Presentación crítica de la propuesta de Comisión Europea sobre digitalización y operaciones transfronterizas (Traducción del post en European Law Blog)

El esperado “paquete” de medidas Derecho de sociedades fue finalmente publicado por la Comisión Europea el pasado 25 de abril. Su objetivo es establecer “normas más simples y menos onerosas para las sociedades” en materia de constitución y transacciones transfronterizas,  y consta de dos propuestas.

La propuesta 2018/0113 tiene por objeto promover el uso de herramientas y procedimientos digitales en el Derecho de sociedades. Los Estados miembros tendrán que permitir un procedimiento totalmente online para la inscripción de nuevas sociedades y de sucursales de sociedades existentes. De esta forma, se exige que se permita la constitución sin la presencia física de los socios ante una autoridad pública. Para evitar el fraude y los abusos, la propuesta “establece salvaguardias contra el fraude y los abusos, como el control obligatorio de la identificación, normas sobre los directores descalificados y la posibilidad de que los Estados miembros exijan la participación de una persona u organismo en el proceso, como notarios o abogados”. También establece la necesidad de ofrecer libre acceso a la información más relevante de las empresas en los Registros Mercantiles. Esta propuesta requerirá importantes cambios en las legislaciones nacionales y su aplicación constituirá un reto tecnológico para los Estados miembros que deseen preservar el nivel actual de control en la constitución de sociedades. La cuestión de la identificación a través de sistemas telemáticos será, sin duda, de especial interés y complejidad.

Esta primera propuesta merece un examen más detallado, pero en este post me centraré en la segunda propuesta (2018/0114) relativa a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

La Directiva 1132/2017 ya incluye normas para las fusiones y escisiones internas y también para las fusiones transfronterizas. La propuesta introduce pequeños cambios en la actual regulación de las fusiones transfronterizas: entre otras cosas, exige un informe separado para la información de los trabajadores y concede a los accionistas disconformes el derecho de separación. Pero la verdadera novedad es la introducción de procedimientos comunes para las escisiones y transformaciones transfronterizas (conocidas en nuestra Ley de Modificaciones Estructurales como traslado internacional del domicilio). El Tribunal de Justicia de la UE había admitido expresamente las transformaciones transfronterizas (asuntos C-210/06 – Cartesio, C-378/10 – VALE Építési y C-106/16 – POLBUD) y las ecisiones debían admitirse si se aplicaba la doctrina que el TJUE estableció para las fusiones en el asunto C-411/03 – SEVIC Systems. Sin embargo, la falta de una regulación armonizada en todos los Estados miembros creaba incertidumbres y dificultades. La propuesta establece un procedimiento uniforme para facilitar estas transacciones, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los accionistas minoritarios, acreedores y empleados.

El procedimiento, tanto para las conversiones transfronterizas como para las escisiones, sigue de cerca el existente para las fusiones transfronterizas. En resumen, las etapas serían la redacción del proyecto y de los informes de administradores y en su caso de expertos, la publicidad de estos documentos, la aprobación de los accionistas en Junta General, el examen por la autoridad competente del Estado miembro de origen y el registro en el Estado miembro de acogida.

La diferencia más importante -y controvertida- entre el procedimiento de la fusión transfronteriza y el nuevo aplicable a los traslados internacionales y escisiones, es un nuevo requisito destinado a evitar el uso abusivo de estas transacciones. En las conversiones y escisiones, un experto independiente debe expresar una opinión sobre “la exactitud de los informes y de la información presentados por la sociedad” (art. 86.g. pág. 49-50). La finalidad del dictamen es permitir que la autoridad del país de origen controle no sólo las formalidades de la operación -como en el caso de las fusiones-, sino también si la transferencia o escisión es “un montaje artificial destinado a obtener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar indebidamente los derechos legales o contractuales de los trabajadores, acreedores o socios minoritarios” (artículo 86 quater, apartado 3, página 47). A tal efecto, el informe debe referirse al menos a “las características del establecimiento en el Estado miembro de destino, incluidos la voluntad, el sector, la inversión, el volumen neto de negocios y los resultados, el número de asalariados, la composición del balance, la residencia fiscal, el patrimonio y su localización, el lugar habitual de trabajo de los asalariados y de grupos específicos de asalariados, el lugar en el que se adeudan las cotizaciones sociales y los riesgos comerciales asumidos por la empresa transformada en el Estado miembro de destino y en el Estado miembro de partida” (artículo 86 octies).

Es discutible que este control previo por parte del experto y de la autoridad sea una forma eficaz de prevenir el abuso en estas operaciones.

En primer lugar, porque el contenido es complejo, por lo que llevará tiempo y dinero completarlo. Una vez obtenida, la autoridad competente designada en cada Estado miembro debe determinar, basándose en el informe, si la operación “constituye un montaje artificial” que evita indebidamente el pago de impuestos o perjudica a las partes interesadas. Esto implica más retrasos. La autoridad tiene un mes para decidir sobre este asunto (artículos 86.m.7 ad 160.o), pero en caso de serias dudas sobre el carácter fraudulento de la operación (artículos 86.n y 86.c) debe realizar una investigación en profundidad, que puede durar dos meses más. Además, si la autoridad no es un juez, existe el derecho a la revisión judicial de la decisión (artículos 86.o y 160.q). Todo esto significa que la duración de la operación se vuelve absolutamente impredecible y potencialmente muy larga.

En segundo lugar, es dudoso que el sistema pueda cumplir su objetivo, porque el concepto de “montaje artificial” está lejos de ser claro y porque es extremadamente difícil determinar la intención de defraudar al impuesto o a otras partes interesadas antes de que la transacción sea efectiva (sobre este tema vean este excelente post de Jaime Sánchez). Por ejemplo, las consecuencias fiscales de una división o transformación transfronteriza son imposibles de evaluar sin un conocimiento completo de toda la estructura empresarial del grupo y de la legislación fiscal de cada jurisdicción en la que el grupo tenga filiales o sucursales. Esto parece imposible de hacer con precisión por parte del experto o de la autoridad competente en el breve plazo que establece la propuesta.

Aunque el informe no es necesario para las pequeñas empresas y las microempresas (86.g.6), persiste la incertidumbre sobre el resultado de la operación, ya que, en cualquier caso, la autoridad competente debe emitir un juicio sobre el carácter abusivo de la operación. En este caso, será aún más difícil para esta autoridad emitir una opinión, ya que no podrá basarse en el informe de experto.

Otra preocupación es que este procedimiento pueda dar lugar a decisiones arbitrarias, ya que juzgar ex ante las intenciones de la empresa es muy difícil. Algunos Estados podrían verse tentados a presionar a la autoridad nacional para que sea estricta, a fin de impedir la fuga de empresas a otros Estados miembros.

El procedimiento implica también riesgos para las partes interesadas, ya que establece que las operaciones que “hayan surtido efecto de conformidad con los procedimientos de transposición de la presente Directiva no podrán ser declaradas nulas y sin efecto” (artículos 86.u y 160.w). La razón de ello es que el control previo debe ofrecer una garantía total de que la operación se ajusta a la ley y no es fraudulenta, por lo que no debe ser impugnada. Pero esto puede implicar blindar el fraude si la empresa ha sido capaz de ocultar sus verdaderas intenciones al experto y a la autoridad competente.

La conclusión es que la nueva Directiva -con un procedimiento esencialmente común a las fusiones, conversiones y escisiones transfronterizas- reduciría las incertidumbres y facilitaría estas operaciones. Sin embargo, parece que el control previo de las operaciones abusivas por parte de la autoridad competente crea costes e incertidumbres sin garantizar la ausencia de fraude.

Es cierto que la posibilidad de anular la operación a posteriori puede crear una incertidumbre aún mayor. Pero cabría admitir la impugnación que no implicque la nulidad. Se pueden establecer otros efectos: por ejemplo, el derecho de las partes perjudicadas a reclamar una indemnización o a optar por la lex societatis y el foro que se habrían aplicado antes de la conversión o división -en relación con los derechos nacidos antes de estas operaciones transfronterizas-. En Delaware, por ejemplo, en el caso de conversiones transfronterizas, los terceros “pueden ser notificados con un proceso en el Estado de Delaware en cualquier acción, demanda o procedimiento para la ejecución de cualquier obligación de la sociedad que surja mientras era una sociedad anónima de este Estado” (§ 266.c.5 de la Ley General de Sociedades de Delaware).

En el próximo debate de la propuesta en el Parlamento, deberían considerarse estas alternativas. De otra forma, lo que se gana de certidumbre al armonizar el procedimiento se perdería por los costes, retrasos y dudas creadas por un sistema de control que, además, no puede garantizar el carácter no fraudulento de la operación.

Nota: pueden ver el post original en inglés en el European Law Blog

HD Joven: Hacia la Militarización de México.

El 15 de diciembre y, tras varias modificaciones planteadas y analizadas por la Cámara de Senadores, el Congreso de Diputados de México aprobó la Ley de Seguridad de Interior. A través de la misma, el Presidente del país, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en cualquier estado o municipio, cuando exista una “amenaza” para la seguridad nacional, así como contra las gobernaciones federales o locales que no puedan hacer frente a esa “amenaza”, a través de la Declaratoria de Protección a la Seguridad de Interior. Esta fue aprobada por 262 votos a favor y solo 25 en contra.[1]

Mientras que para un sector de la población es una forma de regular el papel que las Fuerzas Armadas llevan realizando desde hace 10 años, para otra parte, significa la militarización y la continuada presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, donde las denuncias por abuso de poder contra los mismos y las acusaciones por ejecuciones extrajudiciales se han incrementado durante los últimos años.

A modo de ejemplo, se señala que en la capital, Ciudad de México, las denuncias por abuso de la autoridad presentadas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) entre el periodo de noviembre de 2012 a noviembre de 2016, han sido casi la mitad del total, 2.322 de 5.023. [2]

Se destaca que la tasa de cifra negra (delitos que se cometen pero que no se denuncian) en México, ronda el 94% a nivel nacional, es decir, la mayoría de los delitos no se denuncian. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, las causas por las que no se denuncia cualquier tipo de delito, son la pérdida de tiempo que supone, ya que piensan que los hechos no van a ser investigados, y la desconfianza en las fuerzas de seguridad. [3]

En este sentido, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), actualizada a septiembre de 2017, la tasa de percepción de inseguridad se sitúa en 76%, 4 puntos más que en su mismo periodo de 2016, lo que representa la falta de confianza de la población en las fuerzas policiales y militares[4].

 

El presidente del país, Enrique Peña Nieto, máximo representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha asegurado que esta ley era de “imperiosa necesidad” ante la actual situación de inseguridad del país. No obstante, 2017 ha sido el año con mayor número de homicidios dolosos desde 2011, cifra que se situaba en 22.409 casos, frente a los 23.101 registrados hasta noviembre del presente año. [5]

ONGs nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, así como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (CNDH), han presentado su disconformidad con dicha legislación, al asegurar que limita los derechos civiles de los ciudadanos mexicanos, entre otros motivos, aludiendo a que esta ley puede usarse en otro tipo de entornos en los que no se deba de utilizar la fuerza militar, como pueda ser una protesta social. [6]

 

Indeterminación de la vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad de Interior

El artículo 15 hace referencia a que la intervención de las Fuerzas Armadas en los estados o municipios no podrá durar más de un año, excepto si es prorrogado por el Presidente, si este considera que la “amenaza” permanece. La ley no establece cuántas prórrogas están permitidas ni el plazo de las mismas, por lo que el mantenimiento del Ejército en un lugar puede tener una duración indefinida. [7]

Falta de regulación del uso de la fuerza

El artículo 4 apartado X alude al uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin establecer cuál es el marco de aplicación, lo cual ha sido criticado por poderse dirigir a cualquier acto que interpreten contrario a la seguridad pública, como puede ser una manifestación, sin más límites que el principio de proporcionalidad.

Desproporción de las competencias de las Fuerzas Armadas.

Los artículos 6 y 26 permiten a las Fuerzas Armadas realizar actividades relativas a la seguridad sin la necesidad de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que previamente se tenía que activar para el inicio de sus actividades, por lo que el marco de la Declaratoria establecido en el párrafo primero del artículo 20, como elemento de filtro que permite actuar, o no, desaparece.

La ley reconoce a las Fuerzas Armadas en su artículo 27 para que en caso de flagrante delito puedan preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad competente a cualquier detenido sospechoso de un hecho delictivo. No obstante, no hay ningún apartado en la ley en la que se establezca cual son los protocolos o reglas a seguir por las Fuerzas Armadas en la primera fase de actuación, así como las responsabilidades penales o administrativas que cualquier acto por parte de estos sea contrario al buen funcionamiento en el ejercicio de sus actos.

Sometimiento al mando militar

La ley también deja libre legitimidad al mando militar para que la autoridad civil se someta al mismo. El artículo 20 establece que en caso de aprobación para que un estado o municipio sea intervenido por las Fuerzas Armada, los protocolos de actuación serán elaborados por un “comandante”, es decir, un miembro militar. La línea de mando del mismo será realizada por la Secretaria de la Defensa Nacional o Marina, lo que elude el liderazgo de la autoridad civil.

En los artículos 21 y 22 se establece que la coordinación y dirección corresponderá a las Fuerzas Armadas, lo que impide a la autoridad civil cualquier acto. Si bien al final del artículo 22 se señala que “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación”.

Falta de transparencia

El artículo 9 establece que toda información que se genere una vez aplicada esta ley, será considerada de Seguridad Nacional, por lo que existe una ausencia total de transparencia, ya que dicha información debería establecerse bajo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que determinará en función de su contenido y conformidad del daño que pueda causar si es, o no, de uso público.

El artículo 10 contempla que la materia de “Seguridad Interior queda excluida de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, lo que favorece la arbitrariedad, además de generar vacíos normativos y de legalidad.

Ausencia de control

El capítulo quinto que hace referencia a los artículos 32 y 33, solo establece que el coordinador de las acciones de seguridad interior debe mantener informado al Presidente, a través de la Secretaria de Gobernación, y que se realice un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sin especificar cómo estos informes contendrán toda la información relativa a los actos llevados a cabo, ya que no hay una supervisión previa de los mismos.

La ley omite en precisar cuáles son los elementos que deberá aportar o acreditar el Presidente cuando quiera emitir una Declaratoria, por lo que no hay un criterio preestablecido para el cual el Consejo de Seguridad Nacional dictamine si es necesario la intervención militar en un determinado territorio. [8]

Se espera que la aplicación de esta ley conlleve una elevada controversia como ha estado produciéndose hasta el momento de su aprobación, aumentando la ya elevada conflictividad social existente en el país, especialmente si se deciden intervenciones de las Fuerzas Armadas en algunas áreas del país previamente a las elecciones previstas para el próximo 1 de julio de 2018, lo que podría, incluso, dificultar el desarrollo de los comicios.

[1] Referencia a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017

[2] Referencia a la aproximación de denuncias por abuso de poder en Ciudad de México: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/abuso-de-autoridad-principal-denuncia-contra-elementos

[3] Referencia a las causas de falta de denuncia: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

[4] Referencia alas tasas de percepción de inseguridad en México: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf

[5]Referencia a los homicidios en México a nivel nacional: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_112017.pdf

[6] Referencia sobre las declaraciones del CNDH sobre la Ley de Seguridad Interior: http://expansion.mx/nacional/2017/12/13/la-onu-llama-a-mexico-a-frenar-la-ley-de-seguridad-interior

[7] Referencia al artículo 15 de la Ley de Seguridad Interior: http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/el-apunte/como-te-puede-afectar-la-ley-de-seguridad-interior

[8] Referencia a los artículos que generan polémica: http://www.animalpolitico.com/2017/12/onu-rechazar-ley-seguridad-interior/

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y los consumidores

Hace unos meses me invitaron a participar en una mesa redonda sobre la Alianza de Inversión y Comercio Transatlántico – en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -. La mesa redonda la componíamos técnicos de distintas disciplinas de derecho y políticos, concretamente los pocos parlamentarios que habían tenido la oportunidad de acceder a una parte de las negociaciones que, hasta esa fecha, mantenía la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá.

Había leído en prensa algunas referencias sobre el TTIP (modo en el que popularmente se identifican los tratados), aunque no los conocía en profundidad. En principio, muy pocas personas conocen a fondo el contenido de las negociaciones, ya que este tipo de tratados se negocian bajo reglas de muy estricta confidencialidad. De hecho, en el Parlamento Europeo sólo un selecto grupo de diputados habían podido acceder a aspectos parciales de la negociación.

Como jurista he de decir que he agradecido muchos de los tratados suscritos por España y por la Unión Europea en materia de libre comercio. La Organización Mundial del Comercio ha permitido, por medio de sus rondas de negociaciones y sus acuerdos, la modernización de ámbitos importantes del derecho mercantil español. Por lo tanto, mi predisposición a recibir con agrado el contenido de los tratados era evidente.

Para preparar la mesa redonda me sumergí en la escasa información que circulaba por medios de comunicación y por la red; es difícil discernir qué elementos de esa información eran fiables y cuáles respondían a estrategias políticas o económicas legítimas pero sesgadas. Al final decidí que la documentación a la que hacía referencia la Unión Europea, referida a sus posicionamientos públicos, era la que me daba mayor fiabilidad y confort.

Los materiales que manejan los negociadores son inabarcables, es complicado fijar una posición clara sobre algunos aspectos de la negociación. Sin embargo, las líneas generales de los acuerdos y discrepancias generaban cierto temor, temor a una importante pérdida de competencias soberanas de los estados miembros de la Unión Europea en aras a consolidar un único mercado que integrara a la práctica totalidad de los países europeos con Estados Unidos y Canadá. Esa pérdida de competencias soberanas suponía un debilitamiento evidente del modelo de protección de los consumidores en el espacio común europeo; además, las líneas maestras del tratado evidenciaban la fuerza con la que podía penetrar en nuestra práctica cotidiana el modelo inglés de defensa de los intereses de los consumidores, modelo que tiene indudables ventajas pero que puede generar serias disfunciones en perjuicio de la parte más débil en la contratación.

Cualquier telespectador que haya visto los episodios de la serie The Good Wife puede comprobar lo distinto que es el modelo norteamericano del español en materia, por ejemplo, de acciones colectivas para la defensa de los intereses de los consumidores.
El Brexit, el proceso electoral norteamericano y las incertidumbres políticas en Europa parece que han ralentizado el proceso negociador y, ante la presión social, parece que la Unión Europea está redefiniendo sus líneas rojas en esas conversaciones, potenciando los elementos de contenido más social e intentando dulcificar algunas de las concesiones que los tratados hacen a la faceta más liberalizadora de las propuestas norteamericanas.

La capacidad que los ciudadanos de a pie tenemos de poder influir en el contenido del tratado es nula, incluso aunque se abrieran procesos participativos en los distintos estados esa incidencia sería ridícula. Estamos, por lo tanto, en manos de los técnicos y sujetos a las agendas de los políticos. No es el mejor de los panoramas. Sin embargo, es conveniente hacer una reflexión sobre la incidencia que pueden tener estos tratados en nuestro sistema judicial, por ejemplo.

No debe olvidarse que bajo el acrónimo TTIP se esconden, en realidad, un conjunto de tratados de la más variada índole. Ya existen tratados similares firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio que han sentado las bases de la liberalización en las transacciones de todo tipo de bienes o servicios.
El TTIP tiene la particularidad de negociarse directamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que la intervención de los países de la Unión es secundaria, lo que determina una muy mala noticia si se tiene en cuenta que la Comisión Europea no vive un momento especialmente brillante.

Comentaba hace unos meses en otro blog que podría ser útil que la gente de la calle fuera acomodando sus oídos, sus bolsillos y sus garantías al TTIP ya que, cuando finalicen las rondas negociadoras, el Tratado podría modificar sustancialmente los derechos de millones de individuos, sobre todo el núcleo más sensible referido a derechos sociales, medioambientales y de seguridad.

Tiempo habrá para abordar en profundidad aspectos concretos sobre la incidencia del TTIP. Con carácter urgente sí que parece imprescindible fijar algunas ideas acerca de la incidencia del TTIP en la tutela a los consumidores.

1. En el ámbito de la Unión Europea la protección a los consumidores se presenta como un contrapeso que garantiza normas sobre correcto funcionamiento de los mercados. El libre mercado exige que el consumidor no pueda ser engañado, tampoco confundido. La libertad de mercado exige un equilibrio real entre quienes operan en ese mercado. No podemos contentarnos con declaraciones grandilocuentes de igualdad, sino que hemos de buscar instrumentos efectivos para que esa igualdad exista en el momento de la contratación, también ante los tribunales.

2. En importantes normas sectoriales básicas para el libre mercado (propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia desleal, defensa de la competencia), se exige que el consumidor «esté razonablemente informado, sea atento y perspicaz». Por lo tanto, hay un estándar de protección del consumidor que obliga a realizar un esfuerzo a los poderes públicos para que cualquier situación de desequilibrio se pueda evitar tanto en el momento de la contratación como en los procedimientos judiciales a los que pueda acudir el consumidor. El funcionamiento del mercado exige lealtad entre los intervinientes y esa lealtad no se consigue sin información y transparencia.

3. Los documentos de trabajo del TTIP sólo hacen referencia a la necesidad de protección del consumidor en los supuestos de comercio electrónico y en el capítulo de información y comunicación electrónica. Olvida referencias concretas a los consumidores en materias tan delicadas como la de los productos sanitarios, farmacéuticos o alimenticios, en los que el riesgo no sólo es patrimonial, sino también de salud. También quedan fuera del ámbito de tutela del consumidor en el TTIP los productos y servicios financieros, en los que se propugna una liberalización casi absoluta. Dan cierto miedo esas omisiones en ámbitos tan delicados que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

4. Como indicaba en párrafos anteriores, el consumidor no sólo se encuentra en situación de desequilibrio en el momento de la contratación, sino también dentro del proceso (STJUE caso Océano, 27 de junio de 2000), por lo tanto, cualquier sistema de resolución de conflictos en los que se busque alternativas a la tutela judicial exige una especial cautela. No puede soslayarse que uno de los pilares del TTIP se asienta en el establecimiento de un sistema de solución de conflictos arbitral ajeno los sistemas judiciales europeos.

5. En la cultura anglosajona la tutela de consumidores se apoya en acciones colectivas de muy elevado coste. En el modelo europeo no es posible impedir al consumidor que opte por la tutela individual y pueda eludir las demoras y disfunciones de la tutela colectiva (STJUE caso Sales Sinué, 14 de abril de 2016).

6. Además, en el ámbito anglosajón las asociaciones de consumidores tienen un peso social importante, disponen de excelentes asesores y de una gran capacidad de influencia política y económica. En Europa el asociacionismo en materia de consumo no está suficientemente maduro, se han detectado graves disfunciones en el funcionamiento de algunas asociaciones que hasta la fecha creíamos ejemplares.

7. El consumidor tiene derecho a un especial ámbito de protección que se convierte en derecho fundamental en la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 38, mencionado por STJUE caso Kusionova, de 10 de septiembre de 2014). Este derecho fundamental queda desmantelado si se opta por mecanismos de resolución de conflictos que se alejen incluso físicamente del consumidor, también se degrada este régimen de protección si no se garantiza el control de oficio del juez o de cualquier otra autoridad pública.

8. Las decisiones de los arbitrajes tienen muy limitado el ámbito de control material del contenido de las mismas, los jueces pueden convertirse en meras comparsas ante el panorama del TTIP.

9. Los sistemas de protección de conflictos que propugnan los borradores de anexos que acompañan al TTIP diluyen los instrumentos de control al fiarlos a organismos transnacionales de naturaleza no jurisdiccional en los que tendrán un peso determinante las grandes corporaciones y los lobbys.

10. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de consumidores daría una respuesta radicalmente contraria a cualquier instrumento de resolución de conflictos con consumidores como consecuencia del funcionamiento del mercado que rebajara esos estándares de protección. Debe tenerse en cuenta que la tutela del consumidor no sólo afecta a cláusulas concretas incluidas en los contratos, sino también a cualquier comportamiento o práctica que, de hecho, debilite al consumidor.

11. Hasta la fecha las negociaciones realizadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio se habían realizado entre Estados, lo que había permitido que los Estados, a la hora de adherirse a alguno de los convenios, pudiera realizar las reservas correspondientes para evitar o reducir los efectos de algunos compromisos. Sin embargo, en el TTIP la negociación se realiza entre USA y UE, sin tener en cuenta las particularidades de algunos países de la Unión. Es difícil que se consensúe un modelo de tutela de los consumidores en el marco de los tratados de libre comercio transatlántico, cuando todavía no se ha establecido un marco común de tutela de los consumidores en el ámbito de la Unión Europea, en la que sigue habiendo consumidores de primera o de segunda categoría en función de las legislaciones internas aplicadas.

12. Son especialmente preocupantes las propuesta del TTIP en materia de liberalización de servicios y productos financieros, en los que todas las iniciativas giran alrededor de una liberalización absoluta sin ningún tipo de contrapeso y sin ningún instrumento regulador que pueda evitar o corregir los atropellos del llamado capitalismo de casino (el de las subprime, los derivados financieros, los bonos basura, los fondos de inversión y otros productos que tienen su origen en el mercado financiero anglosajón y que han llevado a la ruina a millones de familias en todo el mundo).

La decimocuarta ronda de negociaciones se iniciaba en julio, no hay noticias sobre el resultado de esta negociación, y lo cierto es que se han convocado movilizaciones en muchas ciudades europeas para mostrar el rechazo ciudadano a los nuevos tratados. TTIP va a ser una palabra que no abandonará nuestras agendas.

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Afganistán: la guerra más larga de la OTAN

Con los últimos ataques del Estado Islámico (EI) en Afganistán la inseguridad en el país se ha incrementado a niveles que no se habían registrado desde la primera década de los 2000. Además de tener que lidiar con la insurgencia de los Talibanes, surgida tras su rápida derrota de 2001, donde la influencia del EI sigue creciendo en la parte oriental del país, sobretodo en la provincia de Nangarhar.

En 2015, año en el cual las fuerzas de seguridad afganas tomaron el mando de casi todas las operaciones militares en su país, los Talibanes han podido, por primera vez en 14 años, tomar posesión de un distrito completo y de su capital (Kunduz) en el norte de país. El pasado septiembre y octubre, hubo una masiva operación de fuerzas especiales estadounidenses que junto a sus aliados afganos lograron retomar la ciudad, pero con un alto costo de víctimas civiles: en dicha operación se dio el trágico accidente del bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF), que dejó a 42 muertos y más de 60 heridos.[1]

No obstante, las fuerzas de seguridad afganas retomaron el control de la situación en Kunduz y en varias partes del país luchando con honorabilidad contra el enemigo Talibán. Según las estimaciones de varios expertos, lograron ‘empatar’ la temporada de lucha del 2015.

En el mismo sentido, se observa que este año, no hubo señales de enfriamiento en el conflicto: entre los Talibanes y el Estado Islámico; las operaciones de los dos grupos siguieron a lo largo de todo el (año a lo largo y ancho del) país. Esto, producto de un invierno muy leve y con temperaturas poco extremas que cerró solo parte de los pasos fronterizos que utilizan los integrantes para llegar desde Pakistán.

Tal como refleja, el último informe de la misión de asistencia ONU en Afganistán (conocida como UNAMA por su acrónimo en inglés), se evidencian las peores cifras de víctimas civiles en el conflicto desde que la ONU ha comenzado a tener sus registros en 2009, con 5.166 muertos y heridos en los primeros seis meses del 2016.[2]

CUMBRE OTAN, VARSOVIA 2016

El Gobierno español y varios países de la coalición retiraron la mayoría o incluso todas sus tropas a finales de 2014, cuando terminó la misión de combate ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad).

El pasado 2015 comenzó la misión Resolute Support, donde las fuerzas OTAN pasaron al mandato de Train, Advise and Assist (Entrenar, Asesorar y Asistir)[3] con sus contrapartes afganos, dejando a las fuerzas de seguridad afganas la difícil tarea de mantener y sostener la paz. Esto, además de seguir luchando contra los talibanes y los llamados warlords o caudillos quienes controlan distintas partes del país.

En consecuencia, los ministros de defensa de los países integrantes de la OTAN se reunieron el pasado 8 y 9 de julio en Varsovia para discutir el futuro de Afganistán.

Entonces, la alianza prometió mantener un número significativo (alrededor de 13,000 soldados) de tropas hasta por lo menos fines de 2017 y seguir financiando con 1 billón de dólares al año a las fuerzas de seguridad afganas hasta el 2020, para que puedan defender a su país y seguir luchando contra fuerzas extremistas internas.[4]

Barack Obama declaró antes de la cumbre de Varsovia que su país seguiría con un promedio de 8.400 soldados en el país con la mayoría de ellos concentrados en el este y sur de Afganistán, donde hay una presencia significativa y operan los Talibanes.[5] Asimismo, subrayó la importancia de Afganistán en la lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a los grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico, radicado en Afganistán desde el año pasado. En virtud de lo acontecido, el próximo presidente estadounidense, que será elegido en noviembre, heredará la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

POLITICA Y ECONOMIA EN AFGANISTAN

Por ello, puede percibirse que la situación política y económica de Afganistán se ha visto complicada en el mandato que se asignó la OTAN de ayudar al desarrollo de la población afgana.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 2014 demostraron que de alguna manera se paraliza la vida política. Esta afirmación puede realizarse teniendo en cuenta el desenlace después de las elecciones. Allí, los dos principales partidos afganos se acusaron mutuamente de actuación fraudulenta, y los dos candidatos, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, con la mediación de los EEUU llegaron a un acuerdo para repartir el poder. Ghani terminó asentándose como el nuevo presidente y su rival tomó el cargo de director ejecutivo (CEO), posición creada fuera de la constitución que logró superar el impasse de la elección presidencial.

La situación económica del país y la inseguridad llevaron a miles de afganos a salir de su país para buscar prospectivas a una vida mejor en Europa. En este sentido, se destaca que los afganos son el pueblo refugiado más representativo a nivel global después de los sirios.[6]

Hoy, el Gobierno de Kabul está intentando revivir una economía que tiene una cantidad considerable de recursos naturales (prevalentemente minerales que no son explotados por la inseguridad general en el país), una agricultura de subsistencia que logra exportar pocos productos, pero con altas tasas de exportación de drogas (amapolas) en el sur contraladas por el crimen organizado internacional. Por otro lado, octubre de 2015 puede considerarse como una fecha a tener en cuenta, si se advierte que el Gobierno implementó un impuesto del 10% en recargas de móviles para poder financiar sus actividades al mediano y largo plazo. El impuesto, es la razón que también causa incertidumbre entre ciudadanos que desconfían de un gobierno ya que no explica cómo va a gastar estos fondos. Los llamados de más trasparencia por parte de la comunidad internacional exhiben que se necesita la urgente implementación de medidas de fortalecimiento de organismos de control contra la corrupción.

Por consiguiente, puede señalarse que el mismo problema también se da en las numerosas obras de construcción financiadas por países como los EEUU, donde el SIGAR (Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán) ha investigado muchos desperdicios y proyectos que nunca se cumplieron. Como un claro ejemplo de los incumplimientos, puede mencionarse el proyecto gasífero TAPI, la remodelación de la presa de Kajaki, como así también, de varias escuelas que fueron construidas en lugares donde no había necesitad, con una malversación de los fondos cuantificada en 17 billones de dólares.[7]

Fruto del análisis del conflicto tras instalarse en marzo del 2016, el comandante general de la misión Resolute Support y de las fuerzas estadounidenses Nicholson pidió al presidente Obama más libertad para poder actuar al lado de las fuerzas afganas. El plan de Nicholson es obligar a los Talibanes aceptar las condiciones del gobierno de Kabul para encaminar un proceso de paz. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un conflicto complejo, y que debe considerarse que se trata de conflicto extenuante para todas las partes- los gobiernos aliados, los militares OTAN, y sobre todo para los civiles que se encuentran en el medio y sufren por las operaciones militares o los ataques terroristas- convierte a todos los actores en ser partícipes de la guerra más larga de los EEUU. Por lo antedicho, es necesario remarcar que la derrota total de los Talibanes no va a llegar con una campaña militar, sino con un acuerdo político, porque, aunque se trate de una franja chica de la población, representa los intereses de ciertos grupos que se encuentran en Afganistán.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

En virtud de lo expuesto, la comunidad internacional posee la difícil misión y la responsabilidad de que no se vuelva a repetir el derrumbe del gobierno afgano como en el año 1996, cuando los Talibanes tomaron posesión del país y luego hospedaron a Osama bin Laden, artífice de ataques terroristas a nivel mundial que culminaron con el ataque a las Torres Gemelas del 2001. Por ello, Afganistán y sus fuerzas armadas necesitarán toda la ayuda militar, económica y humanitaria para sobrevivir como Estado. Considerando que a comienzos de los años noventa y después del conflicto contra la Unión Soviética, las luchas intestinas quebraron el aparato estatal, es claro señalar que se necesita un estado suficientemente fuerte y autónomo que pueda proteger a sus ciudadanos y hacer que se respeten los derechos humanos que fueron violados durante el régimen de los Talibanes.

Por ello, lo que también debe considerarse, para la resolución del conflicto armado, es un manejo con más constancia y visión a largo plazo. La guerra no puede darse con cambios perpetuos de mando en la misión OTAN -últimamente los generales a cargo de la coalición no suelen permanecer en sus cargos por más de 18-24 meses- en Afganistán. Eso implica que se dé un análisis diferente del conflicto por cada cambio de mando, y también se subraye que la ausencia de un objetivo claro obstaculice a orientar a los Talibanes a discutir cuáles serán las condiciones para arribar a un certero proceso y de establecimiento de paz en el territorio.

Aquí, es válido señalar que dichos factores han imposibilitado la construcción de una política viable de largo plazo que tenga cuenta las necesidades del pueblo afgano y de la comunidad internacional para dar lugar a una paz verdadera y duradera.

En fin, si nos remontamos a los hechos históricos y hacemos un paralelismo, puede señalarse que algunos expertos consideran que si Estados Unidos, tras su retirada de Irak en el año 2011, hubiera dejado a 10.000 soldados como una reserva fiable, para mantener la estabilidad en ese país, no hubiera tenido lugar el surgimiento del Estado Islámico. Por ello, se advierte la preocupación de EEUU a que se pueda desarrollar una situación similar en Afganistán, como ya está ocurriendo en una franja controlada por el EI en la provincia de Nangarhar en sur-este de ese país. Asimismo, y en pos de obtener resultados favorables en la evolución del conflicto en Irak, EEUU tiene la oportunidad única que no se repitan los mismos errores en Afganistán. Esto, manteniendo sus tropas para formar una reserva y garantizar una situación en la cual los afganos pueden empezar a asumir sus propias responsabilidades.

[1] Kunduz bombing: US attacked MSF clinic ‘in error’ – http://www.bbc.com/news/world-asia-34925237

[2] Afghanistan: Record level of civilian casualties sustained in first half of 2016 – UN report http://unama.unmissions.org/sites/default/files/25_july_2016_press_release_civilian_casualties_mid_year_report_english_2.pdf

[3] Resolute Support mission in Afghanistan – http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm

[4] FACT SHEET: NATO Warsaw summit – https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/08/fact-sheet-nato-warsaw-summit

[5] Obama alters Afghanistan exit plan once more, will leave 8,400 troops – https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-alters-afghanistan-exit-plan-once-more/2016/07/06/466c54f2-4380-11e6-88d0-6adee48be8bc_story.html

[6] Global Trends Forced displacement in 2015 – http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf

[7] Behold: How the US blew $17 billion in Afghanistan – http://www.pri.org/stories/2015-12-18/behold-american-taxpayer-what-happened-nearly-half-billion-your-dollars?

Italia: principio de la banca y fin de la Unión Bancaria

Es falso que las “medidas de rescate interno” (“bail in”) solo se apliquen en las entidades de crédito europeas en crisis desde el 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2014/59/UE (objeto de transposición por la Ley 11/2015).

Lo saben bien los accionistas y los titulares de deuda (preferentes, bonos) de las entidades españolas rescatadas con dinero público, quienes, conforme al Memorando de Entendimiento de 2012, hubieron de “compartir su carga” (“burden sharing”) con los contribuyentes (las previsiones del Memorando, cuya vinculación jurídica es, al menos, discutible, se materializaron en el Real Decreto-ley 24/2012 y en la Ley 9/2012).

Es decir, antes de que se inyectara el dinero público, se practicaron quitas que volatilizaron total o sustancialmente la inversión de los clientes. A diferencia de lo acaecido en la crisis financiera chipriota de 2013, en el caso español no se planteó que sufrieran menoscabo los depósitos garantizados (por encima de 100.000 euros).

La Audiencia Nacional ha confirmado lo inatacable de la aplicación de estas medidas de rescate interno, aunque, naturalmente, deja indemne la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para el análisis de una mala comercialización de los productos financieros. La labor de los tribunales españoles ha permitido, de forma paulatina, el reequilibrio de la situación, con unos costes sociales, afortunadamente, asumibles.

La supervisión de las entidades de crédito significativas de la eurozona (en general, con activos superiores a los 30.000 millones de euros) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, comenzó en noviembre de 2014. El 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor, en paralelo, el Mecanismo Único de Resolución, a la vez que se ha comenzado a dotar por la industria el Fondo Único de Resolución, que contará a finales de 2023 con unos fondos equivalentes, aproximadamente, al uno por ciento de los depósitos de las entidades supervisadas (unos 55.000 millones de euros).

El Mecanismo Único de Resolución contempla que solo se inyectará dinero público en las entidades que atraviesen un estado de crisis, con carácter excepcional, una vez que se hayan practicado medidas internas, entre las que se incluyen, ahora sí, las quitas sobre los depósitos por valor superior al garantizado, además de otras sobre los accionistas y titulares de instrumentos de deuda.

Parece justo que el contribuyente no tenga que pagar, como norma, los desaguisados cometidos en entidades de carácter privado como son los bancos (el papel de las cajas y cooperativas en Europa no pasa de ser testimonial, a pesar de que, bien llevadas, sus efectos beneficiosos para el colectivo son innegables).

Esto implica una revolución copernicana de la que los clientes de las entidades bancarias todavía no son conscientes: la responsabilidad en la elección de la entidad bancaria con la que entrarán en relación, pues su seriedad y buen hacer será la mejor garantía de que sus ahorros o inversiones no sufrirán menoscabo.

También los accionistas (los minoristas pero también los institucionales) deberán preguntarse si el riesgo de la inversión se ve compensado por unos retornos más que moderados.

Este es el nuevo panorama regulatorio que con tanto esfuerzo —y no sin resistencias— se ha puesto en pie con celeridad en apenas cuatro años.

Todo este razonable entramado, en estado casi virginal, saltará por los aires cuando se admita la recapitalización del sistema bancario italiano con dinero público y sin la aplicación de medidas de rescate interno.

Pensábamos que la mediación de las autoridades regulatorias y supervisoras europeas nos preservaría de la arbitrariedad, pero, lamentablemente, se aprecia con nitidez que seguimos inmersos en una pugna en la que la estabilidad financiera, un principio absolutamente digno de tutela por el papel cardinal que desarrolla el sistema financiero en nuestras sociedades, cede ante otros tipos de interés.

Se consideró que el enfermo de Europa era el sistema financiero español, pero la verdadera carga es el italiano. Nuestras autoridades, a diferencia de las italianas, no tuvieron la capacidad de presión suficiente sobre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la aplicación de quitas sobre los accionistas, bonistas y preferentistas, que fue un prerrequisito para la facilitación del rescate.

Paradójicamente, la transformación de las cajas de ahorros españolas se ha acometido con la referencia de las fundaciones bancarias de inspiración italiana, que, como se ve, ni han impedido la politización de estas entidades ni la consecuente mala gestión que tiene postrado al sistema bancario italiano y quién sabe si al europeo.

Pero lo más grave, para nosotros, es la posible desintegración del proyecto de una genuina unión bancaria para Europa, como paso previo a auténtica una unión económica y monetaria, y, por último, a una Europa políticamente unida.

Europa-brexit

El inglés en la Unión Europea después del Brexit

Acaba de producirse una circunstancia relevante con relación a la política lingüística de la Unión Europea (UE): el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (“Brexit”). Los ciudadanos británicos han decidido que su país abandone la UE y esto ha de tener consecuencias en diversos ámbitos.

Según la propia Comisión Europea, “el multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales.Las personas que viven en la UE pueden acceder a la legislación y los principales documentos políticos de la UE en la lengua oficial de su país. También tienen derecho a escribir a la Comisión y a recibir la respuesta en esa lengua.Los diputados al Parlamento Europeo pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la UE cuando se dirigen al Parlamento”.

Esto no es del todo cierto, pues no todas las lenguas oficiales gozan del mismo trato. La promoción que se hace en la UE del inglés, francés y alemán es claramente discriminatoria y así lo dicen los tribunales comunitarios. Se han llegado a anular convocatorias de oposición que obligan a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua y como lengua de comunicación de la institución europea convocante.

Además, la mayoría de los documentos e informaciones que aparecen en los diferentes sitios oficiales en internet de las instituciones de la Unión Europea aparecen en inglés, francés y alemán. Incluso documentos con relevancia jurídica para los ciudadanos aparecen exclusivamente en inglés. A título de ejemplo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publica ciertos documentos con contenido de interpretación jurídica exclusivamente en inglés, argumentando que “esta es una posición de sentido común: una obligación generalizada de traducir uno por uno todos los documentos relacionados con «la actividad ad extra»  de ESMA no tendría proporción con los hipotéticos beneficios. De hecho, ESMA gastaría mal sus recursos limitados”.

Las lenguas oficiales de la UE lo son por ser lenguas oficiales de los Estados miembros. Con el inglés como lengua oficial en la Unión no queda ningún país, pues Irlanda y Malta eligieron el gaélico y el maltés.

Parece claro que no queda argumento plausible, y menos jurídicamente aceptable, para que el inglés sea, además de oficial, lenguade trabajo de las instituciones de la UE y que tenga la preponderancia que tiene actualmente.El inglés no es lengua preponderante en la UE por ser una lengua internacional (hablada en muchos países y por muchas personas), pues no existe título jurídico para ello y, además, pondría en evidencia el trato evidentemente discriminatorio dado al español en las instituciones europeas. Como le dijo el director del Instituto Cervantes, García de la Concha al Ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo: “Si miramos a la Unión Europea, encontramos el español detrás del inglés, del francés y del alemán. Tu sabes mucho más de lo que ocurre en la Comunidad, pero tal vez esto tengan que ver con la consideración de segundones lingüísticos que a los países mediterráneos se nos otorga en Bruselas”.A pesar de que más de 500 millones de personas hablan nuestra lengua en todo el mundo, es el idioma oficial en más de 20 países y el número de estudiantes que eligen el español como lengua extranjera no para de crecer.

Tanto el Parlamento Europeo como el Defensor del Pueblo Europeo han exigido a la Comisión Europea que “debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales. No obrar de este modo constituye un caso de mala administración”. Ante el caso omiso del ejecutivo comunitario, la Defensora del Pueblo ha vuelto a la carga abriendo una nueva investigación. Además, está estudiando el caso citado de la ESMA.

El “Brexit” obliga a las instituciones comunitarias a revisar su política lingüística y, parafraseando al señor Juncker, presidente de la Comisión, as soon as possible. Y el próximo Gobierno español que resulte de las recientes elecciones debería concebir y ejecutar una política (europea) tendente al pleno reconocimiento del español como lengua de trabajo en el ámbito de la UE. Si el inglés continúa utilizándose como lengua de trabajo de la UE con Gran Bretaña fuera, la discriminación del español (lengua claramente internacional) es patente e inaceptable.

Italia: principio de la banca y fin de la Unión Bancaria

Es falso que las “medidas de rescate interno” (“bail in”) solo se apliquen en las entidades de crédito europeas en crisis desde el 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2014/59/UE (objeto de transposición por la Ley 11/2015).

Lo saben bien los accionistas y los titulares de deuda (preferentes, bonos) de las entidades españolas rescatadas con dinero público, quienes, conforme al Memorando de Entendimiento de 2012, hubieron de “compartir su carga” (“burden sharing”) con los contribuyentes (las previsiones del Memorando, cuya vinculación jurídica es, al menos, discutible, se materializaron en el Real Decreto-ley 24/2012 y en la Ley 9/2012).

Es decir, antes de que se inyectara el dinero público, se practicaron quitas que volatilizaron total o sustancialmente la inversión de los clientes. A diferencia de lo acaecido en la crisis financiera chipriota de 2013, en el caso español no se planteó que sufrieran menoscabo los depósitos garantizados (por encima de 100.000 euros).

La Audiencia Nacional ha confirmado lo inatacable de la aplicación de estas medidas de rescate interno, aunque, naturalmente, deja indemne la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para el análisis de una mala comercialización de los productos financieros. La labor de los tribunales españoles ha permitido, de forma paulatina, el reequilibrio de la situación, con unos costes sociales, afortunadamente, asumibles.

La supervisión de las entidades de crédito significativas de la eurozona (en general, con activos superiores a los 30.000 millones de euros) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, comenzó en noviembre de 2014. El 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor, en paralelo, el Mecanismo Único de Resolución, a la vez que se ha comenzado a dotar por la industria el Fondo Único de Resolución, que contará a finales de 2023 con unos fondos equivalentes, aproximadamente, al uno por ciento de los depósitos de las entidades supervisadas (unos 55.000 millones de euros).

El Mecanismo Único de Resolución contempla que solo se inyectará dinero público en las entidades que atraviesen un estado de crisis, con carácter excepcional, una vez que se hayan practicado medidas internas, entre las que se incluyen, ahora sí, las quitas sobre los depósitos por valor superior al garantizado, además de otras sobre los accionistas y titulares de instrumentos de deuda.

Parece justo que el contribuyente no tenga que pagar, como norma, los desaguisados cometidos en entidades de carácter privado como son los bancos (el papel de las cajas y cooperativas en Europa no pasa de ser testimonial, a pesar de que, bien llevadas, sus efectos beneficiosos para el colectivo son innegables).

Esto implica una revolución copernicana de la que los clientes de las entidades bancarias todavía no son conscientes: la responsabilidad en la elección de la entidad bancaria con la que entrarán en relación, pues su seriedad y buen hacer será la mejor garantía de que sus ahorros o inversiones no sufrirán menoscabo.

También los accionistas (los minoristas pero también los institucionales) deberán preguntarse si el riesgo de la inversión se ve compensado por unos retornos más que moderados.

Este es el nuevo panorama regulatorio que con tanto esfuerzo —y no sin resistencias— se ha puesto en pie con celeridad en apenas cuatro años.

Todo este razonable entramado, en estado casi virginal, saltará por los aires cuando se admita la recapitalización del sistema bancario italiano con dinero público y sin la aplicación de medidas de rescate interno.

Pensábamos que la mediación de las autoridades regulatorias y supervisoras europeas nos preservaría de la arbitrariedad, pero, lamentablemente, se aprecia con nitidez que seguimos inmersos en una pugna en la que la estabilidad financiera, un principio absolutamente digno de tutela por el papel cardinal que desarrolla el sistema financiero en nuestras sociedades, cede ante otros tipos de interés.

Se consideró que el enfermo de Europa era el sistema financiero español, pero la verdadera carga es el italiano. Nuestras autoridades, a diferencia de las italianas, no tuvieron la capacidad de presión suficiente sobre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la aplicación de quitas sobre los accionistas, bonistas y preferentistas, que fue un prerrequisito para la facilitación del rescate.

Paradójicamente, la transformación de las cajas de ahorros españolas se ha acometido con la referencia de las fundaciones bancarias de inspiración italiana, que, como se ve, ni han impedido la politización de estas entidades ni la consecuente mala gestión que tiene postrado al sistema bancario italiano y quién sabe si al europeo.

Pero lo más grave, para nosotros, es la posible desintegración del proyecto de una genuina unión bancaria para Europa, como paso previo a auténtica una unión económica y monetaria, y, por último, a una Europa políticamente unida.

¿Quo vadis, Reino Unido? El BREXIT y los mercados financieros

Confusión de confusiones. Las dos velocidades del BREXIT

Cuando ya ha pasado la fase aguda de la enfermedad y comenzamos a apreciar sus consecuencias crónicas, cuando la potente pero siempre efímera luz de la opinión pública va apartado su foco paulatinamente del BREXIT (para desplazarlo, por ejemplo, al apasionante –al tiempo que inteligente- espectáculo de la política española); agradecemos la hospitalidad de los amigos de ¿Hay Derecho? para compartir con Vds. algunas reflexiones sobre las consecuencias que ha tenido y tendrá el BREXIT en los mercados financieros.

Y lo primero que debemos confesar es la dificultad que siempre acompaña a la tarea de intentar explicar racionalmente las consecuencias catastróficas de un fenómeno irracional, con tintes evidentes de un nuevo populismo antieuropeo, como es el BREXIT. Estamos ante una de las manifestaciones históricas más refinadas de ineficiencia absoluta, porque los cálculos partidistas de algunos políticos de un Estado –hasta ahora- miembro de la UE han conseguido la muy difícil hazaña de unir a los efectos catastróficos inmediatos en la Economías de los países desarrollados, unos efectos aniquiladores en la misma política británica, donde el estrechísimo y paradójico triunfo del BREXIT ha logrado “poner en fuga” a los políticos que  promovieron el referéndum, aunque se mostraron en contra de la salida; a los que lo saludaron, y se mostraron a favor de la salida; y a los que –sin promoverlo ni saludarlo- se opusieron a la salida del RU de la UE. Con el agravante de que estos días conocemos que algunos de ellos han labrado grandes fortunas en la City londinense, crisol del capitalismo financiero cosmopolita. En fin, parafraseando el superlativo hebraico utilizado por Joseph de la Vega, nos encontramos absortos contemplando una “confusión de confusiones”.

Pero el estupor que nos invade al ver diariamente las consecuencias inmediatas y reales del BREXIT no nos exime –antes al contrario- de analizar su impacto en la regulación y supervisión de los mercados financieros internacionales, europeos y españoles. Y, en este recuento urgente de desgracias económicas, hemos de comenzar por ubicar las consecuencias de BREXIT en el tiempo para señalar que el proceso de desarrolla a dos velocidades o en dos momentos porque vemos que:

a) En el momento presente, los mercados financieros han descontado, descuentan y seguirán descontando los efectos futuros de ese largo, tortuoso y complejo camino en forma de pérdidas catastróficas para las empresas y las familias europeas y particularmente, para las británicas.

b) En un futuro próximo (de dos años ampliables), la Economía real y el Ordenamiento comunitario y británico experimentarán los efectos –que no parece que vayan a resultar precisamente positivos- del acuerdo de retirada del RU de la UE. En este sentido, los efectos jurídicos definitivos del BREXIT dependerán de los términos del acuerdo de retirada que negociará la UE con el RU a resultas de la notificación –aún pendiente- al Consejo Europeo por el RU de su intención de retirarse de la UE, porque los Tratados de la UE dejarán de aplicarse al RU desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación del RU de su intención de retirarse, salvo prórroga unánime del Consejo Europeo. Todo ello conforme al art.50 del Tratado de la Unión Europea.

Aspectos comunes del impacto del BREXIT en los mercados financieros

Entrando ya en el contenido específico de esta entrada, procede resaltar algunos aspectos comunes al impacto del BREXIT en los tres sectores –bancario, bursátil y asegurador- del mercado financiero europeo: El primero  consiste en la pérdida recíproca de los beneficios del pasaporte comunitario por parte de los intermediarios financieros británicos en el territorio de la UE y por parte de los intermediarios financieros de los Estados miembros de la UE –y, por lo tanto, de los españoles- en el territorio del RU. El segundo consiste en la desintegración parcial –por la separación de las autoridades supervisoras respectivas del RU- del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y en la “mudanza forzosa” de la Autoridad Bancaria Europea que deberá abandonar su sede de Londres. El tercero consiste en la rebaja de la calificación crediticia o “rating” del RU, su “contagio” en forma de rebaja del rating de la UE y el consiguiente incremento del coste de la financiación de ambas Economías. Y el cuarto y último aspecto común que queremos destacar consiste en la suspensión del reembolso de las participaciones en los principales fondos de inversión inmobiliaria –vinculados a las aseguradoras- del RU por cuanto constituye un interesante ejemplo de contagio transectorial con efectos financieros potencialmente sistémicos.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado bancario

Si pasamos a los efectos en cada uno de los tres sectores del mercado financiero europeo y comenzamos con los efectos directos del BREXIT en el mercado bancario, debemos diferenciar los económicos y los regulatorios que afectan a la actuación en España de los bancos británicos y la actuación en el RU de los bancos españoles y a la supervisión de las sucursales de los bancos británicos que operen en España. En este sentido, recordemos que los principales bancos españoles experimentaron, el 24 de junio,  pérdidas en sus cotizaciones iguales o superiores al 15%, de las que solo se han recuperado en parte; y que 6 de las 10 primeras sociedades del Ibex 35 más “perjudicados” el día 24 de junio por el BREXIT fueron bancos. La explicación reside en el nivel de exposición de algunos bancos españoles al riesgo británico dado su nivel de implantación en el RU, tanto a nivel funcional, mediante la realización de operaciones bancarias; como a nivel estructural, mediante el control de la propiedad de bancos británicos relevantes

A lo anterior cabe añadir que el BREXIT ha producido efectos indirectos o colaterales  en el mercado bancario europeo en forma de crisis bancarias inducidas o precipitadas respecto de las que ha actuado como un catalizador; como ha sido el caso de la banca italiana. Así, el 30 de junio se hizo público que la Comisión Europea daba el visto bueno a un plan del Gobierno italiano de ayudas públicas a su banca por cuantía de 150.000 millones de euros, para paliar los riesgos que se ciernen sobre de los bancos transalpinos con gran cantidad de activos tóxicos y altos índices de morosidad. Ello plantea, una vez más, la cuestión de compatibilidad de las ayudas estatales con la competencia en el mercado bancario de la UE.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado de valores

Si continuamos con los efectos del BREXIT en el mercado de valores europeo, hemos de comenzar destacando el efecto directo de la pérdida por la City de Londres de su condición de mercado secundario de valores comunitario, con la consiguiente necesidad de lograr su homologación -tras pasar el test de equivalencia- si quiere seguir siendo un mercado de destino aceptable para las inversiones reguladas de las entidades de la UE.

Por otro lado, el BREXIT producirá, en el mercado de valores español, los efectos directos propios sobre los movimientos de salida de las empresas de servicios de inversión españolas al RU y de entrada de las empresas de inversión británicas en España. Asimismo, tendrá una influencia especial en la gestión de fondos de inversión y SICAVs españoles por sociedades gestoras británicas y en la gestión de fondos de inversión y SICAVs británicos por sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva españolas.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado de seguros y fondos de pensiones

Para acabar este fugaz recuento de los efectos financieros del BREXIT, destacaremos los que producirá en el mercado de seguros, que serán de dos tipos: los efectos económicos sobre la cartera de inversiones de las entidades aseguradoras y los efectos regulatorios sobre las modificaciones estructurales de las entidades aseguradoras y sobre la actividad de las entidades aseguradoras españolas que operan –o quieran operar- en el RU y sobre las entidades aseguradoras británicas que operan –o quieran operar- en España. Además, el BREXIT tendrá una influencia especial sobre la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo porque los fondos de pensiones británicos perderán el pasaporte comunitario para operar en la UE y los fondos españoles también lo perderán para operar en el RU.

NOTA DE LOS EDITORES: Puede ampliarse la información sobre los diversos aspectos que trata el autor su propio blog y diversos posts que pueden consultar aquí, aquí y aquí.

democracia-elecciones

HD Joven: Podemxit. Pesadillas en las noches de verano

Tremenda semana hemos vivido desde que se publicara el último artículo de HD Joven. En apenas siete días, hemos sentido en nuestras propias carnes el miedo a la destrucción del sueño europeo y a la prolongación indefinida del desgobierno en España. Ante ello y en honor a nuestra sección, hemos tenido a bien preguntarnos lo siguiente: ¿qué papel juegan los jóvenes en tan importantes decisiones?

Del análisis del famoso Brexit y, no debe olvidarse, del #Bregret, uno pensaría que el papel del joven inglés ha sido tremendamente desafortunado, tanto económica y financieramente como, y lo que es peor, moral y educativamente. Con titulares ora acertados ora llamativos, la prensa internacional se refiere a estos “jóvenes, pero distraídos” como las verdaderas víctimas de esta torpe estrategia política (aquí). Y es que, efectivamente, en un mero intento por acabar con las batallas internas de su propio partido y aprovechando un despiste de la población joven, que había acudido felizmente al archiconocido festival de Glastonbury, el Sr. Cameron ha llevado a su nación a una situación, irreversible o no, de jaque. De vuelta de sus conciertos, 180.000 jóvenes británicos descubrieron con asombro que su futuro se había resquebrajado.

La población británica, una vez más, se ha dejado llevar por la manipulación política, la cual se encargó durante toda la campaña de insuflar el rechazo y el miedo a la invasión migratoria a un británico temeroso de que su puesto de trabajo se lo arrebatara un extranjero o, simplemente, de que el erario público se viera descapitalizado indirectamente. Así, el Sr. Cameron, en un ejercicio de “superdemocracia”, decidió consultar en referéndum a un pueblo que, después de todo, no parecía tan preparado para tomar este tipo de decisiones. Sí, el pueblo es soberano y, por tanto, ha decidido, pero ¿estaba realmente preparado para hacerlo? A nuestro juicio, y en primer lugar, nada tiene de antidemocrático admitir que la mayoría de la población no está preparada para tomar cartas en un asunto con tantas variables y de tanta importancia, y menos sin haberse informado adecuadamente antes. En segundo, resulta triste y contraproducente que el futuro del país lo hayan decidido aquéllos que menos porvenir tienen. Pero ¿a quién puede culparse sino a los jóvenes? Estaba su futuro en juego y ¡se fueron a un festival! De hecho, se habla de que únicamente alrededor del 35% de los menores de 25 años votó el día del referéndum (aquí).

A la sazón, llama poderosamente la atención que ciudadanos que toman decisiones importantes todos los días reconozcan abiertamente que “se equivocaron al votar” y que “no habían sido bien informados”. ¿Podría de alguna manera ser esto suficiente para repetir el referéndum? No parece una opción real. Nos encontramos, se supone, ante democracias suficientemente maduras como para entender la trascendencia de nuestros actos, tanto para nuestro país como para el resto del mundo. Además, el hecho de que la decisión nos parezca más o menos razonable no es motivo suficiente para plantearnos ignorarla. Sin perjuicio de la gravedad que supone que cierta información que se ofreció a los ciudadanos británicos, por parte de sus políticos y especialmente los pro-Brexit, no fuera del todo precisa, ello no constituye una razón de peso para plantearse una segunda convocatoria. Los ciudadanos deberán depurar responsabilidades con sus políticos en las elecciones venideras, pero no bajo la petición de una nueva votación. Como se suele decir, una vez que se conocían las reglas del juego, no cabe echar la culpa al árbitro. Y eso a pesar de que parece obvio que realmente los ingleses no conocían (o no se molestaron en conocer) las reglas del juego; recordemos que una de las mayores búsquedas en Google UK el día siguiente a la votación en el referéndum fue: “¿Qué ocurre si dejamos la UE?” (aquí).

Estudiado en conjunto con el resto de políticas europeas, se atisba el crecimiento de extremismos que hacen peligrar la supervivencia del proyecto europeo. Consecuencia o no de la crisis, lo cierto es que, a menudo, la población tiende a radicalizarse socialmente ante situaciones económicas desfavorables. En Francia, Grecia, Italia, Alemania, Finlandia, Suecía, Hungría, Croacia y Austria, los movimientos ultraderechistas han crecido a una velocidad de vértigo (aquí), lo que ha provocado, a la par, el crecimiento de la izquierda radical. Tanto la derecha como la izquierda han traído consigo el debate sobre la Unión Europea, sobre su futuro y sobre su supervivencia, de tal manera que, mientras los propios Estados Miembros se enfrentan a la radicalización de sus gentes y a una creciente inestabilidad política, Europa observa con cautela el desequilibrio de su proyecto.

España no ha sido diferente. Las dos últimas elecciones generales han mostrado por igual la radicalización de la izquierda y, como contrapeso a ésta, el miedo. Todos los partidos políticos han perdido “sillas” (sin contar a los nacionalistas, que se han mantenido ajenos al dilema de España), salvo el Partido Popular, que pervive precisamente gracias al miedo (y a una cancioncilla latina –aquí) y a pesar de factores tan criticables como la corrupción.

En cualquier caso, resulta llamativa la patente diferencia entre la estimación de las encuestas preelectorales (CIS incluido) y de las llamadas encuestas israelitas o a pie de urna y el resultado final de las elecciones, que muestra una extraña condición moral del español a la hora de votar: que se avergüenza de su voto. En efecto, únicamente puede explicarse así el hecho de que las encuestas pronosticasen el sorpasso de Podemos al PSOE o la prácticamente inapreciable mejoría del PP cuando la realidad postelectoral, en cambio, nos ha mostrado a un votante que insiste en un Parlamento con la misma foto que la vez pasada, salvando la subida y bajada de escaños para uno u otro partido.

Sin duda, se apuesta por una estabilidad institucional, política y económica, y un rechazo rotundo a la inestabilidad e incertidumbre de “el cambio”. Guste o no, los escándalos de corrupción son un quiste susceptible de extirpación que la ciudadanía está dispuesta a soportar por el momento. Uno podría pensar que estamos ante la vuelta del denostado bipartidismo, puesto que, si algo está claro, es que tanto el PP como, en menor grado, el PSOE seguirán llevando la voz cantante de la política nacional en la próxima legislatura, mientras que la nueva política ha sido herida de bala y no se conoce aún pronóstico favorable sobre la misma. Nuevamente, los jóvenes se ven poco representados en el resultado que han deparado las urnas; prueba de ello es el CIS, según el cual el partido menos preferido entre los menores de 35 años es el PP, seguido por el PSOE, siendo entre el sector joven Podemos el que tiene su mayor caladero de votos (aquí). ¿Puede contribuir esto al desapego de los jóvenes de la política? Lo que seguro será interesante es cómo conseguirán los partidos tradicionales, sobre todo el PP, conectar con el electorado más joven; al fin y al cabo, de ellos dependerá el futuro del partido el día de mañana.

En definitiva, la resaca democrática de la semana nos deja una realidad completamente opuesta a la que nos esperábamos, en la que los jóvenes, seguramente, no hayan visto colmadas sus expectativas en los resultados de las votaciones, si bien eso no debe impedir que deben aceptar el resultado deportivamente y no olvidar que el voto de sus mayores es consecuencia de una larga trayectoria vital y, por supuesto, electoral, que en ningún caso debe ser objeto de reproche. ¡Larga vida a la democracia y a los jóvenes!

 

La campaña por el BREXIT, ¡vaya lío!

En el referéndum para la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea que se celebrará el 23 de junio, las encuestas han estado dando vencedora a la opción de permanencia (“remain”) frente a la de salida de la Unión Europea (“leave”), conocida también como Brexit.  Sin embargo, este 31 de mayo, The Guardian publicaba una encuesta en la que parece verse un giro en la intención de voto, pasando a consolidarse la opción  “leave”  con un 52%. La verdad es que todo es posible porque en todas las encuestas se da un porcentaje de indecisos muy superior a la diferencia entre las dos opciones.

Esta nueva encuesta puede ser preocupante si se analiza con los nuevos datos que van apareciendo en esta campaña de locos, en la que ningún líder político defiende lo que le gustaría defender. Hasta hace unos días, parecía claro que si bien el Partido Conservador estaba dividido entre las dos opciones, el Partido Laborista apoyaba en bloque la permanencia. Así, la campaña por la permanencia ha contado con extraños compañeros de cama como el Primer Ministro Cameron, conservador, junto con el líder del Partido Laborista, Corbyn, o el también laborista alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Sin embargo, empiezan a verse las primeras fisuras en el Partido Laborista y, sin embargo, el Partido Conservador puede estar más unido en sus bases de lo que parece si solo miramos a sus líderes. Así, también el 31 de mayo publicaba The Times que el 50% de los votantes del Partido Laborista ni siquiera saben si su partido apoya o no la permanencia. Hay que tener en cuenta que Corbyn,  ha sido un histórico euroescéptico que votó “leave” en el referéndum de 1975, aunque ahora esté apoyando la campaña de la permanencia.

Añade The Times que así como entre las bases del Partido Conservador, los votantes parecen respaldar en su mayoría a su líder, Cameron, no ocurre lo mismo en el Partido Laborista con Corbyn.  Muchos de los MP, tanto de un partido como del otro – que están batallando por la permanencia- han admitido privadamente, (según The Times) que están haciendo una campaña de perfil bajo en sus respectivas jurisdicciones, por temor a herir susceptibilidades entre sus bases locales, muy divididas ya de entrada entre las dos opciones.

En definitiva, estamos ante una campaña en la que existe una gran confusión porque no hay una opción clara en cada partido, sino que se trata más bien de una opción individual más o menos oculta en el caso de los líderes por conveniencias electorales. Por supuesto que hay también cuestiones ideológicas que están en juego, tales como la pérdida de soberanía o la libre circulación de personas, pero las adhesiones a una u otra opción hay que encontrarlas  en factores que van más allá de las ideologías. Podríamos decir que lo que se dirime es más una cuestión emocional que una cuestión política. Está claro que a los ingleses les encanta Europa… para ir de vacaciones, para la comida, el arte, o  la moda. Pero también está claro que  oponen una gran resistencia a que alguien de fuera les diga lo que tienen que hacer, precisamente a ellos que ni siquiera  tienen una Constitución escrita y que son grandes defensores de su viejo parlamento y su sistema legal.

La campaña por la permanencia quizás ha girado demasiado en torno a asuntos económicos. Baste echar un vistazo al folleto que el gobierno ha enviado a todas las casas (“Why the Government believes that voting to remain in the European Union is the best decision for the UK”), en el que se destaca que permanecer en Europa supone una economía más fuerte, argumento apoyado en datos sobre lo que la Unión Europea supone para cada actividad en cuanto a número de trabajadores y porcentaje de exportaciones.

Sin embargo,  la prensa destaca  otras claves con las que se podrían entender las adhesiones a una u otra opción:

  • Se habla así de la división intergeneracional en el voto: el votante joven, perteneciente a la generación “Easyjet”, es en su mayoría partidario de la permanencia. Al respecto, varios factores pueden jugar en contra a la hora del referéndum.  Se han señalado dos especialmente: el hecho de que el 23 de junio los jóvenes estén ya de vacaciones, rumbo a algún destino turístico, haciendo honor al nombre por el que se conoce a su generación  y el hecho de que la reforma electoral ha complicado el proceso de registro, dificultando el acceso de  estos nuevos votantes.
  • En The Times se ha señalado también que la batalla de Europa se ha convertido en una guerra de clases. La parte menos elitista del Partido Conservador coincidiría así en la opción “leave” con los Laboristas que más detestan el “establishment” pro europeo. La distinción dentro del Partido Conservador tiene un adecuado reflejo en las figuras del Primer Ministro, Cameron, y del exalcalde de Londres, Boris Johnson. Ambos fueron a Eton pero a Johnson le gusta destacar que él fue un niño becado, que llegó a Eton por sus méritos propios, mientras que Cameron era un alumno “de pago”,  que no tuvo que demostrar nada.

En definitiva, muchas claves son las que intervienen en una decisión tan importante como la de la permanencia o salida de la Unión Europea por parte de Reino Unido. Está claro que se está jugando con fuego, como no podía ser de otra manera con un Primer Ministro que unos días es pirómano y otros, bombero.

 

A vueltas con el TTIP

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), del que ya se ha escrito en este blog (aquí ), ha reaparecido en los medios como objeto de controversia y de movilización de la opinión pública europea. A la vez que se multiplican las quejas sobre su secretismo—como si la negociación de los tratados internacionales alguna vez se hubiera hecho en la plaza pública—, se afirma con rotundidad las dañinas consecuencias que tendría el acuerdo para trabajadores, consumidores, el medio ambiente, o—incluso—la democracia. Cómo pueden sus detractores conocer con tanta seguridad las implicaciones de un documento supuestamente secreto (pese a las filtraciones de Greenpeace), y que en cualquier caso no deja de ser un borrador, es un misterio. Pero parece haberse extendido la percepción de que los gobiernos europeos serían rehenes de oscuros intereses, que les llevaría a actuar contra sus sociedades y, por tanto, contra sus propios intereses nacionales.

Recientes declaraciones contra el TTIP, como las de las autoridades francesas, reflejan en cambio una posición en el terreno que corresponde: la de discrepar en una negociación todavía en marcha. ¿Por qué hay que creer que Estados democráticos y guiados por el imperio de la ley van a ceder en la defensa de sus principios? La última palabra la tendrían siempre, por lo demás, los Parlamentos, órganos de representación popular a los que corresponde la ratificación de todo tratado.

Pese a compartir valores políticos y estrechas relaciones económicas, un pacto de este alcance nunca podría ser el resultado de un rápido consenso. Estados Unidos y la Unión Europea parten de distintos modelos y prácticas económicas, y divergen en multitud de normas regulatorias. Las dificultades que supone armonizar las reglas de ambos mercados pueden atrasar o incluso hacer irrealizable el acuerdo. Pero sin entrar en su contenido concreto, que—volvamos a insistir—aún desconocemos, los contrarios al acuerdo dan por sentado que éste permitiría a las “empresas transnacionales” (entiéndase, de Estados Unidos) imponerse sobre nuestros gobiernos, y limitar los derechos sociales y económicos propios del espacio europeo. Sin discutir los méritos de esta opinión—que, de ser correcta, reflejaría lo mucho que aún queda por negociar—, lo que brilla por su ausencia es el significado estratégico de la iniciativa.

El TTIP es el instrumento por excelencia para revitalizar las relaciones transatlánticas, en un complejo contexto global en el que se diluye gradualmente el peso de Occidente y de sus valores políticos, rechazados de manera explícita por algunos de los nuevos gigantes económicos. Washington cree que Estados Unidos y la Unión Europa, que aún suman la mitad del PIB global, deben intentar asegurar que no sean esos otros actores, poco amigos de las libertades y del Estado de Derecho, quienes, una vez consolidados como mayores economías del planeta, impongan sus reglas.

Desde esta perspectiva, el TTIP no puede entenderse sino como el hermano gemelo del Acuerdo Transpacífico (TPP), ya concluido y pendiente tan sólo de la ratificación de sus 12 Estados firmantes. En plena campaña electoral en Estados Unidos, los enemigos del TPP también han resurgido, con argumentos no muy distintos de los esgrimidos por quienes se oponen en Europa al TTIP. (En el fondo, la discusión en ambos casos es sobre elegir entre localismo y proteccionismo, o apertura e internacionalismo). Aunque las circunstancias del momento pueden retrasar su ratificación por algunas de sus partes, el TPP es ya una realidad. Que salga adelante el TTP y no el TTIP, reducirá aún más la posición internacional de Europa y perjudicará también, por tanto, a sus empresas y a las oportunidades de crecimiento y creación de empleo. Con el acuerdo, siempre que se corrijan sus supuestos desequilibrios, la Unión Europea, además de contribuir de manera directa a asegurar un orden mundial basado en reglas, facilitará a sus firmas el acceso al mercado norteamericano, y contará con una base más sólida desde la que negociar con las economías asiáticas. Sin el TTIP, además de su pérdida de influencia global, la competencia económica entre Europa y Estados Unidos en Asia podría agravarse.

Estas cuestiones no parecen formar parte del debate. Aunque la dinámica política interna suele convertirse en nuestros días en el mayor enemigo de los intereses estratégicos a largo plazo, no está de más recordar que el TTIP no es un mero acuerdo comercial que responda a egoístas intereses de las multinacionales. Se trata de un medio para que Europa pueda corregir su declive y para que, en el sistema internacional del futuro, sigan vigentes los valores y principios que han definido a Occidente.

El cambio de régimen de las renovables: sentencias, laudos y lecciones de futuro

Como consecuencia de una regulación inicial irresponsable y de unas reformas posteriores caóticas, muchos españoles tememos que vayamos a pagar la energía renovable varias veces: en la factura eléctrica, en el coste de la inseguridad jurídica creada, y finalmente en indemnizaciones a los inversores que reclamen al Estado por los cambios en el sistema.  El primer laudo de un tribunal arbitral internacional sobre una de estas reclamaciones ( de 21 de enero de 2016) la desestima, lo que ha sorprendido a muchos aunque previamente ya se habían pronunciado en el mismo sentido el Tribunal Supremo y el Constitucional. El tema es muy complejo, pero voy a intentar resumir los argumentos -sólo los de fondo- de cada una de las jurisdicciones.

El TS, en sentencia 12 de abril de 2012 señala que los cambios en la regulación no violan los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima pues podían considerarse previsibles por un inversor diligente porque: (a) es necesario valorar todo el sistema de incentivos en su conjunto, ya que las tarifas reguladas solo son un elemento de mismo; (b) las ventajas de la exclusión de los riesgos del mercado que supone el sistema de tarifas reguladas se ve contrarrestado con el riesgo regulatorio propiciado por la necesidad de dar respuesta sobrevenida a la satisfacción de intereses generales superiores; (c) el sistema de incentivos estaba diseñado en función de unos determinados objetivos expresados en la ley, y por tanto debía considerarse posible su modificación para la consecución de estos.

El TC ha dictado varias sentencias sobre esta materia STC ( 48/2015106/2015, 28/2015,) pero es la de 17/12/2015 la que por primera vez trata la cuestión de fondo: si se infringen los principios constitucionales de seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes. En primer lugar, el tribunal rechaza que la nueva norma en sí cree inseguridad aunque incluya conceptos jurídicos indeterminados, pues son determinables por criterios objetivos. Pero la cuestión fundamental es la de si el cambio de normativa supone una quiebra de la seguridad jurídica por infracción de “su corolario, el principio de confianza legítima”. El TC dice que éste es compatible con cambios legislativos, “cuando sean previsibles y derivados de exigencias claras del interés general”.  Y en este caso consideran que esos cambios deben considerarse previsibles dada “la elevada intervención administrativa de este concreto sector económico en virtud de su incidencia en intereses generales”. Y además entiende que la evolución de las circunstancias que afectaban a dicho sector de la economía, “hacían necesario acometer ajustes de este marco normativo”. Respecto de la irretroactividad, señala que “lo que se prohíbe en ese art. 9.3 CE es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores” y por tanto no a los pendientes.

En cuanto al laudo arbitral, es importante tener en cuenta que en este caso no se juzga por la normativa española sino aplicando un Tratado Internacional suscrito por España, la Carta de la Energía (TCE). Este tratado da la opción sólo a los inversores extranjeros de acudir a la vía arbitral y bajo su normativa, lo que se criticó por discriminatorio en este post de Castro Gil -con comentario a su vez crítico de Manuel Conthe-. En relación con esta cuestión es interesante que el laudo resuelve que no se puede rechazar el acceso a este sistema por el hecho del que el control de sociedad inversora extranjera lo ostenten en último término nacionales españoles.

Respecto del fondo (pueden ver también este clarificador artículo de Ramón Marés) el tribunal rechaza en primer lugar que la reforma constituya una expropiación pues no se priva de la totalidad del valor de la inversión y se mantiene una rentabilidad positiva. Los demandantes alegaban también la falta de un trato justo y equitativo (art. 10.1 TCE) por modificar de modo inesperado el marco regulatorio y vulnerar las expectativas legítimas de los inversores. El tribunal considera que esa obligación de trato equitativo implica que el Estado no puede inducir a un inversor a realizar una inversión para luego desconocer los compromisos     que han generado unas expectativas legítimas. Sin embargo, entiende que una norma legislativa tiene carácter general y no equivale a un compromiso concreto inmodificable, y que el Estado mantiene una grado razonable de flexibilidad regulatoria para responder a circunstancias cambiantes en razón del interés público (caso Electrabel c. Hungría). También señala que los inversores debían haber tenido el marco jurídico español, y la STS  de 15/12/2005 que ya había señalado que los titulares de instalaciones eléctricas no tenían un derecho inmodificable a un régimen tarifario. A continuación, examina la razonabilidad de las modificaciones de 2010, y concluye por una parte que respondían a una situación objetiva de déficit tarifario grave y de aumento de precios de la electricidad, y por otra que no suprimían las características esenciales del marco regulatorio. Finalmente, respecto de la retroactividad, entiende -en la misma línea del TC- que no se produce si afecta a los efectos posteriores sobre situaciones en curso.

No parece sin embargo que este sea el último capítulo de la historia. Por una parte, existen multitud de reclamaciones planteadas ante éste y otros tribunales arbitrales. Por otra, el laudo no es unánime y el voto disidente argumenta que el propio RD de 2007 establecía que las revisiones de tarifa no afectarían a las instalaciones en funcionamiento, creando una expectativa razonable en ese sentido. Pero la incertidumbre procede sobre todo de que el laudo se refiere sólo a las reformas de 2010 (límite de años, máximo de horas, peaje a la red), y por tanto la conclusión sobre la modificación del sistema que supone el RDL 9/2013 -mucho más radical- podría ser distinta, lo que expresamente advierte el tribunal-. En este sentido, es interesante señalar que en la STC de 17/12/2015 existe un voto particular, pero en este caso no discrepa de la resolución, sino que lamenta que no se haya argumentado mejor entrando en el examen detallado de si el RDL 9/2013 es contrario al principio de confianza legítima conforme a unos criterios semejantes a los que utiliza el tribunal arbitral. Los firmantes del voto opinan que un examen detallado del RDL a la luz de dichos criterios hubiera llevado a la misma conclusión, pero ese examen aún está por hacer.

Dejando ya el tema técnico-jurídico, no estaría mal intentar sacar alguna lección de la tortuosa historia de la regulación de las renovables. La primera es recordar que en economía nada es gratis y que hay que hacer cálculos detallados y prudentes antes de lanzarse a legislar: todo el problema se origina en 2007 por el entusiasmo irreflexivo característico de aquel gobierno, que firmaba cheques que luego resultó que no podíamos pagar. La segunda es que dada la -hasta el momento- exitosa defensa que ha hecho el Estado de su facultad para modificar el sistema de tarificación eléctrica, debería plantearse si hay que cambiar el de otras fuentes de producción de energía, como la hidroeléctrica y la nuclear, que obtienen unos rendimientos extraordinarios en relación con la inversión, como destaca Carlos Sebastián en su libro aquí reseñado. Saldrían ganando los ciudadanos y la productividad de las empresas (aunque puede que dificultara que las grandes eléctricas siguieran siendo el retiro favorito de los políticos…).

Europa y los refugiados

El acuerdo UE-Turquía en materia de refugiados plantea dos problemas: uno jurídico y otro político. Antes de analizarlos resumamos rápidamente en qué consiste dicho acuerdo.

Con efectos desde el día 20 de marzo todos los migrantes que entren ilegalmente en Grecia cruzando el Egeo desde Turquía serán devueltos a este país. Por cada sirio que se devuelva a Turquía la UE se compromete a aceptar otro y recolocarlo en su territorio, pero hasta un límite de 72.000, en base al actual compromiso europeo de asentamiento y recolocación. Se afirma que cada caso se tratará por separado y todos los solicitantes de asilo podrán recurrir las decisiones adoptadas. Los 40.000 actualmente atrapados en Grecia no serán devueltos y tendrán derecho a ser recolocados en la UE, pero parece que con cargo a la cuota de los 72.000. A cambio de aceptar de vuelta a los migrantes y de sellar la ruta del Egeo Turquía recibe una serie de concesiones: abrir un nuevo capítulo en las negociaciones de acceso a la UE, un compromiso de pago de seis mil millones de euros, y una oferta de exención de visa a sus ciudadanos para viajar a Europa a partir de junio.

Con dicho acuerdo se pretende desincentivar el cruce del Egeo, dificultar el trabajo de los traficantes de personas y premiar a los que soliciten su entrada de manera ordenada. Lógicamente también reducir la llegada de migrantes, que solo el año pasado alcanzó el millón.

Jurídicamente este acuerdo plantea bastantes problemas. Para comprenderlo debemos tener en mente la normativa fundamental aplicable, que, resumidamente, es la siguiente:

1) El art. 4 del Cuarto Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que literalmente dice que la “Collective expulsion of aliens is prohibited.” La razón es muy simple: las expulsiones colectivas impiden apreciar las circunstancias personales de los extranjeros, especialmente en relación a su posible derecho de asilo, privándoles de cualquier recurso al efecto, lo que les coloca en peligro de muerte o torturas si son devueltos a su país o a otro tercero. También se les priva de recurrir frente a cualquier lesión de sus derechos que se haya podido producir en el proceso de esa expulsión. En este sentido la jurisprudencia del TEDH es muy clara, como puede observarse en los casos Sharifi and Others v. Italy and Greece (2014) Hirsi Jamaa and Others v. Italy (2012) que pueden consultar aquí.

2) El art. 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiado, que dice que “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

3) El art. 3.3 del Reglamento Dublín III señala que “Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive [2013/32].”

4) El art. 38 de la Directiva 2013/32, sobre concepto de país seguro, que señala que “1. Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a los siguientes principios: a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; b) no hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE; c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra; d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional; e) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.

Dicen que quien hace la ley hace la trampa, y aquí tenemos un buen ejemplo. Pese al categórico tenor de los dos primeros artículos, los dos últimos consagran una excepción que puede constituir una fácil vía de escape a su aparente rigor. En el momento en que un refugiado sirio solicita en Grecia individualmente el asilo, alegando persecución política o religiosa, peligro de muerte o torturas, etc., las autoridades europeas no tienen por qué entrar en el fondo del asunto si van a aplicar el art. 38 de la Directiva 2013/32, es decir, si viene de un país “seguro” y va a ser devuelto a ese país “seguro”.  El refugiado podrá recurrir la decisión, por supuesto, pero va a perderla en el cien por cien de los casos. Desde el punto de vista práctico, apenas hay diferencia entre este tipo de expulsiones y las expulsiones colectivas (si exceptuamos algunos casos protegidos por normativa específica como niños no acompañados y familiares próximos de refugiados residentes legales). Todos van a ser expulsados. La verdad es que nos podíamos haber ahorrado mucho dinero en trámites individuales si no hubiéramos cedido a las protestas lacrimógenas al primer borrador del acuerdo y hubiéramos mantenido el proyecto inicial de expulsiones colectivas. Si vamos a ser prácticos, seámoslo con todas las consecuencias.

Por otra parte, considerar que Turquía reúne los requisitos para ser considerado país seguro puede que no se mantenga ni siquiera sobre el papel, mucho menos en la realidad. De hecho, la UE no lo había considerado así hasta ahora, aparte de que ese país no es signatario íntegro de la Convención de Naciones Unidas sobre refugiados, y ya ha vulnerado el Derecho internacional al devolver refugiados a Siria. Pero si de los sirios pasamos a los afganos o a los iraquíes (que serán devueltos también desde la UE sin contemplaciones) entonces considerar Turquía un país seguro es de broma. Como denuncia Amnistía Internacional, el mismo viernes 18 de marzo Turquía devolvió a Kabul treinta afganos sin dejarles procesar sus solicitudes de asilo (aquí).

En cualquier caso, ese acuerdo, por muy malo que sea, es bastante mejor que la legislación española vigente (LO de Protección de la Seguridad Ciudadana) aplicable a nuestras fronteras extracomunitarias, como ya tuvimos ocasión de comentar en este blog (aquí). En el caso español las devoluciones en la valla de Melilla, tanto colectivas como individuales, son en caliente, sin dar oportunidad de alegación ni recurso alguno, y se hacen además a un tercer país que definitivamente no es “seguro”. Así que los parlamentarios españoles tienen tarea doméstica por delante antes de denunciar como indigno el pacto con Turquía.

En segundo lugar, si del tema jurídico pasamos al político, el panorama es incluso peor. El convenio no se ha hecho para acabar con las mafias y dar seguridad a los migrantes, sino como un intento (además baldío) de poner fin a este éxodo por motivos puramente egoístas. Que un continente como el europeo, integrado por algunos de los países más prósperos del mundo, solo esté dispuesto a admitir en el futuro un tope de 72.000 sirios, es una vergüenza sin paliativos que marcará a nuestra generación con un estigma difícil de borrar. ¿Por qué un continente rico que se vanagloria de su aprecio por los derechos humanos está fracasando de esta manera lamentable?

En realidad, el tema es complejo, y dice mucho del sistema político actual, tanto a nivel interno de los diferentes países como a nivel comunitario. El pasado día 21 Sandra León publicaba en Piedras de Papel un interesante artículo al respecto, en donde se mostraba que, en general, la opinión pública europea es favorable a la recepción de refugiados. Pues bien, un caso verdaderamente interesante es el de Polonia. Tras los atentados del pasado martes 22 en Bruselas, el gobierno polaco manifestó su intención de no aceptar a ningún refugiado sirio este año, pese a que la cuota a la que se comprometió alcanza el miserable número de 400. Si a continuación acudimos a los cuadros reflejados en el artículo de Sandra, comprobamos que Polonia es uno de los países europeos más proclives a acoger refugiados y migrantes en general, por no decir el más favorable (en torno a un 60% de ciudadanos se pronuncia a favor). ¿Qué está pasando entonces?

Para comprenderlo pienso que es necesario distinguir el sistema de toma de decisiones nacional del comunitario.

En el ámbito comunitario es necesario poner de acuerdo a una multitud de países para alcanzar el acuerdo de reparto, por lo que todos los incentivos concurrentes tienden a que la deriva sea siempre hacia el mínimo (como dicen los anglosajones, race to the bottom). Hemos comprobado que ni siquiera las mayorías cualificadas suponen una solución satisfactoria, máxime cuando ciertos países tienen cláusulas de excepción (como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca). Basta con que un país o grupo de países se cierren en banda, alegando determinadas circunstancias especiales que le impiden asumir una determinada cuota, para que se tienda inexorablemente hacia una propuesta de mínimos. Esta es la explicación por la que sin una cesión completa de soberanía a la Unión para tomar este tipo de decisiones y controlarlas los países serán siempre más egoístas que sus ciudadanos. El principio de una “unión cada vez más estrecha” no es por tanto algo opcional en la UE, que puede abrazarse o no a conveniencia o que pueda limitarse a los países del Euro dejando al margen a los demás, sino una condición sine qua non para su supervivencia a medio y largo plazo.

En el ámbito nacional, el fenómeno es parecido. Las minorías radicalizadas siempre tienen un peso mucho mayor en la política interna de los países de la que merecerían por razón de su peso relativo. Cuando las coaliciones de gobierno se deciden en el margen (como ocurre en casi todos los sistemas democráticos actuales), un pequeño sector disconforme, capaz de centrar su acción política en objetivos muy concretos (por ejemplo, la emigración) adquiere súbitamente una capacidad de negociación desmesurada. Esto incentiva todavía más la deriva hacia el fondo. La solución consiste en que la necesaria cesión de soberanía a la Unión no se articule ni controle por los gobiernos nacionales condicionados por esa presión (siempre atentos a sus intereses electorales a corto plazo), sino directamente por los ciudadanos europeos a través de instituciones y procedimientos democráticos supranacionales. En conclusión, otra vez una unión más estrecha.

Como ocurre también con las crisis de las democracias, ante la actual crisis europea la solución es evidente: más Europa (democrática), por favor.

 

El sistema hipotecario danés

Tras la crisis financiera, reguladores y políticos están investigando los sistemas financieros que mejor pudieron capear la tormenta financiera en 2008 y 2009. El sistema de hipotecas danés es uno de ellos. Es transparente y estable y ha contribuido a la estabilidad financiera en Dinamarca los últimos 200 años. El sistema ha existido desde 1795, y desde entonces ningún banco hipotecario ha ido a la quiebra. Todos los préstamos hipotecarios están financiados 1: 1, es decir que los préstamos concedidos están financiados por unos bonos emitidos para esa financiación. Los bancos hipotecarios daneses utilizan estos bonos como única herramienta de financiación, es decir que no se financian con depósitos u otro tipo de pasivos bancarios. Además, los tipos de interés que se ofrecen a los prestatarios son fijadas por la oferta y la demanda en los mercados de bonos y se repercuten a los inversores en una relación 1: 1 (cobrándose por el Banco además una comisión de gestión de entre el 0,5 y el 1,1%). Dado que los tipos de interés se fijan en el mercado, es crucial que esos bonos que financian los préstamos se puedan negociar en cualquier momento: incluso en los peores momentos de la crisis financiera estos bonos se compraron y vendieron activamente en los mercados financieros. (Aquí pueden encontrar más información acerca de cómo los bancos hipotecarios daneses manejaron la crisis: El Modelo Hipotecario Danés).

Los tipos de interés de los préstamos hipotecarios de viviendas danesas no dependen de los ingresos o la riqueza de los prestatarios. Dicho de otra manera, una familia rica paga exactamente el mismo tipo de interés de un préstamo hipotecario para vivienda que una familia de clase media. Esto se debe al hecho de que los tipos de interés hipotecarios están determinados por la oferta y la demanda en los mercados de bonos – los tipos de interés no se basan en evaluaciones de crédito y de riqueza-. Este elemento de igualdad en el sistema danés permite que el 49,5 por ciento de las familias en Dinamarca vivan en viviendas ocupadas por sus propietarios con una hipoteca (en España es del 32% según Eurostat). Por otra parte, el acceso a bajos tipos de interés hace que sea mucho más fácil para los jóvenes dejar la casa de sus padres en instalarse de forma independiente. En Dinamarca, menos del 20 por ciento de los adultos de 18ª 34 años viven con sus padres, mientras que en España el porcentaje es de más del 50%.

Los bancos hipotecarios daneses también proporcionan una gran cantidad de fondos para las empresas danesas y pymes, con el mismo principio de tipos de interés basadas en el mercado. Tanto los propietarios de viviendas como las empresas pagan tipos de interés bajos que están de media en 2,4 por ciento y 2,1 por ciento, respectivamente (incluyendo los honorarios pagados tanto por propietarios de viviendas y empresas). Para poder comparar esos tipos medios con los españoles hay que tener en cuenta que una gran parte de los préstamos son a tipo fijo y por plazo de 30 años.

Dado que los bancos hipotecarios daneses mantienen todos los préstamos hipotecarios en sus balances, se aseguran de que el análisis de la capacidad de repago se hace a fondo. En consecuencia, la mora y las ejecuciones hipotecarias se mantienen a un nivel mínimo. Además de eso, cuando se concede un préstamo, los prestatarios están obligados por ley a tener capacidad de repago al tipo más alto del mercado. Por lo tanto, incluso si la gente elige préstamos en los que se paga solo interés (es decir, con carencia de capital) o con intereses variables, tendrán en principio un margen amplio para soportar aumentos de los tipos de interés. Por todo ello, el sistema hipotecario danés funciona como un amortiguador para las cuñas financieras, contribuyendo a un desarrollo económico más estable (Sobre el efecto estabilizador del sistema hipotecario danesa se puede ver ““Financial structure and the real effects of credit-supply shocks in Demark 1922-2011”, Danmarks Nationalbank, Working papers 2012)

Versión en inglés danish mortgage system (1)

Referéndum sobre la ¿permanencia? del Reino Unido en la UE: que empiece otra vez el baile

El pasado 17 de diciembre, tras el acuerdo de las Cámaras de los Comunes y los Lores y con el necesario beneplácito real, se aprobó la ley que regulará el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea de El Reino Unido. Digo “permanencia” por un simple tic emocional porque aquí los medios hablan más del Brexit, dando por hecho que el referéndum permitirá que UK abandone por fin la UE. Dudo que esos medios crean realmente o sepan de forma certera que ganará la opción “salida”; simplemente saben que esa posibilidad vende mucho más. El victimismo cala hondo y además tampoco es fácil mantener la emoción durante tanto tiempo ¿Cuántos años llevan los británicos jugando al sí pero no?

Pero esta vez la suerte está echada y aunque ¡albricias! al fin sí se va a cumplir una promesa incluida en un programa electoral, no son muchos los que se congratulan de ello. Ni siquiera los propios miembros del partido conservador que la auspiciaron. Pero antes del 31 de diciembre de 2017, según estipula dicha ley (y probablemente en junio de este año), sabremos qué es lo que realmente quiere la gente de este país… ¿O no?

La ley sobre el referéndum (European Union Referendum Act 2015) recoge cuál será la pregunta (en inglés y en galés) que se someterá a los electores- ciudadanos con derecho a voto de El Reino Unido, la República de Irlanda, Gibraltar y los países de la Commonwealth, ciudadanos británicos que lleven menos de 15 años residiendo en el extranjero, y los lores – una vez pasada por el filtro de la Comisión Electoral, que estimó que la pregunta inicial propuesta por el partido en el poder resultaba un tanto arbitraria al abogar por mantener el statu quo. Así que en vez de “Do you think that the United Kingdom should remain a member of the European Union? Yes or no”, lo que los electores leerán en sus papeletas será:  “Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?”Y las respuestas también serán muy claritas: “Remain a member of theEuropeanUnion” o “Leave the European Union”. En un referéndum la elección de las palabras es fundamental, y aquí no se han dejado engatusar.Y sin embargo, no acabo de entender por qué la pregunta inicial propuesta por el partido conservador inclinaba la balanza hacia el sí, cuando realmente no se sabe muy bien si quieren un sí o un no. O al menos es evidente que muchos de ellos no lo tienen nada claro. Una auténtica bomba de relojería.

Cameron ha dado libertad de voto – y de campaña – a sus ministros y miembros del partido, y los más valientes ya se han puesto manos a la obra: a favor de la permanencia, a favor de la salida. Pero muchos otros, como Philip Hammond, Ministro de Asuntos Exteriores, no se pronuncian claramente y filtran a la prensa que “tienen sus dudas sobre la pertenencia de UK en su conjunto” (The New York Times). ¿No es un poco raro llevarte a Bruselas a tu peor enemigo? ¿O es que no lo es? La mayoría está a la espera de ver cómo acaban las negociaciones con Bruselas aunque, tras el borrador presentado ayer, parece que no van todo lo bien que se esperaba y Cameron ya tiene a 6 de sus ministros abiertamente en contra. En cualquier caso, por lo que pueda pasar, el premier ya ha avisado de que independientemente del resultado del referéndum, él seguirá en el poder. ¿Y los otros? No sabría traducir al inglés el famoso refrán sobre las barbas del vecino y las propias a remojar, pero a los parlamentarios conservadores les recordaría que con ocasión de la votación sobre la mayor implicación del gobierno británico en su lucha contra el ISIS, el líder del partido laborista – en un acto de gran generosidad – dio libertad de voto a sus miembros… La operación de limpieza de disidentes tras las Navidades no ha pasado inadvertida.

En cualquier caso, parece que la respuesta la tienen los conservadores. De forma resumida, así estarían las cosas entre los Comunes: los conservadores, divididos sobre su postura; la mayoría de los diputados del partido laborista, a favor de permanecer en la UE; los liberales demócratas y el SNP tienen claro que se quedan, y la postura de UKIP es de sobra conocida; su juego es un constante “no” a todo. La cosa quedaría en un 35% por el no a la UE, un 40% a favor de la permanencia y el resto, indeciso.

Algo parecido a lo que se refleja en la calle. Los medios de comunicación y las empresas de encuestas y sondeos de opinión están pletóricos, haciendo su agosto en pleno invierno. Todas las semanas nos regalan nuevos datos sobre intención de voto; por ejemplo, según el DaliyTelegraph, la opción por la permanencia cuenta tan solo con un 41% de intención de voto vs un 40% a favor del “no” pero de acuerdo con The Guardian, de las últimas 21 encuestas publicadas 13 daban como ganadora a la opción de la permanencia, 4 apostaban por la salida y 4 indicaban un empate técnico. Pero curiosamente, aunque las últimas encuestas apuntan hacia un repunte del “sí” a la UE (a la espera de saber – ¡con nuevas encuestas! – si el deal propuesto ayer por Tusk cambia la opinión pública) la impresión que uno saca al escuchar las tertulias, los debates y los informativos en radio y TV es que la gente de la calle apuesta por el “no”.

Pero, ¿”no”a qué? David Cameron ha planteado a Bruselas una serie de “propuestas para reformar el modo en que funciona actualmente la UE y la situación de ElReino Unido como miembro de la misma”, apunta la BBC. Las cuestiones a tratar son cuatro: Integración – UK no desea una mayor integración política y destaca que no comparte la ambición europea de forjar una unión siempre más estrecha (he oído ya a varios comentaristas meter en una misma frase “UE” y “sueño expansionista napoleónico”) -; Derechos -UK no quiere que los ciudadanos “migrantes” de la UE puedan reclamar determinados beneficios y prestaciones especialmente relacionados con la vivienda hasta que no lleven al menos 4 años residiendo en el país -; Soberanía (¿la UE por encima de UK?, ¿en qué cabeza cabe?),y Eurozona. Pero en los medios, estos cuatro puntos sobre cuyos resultados Cameron deberá informar detalladamente según dispone la European Union Referendum Act 2015, se reducen a inmigración, inmigración, inmigración… y al incesante lamento “Europa nos roba”.

UK es sin duda un país de acogida y no sería justo acusarles de lo contrario. Pero aquí no entienden el concepto “patera”, las costas griegas les quedan muy lejos, y no van a permitir, de ninguna de las maneras, que nadie les diga a cuánta gente tienen que acoger. Y menos aún un alemán. Tampoco acaban de entender lo de las fronteras abiertas en el continente. Ellos tienen su paso de Calais y sus aeropuertos: claramente, la única forma civilizada de entrar en un país. Cada mañana escucho en la radio a exaltados defensores del no a la UE que acusan a Bruselas de ser una “cleptocracia”, que cada día que pasa aumentan el volumen de la factura de permanecer en la UE y que se ríen de las magras contrapartidas de ello. “¿Qué nos aporta la UE? “¿Quién va a pagar la factura de la educación, vivienda y sanidad de los inmigrantes?” Es un poco el mismo lamento victimista al que en España estamos muy acostumbrados.

Rumanía es el país que parece haber recibido un mayor porcentaje de los fondos de la UE destinados a impulsar el desarrollo de las economías de la Unión que van a la zaga. Un dato “fetiche” para los quejicas. “¿Rumanía? ¿Qué se nos ha perdido en Rumanía? ¿Qué ventaja puede obtener UK de un país como Rumanía?” Ahora resulta que Rumanía también nos roba.

Pero quiero pensar que los datos son los datos, y que ante ellos acabará imponiéndose la cordura. La ley electoral establece claramente que durante las 10 semanas anteriores a la fecha del referéndum el Secretary of StateforForeign and Commonwealth Affairs (sí, ese mismo Mr.Hammond que no lo ve tan claro) deberá publicar un informe con todos los datos y cifras referidos a la condición de UK como miembro de la UE: derechos, obligaciones, contribuciones, ejemplos de países que no son miembros de la UE pero mantienen acuerdos con ésta, etc. Igual entonces los británicos se darán cuenta de que disfrutan del mejor de los dos mundos: la permanente opción a no participar en aquellas estructuras económicas y políticas que no son de su agrado,y el libre acceso a un mercado de más 500 millones de consumidores en los que se mueven 10 trillones de libras.

Así que, ¿por qué arriesgarlo todo?Algunos buscan una explicación por el lado emocional y lo comparan con el referéndum escocés. Razón no les falta, porque algunos de los argumentos que se oyen son los mismos. Solo que ahora los patrióticos son los otros, los que quieren irse. Valdrían las mismas frases y solo habría que cambiar el sujeto. Hace año y medio más o menos los defensores de la independencia escocesa decían: “UK isantiquated, undemocratic, corrupt”. Solo hay que hacer un baile de siglas. Y los partidarios a favor de la permanencia también podrían usar los mismos argumentos de entonces. Cuando en su momento Cameron se dirigió a los escoceses fue esto lo que les dijo: “You shouldn’t make a decision about changing your nation forever without knowing in full what the consequences may be.” Y entonces yo me pregunto: ¿conoce verdaderamente el PM las consecuencias que un abandono de UK tendría para el país? ¿Y para él?¿Por qué esta apuesta tan arriesgada? Igual debería marcarse una conversación telefónica con Mas.

Y ahora que sale Artur a relucir, hablemos de dinero. ¿Cuánto cuesta esta llamada a las urnas? ¿Quién paga la factura? Los fondos provienen del Parlamento, y la Comisión Electoral – encargada de garantizar que se trate de una contienda justa – es quien selecciona el grupo que liderará cada una de las opciones: “salir” o “permanecer”. Cada una de las campañas oficiales podrá acceder a una donación estatal de hasta 600.000 libras y tendrá un límite de gasto de 7 millones de libras; además, podrá emitir anuncios y enviar propaganda electoral de forma gratuita. Los demás grupos que no se adhieran a estas dos campañas oficiales podrán desarrollar sus propias campañas, sí, pero solo podrán gastar 700.000 libras si se inscriben en la Comisión Electoral, y deberán informar a la misma sobre las fuentes de las donaciones. En caso de no inscribirse en la Comisión, no podrán gastar más de 10.000 libras. Y el límite de gasto de los partidos políticos dependerá del porcentaje de voto que obtuvieron en las elecciones generales.

La otra factura, la política, ya veremos quien la paga.