¡Ay, Derecho! Versión original. Sobre la noticia publicada hoy en El Confidencial sobre la empresa Iclaves, fundada por nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Ya sabemos que denunciar la corrupción tiene un precio. Lo que no sabíamos es que, al parecer, también lo tiene trabajar como expertos independientes en el programa electoral de un partido político emergente.  Esta mañana el periódico digital “El Confidencial” ha publicado una noticia sobre la contratación de la empresa IClaves de la que es socia fundadora nuestra coeditora Elisa de la Nuez (miembro junto con el coeditor Rodrigo Tena del “comité de sabios” que ha asesorado a Ciudadanos en cuestiones de regeneración democrática y reforma constitucional) en la que se vierten una serie de hechos que no son ciertos. La finalidad parece clara, intentar desprestigiar a nuestra coeditora afirmando que ha existido una “revolving door” entre su puesto como Secretaria General en Red.es (que dejó en marzo ede 2006) y su trabajo en la empresa Iclaves (constituida a principios de 2009) especializada en consultoría en temas de sociedad de la información, insinuando un trato de favor a esta empresa por parte de Red.es. Por cierto, que EC también dedicó otra portada a otro de nuestro coeditor, Rodrigo Tena, difícilmente explicable a nuestro juicio desde el punto de vista de su interés informativo.

Sin perjuicio del ejercicio del derecho de rectificación previsto en nuestra normativa vigente y que ya hemos puesto en marcha, querríamos aclarar algunos datos a los lectores, dado que EC no se ha tomado la molestia de hacerlo pese a que el periodista habló personalmente con Elisa de la Nuez y esta se los facilitó. Cosas irrelevantes, claro, como que esos contratos los ha tenido también con otras muchas instituciones públicas, incluidas las de la Unión Europea, con el sector privado, o el pequeño dato sin importancia de que en la mayoría de los citados contratos con Red.es, como consecuencia de haber ido en UTE, ha percibido un porcentaje muy inferior de la facturación que se difunde en la noticia. Por no mencionar que se trata de concursos públicos muchos de ellos decididos por puros criterios económicos.  No dejes que la realidad te fastidie una bonita historia, sobre todo si se puede fastidiar a los que intentan cambiar las cosas.

Afortunadamente, como a diferencia de otros damnificados por el amarillismo en nuestro país tenemos este blog, podemos (mientras EC rectifica su noticia) proporcionar de manera inmediata a nuestros lectores y a cualquiera que esté interesado la V.O. de la historia. Que es bastante menos interesante, qué le vamos a hacer.

La empresa Iclaves se constituye a principios de 2009 como empresa especializada en consultoría y asesoría en materia de sociedad de la información y nuevas tecnologías, por ser esa la experiencia profesional con la que cuentan en particular alguno de sus socios. A partir de ese momento, y con distintas vicisitudes empresariales, presta servicios a una serie de entidades públicas y privadas, entre ellas Red.es, entidad pública empresarial en la que Elisa de la Nuez desempeñó el cargo de Secretaria General desde finales del 2001 hasta marzo de 2006 en que fue cesada por el Consejo de Administración. Para los legos, un Secretario General no adjudica contratos, aunque sí asesora al Consejo de Administración, con voz pero sin voto. Pocos favores debió de hacer, porque no recibió ninguna oferta de empresas del sector, sino que regresó a la Administración hasta que pidió la excedencia.

En febrero de 2009 constituyó con mucha ilusión, algo de dinero y varios socios la empresa Iclaves. Ya sabemos que no es normal ser un funcionario emprendedor, pero el caso es que haberlos, haylos.  Y los que conocemos a Elisa personalmente sabemos que tiene un cierto espíritu pionero y que le encanta montar cosas. Por tanto, aunque se podía haber quedado tranquilamente en la Administración como Abogada del Estado o buscar acomodo en algún despacho, como hacen la mayoría de sus compañeros, prefirió lanzarse al emprendimiento. Los primeros años no estuvieron mal, y consiguieron contratos importantes (en el sector público y en el privado) pero a partir de 2012 la crisis llegó -con cierto retraso- también a las pymes españolas y la pérdida de algunos clientes relevantes llevaron a una caída de la facturación, a una reducción drástica de plantilla y a cambios en la sociedad que se concentró mucho más en la elaboración de informes y de estudios y menos en proyectos grandes que llevaban un componente importante de asesoramiento jurídico.   Por esas razones, Elisa pidió el reingreso en la Abogacía del Estado en diciembre de 2012 con un nivel 24, es decir, con compatibilidad. A partir de ese momento y por razones de trabajo su vinculación con Iclaves ha sido necesariamente menor, siendo otros socios los que llevan el día a día. Ahora lo que compatibiliza básicamente es su labor en los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo con la Secretaría General de la Fundación ¿Hay Derecho?, nuestro nuevo proyecto.

Pues bien, volviendo a la noticia de El Confidencial, la facturación que se ha realizado por Iclaves a Red.es no asciende como se afirma a 1,5 millón de euros, dado que la mayoría de las adjudicaciones realizadas han sido en UTE (Unión temporal de Empresas) y por tanto la facturación total se distribuye entre las distintas empresas de la UTE de acuerdo con su porcentaje de participación en la misma. En concreto, el porcentaje de participación de Iclaves en las UTES que han resultado adjudicatarias en Red.es es el que aparece en amarillo en el listado total de los contratos que figura en el listado de todos los contratos que incorporamos aquí. No hemos hecho el cálculo total, pero desde luego sale bastante menos, si tenemos en cuenta que en los “grandes contratos” de FICOD la participación de Iclaves es del 10% sobre el papel (en las escrituras de la UTE) y 7,3% en la ejecución (sobre facturación total).

Por otro lado, tampoco es cierto que la empresa Iclaves gane siempre concursos en Red.es. Tardó bastante en hacerlo en realidad. Y además ha perdido muchos concursos a los que ha presentado ofertas, sola o en UTE, como le pasa a cualquier empresa. Por eso se presentan muchas. También nos interesa destacar que ningún contrato a Iclaves ha sido “a dedo” y que algunos han sido auténticas subastas, es decir, contratos donde solo puntúa la oferta económica. En general en Red.es priman los criterios de valoración de carácter económico sobre los de carácter técnico, especialmente en los últimos años. Eso se puede comprobar fácilmente acudiendo a los pliegos de los concursos, que son públicos.

No solo eso, en una época determinada Red.es no ha tratado especialmente bien a Iclaves, por distintas razones que exceden de este post pero que tienen un componente personal. De hecho se produjo una anulación anómala de un contrato ya adjudicado. En julio del año 2009 la entidad pública empresarial Red.es adjudicó un contrato en concurso público a la empresa SEATRA para la organización del evento FICOD. Iclaves figuraba como subcontratista para la realización de la consultoría en materia de contenidos del evento. (Este es uno de los contratos que se han ganado en UTE con posterioridad dada la especialización de Iclaves). Pues bien dicho contrato fue anulado por Red.es en agosto de ese año supuestamente por falta de presupuesto por motivos poco claros, para adjudicarlo por procedimiento negociado sin publicidad a otra empresa que al parecer le gustaba más. Esta noticia, que constituyó un pequeño escándalo, saltó a los periódicos en su momento como puede verse en este link .

Se recurrió dicha anulación de contrato en vía administrativa primero (confirmando el Presidente de la entidad pública empresarial, Francisco Ros Perán la resolución de su Director General, Sebastián Muriel) y posteriormente en vía judicial. Antes de dictarse sentencia se reconoció por Red.es la existencia de un proceder incorrecto y se abrió un expediente para la concesión de una indemnización a las empresas afectadas, Seatra e Iclaves por los daños y perjuicios causados. Esta información se le facilitó expresamente al periodista que ha redactado la noticia como elemento importante para demostrar la inexistencia de trato de favor alguno, más bien al contrario, pero ha decidido no utilizarla.

Tampoco es verdad que Iclaves solo contrate con Red.es, ni de lejos. Ha ganado muchos concursos -normalmente dentro de su sector, claro, es lo que tiene la especialización- y algunos con instituciones públicas tan poco sospechosas (esperamos) como la Comisión y el Parlamento europeos, donde por cierto se pueden consultar hasta las puntuaciones de las adjudicaciones, dado que afortunadamente la transparencia es mucho mayor que aquí. Y también ha perdido muchos, claro está. Como todas las empresas normales. Sin embargo, pese a que este dato se proporcionó al periodista, la información publicada en EC se regodea en destacar que “pese a que la empresa presume de un importante bagaje”, “no hay rastro público de adjudicaciones a IClaves desde otras administraciones públicas”, repitiendo machaconamente que la relación de  IClaves con la Administración se limita a esos cinco contratos, para dar a entender malévolamente que todo el bagaje de la compañía es ese “revolving door” que el periódico tan diligentemente denuncia.

Pero es que, además, los primeros contratos con Red.es (todos ellos adjudicados por concurso público) datan del año 2011, cinco años después de su cese, por lo que difícilmente puede hablarse de “revolving door” y menos aún cuando lo que se hace es constituir una empresa para prestar servicios en el sector de la actividad donde los socios tienen experiencia y capacidad profesional. Montar una empresa requiere capacidad de emprendimiento y de asunción de riesgos, y mucho trabajo.  Y además se puede perder dinero. La gente que quiere tirar de revolving door no se lo pone tan difícil, la verdad.

Por último, hacer una reflexión sobre la calidad y el rigor del periodismo español. Si nosotros no tuviéramos este blog lo tendríamos mucho más difícil para dar nuestra V.O. Por una vez, puede que que Manuela Carmena tenga algo de razón. El periodista que habló con Elisa tenía estos datos o los podía encontrar. Pero prefirió no utilizarlos, él sabrá por qué y a qué intereses sirve. Nosotros solo podemos imaginarlo. Y de hecho nos lo imaginamos. Pero tiene poca importancia quién sea y por qué lo hace. Lo que sí la tiene es que haya medios de comunicación a los que no les importa hacer juego político y renunciar a su deber sagrado como Cuarto Poder que, también, debería estar separado de los otros tres. En este caso, la falacia es fácilmente desmontable. Pero en otros no lo es y corremos el riesgo de que el juego político se altere de un modo parecido a como lo hace cuando el ejecutivo entra en el judicial o éste en el legislativo. Aunque hay que reconocer que todo ello tiene un aspecto positivo: el célebre “ladran, luego cabalgamos”.

La lista de contratos de Iclaves hasta el momento con entidades públicas sujetas a publicidad obligatoria puede consultarse aquí (Resumen contratos Iclaves_HD). Hemos puesto en amarillo los que han sido adjudicados en UTE por Red.es a lo largo de varios años y destacado el porcentaje de participación de Iclaves en cada caso. En cuanto a los cálculos, que los hagan en EC, que nosotros tenemos que trabajar y bastante tiempo se pierden con estas cosas. Como puede verse son bastantes a lo largo de varios años y hay contratos además de con instituciones comunitarias con entidades públicas y privadas, la mayoría del sector de nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Pero es que uno se suele presentar a los concursos que puede ganar porque está especializado en un sector.

Y esta es la historia, que nos tememos que vende bastante menos que la que ha publicado EC. A ver si hay suerte y rectifica. Si no, nos veremos en los tribunales, que para eso tenemos las herramientas del Estado de Derecho. Ahora la explicación les toca a ellos.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

La menguante transparencia oficial: sobre el portal estatal de transparencia y el borrador de reglamento de la Ley de Transparencia

Transcurrido casi un año y medio desde la publicación de la publicitada Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia,  derecho de acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así  parece un buen momento para evaluar cómo vamos de transparencia oficial y sobre todo de transparencia real, que es al fin y al cabo la que  importa. Porque conviene no olvidar que esta norma se anunció a bombo y platillo como una medida esencial de regeneración democrática, llegándose a decir –lo que sencillamente no es verdad- que era de las más avanzadas del mundo.  Aunque el  debate público en España se caracteriza por la falta de rigor, no deja de sorprender la cantidad de veces que he oído repetir este “mantra” en todo tipo de eventos. En todo caso, mejor tener una Ley que no tenerla sobre todo en un país donde los problemas se intentan solucionar a golpe de BOE.  La Exposición de Motivos me parece particularmente acertada, quizá porque me recuerda mucho un documento que publiqué en el Foro de la Sociedad Civil allá por el 2011.

Los problemas se plantean, como siempre, a la hora de aplicarla. Pese a la generosa “vacatio legis” (un año para el Estado, dos para CCAA y Entidades Locales, aunque resulta que muchas CCAA han aprobado normas propias que ya están en vigor) este tipo de leyes siempre parece que pillan por sorpresa; de manera que los plazos previstos tanto para la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como para el desarrollo reglamentario se sobrepasan tranquilamente. No hay sanciones claras para caso del incumplimiento de las obligaciones de transparencia impuestas en la Ley, mientras que lo que ocurre en el caso de proporcionar información pública de forma indebida todos los funcionarios lo tenemos muy claro.

El Portal de Transparencia del Gobierno de España por lo que se refiere a la transparencia activa (es decir, a la información pública que debe proporcionar la Administración sin necesidad de que nadie se la solicite) resulta incomprensible para cualquiera que no sea un “insider”, es decir, para alguien que no conozca bien el funcionamiento interno de la Administración y hasta la jerga que se utiliza. Por lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública el complejo sistema de autenticación establecido dificulta hasta extremos surrealistas el sencillo hecho de pedir datos o documentos a la Administración. Si lo dudan, prueben a hacer una solicitud y si no tienen tiempo ni ganas, pueden leer las instrucciones aquí  para que se hagan una idea de la complejidad.  Menos mal que hay instituciones  como el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España  que facilitan el derecho de acceso a la información pública, dado que solo exigen rellenar un formulario web y disponer de una dirección de correo electrónico para solicitarla, y lo mismo cabe decir de muchas webs autonómicas y locales, lo que pone en entredicho la rigorista interpretación del portal estatal.

Pero ante una idea tan peligrosa –casi revolucionaria, podríamos decir- como es la reinvindicación ciudadana del derecho a saber, y de paso a exigir rendición de cuentas e incluso responsabilidades jurídicas y políticas, más vale curarse en salud. Así que se ha publicado el borrador de Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia para garantizar lo que podríamos llamar el principio “pro opacidad” en caso de duda. El reglamento (todavía un borrador) que puede consultarse aquí  viene a corroborar la impresión de que la transparencia oficial viene menguando. Algunos “retrocesos” concretos del texto reglamentario sobre el texto legal han sido ya puestos de manifiesto por algún autor como Miguel Angel Blanes en su interesante  blog sobre transparencia y gobierno abierto.

La sociedad civil especializada, como la organización Acces-Info Europe ha denunciado el retroceso que supondría el futuro Reglamento y ha realizado comentarios al borrador. También la Fundación Civio también ha puesto de relieve los problemas que presenta.

Las limitaciones son particularmente llamativas por lo que se refiere al apartado de las obligaciones de publicidad activa en materia económico-presupuestarias y a las facilidades para el derecho de acceso a la información pública, que son el verdadero “núcleo duro” o piedra de toque para determinar hasta donde llega la voluntad política de facilitar la rendición de cuentas. Y a juzgar por el borrador, no muy lejos. De entrada, parece que las retribuciones de los empleados públicos que no sean alto cargo o máximos responsables de un organismo seguirán siendo “top secret”. También son curiosas las limitaciones adicionales temporales, no previstas en la ley, en temas tan sensibles como la publicidad de las resoluciones que acuerdan la compatibilidad. Son ejemplos de dos cuestiones cruciales para que podamos hablar de la posibilidad real de exigir cuentas y de luchar contra los conflictos de interés. En ese sentido, resulta curioso constatar que los criterios interpretativos propuestos en materia de retribuciones públicas en el dictamen conjunto entre la AEPD y el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno eran bastante más generosos

En fin, la transparencia oficial lleva camino de convertirse en una historia más de lo que hemos  llamado  en este blog “legislar para la foto”. Se trata de normas que se utilizan -más o menos eficazmente- como instrumentos de propaganda política durante una temporada para luego ser aparcadas discretamente en un rincón, una vez que la gente ya se ha olvidado del tema. En definitiva, hay que intentar no dispararse -al menos demasiado- en el pie. Así que no hay mucho recorrido para normas que, por tímidas que sean,  pueden tener un enorme potencial para cuestionar una determinada forma de hacer política que es incompatible con las exigencias de una democracia de calidad.

Afortunadamente, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas ha llegado para quedarse. Y para ser justos hay también unos cuantos organismos públicos, como el Consejo General del Poder Judicial, y algunos Ayuntamientos, como el de Torrelodones, que están haciendo una muy buena labor. Por eso creo que va a ser difícil poner coto a la demanda de transparencia real, por muchos reglamentos e instrucciones que se dicten y mucha autenticación que se exija en la web. Porque si algo está claro a estas alturas, es que conviene desconfiar del que prefiera refugiarse en la opacidad

Corrupción en la FIFA: la dimisión del virrey Blatter

Como ya he comentado en algún otro post publicado en este blog (”Los “Estados fantasma” que rigen el fútbol internacional: FIFA y UEFA”), el fútbol internacional está controlado a nivel mundial por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), institución creada en 1904 como una asociación civil privada sujeta al Derecho suizo, ya que tiene su sede en la ciudad helvética de Zürich. La FIFA gobierna, a través de sus seis Confederaciones divididas por continentes, las Federaciones de fútbol de todo el planeta, que organizan y dirigen las competiciones nacionales (son órganos nacionales de naturaleza privada que ejercen funciones públicas de carácter administrativo; así lo reconoce en España el artículo 30.1 de la Ley 10/90, del Deporte), y también controla y organiza los Campeonatos del Mundo de fútbol en todas sus modalidades (ahora se está celebrando en Canadá el Mundial femenino, en el que participa la selección española por primera vez) lo que le permite manejar en la práctica un caudal económico impresionante basado, esencialmente, en la difusión multimedia de todos los derechos generados por el fútbol, tanto la autorización y distribución de imágenes, sonidos y otra información de los partidos que se juegan en todo el mundo como la gestión publicitaria y mercadotécnica del fútbol y de todos sus derivados. El artículo 71 de los Estatutos de la FIFA atribuye a la propia FIFA, a las Federaciones nacionales asociadas a ella, y a sus Confederaciones continentales, la propiedad exclusiva de todos los derechos derivados de las competiciones de fútbol, sin restricciones en cuanto al contenido, tiempo, lugar o legislación.

Los organismos rectores del fútbol internacional se crearon y han permanecido largos años regidos por un ordenamiento autónomo, cerrado y vinculante para todos sus miembros, desconectado del sistema general de fuentes de los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales, y han conseguido hábilmente dotarse de un “status” normativo y jurisdiccional paraestatal, ajeno en principio a casi cualquier control. O sea, un auténtico virreinato independiente “de facto”. De hecho siempre han sostenido con gran habilidad para sus propios intereses que, al tener su sede en Suiza, sólo los Tribunales suizos, en su caso, podían analizar y controlar la aplicación de sus Normas y Reglamentos.

Habiendo permanecido sorprendentemente en ese “limbo” legal largas décadas, en tiempos más recientes se han producido algunos conflictos importantes con organismos internacionales, especialmente de la Unión Europea (el famoso caso “Bosman” resuelto por el TJUE en 1995, o las sanciones de la Comisión a algunos Clubes españoles por razones de las ayudas públicas o su política de fichajes de menores de edad). Y, más recientemente, una investigación federal por corrupción procedente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha causado hace escasos días la dimisión, a los cuatro días de haber sido reelegido por el Congreso de delegados de FIFA reunido en Zürich, de su inefable Presidente Joseph Blatter -de 79 años de edad y con 17 años en el cargo- uno de los más poderosos dirigentes mundiales de los últimos veinte años si nos atenemos a su capacidad de influencia política, mediática y sobre todo económica. La misma semana del Congreso de la FIFA convocado para la elección de su Presidente, la policía había detenido a siete de sus altos cargos, entre ellos dos Vicepresidentes y estrechos aliados de Blatter, por corrupción económica especialmente centrada en la elección de diferentes sedes para los campeonatos mundiales de fútbol, unos ya celebrados (Sudáfrica 2010, en el que España fue campeona) y otros por celebrar (Rusia 2018 y Qatar 2022). Al parecer, el blanqueo ingente de capitales, el mercadeo con automóviles de alta gama y los lujos de todo tipo financiados con dinero de FIFA ha llegado a alcanzar prácticas “desenfrenadas, sistémicas y arraigadas”, según fuentes de la investigación estadounidense. Todo ello muy ejemplar en un organismo que fomenta y defiende en todo el mundo la práctica del deporte rey….

La verdad es que Blatter, aunque muy respaldado en el interior de FIFA por una bien elegida y mejor gratificada guardia pretoriana, ha contado en los últimos años con cada vez menos apoyos, tanto de dirigentes políticos y deportivos como de patrocinadores (que tanto dinero suministran al fútbol), aunque algunos de sus principales sustentos han sido el Presidente ruso Vladimir Putin (por razones obvias, ya que no quería perder la organización del Mundial de 2018 concedido a su país de una forma que ahora está siendo investigada) y las Federaciones de Fútbol de Francia (próxima organizadora de la Eurocopa 2016) y de España, con su eterno Presidente Ángel María Villar a la cabeza, uno de los hombres fuertes de la organización. Éste último había quedado bastante en evidencia hace escasas fechas al haber respaldado públicamente la honorabilidad de Blatter pocos días antes de producirse su dimisión tras anunciarse la investigación por presunta corrupción.

Por otro lado, los gobiernos del Reino Unido, Alemania, la propia Francia, los Estados Unidos y la Unión Europea habían hecho recientemente manifestaciones públicas, más o menos contundentes,  exigiendo no sólo un cambio de Presidente, lo que ahora se revela de todo punto insuficiente, sino una profunda renovación en la FIFA y en todas las demás estructuras que controlan el fútbol mundial. También algunos de los más importantes patrocinadores de dicha organización, como las multinacionales Castrol, Johnson & Johnson, Continental, Emirates o Sony, han ido abandonando su patrocinio a FIFA en los últimos tiempos por las sospechas generalizadas de corrupción lo que, unido a las reticencias manifestadas por otras grandes marcas como Visa o Coca Cola, pone en una situación comprometida las hasta ahora florecientes finanzas del gran organismo rector del fútbol mundial.

Vamos a ver qué da de sí finalmente esta investigación, ya que parece ser que lo conocido hasta ahora no es más que la punta del iceberg. Si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con ayuda de sus aliados europeos y en su caso de las autoridades suizas –recordemos que es el país donde la FIFA y la UEFA tienen su sede-, se afana de verdad en llegar hasta el fondo del funcionamiento real de estas instituciones, no duden ustedes que lo vivido en los últimos tiempos en nuestro país puede parecernos irrisorio ante algo que, aunque sólo sea por los ingentes caudales manejados, las décadas que llevan estos organismos en ese “limbo”legal y jurisdiccional que les sustrae en la práctica a cualquier control, y los peculiares y “austeros” hábitos de vida de los personajes de los que estamos tratando, puede ser “la madre de todas las corrupciones”.

 

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente.

Para demostrarlo un ejemplo: se solicita al Congreso de los Diputados, en virtud de las púberes normas de transparencia, el acceso a unos documentos inofensivos: los recibidos y los elaborados por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Reglamento de la VIII Legislatura, constituido para abordar el tema de la técnica legislativa.

Cuando el Congreso de los Diputados (depositario, junto con el Senado, de la representación de la soberanía nacional, como señala su Presidente en su saludo de bienvenida inserto en la web oficial) debería ser la institución transparente por antonomasia y aplicar de forma exquisita tales normas, se despacha negando por dos veces el acceso y esgrimiendo un argumento distinto en cada una de sus decisiones.

En la primera ocasión da una negativa de lo más peregrina y absurda desde un punto de vista jurídico:

“Las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entraron en vigor el 10 de diciembre de 2014. Las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo, entraron en vigor el 20 de febrero de 2015. La información solicitada se encuentra, por tanto, fuera del ámbito temporal de aplicación de las mismas”.

Se le hace notar este dislate jurídico: parece obvio que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de cualquier otra norma de desarrollo de la misma, nada tiene que ver con la fecha de los documentos que se solicitan, que pueden ser anteriores a la misma. Ya en su segunda andanada esgrime un argumento nuevo:

“Con fecha 24 de abril de 2015, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo le comunicó que su solicitud quedaba fuera del ámbito temporal de aplicación de las Normas sobre transparencia del Congreso de los Diputados y le indicó que podía solicitar la consulta de los documentos al Archivo de la Cámara, indicación que le reitero.

Además, las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sobre transparencia de la actividad de la Cámara se aplican al Congreso de los Diputados, según establece el artículo 2.1.f) “en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo”.

En aplicación de dicha ley, la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó en su reunión de 20 de enero de 2014 las Normas para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a Derecho administrativo.

La información solicitada se encuentra por tanto fuera del ámbito material de aplicación de la Normas, por lo que se resuelve su inadmisión a trámite.

Contra la presente Resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los  Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo”.

Como cuestión preliminar, ha de indicarse que las normas sobre transparencia están para ser aplicadas en el ejercicio del Derecho que reconocen y amparan, sin que deba accederse a los documentos mediante un sucedáneo, más o menos graciable, como es solicitar la consulta de los documentos al Archivo de la Cámara. Parece carente de sentido que, en definitiva, se quiera negar el ejercicio de un Derecho –que, por otra parte, ha costado tanto que se reconozca en España- ofreciendo como alternativa la consulta al Archivo de la Cámara. Para el Congreso de los Diputados, si se accede a la consulta el efecto sería el mismo; no así para el peticionario que tendría que trasladarse hasta Madrid para dicha consulta. Parece que, reconocido legislativamente y en vigor el derecho de acceso a los documentos, las instituciones receptoras deben procurar facilitar la vida a los ciudadanos y no ocasionarles molestias innecesarias.

La respuesta respecto al  “ámbito material”: se quiere reducir a la actividad de la Cámara “sujeta a Derecho Administrativo”, pone de manifiesto  una ausencia de regulación o laguna legal en el Congreso de los Diputados, siendo esta situación de lo más lamentable, tratándose de la institución de la que se trata, que debería demostrar cercanía con los ciudadanos.

El Senado  puso la máxima diligencia y celeridad en aprobar una norma acorde con los tiempos: “Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014”.

Más tarde y conociendo la norma aprobada por el Senado (así consta en su exposición de motivos), el Congreso de los Diputados aprueba sus restrictivas “Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo

Es fácilmente comparable la regulación en ambas cámaras:

 

Senado Congreso de los Diputados
Artículo 1. Derecho de acceso a la información pública.Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos en esta Norma.  Artículo 2. Derecho de acceso a la información pública.1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder del Congreso de los Diputados, sobre sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos en la Ley 19/2013.2. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información sobre la actividad parlamentaria se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en las normas y resoluciones de sus órganos. 

 

Como puede fácilmente comprobarse en la regulación del Senado se incluye, como no puede ser de otra manera, la actividad parlamentaria. Sin embargo, la regulación del Congreso la defiere a una norma inexistente. Según la exposición de motivos: “Por razones similares, y sin perjuicio de los trabajos que se están desarrollando en la Ponencia para el estudio de una reforma más amplia del Reglamento del Congreso de los Diputados, es preciso adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la Ley 19/2013, en lo relativo al derecho de acceso a la información pública del Congreso y a la publicación de los contenidos pertinentes en el nuevo Portal de Transparencia del Congreso”.

Es decir, tenemos que esperar, sine díe, a una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para que cobre plena efectividad el derecho de acceso, cuando todos sabemos lo complicado que es que sus señorías se pongan de acuerdo en este ámbito. No deberían mezclar las normas que rigen su comportamiento interno, con las que afectan a los derechos de los ciudadanos.

Otras instituciones constitucionales, como –a título de ejemplo- el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado- dan acceso a sus documentos generados tanto en su ámbito funcional como en el sujeto a Derecho administrativo. Que el Congreso de los Diputados no tenga regulado el acceso a los documentos relativos a la actividad parlamentaria puede obedecer a varias y peregrinas razones, pero nunca debería suponer una denegación del derecho de acceso.

Dado que no existe razón alguna de tipo material (existencia de limitaciones o excepciones plausibles) para denegar el acceso a los concretos documentos, la laguna en la regulación debería colmarse acudiendo a lo establecido en la propia Ley de transparencia o a la norma aprobada por el Senado; mientras el Congreso arregla el entuerto creado por su pacata norma; pues puede ser transparente incluso sin la previa existencia de la norma, dado que no se solicitan papeles sujetos al secreto oficial.

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

El portal de transparencia del Congreso de los Diputados: ¿Una oportunidad perdida?

6os ciudadanos han manifestado en diferentes ocasiones que la opacidad con la que se toman las decisiones, en las instituciones, es un elemento sustancial a la hora de confiar en “la clase política” y legitimar a las instituciones políticas de nuestro país. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se aprobó como una de las medidas estrella de la Legislatura, dentro del programa de “regeneración democrática” del Gobierno de Mariano Rajoy, y en parte, como revulsivo para devolver parte de la legitimidad perdida por las instituciones políticas en base a la opacidad del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, pese a que una parte sustancial de la Ley de transparencia entró en vigor en diciembre de 2013, y que las comunidades autónomas tienen hasta diciembre de este año para adaptarse, las expectativas que la norma habían generado no se han visto satisfechas con su aplicación. Nada como un ejemplo práctico para comprobar esta tesis.

El pasado día 26 de febrero, el Congreso de los Diputados puso a disposición de los ciudadanos su “Portal de Transparencia”. Cabe destacar, que esta medida no ha llegado de la voluntad política de la Mesa del Congreso de los Diputados en pos de mejorar la transparencia de la institución y acercar su actividad a los ciudadanos, sino que la creación del portal viene de las exigencias que establece la Ley de transparencia.

Ahora, cabe preguntarse si la Mesa del Congreso de los Diputados, y más concretamente su presidente, Jesús Posada, han querido aprovechar esta oportunidad para hacer del Congreso de los Diputados una institución transparente y cercana a los ciudadanos, revitalizando así la imagen que los ciudadanos tienen de la política y los políticos.

Si analizamos los apartados que organizan el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados encontramos los siguientes:

Estos cinco apartados se subdividen en un total de sesenta y un ítems a publicar de manera activa en el portal entre los que podemos encontrar las funciones del Congreso de los Diputados, los miembros del Congreso, iniciativas parlamentarias, votaciones, documentación complementaria a las iniciativas legislativas, presupuestos del Congreso y sus ejecuciones, o los viajes de los diputados por enumerar sólo algunos.

En principio, si analizamos el listado de elementos que facilita el Portal de Transparencia, pueden parecernos bastantes, sobre todo al verlos ordenados en de esta manera en la propia web. Sin embargo, quien haya indagado la página web del Congreso de los Diputados previamente a la apertura del Portal de Transparencia, descubrirá que la mitad de los elementos que presenta el portal, veintiocho de sesenta y uno, eran ya conocidos.

Veamos rápidamente alguna de las novedades. Entre las principales novedades hay que destacar el apartado de contratación. En relación a los contratos menores (aquellos menores a 50.000 euros por obra o 18.000 euros en servicios o suministros), decir que el nivel de detalle ofrecido por el portal de transparencia es mejorable dado que sólo ofrece información mínima como la categoría del contrato o a qué departamento pertenece, la empresa adjudicataria y el importe. No se da más información, relativa a la tipología de suministro, cantidad, fecha de contratación, etc. No sucede igual en la contratación adjudicada, dónde sí podemos encontrar mucha más información (pliegos, publicaciones del BOE con las ofertas y concesiones, etc.)

Se ha publicado también un organigrama de los departamentos del Congreso de los Diputados y los puestos, pero no se conoce exactamente qué funcionarios que ocupan éstos, ni sus funciones concretas. Más cuando determinados puestos son de especial relevancia informativa, como son los letrados de las Comisiones.

Quizá si dejamos del lado el apartado de contrataciones, el apartado que más interés pueda suscitar a los ciudadanos que tengan a bien entrar en el portal de transparencia es la entrada sobre Patrimonio artístico del Congreso de los Diputados. Los amantes de la historia y todos aquellos que piensen visitar el Congreso tienen aquí una buena dosis de información sobre las características del Palacio, sus obras de arte y la historia más pasada y reciente.

Destacar, que a fecha de hoy (16 de abril), la promesa del presidente del Congreso de los Diputados  de publicar el listado de viajes de éstos con cargo a la institución, todavía sigue pendiente y sin aparecer en el portal de transparencia pese a llevar casi dos meses abiertos y la promesa en vigor desde finales de 2014.

Entre los elementos ya publicados anteriormente, y que el portal vuelve a presentar incluso como novedades, cabe destacar el listado de diputados e iniciativas, información relativa al funcionamiento y composición de la Mesa y órganos del Congreso de los Diputados, las declaraciones de bienes y actividades de los diputados, los presupuestos anuales, el Canal Parlamento y acceso a las transmisiones de las Comisiones, así como las votaciones plenarias de los diputados. Es decir, en relación a la operatividad del Congreso de los Diputados e información más pormenorizada de cada diputado y su actividad, apenas se han llevado a cabo publicaciones relevantes que serían interesantes conocer. Como por ejemplo las decisiones tomadas en las juntas de Mesas y Portavoces tanto del Pleno como de las Comisiones.

En mi opinión, el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados todavía puede seguir profundizando en la información relativa a la actividad ordinaria del mismo, a la información relativa a cada diputado y su actividad política individual, así como en la información que se otorga sobre los grupos parlamentarios publicándose datos como:

  • Transferencias corrientes del Congreso de los Diputados a cada grupo parlamentario desglosando los conceptos.
  • Gasto  de materiales de oficina de cada grupo parlamentario y gasto del coche oficial asignado al grupo parlamentario indicando kilometraje mensual.
  • Asignación de secretarios, asistentes y asesores a cargo de la Cámara indicando sus funciones y el coste de cada uno de ellos.
  • Información actualizada relativa a cada cargo representativo incluyendo:
  • Nómina del diputado expedida por la Cámara.
  • Gastos en correspondencia, telefonía, materiales de oficina u otros similares a cargo del Congreso de los Diputados.
  • Reuniones del representante público con sociedad civil, organizaciones gubernamentales y empresas de manera mensual desarrolladas tanto en el Congreso de los Diputados como en su circunscripción.
  • Viajes institucionales detallando dietas de manutención, transporte y alojamiento.
  • Viajes realizados por el diputado a cargo de la institución indicando origen, destino y medio utilizado, así como la fecha y hora en que se realizó.
  • Gasto utilizado de la tarjeta de taxi individual de la que disponen.
  • Dietas por kilometraje.
  • Gastos en peajes y de parking de aeropuertos y estaciones de tren
  • Votaciones en Pleno y Comisión, indicando la iniciativa que  el diputado de manera individual votó y el sentido del voto.
  • Asistencias y ausencias a Pleno y comisiones en las que esté inscrito.

Otros parlamentos nacionales, como puede ser la Cámara de Diputados de Chile, son modelos claros a seguir en materia de transparencia parlamentaria. La información que ofrece su web sobre la actividad política y la gestión del presupuesto por parte de cada diputado es envidiable en comparación con la ofrecida por el Congreso de los Diputados.

En resumen, considero que el Congreso de los Diputados ha perdido una oportunidad de oro para acercar la actividad política, y la actividad diaria de nuestros representantes públicos, a los ciudadanos mediante un portal de transparencia digno de quizá la institución política más significativa de nuestro sistema político.

Flash Derecho: Españopoly (o tiro porque me toca)

En octubre de 2013 la Fundación Civio puso en marcha el proyecto Quién manda, del cual ya nos hicimos eco en este blog (aquí). Hoy esa web no solo es una imprescindible realidad que nos facilita visualizar el denso (aunque reducido) entramado de nuestra clase dirigente -política y empresarial- sino que ha sido también el banco de pruebas de un interesantísimo libro de reciente aparición titulado “Españopoly, cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo)”, escrito por Eva Belmonte, principal responsable de dicha página.

Muchos lectores nos han comentado lo deprimidos que salieron de la lectura de nuestro libro ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España. Bueno, pues este que ahora les presento no es precisamente el mejor antídoto. Más bien se trata de una demonstratio un tanto sádica de las implicaciones prácticas que se derivan de aquél. Eva, especialista en periodismo de datos, pone nombres, apellidos y árbol genealógico a las íntimas (a veces obscenas) conexiones entre nuestra partitocracia y nuestro capitalismo de amiguetes. Para ver las caras de los protagonistas deben ustedes acudir a la web, aunque la autora no se ha resistido a incluir dos imágenes: el Consejo de la Competitividad (cómo no hacerlo) y el abrazo entre Esperanza Aguirre y Rodrigo Rato con motivo del doctorado de este último en la Universidad RJC. Es una pena que esta foto no incluya al excelentísimo rector González-Trevijano, al que le hemos dedicado algún post (aquí), porque hubiera constituido el perfecto símbolo del triunvirato cañí (ideas, política y dinero) en el que ha devenido nuestro Estado clientelar, por utilizar la feliz expresión de Fukuyama.

Pero el liberalismo castizo de la sra. Aguirre y sus amigos no es el único que aparece retratado. La autora se ocupa también de detallar las vinculaciones familiares y colegiales entre nuestros líderes políticos y empresariales. No deja de resultar extraño que en un sistema supuestamente liberal y capitalista, en el que debe regir la impersonalidad, la competencia y el mérito, pesen tanto determinados apellidos o simplemente la condición de… ¡pilarista! que, no nos engañemos, tampoco es precisamente un título en Harvard.

El libro no se olvida de nuestras élites locales, a veces convertidas súbitamente en estatales, como ha ocurrido tras la captura por el ministro Soria de la entidad pública empresarial Red.es, transformada en el instrumento más eficaz de lucha contra el paro canario de larga duración y escasa titulación (al menos en la órbita del PP), ni de las conexiones entre política y medios de comunicación en nuestras CCAA.

En fin, lo que sin duda se agradece es la valentía de señalar con el dedo conductas dudosas o impresentables, actitud tan escasa en nuestra sociedad y, sin embargo, tan efectiva, al menos si queremos verdaderamente regenerar nuestra vida pública. Aunque el precio que uno pague sea comprobar tristemente lo provinciana y cutre que es nuestra particular élite extractiva. ¿Es solo un problema de dimensión? ¿La integración europea puede paliar esos defectos?  ¿Acaso podría hacerlo un mercado mucho más abierto y competitivo? Mientras reflexionamos sobre ello y nos preparamos para votar, es bueno seguir con la linterna encendida, por muy duro que sea ver lo que vemos…

 

Españopoly se presenta en Madrid el próximo lunes día 11 de mayo a las 19.30 en la librería Lé, Paseo de la Castellana nº  154, con la presencia de la autora, junto a la periodista Lucía Méndez y el dibujante Mauro Entrialgo.

¿Debería restituir Esperanza Aguirre todo lo robado (presuntamente) por sus subordinados?

Uno de los motivos que parecen justificar la fidelidad de muchos votantes del Partido Popular a Esperanza Aguirre, pese al saqueo producido en las arcas públicas madrileñas por el partido que ella dirigía y por sus subordinados (listados aquí y aquí), es la creencia de que, como no robó directamente para sí, no es culpable ni responsable de nada. Es evidente que desde el punto de vista político esta opinión es insostenible (lo hemos tratado antes aquí), pero como este es un blog jurídico, en este post quiero estudiar el tema –no desde la perspectiva del Derecho positivo, algo bastante aburrido que no preocupa a casi ningún elector- sino desde el punto de vista del Derecho natural; algo que al votante tradicional del PP le debería sin duda importar.

Antes de que pongan los ojos como cuadros he de advertirles que este tema se trató específicamente por la primera escolástica, concretamente por el mismísimo Santo Tomás de Aquino en la quaestio 62, 7 de la Summa Theologica, bajo el rótulo Utrum illi qui non acceperunt teneantur restituere, que podemos traducir como “Si los que no han recibido nada están obligados a restituir”.

Como es habitual en el método escolástico, Santo Tomás comienza formulando la dificultad principal (que podríamos resumir como “tesis a favor de Esperanza Aguirre”): “Parece que los que no recibieron no están obligados a restituir. La restitución es cierto castigo del que sustrajo. Ahora bien, solo el que pecó debe ser castigado. Luego solo debe restituir el que tomó algo.”

Creo que la tesis favorable no se puede sintetizar con mayor elegancia. Dado que Esperanza Aguirre no sustrajo para sí, no pecó (no es culpable), luego no debe restituir (no es responsable), e implícitamente es elegible.

A continuación Santo Tomás, siguiendo escrupulosamente el método, formula la tesis opuesta (que podemos llamar “tesis en contra de Esperanza Aguirre”): “Dice el Apóstol (Rom. I): Dignos de muerte son, no tan solo los que hacen estas cosas, sino también los que consienten a los que las hacen. Luego por igual razón deben también restituir los que consienten.”

La respuesta parece contundente e inapelable, pero fijémonos en la expresión “los que consienten a los que las hacen”. ¿Qué alcance tiene? O, por plantearlo en términos modernos, ¿alcanza a la culpa (descuido) o solo al dolo (connivencia)? Pues bien, gran parte del respondeo dicendum de Santo Tomás en esta quaestio va a girar sobre esta problemática.

Siguiendo los pasos de su maestro Aristóteles, Santo Tomás comienza formulando un principio fundamental: “está obligado a la restitución todo el que es causa de una sustracción injusta”. Y esto puede acontecer de dos modos, directa o indirectamente. Directamente, cuando uno induce a otro a apoderarse de algo, e indirectamente, cuando no se impide lo que se puede o debe impedir, ya omitiendo el mandato que reprimiría el hurto, ya negando el auxilio con el que podría evitarse, ya ocultando el hecho acaecido.

Parecería que en el caso de Esperanza Aguirre nos tendríamos que circunscribir al examen de la causa indirecta. Sin embargo, incluso esto es discutible, porque entre las modalidades de causa directa el Aquinante contempla tres: el mandato a la sustracción, el auxilio al sustractor y,  respecto de la cosa sustraída, la participación en el hurto o rapiña. No olvidemos que entre los actos de Esperanza Aguirre está el apoyo incondicional a Granados (auxilio al sustractor), entre otros, y el escándalo Fundescam de financiación ilegal del partido a cambio de contratos (participación en el resultado del hurto, en cuanto le ayudó a ganar las elecciones de 2004).

Pero, concretamente, al analizar el caso de los políticos, Santo Tomás se centra en la causa indirecta y afirma lo siguiente: “Tiene también que restituir quién no impide el hurto siendo su deber impedirlo, como los gobernantes, que están obligados a custodiar la justicia, y si por su descuido se multiplican los ladrones, han de restituir; porque las asignaciones que disfrutan son como estipendios instituidos para que mantengan la justicia en la tierra”. Y un poco más adelante: “(es cierto) que no siempre el que no descubre, impide o reprende al ladrón está obligado a restituir, sino solamente cuando le incumbe por su cargo, como los gobernantes, quienes por hacerlo no correrían gran peligro, ya que disfrutan de la potestad pública para ser los guardianes de la justicia”.

Creo que es difícil exponer el argumento con mayor precisión técnica: los gobernantes tiene una responsabilidad con la justicia (en nuestro caso, un deber de tutelar los fondos públicos) a cambio de unas prerrogativas y prebendas. Si incumplen esa responsabilidad (y la incumplen cuando el resultado es tan absolutamente calamitoso como en el caso de Esperanza Aguirre), son causa indirecta del hurto y surge un deber de restitución a los damnificados (los contribuyentes) por exigencia de la justicia conmutativa.

Por tanto, frente a la primera dificultad enunciada, Santo Tomás advierte “que no solamente peca el que ejecuta el pecado, sino también el que de cualquier modo es causa del pecado” (etiam qui quocumque modo peccati est causa).

Podemos concluir, en consecuencia, de que al menos desde esta perspectiva escolástica del Derecho natural –absolutamente ortodoxa desde el punto de vista católico- Esperanza Aguirre ha pecado (es culpable) y debe restituir (es responsable), por lo que hasta que lo haga no sería propiamente elegible, quod erat demonstrandum.

 

Sed contra

No obstante, cabría alegar otra dificultad, imposible de apreciar en esa época para el Aquinante: la posibilidad de la absolución democrática. Pese que Esperanza Aguirre ha pecado y debe restituir, ¿puede una mayoría de damnificados (los contribuyentes/electores) absolverla de ese pecado y renunciar a la exigencia de responsabilidades mediante su nueva elección?

No soy teólogo, pero si hemos de consultar a los geniales teólogos-juristas de nuestra segunda escolástica, la absolución del pecado requiere reconocimiento de la falta y acto de contrición (arrepentimiento), que no cabe presumir si no hay –precisamente- restitución. En este punto citaban la autoridad de San Agustín (Epistola ad Macedonium) que entendía que la penitencia y la remisión de los pecados solo era posible cuando se realizaba la restitución (non remittetur peccatum, nisi restituatur ablatum, que podríamos traducir libremente como, “no se absuelven los pecados si no devuelves los ducados”) y que tuvo una enorme influencia en todo el mundo cristiano, hasta el punto de que el requisito fue recogido expresamente en el Decreto de Graciano (C.14,q.6,c.1). En nuestro caso podemos concluir, entonces, que la absolución de Esperanza Aguirre exigiría como requisito previo el reconocimiento de la falta y la consiguiente renuncia a concurrir a las elecciones o, al menos, la restitución.

¿Pero qué ocurriría entonces si, sin cumplirse estas exigencias, se presentase y fuese elegida? Pienso que desde el punto de vista de la restitución, se produciría claramente una condonación de esa obligación, por concurrir al efecto el consentimiento del perjudicado. Esto me parece incuestionable. Ahora bien, desde el punto de vista del pecado, conforme a los principios y argumentos expuestos, nada cambiaría en lo que hace a la candidata, pero se produciría un efecto muy interesante por lo que se refiere a los electores. Sobre este tema ya tuve la oportunidad de reflexionar desde el punto de vista político-moral en un artículo publicado hace algunos años en Claves de Razón Práctica (¿Son elegibles los políticos imputados? Una responsabilidad compartida). Pero ciñéndonos al tratamiento teológico-jurídico del asunto, no cabe duda de que en este caso nos encontraríamos ante un caso de complicidad en el pecado, y ni siquiera por vía indirecta, como en el propio caso de Esperanza Aguirre, sino directa. Efectivamente, recordemos que la segunda modalidad de causa directa la formula Santo Tomás en relación al sujeto que ha pecado, señalando que se participa con él en el pecado cuando, sin concurrir previo arrepentimiento,  “se le acepta o de alguna manera se le auxilia”. Y creo que no cabe ninguna duda de que a Esperanza Aguirre se le acepta, y se le auxilia bastante, si la sentamos en el sillón como alcaldesa de Madrid.

En conclusión, si Esperanza Aguirre es elegida desaparece su obligación de restitución y los electores se hacen cómplices de sus faltas. Mal negocio, sin duda alguna, que, ahora sí,  quod erat demonstrandum.

Los primeros pasos de la ley de Transparencia: una valoración

  He opinado en otras ocasiones que se puede ser transparente sin ley de transparencia, únicamente hace falta voluntad de ser transparente. Ante la ausencia de esa voluntad en nuestro país era obvia la necesidad perentoria de la norma y la presión social. Por mi experiencia, en vigor la ley, creo que los distintos departamentos ministeriales tienen claras instrucciones de ser transparentes y así vienen dando acceso a los documentos que se les solicitan.

Un ejemplo del sentido patrimonialista que tenían en el pasado reciente políticos y funcionarios respecto a los papeles del Estado es lo ocurrido con las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, que venía solicitando –por puro interés académico desde hacía tiempo- y que me venían negando como si se tratara de verdaderos arcana imperii.

En efecto, el 14 de septiembre de 1993, solicité al Presidente del Gobierno copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1987, por el que se aprueban las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, así como de cualquier otro acuerdo que modifique el anterior o que tenga que ver con este asunto. La respuesta denegatoria por parte del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, de 5 de noviembre de 1993, fue la siguiente: “Lamentablemente no le puedo facilitar el texto del referido Acuerdo, toda vez que se trata de una norma de funcionamiento interno carente de virtualidad fuera del ámbito del Consejo de Ministros, y que al no afectar a los derechos e intereses de los ciudadanos no precisa ni publicación ni publicidad”. Reiterada, el 6 de junio de 2010, la misma solicitud a la Presidencia del Gobierno, el Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia, con fecha 8 de julio de 2010, contesta lo siguiente: “Las Instrucciones para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno actualmente en vigor fueron aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1996 y no fueron objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

 La falta de inserción en el BOE fue debida a su propio carácter, ya que las Instrucciones no son normas de carácter general, sino disposiciones administrativas de orden interno, que tienen por objeto establecer los mecanismos de funcionamiento de los órganos colegiados del Gobierno y carecen de efectos jurídicos frente a terceros.

 Por las razones expuestas, así como por la confidencialidad que debe presidir las actuaciones de los órganos colegiados del Gobierno, no es posible acceder a su petición”.

Precisamente por no ser publicadas en el BOE es por lo que cobra plena eficacia el derecho al acceso a las mismas que ahora protege la Ley de Transparencia. La última petición la hice en marzo de 2012 a través de tuderechoasaber.es. Resultado: ausencia de respuesta.

Las referidas Instrucciones son un documento de lo más inofensivo, no conteniendo secreto alguno, ni suponiendo su divulgación, obviamente, peligro alguno para nadie. Generalmente, las instituciones que tratan de ser transparentes suelen publicar este tipo de disposiciones en los diarios oficiales. Así lo hace, a título de ejemplo, la Comisión Europea con su Reglamento interno.

Cuando parece que el Congreso de los Diputados debiera ser una de las instituciones más transparentes, se despacha así, de esta forma tan absurda, cuando se le solicitan documentos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia:

“Las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entraron en vigor el 10 de diciembre de 2014. Las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo, entraron en vigor el 20 de febrero de 2015. La información solicitada se encuentra, por tanto, fuera del ámbito temporal de aplicación de las mismas”.

Parece obvio que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de cualquier otra norma de desarrollo de la misma, nada tiene que ver con la fecha de los documentos que se solicitan, que pueden ser anteriores a la misma.

Con adhesión a la queja presentada por AccesInfoEuropeel 17 de diciembre de 2014, sobre la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno el 23 de enero de 2015 remití al Defensor del Pueblo las siguientes observaciones complementarias (también remitidas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno):

“I.- El artículo 17 de la Ley 19/2013,  permite presentar la solicitud de acceso “por cualquier medio”, sin que ello pueda limitarse por norma de rango inferior y, mucho menos, por práctica administrativa como puedan ser las instrucciones contenidas en una página web (Portal de la Transparencia).

El Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados y el Senado permiten presentar las solicitudes por cualquier medio, sin necesidad de autentificación alguna. Puede leerse en la web del Senado: “Una simple llamada telefónica, un simple correo electrónico, un simple correo postal”.Lo que demuestra la tendencia a facilitar el derecho de acceso a los ciudadanos, sin cargas engorrosas y no establecidas en la Ley.

Actualmente no existe una obligación legal para las personas físicas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Es un derecho del ciudadano y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tampoco establece tal obligación.

El “Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” (Texto sometido a información pública. Fecha: 16 de enero de 2015), tampoco establece dicha obligación.

II.- Desde el principio de proporcionalidad hay que entender desproporcionados los requisitos exigidos para el acceso por el Portal de la Transparencia. En primer lugar, porque no contempla el acceso mediante escrito presentado en papel. En segundo lugar, porque sería más que suficiente contemplar también la opción de presentar un simple e-mail o rellenar un formulario electrónico (sin la exigencia de autentificación alguna), como es la práctica habitual de los países de nuestro entorno y de todas las instituciones de la Unión Europea.

El mismo trámite (aparte de la opción del escrito en papel) ha de ser suficiente para presentar la reclamación prevista ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno; pues la denominada “solicitud confirmatoria” en materia de derecho de acceso ante las instituciones de la Unión Europea puede presentarse también a través de un simple e-mail sin requisito adicional alguno.

Asimismo, esto es lo que sucede con otros derechos democráticos, como el de participar en la elaboración de las normas. Así, si se accede a la página web del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, sección “Normas en tramitación”, se pueden presentar alegaciones a través de un simple e-mail; como sucede también, por ejemplo, en las Consultas Públicas de la Comisión Europea:

También puede ponerse como ejemplo que basta un simple e-mail (o rellenar un formulario electrónico), sin otros requisitos adicionales, para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo español, y también ante el europeo.

III.- Que a fecha de hoy no aparece en el Portal de la Transparencia información alguna sobre la sede donde se encuentra el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno”.

A raíz de referidas quejas, la Defensora del Pueblo, constatando insuficiencias informativas en el Portal de Transparencia sobre las vías legales para presentar una solicitud de acceso a la información y sobre los mecanismos de registro y su impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública establecidos por el citado Portal, abrió una investigación, dirigiéndose a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración para que le diera explicaciones al respecto.

Otra deficiencia en la aplicación de la Ley de Transparencia, en la resolución de los recursos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que hemos puesto en conocimiento del Consejo es la siguiente:

“… se plantea un importante problema de seguridad jurídica: el dies a quo a partir del cual se cuenta el plazo de interposición de los recursos cuando no ha sido notificada la resolución que concede o deniega el acceso.

… se prueba por el solicitante el plazo de recepción en el Ministerio competente, según el acuse de recibo de correos.

A mi juicio, el “órgano competente para resolver” a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 ha de considerarse el Ministerio que tenga el documento; con independencia de que el órgano que internamente se haga cargo de la resolución sea otro; pues de otra manera, el solicitante de acceso no puede tener constancia cierta de la fecha a partir de la cual puede ejercitar –con seguridad- sus derechos”.

Es de esperar que la aplicación práctica de la Ley de Transparencia se vaya perfeccionando con el tiempo, evitando trabas innecesarias.

Para el que pueda estar interesado Tuderechoasaber.es acaba de publicar un Informe sobre la aplicación de la Ley de Transparencia

 

El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003.

Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas conclusiones y recomendaciones bastante contundentes.

Por ponernos en contexto, reseñar que del total de las 79 universidades públicas y privadas que conformaban el Sistema Universitario Español en el curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 51 que corresponden a 47 Universidades Públicas de carácter presencial, 2 universidades no presenciales (UNED y UOC) y 2 universidades especiales (la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía). Las Comunidades Autónomas con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. Por otra parte, el endeudamiento total de las universidades analizadas ascendía a la nada despreciable cantidad de 620 millones de euros.

En sus trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia en 2012 de “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público. Según el Tribunal, la creación de estas entidades instrumentales ha respondido (“en ocasiones”) a la deliberada huida del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.

Centrándonos en el apartado de recomendaciones, el Tribunal destaca la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas de las universidades públicas.

Asimismo el Tribunal de Cuentas aconseja adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las universidades públicas de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura y estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, con el fin de regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias.

¿Sorprenden las conclusiones del Tribunal? La verdad es que sobre la situación de la universidad en España se ha escrito mucho y desde hace tiempo. Por ejemplo, tirando de hemeroteca, desde 1980 se escribe en los medios sobre la politización de nuestras universidades. También se está debatiendo mucho sobre la endogamia imperante en los procesos de selección del profesorado (por ejemplo aquí y aquí) y es que según datos del Ministerio de Educación publicados por El País, el 73% de los profesores universitarios leyeron su tesis en el centro en el que están contratados. Sobre el caso concreto de la Universidad Rey Juan Carlos se ha escrito en este mismo Blog (aquí y aquí). Y es que no todos los males de la universidad en España se deben a sus problemas de financiación y falta de estabilidad presupuestaria (que existen y son un hándicap desde luego).

Diagnóstico de la situación conocido y compartido, faltan las medidas. En esta legislatura, el Ministro Wert contó con un grupo de expertos que emitió un informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Han pasado más de dos años desde entonces y parece que las medidas de ese informe del grupo de expertos no van a ver la luz, estarán bien custodiadas en algún cajón. Pero vamos, en la anterior legislatura tampoco se adoptaron medidas de calado encaminadas a acabar con los problemas de nuestras universidades públicas. No es una prioridad política, está claro.

El caso es que yo soy de los que cree que en España necesitamos un modelo económico más productivo, donde la innovación juegue un papel destacado y se apueste por invertir más en I+D y menos en ladrillo. En este modelo las universidades son una pieza clave pero para ello deben contar con una financiación estable y suficiente… y algo más, tienen que regenarse, lo que implica librarse de sus lastres históricos (politización, endogamia), acabar con la falta de control interno, racionalizar sus estructuras administrativas, etc … lo mire usted desde la óptica de la izquierda o desde la óptica de la derecha.

Corrupción en la educación, ¿se puede caer más bajo?

En la larga lista de episodios de corrupción destapados en los últimos años hemos podido comprobar cómo ésta ha extendido sus tentáculos a las más diversas actividades económicas y sociales. Desde la formación para parados (Caso Edu) hasta el ámbito cultural (Caso Palau), pasando por actividades clásicas ligadas a grandes infraestructuras (Caso Palma Arena), parece que ninguna actividad se libra del estigma de la corrupción. De hecho, sería muy enriquecedor un estudio exhaustivo de los casos de corrupción con el fin de comprobar si hay alguna actividad económica o social libre de corrupción, lo que sin duda resultaría ser una magnífica noticia. Parafraseando a Diógenes, podríamos salir con nuestro candil encendido buscando “actividades honestas no afectadas por la corrupción”.

Una de las últimas actividades en caer en las redes de la corrupción ha sido la educación primaria y secundaria. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Púnica ha desvelado una nueva trama que se aprovechaba ilegalmente del auge de la educación concertada en la Comunidad de Madrid.

En esta Comunidad Autónoma la educación concertada ha sido utilizada como bandera de liberalismo, ofreciendo a los padres, o más bien a aquellos que pueden permitírselo, diversas opciones a la hora de educar a sus hijos. Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión – garantizar la pluralidad de opciones educativas -, lo que no parece haber funcionado son las formas.

Detrás de la educación concertada existen fuertes intereses económicos que en numerosas ocasiones se anteponen a la calidad de la enseñanza. En el caso de los colegios concertados que se han creado en el entorno de la Operación Púnica se han dado todos los ingredientes para que la educación quede en un segundo plano por detrás del negocio fácil. El sistema era muy sencillo: los ayuntamientos implicados cedían terrenos públicos a precios irrisorios a empresas intermediarias en teoría educativas que se encargaban de construir el colegio y de constituir cooperativas de profesores, que eran los que finalmente pagaban la construcción con las desorbitadas cuotas de entrada a la cooperativa. Obviamente el colegio se edificaba con el constructor amigo del político que cedía los terrenos, mientras que el político regional, a su vez amigo también del político local y del constructor, mediaba para la concesión del concierto por parte de la Comunidad de Madrid. La empresa agradecía los servicios prestados con millonarias comisiones camufladas como pagos por servicios de consultoría a todos los participantes en la operación: políticos y constructor. Una vez más se unen todos los elementos tradicionales de la corrupción (“regalo” del suelo público, constructor sin escrúpulos, comisiones), esta vez con la excusa de la educación.

¿Y la preocupación por la educación? Ni está ni se la espera. En el fondo se han aprovechado de la lógica preocupación de los padres por la educación de sus hijos para llenarse los bolsillos mediante la construcción de infraestructuras educativas de dudosa necesidad. Si me permiten la expresión, la empresa Alfedel, presunta pagadora de las comisiones a David Marjaliza,cerebro de la trama, construía los colegios concertados “como churros”, sin ofrecer ningún elemento diferencial que mejorase la calidad de la enseñanza respecto a los centros ya existentes en los municipios afectados.

El desprecio por la educación queda también patente cuando se comprueba el papel reservado para uno de los agentes clave del proceso educativo, maestros y profesores, convertidos en los paganos de la fiesta. Desesperados ante la falta de salidas profesionales, en gran parte motivada por el cerrojazo en la contratación en la educación pública, maestros y profesores optaban por endeudarse hasta límites insospechados para hacer frente a las cuotas de entrada (de varias decenas de miles de euros) de las cooperativas educativas, destinadas en su integridad a costear las obras de construcción, y de paso las comisiones para todos los participantes en la operación.

Este triste ejemplo muestra lo poco que interesa la educación a la clase política, que la utiliza para sus intereses partidistas, véanse las diferentes leyes de educación promulgadas, reformadas y vueltas a reformar por los diversos gobiernos de nuestra joven democracia, o, mucho peor aún, para obtener beneficio económico mediante prácticas corruptas. Estas prácticas lo único que alientan es la recuperación de la estéril discusión entre la escuela pública y la concertada, olvidando que el verdadero objetivo debería ser la mejora de la calidad educativa, aspecto que en este año electoral no parece tener de momento una relevancia especial en las diversas propuestas políticas.

El pretendido derecho a la opacidad de los ayuntamientos en “riesgo financiero”

No cabe duda de que la transparencia es un valor imprescindible en una democracia moderna, avanzada y de calidad. La transparencia permite a los ciudadanos fiscalizar de forma efectiva la actuación de sus gobernantes, pero no sólo eso. El acceso a la información, así como el impulso del conocimiento general de la misma, nos llevaría al concepto de “Gobierno Abierto”, es decir que los ciudadanos colaboren y participen en la toma de decisiones llegando, en última instancia, a una ciudadanía más informada y más exigente con sus dirigentes políticos.

Esto es exactamente lo contrario de lo que viene sucediendo en nuestros ayuntamientos, donde es muy común que después de una gestión económica que seguirán pagando los vecinos del municipio durante años, lustros o decenios, se promocione a su protagonista a ministro o a candidato a presidir una comunidad autónoma. Siempre se culpa de ello a los electores, amparándose en que dicho político gozaba de los favores de la ciudadanía, que le renovaba una y otra vez su mayoría absoluta. Sin embargo, es necesario reconocer que a los votantes no se les dota de los datos necesarios para conocer la gestión económica de su municipio de forma que exista debate al respecto y se puedan formar una opinión. ¿Sabe el ciudadano de a pie a qué plazo paga su ayuntamiento a los proveedores o qué volumen de endeudamiento tiene respecto a sus ingresos corrientes, si está sometido a un plan de ajuste o si se halla en “riesgo financiero”? Quizás en este país no exista una cultura de administración de recursos pero, para que algún día exista, lo primero que hay que hacer es dar a los ciudadanos información al respecto.

Tal y como se ha comentado en este blog, la transparencia es una cuestión de voluntad política y de cultura ciudadana. Si bien el interés de la ciudadanía está viviendo un repunte desde hace algunos años, la voluntad política parece atrincherarse cada vez más en la opacidad, buscando los pretextos más disparatados para mantener a los ciudadanos en la ignorancia.

Les explico. El BOE del pasado 26 de febrero publica la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Dicha Resolución da cumplimiento a determinadas previsiones del citado Real Decreto Ley. Se trata de una norma que aborda cuestiones diversas. En lo que aquí nos interesa, crea el denominado Fondo de Ordenación, que permite acceder en buenas condiciones financieras a mecanismos adicionales de financiación a determinadas entidades locales, sobre todo ayuntamientos, que se hallan en lo que denominan “riesgo financiero”. Dicho término se define en el artículo 39.1.a) del propio Real Decreto Ley. Para resumir, se puede decir que son aquellos que pese a todas las medidas de “asistencia financiera” que se han adoptado desde el 2012 hasta la fecha, siguen estando en una situación económica crítica. Por poner dos ejemplos ilustrativos estarían en “riesgo financiero” aquellas entidades cuyo volumen de endeudamiento sea superior al máximo legal, o aquellos que hayan incumplido con su obligación de pagar las cuotas trimestrales de determinadas operaciones de crédito (puede verse el detalle de todas las situaciones aquí y aquí).

Tal y como se ha dicho, la tan citada Resolución da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014 en el que se prevé que el Ministerio de Hacienda determine qué municipios podrán solicitar acogerse al Fondo de Ordenación y, por lo tanto, se hallan en el denominado “riesgo financiero”.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, no se realiza la publicación de los municipios afectados. En lugar de ello, lo que hace la Resolución es establecer que cada uno de los ayuntamientos pueda ver si está incluido en dicha relación, pero sólo el propio ayuntamiento, identificándose con su respectivo usuario y contraseña en la correspondiente página web. La publicación de la relación de municipios afectados es imperativa, tanto porque lo establece el antes citado artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, como porque se hace también imprescindible para que los ayuntamientos que no se pueden beneficiar de dicha vía de financiación fiscalicen la aplicación que se hace de la norma. Pero, sobre todo, porque es una “información relevante para garantizar la transparencia de la actuación pública” , artículo 5.1 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y porque, conforme establece el artículo 26.2.a).1º de la misma norma, en su parte dedicada al “buen gobierno”, se debe “actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos (…) con el objetivo de satisfacer el interés general”.

Dejando aparte los múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que incumple la citada resolución no se me ocurre nada más importante para los vecinos de un municipio que saber si su Ayuntamiento se halla en “riesgo financiero”. Tampoco se me ocurre una muestra más espeluznante de falta de voluntad de asumir las obligaciones que impone el principio de transparencia no ya hasta sus últimas consecuencias, sino hasta las primeras y más evidentes.

Pero lo peor de todo todavía no ha llegado. El fundamento que se utiliza para no publicar la lista de municipios que se hallan en riesgo financiero es que “en la publicación de la resolución (…) se aprecia la posible lesión de derechos e intereses legítimos a los que se refiere el precitado artículo 61 de la Ley 30/92“, por lo que la publicación podría “derivar en perjuicios de imposible o difícil reparación”. Pasando por alto que no se concretan cuáles son los derechos o intereses legítimos que concurren en este caso, ¿de quién son esos derechos o intereses legítimos? ¿del ayuntamiento? ¿no deberían ser los mismos que los de sus vecinos? ¿es que no los representa? Evidentemente es al contrario, es atentar contra los derechos de los ciudadanos ocultarles que su ayuntamiento se halla en “riesgo financiero” y lo que se está haciendo es confundir los intereses del ayuntamiento con los intereses del que lo gestiona.

Esta invocación al artículo 61 de la Ley 30/92 ha sido realizada al menos en otras dos ocasiones (aquí y aquí) en resoluciones muy similares, también por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así que parece que no se trata de un hecho aislado. Y eso que, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ” corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley (…)”

Como hemos dicho, esta actuación contradice múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, entre los que cabe destacar los ya citados artículos 5.1 y 26.2.a) 1º de la Ley de Transparencia, e incluso el artículo 9.3 de la Constitución (interdicción de la arbitrariedad) dado que el Ministerio ha publicado ya información muy sensible de los ayuntamientos pero, aparte de ello, creo que es procedente hacer algunas reflexiones:

1.-En primer lugar, se está utilizando una norma creada como garantía de los derechos de los ciudadanos para privarlos de ellos, cometiendo un fraude de ley o algo peor, lo cual resulta alarmante.

2.-Que cada ciudadano conozca si su ayuntamiento se halla en riesgo financiero sería muy positivo a la hora de valorar la gestión que se está haciendo en su municipio. Es evidente que ahí les duele.

3.-Finalmente, se han adoptado diversas medidas especiales de financiación que han permitido al ayuntamiento que ha hecho el correspondiente esfuerzo salir de una situación económica muy difícil. En la actualidad, se siguen adoptando medidas para favorecer a los ayuntamientos que no han conseguido sanearse, principalmente por incumplir los planes de ajuste que llevaban aparejados esas medidas especiales de financiación. Se supone que se les imponen fuertes condicionantes pero, dada la opacidad con la que se está actuando, da la impresión de que se prima a éstos en perjuicio de los cumplidores, con el correspondiente riesgo de que se vuelva a imponer una gestión económica caótica en nuestros municipios.

 

Legitimidad y transparencia

El descrédito que han sufrido las principales instituciones políticas de nuestro país en los últimos años tiene que ver, principalmente, con escándalos de corrupción o el vilipendio de fondos públicos en una situación en que existen importantes problemas sociales debidos a la escasez de recursos. El sentir del ´no nos representan´ iniciado en el año 2011 ha desembocado en una situación en la que un partido de origen “extraparlamentario” disputa la hegemonía política al actual partido de Gobierno, y sobrepasa al principal partido de la oposición en diferentes encuestas, al haber conseguido canalizar la frustración y enfado ciudadano hacia su formación. Un partido que ha manifestado la total falta de legitimación democrática que otorga al actual sistema político, y la necesidad de ´abrir el candado´ que cimenta el sistema institucional actual.

Son de sobra conocidos trabajos de otros autores sobre los riesgos que una crisis de legitimidad traen para cualquier sistema político. Una crisis que no sólo está viviendo España, sino también Portugal, Italia, Grecia o Francia por poner los ejemplos más cercanos. Sin embargo, debemos preguntarnos qué elementos han sido vitales a la hora de hacernos llegar a este punto de deslegitimación política. Al menos, eso intentaré hacer en las siguientes líneas.

En mi opinión, podemos señalar que nuestro sistema político se articula básicamente en relación a dos instituciones vinculadas directamente. Y dado que son las instituciones que más tiempo acaparan en los medios de comunicación y, por lo tanto, las más representativas del sistema para los ciudadanos, son tomadas por éstos como la unidad de medida básica: el Gobierno y el Congreso de los Diputados.

La visibilidad del primero a la hora de dirigir y aplicar políticas públicas es patente. Sólo hace falta abrir un periódico o ver un telediario para darse cuenta de la tinta o minutos que se destinan a la actividad gubernativa. Debemos recordar que el Gobierno, en nuestro sistema político, no posee una legitimidad directa de los ciudadanos como podría ser en sistemas presidencialistas. Quizá por ello una parte importante de la población está acostumbrada a no sentirse representada por éste de manera permanente.

El Congreso de los Diputados no sólo es relevante institucionalmente por la preponderancia que posee en relación al Senado y las Cámaras territoriales. La función de “control”, su actividad legislativa y sobre todo, la presencia en esta Cámara de los presidentes, portavoces o secretarios generales de los principales partidos de España le otorga una relevancia mediática difícil de alcanzar incluso a veces por el propio Gobierno. La legitimidad directa de sus componentes quizá sea el elemento que más une a la ciudadanía al sistema político, pero a la vez, el que más le separa. Los principales motivos de ello son varios:

Entre los problemas exógenos podemos encontrar: las listas cerradas; un desconocimiento casi generalizado sobre el funcionamiento del Congreso; una significativa falta de información objetiva sobre la actividad que se desarrolla en el Congreso de los Diputados tanto por parte de la Institución, que apenas goza de instrumentos propios para ello – un canal Parlamento que sólo es visible vía Internet o en programaciones de pago, así como una página web altamente compleja para los ciudadanos que no posean conocimientos específicos sobre derecho parlamentario – como por los medios principales ya sean audiovisuales o escritos.

Entre los problemas endógenos destaca la falta de interés que muchas veces generan los debates que se celebran – ya sea por la falta de interés que suscita el tema o bien por la nula espontaneidad que el Reglamento del Congreso deja a los diputados y Gobierno para debatir de forma real – o la falta de resultados tangibles que suponen una parte importante de los debates que se celebran. Recordemos que iniciativas como las Proposiciones no de Ley o Mociones, que ocupan una parte significativa de la actividad parlamentaria, no son tenidas en cuenta por el Gobierno a la hora de regir sus decisiones aunque se aprueben con un consenso total de la Cámara.

A éstos elementos deben añadirse otros más: la imagen deplorable que transmite el hemiciclo casi vacío en muchos debates, los privilegios de los que gozan o han gozado los diputados como por ejemplo viajes en clase business – sin mentar el escándalo Monago – , los famosos gin tonics a 3 euros en la cafetería o la alta dosis de teatralidad y dramatización que adquieren los debates con el único fin de interpelar a los pocos espectadores de éste.

Los ciudadanos, hartos de la situación generalizada del país, han demandado a los políticos ejemplaridad y transparencia en sus actos. Han solicitado a sus representantes que justifiquen el gasto público que realicen. Una exigencia que podría devolver cierta legitimidad a la institución si no fuera por la falta de voluntad que el PP está mostrando a la hora de hacer transparente al Congreso en todos sus aspectos. Partiendo de la negativa de Jesús Posada a publicar las nóminas de todos los diputados y la falta de transparencia a la hora de publicar los viajes de los diputados y su coste, la aplicación de la Ley de Transparencia también se quedará en papel mojado. La obligación que para todas las instituciones establece la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno parece que se aplicará bajo mínimos en el Congreso de los Diputados.

La Mesa del Congreso de los Diputados, como órgano rector de éste, ha elaborado un borrador de elementos a publicar en la web del Congreso de los Diputados, que complemente ligeramente la información existente hasta el momento (Ver documento 1). Como se puede observar, los elementos novedosos, en rojo, son más bien escasos, y de poco valor informativo. Quizá las novedades más destacables sean los presupuestos del Congreso y su ejecución presupuestaria de los años 2013 y 2014, la relación de contratos menores y los bienes inmuebles que posee la institución. Sin embargo, no se espera que ninguno de estos elementos, u otros que se incorporen, arrojen mayor transparencia sobre la actividad de los diputados, informando mejor al ciudadano sobre su actividad y gastos, y facilitando el proceso de rendición de cuentas de los diputados ante la ciudadanía. Existía una alternativa, la única que se presentó, a la propuesta por la Mesa, elaborada por UPyD (Ver documento 2), que iba encaminada a proporcionar al ciudadano no sólo un mayor nivel de conocimiento sobre la actividad parlamentaria, sino también sobre la actividad de los diputados. Esta iniciativa finalmente ha resultado rechazada pese a que hubiera supuesto poner a la vanguardia de la transparencia al Congreso de los Diputados e intentar así devolver algo de la legitimidad perdida.

La opacidad parece ser un elemento definitorio de nuestro sistema político y la transparencia un valor que sólo algunas formaciones parecen predicar con el ejemplo, aunque a diferentes ritmos. Bien por voluntad propia, bien arrastrados por el clamor popular que demanda medidas adicionales en este sentido. Por ejemplo, sólo tres grupos parlamentarios (PSOE, UPyD e ICV) han comenzado a publicar los desplazamientos de sus diputados con detalle a raíz del “escándalo Monago”. Recordemos que la resolución de la Presidencia del Congreso (PP) estimó oportuno dar una información mucho más sesgada a los ciudadanos

Sin embargo, el destino del Congreso de los Diputados y su reforma está en manos de la mayoría absoluta del Partido Popular pero la falta de voluntad política que éste demuestra a la hora de querer devolver legitimidad a las instituciones básicas de nuestro sistema político se muestra en la poca ambición que la Mesa del Congreso ha puesto para acercar la política a los ciudadanos, y sobre todo, los representantes públicos a quiénes deberían representar. Sólo una voluntad firme de acercar el sistema político a los ciudadanos puede evitar el desmoronamiento de éste y la regeneración hacia un sistema más próximo a los ciudadanos.

Los bonobos, el Estado de Derecho y las multinacionales en España

Sabemos por el famoso primatólogo Frans de Waal que la justicia (la moral, la equidad) es biológica. Más que un constructo cultural o religioso (que también), la justicia está inscrita en nuestros genes de primates que compartimos con chimpancés, bonobos o macacos.

Pero también somos tramposos. Buscamos el interés individual y no nos importa mentir, engañar o ser injustos con tal de conseguir nuestros objetivos.

Al principio todo era más fácil, los seres humanos vivíamos en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores donde todos se conocían y mantener el orden era relativamente simple. Fue con el desarrollo de la agricultura que nuestra especie se hizo sedentaria y comenzó a construir ciudades cada vez más grandes. La ley escrita se hizo necesaria.

Somos una especie que, conocedora de sus defectos, se impone mandamientos. Necesitamos alguien que nos vigile. Como no nos fiamos de nosotros mismos nos dotamos de reglas y normas que nos dificulten realizar comportamientos inadecuados. No es casualidad que nos haya llevado cerca de 100.000 años el esfuerzo civilizatorio de desarrollar la democracia y el estado de derecho.

En el terreno empresarial, que es el ámbito en el que plantean las propuestas de este artículo, las normas y su efectividad son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos, la libre competencia y la meritocracia que deberían estimular el ingenio y promover el crecimiento económico y el empleo que tanto necesitamos.

La democracia española es joven, también los son las multinacionales españolas, al menos tal y como las entendemos hoy en día.

Nuestro tejido empresarial se ha desarrollado tradicionalmente alrededor del poder y sólo recientemente hemos creado grandes compañías multinacionales que se encuentran entre las mejores del mundo en los sectores de las comunicaciones, las finanzas, la energía, la moda o las infraestructuras.
Sin embargo, no siempre hemos sabido romper el lazo con el poder ni garantizar un mercado donde prime el mérito.

Desde aquellos empresarios de la transición que registraban a sus mujeres como empleadas del hogar para asegurarse las prestaciones sociales al encarcelado ex presidente de la CEOE o a servidores públicos, por todos conocidos, encausados por adjudicar contratos a empresas a cambio de prebendas económicas, parece que no hemos aprendido nada.

¿Sigue siendo nuestro capitalismo “castizo”, no meritocrático?, ¿cómo podemos mejorar la calidad institucional de nuestras empresas y promover así un modelo más cercano a determinados países de nuestro entorno con comportamientos más éticos, que recompensan la valía y no la cercanía al poder?
La tesis de este artículo es que, en efecto, hay mucho que aprender, que existe otra forma de hacer las cosas y que el camino a seguir nos lo muestran, en muchos casos y en contra de algunos prejuicios muy extendidos, las grandes compañías multinacionales que triunfan en un mundo globalizado.

Las empresas extranjeras, representando menos del 1% del total, dan cuenta de un tercio del volumen de negocio nacional y emplean a más de 1,2 millones de personas (datos de 2012, Secretaría de Estado de Comercio).

Son empresas que, por su configuración y plena integración en las cadenas globales de valor, se encuentran sujetas a tres fuerzas de una influencia imponente:
• En primer lugar, una regulación eficaz, fundamentalmente de origen norteamericano, surgida como respuesta a los escándalos financieros ocurridos en los últimos años de la década de los noventa del pasado siglo y en los primeros años del actual.
• En segundo lugar, la creciente importancia que, para los resultados empresariales, tiene el mantenimiento de la reputación en el actual contexto globalizado de comunicaciones instantáneas.
• Por último, la aparición de un nuevo espíritu que pudiera estar orientando la actividad empresarial y que tiene como manifestación más conocida el desarrollo de la responsabilidad social en las empresas, pero también está presente en el surgimiento de nuevas perspectivas acerca del mundo de la gestión y sus objetivos, como tal, la del valor compartido del otrora gurú de la estrategia Michael Porter.

Como manifestación de la primera fuerza, baste mencionar la Ley Sarbanes-Oxley, de EE.UU., que fue publicada en 2002 con el objetivo de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa y mejorar las prácticas de gestión empresarial. Esta Ley supuso el inicio de una corriente regulatoria posterior del gobierno corporativo. Algunas de las medidas concretas de obligado cumplimiento son: la certificación de los informes financieros, los controles internos o la realización de auditorías externas independientes. Igualmente, la regulación introdujo sanciones, en algunos casos muy relevantes, ante su incumplimiento.

En este contexto de control y transparencia en un mundo globalizado e interconectado, surge la reputación de las compañías como un valor intangible crítico, su fondo de comercio, y ello convierte la responsabilidad social corporativa en un elemento tractor de los negocios recogido en la publicación de las memorias anuales. Vemos a empresas haciendo donaciones, creando fundaciones, patrocinando actos sociales.

¿Lo hacen por un impulso altruista fruto de nuestra justicia biológica? No. Lo hacen porque persiguen su propio interés y beneficio. Porque compiten en un entorno que se ha dotado de las normas adecuadas de transparencia, control y comunicación y que ha erigido la reputación como un elemento clave de supervivencia empresarial.

Es el capitalismo de la transparencia frente al capitalismo “de amiguetes”.

Con el fin de obtener y mantener una buena reputación, las empresas definen un diseño institucional que tiene en cuenta dos componentes básicos.

El primero es el establecimiento de unos principios éticos que sienten las bases del comportamiento de la organización. En España esto lo hemos sabido hacer muy bien. Ya no hay empresa que no tenga pinchado en la pared el poster con los principios éticos de la compañía. El problema es que ahí se quedan, colgados de la pared junto al calendario del año pasado.

¿Qué se les escapa?

Fundamentalmente la traducción de ese código ético (tan bonito en el afiche) en normas y reglamentos de obligado cumplimiento en todos los ámbitos de la vida organizativa, diseñados de tal manera que resulte si no imposible, al menos muy difícil eludirlos. A continuación enumeramos algunos ejemplos aplicables a diferentes ámbitos de la actividad empresarial:
• Los empleados: creación de la figura del “mentor”, persona que, fuera de la línea de mando del empleado, se encarga de velar por su desarrollo profesional y de intervenir en caso de conflicto sin otro interés que el de cumplir con su propio cometido como “mentor”.
• Los proveedores: procedimientos de homologación de empresas subcontratistas independientes, muchas veces localizados en espacios geográficos distintos y con procedimientos de interlocución gestionados a través de Internet. Son procesos despersonalizados y totalmente desconectados de los intereses de negocio del solicitante con el objeto de comprobar la solvencia financiera y la reputación de las empresas con las que se trabaja, al tiempo que se garantiza la inexistencia de conflictos de intereses en las contrataciones.
• Los competidores: prohibición de compartir información sensible y de contratar personas de la competencia con el único objeto de acceder a información confidencial de otras compañías, una vez más mediante procedimientos de autorización gestionados por unidades no imbricadas en la cadena de toma de decisiones de negocio.
• Los clientes: autorización previa y control de regalos o comidas con clientes, principalmente si se trata de cargos o empleados públicos, siempre mediante procedimientos despersonalizados y desconectados de la organización ante la que se responde de manera directa, además de estar soportados por procedimientos de análisis de perfiles y comportamientos atípicos que desencadenen auditorías internas periódicas.
• La sociedad: prohibición de realizar trabajos en países corruptos, dedicación de recursos financieros y humanos a obras sociales, etc.

Podríamos escribir otro artículo de malas prácticas de las empresas multinacionales, no pretendemos hacer una defensa sin matices, tan sólo queremos destacar aspectos que, por positivos, consideramos debieran ser emulados por muchas empresas españolas.

Tenemos un sentido natural de la justicia pero, por encima de ello, buscamos nuestro interés personal. Esto puede encauzarse por vías equivocadas (corrupción) o por medios que, con todos los matices que se quiera, nos beneficien a todos: estado de derecho, meritocracia, reputación, libre competencia, normativa anticorrupción. Las personas no somos más o menos éticas en función del país en el que vivimos o la empresa en la que trabajamos, lo que nos diferencia son las instituciones, las normas que nos imponemos y la efectividad de las mismas.

Pedro Blanco y Manuel Torres, consultores

BIBLIOGRAFÍA:
Qué hacer con España, César Molinas
El declive de los dioses, Mariano Guindal
Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson
El bonobo y los diez mandamientos, Frans de Waal
Creating shared value, Michael Porter