Políticas sin criterio o la reducción de diputados regionales en Castilla-la Mancha

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La presidenta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal ha propuesto que se recorten a la mitad el número de diputados de esa comunidad por razones de austeridad. No deja de ser chocante que esta propuesta la haga cuando aún no han pasado cuatro meses desde que en ese parlamento con su voto, por iniciativa del PP, se aprobará la Ley 4/2012, de 17 de mayo,  por la que se pasaba de 49 diputados a 53 en esa misma comunidad. Una Ley que en su exposición de motivos se justifica así:

 

“Es un hecho contrastable objetivamente que el crecimiento de población en la región no se ha detenido desde la última reforma de la Ley Electoral, ya que entre enero de 2007 y enero de 2011, esta ha pasado de 1.977.304 habitantes a 2.115.334, respectivamente, es decir, un incremento del 7,0%, muy superior a la media nacional (4,4%).

La presente modificación se realiza manteniendo un criterio de austeridad, con un número de diputados suficiente para cumplir los criterios de proporcionalidad, territorialidad y realizar de manera adecuada las funciones que están previstas en la legislación vigente.

Si comparamos el nuevo número de escaños, Castilla-La Mancha con la reforma propuesta alcanza una representación proporcional respecto al resto de Comunidades Autónomas, que cuentan, con carácter general con un número superior de diputados para poblaciones muy similares a las de nuestra región, como por ejemplo Castilla y León, País Vasco, o casos como los de Extremadura en la que con la mitad de población, cuenta con un número muy superior de diputados en su Asamblea Legislativa.”

 

Frente a lo que dicen esos párrafos de la Ley, esta reforma está motivada realmente por la queja del PP ante una anterior del PSOE del año 2007 –Ley 12/2007, de 8 de noviembre-. En la que pasó el número de diputados de 47 a 49 otorgando uno más a Toledo y Guadalajara. Ya que pensaban que no les favorecía y que el PSOE la hacía para dificultar su futura mayoría al no subir el número de escaños de Toledo y Ciudad Real. Por ello interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, quien no les dio la razón (http://www.jccm.es/contenidos/portal/ccurl/450/963/2008-00270STC.pdf). En la actual, el PP  aumenta el número de diputados en cuatro que se reparten entre Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Toledo, manteniendo a Albacete con los mismos. Un nuevo reparto, que viendo los restos de las últimas elecciones en esas provincias, les favorecería para dificultar la victoria del PSOE.

 

Si la Ley de hace tres meses era la plasmación de años de disquisiciones en el PP de Castilla la Mancha para determinar qué número de diputados por circunscripción les favorecería más  para ganar al PSOE, hay que preguntarse por qué ahora la Presidenta Cospedal apuesta por reducirlos a la mitad y que no cobren sueldo los diputados, aunque sí dietas. La respuesta a esta pregunta no es difícil de encontrar y tienen que ver con los hondos cambios de nuestra sociedad.

 

En primer lugar han visto que se está produciendo un declive importante de los dos partidos mayoritarios y un crecimiento de nuevos partidos. Un crecimiento que se puede limitar si se reducen los diputados y se mantiene la Ley electoral sin corregir su falta de proporcionalidad. De esa forma, en Castilla la Mancha para tener un diputado por circunscripción habrá que lograr porcentajes superiores al 10 por ciento y en las más pequeñas del 15 por ciento. Lo que conllevará que los partidos con porcentajes inferiores no entren en el parlamento y todos los escaños se repartan entre los dos mayoritarios. Esto es, entre el PP y el PSOE, aunque tengan un importante descenso de votos.

 

En segundo lugar, esta medida y la eliminación del sueldo es popular ya que da la imagen de reducir cargos políticos. Ahora bien, al suprimir el sueldo de forma generalizada de los diputados y reducir la representatividad de los ciudadanos, lo que realmente logran es reducir aún más el control del gobierno. El que, por otra parte, seguirá con sus enchufados y demás mandagas, sin reforma alguna. Lo que justifica Cospedal diciendo que no es lo mismo la tarea legislativa que “el encargo hecho a un partido para que administre” Como si los ciudadanos en lugar de votar diputados votaran la ocupación de la administración por un partido político. Una declaración que descarnadamente justifica nuestra partitocracia y la muerte del parlamentarismo.

 

Si estas propuestas -que también defienden otros “barones del PP”- salen adelante, conseguirán sancionar el modelo institucional que tan perversos incentivos ha creado al permitir que una partitocracia controle el país sin responder ante nadie. Los problemas de Castilla la Mancha  se acentuaran, en lugar de resolverse. Hay que reducir parlamentarios autonómicos pero no así.

 

Frente a esta política alicorta e interesada, que no tiene otro rumbo que mantener el estatus quo, nuestro país necesita un profundo cambio de su sistema institucional que redefina el modelo de estado abriendo un nuevo proceso constituyente. En el cual se fije un modelo federal con competencias claras entre el Estado, un número reducido de comunidades y de municipios; un sistema electoral justo e igualitario; y un incremento de la transparencia y la responsabilidad política. Solo así se crearan los incentivos para crear riqueza y que está este justamente repartida.

Las (des) inversiones extranjeras, la marca “España”® y el “Palé”

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Las cifras se hicieron públicas el último día de Julio por el Banco de España y, no sólo no se dicen pronto, pero si se piensa sobre ellas con cierto detenimiento, hay que hacer lo posible para no entrar en pánico: “Don’t panic”, como dicen los anglosajones en caso de incendio. Ciento sesenta y tres mil millones de Euros (163.000.000.000€) es el importe oficial de los capitales que han salido de España también oficialmente en 2012, si bien la cifra alcanza los 259.000.000.000 € en los últimos doce meses, como puede verse aquí:

 

Sin embargo, las cifras oficiales publicadas en los periódicos económicos el día 1 de septiembre son aún peores: en junio las empresas y familias sacaron oficialmente de España 56.631 millones de Euros, cifra muy cercana a la indicada por el Ministro de Economía y Competitividad como máximo necesario para el “Rescate Bancario” (60.000 millones de Euros). Esto situaría el importe bruto en 219.817 millones de Euros que se han ido de nuestro suelo (bueno, de nuestros balances bancarios, empresariales y familiares) en el primer semestre de 2012. La cifra casi decuplica (negativamente, claro) el saldo positivo del primer semestre de 2011, y creo que es un excelente indicio del verdadero grado de confianza de residentes y no residentes (como se denominan a efectos de Inversiones Extranjeras) en nuestra economía.

 

Hablamos, grosso modo y respectivamente, del 16 y el 25 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto y de más del doble, en seis meses, del importe máximo (100.000 millones de Euros) de la ayuda de nuestro sistema financiero, ya que no podemos poner otra cifra que la que el propio Sr. De Guindos puso sobre la mesa en Bruselas cuando manifestó que España no era Zimbawe: “Preparen 700.000 millones de Euros para rescatar a España e Italia”, aunque el Prof. Lagares ha escrito ya en “El Mundo”, para endulzar el “síndrome postvacacional” como ahora se le llama, que mejor que nos vayan rescatando pronto, que es lo que, tras las próximas fechas marcadas en rojo en el calendario, que suponemos serán nuevamente calificadas de “históricas” del 6, 9 y 21 de septiembre, puede pasarnos, ya que no nos ha pasado en Agosto.

 

Esa es, por tanto y tristemente, la fiabilidad de la “Marca España” en el último año y no es necesario ser augur, ni visionario para darse cuenta de hacia dónde apunta la tendencia, aunque también es de esperar que los posibles “chollos” (perdón por la expresión) atraigan inversores extranjeros, como ya está sucediendo, que sí tienen liquidez, como los chinos y los países del Golfo Pérsico. En algún comentario a post de otros colaboradores de este ilustrado Blog que proponían medidas lo escribí, aunque no sé si alguien lo tomó en serio: el Gobierno debería expedir certificados al mérito civil, al valor comprobado o remitir medallas a los ciudadanos españoles que, teniendo ahorros, los conservamos en España a pesar de que, por ejemplo, ya casi no puede suscribirse un contrato de préstamo a largo plazo con una entidad extranjera que no contenga una cláusula especificando que el prestatario español tendrá que devolver el préstamo en Euros y no pesetas, táleros o duros (cláusulas explícitas “rebus sic stantibus” a cargo del prestatario).

 

Y ello a pesar de que el BOE del 29 de junio publicó el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio por el que se crea  el Alto Comisionado para la Marca España (con rango de Secretario de Estado), con su Oficina, sus Grupos de Trabajo y sus competencias “transversales”, todo lo cual según se declara no supone incremento del gasto público, aunque no se comprende bien cómo. El primer (y ya veremos si último) Alto Comisionado, – otro organismo u “organillo” como el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, notoriamente inútil dicho sea con respeto a su recientemente finado titular, q.e.p.d. –  es, si no me equivoco, noble de rancio abolengo y amigo personal de Su Majestad, empresario de reconocido prestigio con excelentes relaciones en todos los niveles del mundo empresarial y del Estado, ha renunciado al sueldo de Secretario de Estado, pues comparado con su patrimonio y los sueldos de los Consejos de los que forma parte (de los que no puedo confirmar si ha dimitido todavía o no, ya que en las Webs de las sociedades cotizadas a cuyo consejo pertenece sigue apareciendo como consejero, lo cual no sé cómo se compadece con el régimen de incompatibilidades de los Secretarios de Estado).

 

No es que antes del 29 de junio no tuviéramos un responsable de velar por la imagen de España en el Exterior desde el punto de vista de la atracción de Inversiones Extranjeras, pues para es tenemos una Secretaría de Estado de Comercio dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad y  de la que, a su vez, dependen el ICEX, Invest in Spain, Cofides, las Cámaras de Comercio Españolas en el Extranjero, y un notable número de entes, entidades, organismos y sus no menores contratados y subcontratados. Por tanto, la solución es, una vez más,  “impulsar la imagen de España” como si la imagen fuese más importante que la realidad misma. Dos Secretarías de Estado y un solo fin verdadero. Todo ello sin contar los numerosos representantes de las Comunidades Autónomas en el exterior (he llegado a encontrarme con delegados de Castilla y León en pequeños países centroamericanos, sin que las inversiones de empresas “castellano-leonesas” en tales países justificasen un apoyo distinto al de la Embajada, la Oficina Comercial o la Cámara de Comercio correspondiente, salvo, claro, que se tratase de crear un puesto bien remunerado para un “hijo-del-algo” (fijodalgo, hidalgo) próximo al gobiernillo de turno de la Autonomía en cuestión (o de cualquier otra). Es bien cierto en cabildeando donde se debe se puede mejorar mucho la percepción que tienen de algo los que administran los dineros de los inversores o los inversores mismos, pero no lo es menos que por muchos Clubs de Pall Mall que uno visite o almuerzos que organice, el 15-M, los Mineros, los Funcionarios en Nuevos Ministerios, los antisistema y los “jornaleros” salen en los diarios y el Real Decreto no otorga al Alto Comisionado la facultad de censurar las noticias ni de mejorar los datos.

 

Si a lo anterior se unen el Consejillo del  Reyno (va a ser que volvemos a las era de los Austrias y para eso casi mejor capital en El Escorial) denominado “Consejo Empresarial para la Competitividad de España” el “Foro de Marcas Renombradas” y otras múltiples iniciativas, todas ellas bienintencionadas, sin duda, debe ser que los inversores no se enteran de cuánto estamos apostando los españoles por nuestro futuro como destino de la Inversión Extranjera.

 

Las cifras más que astronómicas de los primeros párrafos de este “post” (se escriben mucho antes de lo que se comprenden, pues deberíamos, como dice John Allen Paulos en “Un matemático lee el periódico” compararlas con otras magnitudes usuales) se refieren sólo a movimientos de Balanza de Pagos, es decir a movimientos monetarios, pero lo mismo sucede cuando se examinan con detalle las inversiones en deuda pública y en la Bolsa española: los inversores extranjeros huyen de España como almas que lleva el diablo y muchos españolitos de a pie colocan parte de sus ahorros en países más seguros de la Eurozona de la Unión Europea (señaladamente Luxemburgo) o bien del Espacio Económico Europeo (Suiza). Si Ud. fuera tenedor de deuda pública de un país cualquiera hipotético: Fiestilandia o Estepaís, por ejemplo, y su gestor (o sea “el mercado”) le dijera que acaba de colocar sus ahorros en unos bonitos pagarés de Tuvalu, al 7% de interés o en “Rumasinas” al 8% (mismo tipo que muchas preferentes, que no se olvide, especialmente por los Fiscales del caso, si es que quedan fiscales y jueces independientes), es posible que, en esta secuencia, ordenase Ud. al gestor transferir todo a otro páis hipotético (Hermina, por ejemplo, fundada por un mítico Hermann o Herminio, el germano) serio, o una empresa solvente y no muy “apalancada” (sigo pensando que suena barriobajero y de bar esto de “apalancarse”) , esto es prudente, aunque fuera a interés cero o con intereses negativos, porque Ud. lo que quiere, en el presente estado de cosas es, no perder sus ahorros, su esfuerzo de, posiblemente, toda una vida de trabajo menos los no pequeños impuestos pagados menos lo que le cuesta la vida, menos la inflación correspondiente (“el ladrón de los pobres”).

 

Pues eso es lo que está sucediendo ahora: ya nadie se fía de nosotros, no por culpa nuestra, que también, sino porque hemos pasado del “Segundo Milagro” español a ser la “Gran Mentira” de Europa, gracias, muy especialmente al despilfarro de fondos de los demás que han hecho nuestras múltiples administraciones públicas, que siguen haciéndolo, eso sí, dejando a los minusválidos sin asistencia, a los hospitales sin pago y a los alumnos sin almuerzo, pero con un incremento mayor de impuestos nominales para llevarse una porción mayor de una tarta cada vez más pequeña, o sea, la renta bruta que producen los Manolos y Pepes de esta sufrida piel de toro.

 

Añádase a lo anterior que el tópico pesa y que los sedicentes “jornaleros” andaluces siguen asaltando bancos y supermercados sin que se haya producido la detención seria ninguna, como “montoneros”, que el 11 de septiembre Cataluña se manifestará (“masivamente”, anticipo) por su Independencia mientras pide anticipos de caja y dejas desprotegidos a los más necesitados (sanidad, dependencia) o que el 21 de Octubre se iniciará la siguiente etapa del pasteleo con ETA y sus muchachos y los “vascos y vascas” iniciarán la misma senda reivindicativa, como el Quebec o Escocia, que el déficit de 2011 ya supera, rehechas las cuentas, el 9% del PIB, que la economía no crece y se desplaza, como las estrellas al rojo, al “negro sumergido” (bonito tono para un pantone), y que el Presidente del Gobierno ha declarado solemnemente a cuatro diarios que “él” ya hace lo que debe, pues blanco y en botella, como dicen los castizos: “vende España” que es una orden típica en las casas de valores desde 2007.

 

Es decir, no somos más fiables internacionalmente, sino menos, y la fiabilidad no puede venir de un organismo u “organillo”, aunque se denomine pomposamente “Alto Comisionado” y generosamente renuncie a su emolumento, sino una situación general de cumplimiento de: 1) Normas y 2) Contratos y, en caso de incumplimiento, 3) Justicia ágil y neutral.  Ud. debería saber que eso no sucede en España, donde cambian las reglas del juego sobre la marcha por Real Decreto Ley dictando normas que, como el  RD 998/12 son cosméticas, redactadas no por juristas, sino por expertos (o supuestos expertos) en “marketing” público. Pero vamos a ver: ¿no era el propio Presidente del Gobierno el que presidía la Comisión Delegada para Asuntos Económicos e iba a llevar las riendas de estas cuestiones? Ahora tenemos dos Ministros más el de Exteriores y dos encargados con rango de Secretario de Estado.

 

Sin embargo es un hecho que nuestra España (con su Portugal, cuando éramos Iberia e Iberia no era una línea aérea) entra en la Historia Universal de la mano de los inversores Fenicios y Griegos que aquí establecen colonias comerciales que permiten el desarrollo de las minerías (por cierto, otra linda imagen de España, la de nuestros mineros),y se ha desarrollado históricamente merced a las inversiones extrajeras y nuestro desarrollo desde 1975 hasta la fecha, pero particularmente desde 1986 hasta 2007 ha tenido que ver con los flujos de Inversiones extranjeras directas, Inversiones extranjeras de cartera, Fondos Estructurales y Financiación exterior al Sistema Financiero y al Estado

 

La España de la postguerra no llega al milagro de los 60, previa crisis del 59, si no es por la ayuda Estadounidense que nos saca, con los tecnócratas, de la Autocracia franquista (véase aquél famoso NO-DO en blanco y negro con IKE y el Caudillo en coche descapotable por la Gran Vía). Y la España constitucional del 78, no sale del marasmo si  no es porque desde 1983-1986 nos han regado con Fondos Estructurales que los Gobiernos de González y Aznar renegociaron para prolongar hasta el año que viene (2013), cambiándoles de nombres y finalidades cuando pasamos a ser la “nosequé” potencia mundial y mirábamos a los nuevos Estados Miembros de la Unión Europea (y casi a los Italianos y por poco a los franceses) por encima del hombro. Necesitamos dinero de fuera, no tenemos un modelo propio, si es que lo tuvimos antes, al menos desde el desastre del 98.

 

La suma de lo que debemos asciende a unas cuatro veces nuestro PIB anterior a la crisis (unos 4,2 billones de Euros) y para pagarlo es necesario que la economía funcione, y para que la economía funcione es necesario financiarla y que existan inversores en lo que se denomina economía real, pero los datos de 2011 son estos:

–        Las inversiones directas significaron 28.415 millones de Euros. De ese importe, la compra de una petrolera por un fondo árabe se lleva la Palma. Como ya he escrito un comentario en este mismo “Blog”, la supuesta inversión de Adleson en el Macro casino se anuncia por ese importe aproximado.

–        Ese importe supuso un incremento de la inversión en empresas productivas del 18,2 %.

–        Los principales inversores fueron, por este orden, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, pero el dato no desagrega si los fondos provienen de vehículos inversores situados en dichos países por motivos fiscales y/o financieros.

–        Más del 55% de la inversión extranjera directa se produjo en Madrid.

 

Pero esto supone, según Eurostat, un 2,4% sobre nuestro PIB, cuando venimos de series históricas que en el año 2000 alcanzaron el 10% del PIB y en 2007 (año previo a las elecciones en el que negábamos sufrir crisis y presumíamos de un “sistema financiero de los más sólidos del mundo”) llegaron al 9,5% del PIB. El stock acumulado de inversiones extranjeras en España representó en 2011 un 45% de nuestro PIB (siempre según Eurostat:  lo que es prueba evidente de la importancia del capital exterior en nuestro tejido productivo presente.

 

Ya veremos las estadísticas de 2012, pero los datos, de balanza de pagos anticipan malos datos de inversiones extranjeras ya sean en cartera o directas. Si alguien quiere seguir estos datos, además de Eurostat, puede buscar en la web de la UNCTAD y en www.investinspain.org , que, razonablemente, ha pasado a fusionarse con el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que es el “hub” en la materia.

 

De una situación así no se sale con organismos (u “organillos”, ya digo) ad hoc y ad libitum, sino con un Proyecto, un Modelo de Estado y Económico, que no es lo mismo que un discurso reformista. Un Proyecto requiere un Plan preciso y una ejecución minuciosa y mesurable del mismo, pocos bandazos y menos pantocazos al albur de los vientos dominantes. Se nos van diciendo a cuentas gotas qué sacrificios se nos piden, pero no se nos dice apara llegar a qué lugar, aunque hay una gran masa callada de españoles que sí sabe dónde quiere ir: no a Estepaís sino a un Estado social y democrático de Derecho en el que el bienestar social se base en una prosperidad razonable, sin exageraciones, y en la seriedad de las Instituciones. Los inversores extranjeros son sensibles a la estabilidad democrática, la solidez institucional, el rigor normativo, el correcto funcionamiento del sistema judicial y la estabilidad social.

 

Le propongo un juego postvacacional: vístase de inversor extranjero, lea las webs y las noticias sobre España en prensa extranjera, pida prestados a sus hijos los billetes del “Monopoly” o el “Palé”, abra un Atlas Universal y piense si, de caer en la casilla “España” invertiría en ella sus millones, tomando en cuenta que, además, la “banca”, tratándose de España, no está por asumir el riesgo. Por cierto, si tiene un mapamundi tamaño mesa, le propongo el juego en serio con sus amigos. La conversación que surge en torno al juego de mesa da para mucho más que comprar una calle de las buenas, y antes hay que negociar qué países valen y cómo se determina el valor de las inversiones en casas y hoteles. Una simple tabla de PIBs en el iPad es bastante útil y luego, unas reglas de tres. El circuito, a gusto del usuario, de Este a Oeste o viceversa. España, ya se sabe, en esto de los mapamundis queda más o menos en el Centro del Mundo ya que Ampuero, como todo el mundo sabe, es su capital.

 

Por cierto, nuestro apunte final para los amantes del Derecho positivo, el marco legal específico de las Inversiones Extranjeras es muy estable y claro desde 1986 y está compuesto, en la actualidad principalmente por las siguientes normas en el marco de las libertades básicas de la Unión Europea:

  • · Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
  • · Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre sobre transacciones económicas con el exterior.
  • · Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones Exteriores.
  • · Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización

Además de las Circulares del Banco de España sobre cobros y pagos exteriores y las Resoluciones aplicables a las declaraciones físicas y telemáticas de las Inversiones Extranjeras en España y Españolas en el Exterior, como usualmente se denominan.

 

El Presidente del Gobierno a través del espejo

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Alice laughed. “There’s not use trying,” she said: “one can’t believe impossible things.”
“I daresay you haven’t had much practice,” said the Queen. “When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast.“

A raíz de la asombrosa entrevista al Presidente del Gobierno publicada ayer por el periódico ABC  me han dado ganas de releer “Alicia a través del espejo” de Lewis Carroll, aunque reconozco que no tengo el entrenamiento de la Reina Blanca y me identifico más bien con Alicia.  Básicamente porque me resultaba imposible de creer que hubiera dicho alguna de las frases que recogía el periódico, y  esto me ha recordado que, sencillamente, tengo todavía poca práctica (y menos paciencia) en cuanto a los discursos de nuestros políticos se refiere y más en los tiempos que corren.

 

En concreto, la muy celebrada frase de que es la realidad la que le ha hecho cambiar su programa electoral (¿será del experto Arriola o de cosecha propia?) merece entrar en una antología del disparate político por derecho propio. El programa electoral del PP que ha tenido que incumplir el sr. Rajoy presionado por la dura realidad fue coordinado por una persona de su partido, d. Baudilio Tomé, cuyo esfuerzo y dedicación a la tarea me consta personalmente, como me consta que tuvo en cuenta no sólo las aportaciones de su partido y de numerosas instituciones, asociaciones y empresas,  sino la de bastantes profesionales y expertos independientes de varios sectores. Todos tenían muy claro de que se trataba de arreglar el desastre dejado por el Gobierno del sr. Zapatero. Quiero creer, y por mi parte puedo asegurar (dado que hice una pequeña contribución jurídica en el tema del Gobierno abierto y la transparencia) que a los técnicos a los que se nos pidió que echáramos una mano en materias en las que se supone éramos expertos tuvimos muy en cuenta cuál era la realidad de finales del 2011. Tampoco se entiende cómo se puede hacer un programa electoral sin tener en cuenta la realidad. Se podrá hacer un cuento chino, pero un programa electoral, complicado.  Aunque la verdad es que, sin tener en cuenta la realidad, pues pocas cosas se pueden hacer, y sobre todo pocas cosas se pueden hacer bien.

 

Puede que el sr. Rajoy no supiera muy bien lo que ponía su programa electoral, pero no dejaba de ser el programa con el que se presentaba a los electores que –a diferencia de lo que parece creer él y su entorno- tienen en cuenta además de su persona otras cosas, tales como el programa, el (posible) equipo, la ideología, el partido y las alternativas disponibles, aunque no sé exactamente en qué orden, bien es verdad.

 

Ahora bien, si nos atenemos a lo que dice, el sr. Rajoy y su equipo deben haber vivido durante su larga etapa en la oposición en un mundo paralelo y fantástico, donde los tremendos problemas de España no eran visibles. Pero claro, como las hemerotecas están ahí, lo cierto es que no solo estos  gravísimos problemas eran muy evidentes, sino que eran constantemente denunciados por el entonces líder de la oposición que tronaba una y otra vez contra el Gobierno del sr. Zapatero incapaz de reconocerlos, abordarlos y resolverlos. Es más, el propio sr. Rajoy colaboraba muy poco y no echaba una mano, no ya en las numerosas autonomías en que gobernaba su partido, sino a nivel estatal, prefiriendo que el Gobierno se desgastase lo más posible para llegar él más cómodamente a la Moncloa. A costa del país, si hace falta, pero en beneficio de los intereses no solo de su partido, sino de los suyos propios.

 

Los famosos tres puntos de desviación del déficit que siempre salen a relucir como excusa de los incumplimientos eran también conocidos, al menos por sus asesores cercanos, a alguno de los cuales le oí calcularlo en un acto público con asombrosa exactitud, seguramente por sus buenas relaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda antes de las elecciones generales. En todo caso, era su deber después de tantos años en la oposición haberse enterado por lo menos cuando se hizo el “ejemplar” traspaso de poderes.

 

Eso sí, hay algo que sí tiene claro el sr. Rajoy. Y es que va a ganar las siguientes elecciones, las del 2015. Así que resulta que con el panorama catastrófico que tiene hoy mismo con  la economía en caída libre, la debacle institucional y algunas CCAA en quiebra y/o franca rebeldía por no mencionar el panorama en el País Vasco y Cataluña  ¡este señor está pensando nada menos que en repetir en la siguiente legislatura!

  “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!”

 

 

En conclusión, el sr. Rajoy (y casi todos los políticos, justo es decirlo) tergiversan el lenguaje de forma que ya nada es lo que parece o lo que dicta el sentido común. Todo son eufemismos, obviedades, medias verdades o directamente mentiras. No hay rescates, ni quiebras autonómicas, ni fracasos, ni responsabilidades. “Yo sé lo que hay que hacer” o bien “La Unión Europea sabe lo que hay que hacer”,  “Seguiremos en el euro y seguiremos mejor”, “El euro es irreversible”, “Cuando Europa no avanza Europa retrocede”.

“I don’t understand you,” said Alice. “It’s dreadfully confusing!”
“That’s the effect of living backwards,” the Queen said kindly: “it always makes one a little giddy at first.”

 

Lo siguiente que oigamos puede ser “Yo soy el que soy” o algo similar, supongo que exclusiva para “La Razón.” De esta forma el debate político se emborrona y se difumina cada vez más, al carecer ya de un mínimo contacto con la realidad, se aleja definitivamente de los ciudadanos sin los cuales el discurso político en una democracia no puede existir.

 

“When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean — neither more nor less.”
“The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.”
“The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master— that’s all.”

 

Los españoles no queremos un líder que haga milagros. Nadie se los ha pedido, ni a él ni a nadie. Lo que pedimos es sencillamente un dirigente capaz de ver la realidad y de no engañar a los ciudadanos, y este señor ya nos ha explicado que durante muchos años no ha sido capaz de verla, y que eso le exime de toda responsabilidad por incumplir su programa electoral. Pero, sinceramente, no resulta muy creíble.

 

En conclusión,  el sr. Rajoy considera que pedir un líder político que vea la realidad y cumpla su programa electoral es pedir milagros. Pues entonces no se extrañará de que muchos españoles consideren –como nos recordaba ayer el Director del Mundo en su carta dominical que el sr. Rajoy no es la persona idónea para gobernar el país.

 

“It’s too late to correct it,” said the Red Queen: “when you’ve once said a thing, that fixes it, and you must take the consequences.”

 

 

Las regiones ricas quieren independizarse

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En la sociedad española hay una creciente percepción  del modelo autonómico español como un modelo fracasado. Podemos encontrar varios problemas en la redacción del Título VIII de nuestra Ccnstitucion que han desembocado en la actual situación, pero probablemente la verdadera causa haya que buscarla en la puerta siempre abierta que deja el artículo 150 para que las Comunidades Aautónomas asuman nuevas competencias, aun cuando la Constitucion las haya declarado exclusivas del Estado. Si esta posibilidad se combina con el poder que la actual ley electoral otorga a los partidos nacionalistas como partidos bisagra en la gobernabilidad del estado español, encontramos fácilmente la raíz de la deriva autonómica.

 

Pero más allá de esta causa raíz, los artículos 156 y 157, dedicados a la financiación de las autonomías, son los que probablemente hayan causado mayores estragos en la configuración de nuestro modelo de estado. La ambigüedad y escasa concreción sobre la forma como las autonomías debían financiarse ha conducido a una situación en la que la siempre creciente reclamación de más dinero por parte de las autonomías, y la escasa percepción de las Comunidades Autónomas como entidades que no solo gastan dinero, sino que también recaudan, han conducido a una situación  insostenible.

 

Probablemente a muchos nos gustaría volver al punto de partida del diseño del modelo autonómico, y replantear todo el sistema actual partiendo de cero. Dada la dificultad de este enfoque, tendremos que buscar alternativas más realistas. En este post nos conformaremos con algunas reflexiones sobre el debate sobre la financiación, a la luz de la petición del pacto fiscal catalán.

 

El modelo de Concierto Económico del  País Vasco y Navarra es el objetivo perseguido por el nacionalismo catalán mediante el denominado pasto fiscal. El Concierto Económico responde a un modelo de estado confederal que difícilmente puede encontrar similitud en ningún otro estado democrático moderno. Cada estado confederado recauda sus propios impuestos y aporta una cantidad para la financiación de los gastos comunes. Este modelo de financiación favorece notablemente al País Vasco y Navarra, regiones ricas que se benefician de un mercado único, abierto y fácilmente accesible, sin por ello tener que contribuir económicamente al desarrollo de las regiones más pobres (por la subestimación de los gastos comunes y su escasa contribución a los fondos de solidaridad interterritorial). La extensión del modelo confederal a Cataluña plantea no pocas cuestiones sobre la sostenibilidad financiera de la propia nación española. Es interesante recordar que no hay precedentes de estados confederales que hayan tenido éxito. Todo ellos acabaron disgregados, o acabaron evolucionando hacia un modelo de estado federal.

 

Si intentamos analizar las alternativas factibles, encontramos que el modelo más ampliamente adoptado en el mundo desarrollado es el modelo federal. Si revisamos el modelo alemán, que tantas veces se cita como referencia, encontramos que sorprendentemente su financiación no es muy diferente al actual modelo autonómico español. La constitución alemana sí recoge los impuestos que recaudan cada uno de los niveles de la administración alemana, pero la principal aportación (aproximadamente el 75% de los ingresos) se obtienen de los tres impuestos más importantes: renta, impuesto de sociedades e IVA. Para estos impuestos, el modelo alemán contempla un reparto entre las tres administraciones que guarda cierta similitud en sus porcentajes con el actual modelo español.

 

También en Alemania hay debates sobre el modelo de financiación. Pero una vez despojado de los lamentos y agravios nacionalistas, el debate sobre la financiación se centra en el tema clave en cualquier estado federal: cuánto aportan las regiones ricas para igualar el nivel de financiación per cápita de las regiones más pobres. Este es un debate central en cualquier estado federal, y es un debate que no debería escamotearse. Esconderlo en el caso español ha permitido a los nacionalistas explotar los agravios sobre la financiación para reforzar el sentimiento nacionalista.

 

El cálculo de las balanzas fiscales, complejo por la dificultad de regionalizar tributos como el IVA o el impuesto de sociedades, y que admiten diferentes criterios y metodologías con resultados muy dispares,  ha sido la baza clave de las reclamaciones nacionalistas catalanas. En los cálculos que habitualmente manejan los nacionalistas se utilizan siempre los criterios más favorables, incorporando todos los ingresos de IVA y sociedades de empresas catalanas como ingresos propios, independientemente de donde se haya devengado, se subestiman los gastos comunes (política exterior, defensa,…) bajo los más variados argumentos, y se contabiliza la deuda en una forma realmente imaginativa (ver aquí). Todo en aras de conseguir una cifra que permita hablar del expolio fiscal que el estado central realiza sobre Cataluña.

 

El debate sobre la solidaridad es un debate necesario. La solidaridad entre regiones es un principio básico en cualquier nación, pero también es cierto que una solidaridad mal gestionada desincentivará a las regiones ricas, al ver como se transfieren sus esfuerzos económicos a las regiones pobres, y desincentivará a las pobres, al obtener ingresos similares sin mayores esfuerzos. En Alemania también las regiones ricas, como es el caso de Baviera, denuncian el exceso de recursos que deben transferir a las regiones pobres, y exigen un límite menor en estas transferencias. Allí también existen partidos independentistas que abogan por una Baviera independiente, que no tenga que hacer estas aportaciones de solidaridad. Pero allí estos partidos tienen un respaldo mínimo, y el debate transparente sobre el nivel de solidaridad permite llevar los términos del debate a un área racional.

 

En la historia reciente, aun cuando muchos pueblos puedan tener la ambición de independencia, son los argumentos económicos los que realmente extienden los sentimientos nacionalistas. Solo los territorios ricos buscan la independencia. Los territorios más ricos pagan más impuestos, al igual que las personas más ricas pagan más impuestos. Tergiversar esta realidad para convertirlo en un agravio es uno de los grandes logros del nacionalismo. Lo que resulta sorprendente es que partidos que hacen bandera de defender la progresividad de los impuestos, y la necesidad de que los ricos aporten más, cuando se trata de territorios, que agrupan personas, parece que no rige el mismo principio.

 

Llegados a este punto, podemos asumir que solo caben tres opciones: la evolución hacia un modelo federal más racional, la independencia de los territorios históricos o la evolución a un modelo confederal asimétrico (el pacto fiscal catalán). El modelo federal ha sido la solución más ampliamente adoptada en naciones con problemáticas similares a la española. La independencia o el modelo confederal asimétrico son modelos que perfectamente podemos plantear, pero lo mínimo que debemos exigir es que no nos tomen el pelo.

 

Como perfectamente describió Fernando en el post sobre la Ley canadiense de Claridad, las condiciones deben ser claras. La fórmula de estado libre asociado, es una evolución aún más refinada del modelo de concierto económico, con la virtud de conseguir todas las ventajas de la independencia, y evitarse todos los inconvenientes. Sin duda pueden tener derecho a plantearlo, pero al igual que en el caso del modelo confederal que plantea el pacto fiscal catalán, no solo es una cuestión de si ellos quieren mayoritariamente ese modelo, sino también si el resto de los españoles que vivimos en otras regiones queremos ese modelo de asociación o confederación.

 

Toda región tiene derecho a plantear su independencia, de acuerdo con la doctrina internacional clásica respecto al derecho de autodeterminación, pero debe ser un planteamiento claro de verdadera independencia con todas sus consecuencias. Los modelos de libre asociación, o los conciertos económicos, en ningún caso pueden ser solo decisiones de los territorios que lo plantean, sino también de los restantes territorios que se verán afectados por esas decisiones, claramente ventajosas para esas regiones.

Terror en el hipermercado

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Creo que, más o menos éste era el estribillo de una canción de un conocido grupo musical, pero parece venir a cuento en este caso.

 

Los recientes sucesos ocurridos en un par de localidades andaluzas, promovidos –al parecer- por dos elementos del actual sistema político: una alcaldía y un sindicato, vienen a demostrar cómo se puede jugar al mismo tiempo -y según convenga- con todas las fichas del tablero. Asimismo vuelve a demostrar la desmesura con que se tratan estos casos tanto por los políticos y gobernantes, como por los medios de comunicación, faltos al parecer de cosas más relevantes durante los veranos.

 

Lo que no debía haber pasado de ser un mero atestado policial de carácter local para sustanciarse en clave interna, se ha sacado de contexto para magnificarlo tanto positiva como negativamente, dependiendo de los intereses de unos y otros.

 

Este acto de rapiña o saqueo, hurto o robo, según la variada terminología jurídica que pueda aplicársele, realizado colectivamente por un grupo de personas (previo aviso a los medios de comunicación), no pasa de ser un acto testimonial de bandidaje de baja estofa con el único motivo de “salir en los papeles” (como se suele decir), más que un acto de bondad hacia los necesitados.

 

Como en otros casos, tanto políticos y gobernantes como los medios de comunicación han caído en la trampa y han dado al suceso mayor repercusión de lo que política o socialmente significa. Durante un largo tiempo se nos presentarán los videos, los personajes protagonistas y se hablará de algo que ocurre todos los días. Todos los grandes almacenes, grandes superficies y establecimientos de autoservicio, saben que sistemáticamente tienen unas pequeñas pérdidas de productos que se cuelan en bolsas, entre ropa o por la cara (consumiéndolo antes de pasar por caja) y lo asumen con la resignación nacida del beneficio superior a la pérdida. Estoy seguro que los establecimientos afectados, recibirán en estos días más clientes por solidaridad o por mera curiosidad por lo ocurrido, que como producto de una campaña publicitaria.

 

Aquí todos parecen ganar: los promotores de la acción porque estaban deseando aparecer en los medios y propagar su mensaje político o social; los medios porque algo que en otras circunstancias pasaría como noticia menor, ha dado de sí para ocupar las cabeceras y primeras planas de prensa y noticiarios; los políticos –gobernantes o no- porque han encontrado la forma de demostrar su poder y, de paso, aparecer en los medios que siempre es de agradecer. Alguien lo podría señalar como un contubernio a costa de los más desfavorecidos a los que se utiliza según convenga. 

 

Pero todo ello lo que realmente demuestra es la gran tragedia de la sociedad actual sometida a manipulación permanente por unos y otros, ante la falta de criterios sólidos de los ciudadanos para cimentar una verdadera alternativa a este sistema, donde unos y otros utilizan las leyes y el orden para perpetuarse en cargos y situaciones de privilegio. Basta con ver la rara unanimidad cuando se trata de votar a favor de las mismas y cómo los recortes aplicados por debajo, no se aplican por arriba con la rotundidad que precisan.

 

Mientras, la situación del país va empeorando. Nadie cree ni confía en nosotros. Nos saben atrapados por demasiados intereses personales en una red de favores mutuos donde se confunde lo público y lo privado. La deuda soberana con la deuda privada y al final, nadie sabe quien decide o quien mueve los hilos en este escenario de marionetas en el que debemos actuar diariamente.

 

Unas políticas irresponsables, unas actuaciones financieras de juzgado de guardia y un creciente hedonismo social, se han unido con la llegada de demasiados “compromisarios” a demasiados puestos, cargos y situaciones que nunca habían soñado. Todos somos responsables y, como tales, debemos hacer las penitencias. Pero éstas deben ser proporcionales. Sin privilegios para aforados, sin inmunidades extraparlamentarias, sin impunidades para los más poderosos. Sólo la justicia, esa extraña cosa de la que todos desconfían (“el derecho es el deseo del poderoso” como alguien dijo), podía y debía ser la garantía de los débiles frente a los fuertes y poner coto real a los desmanes, aplicando entre otras cosas el agravante de “mal ejemplo social” a las muchas y graves cuestiones de las responsabilidades públicas: despilfarro, interés personal frente al interés público, negligencias, corrupciones abiertas, etc. etc. pero… ¿se atreverá a hacerlo?

 

Los sucesos de Andalucía pueden repetirse incluso con más violencia y menos manipulación, pues la caja de Pandora ya ha sido abierta. La han abierto los mismos que se benefician de un sistema injusto de subvenciones y condiciones salariales y sociales privilegiadas. Ha bastado una simple representación para que muchos entiendan que es la forma adecuada de conducirse o comportarse, ante al falta de valentía para coger el toro por los cuernos por quienes componen el cartel de la fiesta. Esperemos que se reaccione con rigor y sensatez antes de que sea demasiado tarde.

La digitalización de los fondos de la Audiencia Nacional y la crisis de nuestro sistema de Justicia

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Merece la pena echar un vistazo a esta entrada de otro interesante Blog, que un comentarista ha tenido la amabilidad de enviarnos.

 

Es un excelente ejemplo de muchos de los defectos de nuesta Administración general, central y autonómica. Y de la Administración de Justicia en particular. Como es la falta de una adecuada planificación y ejecución de proyectos que tenga en cuenta la opinión de los expertos y de los funcionarios afectados por la medida. O la preponderancia de motivos propagandísticos políticos  sobre los técnicos en la elección de objetivos. El derroche de fondos públicos, junto a la absoluta falta de responsabilidad de los responsables políticos de decisiones erróneas o incluso disparatadas. La ineficacia de los medios de control en la ejecución de lo presupuestado. Y las ineficiencias, especialmente llamativas en algunos campos, de nuestro modelo autonómico de toma de decisiones y su incapacidad para coordinarse en beneficio de intereses generales.

 

Una persona de total confianza y muy cercana a dicho proyecto me lo comentó hace ya tiempo. Me dijo que la gran mayoría de los documentos que se estaban digitalizando no tenían interés judicial alguno. Que no había ningún experto seleccionando, y que cuando advirtieron de tales defectos a los responsables del anterior gobierno en Justicia no hicieron caso alguno.

 

Un ejemplo más de que debajo de nuestra crisis política subyace una indudable crisis institicional. Sin abordar la segunda, la primera seguirá siendo un problema sobre las espaldas de los españoles.

 

Antonio Jiménez Blanco o la dignidad de la política

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Hoy la política parece haber quedado reducida a la tarea de un contable. Saber cuadrar el presupuesto como un simple administrador de fincas o un experto en contabilidad, parece bastar. Si es que al menos supieran cuadrarlo bien. Que ni eso, en demasiadas ocasiones.

 

Pero la política es mucho más. Vaya por delante mi respeto a los buenos contables. Pero siempre se ha tenido la imagen del contable como alguien gris, sin ilusión. Diligente con su trabajo, ordenadito, y poco más. Y efectivamente la política precisa de buenos contables, y de buenos juristas y diplomáticos e ingenieros. Pero más allá del funcionario cumplidor y prudentón, la política es liderazgo, ilusión, valentía. Sentido del honor, lealtad a los principios, generosidad, altura de miras y por tanto desinterés personal y partidista. Hombría de bien, arrojo, decisión.

 

Me viene a la memoria estos días un ejemplo simbólico de en qué consiste el ejercicio noble y verdadero de la política. Prudente cuando hay que serlo, pero valiente y decidido cuando el sentido de la responsabilidad y la lealtad a unos valores lo precisa. El caso de Antonio Jiménez Blanco, Presidente del Consejo de Estado al tiempo de los sucesos del 23-F.

 

Hasta poco antes del 23-F, Jiménez Blanco había sido presidente del grupo parlamentario de la UCD en el Congreso. Las luchas internas de ese partido, inducidas de manera singular por la ambición de Herrero de Miñón, propiciaron su salida de ese puesto. Y, para que ésta fuera menos amarga, Suárez le ofreció como premio de consolación el retiro en la presidencia del Consejo de Estado. Pues bien, ya ex diputado, nada más enterarse del intento de Golpe de Estado, se presentó de inmediato en el Congreso para estar juntos a sus antiguos compañeros diputados y correr la misma suerte que ellos (algo parecido hizo también don José Vida Soria, que en esos momentos sí era diputado, del PSOE, y pese a estar fuera del Congreso cuando se enteró de la noticia, pensó que su deber era acudir allí, pese a lo que pudiera pasar, y así lo hizo).

 

“Con más arrojo que prudencia”, dijo años después Herrero de Miñón, que había actuado don Antonio. Lo que para Jiménez Blanco era un ejercicio de lealtad (a los principios y valores democráticos), para Herrero una imprudencia. Cabe deducir que Herrero, en las mismas circunstancias, no habría hecho lo mismo que don Antonio. Lepoldo Calvo-Sotelo dejó bien reflejado en sus memorias que Miguel Herrero, además de un brillantísimo dialéctico, era un gran desleal. Y señalaba la importancia de la lealtad en política, más allá la formación intelectual de los que a ella se dedican. Pero ése es otro tema.

 

 

Hay políticos que nos intentan disfrazar la indecisión y la cobardía con el manto de la prudencia, como si fuéramos tontos. Hay quien puede ser un funcionario ejemplar, pero carece de arrrojo para estar en la primera línea de fuego política, y decide casi siempre tarde y mal. A la parálisis por el análisis, que dicen en la bolsa londinense. De tanto pensar y repensar y sopesar lo que debe hacerse, se te pasa la oportunidad de hacerlo a tiempo y debidamente. Y pese a tus buenas ideas, a tus sesudos análisis, acabas sufriendo en la práctica las consecuencias negativas de la indecisión, uno de los más graves males, como decía Burke. Y es que el político debe jugar con la variable tiempo, pero no en plan partidista, sino con sentido del Estado. Y ello, por ejemplo, supone no aplazar medidas necesarias para tu país porque tengas unas elecciones autonómicas cerca. Eso es dejación de funciones, falta de arrojo, corteza de miras, no velar por el interés general.

 

 

El político se distingue del funcionario en que debe li-de-rar. Dar la cara. Tomar la iniciativa. Y si las circunstancias son adversas, no delegar esa tarea en subalternos, sino al revés: crecerse. Cuando uno ve al Presidente del Gobierno salir por el aparcamiento del Congreso para escabullirse de los periodistas con el fin de no dar la cara  en un día de noticias adversas, lo que ve es a un funcionario en un puesto que le queda grande. Cuando se le ve con aspecto cariacontecido -con voz temblorosa y cara de cordero degollado- implorando comprensión ciudadana, y pidiendo perdón por adoptar unas medidas que considera necesarias y buenas para el país, se da cuenta de que no está a la altura de las circunstancias. No basta con saberse los temas para jugar a la dialéctica -gallega o no- con la oposición o con la prensa. Hay que tomar la iniciativa y la delantera a los problemas, incluso a riesgo de fracasar. Y eso, hasta ahora, no se ha hecho. Todas las medidas se han adoptado a rebufo de Bruselas, de Merkel o de la inquietud de los mercados.

Uno de los nuestros.

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En el diario El Mundo de hoy se ha publicado este artículo de nuestra editora Elisa de la Nuez, que reproducimos.

 

SI SE ACUERDAN ustedes de la magnífica película de Scorsese, entenderán el desconcierto y hasta el susto con que oí por primera vez pronunciar en un ambiente que yo creía entonces profesional y tranquilo (sucedió en una empresa pública en el año 2004 cuando llegó el PSOE al gobierno de) una curiosa pregunta referente un profesional de perfil técnico al que se quería nombrar para algún puesto directivo, de muy segundo nivel, por cierto. Literalmente la pregunta era: «Pero ese ¿es uno de los nuestros?». No me acuerdo de la contestación, seguramente porque me quedé prendida en la pregunta, tan sorprendente me pareció. Tampoco me acuerdo de a quién se refería, aunque sí recuerdo perfectamente quién la hizo, un profesional recién nombrado por el nuevo Gobierno para un cargo directivo relevante. Seguro que él no se acuerda, sería me imagino una pregunta casi de rutina.

Como es lógico, según me dijeron más tarde, este mismo directivo, cada vez más suelto, siguió ampliando el círculo de su investigación, haciendo esta misma pregunta, pero ya en relación con proveedores, contratistas, directivos de empresas públicas, directivos de empresas privadas, etc, etc, hasta abarcar al mundo mundial que se dividía, por arte y gracia del sectarismo, entre los afines al PSOE («los nuestros») y los afines a otros partidos. En este contexto, muchos técnicos y profesionales, funcionarios y no funcionarios, al ver lo sencillo que era este mundo en blanco y negro, optasen por revelarse (que no rebelarse) espontáneamente como «de los nuestros» aunque no se les conociera en años anteriores militancia o afinidad de ningún tipo, o incluso se les conociese, pero más bien de la otra parte. Por supuesto, caído el Gobierno del PSOE e incluso ya unos meses antes, estos mismos profesionales decían a quienes los quisieran oír que ellos siempre habían sido técnicos y que como tales habían ocupado sus cargos durante la etapa del PSOE, sin mancharse nunca las manos con nada que oliese a política. Los más caraduras aprovechaban para poner verdes a sus jefes caídos en desgracia y acercarse a los nuevos jefes que se esperaban. Bueno, nada que no pueda esperarse de las bajas pasiones humanas, dirán ustedes.

Pues no. Para embridar las bajas pasiones humanas se supone que tenemos leyes e instituciones. Y recuerden que estamos hablando del sector público y de instituciones, organismos y empresas que se paga con dinero de todos los contribuyentes, de los unos y de los otros. Por eso, a la vista de lo que ha pasado en España, podemos decir que vivimos una auténtica debacle institucional. Que no es sólo responsabilidad de los partidos políticos, aunque ciertamente ellos son los principales responsables.

Para entenderlo, hay que volver a la pregunta que -casi de forma intuitiva- me sorprendió y hasta me escandalizó un poco. ¿Saben por qué? Pues porque quien la hacía era un técnico y porque se refería a otro técnico. Entiendo que si los políticos hablan entre ellos, este tipo de preguntas es más compresible, aunque no sea un lenguaje muy elegante y haga pensar en la película de Scorsese. Hecha en ambientes profesionales, funcionariales o directamente técnicos creo que es para asustarse. Porque revela que hemos llegado a un punto en España en que el técnico o el profesional ya no es simplemente alguien al que se nombra o con el que se cuenta por sus capacidades y competencias profesionales, por su saber hacer, sino alguien cuya cualidad fundamental y más apreciable es la de la lealtad, lealtad que con una cierta facilidad degenera en puro servilismo. Especialmente si la ratio entre competencias profesionales y lealtad está un poco desajustada a favor de la segunda. Piensen que estamos siempre hablando además, de puestos o cargos directivos o no directivos que teóricamente al menos requieren inexcusablemente de una capacidad y solvencia técnica razonable.

PUES BIEN he recordado esta anécdota a raíz de otra conversación, esta de este año, donde se ha planteado la misma pregunta ahora con un Gobierno del PP y hecha de nuevo por un técnico (del PP) en referencia a otro técnico. Así que -como por otro lado nos dejan claro los últimos siete meses- aquí no ha cambiado nada en cuanto a la forma de seleccionar a los colaboradores técnicos que, eso sí, tienen por delante una tarea bastante más complicada que la que hubieran tenido en el año 2004. Coincidirán conmigo en que esto explica bastantes cosas que si no resultarían un tanto inexplicables. Eso sí, estos técnicos del PP tienen mejor curriculum, esto es indudable, pero esto no nos debe ocultar la realidad; no se les escoge por su trayectoria profesional, o por el número de matrículas de honor, por utilizar una expresión periodística, sino por su trayectoria de lealtad. Y la lealtad a quien les ha nombrado vaya si la han demostrado, aún a riesgo de dejar en ridículo a los españoles y a las instituciones a las que se supone que debían representar. Dejo que cada lector elija su ejemplo favorito, porque hay donde escoger.

Por eso, quiero acabar esta reflexión con esta última anécdota. Hace muchísimos años un excelente profesional fue nombrado para un cargo relevante en una importante institución de este país, una de las que hoy andan por los suelos. Felicitándole por su nombramiento me contestó: «Si, estoy muy contento, quiero hacer las cosas lo mejor posible, por supuesto, siendo leal a quien me ha nombrado». Era un gobierno del PP, del año 1996. Lo que me chocó (y entonces no supe por qué) fue que dijo «leal a quien me ha nombrado» y no «leal a la institución». Entre estas dos frases, hay todo un mundo. Porque es más que probable que, en algún momento colisionen las dos lealtades, y que lo que tenga que hacer una institución importante (en cumplimiento de los fines de interés general a los que sirve una institución que esté bien diseñada jurídicamente) desagrade a un partido político importante o a alguno de sus miembros. Si el profesional brillante nombrado para este puesto ya está dispuesto al día siguiente de ser nombrado por un partido político que (hay que decirlo) le nombró en atención a esta trayectoria a supeditar su independencia y su lealtad a la institución a su lealtad a un partido con el que podía simpatizar y al que votaba, pero con el que no tenía mayor vinculación. ¿Qué podíamos esperar?

Los años transcurridos desde entonces nos han demostrado que muchos profesionales valiosos cuando tuvieron que decidir, optaron por ser leales a un partido y no a la institución en la que ocupaban cargos relevantes, fuese el CGPJ, el TC, el Tribunal de Cuentas o un organismo regulador. Después, como es lógico, estos profesionales cuyo principal valor ya no era su competencia técnica sino su lealtad, cuando llegó la hora del recambio, fueron sustituidos por otros que ya eran más leales que profesionales. Y por último, por otros cuya única competencia profesional era la lealtad. Si tienen la paciencia de analizar los nombramientos de las principales instituciones del país durante los últimos 20 o 25 años verán a lo que me refiero. Y todo esto pasó sin que ninguna de las normas que regían estos nombramientos y estas instituciones cambiasen ni un milímetro.

No, los políticos no tienen la culpa de todo. Como me dijo un ex presidente del Tribunal Constitucional «los que no han sido independientes ha sido porque no han querido».

El Estado y sus ciudadanos viajan siempre en el mismo barco

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Este artículo de nuestro Editor, Rodrigo Tena, ha sido publicado en El Mundo de hoy.

 

 

Decía Maquiavelo que “las repúblicas bien organizadas deben mantener el erario público rico y a los ciudadanos pobres.” Con ello quería insistir en la importancia de buscar el bien común postergando los intereses particulares, aparte de advertir del riesgo de que las desigualdades de riqueza y poder lleven a la república a su ruina. Hoy día, sin embargo, comprobamos dolorosamente que es imposible distinguir una cosa de la otra. En un mundo globalizado, la pobreza o riqueza del Estado está íntimamente ligada a la de sus ciudadanos, y cualquier intento de separar una de la otra está condenado irremisiblemente al fracaso, como estamos viendo estos días.

 

Durante algún tiempo, al inicio de la crisis, se acudió a la ficción de alegar que el problema de España era su deuda privada, pero que las cuentas públicas estaban perfectamente saneadas y eran un modelo de rigor fiscal. El autoengaño nunca ha sido buen consejero. En realidad, uno de los efectos más perniciosos de la burbuja inmobiliaria fue esconder lo artificioso de nuestras finanzas públicas. Los bancos pedían prestado al exterior miles de millones de euros para introducirlos en el mercado inmobiliario y financiar la burbuja, pero, lógicamente, una cantidad muy importante  terminaba en las arcas de las distintas Administraciones, mediante pago de licencias, tasas e impuestos de todo tipo. Gran parte de ese dinero se ha tirado de manera lamentable en infraestructuras innecesarias, cuando no surrealistas, a mayor gloria de sus promotores. Pero, con mucho, el mayor disparate consistió en crear con esa financiación, como si fuera a durar para siempre, una extensísima red política y administrativa de naturaleza profundamente clientelar, que ahora resulta todavía más difícil desmontar que el aeropuerto de Castellón.

 

Cuando dejó de fluir el dinero de la burbuja nos encontramos con un Estado totalmente inflado, lo que ya de por sí es malo, pero además inflado a conveniencia de las élites directivas de nuestra partitocracia, lo que es mucho peor. Hoy contamos con cientos de organismos de toda forma jurídica cuya finalidad básica no es prestar un servicio público necesario, sino la conservación de la influencia política de sus promotores. Por eso, a la hora de adelgazar ese Estado que ya no podemos pagar, es comprensible que quienes deben hacerlo intenten conservar en la medida de lo posible esas estructuras que han contribuido a apuntalar su poder, aunque sea a costa de adelgazar otros sectores públicos mucho más relevantes, como la sanidad, la educación, la investigación, la dependencia, etc. Además, hay que tener en cuenta que técnicamente no resulta nada fácil liquidar esa compleja estructura, pues todos los mecanismos de control, vigilancia y dirección que facilitarían hacerlo han sido desmantelados, especialmente en el ámbito autonómico. Todo ello sin olvidar que el despedido que protesta hace igual de ruido, ya venga de una televisión autonómica que de un laboratorio.

 

Pero la consecuencia final es que, como el resultado de esta política defensiva es conservar un Estado ineficiente, la deuda pública no sólo no disminuye, sino que incluso sigue aumentando a medida que el parasitismo sobre el sector productivo se agudiza y éste continua contrayéndose. El sector privado se ve obligado a sufragar, vía impuestos cada vez más altos, organismos públicos que destinan la mayor parte de su presupuesto a su propia conservación, mientras se rebaja de manera lineal sueldos a los funcionarios (a los que son productivos y a los que no). De esta manera, se empobrecen simultáneamente el Estado y los ciudadanos, en una espiral que no parece tener fin. El problema, por tanto, no está sólo en que el Estado tenga que salir como valedor de las deudas que los particulares y los bancos no pueden pagar a sus acreedores internacionales, implicando así el riesgo de que aquellos le lleven a la quiebra; sino también en que la ineficiencia del Estado está empobreciendo aún más a sus ciudadanos, incapaces de pagar sus deudas y de sufragar a la vez ese sector público que teóricamente ha de rescatarles.

 

Decía también Maquiavelo que “el peor defecto que tienen las repúblicas débiles es que son irresolutas, de modo que todas las decisiones las toman por la fuerza, y si alcanzan algún bien lo hacen forzados, y no por su prudencia.” Con ello quería destacar un defecto moral más que material: una república que no reflexiona adecuadamente sobre las consecuencias políticas de sus actos y actúa al impulso de lo inmediato, está condenada al desastre. Nuestro Presidente alega que actúa por necesidad, obligado a elegir cada día “entre lo malo y lo peor”, pero de esta manera no hace más que revelar su propia incapacidad. La única solución para romper este círculo infernal consiste, paradójicamente, en mirar al medio y largo plazo, y convencer y a propios extraños que así se está haciendo. Para ello no hay más remedio que elaborar un plan integral de racionalización del sector público, político y administrativo, y comenzar a ejecutarlo de inmediato. Por supuesto, un plan serio y ambicioso que prescinda radicalmente de los intereses de la clientela y no tenga otro objetivo que servir a los intereses generales.

 

En ese cometido los ciudadanos tenemos una grave responsabilidad. No sólo exigirlo incesantemente y, una vez conseguido, vigilarlo, sino también lo que es mucho más difícil, soportarlo. La racionalización del sector público va a suponer muchos sacrificios a demasiada gente. El cierre de las televisiones públicas autonómicas, de las “embajadas” en el exterior, de los “centros de alta tecnología” en lugares recónditos, en definitiva, de los cientos de empresas públicas que deben desaparecer, aparte de privar merecidamente de su bicoca a los enchufados de turno, va a causar muchos dramas personales a quienes no tienen la culpa de nada. Sin embargo, no hay más remedio que hacerlo, y por eso habrá que aprender a distinguir entre el recorte necesario, y el injusto por improcedente y ventajista. No comprenderlo así es cometer el mismo pecado que en este momento se atribuye al Sr. Rajoy: la injusticia del café para todos.

 

Pero, obviamente, ese debe ser el último paso en un esfuerzo colectivo, y el que tiene la responsabilidad de iniciarlo es el Gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara y gobierna en la mayoría de las CCAA. No obstante, si el actual Presidente sigue reconociéndose incapaz de llevarlo a cabo, como ha confesado hasta ahora, entonces debe activar los mecanismos democráticos de sustitución necesarios para dar paso a  otras personas que puedan abordar esa tarea. El tiempo para tomar decisiones se agota. Es necesario comprender que esas mayorías actuales no pueden constituir un baluarte defensivo duradero frente a la ”verdad factual”, que constituía el punto de apoyo de toda la reflexión de Maquiavelo, y que necesariamente termina siempre por imponerse.

Arquitectura institucional de base 0.

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El entramado institucional creado en España tras la Constitución de 1978, y que ha regido los destinos de nuestro país desde la muerte del dictador parece encaminarse a un prematuro fin, a una velocidad mayor que la que cualquiera podría haber imaginado hace apenas unos meses. La desastrosa gestión de la crisis realizada por el hoy principal partido de la oposición, y la incapacidad del hoy partido en el gobierno, no ya de encauzar la situación económica, sino siquiera de interpretar correctamente la creciente indignación de todos los ciudadanos, parece abocarnos a una situación de completa ruptura con el modelo actual.

 

La historia, hasta ahora complaciente con el proceso constituyente llevado a cabo en España tras la muerte de Franco, siempre exhibido como ejemplo de la capacidad de entendimiento y consenso entre todos los agentes sociales y políticos para impulsar la democracia en España, quizás no lo sea tanto a la vista del resultado al que hemos llegado en el año 2012. Un sistema ahogado en corrupción y clientelismo, y dominado por una estructura de partidos políticos opaca y poco democrática. Un sistema agotado. Da la impresión que hemos iniciado ya la búsqueda de un nuevo Torcuato Fernández Miranda capaz de idear una salida a la situación de deterioro en que nos hayamos sumidos.

 

Muchos son los análisis que se están realizando estos días sobre como hemos podido llegar a una situación de deterioro institucional tan grave. Este post solo pretende aportar alguna reflexión sobre una de las causas más ampliamente apuntada. La ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas, y la escasa capacidad tradicional de organización y respuesta de la sociedad civil española.

 

Cuando en la primavera de 1979 tras las primeras elecciones democráticas constitucionales UCD ocupa el poder, se instaura la idea de que en la nueva sociedad democrática, los ciudadanos deben recuperar el poder en todas las instituciones. Si los ciudadanos han elegido democráticamente unos representantes políticos, deben ser estos representantes los que ostenten el poder delegado por los ciudadanos en todas las instituciones. Con la legitimidad de las urnas, los políticos ocupan el poder en la administración, tanto central como local. La administración estatal franquista era una administración que hoy podemos reconocer como profesional, con una clara separación entre los cargos que ocupan los funcionarios y los cargos que ocupa el poder político. Los cargos que ocupaban los funcionarios se encontraban regidos por una meritocracia basada en el prestigio de las oposiciones a los cuerpos de altos funcionarios del Estado. Con la llegada de la democracia, el número de cargos que ocupa el poder político en la nueva administración democrática se multiplica. A los cargos se unen asesores, personal de confianza, personal de libre designación, y un largo etcétera. Esta situación aún se acrecienta más con la irrupción de las autonomías, donde la no existencia de una estructura previa pone aún menos barreras a la ocupación de la administración por parte del poder político.

 

La tensión tradicional entre política y administración que se produce en cualquier estado moderno se decanta claramente en España del lado de la política. El caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción en España ya estaba creado. La relación entre el número de personas que ocupan cargos en cualquier administración que dependen directamente del resultado de unas elecciones y el grado de corrupción de un país se describe muy claramente en este artículo publicado en el año 2009 en el diario El País.  La ocupación se acelera con los gobiernos del PSOE en el período de 1982 a 1996. En los años posteriores, se establece cierto límite al volver a fijar condiciones más estrictas para los puestos de dirección política administrativa en principio reservado a funcionarios (directores generales, subsecretarios,…).

 

El argumento que legitimaba la ocupación de altos cargos en la administración, servía igualmente para ocupar los organismos de decisión de las televisiones públicas, las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder Judicial, o un largo etcétera. ¿Qué mejor forma de elegir a las personas que deben ocupar puestos en todos estos órganos que a través de los parlamentos elegidos democráticamente? El poder político lo ha copado todo, y las personas cuyos puestos han sido designados por los partidos políticos han crecido sin control en todos los poderes del estado, y en todos los espacios que tienen cualquier tipo de influencia en la vida pública.

 

Hace menos de un año que en este post hablábamos de la necesidad de legitimar los recortes que debían aplicarse en los servicios básicos, eliminando primero los gastos prescindibles. Televisiones públicas, Senado, diputaciones… la lista de gastos prescindibles era amplia, y se ha mencionado en multitud de artículos y análisis en los últimos meses. Tras los duros recortes aprobados el pasado 19 de Julio, y la dura contestación en la calle de los mismos, sorprende la escasa sensibilidad que ha mostrado el gobierno ante la necesidad de conseguir una mayor legitimidad para aplicar estos recortes. Sin duda muchos de los que salieron a la calle a protestar el pasado 19 de Julio lo hicieron ante lo que consideraban injustas subidas de impuestos o injustas rebaja de salarios. Pero la percepción más generalizada es que los ciudadanos españoles, que habían mostrado hasta ahora un carácter más bien de resignación ante los inevitables recortes, viven con mucha más indignación que estos recortes se apliquen en todas partes, menos en la macro estructura política que se ha creado en los últimos 30 años, y que se aplican sin ningún criterio de priorización, afectando por igual a servicios perfectamente prescindibles, y a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

 

Escuchar hoy a algún senador hablar sobre el trabajo que están realizando en el Senado para sacar adelante la reforma que lo convierte en una cámara territorial resulta cuanto menos sorprendente en una cámara que nunca ha tenido ninguna utilidad, y a la que nadie ahora le pide tampoco que la tenga en el futuro. Escuchar la defensa de los principales partidos políticos del modelo autonómico frente al creciente clamor contra una estructura cara, clientelar e insostenible empieza a resultar en gran medida sonrojante. Escuchar a los políticos ofrecer como gran gesto de generosidad una rebaja en sus sueldos igual a la aplicada a los funcionarios resulta indignante. Escuchar que la gran reforma de la administración local consiste en reforzar las diputaciones provinciales, una de las instituciones con menor grado de rendición de cuentas y menor transparencia resulta casi una broma.

 

La Constitución del 78, analizada con la perspectiva que nos da la actual crisis, recogió no pocos errores en su diseño del modelo de estado para España. Consagró instituciones como el Senado que se han mostrado totalmente innecesarias en el transcurso de los años, tal como contamos en este post. Diseñó un estado autonómico, ideado para dar cabida a las exigencias de autogobierno del nacionalismo catalán y vasco, que hoy solo podemos calificar de delirante. Este modelo lejos de acomodar el “problema” vasco y catalán, lo ha magnificado: ningún nacionalismo considerará satisfechas sus reclamaciones si su grado de autonomía es similar al de otras regiones que nunca habían mostrado interés por el autogobierno. Una constitución que ha consagrado un modelo de partidos políticos que han acumulado un poder que parece incompatible con un estado democrático y libre de corrupción (este artículo reciente ahonda en este tema de forma muy clara). Y una constitución donde la separación de poderes no fue suficientemente garantizada, ante la creciente intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Sin duda otros identificarán otros errores en nuestra constitución, pero creo que estos son suficientes para que superemos el  “enorme respeto” por el tremendo salto que supuso esta constitución para la sociedad española, y empecemos a pensar en un futuro donde muchas cosas de las recogidas en la Constitución deben cambiar.

 

Dado que parece que la política económica de nuestro país no va a ocupar mucho tiempo de nuestros políticos en el futuro cercano, puesto que vendrá impuesta por nuestros acreedores, bien estaría que dedicáramos parte de nuestro tiempo a diseñar un nuevo entramado institucional para España, que nos pueda devolver a la senda de la democracia, la transparencia, la sostenibilidad y la racionalidad que todos los españoles anhelamos. Haría bien el actual gobierno en escuchar las reclamaciones ciudadanas de un profunde recorte en la macro estructura política que ha copado las administraciones, en suprimir los muchos privilegios de la clase política, en empezar a priorizar con mayor criterio los servicios en los que se aplican recortes, huyendo de las decisiones fáciles de recortes lineales, y comenzara a apuntar la necesidad de una profunda revisión del actual modelo de estado, insostenible e ineficiente