo o STS 3119/2014, de 25 de julio, ambas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), que defiende la existencia de la obligación del asegurador de dar cobertura en supuestos de dolo del asegurado, sin perjuicio de su derecho a repetir, contra este último, lo abonado a quien sufrió la lesión. De lo contrario, carecería de sentido alguno reconocer, de manera expresa, el referido derecho de repetición (que también se contempla, específicamente, en el art. 117 del Código Penal).

Al final el responsable, asegurado, o responde frente al perjudicado o lo hace frente al asegurador. La acción directa, con la inmunidad que el legislador le reconoce frente a las excepciones oponibles por el asegurador, viene a proteger al perjudicado de la posible insolvencia del responsable y a atribuir a la aseguradora, en su cuenta de resultados, el coste de las  indemnizaciones abonadas, pero no debidas en virtud del contrato de seguro, que no pueda hacer efectivas frente a su asegurado.

Es la Ley, y no el contrato, el que reconoce la obligación de la prestación del asegurador frente al perjudicado, incluso en supuestos de daños causados dolosamente. El asegurado no puede tenerlos cubiertos pero el responsable sí puede exigirlos al asegurador.

Ahora bien, este derecho a la indemnización del asegurador en supuestos dolosos es un derecho exclusivo del perjudicado, porque se otorga por la Ley con carácter tuitivo a quien sufre la lesión y sólo a él le cabe ejercitar la acción directa y tutelarse con la inmunidad reconocida en nuestro ordenamiento (sin perjuicio de la posibilidad de la aseguradora de oponer, entre otras defensas, la delimitación del riesgo asegurado, la suma asegurada como límite máximo de cobertura, o la extinción de su obligación en virtud de la existencia de cláusulas de delimitación temporal de cobertura).

En el caso de las “tarjetas opacas” ha sido el Juez Instructor el que, de manera correcta, ha rechazado la póliza aportada por el señor Blesa, puesto que se carece de cobertura alguna en el seguro de responsabilidad civil, cuando los hechos lesivos son dolosos, ya que la misma no puede dimanar del contrato. Por ello, le exige que aporte una fianza (sin aceptar la póliza aportada) o se procederá al embargo. Si del embargo se obtienen bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades exigidas, el problema de la efectiva reparación que, en su caso, derive del procedimiento estará solventado.

Pero si el imputado no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las responsabilidades civiles de las conductas, presuntamente delictivas que se le atribuyen, la insolvencia recaerá sobre los perjudicados directos (FROB o/y Fundación Caja Madrid). Sólo estos pueden reclamar esa obligación de la aseguradora, ad extra, que reconoce nuestra legislación y si lo pueden hacer ¿a qué esperan?.

Quizás no basta con abrir una cuenta corriente y esperar a que todos los que han utilizado esas tarjetas abonen la cuantía percibida, puesto que esto sólo depende, única y exclusivamente de la voluntad de aquellos. Por el contrario, si la voluntad es obstativa, quien ha sufrido el daño puede utilizar todos los medios a su alcance para tutelar sus derechos y, al menos en España, el art. 76 LCS permite obtener esa protección a través de una póliza de responsabilidad civil de cualquier imputado, si finalmente éste es condenado, aunque lo sea por delitos dolosos. Sin perjuicio de que también debe reconocerse la legitimación del Ministerio Fiscal que puede ejercitar la acción civil, juntamente con la Penal, salvo que los perjudicados renunciaren a su derecho (art. 108 LECrim.).

Obviamente, ninguna liberación de responsabilidad implica la acción directa para el que realiza la conducta típica dolosa, ya que el derecho de repetición evita la misma. Si la aseguradora termina indemnizando, porque haya una condena de su asegurado, ya se encargará de buscar, localizar y solicitar la ejecución del patrimonio del imputado, y condenado, para satisfacer su crédito de reembolso. Por ello, de momento, aseguremos, lo antes posible, el resarcimiento del daño, especialmente si el legitimado es el FROB ya que la reparación nos afecta a todos.

La paradoja de la corrupción política en España

El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos. La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación. La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.

En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.

La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos. Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.

Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación. La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.

En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.

Asalto al supermercado (el caso de las tarjetas negras de Bankia)

En esta imagen puede observarse a un conjunto de ex consejeros y altos directivos de Bankia, entre los cuales se encuentran varios catedráticos, presidentes de la patronal, ex ministros y ex secretarios de Estado de Hacienda, arremolinándose a la entrada de un súper, ansiosos por hacer uso de sus tarjetas negras.

No es una broma. Ni una exageración. La realidad es muchísimo peor. Porque si hay algo que me gustaría demostrar jurídicamente en este post es que este tema, pese al color de las famosas tarjetas, va muchísimo más lejos que el fraude fiscal (como ya ha apuntado algún colaborador de este blog). Lo que aquí presenciamos es un ejemplo asombroso del asalto en toda regla por parte de nuestras élites extractivas (políticas-empresariales-profesionales) a nuestras instituciones y a nuestros recursos públicos, que alcanza un nivel de desfachatez inaudito. El caso más grave posible de expolio, sin duda alguna, porque no se trata de un asalto de pobres a pobres (como el de la fotografía de arriba), ni de pobres a ricos (como en la fotografía de abajo), sino de ricos a pobres.

Cuando el ex Secretario de Estado de Hacienda, Sr. Rodríguez-Ponga (Estanislao), se gasta casi 255.000 euros en el Corte Inglés sin declararlos a Hacienda, no está simplemente cometiendo un fraude fiscal por no declarar una remuneración extraordinaria, sino participando activamente (en la parte alícuota que le corresponde) en un expolio en el que los principales perjudicados son los preferentistas de Bankia y los suscriptores de sus acciones tras la salida a Bolsa de la entidad. Y luego los contribuyentes que la rescataron, evidentemente. Centrarse principalmente en el fraude fiscal impide ver el bosque que se oculta siempre detrás (como han demostrado dos colaboradores de este blog, Elisa de la Nuez y Francisco de la Torre). No es frecuente que los que perciben cohechos los declaren a Hacienda, ni que los que atentan contra el Presidente de los EEUU declaren en el visado de entrada tener intención de hacerlo.

El hecho de que aquí no nos encontramos ante una remuneración extraordinaria no declarada reside en un dato muy relevante. Los poquísimos titulares honestos de las tarjetas (únicamente cuatro) no lo fueron por declarar esos ingresos a Hacienda, sino por no hacer uso de ellas, o limitarse  –estos sí- a verdaderos gastos de representación. Pero nadie entre los que las usaron para fines particulares declaró jamás nada a Hacienda -o por lo menos nadie reconoce haberlo hecho-. Este dato es muy interesante y solo tiene una explicación: los titulares de las tarjetas tuvieron que recibir instrucciones muy claras por parte de la entidad de que esos gastos eran totalmente opacos para todo el mundo no directamente implicado (Hacienda incluida, claro) y la discreción (la natural del mafioso) era absolutamente imprescindible. Esta partida se registraba en un sistema informático opaco y se apuntaba en la contabilidad en una partida de “quebrantos”, pero nadie con una formación suficiente como para ser consejero o directivo de una Caja podría pensar jamás que hubiera podido ser de otro modo, que estas “remuneraciones” pudieran contabilizarse de manera normal. Si esto es así, como resulta del todo evidente, ¿qué diferencia hay entre usar las tarjetas negras y reventar la caja y llevarse directamente el dinero?

Frente a esta conclusión algunos consejeros han pretendido echarle la culpa a la entidad, acusándola de no haber hecho las retenciones a cuenta del IRPF sobre la totalidad de las retribuciones y no incluir esas “remuneraciones” en los certificados de ingresos y retenciones que entregaban a los consejeros (aquí). El argumento es simplemente patético. El Sr. Rodríguez Ponga tenía una remuneración oficial de 67.000 euros, pero cuando le entregan el certificado de retenciones no cae en la cuenta de que no se han incluido los 255.000 euros del súper (aunque sea divididos en cuatro años). Bueno, hay que reconocer que a cualquiera se le puede pasar algo así.

Por eso mismo el intento de delegar su responsabilidad en la entidad es insostenible por dos razones. La primera es que, configurado de esta manera, el expolio no podía desconocerse por los beneficiarios. La segunda es más clara todavía: ellos mismos eran “la entidad”, porque, ¿quiénes otros si no? ¿Acaso no era la entidad el consejero Rodriguez Ponga? ¿Y el resto de consejeros? No hablemos ya de Rato o Blesa. ¿Acaso no lo era el Sr. Iranzo, miembro de la comisión de control de la Caja? Si no, ¿quién es “la entidad”? ¿El contable de la mesa del fondo?

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a Blesa y a Rato (junto con el ex Director General Sánchez Barcoj) por delito societario y apropiación indebida, pero debería hacerlo con todos los demás, sin ninguna duda. 86 personas, los 65 consejeros que ha tenido Caja Madrid desde el año 2003 y la veintena de altos cargos de Bankia desde su creación en 2011 hasta 2012, exceptuando a los cuatro ya citados, por un daño total de más de quince millones de euros.

Se dan de manera completa todos los requisitos del tipo de la apropiación indebida (STS de 21 de febrero de 1991). Son consejeros y altos directivos que reúnen entre ellos la capacidad de gestión (posesión) de un dinero ajeno, del que disponen para usos absolutamente particulares, con ruptura dolosa de la relación de confianza. El carácter doloso me parece incuestionable, pues existe conciencia y voluntad de disponer como propio del dinero ajeno, a sabiendas de que concurre, por eso mismo, la obligación de devolverlo al legítimo propietario (como de facto han reconocido algunos de ellos al proceder a su restitución). Es decir, incluso aunque alguno hubiese declarado esas cantidades a Hacienda (para evitar una sanción fiscal) no se excluye en absoluto el delito de apropiación indebida cuando faltaba el título legítimo para disponer como propio de ese dinero. El que no se declare es simplemente un indicio más para comprobar esa voluntad dolosa.

La inclusión en el tipo todavía es más clara si tenemos en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo en casos de administradores de sociedades, en los que ni siquiera exige que el dinero se haya incorporado al patrimonio del autor. Por eso hay que entender que estas acciones que venimos comentando no están incluidas en el tipo más benévolo del art. 295 del CP (delito societario, que podría resolverse con una simple multa) sino también (o concretamente) en este del art. 252 CP (apropiación indebida). Especialmente porque este artículo incrimina conductas de apropiación o distracción dominical definitiva de lo ajeno, frente a las conductas de mera administración desleal.

Con todo, lo grave no acaba aquí. La extensión del caso es algo pavoroso (82 de 86 posibles), pero no debe confundirnos. La explicación no descansa solo en la falta de honestidad generalizada en la que parece que vivimos, sino en la absoluta sensación de impunidad que afecta a nuestras élites extractivas. Sensación pasada (todos cobraron alegremente), presente (la mayoría sigue en sus puestos como si tal cosa) y… futura. La prueba del nueve es el caso de la devolución de las cantidades dispuestas por el Sr. Rato y por algún otro consejero a principios de julio, dato cuya profunda significación ha pasado prácticamente desapercibida.

Cuando Rato devuelve el dinero no lo hace porque su Pepito Grillo se lo pida de manera insistente, a la vista del daño producido a preferentistas y accionistas (de hecho siguió usando las tarjetas cuando ese daño ya era evidente). Tampoco por el anuncio hecho por el FROB hace un año de revisar a fondo la gestión de las Cajas españolas, sino porque desde dentro le han filtrado que la noticia va a trascender y le avisan de lo oportuno de la devolución. Rato no discute, no alega que se trata de un uso legítimo de la tarjeta por gastos de representación o por una remuneración extraordinaria, sino que reconoce simplemente que le han pillado metiendo la mano en la caja y –qué se le va a hacer- que procede devolver el dinero. Esto es muy revelador, por ambas partes. Por el lado de Rato, la devolución implica un reconocimiento en toda regla de la obligación de devolver, como hemos comentado al analizar el tipo penal de la apropiación indebida. Pero por el lado de Bankia es todavía más interesante, porque si considera que se ha cometido (o ha podido cometerse) un delito, ¿por qué no lo denuncia inmediatamente en el juzgado? ¿Por qué prefiere avisar discretamente y –atención- guardarse el dinero y no consignarlo? ¿Por qué está tan seguro de que ese dinero es suyo y no de accionistas, preferentistas y contribuyentes?

Esto nos pone sobre la pista de una de las anomalías más singulares de toda esta historia de la investigación de la mala gestión de las Cajas: quienes investigan y denuncian son los propios investigados/perjudicados/implicados. Son ellos los que deciden qué se judicializa, cómo y cuándo. Tanto Bankia como el FROB –en gran parte la misma cosa- actúan con una norme opacidad en este asunto, cosa que bien pensada no debería sorprendernos, pues sus conflictos de intereses son omnipresentes. No existe un tercero imparcial (lo que hubiera sido posible si se hubiera aceptado la propuesta de intervención parcial solicitada por UPyD) que fije las estrategias de investigación y que una vez detectadas las anomalías actúe en consecuencia. No es de extrañar, por eso, que pese a que en teoría los gestores de Cajas debieran sentirse muy amenazados por la anunciada actuación inspectora de esta entidad pública, tuviese que llegar el chivatazo para que alguien se animase a devolver el dinero en este caso concreto.

Termino. Hasta que en este país el sistema de exigencia de responsabilidades (sociales, políticas y jurídicas) no empiece a funcionar de manera mínimamente seria no habrá solución posible. Las responsabilidades políticas, en forma de dimisiones de cargos públicos. Pero no sólo de los directamente implicados, sino también de los que han propiciado ese aquelarre sin otra finalidad que crear fieles clientelas e imposibilitar su propio control. Que el destino político de Esperanza Aguirre dependa todavía de si atropellar a policías municipales sea o no delito, cuando tiene a sus espaldas la responsabilidad de haber alimentado -política y materialmente- a esta tropa (la ya imputada y la por imputar) en su propio beneficio, define muy bien el país en el que vivimos.

Las responsabilidades jurídicas, por la vía de la imputación penal, son imprescindibles, porque necesitamos contar con la ejemplaridad que implica la sanción penal si queremos producir un mínimo efecto disuasivo en nuestras élites extractivas. De ahí sus ansias por terminar de capturar y desmantelar a nuestro sistema judicial.

Pero las responsabilidades sociales no lo son menos. Mientras las entidades que les sostienen no sufran un precio por hacerlo, mientras –por ejemplo- Telefónica pueda contar con Alierta y con Rato, y la Deusto Business School pueda estar presidida por Alfredo Sáenz, y no se resienta su cuenta de resultados, este país no tendrá futuro. Porque la única alternativa visible en este momento, la de Podemos, con sus propuestas de nacionalizar la banca y resucitar las cajas gestionadas por políticos (por ellos mismos, claro), no parece muy deseable.

 

Gürtel, carrera e imparcialidad judicial: cuidado con el pollo, señoría

En los años 30, mi abuelo Fernando era Juez en Sos del Rey Católico y se cuenta en casa que mi abuela Pilar, su mujer, se aburría mucho porque su marido no le dejaba relacionarse con nadie y le obligaba a rechazar todos los pollos, gallinas y diversos productos de la tierra que al parecer los paisanos tenían la costumbre de regalar: “¡Devuelve eso inmediatamente, Pilar!”, le decía.

Hoy siguen existiendo pollos como en los años 30, lo que pasa es que ahora se entregan en el palco del Bernabéu y como la estructura ética actual se ha reblandecido un poco parece que el CGPJ se va a ver obligado a prohibirlo. Pero hoy no quiero hablar de esos pollos externos, sino de esos pollos internos que derivan del propio CGPJ y que ya se han comido previamente o se espera uno comer en el futuro.

Viene esto a propósito de este artículo publicado en El País, en el que se cuenta que el asunto Gürtel va a ser juzgado por un tribunal que presidirá una juez que formó parte del CGPJ a instancias del PP, es condecorada con la Raimunda por la Sra. Cospedal, que aprovecha la ocasión para elogiarla profusamente; esta señora, nombrada por el CGPJ en circunstancias especiales, según el texto, ha logrado cambiar los criterios de formación de la sala, de manera que ella va a ser presidente de todos y cada uno de los juicios, incluido éste. También se mencionan otras actuaciones suyas como presidenta de la Audiencia que, aparentemente, favorecieron la política o intereses del PP.

Pero no quiero discernir aquí si procesalmente esto se incluye en alguna de las dieciséis causas de abstención o recusación que se recogen en el artículo 219 de la ley Orgánica del Poder Judicial, algunas de las cuales son tan amplias, por cierto, como tener “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes” (causa 9) o “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” (causa 10); esto excede de mis competencias y, por otro lado, parece haber sido ya excluido por la misma indicada juez, o al menos así se deduce de dicho artículo. Y seguro que todos estaremos de acuerdo en la necesaria imparcialidad del juzgador, que ha de ser ajeno a la cosa litigiosa y a las partes y que eso está en la Constitución y bla, bla, bla.

Este post va de otra cosa: de si hay supuestos que no encajan literalmente en la norma pero pueden afectar a la imparcialidad, si hay sesgos cognitivos (es interesante este artículo de Arturo Muñoz) que pueden condicionar la labor judicial y particularmente si el legítimo deseo de progresar profesionalmente puede crearlos si el sistema ascensos está lleno de malos incentivos, no fáciles de detectar y probablemente ignorados hasta por los propios afectados.

Y digo ello porque el sistema de ascensos judiciales se cuece en la lucha de los principales actores del sistema político partitocrático por controlar aquellos órganos destinados precisamente a controlarles a ellos. Y usan para ello una buena pantalla: el expediente artero y falso -al menos como principio absoluto- de considerar que lo más democrático es que el pueblo, consagrado en la representación parlamentaria, muestre en todos y cada uno de los órganos del Estado esa misma representación. La consecuencia de ello es la afuncionalidad del órgano controlador en la mayoría de los asuntos políticos verdaderamente relevantes precisamente porque es evidente que sus miembros han sido nombrados por aquellos que finalmente han de ser controlados.

El caso más evidente es el de los aforamientos, porque esta institución, hablando mal y pronto, al final se reduce a conseguir que los políticos sean juzgados por las altas magistraturas judiciales cuyo nombramiento corresponde a un órgano, el CGPJ, cuyos miembros son nombrados por los partidos a los que pertenecen esos que tienen que ser juzgados. Y, por supuesto, en esos nombramientos pueden predominar fácilmente -aunque no debieran- criterios de afinidad, aunque revestidos formalmente de profesionalidad que, por otro lado, tampoco falta en los candidatos. Es, pues, una situación perversa difícil de constatar y combatir. Quizá no entrará en el art. 219 de la LOPJ, pero no es bonito.

El caso Gürtel no es exactamente igual, pero presenta los mismos incentivos perversos, bajo una capa de legalidad formal: una juez que ha formado parte del CGPJ por el PP va a presidir, por nombramiento de ese órgano, el Tribunal que juzga el mayor caso de corrupción del PP. Haber formado parte del máximo órgano judicial quizá debiera ser un mérito importante para ello, pero –y aquí está el meollo- en la práctica no lo es porque es evidente y de todos conocido que para entrar en él, tras la reformas que se hicieron en su momento (no rectificadas por el dimisionario Gallardón, pese a sus promesas), es preciso merecer la confianza del partido a instancia del cual se te nombra. Es más, esa dependencia perdura después del nombramiento, como lo acredita palmariamente la exacta representación parlamentaria de las votaciones en el seno del CGPJ, lo que no tiene más que dos explicaciones: o la monolítica catadura ideológica y mental de los nombrados que es tan firme y clarividente que no da lugar a la mínima discrepancia en asunto alguno o que simplemente albergan la secreta esperanza de que su carrera triunfal no termina en el CGPJ sino que es posible que el partido que los nombró tenga en consideración su juventud y méritos indudables en otros de los muchos cargos que están a disposición del Estado por designación digital y que, en general, son más satisfactorios para la felicidad personal y patrimonial que los tediosos expedientes judiciales.

Perfecto Andrés Ibáñez analiza en “Imparcialidad judicial e independencia judicial” este fenómeno. Trayendo a colación un antiguo trabajo de Calamandrei, “Los peligros de la carrera”, habla del “gusanillo” que la dinámica de la promoción inoculan al juez, empujándole a la subalternidad y minando su capacidad de autonomía en el juicio, de tal modo que ni siquiera el se da cuenta porque las “indicaciones o sugerencias” -cuya existencia se rechaza airadamente- en realidad ya están impresas en el mismo complejo organizativo y su dinámica, por lo que preactúan a la política de nombramientos, haciendo innecesarias las ordenes explícitas. Y aunque nuestra Constitución previó una “carrera” (art. 122), también la existencia del CGPJ, que aunque supuso el fin del gobierno de la judicatura por el Ministerio de Justicia, lo cierto es que la política de nombramientos de aquel ha neutralizado este positivo impulso (ver. págs 24-29).

Si esto es así, y sin perjuicio de tener en cuanto a esta juez concreta –y de los demás en situación parecida- las mejores presunciones de legalidad, honradez y buena fe individual (no la conozco de nada), hay que concluir que las instituciones que proclaman la imparcialidad en las leyes son zombis, están más muertas que vivas, porque siguen sobre el papel pero en la práctica, mucho más compleja, el fin que persiguen no se cumple o puede ser burlado por razones estructurales o de sistema.

Y hay algo más. En un caso como Gürtel -en realidad en todos los casos, pero en este mas- no solo queremos que los jueces sean imparciales, es que necesitamos urgentemente que lo parezcan, si queremos que esto no se desmande. Decía yo sarcásticamente en twitter hace unos meses que hoy en día las izquierdas y derechas ya no se distinguen demasiado bien por sus políticas: Zapatero liberalizando cosas o haciendo recortes y Rajoy subiendo impuestos y siguiendo en muchas cosas las políticas de Zapatero confunden el electorado tradicional. No, los partidos se distinguen hoy mejor por cómo se corrompen: los de derechas prefieren sacar el dinero de la iniciativa privada (Gurtel) mientras que los de izquierda se decantan más bien por corromperse a través de las instituciones publicas (ERES). Hoy es el criterio más seguro.

El ciudadano normal es ya muy consciente de esta putrefacta realidad y por ello necesita psicológicamente que le confirmen que está haciendo bien -y que no es un tonto- siendo honrado, no defraudando a Hacienda ni estafando a sus clientes o jefes, porque ve que quienes no lo hacen reciben su merecido y que no sale a cuenta desviarse del recto proceder. Y para ello hacen falta jueces sin condicionamientos, jueces a quienes el sistema no les incite a querer ascender en la carrera en un pacto fáustico de contenido sobreentendido. Lo malo es que para ello tendrán que cambiar algunas cosas estructurales de importancia y mientras tanto tendremos que seguir confiando en la integridad de las personas involucradas, o en semi-héroes como Alaya o Ruz o tantos otros -la gran mayoría de jueces- que no tenemos el gusto de conocer y que simplemente renuncian a cualquier aspiración -o a cualquier pollo o gallina- si ello va a afectar a su buen juicio o, simplemente, a que alguien piense que algo ha afectado a su buen juicio. 

¿Quien defiende a los (presuntos) corruptos?

Reproducimos el artículo publicado por la editora Elisa de la Nuez en el periódico digital Vozpopuli.

No me entiendan mal, este post se refiere solo a la defensa técnica y legal en los casos de corrupción institucional, es decir, a los que afectan a una institución (por ejemplo, a un alcalde) por lo menos mientras lo sigue siendo, es decir, mientras no dimite lo que en España no es frecuente precisamente. Porque aunque se habla mucho de la corrupción, se habla menos del hecho de que la defensa jurídica de los (presuntos) corruptos y de sus actuaciones – corre por cuenta del contribuyente. Y lo más interesante es que, incluso cuando resultan condenados –es decir, se demuestre que la actuación fue incorrecta, ya sea en vía administrativa o incluso penal- la factura la sigue pagando el contribuyente. Como lo oyen.

La explicación es que las instituciones disponen de sus asesores jurídicos internos para defender sus actuaciones (por aquello de que los actos de los organismos públicos tienen presunción de legalidad mientras no se demuestre lo contrario) cuyos sueldos pagamos todos. No solo eso, con frecuencia se contratan también abogados externos “de campanillas” para los casos particularmente complejos o difíciles, léase comprometidos para el político o el gestor de turno. Efectivamente, en ocasiones las instituciones  consideran que los asesores internos carecen de la suficiente especialización, o de la necesaria sensibilidad o influencias (ya saben, por aquello de los cursos, los seminarios, las conferencias que un gran despacho puede pagar a un juez y un funcionario municipal no). A veces lo que se desea es contratar a abogados de confianza, por ejemplo, al abogado que lleva los asuntos jurídicos del partido que gobierna en la institución que tiene el problema. Pues bien, a estos abogados que no son precisamente baratos también los pagamos los contribuyentes. Y si al final el pleito se pierde nadie le exige al gestor o político de turno que reembolse el dinero, cosa que por otro lado sería perfectamente posible con la ley en la mano.

El último ejemplo concreto de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de la empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gurtel, Ana Garrido Ramos, para la que por cierto se ha iniciado desde la Asociación ¿Hay Derecho? una solicitud para que se le conceda la orden del mérito civil que lleva recabadas en change.org más de 144.000 firmas, lo digo por si se quieren sumar.  Pues bien, después de la denuncia de la trama Gurtel en el Ayuntamiento le hicieron la vida imposible (lo cuenta ella en su blog personal) hasta que finalmente consiguió una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles por “mobbing” contra el Ayuntamiento, cuyo recurso pende ahora ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid. Pues bien, en todo el proceso el Ayuntamiento estuvo defendido por el abogadodel Estado excedente Iván Gayarre , abperteneciente al conocido bufete Sagardoy especialista en Derecho Laboral, que casualmente es el mismo abogado al que el PP encomendó su defensa ante la demanda laboral de Bárcenas.  Contratado con el dinero de todos aunque desconozco a través de qué procedimiento dado que el contrato no aparece en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boadilla. Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento de Boadilla consideró en su momento el asunto “un mero conflicto laboral” que han tomado muchas molestias para defenderse bien. Ana Garrido lógicamente se tuvo que pagar su propio abogado.

Curiosamente, en la segunda instancia (el recurso que el Ayuntamiento de Boadilla pone ante el TSJ de Madrid por estar disconforme con la sentencia laboral condenatoria) se ha optado, al menos formalmente, por contar con los propios funcionarios del Ayuntamiento para la defensa jurídica. Digo que es curioso porque no es habitual cambiar de abogado en la segunda instancia, sobre todo si se tiene en cuenta que normalmente la minuta del abogado ya incluye la vía del recurso si se pierde el pleito en primera instancia, como es el caso. Parece que el Ayuntamiento esta vez ha preferido no acudir a los servicios externos de un abogado conocido por defender al PP en un pleito famoso, y los escritos los firma ahora un funcionario, el jefe de recursos humanos. O a lo mejor hay otros motivos, vaya usted a saber. Otra cosa es que lo más probable es que la dirección técnica aunque sea en la sombra la realice el mismo abogado que llevó la defensa del Ayuntamiento en la primera instancia, dado que es lo más razonable desde todos los puntos de vista. Pero el Ayuntamiento ahora prefiere que no figure.

¿Conclusión? Muy sencilla, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos supone que en caso de conflicto entre el interés del partido “ocupante” y el interés general al que se supone que sirve la institución (y sus funcionarios o empleados públicos, que para eso les pagamos los contribuyentes y no el partido) se impone el primero. De esta forma no solo se realizan actuaciones contrarias a la ley (la implicación de los sucesivos alcaldes de Boadilla en la trama Gurtel) sino que cuando alguien intenta defender los intereses generales, es decir, los de los contribuyentes se utiliza toda la artillería institucional –ojo, no la del partido aunque los abogados puedan coincidir- para perseguir al denunciante, profesional y personalmente y por supuesto para entorpecer la investigación judicial todo lo que se pueda. No resulta tan complicado cuando además los compañeros del denunciante se ponen de perfil, no les vaya a pasar a ellos algo igualmente desagradable. Insisto, todo este despliegue para defender lo indefendible se realiza con el dinero de los contribuyentes, dinero que por mucho que se confirme la existencia de actuaciones irregulares -me apuesto lo que quieran- nadie va a devolver a las arcas públicas. Así están las cosas en España en septiembre de 2014: no solo hay que ser un héroe o heroína para denunciar la corrupción sino que además hay que tener dinero. En cambio,  a los abogados de los (presuntos) corruptos los pagamos los contribuyentes.

 

Flash Derecho: más 144.000 ciudadanos se adhieren a la petición de HD de condecorar a Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel

Una sociedad se reconoce por el tipo de personas a las que premia. En la Grecia clásica se honraba el valor guerrero y la excelencia deportiva. Posteriormente, el talento estratégico y la oratoria brillante. Otras sociedades han premiado a artistas-cortesanos, (como a nuestro Velázquez), a genocidas especialmente eficientes (como en la Alemania nazi) o a denunciantes de conductas contrarrevolucionarias en el seno de la propia familia (como en la China de Mao y en la actual Corea del Norte). Y nosotros, ¿a quién premiamos?

El artículo 1 del Reglamento que la regula indica que la Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de la Ley 30/92, o por personas ajenas a la Administración que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.

Entre los receptores de las mayores condecoraciones (Collar y Gran Cruz) en los últimos años, podemos destacar (al margen de mandatarios extranjeros), a Pedro Solbes y a Amancio Ortega.

Nos alegramos mucho del éxito empresarial de Amancio Ortega, pero pensamos que, como decía San Agustín de los romanos para negarles el acceso a la vida eterna, “os aseguro que con su éxito terrenal ya tuvieron suficiente recompensa”. Por otra parte nos preguntamos qué “relevante servicio al Estado” prestó Pedro Solbes al dejar que la burbuja inmobiliaria creciese hasta ese nivel espantoso. Quizás no sea ahí, sino en la “constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”, donde haya que buscar la explicación: seguramente se premie haber protestado en silencio y no hacer ruido al marcharse para no molestar a su señorito.

Pues bien, en base a la propuesta que hicimos aquí, durante estos días de agosto, casi 150.000 españoles han manifestado su deseo de querer ser reconocidos en el futuro por algo mejor: por formar parte de una sociedad que ha premiado a una simple funcionaria que decidió prestar un relevante servicio al Estado, más allá del estricto cumplimiento de sus deberes, asumiendo un coste personal importante por hacerlo.

La petición les honra casi más a ellos que a la propia funcionaria. Y, por eso, en su reconocimiento, procederemos a presentar formalmente esta petición en el Ministerio de Justicia durante el próximo mes de septiembre, con el objeto de que, al amparo del art. 7 del Reglamento, el Sr. Gallardón formule la correspondiente propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Queremos averiguar de esta manera si nuestro Ministro de Justicia está también interesado en formar parte de una sociedad que se reconozca por premiar estos valores o si, por el contrario, prefiere la de siempre, en la que tan bien le ha ido a tantos integrantes de su partido.

Seguiremos informando.

El caso Pujol o las leyes son para los demás

Más allá de la investigación que espero que se lleve a cabo sobre el origen real de la ya famosa “herencia opaca” del patriarca de los Pujol –por cierto, la excusa de la herencia presenta interesantes similitudes con la de los premios en la lotería de Carlos Fabra, condenado cual Al Capone local por delito fiscal – me interesa aquí reflexionar sobre el fenómeno del Estado de Derecho “dual”. Se trata de un Estado de Derecho donde las leyes solo se cumplen por quienes no tienen más remedio, pero no por aquellos que tienen en su mano saltárselas sin sufrir las consecuencias. Resumiendo y simplificando, podríamos decir que en  España hay dos tipos de personas: las  obligadas a cumplir la ley (la ciudadanía de a pie) y las que se la pueden saltar impunemente (las personas con poder, tanto político como financiero o económico). Mientras que las personas pertenecientes a la primera categoría tienen que sujetarse a las leyes no solo por convicción sino porque si no lo hacen pueden sufrir las consecuencias (en forma de sanciones de todo tipo incluidas las penales) las segundas, por lo que se ve, ni tienen la convicción de que las leyes hay que cumplirlas ni sufren ningún tipo de consecuencias si no lo hacen.

Se ve que para personas como el ex presidente de la Generalitat las leyes son para los demás, para el pueblo llano. Al parecer la gente que tiene una gran misión en la vida, ya sea construir una nación, asegurar el bienestar de la familia o levantar un imperio económico o financiero se considera exenta de cumplir con la legalidad vigente. A lo mejor es que ni repara en su existencia. Lo lamentable es que todavía queda quien está dispuesto a comulgar con esas ruedas de molino, ya sea por interés o por fanatismo. 

Resulta interesante comprobar que en España hay personas como la Infanta Cristina o como el clan de los Pujol que se creen por encima de la ley y viven con esa convicción tan felices, cual dioses en medio de los simples mortales. Son personas que no tienen que preocuparse no ya por llegar a fin de mes, sino por saber lo que firman o qué impuestos hay que pagar, aunque sean mayores de edad y con plena capacidad jurídica y de obrar. Hasta que les pillan, claro, y entonces su sorpresa y su disgusto son mayúsculos. Pero ¿cómo? ¿Es que me tengo que ocupar yo también de estas nimiedades? ¿Quién se ha creído que es ese periodista, ese Juez, ese Inspector de Hacienda? ¡Usted no sabe con quién está hablando! Por eso la primera reacción es siempre la de envolverse en el manto protector, ya sea el de la Corona, la bandera, el partido o la empresa y matar al mensajero. Ya saben, se trata de una denuncia política, quieren cargarse la institución, el proceso, la marca España, la recuperación, la familia… Lo que pasa es que como la realidad es tozuda al final hay que acabar dando alguna explicación por surrealista que sea. La ventaja es que en España siempre habrá acólitos dispuestos a creerle a uno acerca de la imposibilidad para una persona muy ocupada de regularizar en 30 años herencias opacas. O aunque no te crean qué más da si al final tu tribu  va a cerrar filas y hará todo lo posible para evitarte contratiempos. Cuestiones personales y pelillos a la mar.

Lo más curioso es que muchas de estas personas  que podríamos denominar “de primera categoría” (aunque solo en términos jurídicos, porque parece claro que desde el punto de vista ético no tienen ninguna) ostentan o han ostentado importantes responsabilidades de Gobierno. Eso quiere decir que, además de tener que cumplir las leyes como todo hijo de vecino, por mucho que les moleste, tienen la responsabilidad de velar por su cumplimiento como recuerda nuestra maltrecha Constitución, en concreto en su art.9. Por esa razón, la deslealtad de un político o un gestor público con el Estado de Derecho es mucho más relevante que la de un simple particular. No es solo una cuestión de ejemplaridad pública, es también una cuestión política y jurídica de enorme gravedad.

Por eso cuando alguien toma posesión de un cargo público lo que promete o jura es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De hecho, nuestra normas recuerdan que en el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: «(Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?». La respuesta lógicamente tiene que ser afirmativa. No se trata sólo de una fórmula más o menos retórica de cara a la galería, o de una especie de trámite, sino de la expresión del compromiso que asume quien se dispone a ocupar un cargo al servicio de los intereses generales en el marco de un Estado democrático de Derecho. Por eso el incumplimiento debe acarrear consecuencias  políticas pero también jurídicas.

El caso Pujol es una muestra más –no sabemos cuántas más nos quedan por ver- del estado terminal de nuestro Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho “dual”, es decir, un Estado de Derecho que solo es capaz de imponerse a los débiles y no es capaz de controlar a  poderosos sencillamente no es digno de tal nombre. Además está amenazado de ruina porque es más que probable que la convicción de que las leyes han de cumplirse voluntariamente disminuya peligrosamente también entre la ciudadanía al percibir que hay personas que están por encima de la ley. Porque si hay algo que no es tolerable en una democracia son los privilegios. Ya está ocurriendo algo así con las leyes fiscales, pero después pueden venir todas las demás. Si dejamos de creer en nuestras leyes tarde o temprano dejaremos de cumplirlas porque sencillamente no es posible poner un policía, un juez o un inspector de hacienda detrás de cada ciudadano.

En definitiva, que una persona con mucho poder haya estando violando la ley durante muchos años sabiéndose impune denota sencillamente la existencia de una enfermedad política y moral de primera magnitud en Cataluña y en España que puede acabar con nuestra democracia. Un poder descontrolado es siempre un poder no democrático. Un Estado de Derecho implica la existencia de poderes y poderosos limitados por normas y en esa limitación se encuentra su verdadera grandeza. Sinceramente, creo que el que no lo entienda así no puede considerarse un gobernante verdaderamente democrático por muchas elecciones que gane.

El General Picasso : Un ejemplo de lealtad institucional

Se cumplen en estos días 93 años desde que tuvo lugar el llamado “desastre de Annual”,una cadena de errores militares que llevó al sacrificio de unos 13.000 efectivos, entre soldados y oficiales  del ejército español en Africa, entre el 17 de julio y el 9 de Agosto de 1921, durante  la guerra del Rif, en el norte de Marruecos. El  General Martínez Silvestre, amigo personal del Rey Alfonso XIII, mando militar en la plaza de Melilla, encadenó una serie de decisiones erróneas desde el punto de vista de la estrategia militar, adentrándose en el Rif sin tomar precauciones, estableciendo posiciones defensivas aisladas e inconexas, lo que unido a la ausencia de de suministros básicos en la tropa, que carecía de agua (se bebieron su propia orina para subsistir), alimentos, munición, calzado…etc, generó una masacre , a manos de las cabilas rifeñas,  inexplicablemente dotadas de armamento por el propio ejército español, al mando del antiguo funcionario español en Melilla Abd El Krim, que atacaron en clara  superioridad los enclaves de  Igueriben y  Annual, donde se encontraba el grueso del ejército español.El general Sivestre ordenó que los 5.000 soldados de Annual emprendieran la marcha hacia Melilla. El repliegue fue caótico, y se convirtió en una trágica desbandada. Oficiales y tropa huyeron hacia la fortaleza de Dar Drius, mientras eran acribillados desde las alturas por los rifeños. Alrededor de 2.500 hombres murieron en unas pocas horas. Silvestre, según algunas versiones, se suicidó en su tienda en las primeras horas. No se pudo comprobar porque su cuerpo no apareció nunca.Los cerca de 3.000 supervivientes, a los que se les había unido efectivos de todas las posiciones cercanas en el camino hacia Melilla, llegaron días después,  al fuerte de Monte Arruit, a unos 30 km de Melilla. Tras un nuevo asedio de diez días, el general Navarro, segundo de Silvestre, rindió la posición con la autorización del general Dámaso Berenguer, Alto Comisario de Marruecos y allí mismo  fueron masacrados. Apenas salvaron la vida 60 hombres que fueron hechos prisioneros en su mayoría.

El desastre militar tuvo un eco político enorme en España, entre otras razones, porque los reclutamientos se nutrían de las clases sociales más bajas, ya que se podía evitar el llamamiento a filas mediante el pago de una cantidad de dinero. Se multiplicaron las protestas y manifestaciones.

El general de división malagueño  Juan Picasso González, (primo de la madre del pintor Pablo Ruiz Picasso),  fue designado por el Gobierno  para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, si bien se le impuso la limitación de que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario de España en Marruecos, el General Dámaso Berenguer, estrechamente vinculado al Rey,  quedaran fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los  oficiales y tropa, a lo que se opuso por carta al Ministro de la Guerra,  ofreciendo la posibilidad de que se le relevase de la comisión.

Pero Picasso decidió no dimitir y se trasladó a Melilla, donde, con escasa ayuda, trabajó durante nueve meses, en los que tomó declaración a setenta y nueve personas, e intentó esclarecer los sucedido y delimitar las responsabilidades.

El 18 de abril de 1922, el general entregó un abultado  expediente conocido como el “expediente Picasso”, compuesto de 2.433 folios,  y un resumen final redactado por él mismo al Congreso. El escándalo estaba servido. Los diputados en el congreso mantuvieron agrias polémicas. Se designaron varias comisiones parlamentarias para depurar responsabilidades al más alto nivel, entre las que se incluían las del propio rey Alfonso XIII, amigo íntimo de Silvestre a quien habría animado a avanzar de forma irresponsable para llegar hasta la bahía de Alhucemas,  (aunque no se ha encontrado el telegrama, se cree que le felicitó por este medio con el texto “olé tus huevos”).

Tras diversas  filtraciones a la prensa y la opinión pública en las que se comentaba que pudiera tener responsabilidades el propio rey Alfonso XIII,  el 13 de septiembre, el general Primo de Rivera, con el apoyo del Rey,  dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes,  abortando cualquier proceso de depuración. La dictadura enterró así el asunto, salvaguardó la imagen del rey y acabó definitivamente con las campañas de Marruecos en 1925, tras una alianza con Francia, en el desembarco de Alhucemas.

Convencido de que Primo de Rivera quería destruir el expediente, el diputado Bernardo Mateo Sagasta lo rescató guardándolo durante la dictadura en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, de la que era director, entregándolo de nuevo al Congreso en 1.931. Tras vivir en el olvido durante la dictadura franquista, apareció en los archivos del Congreso en 1.998, si bien de forma incompleta, posiblemente mutilado por los responsables.

El expediente puso de manifiesto la caótica situación del Ejército Español en África,  y delimitó la grave responsabilidad de los generales Silvestre y Berenguer (Alto Comisionado de España en Marruecos), ambos estrechamente vinculados al Rey Alfonso XIII, hasta el punto de que  el propio Rey designó a  Dámaso Berenguer jefe de la Casa Real en 1924 y  Presidente del Gobierno en 1930,  tras cesar a Primo de Rivera.

El 20 de noviembre de 1.931, Don Alfonso XIII fue procesado y condenado “in absentia” por el Congreso de los Diputados, por su responsabilidad en los hechos.

Como es fácil de imaginar, la figura del General Picasso ha sido objeto de diversas descalificaciones tan falsas como  interesadas. Se ha dicho que era republicano, protestante, masón…etc,  pero nada de ello es cierto. Era una persona honesta, de gran rectitud, que demostró una enorme lealtad al Ejército y al Gobierno que le designó, al no admitir ningún tipo de presión política. Cuando le propusieron abandonar el expediente para ser ministro declaró “prefiero seguir siendo un  militar honrado que un

El pasado 28 de junio, la viuda de Juan Carlos Picasso  (nieto del General) y sus doce hijos, ( la familia Picasso Martínez de Ubago), han cedido al Archivo histórico de la Ciudad Autónoma  de Melilla, toda la documentación que el General empleó para la formación del expediente, que  hasta ahora obraba en su poder. En el legajo se incluye un resumen del expediente, con anotaciones manuscritas del General,  fotografías, planos, telegramas, informes, declaraciones de testigos…etc, un verdadero tesoro para consulta de los historiadores.

 

 

 

Flash Derecho: Nuestra petición en change.org para la concesión de la orden del mérito civil a Ana Garrido Ramos

Como muchas veces nos piden los lectores, hemos dado un paso más al frente y hemos iniciado una petición en change.org para que todos los que quieran firmen la petición al Gobierno de la concesión de la Orden del mérito civil para Ana Garrido Ramos, empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunciante de la trama Gurtel y testigo fundamental del caso. Esta Orden se concede por méritos relevantes para el Estado y nos parece que lo es la defensa del Estado de Derecho que le ha costado muy cara a Ana, como explica en su propia web. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, fue condenado por “mobbing” laboral contra Ana. La sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento y está pendiente de apelación. Ya hablamos aquí también de la necesidad de proteger a los whistleblowers, una medida que el Gobierno no tiene ninguna prisa en adoptar pese a que sería muy efectiva para luchar contra la corrupción. O tal vez precisamente por ello.

La petición está aquí y creemos que es una buena ocasión para que los ciudadanos preocupados por su Estado de Derecho apoyen a una persona que ha puesto por delante de su comodidad personal y profesional la lucha por el Derecho y la Justicia, y soliciten para ella esta condecoración.

De esta iniciativa ciudadana están comenzando a hacerse eco otros medios. La noticia en El Mundo puede verse aquí.

 

Como una tránsfuga del PSOE colabora con el PP en el engaño de Brunete

España es un país invadido por la corrupción política. Ayer pude vivirlo directamente en el Pleno del Ayuntamiento de Brunete. Había sido convocado a propuesta de UPyD —y sólo con el apoyo de IU—, para solicitar que se abriera una comisión de investigación sobre el intento de compra por parte del alcalde, Borja Gutiérrez (PP), a la concejala de UPyD. Con el apoyo cómplice de la tránsfuga del PSOE, Silvana Batistelli, el PP consiguió frenarla.

 

El Pleno estaba lleno. El alcalde, al que se veía con nervios contenidos —seguramente, porque su partido acababa de exculparle de cualquier responsabilidad—, dio la palabra al portavoz de UPyD para que explicara su propuesta. Mientras éste hablaba, la clá que se había llevado el alcalde empezó a llamarle “imbécil” y a lanzar otros improperios contra la concejala que había denunciado la corrupción. Entre tanto, el alcalde se permitía sonrisitas y gracietas, como si de lo que se estaba hablando —una investigación sobre comportamiento corrupto— no tuviera importancia, como si no fuera con él.

 

Cuando el concejal de UPyD terminó su exposición, tomó la palabra la concejala tránsfuga del PSOE, a la que en todo el pleno no dejaron de temblarle las manos: expulsada hace unas semanas de su grupo, llevaba ya unos meses votando a favor de las iniciativas del Partido Popular o absteniéndose, para permitir que salieran adelante. Battistelli justificó su conducta afirmando que lo hacía por el “interés del pueblo”. En esta ocasión, además, había hecho varias propuestas para la comisión plenamente coincidentes con la estrategia del PP, que pretendía cuestionar el comportamiento de los concejales de UPyD que han denunciado el intento de corrupción.

 

Tras esta intervención, participaron los portavoces de IU y del PSOE,  para mostrar su apoyo a la creación de la comisión de investigación. Luego vino el PP. Su portavoz –que, obviamente, anunció el rechazo a la investigación- defendió a su alcalde, atacó a quienes habían denunciado la corrupción y trato de confundir, reduciendo el asunto a un tema de denuncias cruzadas; como si la denuncia por un intento de corrupción –apoyada en ocho horas de grabaciones que todo el país ha podido escuchar- fuera igual al intento del alcalde -pillado con las manos en la masa- de defenderse, negando las evidencias.

 

Todo parecía ya claro, pero faltaba un último detalle, que remató la escena berlanguiana: la consumación de la farsa del PP y su acompañante, la concejala tránsfuga del PSOE —unos hechos que ya debería estar investigando la fiscalía anticorrupción—. El alcalde arrancó asegurando que la propuesta de UPyD no era democrática, sino “totalitaria”. Y que no se había negociado con él el contenido de la comisión de investigación. Un absurdo más. Primero, porque la propuesta se había enviado a todos los grupos del Ayuntamiento con muchos días de antelación y todos habían tenido ocasión de proponer cambios, como de hecho hicieron el PSOE y Battistelli —a las órdenes del PP—, pero no directamente el PP. Segundo, porque lo suyo es que quien va a ser  investigado por corrupción no fije el objeto de lo que ha de ser investigado. Con todo, lo concejales de la oposición dieron a Gutiérrez la oportunidad de mencionar allí mismo los cambios que considerara necesarios, para introducirlos en el momento. Sorpresa: se negó. Tenía ya definida su estrategia, que consistía en aprobar una comisión de investigación, pero sin objeto que investigar: algo así como hacer un cocido sin garbanzos o un pan sin trigo.

 

Se consumó la farsa, para lo cual, el PP contó con el apoyo de la exconcejala socialista —aplaudida a rabiar por la clá del PP—, a la que el alcalde llegó a indicar de viva voz cómo debía votar, para que no se equivocase y se ajustara a la estrategia previamente pactada. Ya tenía lo que quería. Podía anunciar que había una comisión de investigación —viva la regeneración, viva la transparencia—, aunque sea una pantomima: una comisión vacía, nula de pleno derecho por carecer de objeto, que no podrá investigar sobre nada. Eso sí: un titular con el que poder seguir engañando a la gente. Más aplausos cerrados de sus fans, que Telemadrid compró, ya que tras el Pleno sólo recogió declaraciones del alcalde.

 

Esta forma soez de engañar y manipular a la ciudadanía sólo es posible porque en España los principales dirigentes amparan la corrupción. Un mal que está pudriendo nuestras instituciones y que a afecta directamente a la sociedad. Hay que preguntarse por qué Esperanza Aguirre e Ignacio González han defendido al alcalde ‘presuntamente’ corrupto de Brunete, por qué permiten que las huestes del PP le aplaudan y le apoyen —y hasta le jaleen—, por qué atacan y desprestigian a quienes denuncian la corrupción. Yo no tengo dudas sobre ese porqué: se han beneficiado durante años de la corrupción impune y de la forma en la que ha corroído la sociedad y ahora ni quieren ni pueden parar el enorme engranaje.

 

En estas condiciones, hay que tener mucho valor para denunciar la corrupción; hacerlo tiene casi siempre un coste muy alto. Ahora, si permitimos que ganen, si a personas como el alcalde de Brunete se les permite seguir en política, si Esperanza Aguirre sigue sin pagar por haberse apoyado durante años en personajes turbios y corruptos… Si esto sigue así, nuestro país terminará mal. Pero no va a ser. Estoy seguro que hay una parte de la sociedad que va a reaccionar. Nos va el futuro en ello.

 

 

 

 

 

El nacionalismo como pretexto de algunos para enriquecerse

Las recientes y llamativas declaraciones del ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, reconociendo la existencia de importantes cantidades de dinero depositadas en cuentas abiertas por su familia en paraísos fiscales ponen de manifiesto, aunque sea indiciariamente, la existencia en dicho territorio de un “régimen” político -del que el Sr. Pujol ha sido el amo y señor durante más de veinte años- en el que, bajo la capa protectora de la “senyera” y die un exaltado fomento de la lengua y cultura catalanas, se escondía un engrasado mecanismo de expolio implacable de las cuentas públicas en beneficio personal de los “factótum” del sistema (el famoso “tres per cent” que se pagaba por cada contratación pública). En definitiva, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales -que de ello sacaban su tajada política- y dando al Sr. Pujol durante largos años el tratamiento mediático nacional de “hombre de Estado”, se ha estado fomentando o consintiendo en Cataluña durante más de tres décadas el uso por parte de algunos de la ideología nacionalista, con la que han comulgado millones de catalanes de buena fe, como pretexto para que los jerarcas del sistema obtuvieran pingües beneficios particulares.

Un fenómeno muy similar sucedió en Mallorca al amparo de la Unió Mallorquina de María Antonia Munar, política de origen mallorquín nacida en Barcelona, que nunca ocultó su profunda admiración -ahora intuimos por qué- por Jordi Pujol. La Sra. Munar, también con el imprescindible apoyo de PP y PSOE, con los que alternativamente formaba gobierno ante sus sucesivas y precarias mayorías, copió en las Islas Baleares de forma eficaz pero algo más chapucera que su mentor político sus gestos grandilocuentes, la ridícula pleitesía de sus acólitos, sus métodos de manipulación de masas y de captura de los medios de comunicación y de la buena fe de muchos incautos, y, sobre todo, su eficaz sistema recaudatorio para fines lucrativos particulares. Unió Mallorquina era un remedo isleño, más modesto en tamaño pero no tanto en ínfulas, de la Convergència catalana. Ambas formaciones políticas estaban perfectamente organizadas para ostentar el poder y exprimirlo a la conveniencia de sus líderes. Por todo ello, y por el empeño heroico de muy pocos, la Sra. Munar está actualmente domiciliada, previsiblemente por una larga temporada, en una confortable celda de la prisión de Palma de Mallorca.

Ya he tratado en algunos posts anteriores publicados en este blog (“Historias de “mafia siciliana” en Mallorca: el caso Ca’n Domenge, o “María Antonia Munar como paradigma”) las peripecias de esta señora, en las que no voy a ahondar ahora más aquí. Y ya veremos cómo acaba sus días su admirado Jordi Pujol. Pero, en cualquier caso, me interesa poner en conexión ambas organizaciones para llamar la atención sobre el descarado y espúreo uso que algunos han hecho de la ideología nacionalista, con la que personalmente no comulgo pero que me merece como cualquier otra –siempre que se defienda por vías democráticas- el mayor de los respetos, como inatacable “escudo protector” de unas verdaderas estructuras creadas para que algunos se hagan ricos a costa del dinero de todos los ciudadanos, muchos de ellos seguidores de sus ensoñadoras “doctrinas” nacionales. Y eso ha sido así hasta el punto de que cualquier intento de investigación o atisbo de crítica sobre la actuación de tales políticos era rápidamente interpretado, por ellos mismos, por sus subordinados, y especialmente por toda su maquinaria mediática afín -que ha funcionado largos años como un auténtico ejército perfectamente entrenado- como un “ataque a Catalunya” o “un ataque a Mallorca”. Bastantes personas valientes han sido públicamente despellejadas, entre los vítores enardecidos de muchos seguidores a los que deliberadamente y durante años se les han calentado las entrañas y se les han oscurecido las luces, por cuestionar de alguna manera en dichos territorios el “régimen” oficial o la manera de hacer política de estos inefables personajes.

Es importante destacar aquí también, ya que estamos en un blog independiente, el nefasto papel que han jugado en este gran engaño muchos medios de comunicación, que han sido literalmente “comprados” a través de subvenciones oficiales, concesiones de emisoras, encargo de producciones y demás prebendas públicas y campañas institucionales. Sabemos que esos medios no van ahora a criticarse a sí mismos, pero todos los españoles deben conocer que su papel ha sido imprescindible para fomentar y perpetuar todas esas estructuras corruptas y para ocultar las putrefactas actividades de sus líderes. El delicado momento económico que han vivido y viven los grupos mediáticos en España no justifica en forma alguna su silencio cómplice o su descarado enaltecimiento interesado de los que nos robaban. También los españolitos de a pie lo estamos pasando muy mal en estos años desde un punto de vista económico, y eso no justifica en ningún caso que practiquemos o consintamos actividades delictivas. Por ello es preciso que carguen también algunos medios públicamente, al menos en este blog, con su culpa. Muchos de ellos han actuado de forma tan poco presentable como los personajes que ahora, cuando van siendo árboles caídos, critican veladamente en sus portadas y programas informativos. Como si la cosa no hubiera ido tantos años con ellos….

Y tampoco son ajenos a este desastre un buen número de empresarios y profesionales que han trabajado durante muchos años contratando con estas Administraciones habituadas a prácticas corruptas. Pagar y callar, o mirar para otro lado no es justificable, aunque lo exija una cuenta de resultados en su día resplandeciente, y con el tiempo cada vez más exigua. Es evidente, como en todo tipo de extorsiones, que si nadie pagara un euro ningún impresentable lo acabaría pidiendo. Pero resulta innegable que ha existido también entre una parte de la clase empresarial y profesional mucha hipocresía con esta historia de la corrupción política, y mucho desgarro de vestiduras en público ante hechos que bastantes admitían y fomentaban en privado para obtener irregularmente contratos, licencias, concesiones  o legalizaciones. Salvador Sostres, columnista catalán del diario “El Mundo”, en un memorable y reciente artículo titulado “La refundación”, lo ha clavado: “…en cualquier país normal, Convergència estaría hoy vendiendo los muebles de su sede, que por cierto está embargada; pero en Cataluña la trama forma parte de nuestra personalidad y nos reconocemos en ella aunque sólo sea por lo que cada cual tiene que callar…”.