Transparencia, invisibilidad y translucidez (I)

 

«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de  buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa». Es tan bonito que me deja sin palabras, y se trata, ni más ni menos, del primer párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Transparencia

 

Hoy en día todas las Administraciones Públicas presumen de transparencia: aprueban Leyes que la garantizan, dictan acuerdos permitiéndonos acceder a toda la información que producen, envían camiones con toneladas de documentos que acreditan los hechos que investigan los tribunales y los sacan en el telediario para que no haya dudas, abren “sites” que facilitan el acceso a la información de todos los organismos públicos…En fin, es tal la facilidad con que aparentemente podemos conocer qué se cuece en los pasillos de la Administración y con qué salsas, que estamos cercanos a morir de un empacho.

 

Pero no nos llamemos a engaño, si es mucha y no se cuenta con las adecuadas herramientas de gestión, la información se convierte en basura, porque quien quiera conocerla tendrá que ponerse los mitones y la mascarilla y empezar a rebuscar en las montañas de papeles para seleccionar, si lo encuentra, ese detalle que le permitirá convencerse de que todo es correcto o de que no, que hay que exigir responsabilidades. A este aspecto se refiere también la preclara EM: «Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro,no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible».

 

Para valorar correctamente estos dos párrafos refresquemos nuestra memoria sobre el hecho de que las “nuevas” tecnologías incrementaron muchísimo las posibilidades de gestión de la información mediante las bases de datos automatizadas, superando con creces la eficacia de aquellos ficheros manuales y sistemas de catalogación universal que los que somos de la generación analógica tuvimos ocasión de conocer en las bibliotecas públicas y universitarias. Internet ha liberado de la materia a las fuentes de información y nos las pone delante mediante el acceso directo a través de la red. Los documentos ya no dependen del papel, el saber no ocupa lugar ni está distante. Ahora tenemos a nuestro alcance la verdad sin intermediarios ni interpretaciones.

 

A su vez, el ingente volumen de información que existe en Internet no es un obstáculo para encontrar y gestionar la información, pues, partiendo de la tecnología de las bases de datos automatizadas, la industria ha desarrollado el servicio de motor de búsqueda, que nos identifica en fracciones de segundo la fuente de la información que se corresponde con los criterios que determinamos. El tiempo de búsqueda ya no es obstáculo, Internet no es el pajar que esconde la aguja, pues el tiempo necesario para encontrarla ya no es estimable. Se trata de una combinación perfecta, se han superado los viejos condicionantes de espacio y tiempo y la información está ahí, para quien la quiera, dando paso a la “Sociedad de la Información”, la que tiene la información a su permanente e inmediato alcance y, por ello, la existencia de esta sociedad depende de la información.

 

Esta revolución abre también la puerta a un cambio político incuestionable: parafraseando la EM, con un poco de transparencia los ciudadanos podríamos conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, ya que podemos recuperar en un instante toda la información que se haya publicado en la red en relación con cualquier asunto público. De este modo, la Sociedad de la Información es crítica, exigente y participativa, con plena capacidad de ejercer la democracia. Es más, dado que, afortunadamente,los buscadores han establecido la neutralidad como sistema de actuación,el servicio que prestan no selecciona las fuentes sobre las que operan, sino que indexan (es decir, buscan en)la totalidad de la información que se publica en Internet, con la única salvedad de aquélla que el editor haya decidido que no se indexe.

 

De este modo, la información que facilitan es objetiva, sobre la totalidad de Internet, y neutra, respetando la decisión del editor, hasta tal extremo que (salvolas  dudas manifestadas sobre los criterios del orden de la lista de resultados para favorecer el propio negocio) lo cierto es que la información que facilitan es siempre completa y aséptica: todo lo que se corresponde con el criterio de búsqueda está en la lista de resultados, y lo que no está en la lista de resultados es por exclusiva decisión del editor del contenido. El respeto a la voluntad del editor se materializa mediante un sistema muy simple, a disposición de éste, que permite impedir que un determinado contenido se indexe por los buscadores.

 

Sin embargo, cuando hablamos de la publicación pública hay un cabo suelto. Las Administraciones empiezan a utilizar las herramientas para obstaculizar el acceso a la información, pero sin dejar de cumplir con el políticamente correcto ritual de la transparencia, y logran así sublimar la transparencia hasta la invisibilidad,generando un pajar, escondite favorito de las agujas y evitando así pincharse con el control.

 

El post de Juan Luis Redondo de hace unos días citaba las quejas que se están formulando frente a páginas web institucionales que impiden la indexación por los buscadores de la información aparentemente incómoda o susceptible de un aprovechamiento más cómodo sin concurrencia o control, haciéndola invisible. Es más, hay entidades públicas que impiden la indexación de la simple doctrina que ellas mismas “publican”voluntariamente, como sucede con la web de la Agencia Española de Protección de Datos.En muchos casos, como el de la Agencia, se ofrece un servicio de buscador cuya capacidad y calidad dista mucho de ser comparable con la de los buscadores abiertos, a los que se impide operar con esa información, dando lugar a una transparencia controlada, o incluso, los criterios de búsqueda se limitan a los del número del expediente, que es prácticamente imposible conocer y nunca tiene relación con el contenido de la doctrina que se busca, como sucede con el Tribunal de Cuentas.

 

Lo peor es que, profundizando en la invisibilidad, se elaboran teorías que tratan de justificarla apelando a la intimidad o a la protección de datos yse propone que la publicación de información sobre las personas (incluida la de los responsables políticos y sus amistades) se haga en algún formato no indexable, incluida aquella que se publica en los boletines oficiales por mandato legal. Así, pueden citarse instrucciones en este sentido de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y la de Cataluña. En definitiva, a pesar de retratarse envueltos en la bandera de la transparencia, la tendencia de moda en el sector público es la invisibilidad.

 

Pero el futuro pinta peor: ya se ha hablado también en este blog del Proyecto de Ley de Transparencia, que no se considera como política pública que exige la democracia, sino como un mero derecho de acceso al procedimiento y documentación administrativa. El Proyecto se opone así a considerar la transparencia como una actitud, un modo de organizar y de actuar (la transparencia se predica de la materia que permite, sin obstáculo alguno ver a través de ella sin ocultar detalle alguno). La transparencia democrática exige que permita conocer a los ciudadanos, no sólo el contenido de las resoluciones públicas, sino la causa remota de su motivación política (los objetivos que se persiguen) y la causa próxima de las razones que han conducido a la adopción de cada medida (por qué se ha decidido hacer precisamente esto frente al resto de alternativas posibles o planteadas)

 

Seguiremos hablando del tema, porque nos jugamos mucho.

Regeneración democrática: una necesaria política de hechos

En la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, del miércoles 10 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno, señora Sáenz de Santamaría, ha apostado por mejorar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y por una regeneración democrática para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en los políticos, reflejada en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Así se pronunció en respuesta a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, señora Rosa Díez, que le preguntó qué piensa hacer el Gobierno para atajar la corrupción política, la “mayor lacra” de la democracia.

 

La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo está actuando en dos vías paralelas, por un lado un proceso de regeneración democrática y por otro la transparencia de la Administración. En el ámbito de la regeneración democrática, Sáenz de Santamaría ha recordado que ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO) que elabore un informe en este sentido.

 

Esto del informe está bien, siempre que no demore la regeneración. Aunque ya existen muchos informes y propuestas (sólo hay que estar atentos a este blog). Me permito aconsejar al Gobierno y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que presten atención al sesudo estudio de Elisa de la Nuez, “Transparencia y Buen Gobierno”, editado hace poco por el Foro de la Sociedad Civil:

 

http://www.forosociedadcivil.org/wp-content/uploads/2012/04/Tema-del-Foro-2.pdf

 

Concretamente deberían prestar especial atención al concepto de “participación”, que viene muy bien desarrollado en el referido estudio. Además, tenemos ya un instrumento legal para ponerlo en práctica: La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de petición. Únicamente hace falta dejarse de palabras y estar a los hechos, pues parece que se han olvidado cosas ya tratadas, y recientemente, sobre la regeneración democrática, que, simplemente, deberían ponerse en práctica.

 

Así: en el Programa del Partido Popular de las pasadas elecciones se dedica un apartado importante a la Transparencia, en el que se indica que “ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas”. Y en la ponencia política del pasado Congreso del Partido (Sevilla, 18 y 19 de febrero de 2012), en el apartado relativo a la “regeneración democrática” se habla de “ciudadanos colaboradores”, “informados y participativos”; del Gobierno abierto y de la participación de los ciudadanos “más allá del mero ejercicio del derecho de sufragio”.


Se dice que el PP quiere “que los ciudadanos puedan participar en los procesos de gestión pública… aportar ideas, prácticas, experiencias, iniciativas y necesidades de manera recíproca. Para ello, el PP apuesta especialmente porque las leyes, decretos, planes, medidas o decisiones importantes que toman los gobiernos sean debatidas y valoradas antes de su aprobación, con las opiniones de los ciudadanos”. Se pretende incorporar el concepto de “co-creación”, de “co-elaboración”.

 

Mientras tanto (hechos), ha sido rechazada la “Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación de la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana” (publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, de 1 de junio de 2012).

Transparencia, Gobierno y Realpolitik

 

 

En estos días asistimos con la acostumbrada expectación al desarrollo de la campaña electoral en los Estados Unidos, pues no en vano se trata, todavía, de la nación más poderosa del planeta. Dado que los que no somos ciudadanos norteamericanos no tenemos derecho a participar en la elección del próximo Presidente, pero pese a ello somos en cierta medida sujetos pasivos de sus políticas, es buen momento para retrotraerse a la campaña anterior y hacer un cierto balance de lo que ha sido la Administración Obama; en particular, en lo atinente a sus promesas de regeneración y transparencia.

 

Todos tenemos en mente la promesa de poner fin a esa desdichada ignominia para el Estado de Derecho que era la prisión de Guantánamo, en la que los prisioneros podían permanecer detenidos por tiempo indefinido sin ser puestos a disposición judicial. Igualmente recordamos sus iniciativas de transparencia y gobierno abierto, que actuaron como acicate para que estos conceptos adquiriesen relevancia en las agendas políticas en otras naciones, entre ellas la nuestra.

 

El primer mandato del Presidente Obama se acerca a su final y, como casi siempre, parece que la Realpolitik se ha impuesto. La prisión de Guantánamo sigue siendo un limbo legal para oprobio de las democracias occidentales). Lejos de poner definitivo remedio a esa situación, Barack Obama firmó el 31 de diciembre de 2011 la National Defence Authorization Act, la cual legaliza la detención indefinida, incluso de ciudadanos norteamericanos y en territorio estadounidense. Eso sí, como aquel gobernador romano, Obama se lavó las manos tras firmar la Ley, no ejerciendo su derecho de veto, declarando que “The fact that I support this bill as a whole does not mean I agree with everything in it”…“I have signed this bill despite having serious reservations with certain provisions that regulate the detention, interrogation and prosecution of suspected terrorists.

 

Las promesas de transparencia y gobierno abierto tampoco se han traducido íntegramente en realidades. Así, la información pública, que según la Freedom of Information Act debería estar disponible para cualquier ciudadano, resulta bastante más esquiva en la realidad que sobre el papel . De hecho, tras un prometedor arranque, la Administración Obama fue ralentizando el ritmo de introducción de medidas de transparencia

 

La conclusión parece clara: la organizaciones gubernamentales presentan una gran resistencia a la introducción de medidas de transparencia y gobierno abierto. Incluso en aquellos casos en los que el liderazgo político, al más alto nivel, hace una apuesta personal por la transparencia, las resistencias internas logran, antes o después, revertir el proceso.

 

Y el corolario es igualmente claro: la transparencia ha de ser reclamada, exigida, desde la sociedad civil. Son los ciudadanos los que han de lograr que sus Gobiernos rindan cuentas de sus actos, expliquen en qué invierten los recursos públicos y, en definitiva, pongan a disposición del público cuanta información sea precisa para rendir cuentas de su gestión. No basta con esperar a que los Gobiernos, motu proprio, adopten estas iniciativas.

 

En España, la organización Transparency International ha elaborado un informe, de muy recomendable lectura, sobre la situación en nuestro país, cuyo diagnóstico coincide en gran medida con el de varios posts publicados en este blog. Los problemas de las listas cerradas, la oportunidad de una regulación de los lobbies, la necesidad de una Ley de Transparencia y de un portal en Internet que facilite al ciudadano el ejercicio de los derechos que dicha Ley le otorgue, o la profesionalización de la gestión pública son algunos de ellos.

 

Pero, aunque nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, la solución no va a darse por si sola. Sin una reclamación continuada y consistente por parte de la sociedad civil, es improbable que los gobiernos, sean del signo que sean, adopten medidas que a la postre van a facilitar el control ciudadano y el accountability. Solo la conjunción de una intensa demanda por parte de los ciudadanos y de una decidida voluntad por parte de los poderes públicos sentará las bases para una auténtica cultura de transparencia y gobierno abierto.

De trucos (con buscadores) y Administraciones (poco) transparentes

El pasado 11 de Septiembre un periódico digital gallego (ver aquí) denunciaba que determinados contenidos de la web de la Xunta de Galicia estaban configurados para que no fuese indexados por los motores de los buscadores de Internet, y por tanto no fuesen accesibles mediante consultas en los buscadores mas utilizados, sea Google, Yahoo o Bing. En concreto la denuncia se refería a determinados contenidos sobre empleo público en la Xunta. Una denuncia similar se había producido con anterioridad sobre contenidos de la web de la Junta de Andalucía en Julio de este mismo año, durante la Comisión de investigación de los ERE. Es posible que para muchos esta noticia sea una nimiedad, en el contexto de la actual crisis económica e institucional, pero creo que, de ser cierta la denuncia (y nadie ha dicho lo contrario) puede reflejar muy bien el nivel de pérdida de referentes morales y éticos en el funcionamiento de las Administraciones españolas.

 

Para abordar el análisis de esta denuncia, conviene contextualizarla en el marco del  principio de transparencia que debe presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas, aunque todavía no se haya promulgado la Ley, puesto que España es aún hoy de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una legislación “ad hoc” que recoja los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de la Administración Pública, en todo lo que se refiere a la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y en la información que debe ser pública y accesible para cualquier ciudadano. Pero sí tiene bastante normativa sectorial en materia de contratos, subvenciones…y empleo público.

 

Si la idea de transparencia es un concepto básico en el funcionamiento de un Estado democrático de Derecho, el impulso dado a este concepto en los últimos años ha venido muy ligado al desarrollo de Internet. Si tradicionalmente podía considerarse que –en los casos establecidos por las normas- los ciudadanos tienen derecho a solicitar información pública a una Administración, y ésta debe proporcionarla, lo cierto es que este concepto “reactivo” ha dado paso a un concepto “proactivo”, en el que la Administración debe, sin mediar petición expresa, tener accesible toda la información para que cualquier ciudadano pueda consultarla. La información pública es propiedad de los ciudadanos, y la Administración debe permitirles acceder de forma transparente, fácil y gratuita  a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar la rendición de cuentas. El medio que hará posible que esta información sea fácilmente accesible para cualquier ciudadano es, como en tantos otros órdenes de nuestra vida, Internet.

 

No está de más recordar que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones generales con el compromiso de aprobar en esta legislatura una ley de transparencia. El proyecto de ley de transparencia acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, lo cual es sin duda una buena noticia. Este proyecto ya fue analizado en este post, y no es mi interés volver a analizarlo, sino compartir mi asombro por la capacidad de las diferentes Administraciones Españolas para intentar hacer lo contrario de lo que dicen.

 

Retomando el hilo de la denuncia con la que iniciábamos el post, las Administraciones denunciadas (Xunta de Galicia y Junta de Andalucía), publicaban en sus web la información, pero al mismo tiempo impedían que pudiese localizarse mediante los buscadores. La forma de conseguirlo no es difícil. Sin ánimo de entrar en muchos detalles técnicos, los motores de búsqueda ejecutan de forma continua un programa software que analiza el contenido de todas las páginas web e indexa sus contenidos, para que posteriormente puedan localizarse mediante una consulta en el buscador. Estos programas reciben el nombre de robots, arañas o rastreadores, ya que siguen o rastrean enlaces a través de Internet, recopilando contenido de los sitios web y añadiéndolo a las bases de datos de los motores de búsqueda.  Las arañas siguen los enlaces de una página hacia otra y de un sitio web a otro. El administrador de un sitio web puede condicionar el comportamiento de este programa, indicándole que determinados contenidos de la web, o incluso toda la web no puede ser referenciada en los motores de búsqueda. Para ello es suficiente con dejar un archivo con el nombre robots.txt en un lugar específico del site, con las instrucciones apropiadas de acuerdo con un estándar utilizado por todos los motores de búsqueda. Los que deseen profundizar en los detalles técnicos pueden hacerlo aquí.

 

El comportamiento de estas dos Administraciones plantea dos preguntas interesantes. La primera de ellas se refiere a si la Administración gallega publica en su web un determinado contenido, pongamos que la convocatoria de una plaza de empleo público, pero impide que esta convocatoria pueda encontrarse a través de un buscador, ¿está cumpliendo con la obligación legal de dar publicidad a estas convocatorias, y las obligaciones de transparencia que recogerá la futura ley? Y la segunda pregunta se refiere a ¿qué interés tiene la Administración gallega (o la andaluza, o la que sea) en impedir el acceso desde el buscador?

 

Para responder a la segunda pregunta, que probablemente parezca muy obvia, conviene recordar un poco el contexto. Hoy en día los buscadores son la puerta de entrada a la mayoría de los contenidos de la web. La mayor parte de los usuarios llega a un contenido a través de un buscador. El papel que hoy juega Google en nuestras vidas podría ser suficiente para enfatizar este punto, pero me parece también procedente recordar la trascendencia jurídica que ha tomado la indexación del buscador en referencia al concepto del derecho al olvido. Este tema también fue tratado en este post, pero me gustaría recordar que las peticiones de muchas personas en relación con este derecho no se centran tanto en que un determinado hecho de su vida, sea un delito, una condena, o una multa de tráfico, se borre del Boletín Oficial donde quedó recogido, sino en que ese hecho no sea accesible desde un buscador cada vez que se teclea su nombre. El contenido seguirá existiendo, porque ese pasado no se puede borrar, pero “existirá mucho menos” si el buscador no lo encuentra. Dicho de otra forma, no tendrá publicidad, dado que es poco probable que la gente se dedique (salvo que sean investigadores o detectives) a escudriñar boletines oficiales pretéritos.

 

En definitiva, un contenido es público si se publica en el tablón de anuncios de cualquier organismo público.  Pero será mucho más público si se publica en su web, y lo será todavía mucho más si ese contenido se pueda encontrar a través de un buscador.

 

Responder a la primera pregunta que planteábamos antes supone nuevamente reflexionar sobre el espíritu y el tenor literal de las Leyes. Probablemente pueda defenderse por la Administración en cuestión, con publicar la convocatoria en la web ha cumplido con la letra de la Ley, pero, creo que habrá pocas dudas sobre que no se está cumpliendo con su espíritu. La publicidad y la transparencia exigen la máxima difusión posible, para cumplir precisamente el objetivo de que se conozca una convocatoria de estas características, y esa es la que hoy nos da Internet, y su acceso a través de buscadores. Ah, pero es que ese es el quid de la cuestión. A lo mejor lo que se quiere es ocultar un contenido a un buscador para limitar el número de personas que lo podrán localizar. Si se trata de convocatorias de puestos públicos, de subvenciones o de contratos públicos esta conducta parece ciertamente grave, dado que lo que persiguen las normas que obligan a dar publicidad a estas convocatorias es precisamente la voluntad de conseguir el mayor número posible de solicitantes o concursantes, en aras del buen fin de la convocatoria,  concurso, o convocatoria de subvenciones. Que se entere todo el mundo que pueda resultar interesado. Por eso que por ejemplo convocatorias de contratos públicos se hagan a mitad de agosto, o dando un plazo de 48 horas para presentar ofertas hacen sospechar, que hay algo raro detrás. O, como se dice en el lenguaje popular, que el contrato (o el puesto, o la subvención) tiene “bicho”.

 

Ciertamente, en la era de Internet la estrategia utilizada parece bastante burda, pero también revela el nivel de deterioro ético de nuestra Administración Pública y sus gobernantes. Con este tipo de estrategias lo que se consigue es afianzar aún más la percepción de los ciudadanos de la extensión de la corrupción y el clientelismo en nuestras Administraciones, hasta el punto de que pueda considerarse la regla, y no la excepción como prefieren considerar nuestros políticos. Porque no se trata de que todos y cada uno de los políticos y cargos públicos sea corrupto, basta con que el sistema sea opaco y favorezca la corrupción o/y el clientelismo y el amiguismo (que no dejan de ser corrupción).

 

Es posible que nuestros políticos consideren que las obligaciones legales de transparencia y publicidad se cumplen formalmente si se publica la información en el tablón de la cafetería del organismo público de turno, pero si el concepto de transparencia está llamado a jugar un papel clave en la regeneración democrática de nuestro país, los ciudadanos no podemos tolerar esta burda interpretación.

 

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno ¿Una ley gatopardesca?

Ha entrado por fin en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Transparencia, derecho de acceso a la información pública y Buen Gobierno, una de las promesas electorales del PP  lo que es, sin duda, una buena noticia. Pero lo que no es tan buena noticia es su contenido. De ahí la licencia que me he permitido en el título, en alusión a la famosa novela de Lampedusa y a su no menos famosa cita relativa a la necesidad de cambiar todo para que nada cambie. Es verdad es que se ha abusado mucho de esta cita, pero también lo es que en este caso me parece especialmente adecuada. Porque se trata aquí de analizar si, más allá de los aspectos técnicos, estamos ante la Ley de transparencia que la sociedad española necesita aquí y ahora, como herramienta esencial de regeneración de la democracia española y de cambio cultural de los gestores públicos. Como ya he hecho en otras ocasiones en este blog muchas consideraciones sobre la trascendencia política que tiene la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista de la regeneración democrática (mecanismos de checks and balances, accountability) como de la participación ciudadana (posibilidad de exigencia efectiva de responsabilidades públicas, evolución de la democracia representativa liberal hacia fórmulas que favorezcan la participación de los ciudadanos y su acercamiento a sus representantes políticos, instrumentos de codecisión, crowsourcing, etc, etc) no las voy a repetir aquí, básicamente por razones de espacio y porque además estos argumentos se encuentran  muy bien recogidos en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley. Otra cosa es lo que dice su articulado, que es a lo que hay que atenerse y que se mueve por derroteros bien distintos.

 

Pues en mi opinión, la respuesta ha de ser un rotundo no. Lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la pobreza técnica del Proyecto de la Ley  Sobre este punto ya se pronunció el Consejo de Estado en un dictamen que puede consultarse aquí, Conviene. no obstante, insistir en que resulta preocupante el decreciente nivel técnico de los textos legislativos españoles, incluso antes de entrar en el Congreso de los Diputados, de donde suelen salir hechos unos auténticos Frankestein normativos. En nuestro caso se trata de la utilización de conceptos demasiado abiertos e indeterminados, de la mezcla de preceptos imperativos con otros de carácter más bien programático, pasando por todos los matices intermedios, y de la confusión –hasta cierto punto justificable, dada la hiperinflación de nuestro ordenamiento jurídico- que genera el encaje de la nueva norma en la ya espesa fronda del Derecho Público estatal y autonómico, tanto general como sectorial, que regula aspectos relativos a la transparencia y al derecho a la información pública. Para rizar el rizo,  se integran con calzador en el texto una serie de normas referidas al buen gobierno, que además de reiterar o reproducir obligaciones jurídicas ya recogidas en otras Leyes (algunas tan importantes como la Ley General Presupuestaria) no por olvidadas o incumplidas menos en vigor, intentan juridificar “principios éticos y de actuación” (art.23) tomados de códigos de conducta o autorregulaciones estatutarias clamorosa y sistemáticamente incumplidas por los partidos políticos, como también hemos denunciado muchas veces en este blog. A ver si ahora hay más suerte. En cualquier caso, el conjunto da una cierta impresión de batiburrillo, particularmente en el Título II relativo al “Buen Gobierno”.

 

Pero lo más importante, a mi juicio, es que, pese a lo que proclama la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, ésta nace prisionera de una concepción que no es precisamente la del Gobierno abierto sino la de la Administración napoleónica . No es de extrañar entonces que la Ley parezca tan antigua. Es que parte de un “paradigma” (si se me permite la expresión de moda) que sigue siendo el del Derecho Administrativo tradicional, en el que la Administración es concebida como  una “potentior persona”  frente al ciudadano de a pie, revestida de sus privilegios y de sus prerrogativas (presunción de legalidad de sus actos, silencio negativo, revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa de sus actuaciones, etc, etc) Y este es un paradigma que, como tantos otros, está en vías de extinción.

 

Efectivamente, en el siglo XXI el ciudadano ya no se considera un súbdito, ni tampoco se conforma con ser un cliente más o menos satisfecho con los servicios públicos que se le prestan. El ciudadano del siglo XXI aspira a ser  el que mande y, en particular, a ser el  “dueño” de la toda la información pública en manos de los Organismos Públicos,  dado que  ha sido pagada con el dinero de sus impuestos. Aspira al derecho a “saberlo todo” -salvo contadas excepciones que pueden y deben ser perfectamente delimitadas-  es decir, a saber todo lo que pasa en el sector público. Este debería haber sido, en mi opinión, el punto de partida del Proyecto, como lo es de las normas más avanzadas en esta materia, que consideran al ciudadano copartícipe de pleno derecho en la toma de decisiones públicas, teniendo muy presente tanto su condición de contribuyente como de “mandante” de los representantes elegidos en una democracia de calidad, y que, como tales, están obligados a rendirle cuentas. En esto consiste el “Gobierno abierto”  como nuevo concepto que pretende ser un hito en la evolución de la democracia representativa de corte liberal hacia una democracia más participativa, que se fundamenta en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana (sus tres “patas” o fundamentos) permitiendo la efectiva rendición de cuentas de los gestores públicos y devolviendo a los ciudadanos la hoy muy dañada confianza en sus representantes políticos.

 

Este Proyecto, pese a sus buenas intenciones, se queda muy lejos de esta concepción. Su pecado original es el que he dicho: estamos ante un Proyecto de Ley que ha sido concebido desde el punto de vista del Derecho Administrativo, y cuyo “paraguas” es nada menos que el art.105, b) de la Constitución, que regula el derecho de acceso a archivos y registros públicos y no, como sería lo deseable, otros derechos de mayor “intensidad democrática”, valga la expresión, como el derecho a la participación política (art.23) o a la libertad de información (art.20).

 

Y es que creo que este Proyecto de Ley podría usar otros “paraguas” y podría  encuadrarse en el marco de otros derechos reconocidos en la Constitución, y  en concreto en su art.20 relativo a la libertad de expresión y de información. Así lo consideran numerosos expertos a la vista de la doctrina del TEDH (máxime teniendo en cuenta el precedente de la Ley Orgánica 15/1999, que regula el derecho a la Protección de Datos Personales a partir de lo dispuesto en el art.18.4 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad donde no se encuentra expresamente mencionado). Como esta posibilidad, que ha sido además la utilizada por otros ordenamientos de nuestro entorno, no se contempla ni siquiera por el Gobierno con el argumento de que “no encaja en la Constitución” o que “habría que modificarla” –vamos, que “no toca”- creo que  hay que concluir que estamos ante una decisión política que refleja una visión de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública muy limitada. Por eso me temo que, salvo un gran cambio en la tramitación parlamentaria,tendremos otra Ley administrativa más que no cambiará mucho las cosas, y que puede generar bastante frustración, dada la creciente demanda de transparencia. En fín, otra ley “gatopardesca” dado que la transparencia es hoy bandera en la que nuestros políticos necesitan envolverse. Creo que no va a cambiar la “cultura de la opacidad” que reina con carácter general en los organismos públicos españoles como sabe cualquiera que haya trabajado o que tenga relación con ellos.  Que la transparencia no es precisamente el fuerte de nuestras instituciones es fácil de demostrar, si no es así no estaríamos donde estamos.

 

Porque,  y esto es muy importante, el Proyecto de Ley no viene a colmar un enorme vacío. Ni mucho menos. De hecho el art. 105,b) de la Constitución ya ha sido objeto de desarrollo con anterioridad, como un derecho de acceso a los registros y documentos recogidos en los archivos administrativos por  el art. 37 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común aunque el reconocimiento de este derecho (como el del resto de los derechos de los ciudadanos recogidos en dicha Ley, dicho sea de paso, salvo quizá el relativo a las lenguas oficiales distintas del castellano)  ha tenido una aplicación muy limitada en la práctica. Hay mucha normativa preexistente que incide en el derecho a la información pública y que no ha tenido gran fortuna en su aplicación, pudiendo mencionarse la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General Presupuestaria, la ley General de Subvenciones, la ley 37/2007 de reutilización de información del sector público, etc, etc. Normas que ciertamente no han servido para cambiar la “cultura de la opacidad” en nuestro sector público. Puede mencionarse también la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.Y, como no, van apareciendo también las primeras leyes autonómicas reguladoras de la transparencia como la reciente Ley Foral navarra de Transparencia y Gobierno abierto (cuyo contenido, por cierto, tiene muy poco que ver con el Proyecto que aquí nos ocupa). También tenemos ya un Anteproyecto de Ley vasca y me imagino que habrá más en cartera, por lo lucido del tema.

 

Pero, insistiendo en lo que decía más arriba, el principal fallo del Proyecto  es que es una Ley que obliga a “todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas” desde la doble perspectiva de la publicidad activa (es decir, lo que los sujetos sujetos a la Ley están obligados a publicar sin solicitud previa) y del derecho de acceso a la información pública, regulado como una solicitud que da lugar a un procedimiento administrativo normal y corriente, iniciado a instancia de parte y con silencio administrativo incluido (negativo, por cierto, frente a la regla general del silencio positivo del art.43 de la Ley 30/1992 para este tipo de procedimientos). Y aunque  la extensión del ámbito de aplicación del Proyecto a sujetos distintos de las Administraciones Públicas y sus entes instrumentales iconstituye un indudable avance con respecto a los borradores iniciales -mucho más restrictivos- se queda muy corto, no solo por dejar fuera partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, o la Casa del Rey, como ha sido denunciado, sino sobre todo porque hasta para los sujetos obligados las excepciones son muy importantes.  Las limitaciones son especialmente llamativas en relación con determinados sujetos (Organos constitucionales, por ejemplo) al reducirse sus obligaciones de transparencia  a los supuestos en que  se ejerzan potestades administrativas o realicen  actividades sujetas a Derecho Administrativo.  Por ejemplo, asuntos como el de los gastos de viaje que han hecho famoso al ex Presidente del CGPJ, y van camino de hacer famoso a unos cuantos diputados y hasta al TC quedarían así fuera de la transparencia regulada en el Proyecto.

 

Para terminar, y sin perjuicio de volver sobre este tema en ulteriores posts, creo que de este problema básico de concepción (el derecho de información pública como una  “extensión” del derecho de acceso a registros y archivos administrativos)  nacen todos los demás problemas que arrastra el Proyecto de Ley, que no son pocos. En este punto, resulta muy interesante traer a colación el magnífico estudio de Gaspar Ariño “Ciudadanos y reforma administrativa”  publicado hace ya unos cuantos años (no lo encuentro en Internet, por eso no pongo el link) del que he tomado varias ideas para escribir este post. Creo que la concepción de este Proyecto de Ley como una ley administrativa ordinaria  supone que seguimos en la órbita de un modelo periclitado donde los Organismos Públicos, ya sean Administraciones Públicas, Organos constitucionales u otro tipo de entidades de carácter público siguen funcionando como “potentior persona” frente a los ciudadanos también en el ámbito de la transparencia y la información pública. De esta forma son ellos y no los ciudadanos los “dueños” de la información pública, lo que les permite tomar decisiones y manejar cuantiosos fondos públicos sin muchas garantías formales previas (por no hablar de las garantías reales) desde el punto de vista de la transparencia, la información pública y la participación ciudadana. En un modelo donde el derecho del ciudadano a saber, o para ser más exactos, a saber qué hacen los gestores con los fondos públicos está limitado por las decisiones administrativas de los propios gestores sobre las solicitudes de información que aquellos les presenten, decisiones que no admiten más control que el posterior por la vía jurisdiccional (y con carácter previo por un organismo administrativo que no es independiente, en el Proyecto la recauchutada AEVAL, transformada ahora en Agencia de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, ahí queda eso) en aras de una supuesta eficacia y protección de los intereses generales, que se presume  conocen mejor que los propios  ciudadanos y sociedad  a la que afectan.

 

Pero ¿es esto así en España en la segunda década del siglo XXI? Yo tengo serias dudas…así que seguiremos hablando del tema.

 

Ryanair, lo relativo y los principios

En sus inicios, la navegación aérea era un lujo, una actividad glamurosa al alcance de unos pocos. Las atractivas azafatas, el servicio deferente, las atenciones de todo tipo, la copa de champán, la comida a bordo…..todo entraba en el billete. Hoy, su generalización y abaratamiento ha hecho que pierda su glamour y exclusividad, salvo que se pague expresamente en algunas de las clases preferentes que ofrecen las compañías. Ya no te venden el billete: ahora te lo autovendes tú mismo por Internet, te imprimes la tarjeta de embarque (¡y no te equivoques!), te transportas tú mismo tus maletas, las subes a una cinta, eres sometido a un escrutinio por una máquina, previo striptease (si es que no funciona la máquina esa que te desnuda directamente), etc. Y si hay una compañía que lleva al paroxismo esta tendencia, esta es Ryanair, respecto a la cual me gustaría tratar tres aspectos.

 

El primero es que los que la hemos usado percibimos algunas cosas (quizá no exclusivas de esta compañía), francamente molestas: la sensación de ser engañados cuando el precio ofertado inicialmente se multiplica a consecuencia de tasas y otras cosas no previstas; la misma sensación cuando el descuento por familia numerosa se torna ridículo porque se aplica no a todo el precio sino a una tarifa básica mínima; el sentimiento general de ser tratado como ganado, como cuando se cambia el número de puerta en el último momento con la correspondiente e indigna carrera de los pasajeros para “coger un buen sitio”; la abusiva sanción de 40 euros (hoy 60, creo) si se te olvida o no puedes imprimir la tarjeta de embarque (aunque tengan el dato en su sistema); la estresante inspección de los empleados de la compañía sobre tu equipaje de mano para ver si no entra en un recipiente fijo que tienen en la puerta de embarque, so pena de otra sanción económica por facturación; el continuo uso de los altavoces de la aeronave para venderte lotería y otras estupideces como cigarrillos falsos que no parece comprar nadie pero, eso sí, te despierta a medio vuelo….Existen numerosos sitios que lo ponen de manifiesto: una pasajera que logra 350.000 apoyos en Facebook por sus denuncias; un reportaje con cámara oculta sobre cómo prepara Ryanair a sus tripulantes o un blog de afectados.

 

Podríamos tratar aquí la posible invalidez de estos contratos tipo realizados por vía electrónica en cuanto contengan cláusulas abusivas o de difícil interpretación o lectura, incumplimiento de normas sectoriales sobre navegación aérea, redacción de ciertas cláusulas solo en inglés, etc. Pero aceptemos pulpo como animal de compañía. Convengamos en que, aunque es verdad que es un tanto desagradable toda esa forma de funcionar, en realidad la aceptamos porque el vuelo nos sale mucho más barato (se dice que en efecto hay una persona que viajó por un euro) y podemos llegar a sitios donde antes ni se nos ocurría pensar que podríamos ir, como a interesantes ciudades a cien kilómetros donde realmente queríamos ir e iremos luego pagando un  taxi o un tren que nos cuesta lo mismo que el avión. Oferta y demanda. Es una cosa relativa.

 

Así que, lo dicho, sigamos las sabias palabras del prof.  DIEZ-PICAZO, pronunciadas en una reciente conferencia: “Convendría irnos purgando, ir purgando a nuestro Tribunales, ir purgando a nuestros colegas de ese larvado anticontractualismo que anda por ahí(…) y aconsejarles que no es un buen camino aplicar (…) inyecciones de equidad contractual. Si las partes lo han querido, y esa es su voluntad, esa es su voluntad sin que haya que aplicar equidad contractual”. O sea, que los contratos no tienen por qué ser equitativos si las partes han decidido libremente  aceptarlos así. Esta cuestión daría para mucho, pero dejémoslo ahí.

 

Una segunda cosa de interés relacionada con esta compañía es la controvertida cuestión de las supuestas subvenciones, pues parece ser que la clave de su éxito son los convenios “publicitarios”, “turísticos” o de “promoción económica” que suscribe con ciertas Administraciones locales y autonómicas, en virtud de los cuales obtiene cantidades millonarias normalmente por la utilización de aeropuertos secundarios que activan la economía de una determinada zona y que, al decir de algunos, pueden suponer verdaderas subvenciones, pero sin la transparencia y el control de estas (ver aquí). Ello no significa desmerecer el dinamismo y agresividad comercial, que hay que reconocerles, pero los datos son impresionantes: parece ser que Ryanair suma la mitad de las subvenciones otorgadas a las aerolíneas en España y recibe 793 millones en ayudas europeas, sin las cuales según dicen hubiera estado en pérdidas. Todo ello ha generado ácidas críticas, como las de Globalia, por suponer una competencia injusta,  e incluso del ministro Soria, porque entiende que las ayudas son contraproducentes.

 

¿Quién tiene razón? ¿Son simplemente luchas entre compañías o declaraciones de intencionalidad política o algo más? ¿Son subvenciones encubiertas y anticompetitivas o medios lógicos y hábiles de desarrollo de determinadas provincias? Les recomiendo la relectura, a estos efectos, del post de García Vieira titulado “Las subvenciones nominativas” en el que nos explica con toda claridad que, conforme la ley vigente, las subvenciones deben realizarse por “procedimientos de concurrencia competitiva”, pero que las excepciones permitidas – aquellasen que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”han generado abusos denunciados incluso por el Tribunal de CuentasDe hecho, la cuestión ha sido examinada en un informe de la Comisión Nacional de la competencia (ver aquí el correspondiente a 2010, páginas 48 y siguientes y particularmente las conclusiones en la 85 y ss), en el que apunta que pueden haberse conculcado los principios de publicidad y concurrencia y encontrarnos ante verdaderas ayudas públicas sin los requisito de éstas (“principio del inversor privado”, notificación)

 

Pero, en fin, a pesar de ello, admitamos que la cosa pueda ser relativa, pues aun siendo reconocida como ayuda pública,  a lo mejor estaría excluida de la ley por ser una de las excepciones permitidas.

 

Ahora bien, hay un tercer aspecto que no puede ser tan relativo: últimamente se ha publicado la noticias de que tres aviones de Ryanair tuvieran que ser desviados a Valencia desde Madrid, supuestamente porque llevaban el combustible justito para ahorrar; aparte de otra sobre una pérdida de combustible. Estas noticias han provocado cierta polémica sobre si esta compañía apura al máximo los costes hasta el punto de poner en riesgo la seguridad. El sindicato alemán de pilotos y el SEPLA acusan a esta compañía de presionar a los pilotos para el ahorro de combustible e incluso un piloto español ha dicho que si todos los pilotos actuaran con Ryanair, se caerían la mitad de los aviones, lo que ha producido una airada contestación del controvertido e histriónico líder de la compañía, Michael O’Leary.  Ana Pastor, por su lado, dice que “este es un país serio” y que “quien no cumpla será sancionado”……(silencio valorativo).

 

Sobre esta cuestión, poco puedo decir, porque no conozco la normativa aérea ni los hechos. Sí puedo contar una experiencia personal: que (para ahorrar gastos de aeropuerto, se supone) te bajen de la terminal, te hagan andar cientos de metros por la pista y esperar veinte minutos, o así, a 37 grados, mientras cargan combustible, como atestigua la imagen por mí obtenida en el aeropuerto de Budapest y arriba insertada.

 

¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Aparte de la que individualmente se saque de cada uno de los aspectos tratados, mi conclusión, personal e intransferible, es que hay cosas relativas y cosas sobre las que no cabe negociar. Es lo que llamamos principios.  Podremos discutir si en un determinado caso hay abuso o perjuicio a los consumidores o si estos ya sabían a lo que iban; o si un determinado acuerdo va o no contra la competencia. Aquí nos jugamos dinero. Pero hay cosas sobre las que no se puede negociar. Nadie debería ponerle precio a su madre, por muy alta que fuera la oferta, ni nadie debería jugar con la seguridad aérea, al socaire de obtener unos precios más competitivos. Y no debería permitirse que la competencia pueda llegar a ciertos extremos (como mantenía yo mismo hace siete años, en relación a una cuestión profesional: “Vuelos de bajo coste y accidentes jurídicos”); y todavía menos si esa competencia no es verdadera y el presuento convenio financia un modo de vida empresarial. No puedo afirmar que las acusaciones vertidas contra esta compañía sean ciertas, pero sí pedir que la Administración competente aplique la ley con el máximo rigor, y ello aunque se pongan en peligro otros intereses económicos, sean de quien sean. Esos son los principios.

Los ciudadanos y el despilfarro público ¿qué podemos hacer?

 

En el mundo.es del 3 de mayo de 2012 aparece publicada la noticia “Monti invita a los los italianos a señalar en Internet los derroches del Estado” . El Gobierno italiano ha habilitado una web para que los ciudadanos remitan sus sugerencias tendentes a la reducción del gasto público (aquí).

 

Dicha iniciativa del gobierno italiano es, en mi opinión, muy loable y debe incardinarse en las políticas de transparencia y participación ciudadana. Los ciudadanos –y también los funcionarios- pueden aportar muchas ideas en este sentido.

 

Según la noticia, “todos los ciudadanos, a través del módulo, tienen la posibilidad de sugerir, señalar un despilfarro, ayudando así a los técnicos a completar el trabajo de análisis de búsqueda de los gastos inútiles”. “Los italianos parecen aprobar esta propuesta y los medios de comunicación aseguran que ya están llegando numerosas indicaciones a la página del Gobierno”.

 

En febrero de 2011 el Defensor del Pueblo Europeo lanzó una consulta pública (cuyo resultado aún no ha finalizado) sobre los “Principios de la función pública que deben guiar a los funcionarios de la UE”.

 

Mi contribución a dicha consulta pública fue la siguiente:

 

“El funcionario es un actor cualificado en la actividad de las instituciones dela Unión Europea.Su experiencia puede contribuir a la mejora de las actividades dela Unión Europea, aumentando su eficacia y eficiencia, en beneficio dela Unión Europea y de sus ciudadanos.

 

Por ello, considero que sería conveniente introducir un apartado en el proyecto de principios similar al siguiente:

 

Cooperación y participación.

 

Los funcionarios, cuando observen que en el Derecho derivado o en la práctica administrativa de las instituciones y organismos dela Unión Europease producen anomalías, contradicciones, defectos o insuficiencias que de ser corregidas mejorarían la actividad dela Unión Europea, deberán (o “podrán”) ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico, a fin de que se analice por el órgano competente la propuesta de mejora y se actúe en consecuencia.

 

Especial mención ha de hacerse respecto a las propuestas de reducción de trabas y costes administrativos, así como de las relativas al incremento en el rendimiento o en el ahorro del gasto público.

 

Del ejercicio de estas iniciativas por el funcionario no podrá derivarse perjuicio alguno para él y constarán en su expediente personal.”

 

El Gobierno de España y todas las administraciones públicas deberían tomar muy buena nota de esta iniciativa y hacerla suya, pues seguramente los ciudadanos –y funcionarios- podrán señalar los despilfarros que hacen insostenibles los presupuestos públicos. Y los políticos deberían actuar en consecuencia.

 

Nuevo artículo de Elisa de la Nuez en El Mundo: “Transparencia: más que una ley”

Adjuntamos el artículo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez, sobre este tema tan importante para la salud de nuestro sistema democrático, y del cual es una de las mejores expertas.

Los Editores

 

“A raíz de la publicación del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno (un proyecto 3 en 1) que es, probablemente junto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el proyecto legislativo con en el más se juega el Gobierno de España desde el punto de vista de la ardua tarea de reconquistar la perdida confianza de los españoles en sus gobernantes, conviene recordar que la transparencia es mucho más que una Ley.

 

Efectivamente, en las sociedades con una cultura democrática asentada una Ley no es imprescindible para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes, a saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos, o a conocer qué hospitales o qué colegios públicos funcionan mejor o peor. En definitiva, en una democracia representativa la transparencia, en cuanto derecho de acceso de los ciudadanos a toda aquella información pública sin la cual no es posible una auténtica rendición de cuentas de gobernantes a gobernados, es esencial.

 

Porque sin auténtica transparencia no es posible la exigencia de responsabilidades políticas e incluso jurídicas a los políticos y gestores públicos, por la sencilla razón de que los ciudadanos no tienen información suficiente para reclamarlas, ni los políticos incentivos suficientes para rendirlas, más allá de los que les exija su propia conciencia… Y ya sabemos lo que suele ocurrir cuando dejamos en manos de las personas y no del diseño de las instituciones este tipo de decisiones, pues, como recordaba James Madison en The federalist papers, si los hombres fueran ángeles no serían necesarios ni los controles internos ni los externos sobre el Gobierno. Por eso la rendición de cuentas (accountability) junto con los sistemas de contrapresos (check and balances) y la existencia de medios de comunicación auténticamente independientes son pilares fundamentales de una democracia representativa digna de tal nombre.

 

En esta situación, la necesidad de transparencia en España es crítica. Y puesto que no podemos contar con una cultura de la transparencia en nuestro país (más bien podríamos hablar de una cultura de la opacidad) una buena Ley de transparencia es esencial y una oportunidad de regeneración que no debería perderse.

 

Efectivamente, si partimos de la premisa de que es muy difícil, por lo menos por ahora, transformar nuestro sistema democrático desde dentro -no parece que el ejemplo del harakiri de las Cortes franquistas vaya a cundir, ni siquiera a nivel autonómico, ni tampoco parece que tengamos a la vista a la vista un Torcuato Fernández Miranda-, me parece que devolver a los ciudadanos lo que es legítimamente suyo -el poder efectivo de exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes- es crucial. Y para eso es imprescindible tener la información pública.

 

El Poder en una democracia es público, tiene que serlo. La opacidad es una de las características propias de los regímenes no democráticos, y no me parece casualidad que en España, con su pasado dictatorial relativamente reciente, existan todavía tantas conductas tanto a nivel político como administrativo que la favorecen. Parece que nuestros políticos y nuestros gestores públicos tienen miedo de la transparencia, ya sea por inercia, por convicción, o incluso por razones menos confesables. De ahí la indudable oportunidad que supone el Anteproyecto de la Ley de Transparencia como herramienta transformadora de la forma de hacer las cosas del Gobierno y de las Administraciones Públicas a partir de la demanda real de los ciudadanos. Y si no creen que sean real echen un vistazo a las redes sociales. O al interés que ha suscitado la consulta pública del Anteproyecto de Ley. Por tanto, bienvenida sea la Ley si tiene esta finalidad y sobre todo si se la dota de capacidad real para conseguirlo.

 

Pero, lamentablemente, es ahí donde surgen las dudas, algunas de las cuales ya han sido puestas de relieve por diversas organizaciones nacionales e internacionales, en particular por la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea). En definitiva, se corre el riesgo cierto de que la aprobación de una Ley alicorta y, lo que es peor, que sigue pensando en clave de procedimientos administrativos y burocráticos (por ejemplo ¿tiene mucho sentido mantener una institución como el silencio administrativo en el siglo XXI cuando se trata de pedir información por internet?) genere una importante decepción, ante las enormes expectativas generadas de que pudiese convertirse en la palanca para transformarlo todo. Y ciertamente no quedan muchas oportunidades más para recuperar, como decía al principio, la confianza de los ciudadanos y la credibilidad en las instituciones.

 

Lo mismo cabe decir de la falta de reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho fundamental, lo que le dotará de menor protección en caso de conflictos de intereses con otros derechos que sí ostentan dicha categoría, como el derecho a la protección de datos. Y, lo que es peor a mi juicio, volvemos a encontrarnos ante una Ley que puede incumplirse sin muchos problemas, como tantas otras normas bienintencionadas e inservibles que pululan por nuestro hipertrofiado ordenamiento jurídico. Especialmente grave me parece la inexistencia de un organismo independiente con participación de la sociedad civil que supervise el cumplimiento de las disposiciones, o la ausencia de un Plan de acción concreto y ambicioso para implantarla. Tampoco se aprecia la existencia de incentivos adecuados que puedan poner en marcha un círculo virtuoso de la transparencia.

 

En definitiva, una buena Ley de Transparencia y buen Gobierno, que tiene potencialmente una gran capacidad de transformación, debe ser concebida desde una perspectiva más ambiciosa que la de una mera Ley administrativa y burocrática más. Necesitamos un salto cualitativo. Su finalidad debe ser devolver a los ciudadanos, a través de la información, el poder de gobernarse a sí mismos a través de sus representantes libremente elegidos. En definitiva, de recuperar la esencia de la democracia representativa. Nada más y nada menos.”

 

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y directora gerente de Iclaves.

Transparencia y Buen Gobierno (II) Ante el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Continuando con la miniserie de Transparencia y buen Gobierno (por cierto, les recuerdo que el plazo de la consulta pública para el Anteproyecto de Ley termina mañana) conviene destacar que  lo que ha pasado esta última década en España y la situación en que ahora nos encontramos como consecuencia de estos años de vino y rosas no se explica si no se comprende que la mayoría de los ciudadanos confiábamos en que vivíamos un Estado de Derecho homologable con los de los países más avanzados del mundo. También pensábamos que vivíamos en una democracia consolidada donde las leyes se cumplían voluntariamente, y si no era así, existían mecanismos para imponerlas. Y resulta que no ha sido así. Como dice Aurelio Arteta –su último libro es una de mis recomendaciones de lectura para esta Semana Santa- ha fallado el imperio de la Ley.

Pues bien, las buenas noticias es que existen fórmulas ya ensayadas que permiten o pueden permitir mejorar la calidad de nuestra democracia representativa y de nuestro Gobierno, permitiendo a los ciudadanos una mayor participación en ella, eso sí, de manera más ordenada y más efectiva –a mi juicio- que la reclamada por el movimiento 15M o por otros movimientos similares.

La fórmula, que ya hemos comentado en otros posts, se llama Gobierno Abierto. Se trata de abrir el Gobierno a los ciudadanos, a través de las nuevas tecnologías, significa que el Gobierno quiere más transparencia, más participación y más cooperación. Por eso representa una oportunidad para los políticos y los gestores públicos para recuperar y mejorar la confianza de los ciudadanos, y una oportunidad para los ciudadanos de participar y cooperar de forma eficiente con sus políticos y gestores, permitiendo la efectiva rendición de cuentas y restaurando los mecanismos de checks and balances que en España están bastante desmantelados. Como hemos visto a lo largo de estos 100 días que han culminado con esta “Semana de pasión” los problemas del mal gobierno están muy enquistados, y tienen demasiado que ver con la propia clase política como para que sea razonable esperar grandes reformas impulsadas por el Gobierno. Así que es fundamental que el Gobierno deje que la sociedad civil y los ciudadanos adquieran mucho mayor protagonismo que el que han tenido hasta ahora. El Gobierno abierto es una oportunidad para nuestra maltrecho Estado de Derecho. Quizá la última.

Porque, y esto conviene no olvidarlo, el gobierno abierto puede ayudar también a mejorar la eficiencia en la gestión, dado que que la transparencia tiene también una vertiente interna que debe permitir a las propias Administraciones ser mucho más eficientes, al establecer herramientas que permitan valorar y medir lo que se está haciendo, comparar unas actuaciones con otras, y en definitiva mejorar su rendimiento. Por poner un ejemplo sencillo, la transparencia puede permitir que un organismo gestor conozca qué se están gastando otros organismos en prestar los mismos servicios, ya se trate de comprar ordenadores o equipamiento hospitalario. Y puede aprender de los mejores.

Recordemos que no se trata solo de dar la información a los ciudadanos, sino de permitirles que cambien la forma de hacer las cosas, y eso mismo vale también para los propios funcionarios y empleados del sector público. La transparenciatiene que ser también interna y debe permitir que la información fluya no solo de la Administración a los ciudadanos, sino dentro de las propias Administraciones.

¿Y que es lo que se tiene que publicar? Pues todo. Toda la información que obra en poder del Gobierno es pública. Citando de nuevo a Aurelio Arteta, el poder político debe de ser publicado, ya que gestiona los asuntos de todos. Entre otras cosas, debe publicarse todo lo que afecte a la financiación de los partidos políticos y los sindicatos, especialmente si es financiación pública pero también debemos saberlo todo de su financiación privada. Lo cito expresamente porque están excluidos, hoy por hoy, del Anteproyecto de Ley de Transparencia.

¿Y de quien? Pues de todo el sector público, es decir, de Gobiernos estatales y autonómicos, Parlamento estatal y parlamentos autonómicos, Administraciones territoriales, fundaciones, empresas, organismos públicos de todo tipo y condición,  Poder Judicial, órganos constitucionales variados, etc, etc. De todo lo que financiamos con nuestros impuestos. Como veremos, también el Anteproyecto también se queda un poco corto en su ámbito de aplicación.

¿Y con qué límites? Pues muy pocos. Los derivados de la protección de los datos personales, la declaración de algo como secreto oficia, y la concurrencia de algún derecho que se estime que merece mayor protección, de forma siempre ponderada y caso por caso. Y poco más.

Pero además es importante que el Gobierno abierto, además de la información sobre ingresos, presupuestos, gastos, retribuciones, gastos de personal, contratos, subvenciones, organigramas, etc, etc, comprenda la información sobre aspectos tales como el rendimiento organizativo, el coste y los resultados de políticas y servicios que son relevantes para los ciudadanos, la información para que el ciudadano adopte decisiones mejor informadas sobre el servicio que le prestan e información para que el ciudadano pueda participar en dicha prestación del servicio y aumentar su grado de corresponsabilidad como usuario. Y fíjense que hablamos de corresponsabilidad y no de copago…porque puede coincidir o no.

Ah! Y por supuesto tienen que dar información que permita al ciudadano conocer la integridad con la que los gestores públicos actúan. Así que si, por ejemplo, contratan a sus familiares es interesante que nos enseñen sus cv´s y que nos digan qué retribuciones van a recibir y a qué se van a dedicar.

Como pueden ver, todo esto es de especial trascendencia en un momento de crisis económica combinada con  mal gobierno, y conste que con esta denominación no se trata tanto de hablar de un Gobierno del PP o del PSOE o nacionalista o regionalista, en la medida en que los problemas del mal gobierno se han dado con Gobiernos de todos los signos, particularmente en las CCAA y en las entidades locales.

En mi opinión, lo más relevante es que el Gobierno abierto permite  a los ciudadanos, y especialmente a los nuevos ciudadanos convertirse en esos ciudadanos cívicos y conscientes sin los cuales no existe una democracia de calidad. Como dice Pérez-Diaz  si la democracia es una forma política intrínsecamente frágil, proclive siempre a caer, como estamos comprobando en esta crisis y no solo en España, en manos de timócratas (políticos ambiciosos), plutócratas (ricos), sofistas y tiranos, el evitar estos peligros depende no solo del diseño de sus instituciones –y las nuestras al menos sobre el papel no están tan mal diseñadas, aunque sin duda son mejorables- sino de de las virtudes cívicas o morales de sus élites y de sus ciudadanos. 

En ese sentido, es evidente que si bien la implantación de un Gobierno Abierto efectivo necesita en primer lugar de un impulso político decidido es imprescindible la implicación de la sociedad civil, de los ciudadanos. Y es sin duda la transparencia el pilar básico sobre el que deben cimentarse los principios de participación y colaboración.

Efectivamente la transparencia es condición previa indispensable para permitir la participación en los asuntos públicos de una ciudadanía informada y responsable; (para crear esa ciudadanía informada y responsable, en realidad y, posteriormente, para obtener una verdadera colaboración y coproducción de políticas y servicios públicos, empezando por los propios funcionarios y empleados públicos que algo o mucho tienen que aportar.

Y en España nos encontramos en esta primera fase todavía. Vaya por delante que puede existir un Gobierno abierto sin una Ley de Transparencia, y pueden existir fantásticas Leyes de transparencia que se queden en papel mojado, y de leyes que son papel mojado empezamos a saber mucho en España. Incluso de leyes de transparencia. Como la que regula la transparencia, el acceso a la información y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Y es que en aquellas sociedades con democracias representativas consolidadas el principio de transparencia se considera esencial en la actuación de los Poderes Públicos y la ciudadanía está acostumbrada a un nivel de transparencia y de rendición de cuentas, por lo que es muy difícil que, con independencia de la existencia o no de una Ley “ad hoc”y,  se le oculte información pública relevante. En este sentido, cuando la cultura democrática de una sociedad es profunda y el civismo de la ciudadanía es grande, la existencia o no de una Ley de Transparencia no es determinante.

Obviamente no es el caso de España, donde la cultura democrática necesita claramente ser reforzada, por lo que no me cabe duda de que una Ley puede ser una palanca muy importante para la implantación del Gobierno abierto, y para favorecer el buen gobierno, siempre, claro está que no se limite a una mera operación de marketing político o cosmética.

¿Es el Anteproyecto que va a tramitar el Gobierno la herramienta adecuada para conseguir tan ambiciosos fines? Pues puede serlo pero tienen que cambiarlo todavía bastante. De esto nos ocuparemos en el siguiente y último post de la serie

Ojalá que no se deje de pasar esta oportunidad, porque puede ser la última si no queremos ver llegar a tecnocrátas enviados por nuestros “socios” para proporcionarnos el buen gobierno que no hemos sido capaces de darnos nosotros mismos.

Transparencia y buen gobierno (I) Ante el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno

Empiezo con estas reflexiones de Domingo de Ramos una miniserie de posts sobre Transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública al hilo de la reciente publicación del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por cierto hay abierta una consulta pública, la tienen en el link por si quieren hacer uso de esta posibilidad.

¿Será este el principio de la vuelta al buen camino? Ojalá. Como nos ha recordado nuestro colaborador Isaac Ibañez el ex premier británico Tony Blair en su libro de memorias escribe lo siguiente sobre el Proyecto de ley inglés de acceso a la información:  “Libertad de Información. Tres palabras inofensivas. Contemplo esas palabras mientras las escribo y me entran ganas de sacudir la cabeza hasta que se me caiga. Serás idiota. Serás ingenuo, insensato, irresponsable, memo. Realmente no existe una descripción de la estupidez, por viva que sea, que valga. Me estremezco ante la estupidez de la idea. Una vez que me di cuenta de toda la enormidad de la metedura de pata…”

A ver si es verdad y nuestro Gobierno mete la pata igual de bien con este Proyecto. Aunque como veremos en esta serie, parece que por ahora solo se mojan un poquito el pie.

Como saben nuestros pacientes lectores una de las preocupaciones constantes de este blog es la defensa de nuestro Estado de Derecho. Pero al escribir este post me he dado cuenta de que también hemos escrito, y mucho,  sobre el mal gobierno. Y es que el mal gobierno tiene mucho que ver con el deterioro del Estado de Derecho y el incumplimiento de las leyes, que es una de las características fundamentales de nuestra crisis política, institucional y de valores. Y además para el ciudadano no hay nada peor que el mal gobierno, como bien describieron los hermanos Lorenzetti en su alegoría sobre el Buen y el Mal gobierno en los frescos murales de la sala del Nove del Palacio Comunal de Siena,  ni nada mejor que el buen gobierno. No por casualidad en su edición Vargas Llosa eligió la pintura del mal gobierno para la portada de la primera edición su magnífica novela “La fiesta del chivo”. 

Y es que, en mi opinión, esta crisis se debe esencialmente al mal gobierno. No al mal gobierno en nuestro país, claro está, también al mal gobierno norteamericano, europeo e incluso mundial. Por eso cuesta tanto salir de ella. Y por eso aparece como elemento fundamental -recogido en las sucesivas y recientes encuestas del CIS en España así como en  datos procedentes de otras fuentes como Transparencia Internacional  (que abarca muchos países) la creciente desconfianza de los ciudadanos en la clase política y en los gestores públicos.

En España, según datos del CIS de enero de 2012, la clase política es ya para los españoles el tercer problema del país, sólo por detrás del paro y de los problemas económicos, seguido por la corrupción y el fraude. Además, el 55,1% de los ciudadanos consideran que la actual situación política es mala o muy mala. El nivel de la confianza en el sistema gobierno/oposición, siempre según el CIS, es el más bajo desde que existen datos (1996)

Como ya hemos denunciado muchas veces en este blog, las principales causas que han llevado a esta situación son los fallos estrepitosos en los mecanismos de exigencia de responsabilidades jurídicas y políticas que han permitido que la clase política y los gestores públicos, por una parte, y los ciudadanos, por otra, hayan olvidado una característica esencial de una democracia representativa de calidad: la de la “accountability” o, en español, rendición de cuentas de los primeros a los segundos.

En ese sentido, han fallado en primer lugar los mecanismos de control que se supone que están para garantizar el buen uso del dinero público, y que se traducen en procedimientos complejos, burocráticos y rigurosos -por lo menos sobre el papel- que, lejos de constituir un fin en sí mismos con el instrumento ideado por el legislador para conseguir el objetivo de una gestión pública eficiente y eficaz, además, de, por supuesto, honesta.

Estos procedimientos están recogidos en una normativa muy abundante, podemos citar solo a nivel estatal  la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo  que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, ley General Presupuestaria, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, La Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas etc, etc. Es una normativa, contra lo que pudiera parecer, de obligado cumplimiento. Y el cumplimiento no puede ser puramente formal, “fabricando”  los informes o las resoluciones necesarias para que aparentemente los expedientes de contratación, subvenciones, autorización de gastos, etc,etc, cumplan con la normativa vigente, porque eso no garantiza absolutamente nada, más bien al contrario. Desgraciadamente, esta ha sido la tónica de estos últimos años.

Pero esto, siendo muy grave, no ha sido lo peor.  Han fallado también los famosos “checks and balances” de los anglosajones, el juego de resistencias y equilibrios que persigue la existencia de un Gobierno representativo limitado y sometido al imperio de la Ley, de una sociedad civil fuerte y una economía de mercado digna de tal nombre. En definitiva, de lo que podemos entender a estas alturas del siglo XXI por una democracia representativa de calidad.

Dado que nuestra democracia es representativa y es reciente, casi podríamos decir única en nuestra Historia con breves paréntesis que terminaron en tremendos fracasos de la convivencia colectiva, estos problemas son muy graves. Lo son la falta de transparencia y de rendición de cuentas  dado que los ciudadanos –que somos muchos- perciben, correctamente, que sus representantes –que son relativamente pocos- no han actuado como tales, que les han ocultado cosas, que no han administrado con la debida diligencia su dinero, y que, lo que es peor, han perdido de vista que son mandantes de los ciudadanos que les han elegido no para que representen los intereses de la clase política y de los gestores públicos, o, peor todavía, los intereses de “los poderes fácticos” (los ricos, los poderosos, los influyentes) sino para que les representen a ellos, los ciudadanos comunes y corrientes.  De ahí que sean tan bienvenidas las soluciones penales, que, sin embargo, constituyen a mi juicio una trampa que debemos a toda costa evitar, salvo que queramos desmontar definitivamente nuestro Estado de Derecho que, aunque, maltrecho, todavía está en pie. El derecho Penal, como nos enseñaron en la carrera, es la “ultima” ratio del sistema, no puede penalizarse todo, porque entonces todo lo que no está previsto en un tipo penal es legal y es estimable, y  esto, sencillamente, no es cierto.

Los ciudadanos piensan, con razón, que en una democracia digna de tal nombre esto no debería ocurrir y empiezan a cuestionar no ya la idoneidad de sus representantes –ya que bastaría entonces con cambiarlos, cosa que aún siendo difícil no es totalmente imposible incluso en un sistema electoral y partitocrático como el nuestro- sino del propio mecanismo de la representación. Empiezan a cuestionar la democracia representativa, en suma, y vuelven sus ojos a aquellas ideales democracias participativas que tienen la enorme virtud de haber dejado de existir hace cientos de años, aunque ciertamente el ágora de la Atenas de Pericles no se parece mucho a la Puerta del Sol de Madrid, y muchos de los acampados del 15 M, gracias a nuestro sistema educativo, no hayan oído hablar ni de Pericles, ni del ágora ni de la democracia ateniense ni de casi nada de lo que ha pasado antes de ayer.

Sin embargo, pancartas y eslóganes como “no nos representan” o “sin tu voto no son nada” ponen de manifiesto muy gráficamente ese malestar que revela de forma quizá un poco desordenada, el malestar en nuestra democracia, por citar el título del libro del profesor Víctor Pérez-Díaz. Y es que como señala este autor la democracia, que es un régimen no por deseable menos frágil y precario –más todavía en un país con la historia reciente de España-  depende básicamente del desarrollo de virtudes cívicas y civiles en la clase política, en las élites pero también (o sobre todo añadiría yo) en la ciudadanía. Pero claro para participar hay que entender. Y para entender, hay que conocer, hay que saber.

 

¿Para qué quiere Cataluña un nuevo pacto fiscal? Erre que Reus

(con Serafín Casamayor)

Artur Mas acaba de proponer a Rajoy que se avance en la aprobación de un pacto fiscal (es decir el eufemismo para reclamar un cupo catalán) y que lo vea como una oportunidad para restablecer una buena relación entre Cataluña y España (como si se hubieran unido ayer). Al parecer miembros del PSC también apoyarían esta propuesta.

A estas alturas tal vez haya muchas personas de bien que se crean esta argumentación del presidente catalán (¡esta vez sí, esta vez se van a conformar y no van a pedir nada más!), aunque personalmente me suscite muchas dudas. Pero lo que quiero plantear en este post es si realmente conviene a los ciudadanos catalanes tener un pacto fiscal y si que con éste se resolverían (mágicamente) todos sus problemas o si, por el contrario, se trata de otra treta de los políticos que han gobernado la Generalitat durante los últimos treinta años para escapar de su responsabilidad y seguir manipulando las emociones de sus electores. La pregunta que nos hacemos es ¿el problema de Cataluña es de falta de ingresos o de excesos de gastos? Claro que la pregunta se podría aplicar al resto de España, pero analizamos el caso catalán porque es quien está insistiendo más en una vía rápida para incrementar sus gastos rechazando paralelamente cualquier control de sus presupuestos por el Estado.

Sabemos que la Agencia de calificación Moody’s ha incluido a Cataluña entre las CCAA peor gestionadas económica y financieramente de toda España, hasta el punto de que de ser una nación independiente hace tiempo que hubiera debido ser rescatada. Junto al gasto excesivo de la propia Generalitat, o el hecho de contar con el Parlamento más caro de España, habría que añadir la deuda de algunas entidades públicas catalanas destacadas por un Informe de la Cámara de Comercio de Barcelona, como el Instituto Catalán de Finanzas (una suerte de Banco público catalán que otrora diversas ayudas públicas), la Agencia Catalana del Agua con una deuda de 1400 millones o del Instituto Catalán del Suelo, con 900 millones de deuda. En otro post ya hicimos mención a la curiosa estrategia “nacionalista” de preferir eliminar camas de hospital antes que reducir el gasto en unas embajadas de escasa utilidad o la financiación del estudio del catalán en algunos países de Latinoamérica

No obstante, recientemente hemos conocido  un caso bastante singular: el del Ayuntamiento de Reus, declarado “el más opaco de Catalunya” según informe del propio Síndic de Greuges catalán del 2010, al que por supuesto nadie ha hecho ni caso (lo que lleva quizás a alguna reflexión sobre los efectos de la transparencia más allá de declarar su necesidad). Este Ayuntamiento regido durante 32 años por el PSC y ahora por CiU, pero del que se ha beneficiado casi todos los partidos que han tenido concejales (incluida ERC) creó un monstruo de empresa pública denominada Innova, que ha llegado a absorber el 70% del presupuesto del propio ayuntamiento, aunque sus empresas facturan por menos de ese 70%, con lo cual, lo que le cuesta al Ayuntamiento es que son los causantes de prácticamente el 80% del déficit presupuestario del mismo.

Nunca se informó del sueldo de los directivos de esa empresa, y solo a finales del mes pasado (enero) conocimos que recibían sueldos de más de 250.000 euros al año, en algún caso con un Audi A-6 de regalo. A su máximo responsable  por cierto se le ha premió tras tan exitosa gestión (para su bolsillo) con el nombramiento de presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS); ahora entendemos algo mejor cómo van las cosas en el sector sanitario catalán.

Al hacerse públicos sus salarios, de los cuatro principales afectados, uno se ha negado tajantemente a dimitir, aduciendo que tiene un contrato en vigor, y que si le despiden hará que se ejecuten las clausulas de rescisión, con lo cual ese 80% de déficit del Ayuntamiento a expensas de Innova se vería incrementado. Es el caso extremo en el que la empresa pública creada por una Administración “fagocita” al propio ente público que la creó.

Como consecuencia, ahora todo el equipo jurídico municipal está volcado en ver cómo pueden renegociar a la baja el contrato de Alta Dirección que tienen suscrito con alguno de estos directivos (al parecer con alguno ha conseguido dejarlo en los “simbólicos” 144.000 euros). Un fenómeno curioso en una situación de “emergencia económica” en que se encuentra España, tal y como la definió la vicepresidenta del Gobierno en su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Por otra parte, causa cierta perplejidad ver a una Administración constreñida por cláusulas “abusivas” de ciertos contratos que ella misma celebra con sus empleados, cuando a los funcionarios se les aplica el principio de que no tienen derechos frente a la Administración sino “meras expectativas de derechos”, con lo que pueden cambiarse sus condiciones de trabajo incluso sin oírles,

Pero en fin, a lo que íbamos, más allá de cuestiones sentimentales (todas muy respetables pero siempre fácilmente objeto de manipulación): ¿les interesa a los ciudadanos catalanes un pacto fiscal para poder gastar más y con menores controles todavía? ¿O realmente lo que es de su interés es que se mantengan los ingresos pero que alguien neutral controle que no se cometan desmanes en el gasto? Tal vez sobre esto sí que habría que convocar un referéndum en Cataluña, pero para ello “no hi ha collons”, políticamente hablando, se entiende.

 

Información bidireccional: cuánto costamos pero también cuánto nos cuestan

La Comunidad de Madrid, siguiendo una práctica que, al parecer, ya estaban realizando otras comunidades, ha empezado a informar a los usuarios de la sanidad pública sobre el coste real de las prestaciones que cada paciente recibe de la seguridad social. Con ello se consigue, nos dicen, mayor información y transparencia y, quizás, que el usuario, sabedor del gasto que origina, sea más prudente a la hora de utilizar esos servicios.

Tal medida ha sido recibida con diversidad de opiniones y no ha faltado quien ha considerado que la información debería ser más completa y, por ejemplo, junto al dato del gasto originado reflejar el importe total de las cantidades con las que el paciente, a lo largo de su vida, ha contribuido a sufragar el coste de esa sanidad que ahora utiliza y que nadie le regala.

En cualquier caso, en mi modesta opinión, la medida, como todas las que pretenden ofrecer mayor información, debe ser bien recibida e, incluso, se podría plantear la conveniencia y oportunidad de extenderla a otros sectores.

Por ejemplo, se me ocurre, quizás podía ser buena idea revertir la dirección de esa información mediante su aplicación a la esfera de los cargos públicos. Se podría considerar la posibilidad de que en la nómina que reciben nuestros representantes electos y altos cargos, por ejemplo de director general para arriba, se incluyese, a título meramente informativo claro, el coste total que el desempeño del cargo por esa persona ha supuesto ese mes al erario público y, para más precisión, se podrían detallar conceptos como:

– Coste de las personas destinadas al servicio directo del alto cargo: asesores, miembros de gabinete, adjuntos, secretarios, escoltas, ordenanzas, conductores, etc.

– Coste del despacho, es decir, adquisición o alquiler, mantenimiento, reparación y limpieza de los metros cuadrados del edificio público correspondiente destinados al uso personal del alto cargo.

– Coste del vehículo oficial, si lo tiene, incluyendo el de compra o alquiler, mantenimiento, limpieza, reparaciones, gasolina, seguros, etc.

– Coste de adquisición y mantenimiento de los sistemas y aparatos informáticos y telefónicos puestos a su disposición así como el de las líneas y servicios contratados para su uso personal.

– Coste de alojamiento y de los desplazamientos en avión, tren o barco del alto cargo en sus viajes de trabajo o de vuelta al hogar.

– Coste de los actos representativos protagonizados por el alto cargo (presentaciones, reuniones, ruedas de prensa, etc.) y manutención (desayunos de trabajo, comidas, cenas, vinos españoles, etc.) del alto cargo y de sus invitados, institucionales por supuesto.

– Otros gastos de representación realizados durante el mes y cualquier otro gasto imputable directamente al alto cargo y necesario para el decoroso ejercicio de su función.

Evidentemente, esa información no debe ser leída con segundas intenciones ni implicar ningún tipo de reproche. De lo que se trata es de que el alto cargo, al igual que el usuario de la sanidad pública, tenga información cumplida de los costes que su actividad genera a todos los españoles para que le sirva de estimulo y aliciente en el ejercicio de su misión y le proporcione todos los datos necesarios a la hora de valorar un posible ahorro en alguna de sus actuaciones.

Y si además esa información se hace pública y puede ser conocida por todos los que pagamos pues mejor que mejor.

 

La (probancaria) Orden Ministerial de transparencia en los servicios bancarios

El pasado viernes 29 de octubre se publicó en el BOE la extensa Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Leída con atención, la sensación que produce en lo que se refiere al trato al consumidor es desasosegante. Es como si se estuviera disputando un partido de fútbol en el que el consumidor actuara en campo contrario, el banco jugara en casa, y el árbitro (Ministerio de Economía), fuera muy, muy casero.

Desde luego que a lo largo de la Orden hay multitud de obligaciones para las entidades financieras, pero la mayor parte de ellas pueden resumirse en “informe usted al cliente de todo lo que haga falta, con guías, folletos y fichas, y luego pacten los dos lo que quieran en el ejercicio pleno de su libertad y sin que los poderes públicos nos vayamos a inmiscuir ni controlar para no causar distorsiones”, lo cual presupone una obvia falsedad y es que el cliente y el banco están en igualdad de condiciones, cuando es evidente la posición de clara inferioridad de aquél respecto de las entidades financieras. La Orden llega incluso a suprimir obligaciones de los bancos que existían con anterioridad en otras Ordenes que ahora se derogan.

– Veamos ejemplos y atentos que empezamos fuerte. Se consagra un derecho general de los bancos a cobrar aparte por asesorar al cliente (art. 10): “Cuando las entidades de crédito y los clientes decidan suscribir un contrato de servicio bancario de asesoramiento deberán informar expresamente a los clientes de esta circunstancia y, salvo que el servicio sea gratuito y así se le haga saber al cliente, habrán de recibir una remuneración independiente por este concepto. La prestación de este servicio estará sometida al régimen de transparencia previsto en esta orden ministerial e implicará la obligación de las entidades de actuar en el mejor interés del cliente, basándose en un análisis objetivo y suficientemente amplio de los servicios bancarios disponibles en el mercado, y considerando tanto la situación personal y financiera del cliente, como sus preferencias y objetivos.”

¿Se han fijado en la redacción? Prácticamente convierte en un deber moral para los bancos cobrar (habrán de recibir) y solamente hay que advertir al cliente… ¡si es gratis!; además, deja claro para que no haya dudas que el cobro es aparte de cualesquiera otras cantidades como comisiones de estudio, tasación, etc.  No se establece ningún límite, control o publicidad previa a la cuantía de ese asesoramiento. Este servicio implica la obligación de actuar en el mejor interés del cliente (¿pero es que no lo tienen siempre?). Como es impensable que un banco vaya a recomendar productos de otros bancos, lo que aquí se consagra es que los bancos puedan cobrar lo que quieran por informar y recomendar sus propios productos. Ni más ni menos.

– Hablemos ahora de comisiones. Serán las que “se fijen libremente entre las entidades y los clientes” (art. 3). Si aplicáramos literalmente esta norma, las comisiones deberían ser siempre cero, porque como todo el mundo sabe menos el Ministerio de Economía, las comisiones son impuestas sí o sí por los bancos y para nada son el resultado de un libre pacto entre iguales.

La Orden anterior que las regulaba, de 12 de diciembre de1989, obligaba al previo registro de las comisiones en el Banco de España, y facultaba a éste para revisar a posteriori su claridad y fácil comprensión por el cliente. Sin embargo, la nueva Orden suprime sin más tanto el registro como la revisión posterior y deja sin competencias de control al Banco de España en esta materia.

La Orden de 1989 prohibía que se cargaran comisiones superiores a las registradas en el Banco de España. La nueva indica que el Banco cumple poniendo a disposición de los clientes no ya las comisiones concretas que cobra o le van a cobrar, sino “las habitualmente percibidas por los servicios que prestan con mayor frecuencia”. Es decir, si al cliente se le presta de manera efectiva un servicio, se le podrá cobrar una comisión de cuya cuantía exacta no se le ha informado.

¿Supone todo esto una mayor transparencia y protección al consumidor?

– En materia de préstamos hipotecarios, era siempre obligatorio para el banco la previa presentación de una oferta vinculante al cliente con los datos concretos del préstamo, de modo que éste supiera con exactitud todos los pormenores concretos de su hipoteca. La nueva Orden suprime esta obligatoriedad, ahora solamente hay que hacer esta oferta si el cliente la solicita expresamente (art. 23). Con esta norma, es de imaginar que los bancos harán todo lo posible por eliminarla en la práctica, con lo que ello significa de pérdida de seguridad jurídica para el cliente, el cual se expone a que el banco cambie su oferta en cualquier momento. Esto tampoco es ni más transparencia ni más protección.

La oferta vinculante solamente es obligatoria para la denominada “hipoteca inversa” (un tipo especial para personas mayores de 65 años o dependientes), pero en este caso, el asesoramiento en principio remunerado por parte del banco no es solamente posible, sino “obligatorio” (art. 32). Quieran o no, a estos clientes les asesorarán (y les cobrarán).

La supresión de esta obligación con carácter general por esta Orden es tanto más llamativa porque solamente se aplica cuando los prestamistas son los bancos. Para las otras entidades que se dediquen profesionalmente a otorgar hipotecas y no sean entidades de crédito, sigue siendo completamente obligatorio (art. 16 de la Ley 2/2009). ¿Resulta lógico que los bancos, que son los que tienen más poder y los prestamistas por excelencia sean los que menos obligaciones tienen?

El hecho añadido de que las obligaciones de los que no son bancos figuren en una ley y las de los bancos en una simple orden ministerial, fácilmente alterable por parte de la administración y por tanto más sujeta a la presión del lobby bancario tampoco me parece que sea una mera casualidad.

– Un tema polémico en materia de hipotecas es el de carácter abusivo o no de las denominadas “cláusulas suelo”. Se han dictado una serie de sentencias admitiendo ese carácter, aunque recientemente la Audiencia Provincial de Sevilla las ha considerado legales y no abusivas. En todo caso, es una cuestión compleja porque toca el delicado tema de la protección al consumidor y porque no está resuelta judicialmente de forma definitiva. La Orden no es sensible a esta situación y admite expresamente y sin matices las cláusulas suelo (art. 25).

Prescindiendo de su carácter abusivo o no (en mi opinión es dudoso que lo sean), la Orden toma partido por los bancos al introducir por primera vez en el ordenamiento la posibilidad de esta cláusulas y sin mención alguna de su posible ilegalidad; ello podría llegar a influir en futuras resoluciones judiciales, sobre todo en las reclamaciones sobre hipotecas que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la propia Orden, puesto que los bancos podrán alegar, para negarse a hacer cualquier reembolso de lo indebidamente cobrado, que estaban cubiertos por una norma vigente. Creo que sería de ingenuos pensar que los redactores de la Orden no tuvieron en cuenta esto al incluir este artículo.

– La Orden permite con carácter general prácticas bancarias que deberían haberse regulado de una manera más restrictiva porque pueden fácilmente convertirse en abusivas. Una de ellas son los servicios bancarios vinculados: es sabido que en muchas ocasiones cuando vas a un banco a pedir un préstamo personal, una hipoteca, un crédito, etc., te obligan a contratar otros productos que no has solicitado –seguros, cuentas corrientes, tarjetas…-. Parece lógico que estas vinculaciones deban ser muy restrictivamente tratadas hablando de consumidores, si yo pido un servicio no tengo por qué llevarme tres más que no quiero. Sin embargo, el artículo 12 las admite sin matices, y nada más pide que se informe al cliente del coste separado de cada servicio, y no siempre, solamente “en la medida en que este coste esté disponible para la entidad” (¿?).

Otro ejemplo es que en materia de hipotecas acepta también sin restricciones que se ofrezcan al cliente productos complejísimos como son los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés (art. 24), entre los cuales se encuentran los muy polémicos swaps, que no  los entienden ni siquiera quienes los ofrecen. Podría haberse prohibido ofertar estos productos a quienes no tengan un nivel elevado de comprensión y cultura financiera. Sin embargo, con la Orden en la mano, podrían ofrecerse a una señora de 67 años simplemente entregándole un montón de papeles que nadie lee.

En todo caso, cómo no, la Orden sí establece medidas de protección al cliente bancario. La mala noticia es que no todos somos “clientes bancarios” a estos efectos. El artículo 2.1 entiende que solamente lo son las personas físicas. Todas las sociedades, incluso las más modestas S.L. que explotan un bar o un negocio de cerrajería, quedan excluidas de esta protección, y sin razón aparente (y de hecho, en la Orden de 1989 no existía esta exclusión).

Pero se va más allá: si la persona física actúa en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, “las partes podrán acordar” que toda la Orden o parte de ella no se aplique, salvo en lo referente a hipotecas (art. 2.4). Traducido al lenguaje de la calle: José Pérez, panadero, acude al Santander o al BBVA a pedir un crédito para el negocio. Como actúa en su ámbito profesional, el banco y él (o sea, más bien el banco por sí mismo) pueden decidir no aplicar normas que protegen objetivamente a José Pérez como consumidor. Toma ya.

Ahora bien, en mi opinión esta posible renuncia sería nula por contradecir frontalmente la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Su artículo 10 declara irrenunciables los derechos que la ley concede, entre ellos, “la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios” (art. 8.d). En la medida en que la Orden es la fuente principal de información en estos temas para el consumidor, los derechos que contiene para éste han de considerarse irrenunciables.

Muchos artículos de la Orden hubieran admitido una sencilla redacción alternativa mucho más protectora para el consumidor. No era tan difícil.

 

Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (VII): Más sobre la transparencia

Como ya dijimos en un post anterior, aunque podemos considerar  la transparencia como un derecho ciudadano, derecho democrático por excelencia, o uno de los pilares de una democracia de calidad, lamentablemente no es una «condición natural» de las organizaciones públicas como lo demuestra la actual deriva en España hacia cada vez procedimientos más opacos y menos transparentes, desde los acuerdos entre bambalinas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado o la propia modificación de la Constitución Española en una noche, pasando por los procesos de tomas de decisiones tan importantes como las políticas públicas, las subvenciones, el empleo público, el urbanismo, las infraestructuras, etc, etc. Como mucho, a los ciudadanos se nos informa solo del resultado final de estas negociaciones en la sombra, y muchas veces en términos no comprensibles o intencionadamente confusos, cuando no directamente engañosos. De ahí el desconcierto y la irritación de estos mismos ciudadanos cuando se “desvelan” los auténticos motivos o las causas de algunos acuerdos (por ejemplo, importantes cantidades de  I+D para el Gobierno Vasco a cambio de su apoyo en los últimos Presupuestos se descubre que han ido a parar a montar un lujoso Centro de cocina vasca…de I+D)

Sin duda, lo más sencillo y por lo que siempre es más fácil empezar es por la elaboración de una Ley de Transparencia y de Acceso a la información pública que clarifique los supuestos en que se tiene derecho a acceder a la información pública, que a nuestro juicio tienen que ser todos, salvo contadísimas excepciones. Pero no nos quedemos solo en la Ley, como es tan habitual en este país de muchas Leyes que se quedan en papel mojado, que ni se conocen ni se cumplen ni se hacen cumplir. Aquí lo importante es cambiar la cultura de la clase política y de la Administración utilizando la ley como palanca y también la propia presión de los ciudadanos y hasta de nuestros acreedores, que tienen derecho a saber que se hace con su dinero tanto en uno como en otro caso.

El criterio general debe de ser el toda información pública es accesible para los ciudadanos, de manera que solo en casos excepcionales y muy justificados debe de ser secreta o no accesible. En mi opinión, son muy pocos los casos en que esa información no se puede dar. Se trataría únicamente de los supuestos en que el derecho a la información colisiona con otros derechos o bienes jurídicos cuya protección se estima que tiene un rango superior, como por ejemplo, el derecho a la intimidad de las personas o la seguridad nacional. Y esto habría que verlo caso por caso, para evitar la fácil tentación de que la excepción se convierta en la regla general y que los organismos públicos puedan invocar la intimidad o la seguridad nacional para evitar la publicidad y la transparencia de sus actuaciones..

Además, y esto me parece fundamental en este país de largos y burocráticos procedimientos administrativos, esta información tiene que darse de manera proactiva por parte de las propias Administraciones. No volvamos a los viejos mecanismos de los que tanto se abusa de reconocer un derecho a los ciudadanos que tienen que ejercer vía solicitud a los organismos en cuestión, con plazos para contestar, silencios administrativos, etc, etc. Esto no funciona. Recuerden la ley 30/1992 y su famosa lista de derechos de los ciudadanos, algunos de los cuales siguen sin aplicarse después de los casi 20 años transcurridos. (Por ejemplo, el de no aportar documentación que ya tiene la Administración, es absolutamente frecuente que por razones de comodidad la vuelvan a pedir). Recordemos que la Administración siempre se defiende frente a aquellos procedimientos que intentan hacer cambiar su forma de proceder, y no digamos ya frente a los que puede percibir como una “amenaza”  en la medida en que puede entender que se trata de proporcionar demasiada información a los ciudadanos, aún en los casos en que no haya nada que ocultar.

Por eso es imprescindible que toda la información pública disponible se ponga a disposición de los ciudadanos. Todo lo referente a las contrataciones, las subvenciones, las políticas públicas, el número de empleados públicos, las funciones que realizan, los salarios que perciben, los horarios que tienen, sus cvs, especialmente los de aquellos que acceden a puestos directivos, o de los que no han accedido a los puestos por oposición. Recordemos que todo esto se está haciendo con nuestro dinero. Los ciudadanos tenemos derecho a saber, y más en las circunstancias de crisis en que vivimos, que se está haciendo con el dinero de todos los contribuyentes. Hay que volcar los procedimientos enteros de contratación y de otorgamiento de subvenciones, y también los de selección del personal. Los organigramas completos. Las tareas que se realizan y su coste. Las políticas públicas. Como se diseñan, como se evalúan. Los indicadores. En fin, la lista puede ser interminable, pero ya se hacen una idea de por donde van los tiros.

Además la Ley debe de recoger las sanciones para hacer posible este derecho si las Administraciones no lo respetan de forma voluntaria y proactiva. Tiene que haber responsabilidades para caso de incumplimiento, que deben de ser severas para conseguir que las Administraciones cumplan con su obligación y no mareen a los ciudadanos y les remitan a los tribunales de Justicia para exigir su derecho a la información pública. Pero no olvidemos que la sanción mayor y probablemente la más efectiva es la propia censura ciudadana a los comportamientos contrarios a la transparencia. Por eso lo más importante es conseguir un círculo virtuoso donde estas prácticas y comportamientos no transparentes se penalicen no sólo jurídica sino políticamente y hasta socialmente. Debe de estar mal visto no dar toda la información, porque quien no la de se presupone que tiene algo que ocultar o que teme el escrutinio público.

Además, para hacer efectivo este derecho de forma sencilla, se trataría de lanzar plataformas donde se recogiesen estos datos de forma accesible y sencilla, copiando iniciativas como http://data.gov.uk/ o  “data. gov.us“. Sin embargo aquí lo esencial no sería tanto los criterios técnicos (no se trata únicamente de licitar una plataforma tecnológica para que cada organismo o departamento administrativo “cuelgue” lo que le parezca o lo que le convenga) sino los políticos y de gestión, de manera que esta iniciativa debe de considerarse como una iniciativa esencialmente política donde la tecnología es  instrumental.  De ahí la relevancia de lanzar esta plataforma desde un organismo con la suficiente relevancia política, idealmente el propio organismo que debe garantizar el cumplimiento de la transparencia por parte de los demás, para evitar convertirse en un tecnológo y mero receptor pasivo de iniciativas ajenas.  Además. el criterio de las personas responsables sobre qué es relevante para los ciudadanos es esencial para que la iniciativa no defraude. En nuestra opinión el organismo no puede ser un organismo tipo Agencia de Protección de Datos (como se ha propuesto en algún Anteproyecto filtrado a la prensa) por la “deformación profesional” -valga la expresión- de sus funciones y de sus funcionarios, además de por la politización de sus nombramientos de directivos, por otro lado la absolutamente habitual en este tipo de organismos.  Un organismo que garantice la transparencia debe de contar con una importante participación de la sociedad civil, que por otra parte ya lleva tiempo organizándose en movimientos “pro transparencia”.

En esta línea, hay que promover, impulsar y apoyar los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil que van en la misma dirección y el asociacionismo “pro transparencia” así como las iniciativas públicas un tanto dispersas pero también dignas de mención que empiezan a existir.

Lógicamente, el instrumento técnico para hacer posible el Open Government son las TIC. Sin ellas ese paso no sería posible. El vasto conjunto de datos que obra en poder de las Administraciones Públicas, su dispersión, la dificultad para su acceso e interpretación, y ciertas resistencias culturales además de la falta de claridad normativa son, sin duda, factores que han hecho muy difícil hasta la fecha ofrecer un auténtico Gobierno Abierto.

Las TIC han hecho posible que las democracias y destacadamente los Estados Unidos, estén desarrollando programas e iniciativas orientados al Open Goverment. En Europa, el “European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government” pretende pilotar la evolución haciala Administración Electrónica en Europa, prestando especial atención al Open Government.

Por último, debemos tener en cuenta que cualquier iniciativa que pretenda poner a disposición de los ciudadanos complejas y sofisticadas aplicaciones con acceso a cualquier tipo de datos está condenada al fracaso. Las soluciones deben ser sencillas y se deben implantar de forma gradual siguiendo los siguientes pasos:

  1. Las Administraciones deben recopilar, ordenar, integrar y catalogar los datos y la información de la que disponen. En muchos casos es la propia Administración la que no tiene acceso a su propia información por estar distribuida en aplicaciones antiguas, sin integración e incluso en formato analógico que previamente hay que digitalizar. La catalogación también es fundamental porque la información sin sus datos de contexto no tiene utilidad..
  2. Una vez que la Administración dispone de sus propios datos ordenados y catalogados se deben poner a disposición del público en formatos básicos y estándares de fácil procesado y explotación. Este punto es muy importante porque disponer de multitud de datos en formatos difíciles de explotar es como no tener nada. Por ello es importante que los datos básicos proporcionados por la Administración estén ordenados y etiquetados adecuadamente en formatos estándares para que sean fáciles de utilizar por terceros. La Administración se puede plantear el ofrecer informes básicos de aquellos datos de mayor interés pero sobre todo debe ser capaz de poner a disposición de la Sociedad de sus datos desnudos para que terceros (sociedad civil, empresas, ciudadanos) sean capaces de explotarlos y extraer valor y conocimiento.
  3. El procesado de toda esa información es el gran reto al que se enfrenta la Sociedad. Una vez que toda esa información generada por la Administración está a disposición de la Sociedad, serán las empresas y la sociedad civil los que se podrán encargar de su tratamiento y procesado de una forma eficiente para ponerlos a disposición de terceros en formatos de fácil utilización y difusión.

Como ven, una Ley, pero mucho más que una Ley también. Un cambio de cultura en toda regla.

¿Subvencionar a las asociaciones más representativas o a las más cercanas? UPTA, ATA, el Abogado del Estado y el Ministerio de Trabajo.

En estos días difíciles, en los que la austeridad y eficiencia en la gestión de las cuentas públicas se han convertido en banderín de enganche enarbolado por políticos de uno y otro signo, la concesión de subvenciones por parte de las Administraciones Públicas se torna necesariamente en una práctica sujeta a un escrutinio público antes infrecuente. Dejando de lado que dicho escrutinio debería ser algo habitual, con independencia de que la crisis arrecie más o menos, y que deberían quedar proscritas para siempre visiones de la cosa pública como la de quien sostenía que “el dinero público no es de nadie”, lo cierto es que en épocas de escasez el lógico que los contribuyentes tengan más interés en saber qué actividades y a qué entidades se subvenciona, máxime cuando al mismo tiempo se reducen camas de hospital o se incrementan los impuestos.

Así, los medios de comunicación se hacen ahora eco de hechos que antes pasaban desapercibidos: que si tal Comunidad Autónoma ha destinado tantos millones de euros para ayudas a tal sindicato, que si tal asociación ha recibido determinada subvención de un Ministerio… Poco a poco, y en buena medida gracias a la crisis, el público en general tiene noticias de cómo se reparten algunos de sus impuestos. Noticias siempre fragmentadas y desestructuradas, que no se acercan en modo alguno al ejercicio de transparencia que se viene reclamando insistentemente desde este blog y que facilitaría una auténtica rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Pero, al mismo tiempo, es también lógico que la cohorte de entidades e instituciones cuya sostenibilidad o mera existencia depende de la percepción de subvenciones y ayudas públicas, sabedoras del carácter menguante de éstas, hagan lo posible y lo imposible para mantenerse enganchadas a la ubre pública.

El pasado día 11 de octubre, el periódico El Mundo se hacía eco de la polémica generada en torno al reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos por parte del Ministerio de Trabajo. Dos días más tarde, el presidente de una de las asociaciones supuestamente perjudicadas anunciaba  la intención de su representada de no participar en el Consejo del Trabajo Autónomo por estar dicho órgano en entredicho al no reflejar la realidad.

La importancia de la determinación de la representatividad de las distintas asociaciones que representan a los autónomos españoles viene dada por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que en su art. 21.5 otorga a las asociaciones “representativas” una posición jurídica singular, que les permite ostentar la representación institucional ante las AA.PP., ser consultadas por éstas en el proceso de diseño de políticas públicas, y… gestionar programas dirigidos a los autónomos; es decir, gestionar ayudas y subvenciones.

La representatividad de las asociaciones es declarada por el llamado “Consejo de Representatividad”, formado por cinco miembros de los que tres son funcionarios del Ministerio de Trabajo. Este Consejo viene regulado por el Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, que establece su composición y régimen de funcionamiento, así como los criterios objetivos que debe aplicar para determinar la representatividad de las distintas asociaciones. La Orden Ministerial TIN/449/2011 convocó el procedimiento para que las asociaciones interesadas en ser declaradas “representativas” pudiesen acceder, en régimen de concurrencia competitiva, a tal condición, por un periodo de cuatro años.

En Consejo de Representatividad, con fecha 3 de junio de 2011, resolvió el procedimiento, declarando a UPTA como asociación más representativa del sector, seguida por ATA. Disconformes con el resultado, algunas asociaciones recurrieron en reposición. Así las cosas, el Ministerio solicitó a la Abogacía del Estado que informase el procedimiento de declaración de representatividad.

Atendiendo dicha solicitud, el Abogado del Estado evacuó informe , señalando entre otras cosas que:

  • El Abogado del Estado elaboró su informe sin tener acceso a los datos presentados por las asociaciones cuando concurrieron a la convocatoria de la Orden TIN/449/2011.
  • Que hubiera sido conveniente expresar en la resolución de 3 de junio cuáles han sido los criterios y mecanismos por los que se otorgan puntuaciones en función del número de afiliados y de su distribución, pues UPTA resulta la segunda mejor puntuada pese a ser la cuarta por número de afiliados, lo que da a entender que su distribución sectorial ha sido determinante en su valoración, pero se desconoce el mecanismo de valoración de dicha distribución.
  • Que la resolución debería indicar cuántos afiliados tiene cada asociación, y en qué sectores, y debería poner estos datos en relación con los puntos asignados.
  • Que la resolución parece valorar, además del número de sedes permanentes de cada asociación, su distribución territorial, cuando éste último criterio no viene establecido ni en el Real Decreto 1613/2010 ni en la Orden TIN/449/2011. De hecho, en la resolución de 3 de junio sólo se cita el criterio de número de sedes, resultando UPTA con la mayor puntuación. Sin embargo, en la resolución desestimatoria de uno de los recursos de reposición citados por el Abogado del Estado en su informe (página 10 del mismo) se añade el criterio, no previsto en las bases, de distribución geográfica de las sedes para justificar que UPTA sea la mejor valorada pese a que ATA es la asociación con más sedes.
  • En general, la resolución no aporta datos concretos sobre los méritos de cada una de las asociaciones. No se recogen por ejemplo el número de sedes, los empleados permanentes, el número de convenios suscrito por cada asociación, etc, como soporte de la asignación de puntos realizada en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el procedimiento.

Este informe y la reacción de las asociaciones perjudicadas por la resolución arrojan dudas sobre cómo se ha llevado a cabo la valoración de los méritos de cada una de las asociaciones, y dan pie a que el sesgo político de éstas se dé a entender como razón última de la puntuación obtenida, en detrimento de los criterios objetivos establecidos en el procedimiento. Y esto es lo que le llega al ciudadano: la idea de que la Administración no gestiona los recursos públicos conforme a las reglas, con el consiguiente deterioro del crédito de las instituciones.

La transparencia, como se viene insistiendo en este blog, es la mejor vacuna contra este descrédito. La adecuada motivación de las decisiones, y la publicación transparente y sin reservas de dichas decisiones con su motivación y todos los datos necesarios para entenderlas, son la mejor salvaguarda de la confianza que los ciudadanos desean depositar en los poderes públicos. Confianza cuya necesidad  se hace más imperiosa si cabe en estos tiempos de estrecheces económicas. Porque la Administración no solo tiene que ser honesta (faltaría más), sino que, como la esposa del César, tiene que parecerlo a los ojos de los ciudadanos.