Reproducción del artículo en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez: De la corrupción del lenguaje al lenguaje de la corrupción

 

En su fundamental libro “LTI La lengua del tercer Reich” el filólogo judío Otto Kemplerer analiza la importancia que tuvo para la imposición de un régimen totalitario la perversión del lenguaje donde el significado de algunas palabras se alteraba sistemáticamente. Así los “héroes” podían cometer todo tipo de atrocidades en una guerra de agresión sin que sus compatriotas dudasen de su comportamiento. De la misma forma, Wiliam I. Shirer en su “Berlin Diary” comentaba que la propaganda de Goebbels era tan efectiva que los habitantes de Berlín podían pasar por delante del cráter causado por una bomba en el Tiergarten sin notar nada raro, dado que la versión oficial insistía en que no había caído ninguna en el centro la capital. Sin ánimo de pretender banalizar el nazismo, ni mucho menos de comparar la corrupción política con el totalitarismo, sí creo que es importante destacar en qué medida la corrupción del lenguaje político y jurídico que venimos padeciendo en relación con las tramas de corrupción organizada que nuestros tribunales de Justicia van descubriendo contribuye inevitablemente a degradar y deslegitimar todavía más el “régimen del 78” y a alejar a la ciudadanía de unos representantes cuyo lenguaje ya no es compartido.
No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que con el retorcimiento del lenguaje (esas “indemnizaciones en diferido”, esos partidos que son “los principales perjudicados” por la recaudación ilegal de fondos por parte de sus propios tesoreros, esos “recibís” que se firman sin recibir nada, esas “causas generales” en que se convierten las concienzudas instrucciones judiciales que les incomodan etc, etc) los políticos pretenden, pura y simplemente, echar balones fuera eludiendo sus responsabilidades políticas en los escándalos de corrupción. Sobre todo en un año electoral en el que parece que, por fin, la corrupción sí importa y puede empezar a pasar factura. El problema de fondo es que dado que nuestros gobernantes desde hace muchos años han optado por identificar responsabilidad política con responsabilidad jurídico-penal cuando terminan llegando los procesos penales -y más si lo hacen en mal momento- hay que sacar todo el armamento disponible incluido, claro está, el de la perversión del lenguaje.
Ya se trate del caso de la financiación irregular del PP conocido como el caso Bárcenas o de cualquier trama de corrupción (Gurtel, Púnica, Pokemon, ERES, Brugal, las andanzas de la familia Pujol o tantos y tantos otros menos vistosos) el argumento utilizado es siempre el mismo: la culpa es de unas pocas personas particulares, de unos aprovechados que “no han estado a la altura” y han abusado de la ingenuidad y la buena de los líderes que misteriosamente nunca saben, nunca ven y nunca oyen aunque lleven décadas dedicados a la política y al partido e incluso reciban denuncias sobre casos concretos.
Claro está que para defender esta tesis que desafía tan abiertamente los hechos conocidos y hasta el sentido común es preciso retorcer los conceptos y las palabras hasta extremos insospechados. Esto es especialmente cierto en el caso de los conceptos jurídicos, dado que como es lógico solo los especialistas pueden entender hasta qué punto se desvirtúan cuando se habla de una indemnización laboral en diferido, de “recibís” firmados que se asegura no responden a ninguna entrega o de sujetos que pretenden personarse como acusaciones particulares cuando sus intereses coinciden con los del imputado o acusado, por no hablar de aquellos casos en que se niega la evidencia como ocurrió con el intento de soborno de un concejal de la oposición por el todavía alcalde de Boadilla que había sido grabado. De esta forma desaparece la posibilidad de realizar un diagnóstico correcto de la situación y de debatir con rigor las posibles medidas para luchar de verdad contra la corrupción, lo que permite sospechar que no hay una auténtica voluntad política de poner fin a la corrupción sistémica
En realidad, llegados a este punto más que de retorcimiento del lenguaje podríamos hablar pura y simplemente de insulto a la inteligencia. Pero creo que es muy importante denunciar el riesgo que supone para el debate público una manipulación del lenguaje que consigue que las palabras tengan un significado diferente para el emisor (el político acosado por los casos de corrupción) y para el receptor (el ciudadano) Por poner un ejemplo claro, parece que el verbo “mentir” tiene ahora mismo un significado muy distinto para la clase política y para la ciudadanía. El Presidente del Gobierno en su ya famosa comparecencia del 1 de agosto de 2013 afirmó en el Parlamento que en su partido no había caja B pero ahora parece que tanto el Juez, como el Fiscal como la Abogacía del Estado creen que sí que la hubo, por no mencionar las declaraciones del directamente responsable de su mantenimiento, el ex tesorero Bárcenas al que según la tesis oficial no podemos creer porque es un “presunto delincuente”.
Lo grave es que no tengo ninguna duda de que el sr. Rajoy, su Gobierno y una parte considerable de los cargos del PP consideran que no mintió al Parlamento, por mucho que los ciudadanos creamos lo contrario. Como tampoco tengo dudas de que Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de Madrid y ex presidenta de la Comunidad Autónoma bajo cuyo mandato florecieron las tramas de corrupción con ex vicepresidente en la cárcel inclusive (tramas que han continuado, todo hay que decirlo, bajo la presidencia de su sucesor) considera que ella fue la que las “destapó” y persiguió. Claro que también considera que es “liberal” pese a las prácticas clientelares que caracterizan a su partido en Madrid o que no se fugó de los agentes de movilidad en el famoso incidente del carril-bus de la Gran Vía. Otra cosa es lo que piensa el ciudadano informado.
Sin duda, otras palabras que tienen un significado distinto para políticos y ciudadanos son los de ciudadano ejemplar, molt honorable o empresario ilustre, especialmente a medida que los así calificados van sucumbiendo en las distintas tramas judiciales. Lo mismo cabe decir del adjetivo “independiente” o “neutral”, dado que parece claro que gobernantes y gobernados entendemos cosas distintas cuando se aplican, por poner un caso, a presidentes de organismos reguladores o de organismos constitucionales con carnet del partido que les nombra. Y en cuanto al prestigio y el mérito, basta por repasar las personas que tienen el reconocimiento oficial del “establishment” patrio (básicamente las que ocupan cualquier tipo de cargo relevante, con independencia de su trayectoria intelectual, profesional y hasta procesal) para hacerse una idea de la distancia que hay entre unos y otros.
Pero la cosa lamentablemente no termina aquí. Para no aburrir al lector, y dado que en nuestro mundo un audio vale más que mil palabras, puede resultar interesante escuchar las grabaciones de las conversaciones de algún imputado en una trama de corrupción. Hay muchas disponibles por motivos que convendría averiguar. Conversaciones como la de la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, “reimputada” en el caso Brugal con el igualmente imputado constructor Enrique Ortiz son muy ilustrativas. Aunque quizá la sorpresa por el tipo de lenguaje utilizado provenga, en mi caso, de que no he visto los Soprano. En todo caso, resulta muy preocupante que una persona que ha ostentado hasta hace muy poco tiempo responsabilidades institucionales en un Ayuntamiento importante compartiendo eventos incluso con el Rey y el Presidente del Gobierno hable -aunque sea en privado- como el protagonista de una película de gángsters.
Y si creen que hay mucha diferencia entre este tipo de lenguaje y el que utilizan nuestros gobernantes todavía en activo ya les prevengo que de la corrupción del lenguaje al lenguaje de la corrupción va muy poco trecho. Por eso conviene estar muy atentos a la forma en que nos hablan y exigir que el lenguaje se utilice con propiedad, con honestidad y sin tergiversaciones no vaya a ser que la conversación pública acabe degenerando en una conversación de mafiosos.

Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación

En el repaso regeneracionista que este blog está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.  Y la frase no venía, precisamente,  de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.

En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de las disfunciones,  imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro sistema político.  Pero, asumido lo anterior, es también necesario comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación, especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas consecuencias para todos nosotros.

Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad” en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico” como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza, sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio, televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras, cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador” (el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus “controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.

Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional, especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso. Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario: los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las circunstancias económicas actuales les han convertido en el  “partido de los recortes”, de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación, resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que, como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos, sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional, no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.

Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente. Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué podemos hacer para corregirla?

 

Por fín entra en vigor la ley de Transparencia y Buen Gobierno pero ¿van a cambiar las cosas?

Podemos decir que para determinar qué nivel de democracia o de buen gobierno tiene una sociedad basta con analizar su nivel de transparencia. La transparencia nos permite alcanzar la madurez como ciudadanos. Es una idea política con un gran potencial de transformación de sistemas políticos y administrativos rígidos y de sociedades donde predomina todavía en gran medida entre sus élites o clases dirigentes la cultura de la opacidad o del secreto.  El funcionario como dueño de la información, el político que desconfía de sus electores, de sus afiliados y de los periodistas y prefiere el plasma o las preguntas pactadas, los acuerdos políticos entre bambalinas, los lobbies “de facto” (nada de registros ni de publicidad de las agendas) el predominio de las relaciones personales sobre las institucionales son todos síntomas de la existencia de este tipo de sistemas. El nuestro los tiene todos.

La transparencia supone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer toda la información y los datos que manejan los Poderes Públicos, por considerarse activos que pertenecen a todos los ciudadanos. Las excepciones son muy pocas, como hay muy poca información que hay que ocultar a una persona mayor de edad “por su bien” a diferencia de lo que sucede con un niño o incluso un adolescente. La transparencia por tanto permite alcanzar una mayor madurez democrática.

Vivimos en España y en Europa un momento histórico muy especial: la necesidad de garantizar un buen gobierno y de luchar contra la corrupción resultan cruciales no solo por razones económicas, sino por razones de credibilidad institucional, de justicia, igualdad y hasta de coexistencia pacífica. La desilusión con la democracia está ahí y no olvidemos que hay modelos alternativos emergentes que proclaman que pueden conseguirse mejores resultados sin democracia, en la medida en que han conseguido sacar a una parte muy importante de su población de la pobreza y cuentan por eso con una legitimidad nada desdeñable a ojos de sus ciudadanos y de los de otros países. El mandarinato chino es el mejor ejemplo. Y los datos avalan que una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas.

Para que se hagan una idea, ahí tienen un gráfico comparativo entre el descontento con el funcionamiento de la democracia en España y en Europa.  Si en el año 2004 la satisfacción estaba 20 puntos por encima de la media europea, en el año 2013 la insatisfacción está 20 puntos por abajo. Es decir, los españoles nos hemos caído del guindo.(El gráfico me lo ha cedido Manuel Villoria de una presentación que realizó en un reciente Congreso en Valencia sobre corrupción y transparencia)

A mi juicio esta decepción tan notable se debe a la percepción del ciudadano de que no controla a sus representantes políticos y que éstos “le toman el pelo” por decirlo coloquialmente. Y es que el éxito de una democracia representativa depende, en definitiva, de la posibilidad del control ciudadano del poder, como ya dijo Stuart Mill en el siglo XIX. James Madison, uno los “Founding fathers” de Estados Unidos había avisado en los “Federalist papers” que “El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia. Aquellos que se quieran gobernar a sí mismos deberán armarse con el poder que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una farsa, de una tragedia o quizá de ambas”. Si como dice el también jurista norteamericano Louis Brandeis el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano para desempeñarlo bien está claro que hay que estar muy bien informado.

La idea subyacente es muy simple: los ciudadanos tienen que tener toda la información disponible para estar vigilantes y poder asegurarse de que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no solo de unos pocos, ya se trate de oligarquías, cúpulas de partidos o grupos de interés. Y para poder exigir, en su caso, la rendición de cuentas en los casos en que de esa información se desprenda que las conductas de los dirigentes se apartan de los conceptos de buena gestión o constituyen supuestos de despilfarro o corrupción.

Pues bien, el día 10 de diciembre entra en vigor la ley estatal de transparencia y buen gobierno, ley 19/2013 de 9 de diciembre, después de un año entero de “vacatio legis”, aunque solo para el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales tienen otro añito más de gracia.  ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues me temo que no. Porque una cosa son las leyes, o los papeles, y otra cosa son los hechos, o la cultura. En España sigue sin haber cultura de la transparencia (recuerden el reciente episodio del pacto para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa. Está claro que la demanda de transparencia en la ciudadanía va en aumento, y esto es una muy buena señal, pero falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado y que lo demás es relaciones públicas, la transparencia consiste en informar de algo que alguien preferiría mantener oculto, y lo demás es propaganda

Flash Derecho: Jornada sobre Transparencia vs Corrupción en el CSIC

 

El jueves día 4 de diciembre por la mañana en el auditorio del CSIC la plataforma G2020 organiza una jornada sobre Transparencia vs Corrupción en la que intervendrán Elisa de la Nuez y Fernando Rodriguez Prieto, dos de nuestros coeditores. Para los que estén interesados en acudir, aquí tienen todos los datos  http://plataformadelasociedadcivil.org/393/

 

 

Imagen evento

¡Ay, Derecho! El verdadero discurso de la CNMC

Hace unos días tuvimos noticia de que el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, habría asistido como invitado a una reunión del Consejo Empresarial para la Competitividad, una agrupación de grandes empresas presidida por César Alierta y de la que forman parte compañías como Iberdrola, Mapfre, Repsol, etc. El encuentro, de carácter confidencial, se habría desenvuelto en un ambiente afable y no se habría oído ningún reproche por parte de ningún directivo de esas empresas.

Uno podría pensar que es muy rara tanta afabilidad y buen rollo en un encuentro entre el máximo responsable de la autoridad española de la competencia y las grandes empresas a las que tiene que vigilar y, en su caso, sancionar (imponiendo en ocasiones multas millonarias). Pero el caso es que los medios de comunicación han recogido el encuentro de Marín Quemada con este lobby empresarial subrayando el tono cordial y de guante blanco que lo habría presidido.

Por fortuna, ¿Hay Derecho? ha tenido acceso al discurso efectivamente pronunciado por el presidente de la CNMC y ha decido, para evitar más equívocos y suspicacias, publicarlo íntegramente por el interés que suponemos tiene para nuestros lectores:

“Estimado Presidente,

Estimados miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad,

Tengo que empezar mi intervención confesándoles mis dudas sobre si debía aceptar la invitación que han tenido la amabilidad de cursarme. Como sabe cualquier persona que conozca aunque sea mínimamente qué es la defensa de la competencia, desde Adam Smith las reuniones a puerta cerrada con los empresarios provocan cierta prevención en las autoridades de competencia. Seguramente merece la pena recordar la famosa frase del autor de La Riqueza de las Naciones: los comerciantes del mismo gremio rara vez se reúnen, siquiera para pasar un buen rato, sin que terminen conspirando contra el público o acordando alguna subida de precios“.

En segundo lugar, provocaba mis dudas el hecho de que se trate de una reunión con contenido confidencial. En el proceso de regeneración que está viviendo nuestra sociedad es importante que también los Gobiernos, los grupos de presión, los lobbies, las asociaciones y las empresas actúen con transparencia. No sé si después de mí alguien dirá algo que merezca ser conservado en secreto: de lo que sí estoy seguro es de que nada de lo que yo pueda decir aquí no se pudiera decir en público y a plena luz del día.

Es cierto que la transparencia, cuándo es asimétrica, puede hacer nuestro trabajo mucho más difícil. Pero nuestro deber de transparencia ha de entenderse sin recovecos, en servicio y beneficio de los ciudadanos que reciben el impacto de nuestras decisiones y para los que trabajamos.

Pero sobre todo, en la CNMC no tenemos nada que ocultar, podemos ser transparentes porque nuestra actuación está guiada por una serie de principios, entre los que destaca por encima de todos la defensa de los intereses de los consumidores, beneficiarios últimos de la política de defensa de la competencia.

Me impone, por último, tengo que confesarlo, el lugar en el que estamos: impone el genius loci, el reunirnos en la sede del antiguo monopolista de las telecomunicaciones, en una empresa que, como Telefónica, ha sido tantas veces sancionada por las autoridades de competencia españolas y comunitarias…

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Veo entre los presentes a representantes de algunas de las empresas que han sido sancionadas en el pasado, algunas en reiteradas ocasiones, por conductas contrarias a la competencia, tanto en el ámbito de los acuerdos prohibidos entre empresas como por abusos de posición de dominio en el mercado.

La defensa de la competencia es un oficio difícil: en él, es difícil hacer amigos. La Ley nos obliga a imponer multas, que pueden llegar a ser muy cuantiosas a las empresas que realicen conductas anticompetitivas. Pero debo ser aquí meridianamente claro: no habrá ninguna condescendencia con este tipo de prácticas: seremos todo lo contundentes que nos permita la Ley para disuadir y erradicar estas conductas, tan deletéreas para los consumidores y para el conjunto de la economía.

Pero el perjuicio para la economía nacional derivado de las restricciones de la competencia no se limita a estas prácticas ilegales. Muchas veces las empresas encuentran una vía más segura para restringir la competencia: el Boletín Oficial del Estado.  La CNMC debe ser firme también en la exigencia a los poderes públicos para que eliminen las barreras a la competencia que existen en numerosos sectores de la economía española. Y, desde luego, también debe tratar de evitar que impongan nuevas trabas al ejercicio de la libre competencia.

Quiero ser completamente franco con ustedes hoy. El grupo que forman las empresas a las que ustedes representan lleva el nombre de consejo “para la competitividad”. Quizá no para todo el mundo es evidente la contradicción de ese objetivo de ganar competitividad en el conjunto de la compañía, con la pertenencia al grupo de algunas de las empresas que más han contribuido a restringir la competencia en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la banca, etc., etc.

En la medida en que los distintos sectores de nuestra economía se hallan interrelacionados, la existencia de sectores injustamente excluidos de la competencia perjudica a otros sectores que deben soportar el sobrecoste artificial de los productos o servicios provenientes de aquellos sectores protegidos de la competencia, como la electricidad, las telecomunicaciones o los carburantes.

Desde este punto de vista, es irrelevante que las restricciones a la competencia vengan dadas por una empresa (que pueda abusar de su posición de dominio), un grupo de empresas (que formen por ejemplo un cártel) o por una regulación incorrecta sancionada y permitida por las Administraciones Públicas. En cualquiera de estos casos, estaremos ante unos operadores económicos que se benefician de una posición privilegiada, que limita la competencia a costa de la renta de los consumidores o de los recursos de otras empresas que operan en mercados sin este injusto tratamiento de favor.

Pero es que, además, no en todos los sectores es igual de fácil excluir la existencia de una competencia efectiva: sectores más atomizados o más oligopólicos, con mayores o menores barreras de entrada, con mayor o menor facilidad para articular los intereses y lograr de las Administraciones Públicas una regulación protectora. Lo importante es que los sectores con menor competencia efectiva suponen una carga que tiene que soportar el resto de sectores y un lastre para su competitividad nacional e internacional.

Me interesa destacar aquí, por último, que los efectos de esas restricciones impuestas por la normativa sectorial son muy parecidos a los efectos negativos de los cárteles. Es posible que estas regulaciones, por la estabilidad que otorgan a las restricciones a la competencia, sean todavía más nocivas.

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Voy concluyendo. En febrero de 1902, J.P. Morgan, el banquero J.P. Morgan acudió a la Casa Blanca para mantener una reunión con el presidente Theodore Roosevelt y el fiscal general Philander Knox. El gobierno norteamericano acababa de anunciar una demanda judicial contra Northern Securities, el monopolio de los ferrocarriles que acababa de crear Morgan. Como pueden imaginar, la reunión fue muy tensa: el banquero Morgan insistió en los beneficios que supondría su empresa para la prosperidad y la competitividad de la economía de los Estados Unidos. Morgan insistía en llegar a un acuerdo y dijo al presidente: “si hemos hecho algo incorrecto, mande a sus hombres a hablar con mi gente y ellos llegarán a un acuerdo…”. Sin embargo, Roosevelt se mantuvo firme: “no hay nada que hacer”, dijo. Y el fiscal Knox apuntilló: “No queremos llegar a  ningún acuerdo: queremos pararlo”.

Esta es, creo yo, la posición que deben tener los órganos reguladores y supervisores frente las empresas reguladas y supervisadas. Es muy fácil, más fácil de lo que parece caer en lo que los anglosajones llaman la “captura del regulador”. Y creo sinceramente que de puertas giratorias y reguladores capturados la sociedad española ya ha tenido bastante.

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Termino. No hay otro camino para la renovación de la economía española que la introducción de mayores dosis de competencia en un gran número de mercados: es una necesidad si de verdad queremos aumentar la competitividad de nuestras empresas. En el largo plazo es una posición ganadora para  todos.

En sus manos está liderar este proceso o intentar retrasarlo. Yo estoy convencido en cualquier caso de que la sociedad demanda cada vez más competencia y de que es un proceso que no tiene freno.

Muchas gracias.”

Nota de los editores: el Critilo que figura como autor en este post es el seudónimo oficial de este blog desde antiguo, por lo que no le son imputables comentarios que con el mismo nombre se han hecho en otros post sobre la temática del CNMC en Nada es Gratis.

La transparencia: concepto dinámico en constante formación

Está a punto de entrar en vigor, en lo que afecta al derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Veremos cómo se aplica. De entrada, ya tenemos nueva Presidenta (“in pectore”, puesto que la tiene que refrendar el Congreso) del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, María Esther Arizmendi, hasta recientemente Directora General de Modernización Administrativa, procedimientos e impulso de la Administración Electrónica dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En fin, alguien de la casa o todo queda en casa, que viene a ser lo mismo.

Porque hay que tener en cuenta que la transparencia es, sobre todo, un concepto dinámico. Por ejemplo, como comentamos en el artículo “La carta del BCE al Ex Presidente Zapatero o en dos tardes aprenderás lo que es la transparencia”   el Banco Central Europeo era reacio a hacer públicas sus cartas dirigidas a autoridades nacionales a las que imponía duros deberes. Mientras tanto, dejando un poco en evidencia a la institución europea, algún espabilado –como el señor Rodríguez Zapatero hacía pública la carta que le dirigió el BCE en sus memorias cuando era Presidente del Gobierno español. Tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo Europeo para que el BCE explicara sucintamente el contenido de la misiva. El Banco Central se negó posteriormente a hacer pública la carta dirigida al señor Zapatero, incluso después de que éste la hiciera pública.Pues bien, el Banco Central Europeo ha rectificado, siempre impulsado por la actividad del Defensor del Pueblo Europeo y publica varias cartas sobre Irlanda escritas en 2010. Algo es algo, aunque sería conveniente no tener que esperar, dado que retarda considerablemente la publicidad, a la intervención de las instituciones de garantía (consejos de transparencia, defensor del pueblo, tribunales, etc), para conseguir el acceso a los documentos oficiales. Da la impresión, en estos casos, de que estamos ante una transparencia forzada y retardada y además es indudable que la información pierde valor con el tiempo.

El caso es que la transparencia no depende tanto de las leyes que la imponen como del ánimo de las autoridades de ser transparente. Es una cuestión de voluntad política de forma que se puede ser muy transparente sin ley de transparencia y muy opaco con ley de transparencia.  Por tanto, habrá que estar atento a la aplicación en nuestro país de la ley a estrenar y de las decisiones de las autoridades públicas y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En este sentido el nombramiento para este órgano de una funcionaria sin mucha proyección ni experiencia previa en este ámbito hace pensar que se ha elegido un perfil conservador o dicho de otra forma, que no se quieren sustos en este frente.

No solo eso: la transparencia depende en buena medida de una actitud personal del cargo público o incluso de una determinada cultura en ciertos organismos públicos. Así,  acaba de suscitarse un debate en el Parlamento español (como en su día ocurrió en el Parlamento británico) respecto al control de los gastos de viaje de nuestros parlamentarios. Rápidamente, el señor Presidente del Congreso de los Diputados (institución con una de las peores páginas web que existen, dicho sea de paso ) ha salido a defender el secreto de los viajeros señalando que no es partidario de controlar la actividad del diputado “que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos discreto”. Añadiendo que no debe de ser la Presidencia, ni el Congreso en general el que haga ese control cuando se trata de “actuaciones políticas” sino que deben hacerlo los propios partidos Aquí pueden encontrar sus declaraciones. Finalmente se ha alcanzado un acuerdo PPSOE de mínimos que pueden encontrar aquí y que es francamente decepcionante, por decirlo con elegancia. Básicamente ellos seguirán controlando los viajes que pagamos con nuestro dinero.

Porque lo de deferir el control a los partidos políticos francamente a estas alturas suena a tomadura de pelo. Esta actitud no parece que sea la deseable pocos días antes de que comience su andadura la Ley 19/2013 y su flamante Consejo. Porque además resulta que uno de sus grandes defectos es que la actuación de las Cortes Generales solo queda sujeta a las obligaciones de transparencia en lo que se refiere a sus actuaciones sujetas a Derecho administrativo, entre las que no se encuentran, en principio, los viajes de los parlamentarios. Esta limitación resulta muy criticable más allá de cuestiones técnicas o formales (como la conveniencia o la oportunidad de que se regulen estas obligaciones en los Reglamentos de las Cámaras) pues lo cierto es que hubiera podido ampliarse el ámbito de estas obligaciones de transparencia si hubiera existido voluntad política de hacerlo, como sucede en otros países cuyas leyes de transparencia permiten el acceso a la información referente a las propias funciones legislativas del Parlamento y, por supuesto, a los gastos en los que incurren los diputados con cargo a su presupuesto y por tanto al dinero del contribuyente.

No obstante, cabe pensar que dado que estamos hablando de controlar el (buen) destino que hacen los parlamentarios de nuestro dinero, debería entenderse que esto es simplemente cuestión de voluntad política, pues en definitiva no se trata de otra cosa que de justificar un gasto, como se hace en cualquier otro ente social en el que se maneja dinero ajeno. La actitud contraria a la transparencia, el oscurantismo, en estos casos puede resultar sospechoso. Quien está haciendo un buen uso del dinero público nada tiene que perder dando la información. Quizá por eso algunos parlamentarios, como los pertenecientes al Grupo de UPYD no tienen problema en hacerlo. Por el contrario, la opacidad parece que implica querer continuar haciendo con el dinero público lo que a cada cual le parezca, como si los gastos de viajes fueran, más bien, una especie de “sobresueldo”.

En fin, como parece que a sus Señorías les falta esa voluntad, puede ser interesante apoyar las propuestas que acaba de hacer Acces Info Europe, la Fundación Civio y Qué hacen los diputados  para exigir esta publicidad y que pueden encontrar aquí. Para demostrar que es perfectamente posible ser transparente con o sin ley, y que todo es cuestión de voluntad política, incluso sin acudir al ejemplo de USA, UK o Chile, países donde los viajes de los parlamentarios son públicos, en España el CGPJ (con la misma regulación de las Cortes Generales en la Ley de Transparencia) parece que  ha optado por otro camino. Algunos descontentos hablan de “control político” de los viajes, pero ciertamente los contribuyentes preferimos saber a donde y por qué viajan los señores vocales con nuestro dinero.

 

 

La persecución selectiva como otra forma de corrupción

Estamos pasando una época especialmente convulsa y desasosegante en este país en el que nos ha tocado vivir, a la mayoría, por desgracia, sin poder elegirlo. La oscura financiación de los partidos políticos, la aguda crisis separatista en Cataluña con el esperpento del referéndum ilegal, la corrupción política que nos rodea por doquier, el impresentable escándalo de las tarjetas “black” de los amigos del Sr. Blesa, las múltiples hazañas de la familia Pujol, los dineros derrochados por los sindicatos en cursos de formación y otras poco edificantes actividades, la imputación de la Infanta Cristina, las cuentas de algunos golfos en paraísos fiscales, los negocios y viajes de placer de otros con dinero público, y bastantes otras miserias que van apareciendo a diario en los medios de comunicación están generando en los ciudadanos de a pie una sensación de hartazgo y de saturación ante los políticos y la política que no se había conocido en España desde la restauración de la democracia.

Frente a todo ello están produciéndose, de forma bastante visible y simultánea, dos fenómenos reactivos: Por un lado, la desafección general de los ciudadanos ante la clase política en general, es decir, ante la “casta” que nos ha gobernado con alternancia en los últimos 30 años, que da lugar a la búsqueda desesperada de alternativas ajenas al sistema, de ahí el auge espectacular del inquietante fenómeno “Podemos”; por otro lado surge también una importante reacción defensiva de la “casta” gobernante, temerosa de perder sus privilegios, que trata de escenificar y vendernos a todos un mayor vigor y rigor en la lucha contra la corrupción política y económica. De ahí que empecemos a ver, en los últimos tiempos, algunos hechos antes inauditos: a determinados políticos y ex altos cargos entrar en la cárcel (aunque algunos hayan sido condenados a sólo a unos meses de prisión), a la hermana del actual Rey a punto de ser juzgada por un delito contra la Hacienda Pública (pese a la defensa numantina que de ella hicieron la propia Hacienda perjudicada y el Fiscal, curioso azote de corruptos en otros muchos casos), a ciertos conocidos encausados devolviendo el dinero “distraído”, a algún ex Presidente autonómico, tantos años intocable, siendo investigado con aparente ahínco y notoriedad…

En mi pesimista opinión, que deseo contrastar con la suya, amables y agudos lectores y comentaristas del blog, todo ello no obedece a una verdadera intención de regenerar nuestro sistema político y la vida pública española en general. Antes al contrario, creo que estos recientes acontecimientos tienen un punto de ficción y de mediática representación teatral. Con toda sinceridad, tengo la impresión de que estamos asistiendo realmente a los agónicos y desesperados coletazos de la bestia, de esa “casta” que lleva gobernándonos más de seis lustros, para, aparentando y haciéndonos creer a todos que lucha contra sí misma, poder mantener la mayoría sus privilegios. “Que todo cambie para que no cambie nada” escribía Giuseppe Tomasi de Lampedusa en su magistral obra “El gatopardo”. Pues algo así …

Una de las formas más execrables e impresentables de corrupción, porque atenta contra todos los principios inspiradores de un Estado de Derecho, es la persecución selectiva de los corruptos. Y eso es lo que, en mi opinión, está sucediendo en los últimos tiempos en España. En nuestro país han gobernado desde la restauración de la democracia básicamente dos partidos políticos, especialmente tras la desaparición de la UCD, el PSOE y el PP. Analizando sus trayectorias de gobierno de los últimos treinta años, podemos comprobar con los hechos en la mano que uno de estos dos partidos no persigue nunca a los suyos cuando gobierna, hagan lo que hagan y les acusen de lo que les acusen, y el otro no controla a quien se persigue (porque suele tener ideológicamente en contra los elementos necesarios para ello), pero trata de salvar torpemente a algunos de los suyos, no a todos, cuando son perseguidos. Y ambos han coincidido tradicionalmente en mantener determinadas esferas de impunidad total alrededor de ciertas altas instituciones del Estado o de algunas Comunidades Autónomas, hicieran lo que hicieran y aunque sus turbias historias fueran notoriamente conocidas. “Razones de Estado” les llaman, para autoconvencerse,… o para engañarnos a todos. Y así seguimos. No voy a dar más datos concretos, pero seguro que todos ustedes pueden encajar muchas y conocidas piezas en este somero análisis de la histórica actuación de nuestros dos grandes partidos. Pero como ahora el viento viene huracanado y por la proa, los de siempre disimulan, amagan, hacen un quiebro de cintura, dejan caer a algunos de sus peones, a los que ya les resultan menos útiles o están más alejados del “núcleo duro”, o a los que han tenido la mala suerte de caer en lo obvio, en lo grosero, o en lo impresentable y difícilmente defendible, y lo hacen por necesidad, sin convicción alguna, como maniobra desesperada para salvar los muebles y sus cómodas poltronas en una situación de tormenta perfecta. En definitiva, “sueltan lastre”, siguiendo con la terminología marinera, pero con la intención de seguir navegando todo lo que puedan con su viejo cascarón de siempre.

Por ello, y a pesar de lo que intentan vendernos con estos últimos fuegos de artificio, no debemos pecar de ingenuos. En España, el Estado de Derecho es más una apariencia formal que una situación real. Como ya he escrito en alguna otra entrada publicada en este mismo blog (“Una democracia tuneada”), votar cada cuatro años sólo nos proporciona una pátina democrática, pero por sí sólo no nos garantiza nada más. El verdadero eje nuclear del Estado, es decir, la Hacienda Pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía, especialmente la Anticorrupción, están sujetos casi siempre, especialmente en asuntos mediáticos y políticos, a las instrucciones jerárquicas de los gobernantes de turno. O sea que no son en absoluto independientes, ni suelen actuar en estos temas sólo con criterios estrictamente profesionales. Y por ello, pese a los esfuerzos y el honrado trabajo de muchos de sus abnegados funcionarios, en materia política al final se acaba investigando o persiguiendo, selectivamente, a quienes los gobernantes de turno quieren, o no investigando a quienes los gobernantes no quieren, que al final es lo mismo. Y esto es también CORRUPCIÓN. Con mayúsculas y acento en la “o”. Regenerar España es algo muy diferente. Hay que hacer muchísimo más. Que dejen ya de engañarnos a todos, por favor.

Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: La doble moral o el doble lenguaje de la clase política

 

Los signos de que vivimos en tiempos de urgencia y de cambio se están multiplicando, pero quizás los más relevantes –además de los demoscópicos- son aquellos que ponen de manifiesto hasta que punto el doble lenguaje o la doble moral de nuestra clase política nos resulta insoportable, tanto desde el punto de vista intelectual como emocional. Manifestaciones  como la de la Secretaria General del PP, Dolores de Cospedal, en el sentido de que en su partido ya han hecho todo lo humanamente posible para combatir la corrupción,  simplemente suenan simplemente a tomadura de pelo. Sobre todo cuando son “compatibles” con la concesión del tercer grado a Jaume Matas, la espera indefinida (en su casa) del indulto de Carlos Fabra, el apoyo del partido al alcalde de Brunete o la foto de la reimputada alcaldesa de Alicante con el rey, por poner varios ejemplos recientes.  Lo mismo puede decirse de la rueda de prensa de Esperanza Aguirre mostrando su sorpresa y su escándalo por la prisión (sin fianza) de su ex mano derecha, o izquierda, Francisco Granados y de varios de sus compañeros de fechorías, todos ellos del PP de Madrid que ella, todavía, preside. No contenta con eso no tiene problemas en presentarse ante la opinión pública como “martillo de corruptos”. Bromas aparte –y ha habido muchas bromas en las redes sociales, porque ingenio no nos falta- conviene reflexionar sobre la gravedad de este tipo de declaraciones y lo que significan.

Efectivamente, este tipo de manifestaciones pone de relieve un doble lenguaje que recubre a su vez una doble moral a la que nuestra clase política está muy acostumbrada sobre todo en lo que se refiere a sus propias organizaciones. Desde un punto de vista “partidista” no parece existir ninguna incoherencia entre proclamar el respeto a las resoluciones judiciales y torpedear todo lo posible la labor de los jueces de instrucción que investigan la financiación ilegal o las tramas de corrupción que afectan a los partidos o entre proclamar la indignación ante la corrupción y los corruptos y mantener y apoyar a dirigentes políticos a los que se ha pillado “in fraganti” intentando comprar a concejales de la oposición, como en el caso del alcalde de Brunete –del que ya hablé en este mismo blog    Tampoco la lucha denodada contra la corrupción impide a dirigentes con una hoja de servicios supuestamente más intachable como Alberto Nuñez Feijóo “recolocar” más o menos discreta o indiscretamente a los que han tenido que dimitir “por la causa”, como ha ocurrido recientemente con el ex alcalde de Santiago, Angel Currás, nombrado delegado de la empresa pública TRAGSA en Galicia después de haber dimitido por estar imputado (él y otros siete ediles) en la denominada “Operación Pokemon”.

Y es que en el fondo de este doble lenguaje o esta doble moral subyace una idea muy peligrosa para la democracia: robar o mentir por el partido es “mejor” que robar o mentir en beneficio propio o particular y por tanto, en el fondo, no está tan mal. Pero sinceramente esta distinción, como bien recuerda Javier Pradera en clarividente libro póstumo  “Corrupción y política” (escrito en el año 1994 aunque publicado ahora) es más bien difusa, por lo menos para el común de los mortales. Por poner un ejemplo, para el ciudadano de a pie es poco relevante el que Bárcenas robase para sí, para el partido o para los dos a la vez. Pero la perspectiva es muy diferente desde el punto de vista de la organización. Por eso es posible que los responsables de las tramas de financiación ilegal de los partidos aparecen casi ante sus líderes y correligionarios  –cuando les pillan, claro está-  como una especie de mártires (“Se fuerte Luis”) que se sacrifican y sobre todo se callan por el bien de la organización. Esa es la razón, a mi juicio, por la que a tantos implicados en tramas de corrupción organizada que se ven obligados a dimitir por la presión de la opinión pública se les busca acomodo en otro sitio, siempre por supuesto a cargo del contribuyente. Eso sí, cuando se descubre que entre maletín y maletín algún dinero se ha despistado y no ha ido a parar a financiar campañas electorales, gastos corrientes o sobresueldos y gastos de protocolo de la cúpula sino a la cuenta en Suiza del interesado, los mismos líderes y compañeros de viaje son los primeros en rasgarse las vestiduras. Hasta ahí podíamos llegar.

En mi opinión parece claro que estas actuaciones opacas e ilegales en favor de un partido político -muy probablemente toleradas o incluso protegidas por sus dirigentes aunque probablemente no sea posible demostrarlo nunca en vía penal- son tremendamente dañinas y exigen la depuración de responsabilidades políticas por culpa “in eligendo” o “in vigilando”. Parece muy complicado a estas alturas sostener un discurso regenerador o luchar contra la corrupción presentando un cartel electoral con dirigentes bajo cuyos mandatos han florecido tramas mafiosas de corrupción organizada por muchos golpes en el pecho que se den y por muchas disculpas que se pidan a los ciudadanos. Y tampoco está de más recordar que de estas tramas de corrupción suelen salir beneficiados de forma indirecta estos mismos líderes al contar con más dinero que sus oponentes para sus campañas y también de forma directa, en la medida en que se satisfacen sus necesidades de sueldos, gastos de protocolo, viajes, etc, etc con cargo al partido. Esto por no hablar de los casos en que se han obtenido directamente regalos y favores de tramas corruptas, como ha ocurrido con el ex Presidente Camps o la actual Ministra de Sanidad Ana Mato.

Y es que como señalaba Javier Pradera en el libro antes citado, y aunque no es obligatorio tener que elegir entre dos males –como bien recordaba Hannah Arendt el mal menor sigue siendo un mal- probablemente es aún peor robar para el partido que para uno mismo. La actividad de financiación ilegal de los partidos vía comisiones o maletines en último término corrompe el sistema (ahí están las tramas mafiosas de corrupción ligadas a la contratación pública, las subvenciones o a las recalificaciones urbanísticas) destruye la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en último término pone en peligro la propia democracia.

No solo eso: la clave del regeneracionismo y de la lucha contra la corrupción pasa por impedir que los que dirigen los partidos y las Administraciones puedan hacer un uso patrimonial de las mismas no solo para aprovecharlas en beneficio propio y construirse unos chalets impresionantes sino también para utilizarlas en la construcción, mantenimiento y alimentación de redes clientelares de apoyo que socavan las instituciones y subvierten el Estado de Derecho. Claro está que es difícil que los viejos partidos que han hecho política durante casi cuarenta años permitiendo y fomentando estas redes clientelares sean ahora capaces de acabar con ellas.  Este es realmente su dilema y de ahí la creciente esquizofrenia que pone de relieve el discurso oficial o la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

En todo caso, creo que es muy sano ir acabando por el bien de todos con el doble lenguaje y la doble moral porque sencillamente la sociedad ya no está dispuesta a tolerarlo más. Aquí no debe haber más que una misma moral y un mismo lenguaje para todos. Seguro que así nos vamos a entender mucho mejor.

La Operación Púnica o como la corrupción destruye la convivencia social: Historias de Valdemoro

 

El nuevo escándalo de corrupción que en estos días está sacudiendo varios municipios de la Comunidad de Madrid, León y Murcia es un capítulo más en la larga lista de funestos sucesos que están minando la percepción de los ciudadanos sobre la clase política.

Dado que los medios de comunicación han desmenuzado concienzudamente toda la información sobre las andanzas de estos presuntos criminales me gustaría centrarme en dos aspectos menos analizados y comentados de la corrupción: la destrucción de la convivencia social en aquellos lugares donde se producen los casos de corrupción y la necesidad de que los ciudadanos tomemos la iniciativa para intentar poner coto a estos desmanes.

Como todos hemos conocido, los presuntos ideólogos de esta trama delictiva, Francisco Granados y David Marjaliza, proceden de Valdemoro, municipio en el que vivo desde que nací hace 36 años y del que procede toda mi familia paterna. Aunque actualmente tiene en torno a 70.000 habitantes, continúa siendo lo que comúnmente se considera un “pueblo”, en el que todo el mundo se conoce y en el que este caso de corrupción ha caído como una auténtica losa vergonzosa sobre los ciudadanos ¿Se imaginan cómo nos sentimos los ciudadanos de Valdemoro, sobre todo los que somos de allí “de toda la vida”, cuando vemos la plaza de nuestro pueblo cercada por 30 vehículos de la Guardia Civil y cuando vemos el nombre de Valdemoro como sinónimo de corrupción? Por no hablar de la crispación latente en las calles, en los supermercados, en cualquier conversación entre amigos o familiares… Si a las personas como ustedes lectores que están siguiendo este caso desde la distancia a través de los medios de comunicación este caso les produce repulsión, imagínense como lo estamos sufriendo los ciudadanos de Valdemoro, viendo cómo una banda de presuntos delincuentes mancha el nombre de nuestro pueblo.

Y si las personas mayores nos sentimos estafadas e indignadas, ¿han pensado alguna vez cómo perciben nuestros hijos estos casos de corrupción? Por desgracia he tenido que enfrentarme al desafío de explicarles a mis hijos todo lo sucedido, porque comparten colegio con familiares de los principales encausados. Y les aseguro que no es nada fácil hacer entender a un niño que la persona que aparece en la portada de su agenda escolar (el Alcalde de Valdemoro) es un presunto delincuente y que es necesario no culpabilizar a sus familiares con los que mis hijos comparten sus actividades escolares. Por no hablarles de los conflictos de los que he sido testigo entre padres del colegio y profesores, motivados por el tratamiento que hay que dar a este caso de corrupción entre los niños.

Este simple ejemplo de los problemas que este caso está produciendo en el colegio de mis hijos me lleva a reflexionar que la corrupción no solo tiene repercusión en la valoración de la clase política o en la imagen de España en el exterior, principales consecuencias que siempre se ponen de manifiesto, sino que daña gravemente la convivencia social en los lugares en los que se desarrollan, generando unos niveles de crispación difícilmente soportables y manejables de forma pacífica y democrática, crispación de la que se están aprovechando muchos demagogos de última hora para captar votos.

El otro aspecto en el que me gustaría centrarme es en el de la necesidad de que los ciudadanos pasemos a ser parte activa de la vida política de los municipios. Aunque el escándalo de corrupción haya estallado ahora mismo, ya existía en Valdemoro una iniciativa que partió de los propios ciudadanos hastiados de comprobar cómo el Ayuntamiento era gestionado a modo de “cortijo”. Esta iniciativa, denominada proyecto TUD – Transparencia, Utilidad, Distribución  lleva toda la legislatura actual intentando, a través del concejal obtenido en las últimas elecciones municipales, denunciar las irregularidades detectadas en las adjudicaciones públicas que se han realizado en estos años. Sin embargo, el rodillo del PP en el Ayuntamiento ha impedido que nada saliera a la luz hasta la intervención del juez Velasco. Es necesario, por tanto, que los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de participar de la vida política de nuestros municipios, exigiendo transparencia en la gestión pública, con la finalidad de eliminar la sensación de total impunidad en la que parecen asentados nuestros políticos. No me cabe la menor duda que una participación más activa de los ciudadanos en el control de los gobiernos municipales limitaría la aparición de casos de corrupción como estos. Ejemplos como esta iniciativa ciudadana, que afortunadamente están surgiendo en numerosos municipios españoles, invitan a pensar que aún hay esperanza de conseguir una gestión pública transparente, eficiente y al servicio de los ciudadanos y no de un puñado de corruptos.

Sin embargo, siendo grave el deterioro de la convivencia social que la corrupción genera allí donde anida, lo que es verdaderamente preocupante es la imagen que las nuevas generaciones (no las del PP, claro) están percibiendo de la corrupción. Nuestros hijos están viendo cómo personas que ostentan cargos de responsabilidad en las instituciones que deberían velar por el bien común de todos los ciudadanos están entrando en prisión por un afán desmedido de lucro que les lleva a cometer todo tipo de fechorías. ¿Cómo podemos transmitir a los niños y jóvenes que la razón de ser de la acción política debería ser la vocación de servicio público ante ejemplos tan nefastos como los que hemos podido ver en estos días? Sin duda alguna los padres y educadores tenemos un apasionante reto para contribuir a la regeneración democrática de este país, inculcando a nuestros hijos el valor de virtudes como la honradez, la templanza o el esfuerzo.

Esperemos que casos como esta Operación Púnica despierte las conciencias de tanta gente honrada como existe en España para que den un paso adelante y comprometido en la defensa del bien común y para que las siguientes generaciones encuentren ejemplos de gestores públicos honrados que miren más allá de asegurarse la jubilación con una cuenta en Suiza.

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.

Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, “es dimitido” a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.

Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, “el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.

No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:

Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.

Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un “colchón de confianza”. A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.

Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.

En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.

Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.

El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.

De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.

 

 

Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: “Corrupción política y democracia…20 años más tarde”

 

Leyendo el libro de Javier Pradera “Corrupción y política” de Galaxia Gutemberg,  escrito en 1994 titulado “Corrupción y política. Los costes de la democracia”  me he quedado asombrada por su actualidad. Cualquiera de sus capítulos podría estar escrito hoy; solo hay que cambiar los ejemplos, sustituir “Filesa” o Naseiro por “Gurtel” o Bárcenas, Mariano Rubio por Miguel Blesa o Rodrigo Rato, Roldán por cualquiera de los Oriol, colocar en lugar de Juan Guerra al pequeño Nicolás, o en vez de hablar del fraude en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea (entonces gestionados por el FORCEM) hablar del fraude  en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea gestionados por Gobiernos regionales de distinto signo, aunque liderados, sin duda, por la Junta de Andalucía.

No solo el libro es absolutamente actual, también el diagnóstico es absolutamente certero, y apunta al corazón del régimen democrático iniciado en la Transición. Entre los aspectos más preocupantes que destaca Javier Pradera y que también hemos denunciado constantemente desde el blog ¿hay derecho? se encuentra la “piedra de toque” de todo el sistema: la reducción interesada de la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Según esta tesis, tan querida para nuestros  líderes políticos desde Felipe González hasta Mariano Rajoy, desde los GAL o Filesa hasta Bárcenas o el dinero negro del PP, no puede hablarse de responsabilidad política sin que exista antes una condena penal. O por lo menos sin que se abra el juicio oral, es decir, sin que el político de turno se siente en el banquillo de los acusados. De acuerdo con esta cómoda tesis la imputación penal a estos efectos no es relevante para exigir responsabilidades políticas, ni en forma de dimisiones ni de ceses. Por esa regla, nuestros viejos partidos están llenos hasta la bandera de políticos imputados, algunos hasta “reimputados” como la famosa alcaldesa de Alicante.  Por otro lado, el apego al cargo que demuestran nuestros políticos se explica también desde un punto de vista racional, dado que muchos cargos, especialmente los representativos, llevan aparejado el aforamiento, con las indudables ventajas que este supone y que ya hemos comentado en otros artículos. 

Claro está que esta tesis es letal para la lucha contra la corrupción y, en último término, para la propia democracia. Como también señala Javier Pradera, la cuestión es que tanto el Código Penal como las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están pensadas para algo muy distinto. Las conductas tipificadas en el Código Penal están diseñadas para defender al individuo frente a las agresiones más graves de otros individuos o incluso del propio Estado, mientras que las numerosas garantías de nuestros procedimientos de instrucción y de enjuiciamiento están diseñadas para evitar arbitrariedades e injusticias por parte del propio Estado contra sus ciudadanos, tan frecuentes en el Antiguo Régimen, donde a la gente se la encarcelaba sin muchos miramientos y sin juicio. En definitiva, ni nuestro Código Penal ni nuestras normas de enjuiciamiento criminal están pensadas para luchar contra la corrupción política y menos aún si está generalizada o institucionalizada. Por eso resultan tan poco eficientes para combatirla.

Con esto no quiero decir que no haya que meter a los corruptos en la cárcel ni mucho menos. Simplemente lo que intento subrayar es que no la vía penal no resulta adecuada para depurar las responsabilidades políticas por los escándalos de corrupción y menos si son sistémicos. Aunque la Administración de Justicia española fuera más independiente, tuviera más medios y fuese mucho más eficiente lo cierto es que tampoco estaría en condiciones de imputar al Gobierno en pleno de la Junta de Andalucía o a toda la cúpula directiva del PP y eso aunque se llegase a demostrar su implicación directa en el asunto de los ERES o en la financiación irregular del partido, dinero negro incluido. Combatir la corrupción institucional solo a golpe de Código Penal es una tarea titánica que queda fuera del alcance de cualquier Juez por aguerrido que sea.  En definitiva,  no se puede enjuiciar a todo el régimen del 78 en vía judicial, ni es probable que veamos a Ministros, Consejeros o alcaldes en activo en la cárcel, por muy tentadora que resulte esta imagen para la hastiada ciudadanía.

En mi opinión lo que hay que hacer en primer lugar es modificar de una vez la socorrida doctrina que identifica responsabilidad política -en el ámbito de la corrupción o el despilfarro- con responsabilidad penal, y que exige para los “presuntos” políticos corruptos la misma presunción de inocencia que solo se aplica a los “presuntos” delincuentes.  Se trata simplemente de avanzar hacia los modelos democráticos de países más avanzados donde la responsabilidad política es independiente de la civil o penal, y es exigible inmediatamente y mucho antes de que exista cualquier procedimiento judicial. Los ejemplos de las dimisiones o ceses en países como Alemania, Suecia o el Reino Unido por casos infinitamente menos graves que los que vemos a diario en España, incluso en casos donde no es probable que haya ningún tipo de responsabilidad penal, son el ejemplo a seguir.

Pero claro está, para que nuestros políticos cambien de criterio que haber una demanda social clara que les obligue a hacerlo. Porque la corrupción es también una cuestión sociológica. Los especialistas suelen hablar de “zonas grises” o “blancas”, para referirse a prácticas que pueden no estar tipificadas penalmente o incluso que pueden estar más o menos aceptadas socialmente. ¿Es corrupción colocar a la familia de los Consejeros en el Tribunal de Cuentas? ¿Es corrupción colocar a militantes del partido al frente de instituciones supuestamente independientes? ¿Contratar a empresas o personas “de confianza” cuando se ostenta un cargo público? ¿Pagar en negro las obras de la sede del partido? ¿Abusar del cargo público para obtener ventajas o privilegios que no se obtendrían de otra forma? ¿Utilizar para gastos personales las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿Cobrar dietas de mantenimiento en el mes de vacaciones? ¿Tener dinero en cuentas en Suiza? De la contestación que demos a estas u otras preguntas parecidas dependerá el nivel de tolerancia de la sociedad española frente a la corrupción, y ese nivel no siempre ha sido muy exigente. Parece claro que en España se han tolerado este tipo de prácticas durante demasiado tiempo, aunque también es cierto que muchas de ellas y, sobre todo, su grado de profundidad y de generalidad no eran totalmente conocidas, como demuestra el escándalo que ha suscitado el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid.

En cualquier caso lo que revela el libro de Pradera -como también el de Alejandro Nieto de 1997 “Corrupción en la España democrática”- es que todos los síntomas de la enfermedad que hoy parece terminal estaban ahí, a la vista, para quien quisiera verlos, pero que todos, políticos y ciudadanos preferimos no hacerlo.  Cuando llegó al poder el PP en el año 1996 decidimos que todos los problemas de corrupción iban a desaparecer porque había un cambio de partido, de personas, y de discurso. Pero la realidad es que no se abordaron los cambios estructurales que hubieran hecho posible atajar la corrupción política y acabar con la impunidad. La prueba es que los escándalos de corrupción actuales son los mismos que los de entonces, ya se trate de financiación ilegal de partidos, cobro de comisiones, contrataciones o subvenciones amañadas, despilfarro, nepotismo y clientelismo; solo que corregidos y aumentados hasta extremos insospechados. 

Por tanto, conviene ser conscientes de que la tesis de que la responsabilidad política no es exigible hasta que se confirme la responsabilidad penal, enunciada por primera vez por el PSOE de Felipe González a raíz del “caso Guerra” y defendida con el mismo entusiasmo por Mariano Rajoy en su ya famosa comparecencia el Parlamento a raíz del “caso Bárcenas” el 1 de agosto de 2013, ha dado alas a la corrupción política institucionalizada y ha minado nuestra democracia. A estas alturas, parece complicado reparar los daños causados con un acuerdo entre los principales responsables para adoptar “medidas de regeneración democrática”. Sencillamente, no tienen credibilidad ninguna.

¿Resulta transparente y gobernable el nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

El miércoles 5 de noviembre se ha publicado en el BOE el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por ahora dejaremos el “pequeño” detalle de que este Estatuto se adopte antes de que se haya elaborado el reglamento de la Ley de Transparencia (¿tendrá algo que ver que se haya presentado como una medida “estrella” más en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno?).

Lo que vamos a analizar en este post es si la regulación del Consejo hace honor a su nombre, porque si no mal empezaríamos.

¿Es transparente?

Pues no parece que mucho, la verdad. Por de pronto, no queda claro cuál va a ser el rango del presidente, ni por tanto su salario. Tampoco se establece cuál es el régimen de dietas (o si no lo van a percibir) los vocales. Y no se dice expresamente que la asistencia jurídica que el art. 26 atribuye a la Abogacía del Estado va a suponer un coste adicional (tampoco se señala cuál, en realidad no se sabe cuánto cuestan estos convenios) dado que se remite a la fórmula de convenio que prevé el art. 1.4 de la Ley  52/1997, que dice:

“4. Salvo que sus disposiciones específicas establezcan otra previsión al efecto, podrá corresponder a los Abogados del Estado la asistencia jurídica a las entidades públicas empresariales reguladas en el capítulo III del Título III y disposiciones adicionales octava, novena y décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio al efecto, en el que se determinará la compensación económica a abonar al Tesoro Público”

Por tanto, la dicción de la Disposición adicional única “no incremento de gasto” no solo no resulta realista sino que es falsa. En efecto, salvo que el proyecto especificara qué unidades u organismos van a quedar suprimidos (en un principio de habló de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas) para proveer  locales y personal al nuevo Consejo, su creación va ineludiblemente a determinar nuevos costes, tanto en edificios como en personal, ya que no se fija que la nueva relación de puestos de trabajo determinará que se dé de baja a un número similar en el Ministerio del que procedan. El gobierno (a través del propio Ministerio de Hacienda) por tanto hace una declaración que sabe no va a cumplir.

¿Es ejemplo de buen gobierno?

Por de pronto no parece que la composición y forma de nombramiento de los miembros de la Comisión (y de su presidente) garantice la independencia del nuevo Consejo, antes al contrario. Es cierto que la ley condiciona en gran medida el quién, pero el cómo el real decreto lo podría haber complementado de forma adecuada o sujetado a reglas algo más estrictas. Que un diputado y un senador, además de representantes del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, de la Agencia de Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (art. 13), vayan a actuar con independencia y no reciban instrucciones queda en el reino de los deseos. De hecho, salvo en el caso del presidente ni siquiera se declara, lo que presume que las instrucciones van a existir.  Al menos habría que prever su abstención cuando resuelvan asuntos que afecten a las instituciones que representan.

En cuanto al presidente cierto es que se somete a aprobación de una comisión del Congreso, pero los requisitos para su nombramiento son bastante laxos (“reconocido prestigio y competencia profesional”), y ni siquiera se exige unos ciertos años de experiencia. Veremos a quién nombran, pero los precedentes de órganos reguladores no nos permiten ser muy optimistas.

Por último, no queda claro quién y cómo van a desempeñar las labores de secretaría general, esto es quién se va a ocupar de nóminas, contratación, personal, presupuestos e intendencia. ¿Será tan transparente este órgano que no se puede ver en la estructura que se propone? Por no hablar de las potenciales disfunciones y duplicidades que este organismo puede tener con la Oficina de conflictos de intereses.

En definitiva, un precedente poco alentador para un Consejo de “Transparencia y Buen Gobierno” que pretende nacer con vocación de cambiar las cosas.

Corrupción normal y síndrome de inmunodeficiencia política

La normalidad presenta su amenaza política. Especialmente porque su faz amenazante no se percibe como tal. Quién podría temer ante lo normal: quién podría temer ante lo que acaba percibiéndose como cotidiano, habitual, extendido, previsible, lógico, esperado o inevitable. Cuando Adorno advirtió que la normalidad era “la enfermedad moral” del siglo XX, nos dejó una advertencia que conserva su vigencia en el XXI.

Las frases hechas alimentan acciones… por hacer. Esas frases hechas que subrayan la normalidad de la corrupción, alguna incidencia encerrarán en cuanto a la tolerancia que se le acaba brindando a esa corrupción. El caldo de cultivo que se gesta con palabras (a golpe de tópico y lugar común) presentará su plasmación práctica a través de los hechos. Al fin y al cabo, la primera función de los tópicos es “volvernos normales”: “acomodarnos al grupo, arroparnos con lo que se lleva (…)” (Aurelio Arteta, 2012. Tantos tontos tópicos. Ariel, 

Mi país se corrompe lo normal

Algunos estudiosos indican que la corrupción que se vive en España es equiparable a la de otros países de su entorno. Vienen a decir que si nos pusiéramos a comparar cifras, índices, variables y estadísticas, observaríamos un nivel “normal” de corrupción. A mí me cuesta comprender este tipo de afirmaciones. No estoy diciendo que quienes realizan ese diagnóstico estén justificando la corrupción. Tan sólo muestro mi perplejidad, puesto que medir la cantidad de corrupción no nos lleva al meollo del asunto.

Por una parte, porque la cantidad de corrupción detectada no nos clarifica la corrupción inadvertida. Pasa algo parecido a lo que sucede con el narcotráfico: los alijos de droga requisados no son el todo de la mercancía entrante.

Pero a su vez, convendrá subrayar que lo prioritario no es lo cuantitativo (cuánta cantidad de corrupción aflora), sino lo cualitativo (si funcionan o no los contrapesos democráticos que permiten detectar esa corrupción; y qué respuesta institucional y electoral se le brinda a la corrupción, una vez que ésta ha aflorado).

Dicho de otra forma. Dado que lo peor no es la corrupción, sino su impunidad, la mayor alarma debiera brotar cuando constatemos (a) impunidad de partida, (b) impunidad penal y (c) impunidad en las urnas:

(a) si en un país han sido erosionados los mecanismos de control y vigilancia (los clásicos checks and balances que caracterizan a toda democracia que se precie), habrá un porcentaje alto de corrupción que ni siquiera llega a visualizarse;

(b) si en un país la corrupción acaba saliendo gratis desde el punto de vista judicial, eso denotará el correspondiente deterioro de las instituciones, eso denotará que falla la división de Poderes, eso volverá a denotar, en definitiva, el mal funcionamiento del Estado de Derecho;

(c) si en un país la corrupción es votada en las elecciones, eso evidenciará que parte de la ciudadanía ha querido hacerse cómplice de tales manejos. La culpabilidad no será la misma, pero la responsabilidad (en tanto que ciudadanos) nos alcanza a todos.

En consecuencia, cabe desmontar esa supuesta normalidad que algunos atisban. Aunque el número de casos de corrupción estuviera en parámetros “normales” (entre comillas); no puede ser normal la existencia de agujeros negros en los que la corrupción resulte inescrutable; y no puede ser normal que la corrupción resulte impune en los tribunales; y no puede ser normal que la corrupción sea votada con el bochornoso alborozo con que ha venido votándose.

Asimismo, tampoco podrá eludirse la (d) impunidad corporativa ni la (e) impunidad mediática:

(d)  si en un país, la corrupción es amparada por el partido en el que surgió (o es amparada por el sindicato, patronal, ONG, confesión religiosa, colegio profesional o entidad correspondiente en la que pudiera haber surgido), eso mostraría que no funcionaron los mecanismos de autocontrol propios. Es decir, al margen de que pudieran haber fallado los controles legales externos, también habrían fallado los controles éticos internos (códigos de autorregulación, códigos de buenas prácticas, controles de calidad…). Puede que esos mecanismos internos de supervisión funcionaran hasta una fase, pero si finalmente las señales de alarma se encubren y las responsabilidades no se depuran, la resultante es ese clima de impunidad al que estamos apuntando.

(e) si en un país, ciertos medios de comunicación respaldan la corrupción de los suyos, eso ilustra que no preocupa la corrupción: al menos no tanto como los intereses que llevan a silenciarla. Cuando aludimos a la corrupción de los suyos nos referimos a la de sus afines y comparsas: aquellos a los que el medio de turno se siente ideológicamente cercano y/o aquellos a quienes debe la correspondiente contraprestación (contraprestación por haber recibido, o estar a la espera de recibir, favores para su grupo multimedia). Si ciertos medios se muestran combativos sólo con la corrupción que afecta a los otros (a los que no son próximos o a los que no van a potenciar sus intereses), eso ejemplifica que no preocupa la corrupción, sino el negociado. El respaldo mediático a la corrupción adquirirá variadas formas: desde la minimización de la información incómoda, hasta la directa ocultación de la misma, pasando por todo tipo de tergiversaciones o irracionales explicaciones, para acabar atemperando la gravedad o acabar desembocando en abstractas e injustas generalizaciones (dado que la corrupción está en todos-todísimos… sigamos apostando por los nuestros). Ese sectarismo e interesada pleitesía, esa desinformación y seguidismo, esa renuncia de los medios a su función de contrapoder (tan indispensable para el ejercicio democrático), vuelve a retroalimentar esa impunidad que nos ocupa.

Al igual que ocurría ante los puntos “a”, “b” y “c”, los puntos “d” y “e” tampoco pueden ser  contemplados con la parsimonia de la normalidad. Por habituales y cotidianas que pudieran ser esas derivas, por supuesto que no cabe catalogarlas como normales desde el punto de vista democrático. Y demos un paso más. Esos ejes que hemos presentado como hipotéticos, en el caso español son hipótesis manifiestamente contrastadas. Esos fenómenos paranormales de la política han sucedido y suceden  en España. Desde luego que sí.

Hace unos años, Miguel Lorente publicó un libro titulado Mi marido me pega lo normal (2003. Crítica:  El título refleja ese testimonio de tantas y tantas mujeres que por desgracia habían asumido el maltrato como algo natural y comprensible. Igual que toca seguir dando la batalla para que nunca (en modo alguno y bajo ninguna circunstancia) pueda percibirse con normalidad la violencia machista; también toca seguir dando esa otra batalla referida a la corrupción.

Frente a la idea de que “mi país se corrompe lo normal” (y “la democracia se desmorona, pero sin estrépito”; y “el Estado de Derecho se derrumba, pero sin alardes”), frente a esas tristes renuncias, también cabe algo más que dejadez, pasividad e indiferencia.

 

Corrupción hard y soft

La corrupción política es más, mucho más, que meter la mano en la caja. De ahí la división entre corrupción hard y corrupción soft. La primera tiende a estar tipificada. Siempre podrán encontrarse resquicios legales en los que cierta práctica corrupta escapa al Código Penal, pero en principio, dentro de un Estado de Derecho que merezca llevar tal nombre, esa corrupción hard resultará delictiva.

Más peligrosidad puede llegar a encerrar la versión dulce y amable de la corrupción. La corrupción de baja intensidad “me preocupa más, porque se extiende insidiosamente, penetra por todos los pliegues de la vida social o privada y acabamos por no detectarla y convertirnos en colaboracionistas” (José Antonio Marina, 20-11-2012. Corrupción de baja intensidad”:

Como se desprende del apunte de Marina, la mayor peligrosidad de la corrupción soft radica en su omnipresencia, en su invisibilidad y en su perverso potencial: el efecto multiplicador para suscitar alrededor complicidad (genera colaboracionismo, aunque sólo sea porque su aparente y cotidiana normalidad logra desactivar cualquier repulsa, cualquier rechazo y cualquier atisbo de reacción y de extrañeza).

La colonización partidista de las instituciones (desvirtuando la razón de ser de tales instituciones) es un preclaro ejemplo de corrupción soft. Son dinámicas legales (se apoyan en sesgadas interpretaciones de una vaga formulación y/o se apoyan en preceptos que directamente se legislaron para posibilitar la artimaña). Dinámicas legales que se ajustan a la letra, aunque desnaturalicen todo el espíritu que conllevan las reglas del juego democrático.

Para no hacer este artículo más extenso de lo razonable, bastará realizar una esquemática enumeración: okupación partidista del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Constitucional, y del Tribunal de Cuentas, y de la CNMV, y del Banco de España, y de RTVE… Todo ello no es el botón de una excepcional y esporádica muestra. Más bien estamos ante una flagrante y planificada botonadura, donde prevalecen unas directrices comunes:

  • los perfiles profesionales son sustituidos por perfiles partidistas, en los que la cualificación técnica y profesional pierde su relevancia[i];
  • los criterios de interés general (aquellos que dan sentido a la propia institución) son relegados por decisiones de interés particular y partidario; y, en suma,
  • los organismos supervisores son maniatados o dinamitados para que la barra libre campe por sus respetos.

A día de hoy ya es obvio el exitazo de que los partidos hayan monopolizado las Cajas de Ahorro. Esa hazaña que de forma tan bochornosa han librado los PpSOeIU nos permite vislumbrar lo acontecido en otras instituciones que tampoco debieran ser monopolizadas. Conocemos ya las perversiones, los destrozos, las tarjetas black y las preferentes ignominias que han venido produciéndose en las Cajas. Pues por poner un ejemplo: que el CGPJ se lo estén repartiendo PP y PSOE (con su correspondiente vocal para IU, PNV y CiU), en términos democráticos conlleva similares perversiones, similares destrozos, similares tarjetas y similares preferentes.

 

Síndrome de inmunodeficiencia política

Cuando falla el sistema inmunitario de una persona, los agentes patógenos encuentran facilidad para cumplir su misión destructiva. También en el ámbito social, en el escenario político, puede darse esa incapacidad para hacer frente al erosionador virus. Volvamos por un momento a Marina: “Una sociedad puede también perder esa capacidad y volverse incapaz de aislar, combatir, neutralizar o expulsar los elementos dañinos”

Todos los mecanismos por los que fluye la impunidad (todas esas posibilidades que hemos tratado de esbozar a lo largo de este artículo) ayudan a darle normalidad a esa corrupción. Tanto a la corrupción hard como a esa otra corrupción soft (más nociva, si cabe), que se viste de sutiles y disimulados ropajes.

Si la corrupción acaba camuflándose bajo la apariencia de `normalidad´, nada nos volverá más `normales´… que ser apáticos o comprensivos con la misma. Y a mayor `normalidad´, mayor inmunodeficiencia para combatir la metástasis política. Y a mayor `normalidad´, mayor anomalía democrática.

 


[i] Por citar alguna evidencia a este respecto. Elvira Rodríguez dejó su escaño del PP para pasar a ser presidenta de la CNMV. Y ya antes, su presidencia de la Asamblea de Madrid o su ministerio de Medio Ambiente (en el gobierno de Aznar) quizá tampoco ayuden a reforzar ese aire de independencia, freno y contrapeso que se le supondría (o que se le debiera presuponer) a un organismo como la CNMV. Y por añadir otros dos ejemplos: la bronca en público de Fernández de la Vega (vicepresidenta del gobierno de Zapatero) a Casas (presidenta en aquel momento del Tribunal Constitucional) resulta sobradamente significativa. Como subrayable significación adquiere que Pérez de los Cobos (actual presidente del Tribunal Constitucional) fuera afiliado del PP. Es de justicia deducir que no estamos ante irrelevantes anécdotas, sino ante una innegable categoría: “Llegados a este punto, el problema ya no es que a los magistrados se les presione y no se les deje ser independientes: ahora sencillamente es que ellos mismos no tienen ningún interés en serlo. La prueba es que el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2013 no necesita ser coaccionado en absoluto: simplemente, está tan identificado con los interés del partido que le ha nombrado que ha sido afiliado suyo. (…) si los políticos piensan, con razón, que sus designados jamás habrían llegado a tan altos cargos sin su mediación, y por tanto que les deben un gran favor, no dudarán en reclamar que se lo devuelvan. Por el contrario, nadie llama a dar instrucciones a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, cuyo prestigio es tremendo, y menos todavía nadie les echa broncas en público. Las diferencias en cuanto al funcionamiento institucional a la vista están” (Sansón Carrasco, 2014. ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España. Península, pp. 54-55).

Delitos dolosos, responsabilidad civil del imputado y protección de los perjudicados. La cobertura de la responsabilidad civil en el caso de las “tarjetas opacas”.

Miguel Blesa ha sido imputado por el caso de las denominadas “tarjetas opacas” y el Juez Instructor le ha requerido una fianza de 16 millones de euros para garantizar el abono, en su caso, de las responsabilidades pecuniarias. La fianza solicitada se puede cubrir con garantía “personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca” pero también cabe por “cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.” (art. 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), lo que permitiría, en su caso, cubrir la medida cautelar exigida con una póliza de responsabilidad civil (así lo contempla expresamente el art. 764 LECrim.).

Según la información existente, el señor Blesa ha ofrecido, como fianza, la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada con la entidad MAPFRE, suscrita para albergar las responsabilidades civiles derivadas de las actuaciones realizadas por los miembros del órgano de administración de Caja Madrid.

En principio, el Juez de Instrucción habría rechazado la aportación de la referida póliza para dar cobertura a esas responsabilidades. La justificación del rechazo estaría, según se ha informado, en la existencia del elemento subjetivo del tipo, dolo, en el que habría incurrido, presuntamente, el imputado al realizar las conductas típicas que se le imputan (administración desleal, apropiación indebida…).

Si estos datos, ofrecidos por los medios de comunicación, son correctos, el supuesto requiere de algunas matizaciones. En primer lugar, el contrato de seguro de responsabilidad civil no da cobertura a ningún supuesto dañoso en el que el asegurado haya actuado “de mala fe”, es decir, dolosamente (art. 19 de la Ley del Contrato de Seguro –LCS- ; en el mismo sentido el art. 1900 CC italiano o el parágrafo 81 de la VVG alemana).

Si todos los delitos en los que se podrían encuadrar las presuntas actuaciones delictivas del señor Blesa requieren el dolo para integrar el tipo penal, no cabría responsabilidad alguna para la aseguradora, derivada de la póliza de responsabilidad civil, lo que determinaría la falta de cobertura, incluso aunque no hubiese una exclusión específica de tales supuestos en la póliza, o incluso aunque las partes hubiesen pactado, contrariamente a la norma, su inclusión. El seguro se caracteriza por la aleatoriedad que se quebraría en los supuestos en que el siniestro depende de la voluntad del asegurado.

Sin embargo, el seguro de responsabilidad civil, en el ordenamiento español, contiene una especificidad o particularidad respecto del resto de ordenamientos europeos en esta materia. El artículo 76 LCS legitima que el tercero perjudicado actúe directamente frente al asegurador y éste no pueda oponerle las excepciones personales que sí cabría alegar frente a su asegurado, blindando el derecho del perjudicado a ser resarcido más allá, incluso, del derecho que deriva del contrato de seguro entre el asegurador y el responsable que está asegurado.

Por ello, si el tercero perjudicado ejercita sus acciones contra el asegurador, queda amparado por la inmunidad con que se tutela el ejercicio de su acción “sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero” (art. 76 LCS). Del tenor de la Ley, se infiere que es posible que la aseguradora tenga que hacer frente a supuestos en los que el asegurado ha causado un perjuicio  como resultado de una actuación dolosa, reconociéndole a aquella, en estos casos, un derecho de repetición para reclamar lo que no le era exigible en el contrato.

En este sentido se pronuncia la jurisprudencia más reciente (STS 365/2013, de 20 de marzo o STS 3119/2014, de 25 de julio, ambas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), que defiende la existencia de la obligación del asegurador de dar cobertura en supuestos de dolo del asegurado, sin perjuicio de su derecho a repetir, contra este último, lo abonado a quien sufrió la lesión. De lo contrario, carecería de sentido alguno reconocer, de manera expresa, el referido derecho de repetición (que también se contempla, específicamente, en el art. 117 del Código Penal).

Al final el responsable, asegurado, o responde frente al perjudicado o lo hace frente al asegurador. La acción directa, con la inmunidad que el legislador le reconoce frente a las excepciones oponibles por el asegurador, viene a proteger al perjudicado de la posible insolvencia del responsable y a atribuir a la aseguradora, en su cuenta de resultados, el coste de las  indemnizaciones abonadas, pero no debidas en virtud del contrato de seguro, que no pueda hacer efectivas frente a su asegurado.

Es la Ley, y no el contrato, el que reconoce la obligación de la prestación del asegurador frente al perjudicado, incluso en supuestos de daños causados dolosamente. El asegurado no puede tenerlos cubiertos pero el responsable sí puede exigirlos al asegurador.

Ahora bien, este derecho a la indemnización del asegurador en supuestos dolosos es un derecho exclusivo del perjudicado, porque se otorga por la Ley con carácter tuitivo a quien sufre la lesión y sólo a él le cabe ejercitar la acción directa y tutelarse con la inmunidad reconocida en nuestro ordenamiento (sin perjuicio de la posibilidad de la aseguradora de oponer, entre otras defensas, la delimitación del riesgo asegurado, la suma asegurada como límite máximo de cobertura, o la extinción de su obligación en virtud de la existencia de cláusulas de delimitación temporal de cobertura).

En el caso de las “tarjetas opacas” ha sido el Juez Instructor el que, de manera correcta, ha rechazado la póliza aportada por el señor Blesa, puesto que se carece de cobertura alguna en el seguro de responsabilidad civil, cuando los hechos lesivos son dolosos, ya que la misma no puede dimanar del contrato. Por ello, le exige que aporte una fianza (sin aceptar la póliza aportada) o se procederá al embargo. Si del embargo se obtienen bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades exigidas, el problema de la efectiva reparación que, en su caso, derive del procedimiento estará solventado.

Pero si el imputado no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las responsabilidades civiles de las conductas, presuntamente delictivas que se le atribuyen, la insolvencia recaerá sobre los perjudicados directos (FROB o/y Fundación Caja Madrid). Sólo estos pueden reclamar esa obligación de la aseguradora, ad extra, que reconoce nuestra legislación y si lo pueden hacer ¿a qué esperan?.

Quizás no basta con abrir una cuenta corriente y esperar a que todos los que han utilizado esas tarjetas abonen la cuantía percibida, puesto que esto sólo depende, única y exclusivamente de la voluntad de aquellos. Por el contrario, si la voluntad es obstativa, quien ha sufrido el daño puede utilizar todos los medios a su alcance para tutelar sus derechos y, al menos en España, el art. 76 LCS permite obtener esa protección a través de una póliza de responsabilidad civil de cualquier imputado, si finalmente éste es condenado, aunque lo sea por delitos dolosos. Sin perjuicio de que también debe reconocerse la legitimación del Ministerio Fiscal que puede ejercitar la acción civil, juntamente con la Penal, salvo que los perjudicados renunciaren a su derecho (art. 108 LECrim.).

Obviamente, ninguna liberación de responsabilidad implica la acción directa para el que realiza la conducta típica dolosa, ya que el derecho de repetición evita la misma. Si la aseguradora termina indemnizando, porque haya una condena de su asegurado, ya se encargará de buscar, localizar y solicitar la ejecución del patrimonio del imputado, y condenado, para satisfacer su crédito de reembolso. Por ello, de momento, aseguremos, lo antes posible, el resarcimiento del daño, especialmente si el legitimado es el FROB ya que la reparación nos afecta a todos.

La paradoja de la corrupción política en España

El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos. La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación. La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.

En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.

La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos. Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.

Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación. La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.

En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.