Ahora que la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción -muy especialmente la transparencia- pero por otro lado quiere hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo, luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y sobre todo a sus responsables.

Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9 de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre corrupción de febrero de este año.

Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.

En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la toma de decisiones + discrecionalidad – rendición de cuentas.

La llamada teoría política del agente y el principal considera que los problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes en el gasto político, muy sensibles para el político.

Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la información sobre la actuación de su representante político. Una cultura política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no la regla general.

Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que vemos a diario.

Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.

Sin embargo, en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos. El ciudadano piensa que «todos son iguales» y que por tanto se van a compartar como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos, que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más eficiente -que por definición no existe- sino por el más próximo.

Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo (Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.

Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos, familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.

No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.

 

En el post de hoy, amigos lectores, quiero glosar un fenómeno muy nuestro y extraordinariamente castizo: el del jurista complaciente. En pocos países del mundo cabe apreciar con tal pureza de rasgos este espécimen, profundamente imbricado en nuestro hábitat partitocrático. En ¿Hay Derecho? hemos hablado hasta hartarnos de la captura de nuestros organismos reguladores supuestamente independientes por el actual establishment extractivo, y sus perniciosos efectos, pero tal cosa no sería posible sin la entregada colaboración -porque no podemos calificarla precisamente de desinteresada- del jurista complaciente. Para ilustrarlo, vamos a escoger dos ejemplos muy interesantes: el de Vicente Guilarte, actual consejero del CGPJ, y el de Fabio Pascua Mateo, Secretario General de la CNMV.
Vicente Guilarte, Catedrático de Derecho Civil, comenzó su carrera política al fichar como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad. Era el encargado de defender en los juzgados las posturas de la Corporación, impugnando resoluciones de la Dirección General de los Registros cuando convenía o defendiendo de la impugnación calificaciones registrales. Fue una época muy movida corporativamente hablando, pues la Dirección General pensaba, en su ingenuidad, que era el superior jerárquico de los funcionarios a su cargo (notarios y registradores) y que podía sancionarles cuando no obedecían sus mandatos. En fin, recordarlo hoy da casi ternura.
Bueno, el caso es que uno de los muchos sancionados fue nada menos que Enrique Rajoy Brey, un hombre muy implicado en la defensa de los intereses corporativos. El Sr. Guilarte se encarga activamente de la defensa del Sr. Rajoy y consigue levantarle las sanciones en los tribunales. Es el comienzo de una gran amistad. Sin duda complacido por su actuación, el propio Rajoy la recuerda públicamente en esta carta (aquí) enviada a todos sus compañeros en diciembre de 2013, en donde glosa la persecución a la que fue sometido y agradece “el impagable apoyo de Vicente Guilarte Gutierrez”.
Es una carta muy emotiva cuya lectura recomiendo encarecidamente. En su parte final realiza una advertencia que interesa retener por lo que luego veremos y que transcribo seguidamente: “casi nos hemos olvidado de que el riesgo que entonces estuvo a punto de acabar con nuestro status todavía permanece y no sólo permanece sino que se agranda cada día que pasa y, en lugar de aprovechar el tiempo para mejorar nuestro sistema de seguridad jurídica, para modernizarnos, para aumentar nuestra eficiencia y acrecentar así nuestro valor añadido, lo utilizamos para cazar musarañas, proponer cambios tan urgentes y candentes como la pre-horizontalidad y difundir insidiosos e interesados rumores sobre la ruina a que las reformas propuestas por el Ministerio nos abocarían o la ‘contaminación’ que implicarían para nuestra función.”
El caso es que el Sr. Guilarte, poco a poco y sin olvidar sus encargos judiciales, fue promocionado a otros menesteres. El 2012 se le incorpora al consejo de redacción de la revista del Consejo General de la Abogacía en representación de los registradores y desde allí comienza a publicar (en ese y en otros medios) una serie de artículos en defensa de la profesión (tal como él entiende la defensa de una profesión, claro, que es denigrando a las demás). Pueden leer uno de esos interesantes artículos aquí (tampoco tiene desperdicio).
Tantos méritos no podían quedar desatendidos. Si Enrique Rajoy había sido capaz de nombrar medio Ministerio de Justicia, estaba claro que podía ayudar a un amigo (y a la Corporación, claro) colocando al Sr. Guilarte en el CGPJ. Sin duda resultaba muy interesante para todo el mundo (recordemos esa advertencia sobre los riesgos para “nuestro status” y la necesidad de defender las reformas propuestas por el Ministerio). Dicho y hecho, Guilarte es nombrado consejero en la última renovación por la cuota del PP y desde el primer momento se pone manos a la obra, sin por ello dejar sus tareas anteriores, al menos las principales, pues en enero y febrero de 2014 Guilarte sigue firmando un buen número de escritos procesales en representación de los registradores (concretamente escritos de personación, lo que significa que lleva la dirección letrada en su conjunto). Suponemos que sigue cobrando por ello, naturalmente. Quizás la reforma del CGPJ propulsada por el PP -permitiendo compatibilizar la actividad de consejero con el ejercicio profesional- buscaba precisamente esto, quién sabe.
En cualquier caso, el resultado final era el previsible (al fin y al cabo para eso le han nombrado) en un frente y en el otro. En el frente de los Juzgados, ¿se imaginan la presión para un juez de Primera Instancia que tenga que decidir sobre un asunto de interés para los registradores cuando se entere que el abogado de esa parte es un consejero del CGPJ? En el frente del Consejo, se propone él mismo como co-ponente en el informe del CGPJ sobre jurisdicción voluntaria, en el que tanto interés tiene los registradores (en eso sí que se juegan el status y no en la pre-horizontalidad, como nos ilustraba Rajoy) y ya se pueden ustedes imaginar el desenlace: la propuesta de informe deja pequeños a los mismísimos artículos de Guilarte anteriormente mencionados. Y lo que te rondaré, morena. Definitivamente, nuestro hombre en el Consejo (pero todo legal, eh, aunque otra cosa es que ética y estéticamente resulte sencillamente asombroso).
Pasemos ahora al otro caso, que no es menos divertido. Fabio Pascua Mateo es Letrado de las Cortes. Comienza su andadura política en Madrid a la sombra de Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien le designa Secretario General de la Asamblea. En la siguiente legislatura la Sra. Rodríguez se va al Congreso de diputada y el Sr. Pascua continúa con el nuevo Presidente, Ignacio Echevarría. Pues bien, al poco tiempo estalla el escándalo BFA-Bankia y la oposición, en su ingenuidad y a la vista del desaguisado, quiere debatir las posibles responsabilidades políticas en las que han podido incurrir los gestores autonómicos en una comisión de investigación.
La pretensión sobre el papel parece lógica, puesto que  la Ley 4/2003 de 11 de marzo, reguladora de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid,  establece una serie de responsabilidades administrativas para quienes ostenten cargos de administración y dirección que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito,  correspondiendo la competencia para exigirla y sancionarla a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su caso, a su Consejo de Gobierno, aunque en determinados casos se requiere informe del Banco de España.
Quizás sobre el papel de la ley, sí, ¡pero menos mal que tenemos juristas complacientes para interpretarlas! Si no estaríamos perdidos, desde luego. Se encarga urgentemente un informe a la Secretaría General de la Asamblea para que emita su opinión (institucional e imparcial, naturalmente) y el Sr. Pascua se descuelga en mayo de 2012 con uno, que pueden consultar aquí, en donde afirma que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna competencia en materia de Cajas de Ahorro.
Como lo leen. Pese a que la Ley de la Comunidad de Madrid establece claramente que  el órgano responsable dentro de la Comunidad de Madrid de ejercer las funciones de disciplina y sanción es la Consejería de Economía y Hacienda, el informe supuestamente independiente, en base a argumentos de tipo formal y temporal, y con abundante retórica, afirma que el único responsable es el Estado y el Banco de España.
El informe cumplió su cometido: por supuesto que no hubo Comisión de investigación –tampoco es que hubiera servido para mucho, visto el paripé que se montó en el Congreso por el mismo tema- pero, sobre todo, el jurista complaciente es en la actualidad Director del Servicio Jurídico y Secretario General de la CNMV, de nuevo bajo las órdenes de su jefa de siempre, Elvira Rodríguez. Estamos seguros de que sus informes en ese órgano serán del mismo tipo al que ya estamos acostumbrados, para tranquilidad de su presidenta… e intranquilidad de los ciudadanos, lamentablemente.