Hacia un nuevo orden internacional político, económico y financiero

En la conciencia predominante de nuestros días, como ya ocurrió en los alegres años de la Belle Époque (que comprendió los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, hasta 1914), entre los diseñadores y sustentadores del sistema económico internacional prevalece la decidida voluntad de promover el comercio y la inversión exterior como vía para generar riqueza y prosperidad.

La superación de las fronteras y las barreras nacionales está de moda, por lo que la apelación a las limitaciones al libre comercio puede llegar a parecer incluso obscena.

Tomemos como ejemplo la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios en la Unión Europea, o las políticas seguidas por el Fondo Monetario Internacional en las últimas décadas, primero volcadas en América Latina y, más recientemente, quien lo iba a decir, en los países de la vieja Europa (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre), España incluida.

Como efecto reflejo surgen diversas tensiones o contradicciones, de las que apuntamos solamente un par de ellas. De entrada, el molde del Estado nacional, liberal y decimonónico se ha quedado pequeño, siendo imprescindible el engarce con lo global, o, al menos, con lo regional, para evitar que las naciones queden reducidas a la condición de paria. Por eso, sorprende la existencia de movimientos centrífugos y disgregadores, más propios de otra época.

Además, los flujos de capital y el comercio ya no siguen el sentido periferia-centro, sustentados en los raíles coloniales o poscoloniales, originariamente trazados en la bismarckiana Conferencia de Berlín de 1885, sino que ahora también pueden ser centro-periferia (por ejemplo, vía pago de intereses por la suscripción de deuda soberana) o periferia-periferia (o sea, que para ir desde China a África o América Latina no tiene sentido pasar por Europa).

Las antiguas colonias y dominios occidentales han «superado al maestro», y ya no son parte pasiva de unas relaciones económicas y comerciales de las que siempre se les ha mantenido apartados, o en las que se han limitado a participar con la aportación de materias primas, productos semielaborados o energía.

Una clara muestra de cómo se ha invertido la tendencia histórica de las últimas centurias la proporciona el mapa que incorporamos más abajo, tomado de BBVA Research[1], que refleja la contribución al crecimiento mundial en el período 2011-2021.

La previsión es que los polos históricos impulsores del desarrollo aportarán muy poco al crecimiento global: Norteamérica el 10,5% del total, Europa el 5,8%, Japón el 1,8% y Australia/Nueva Zelanda el 1%.

En cambio, Asia, Japón excluido, con el liderazgo de China e India, aportará el 57,9% de la generación de riqueza mundial en el decenio, lo que confirma la inminente prescindibilidad de nuestro Mare Nóstrum, la accesoriedad del eje atlántico, cuyo «reinado» ha durado desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y la emergencia de una nueva zona de influencia a lo largo del Pacífico, que es donde se batirá el cobre en el porvenir.

América Latina y África seguirán definiéndose en los próximos años, con los regímenes populistas, por un lado, y la «primavera árabe» y la desestabilización del centro del continente, por el otro. Rusia, al acecho, no se termina de desprender de su calculada ambigüedad, a medio camino de Europa y Asia.

Los países emergentes, que se sintetizan en el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) pero que van más allá de él, como veremos, demandan una mayor participación en las nuevas estructuras del poder económico y político que se irán decantando a lo largo del primer cuarto del siglo XXI, lo que es lógico si prestamos atención a las nuevas cuotas de poderío económico y comercial.

La arquitectura del poder monetario, comercial y financiero trazada por los Aliados, con la incontestable preeminencia de los Estados Unidos y, en menor medida, del Reino Unido, en 1944 (los conocidos como «pactos de Bretton Woods», en recuerdo del Hotel, en New Hampshire —Estados Unidos— donde tuvieron lugar las reuniones), tras varias crisis de importancia, como la salida de los Estados Unidos del patrón oro en 1971, ya no sirve.

Estas estructuras de poder, junto con el poder político detentado por Occidente, con el tirón indiscutible de los Estados Unidos, quedaron validadas de hecho, sin un rival que pudiera servir de contrapeso o inducir a una reflexión sobre sus potencialidades, debilidades y retos, con la caída del muro de Berlín y la descomposición soviética entre 1989 y 1991. En cualquier caso, la virtual alternativa, mientras duró, no dejaba de ser, asimismo, de extracción netamente europea.

La última etapa de expansión del capitalismo occidental se inició justo a continuación del derrumbe de la URSS y se detuvo súbitamente en 2007 con el comienzo de la crisis financiera, por lo que, ahora sí, toca recomponer la tarta y repartir el pastel, invitando a los nuevos participantes.

A finales de 2010, BBVA Research acuñó el acrónimo EAGLEs para referirse a las Emerging and Growth-Leading Economies, es decir, las economías emergentes que lideran el crecimiento global. Los nueve EAGLEs confirmados en 2013 como tales son China, India, Indonesia, Brasil, Rusia, Corea, Turquía, México y Taiwán, esto es, los BRIC y algunos más.

Se debe seguir de cerca por su potencialidad a los países que BBVA Research incluye en el llamado «nido», que son: Egipto, Nigeria, Tailandia, Colombia, Vietnam, Malasia, Polonia, Bangladesh, Sudáfrica, Filipinas, Perú, Argentina, Pakistán y Chile.

Se puede tomar como referencia del inicio de las más recientes y relevantes transformaciones económicas, como acta fundacional del capitalismo global del nuevo milenio, la Cumbre del G-20 de Washington, celebrada el 15 de noviembre de 2008.

En este foro gubernamental, que se reúne de forma periódica desde entonces, la más reciente de cuyas sesiones se celebró, en septiembre de 2013, en San Petersburgo[2], se integran, sin limitación geográfica, representantes de los países industrializados, de los de nueva industrialización y de la Unión Europea y Rusia.

Fruto de la reunión inaugural de Washington se emitió la «Declaración de la cumbre sobre los mercados financieros y la economía mundial», en la que se reafirma la fe en los principios del mercado, en el comercio, en la inversión sin trabas y en los mercados financieros como camino para llegar al crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza, desde nuevos imperativos de mejor regulación, más perfecta supervisión y mayor transparencia.

Las transformaciones que se están produciendo «ahí fuera» están motivando la adopción de grandes decisiones regionales y globales históricas. Los pasos hacia una verdadera unión económica y política europea, con la instauración de la supervisión bancaria unificada por el Banco Central Europeo a partir de noviembre de 2014 como primer aldabonazo, o la negociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos de América, o Unión Europea-Japón, han de ser interpretados en esta clave.

España no puede competir con economías de mayor tamaño, como son las de los Estados Unidos o China, por ejemplo, ni le merece la pena, por su estructura institucional y social, competir en la producción de bienes y servicios low cost, aunque esto pueda implicar, inicialmente, alguna victoria, más pírrica que real a la larga.

Por convicción y por necesidad, también por conveniencia, debemos explotar nuestra integración en Europa, sin olvidar nuestra natural proyección hacia América Latina (que, a su vez, se proyecta hacia los Estados Unidos). No debemos relegar la cercanía de África, continente que, a pesar de las dificultades que atraviesa, es potencialmente una fuente de consumo para los próximos años, con una población joven que crece exponencialmente.

No somos muy conscientes de ello, pero disponemos de grandes multinacionales, reconocidas en el exterior, en los ámbitos energético, textil, financiero, de las telecomunicaciones, de la construcción y las infraestructuras, e incluso en el sector sanitario, entre otros. Es básico, por tanto, que las pequeñas querellas domésticas no nos impidan ver los grandes movimientos de fondo que acontecen, y que no sólo nos percatemos de nuestros defectos sino también de nuestras potencialidades, pues sería imperdonable perder, nuevamente, el tren que conduce al futuro.


[1] BBVA Research (2012), «Mercados emergentes: perspectivas, riesgos y oportunidades», BOLSALIA, Madrid, 4 de mayo, documento disponible en http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120504_Mercados_emergentes._tcm346-327741.pdf?ts=1892012

[2] En este enlace se puede acceder a la Web con los contenidos de la Cumbre del G-20 de San Petersburgo: http://www.g20.org/

Flash Derecho: “Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales del mercado” (conferencia de Michael Sandel)

El próximo 3 de diciembre, la fundación Aspen Institute España organiza una conferencia-coloquio con el profesor Michael J. Sandel, de la Universidad de Harvard, sobre su último libro, “What money can’t buy” (sobre el que Elisa de la Nuez reflexionó en este post ) y se ha citado en otros como éste de Ignacio Gomá.

No se trata de una obra sobre la regulación de los mercados, sino, más bien, de un esfuerzo, en palabras del mismo autor, por “razonar juntos y en público sobre cómo valorar los bienes sociales que tenemos en gran precio”. Sandel –quien, desde hace años, ofrece la clase más concurrida de la historia de la universidad de Harvard– pretende ofrecer elementos para el debate sobre el papel y el alcance de los mercados y sobre la naturaleza del deseo humano. ¿Pueden todos los bienes tratarse como mercancías? ¿Puede el hombre comprar todo lo que desea?

Sandel no ataca a los mercados, como si se tratase de la encarnación moderna de todos los males. Se esfuerza por abrir el espacio de la reflexión sobre el necesario papel del mercado a “argumentos sobre la vida buena”, atacando, eso sí, la supuesta “neutralidad del mercado”, que vacía de argumentos morales y espirituales el ámbito de la vida pública. T.S. Eliot, quien también anduvo por Harvard, escribió en su día contra todos los que “sueñan con sistemas tan perfectos en los que no haga falta ser bueno”. Invitado por Aspen Institute España, Sandel discutirá sobre todo esto el próximo 3 de diciembre a las 19:30 en el Auditorio CentroCentro del Palacio de Cibeles. (Aforo limitado, SRC a programas@aspeninstitute.es )

Equilibrar el poder para limitarlo: sobre el CGPJ de Argentina

Presentación de los editores: El escándalo que supone la politización del CGPJ, continuada y acrecentada, a pesar de las promesas electorales, en la última reforma, nos ha llevado a los editores a interesarnos por cómo se ha tratado este problema en Argentina, y en ello nos ayuda hoy un escribano de Buenos Aires que glosa una sentencia anulatoria de una ley bastante similar a la nuestra. Tomen ustedes nota. (¡Y muchas gracias, Diego!).

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“El hombre podrá resignarse ante el dolor, la miseria e incluso la muerte. Pero no llegará a conformarse jamás ante la injusticia”. (Andreé Lebond. 1859 – 1938).

El Consejo de la Magistratura (nota de los editores: equivalente al Consejo General del Poder judicial español) se encuentra establecido en el artículo 114 de la Constitución desde su reforma en 1994, y tiene, entre otras atribuciones:

–        Elaborar, a partir de concursos públicos, ternas para ocupar cargos de jueces nacionales y federales, a designarse por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

–        Administrar los recursos de la justicia.

–        Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, incluso decidir la apertura del procedimiento de su remoción, formulando la acusación, pudiendo suspenderlos.

–        Asegurar la independencia de los jueces.

Debe regularse por una ley especial, y ser integrado periódicamente, de modo de procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos electivos, los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Debe también ser integrado por personas del ámbito académico y científico.

La regulación se dio por la ley 24.937 (sancionada el 10/12/1997), que fue objeto de reformas por las leyes 24.939, 25.669, 25.876, 26.080 y 26.855. Es esta última, sancionada el 8/5/2013 (y promulgada el 24/5/2013), la declarada parcialmente inconstitucional el 18/06/2013, en fallo que comentamos, junto con el Decreto 577/2013, que convocaba a elecciones para integrantes del Consejo, a efectos de designar:

–        3 jueces;

–        3 abogados; y

–        6 representantes de los ámbitos académico o científico.

Conforme la norma, la postulación de candidatos debía ser por agrupaciones políticas nacionales que, a su vez, postulasen precandidatos presidenciales, desde las elecciones internas P.A.S.O. (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

El Consejo estaría integrado por 19 miembros, sumándose a los antedichos cargos electivos:

–        6 legisladores nacionales (3 por la Cámara de Diputados y 3 por la de Senadores).

–        1 representante del Poder Ejecutivo.

EL FALLO , “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/. acción de amparo c/. Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. 3034/13)”, puede verse aquí.

La reforma fue cuestionada mediante la interposición de amparos, y el 11/06/2013 se declaró la inconstitucionalidad, anulándose el llamamiento a elecciones para Consejeros, en fallo recurrido por el Poder Ejecutivo, solicitando resolución de la Corte por salto de instancia (per saltum).

El 18/06/2013 la Corte, con voto favorable de 6 de sus 7 miembros (Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay –disidencia del Dr. Eugenio Zaffaroni-), declaró la inconstitucionalidad parcial de la reforma en tanto determinaba la elección por el voto popular de los representantes de los jueces, abogados y académicos o científicos en el Consejo, en lugar de serlo por sus pares.

La inconstitucionalidad afecta los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, y el decreto 577/13, manteniéndose la vigencia del régimen anterior en lo allí dispuesto. También declara inaplicables las modificaciones con relación al quorum previsto en el artículo 7, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la misma.

NUESTRA OPINION.

Resulta evidente que una reforma de la magnitud institucional de ésta, que sin lugar a dudas excede el marco de lo jurídico, tal como lo es la llamada “democratización de la justicia”, requiere del debido tiempo de análisis por parte de los legisladores, quienes deben además contar con el previo asesoramiento del caso, imponiéndose una profunda discusión entre ellos. También parece imprescindible fomentar la búsqueda de consensos políticos y sociales, de modo de poder sostener en el largo plazo modificaciones tales como las de organismos de la Constitución, y no basarlas en golpes de timón de una mayoría coyuntural. La reforma, además de ser legal, debe ser legítima. Sin embargo, ingresó al Congreso el 08/04/2013, dentro de un paquete de medidas para reformar la Justicia, tan solo un mes antes de su aprobación (08/05/2013).

Las críticas al Poder Judicial no son pocas, y ni siquiera desde su propio seno se sostiene que una reforma no resulte menester. Podemos pensar en diferentes cambios que necesita, tales como transparentar los concursos, que la carrera judicial esté basada en los principios de idoneidad y probidad, nombrar en forma definitiva a todos los jueces, modificar los Códigos de forma para agilizar y simplificar los procesos, multiplicar las instancias extrajudiciales, o brindar especialmente a los sectores más vulnerables un rápido y fácil acceso a la Justicia. También es preciso unificar criterios, particularmente en lo que hace a las acciones penalmente tipificadas (lo que trae aparejado un obligado cambio en las condiciones de detención), respecto de la reinserción de los condenados, y en cuanto a los procesos de investigación de los delitos. Pero ello no puede aceptarse en desmedro de su independencia y, en consecuencia, del mantenimiento del principio constitucional de la división de poderes.

La reforma implica que sólo los partidos políticos estarían en condiciones de proponer candidatos a integrantes del Consejero de la Magistratura. Es decir que los jueces, los abogados y los representantes de los ámbitos académico o científico deberían ser elegidos por sufragio universal a través del sistema político partidario, en lugar de serlo por sus pares en los estamentos técnicos involucrados. O, lo que es lo mismo, los representantes no serían electos por sus representados, echándose por tierra la idea de equilibrio entre dichos estamentos. Si la administración de justicia se partidiza, el sistema se debilita.

Por otro lado, siendo que la elección de los Consejeros sería en el futuro simultánea con la de Presidente, además de que la representación sería únicamente para las dos primeras fuerzas, el Consejo estaría integrado, por lógica, mayoritaria y hegemónicamente por candidatos del mismo partido que el Presidente de la Nación. El ganador podría tener 13 de los 19 Consejeros (el 68,00% de los cargos) aunque logre un menor porcentaje de votos, e incluso no teniendo mayoría en las Cámaras del Congreso logra mayoría absoluta. Los demás partidos no obtendrían representación, independientemente de la proporción de votos obtenidos o la cantidad de ellos

El partido gobernante tendría así amplísimas facultades para proponer, acusar, suspender y sancionar jueces, por lo que sería humanamente comprensible que los magistrados estuviesen incómodos al tener que fallar en causas con el Estado como parte. Su independencia perdería sustento, cuando en realidad los jueces deben poder decidir sin presiones, políticas ni económicas, para ser una garantía contra el poder de las mayorías, un freno y contrapeso a los otros poderes de turno (a lo que éstos deben colaborar, junto con la sociedad toda), y un reaseguro de los derechos de las minorías. El límite a su actuación está dado por la ley, aunque implique ir en contra de la voluntad popular. Es precisamente ésta una de las principales funciones del Poder Judicial, ejercida a través del control de constitucionalidad: lograr equilibrio frente al origen popular del poder, garantizando los derechos de todos. La manda constitucional es que la composición del órgano sea equilibrada.

En términos del fallo: “La actuación de los tres poderes del Estado Nacional encuentra como límite el respeto al proyecto de república democrática que establece la Constitución … Los mandatos de su texto han sido establecidos por el poder constituyente del pueblo, y por esa razón condicionan la actividad de los poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar dirigido al más amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos Las decisiones de los poderes públicos, incluidas las del Poder Judicial, se encuentran sometidas y abiertas al debate público y democrático. Es necesario y saludable que exista ese debate. Pero ello no puede llevar a desconocer ni las premisas normativas sobre las que se asienta el control judicial de constitucionalidad, ni que este sistema está, en definitiva, destinado a funcionar como una instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas y de la forma republicana de gobierno. En este marco los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos”.

Tal poder en manos del partido triunfante en las elecciones daría al oficialismo la posibilidad de sesionar y decidir muchas cuestiones en el seno del Consejo sin participación de la minoría, dándole virtualmente al Ejecutivo el control del organismo de selección y remoción de los jueces. Esto, lejos de democratizar la justicia, la sometería, socavando el estado de derecho y avanzando sobre el principio de la división de poderes, uno de los pilares de la democracia, que, también es cierto, requiere de un sistema judicial eficaz, cuya legitimidad se asiente tanto en el acierto de sus decisiones como en el prestigio de sus integrantes.

No se trata de una defensa corporativa, sino de las instituciones democráticas y republicanas. La conclusión es positiva: los poderes están en equilibrio, el sistema funciona.

La roca de Dover

Acaso no mucha gente conozca la Roca de Dover, el minúsculo territorio alrededor del castillo y el puerto de esta ciudad costera. En apenas unas hectáreas, los descendientes de católicos ingleses y de los soldados españoles que los apoyaron en las guerras contra los protestantes, han resistido las siempre un tanto desdeñosas invitaciones británicas y han recreado un curioso mestizaje identitario hispano-inglés.

Dover es un enclave estratégico en el Canal de la Mancha, un gobierno autónomo que aspira a convertirse en un micro-Estado y funciona como puerto franco, con un régimen fiscal muy ventajoso. Ha demostrado una capacidad inusitada para atraer tráficos e inversiones de todo tipo y, últimamente, empresas de apuestas on-line. El diminuto territorio cedido por la corona británica a los defensores españoles de los renegados católicos fue ampliado por vía de hecho durante la segunda guerra mundial, gracias a la participación entusiasta de los habitantes de Dover, que ocuparon la playa adyacente so capa de instalar algunas defensas antiaéreas. Años después, los siempre belicosos católicos del Canal llegaron a levantar sobre las dunas nada menos que la única  plaza de toros en el norte de Europa.

España teóricamente ampara los derechos de las ya hoy diez mil almas del olvidado rincón y permite a su gobierno local expedir pasaportes, pero en realidad no sabe qué hacer con una reliquia histórica, que ha sabido escapar a la dudosa condición de museo para turistas. Con sentido práctico. utiliza de forma intensiva el puerto como base militar, pero a cambio tiene que subsidiar a la población en épocas de carestía y dar la cara cuando los distintos negocios que emprenden los locales llaman demasiado la atención.

La visita a la villa de Dover no tiene desperdicio: guardias civiles con tricornio, tabernas andaluzas, una sucursal de El Corte Inglés y fotografías del rey de España en todas las casas. Arriba del castillo, ondean la bandera española y el pendón de los Estuardo, contestados por los ladridos de la última colonia de focas monjes a los pies del acantilado, un símbolo de la resistencia numantina de este paraje insólito.

Sin embargo, para escándalo de  bien pensantes ingleses, la gran mayoría de los doverianos procuran vivir en el vecino condado de Kent, donde no pagan impuestos. Eso sí, emplean la mano de obra local en los negocios de la roca. Un buen ejemplo es el alcalde-presidente, Manolo Evans, con casa de campo en Canterbury, aficionado a la caza de faisanes y socio de un pujante despacho de abogados.

Después de intentarlo de mil maneras, Londres ha dado con un firme aliado para retomar la soberanía de Dover o Duvres, en el español de siglos atrás, a la que considera una mera colonia, como le reconocen en repetidas ocasiones las Naciones Unidas. Inquieta por la reciente solicitud de un referéndum de independencia en las Hébridas, prepara con las poderosas casas de apuestas de la capital, muy irritadas por  la competencia de las empresas on-line, la construcción de una réplica de la villa, New Dover, justo en la frontera, con sus mismas ventajas fiscales, con el fin de hundir este floreciente emporio bilingüe.

 

Edward Snowden, ¿héroe o criminal?

¿Debe Snowden ser perseguido sin descanso por toda la faz de la tierra? ¿O protegido y honrado allí donde llegue, como si fuera un verdadero héroe? Probablemente… las dos cosas. Califiquémosle de héroe trágico, entonces, como Antígona. Y ahora expliquemos por qué.

 

Uno de los aspectos que más llama la atención de este grave caso de espionaje es la general falta de sensibilidad al respecto entre la población, concretamente la norteamericana y la británica, cuyos gobiernos son los impulsores de estas actividades, pero también en la europea, lo que es todavía más chocante. El alcance de la intervención, tanto la telefónica como la realizada en la web, es formidable, pero además hay que tener en cuenta que el esquema de actuación (ordenado en regulaciones secretas, ejecutado a través de procedimientos secretos, y autorizado por decisiones judiciales secretas) era completamente desconocido para la mayor parte de la ciudadanía. Por eso mismo, en la medida en que no está sometido a debate y control público, resulta potencialmente muy peligroso. Es obvio que la seguridad nacional no puede justificarlo todo, al menos si uno quiere seguir llamándose un país libre y democrático. Y, sin embargo, la gente parece conformarse si se les dice que es por su seguridad y que el espionaje principalmente afectaba a extranjeros. En definitiva, que el americano o británico que no tenga nada que ocultar y que por ello no sea sospechoso de algo feo puede vivir muy tranquilo.

 

Bueno… siempre que no haya leído a Martin Niemöller (y no Bertolt Brecht, por cierto):

 

“Cuando vinieron a por los sospechosos

guardé silencio

porque yo no era sospechoso.

 

Cuando vinieron a por lo que hablaban en árabe

no dije nada

porque yo no hablaba en árabe

 

Cuando vinieron a por los extranjeros

no protesté

porque yo no era extranjero.

 

….

 

Cuando vinieron a buscarme

no había nadie más que pudiera protestar.”

 

(La versión es mía, claro, pero la gracia del poema es que es abierto y uno lo completa en función de las circunstancias).

 

Resulta entonces bastante natural que Snowden despierte escasa solidaridad entre sus compatriotas. Unos le llaman traidor y otros le miran con cierta indiferencia (aunque esta reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac cambia un poco la anterior impresión, al señalar que sólo es un traidor para el 34 % de los entrevistados y un whistleblower para el 55 %). Sin embargo, los que le califican de traidor no están desprovistos de cierta razón. Al igual que ocurre con el decreto prohibiendo enterrar a Polinices, el sistema de espionaje ideado por la Administración Obama es dudoso que pueda calificarse de ilegal, es decir, de contrario al Derecho. La legislación americana atribuye amplios poderes a las agencias de espionaje que, al menos en teoría, están supervisadas por el Congreso y por los Tribunales (aunque no en todos los casos). Las normas clave a este respecto son  el título II de la Patriot Act (especialmente la sección 15) y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISAAA) enmendada en 2008. Estas normas permiten interceptar comunicaciones y requerir información a los proveedores de Internet con el fin de almacenar “data” y “metadata” (contenido de los mensajes o únicamente sus parámetros). En general, metadatos de nacionales y datos de extranjeros, por simplificar, pero también datos de americanos al amparo de la sección 15.

 

En consecuencia, es evidente que con arreglo a esta legislación Snowden no es técnicamente un whistleblower, es decir, un informante de dentro de una organización que, vulnerando la normativa interna de esa organización, denuncia prácticas ilegales, corruptas o fraudulentas. Otra cosa es que esas prácticas puedan ser  “inmorales” o, por utilizar una terminología un poquito más moderna, políticamente impresentables, y que al denunciarlas se preste un servicio al interés público, lo que podría suscitar alguna duda. Pero lo cierto es que, en este caso, la práctica totalidad de los representantes políticos estadounidenses, democráticamente elegidos, no consideran que se haya prestado un servicio público a la nación con estas revelaciones, por lo que, ni por un lado ni por el otro, Snowden es un whistleblower que merezca amparo. De ahí que, con arreglo a Derecho, deba ser sancionado. Antígona no dudaba de que cometía un crimen (un “piadoso crimen” lo llamaba) y estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de su elección moral. Snowden encaja todavía mejor en esa calificación.

 

Por eso, lo primero que hay que destacar de este asunto es que revela como pocos que el Derecho no lo es todo, que existen siempre otros valores que escapan completamente del ámbito de lo jurídico, y que no tiene sentido pretender resolver cualquier cosa con normas legales, como si todo se resolviera con la ecuación:

 

Bueno = Legal

Malo = Ilegal

 

No se trata de que el Derecho positivo quede anulado por el Derecho natural, no se trata de que la orden de Creonte sea nula, técnicamente hablando, por contravenir la ley de los dioses. No, el famoso decreto prohibiendo enterrar a Polinices por traidor es Derecho (incluso entendido como valor, no como mera norma vigente), como es Derecho el decreto estadounidense de busca y captura de otro traidor, Snowden, y, sin embargo, puede ser perfectamente moral desobedecerlos. Snowden cree estar prestando un importante servicio a la democracia y a los verdaderos intereses de la ciudadanía americana (y creo que tiene razón) por lo que hay que elogiar su valor moral a la hora de afrontar el riesgo, que no es precisamente insignificante. Por eso es bastante incompresible la crítica que le hace Vargas Llosa, en este artículo de El País publicado ayer, acusándole de no optar por el camino legítimo de acudir a los tribunales o a la prensa de un país libre, como el suyo, en vez de violentar la legalidad y convertirse en un instrumento de regímenes totalitarios. Incomprensible, porque optar por el primer camino exige transitar el segundo.

 

Y en cuanto a servir de instrumento a países totalitarios, creo que los europeos tenemos cierta responsabilidad en eso. Porque lo segundo que hay que destacar es que desde la perspectiva europea la cosa varía sensiblemente, ya que con arreglo a nuestro Derecho Snowden sí es claramente un whistleblower que encaja perfectamente en esta figura y que por ello merecería protección. Es obvio que nuestro Derecho no permite que una potencia extranjera se dedique a interceptar las comunicaciones de los ciudadanos europeos y de sus representantes políticos, incluidos los de las instituciones europeas. Las revelaciones del ex espía han servido para denunciar estas actividades y Obama no las ha contradicho en ningún momento (en eso no se parece a Rajoy, será tonto). Sólo dice –con un cinismo verdaderamente impresionante- que para eso están los servicios de inteligencia, para obtener información. Muy bien, pero a la vista de esa forma de proceder, Snowden merece el amparo europeo, no sólo desde el punto de vista moral, sino también jurídico. Recordemos que el tratado de extradición EEUU-UE excepciona los delitos de carácter político, y el de revelación de secretos no está en la excepción de la excepción (art. V, A, 3 y B). La sospecha de que, precisamente, si pone los pies en nuestra vieja Europa, los tribunales estarían dispuestos a proporcionarle amparo, es lo que ha puesto histérico a los Gobiernos del continente, para su vergüenza (y para la nuestra). Seguramente porque ellos también tienen mucho que ocultar. No nos podemos quejar ahora de que otros regímenes menos presentables aprovechen la oportunidad que les hemos ofrecido de manera tan irresponsable.

 

Resulta lamentable, entonces, que pese a que Snowden merezca nuestro agradecimiento y protección, lo único que hasta ahora le hayamos ofrecido sea… el ridículo. El caso de Evo Morales es una de las chapuzas más formidables cometidas por los europeos en una época repleta de chapuzas europeas. La prohibición de sobrevolar Francia, Italia y Portugal o el patético intento de nuestro embajador en Viena por fisgonear en el WC del jet de Evo serían dignos de una tira de la Codorniz o de una noticia de El Mundo Today. Me imagino a Putin diciéndole a Evo antes de subir a su avión: “oye tío, por qué no te llevas a éste y le dejas en algún sitio en cualquiera de tus escalas, como quien no quiere la cosa, como si fuese una bolsa de palos de golf o algo así, o mejor lo tiras en paracaídas cuando sobrevueles Normandía, en plan alegoría del desembarco informativo…”. Y, mientras tanto, Margallo diciendo que tenía “información fidedigna”. Qué vergüenza.

 

 

Quizás no proceda hacer el papel de Antígona en esta farsa -Creonte es un rey muy poderoso- pero tampoco estamos forzados a hacer el papel de vigilantes del cadáver de Polinices, esos que en la versión de Anouilh iban vestidos de payasos. Siempre cabe encontrar un término medio un poquito más digno.

Lecciones de Dragones. Algunas virtudes a imitar de la vanguardia económica de Asia.

 

He tenido la fortuna de visitar con parte de mi familia durante unos días Hong Kong (HK) y Macao, que son unos de los llamados Dragones Asiáticos que encabezan todas las listas del crecimiento económico mundial. Y además lo hemos hecho de la mejor manera posible: acompañados de unos estupendos anfitriones que hoy viven allí, una familia chilena que antes vivió bastantes años en Alemania y después en España. Por eso, por su experiencia acumulada en países tan diversos, y porque son personas observadoras y sagaces, sus opiniones y explicaciones han tenido un gran valor.

 

Una vez digerida en la medida de lo posible toda la montaña de datos, experiencias e impresiones del viaje, se me ocurren algunas consideraciones sobre lo que podemos aprender aquí de HK y los demás Dragones. Ya no son sólo los asiáticos los que imitan. Tienen ya mucho en lo que empezar a ser imitados. Aunque, por supuesto, no todo el modelo sea exportable a España.

 

La primera, es subrayar la dificultad climática en la que la población mayoritaria china ha sido capaz de prosperar. Es frecuente oír que en muchas zonas de España el calor impide que pueda desarrollarse un adecuado espíritu industrioso y trabajador. A pesar de que existan ejemplos individuales que lo desmientan cada día.

 

Allí el clima, caracterizado por su alta temperatura y humedad,  resulta incluso más duro que el verano de nuestro sur. Ello no ha impedido el espíritu emprendedor y laborioso de los chinos de las zonas costeras del sur de China. Durante muchos años esa virtud sólo pudo dar sus frutos fuera de la propia China, en la emigración . En muchos países del sudeste asiático los chinos han constituido colonias prósperas y envidiadas, y superado en riqueza a la mayoría de las poblaciones originarias. Los casos de Hong Kong y Singapur, en que esos chinos han llegado a ser mayoría, son paradigmáticos.

 

Este crecimiento se está dando ahora, por fin, en el interior de la propia China, gracias a la liberación económica y a las oportunidades de la globalización.

 

La conclusión es clara: no valen las excusas climáticas. La opinión de Voltaire de que el progreso económico e intelectual era imposible en los países cálidos, que algunos parecen compartir todavía con resignación, ha quedado claramente desmentida. Lo decisivo es tener ambición, iniciativa y ganas de trabajar, y que esta semilla no sea desincentivada por sistemas políticos y económicos perversos.

 

Una de la ventajas que ofrece HK es la seguridad. En este Blog se ha hablado a menudo de la seguridad jurídica como fuente esencial de progreso. Eso desde luego lo ofrece HK, que ha sabido aprovechar para ello lo mejor de la herencia británica. Pero también se ha preocupado de ofrecer las mejores garantías de seguridad ciudadana. HK es un lugar muy seguro, donde el delito es escasísimo. Ha conseguido ser un sitio muy incómodo para los delincuentes, incluso para los pequeños delincuentes, y por tanto muy seguro y tranquilo para todos los demás.

 

En España, sin embargo, parece que hemos preferido lo contrario: un régimen blando e hipergarantista para los delincuentes, con todas las correspondientes desventajas para quienes los sufren. Hasta en punto de ser uno de los destinos preferidos (no el único, es cierto) de toda una pléyade de pícaros, carteristas y ladronzuelos que se pasea por Europa. Lo peor para un país turístico. Turistas robados o estafados son la peor campaña para el turismo, o la mejor para nuestros competidores en ese campo. Pero por aquí parece que todavía no nos hemos enterado.

 

El tópico para muchos es que HK es el paraíso del capitalismo y, como tal, una especie de jungla donde el individualismo egoísta no conoce apenas límites. Pero, muy al contratio, allí en seguida comprendes que la prosperidad de HK también descansa en valores cívicos y colectivos. Estropear o ensuciar espacios públicos está mal visto y duramente sancionado. Hay respeto a la autoridad, a la edad, a la jerarquía. Y se percibe un empeño por el orden y la limpieza, un esfuerzo para que tal densidad de población sea capaz de amoldarse y convivir. Un poco de tales valores nos vendría también muy bien por aquí.

 

Sorprende también la extensión e intensidad de la ética del trabajo. Cualquier función, alta o baja, se trata de hacer con empeño y dedicación. En este enclave cuya población se formó principalmente con aluviones de emigrantes y refugiados que llegaban sin nada, existe la convicción social de que cada uno es el principal responsable de su destino. Si te va bien, si progresas, es por tu esfuerzo, y para eso hay que trabajar duro y hacer las cosas bien. Y, por lo mismo, cada uno es responsable en su caso de no haber sabido prosperar. En Europa, y en España principalmente, por contraste, tendemos a colocar en los demás, en el sistema, o en donde sea, pero siempre fuera de nosotros mismos, esa responsabilidad esencial de nuestro propio bienestar. Por eso hay poco espíritu emprendedor y empresarial. Por eso se recela incluso del triunfador.

 

Una consecuencia casi necesaria es la ligereza y flexibilidad de su estructura burocrática y administrativa. El Gobierno dirige los asuntos comunes y provee las necesidades básicas. Pero no se espera de él que resuelva a vida de los hongkoneses.

 

Y, por último, tal vez consecuencia necesaria de todo lo expuesto, hay que destacar su empeño por conseguir, desde la infancia, una educación de alta calidad, basada en el esfuerzo. A la universidad sólo llegan los mejores estudiantes, y la búsqueda de la excelencia continúa dentro de ella. Saben que es el único camino para asegurar el futuro. Un curioso fenómeno es que las universidades más prestigiosas del mundo están estableciendo sucursales en los Dragones como HK. Y quieren que muchos de sus mejores alumnos pasen al menos un año o dos estudiando allí, y aprendiendo lo mucho que de allí puede aprenderse. Son muy conscientes de dónde está y, sobre todo, dónde va a estar el nuevo centro neurálgico económico del mundo.

 

Por supuesto que en otras cosas la descripción no sería tan favorable. Pero he querido concentrarme en lo que nos puede servir precisamente para mejorar. Porque podemos aprender mucho de Hong Kong. En general de los Dragones asiáticos, que comparten la mayor parte de lo que he contado.

 

La importancia de la responsabilidad cívica en la actual situación de crisis

Ahora en la crisis europea, que no es solamente financiera, sino sobre todo una crisis de confianza, la virtud de sentirse responsable del bien común es popular como nunca. Hay varios movimientos cívicos que están saliendo a raíz de esto. Los cuidadanos despiertan en Estanbul, Estocolmo y Brasil.

 

El bien común tiene una importancia especial en Alemania. La canciller llama siempre al “sentido de la solidaridad y al sentido del bien común” de los alemanes cuando se les pide por ejemplo garantizar los rescates europeos con sus propios ahorros o estar a favor de un control europeo de los bancos que incluye también un mecanismo de ayuda reciproca. El tema de la responsabilidad forma parte también de una multitud de debates en Alemania, en la tele, en las universidades o en la política.

 

Es cierto que en España el imagen de Alemania es diferente. Esta actitud de tomar la responsabilidad se interpreta como egoísmo, como acto soberbio y arrogante. Según muchos medios españoles Alemania toma el volante en Europa para garantizar que domina y se siguen sus instrucciones. El país se ve como víctima del egoísmo alemán y apunta a Alemania como un responsable de la propia miseria.

 

Pero está claro que la palabra alemán Verantwortung, en español “responsabilidad”, es una palabra que forma parte de numerosas palabras compuestas de la lengua alemana y aparece en decenas de variaciones, extendiéndose a todo tipo de aéreas de la sociedad: el medio ambiente, la convivencia ciudadana, el trabajo, la vida empresarial y la vida política, por poner solo algunos ejemplos. “Conciencia de responsabilidad cívica” (Bürgerliches Verantwortungsbewusstsein) “ o conciencia social” (Gesellschaftsverantwortung) –  unas de estas palabras compuestas y largas en la lengua alemana tienen que ver con algo fundamental  de la cultura germana: cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, pero debe responsabilizarse al mismo tiempo del bien común, de la sociedad en su conjunto.

 

Otra palabra alemana muy vinculada a la de Verantwortung es Anstand, decencia. En Alemania, seguramente por la influencia del protestantismo en la educación y el peso de la  culpa histórica, se considera muy importante ser anständig, ser decente.[1] Todo ello  explica , en parte, que los alemanes resulten a los miembros de otras culturas distantes, demasiado serios y, a veces, muy exigentes y fríos con sus propios hijos.

 

En Alemania, los ciudadanos, la sociedad y el Estado parten de la base de  que todos han de cumplir y cumplen generalmente las leyes, contribuyendo al bienestar social dentro de  sus posibilidades. En ese respeto a la legalidad y aportación a la consecución del bien común reside el fundamento del orden y la exigencia de coherencia y sinceridad.

 

Así se explica, por ejemplo, que dos ministros del gobierno de Merkel hayan dimitido por plagios en sus tesis doctorales, el ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, en marzo de 2011, y la ministra de Cultura, Annette Schavan, en febrero de 2013. Estos son hechos que en otros países se perciben con cierta chanza por tratarse de  incidentes relativamente pequeños en comparación con otros escándalos de nepotismo o corrupción que, más frecuentes en la vida política alemana en el pasado, y nada inusuales en otros países europeos. Esto tiene que ver también con el sentido de hay que cumplir con las leyes.

 

Así, cuando la justicia abre una investigación judicial contra un político, se ve obligado a dimitir, como fue el caso del Presidente de la República Christian Wulff, que tuvo  que abandonar su cargo de jefe de Estado en febrero de 2012 por  supuesto tráfico de influencias: el disfrute de un viaje financiado por una productora de cine y la concesión de un crédito en condiciones muy ventajosas. Su llamada al diario BILD para pedir un trato respetuoso y evitar la creciente oposición de la opinión pública se percibió por muchos como una clara vulneración del principio de libertad de expresión, muy respetado en Alemania: un político nunca puede presionar o influir en la opinión de los medios de comunicación. BILD hice pública esta llamada y Wulff tuvo que dimitir poco más tarde por la presión de gran parte de la sociedad.

 

Una cultura cívica en la actual crisis es, sin duda, fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y también de la vida económica, pero muchos –también en Alemania– la consideran un lastre para la joie de vivre, la alegría de vivir, porque la responsabilidad, la previsión y el comedimiento restringen a menudo la satisfacción de preferencias personales. Así pues, la cultura de la responsabilidad cívica de los germanos tiene implicaciones ingratas, no solo para sus socios europeos, sino también para ellos mismos. Pero cierto es que el objetivo de procurar el bienestar de la comunidad y sentirse responsable ante ella funciona muy bien como un control democrático. Por ello todos los movimientos cívicos no violentos son un signo de esperanza, de que está crisis signifique también un cambio hacía una democracia verdadera en la que los ciudadanos tengamos libertades, pero también tengamos obligaciones.



[1]

¿Se abre una puerta en Europa a la despenalización del auxilio al suicidio?

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado el pasado 14 de mayo de 2013 una Sentencia sobre un caso de auxilio al suicidio que a primera vista puede resultar sorprendente e incluso podría pensarse que permitiría abrir una puerta hacia la despenalización del auxilio al suicidio en el ámbito de eficacia del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

A este respecto, debemos recordar que la doctrina del Tribunal sobre la posibilidad de que la despenalización de la eutanasia o del auxilio al suicidio puede encontrar encaje en el texto del Convenio ha sido muy clara. Así, en el caso Pretty contra Reino Unido, el Tribunal declaró que  del Convenio no puede extraerse derecho alguno que permita a los ciudadanos exigir de los Estados miembros su ayuda para llevar a cabo un acto eutanásico o de auxilio al suicidio. En dicho caso de 2000 el TEDH proclamó sin ambages que del derecho a la vida que se reconoce en el Convenio no puede deducirse un derecho a morir que permita exigir del Estado la despenalización de la eutanasia activa directa o auxilio médico al suicidio. El derecho a la vida tiene para el Tribunal un contenido esencialmente positivo que no conlleva el derecho a morir.

 

Cierto es que dicha doctrina quedó algo matizada pocos años después en el caso Haas contra Suiza, en el que se reconocerá que cabe admitir, al amparo del Convenio, que determinados Estados miembros hayan recogido en su ordenamiento jurídico la despenalización de ciertas formas de eutanasia y auxilio al suicidio. Así, el Tribunal vendrá a sostener que, pese a que a la doctrina general que se deduce del Convenio es que el derecho a la vida solo tiene contenido positivo, ello no impide que en el marco de eficacia del mismo coexistan algunos Estados que le vengan a reconocer a dicho derecho un contenido negativo, como sería el caso precisamente de Suiza donde se encuentra despenalizado el auxilio médico al suicidio. En el caso Haas el Tribunal no acepta la posición del demandante que pedía que el Estado le ayudara a morir, ya que se trataba de un sujeto que no padecía una enfermedad terminal, sino una enfermedad crónica, estando despenalizado el auxilio al suicidio solo en casos de enfermedad terminal. Además, el Tribunal declararía que en dichos Estados se exige una especial cautela a fin de evitar una pendiente resbaladiza que provoque que acabe aplicándose una medida excepcional a supuestos ajenos a la enfermedad terminal, todo ello, sin olvidar que el principio general que rige el Convenio es el de protección de la vida.

 

Pues bien, el Tribunal viene ahora, en un caso también frente a Suiza, caso Groos, y en relación a una paciente de 82 años que no sufría una enfermedad terminal, sino crónica, que pide también que el Estado le ayude a morir, a estimar la demanda de la reclamante, señalando que se ha vulnerado su derecho a la vida privada consagrado en el art. 8 del Convenio.

 

¿Cómo cabe interpretar esta aparente nueva posición del Tribunal? ¿Cabe admitir ahora que, al amparo del Convenio, se abre una puerta a la despenalización del auxilio al suicidio? ¿Debemos interpretar que, al amparo del derecho a la vida privada, se reconoce el derecho a poner fin a la vida cuando y como se estime oportuno? De una lectura sosegada y completa de la Sentencia se deduce que realmente no estamos ante un verdadero cambio de posición doctrinal por parte del Tribunal ni que éste venga ahora a proclamar un derecho a la propia muerte al amparo del derecho a la vida privada del citado art. 8. Lo que creemos que hace el Tribunal en este nuevo caso es aclarar alguno de los aspectos ya reconocidos en el caso Haas, de manera que si un Estado miembro, como ocurre en el caso de Suiza, ha despenalizado en determinados supuestos el auxilio médico al suicidio, debe dotar a dicha despenalización de la necesaria garantía jurídica y en este sentido desarrollar las correspondientes normas jurídicas que permitan tanto a los profesionales como a los pacientes saber con exactitud cuándo y en qué supuestos pueden acogerse a dicha despenalización.

 

En definitiva, no es que el Tribunal venga ahora a modificar su doctrina y a amparar jurídicamente el derecho a la propia muerte, sino que el Tribunal lo que hace es reprochar al Estado suizo la falta de elaboración de unas normas que permitan prever en qué supuestos cabe aplicar con seguridad lo que se ha despenalizado.  Esta y no otra entendemos que es la doctrina que se recoge en Gross contra Suiza.

Venezuela, año cero

No me hubiera gustado tener que estar el otro día en los zapatos de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores cuando se vio en la necesidad de responder a la desproporcionada reacción de un Maduro fuera de sí, tras la prudente y medida posición europea adoptada ante las iniciales informaciones sobre el resultado electoral en Venezuela. En esta ocasión nuestro canciller ha experimentado en propia carne la prepotencia, autoritarismo y malos modos de quien, si no se lo impide nadie, va a presidir Venezuela durante los próximos años.

 

No suelo pronunciarme públicamente sobre cuestiones de política internacional pues es un área que se sale de mi ámbito de experiencia profesional. Sin embargo en este caso, y como bien saben quienes conocen mis circunstancias familiares, lo que acontece en ese país más que una cuestión internacional, para mi es casi una cuestión doméstica. Por ese motivo sigo con especial preocupación la deriva de unos acontecimientos a los que la prensa española, salvo la excepción del ABC, apenas presta la atención que a mi juicio merecen.

 

En un principio, visto con ojos europeos, parecía que a Venezuela llegaba el momento de la alternancia. Después de más de catorce años del gobierno del Presidente Chávez y a pesar de los ingentes ingresos derivados del petróleo el país se encuentra inmerso en una crisis económica de dimensiones catastróficas; padece un clima de inseguridad ciudadana terrible con una media de más de 57 homicidios diarios; a pesar de su potencial energético, debe importar la mayor parte de la gasolina que consume y los cortes de fluido eléctrico son constantes; ha pasado de ser país exportador de determinados productos agrícolas como café a ser un país importador, el desabastecimiento puntual de productos básicos en los mercados es habitual, la inflación está descontrolada. En otras circunstancias, lo normal sería que el electorado decidiera cambiar de gobernantes, aunque solo fuera por probar. El fallecimiento del Presidente Chávez, un dirigente con un indiscutible carisma, aún redundaba en esta dirección.

 

Sin embargo, a la vista de los acontecimientos se llega a la conclusión de que la opción elegida por la élite chavista que ha ocupado y patrimonializado todas las instituciones del país durante más de una década ha sido la de imponer un resultado predeterminado -su propia victoria- pese a quien pese y amenazando a todo el que se ponga por delante, con independencia de cuál pudiera ser la auténtica voluntad de los electores venezolanos.

 

Ahora ya puede afirmarse que Maduro está dando, con la excusa de los incidentes y protestas que el mismo ha provocado o inducido, un autogolpe para consolidarse en el poder y eliminar a la oposición tanto la externa encarnada por la candidatura de Capriles -a quien ya se amenaza abiertamente con la detención-, como a la interna -anunciando purgas entre los militares menos afines-. Ya resulta evidente para cualquier observador que no quiera cerrar sus ojos, que quienes ahora detentan el poder en Venezuela no estaban dispuestos a que unas elecciones limpias les pudieran arrebatar lo que ya consideran suyo.

 

Así, por paradójico que pueda parecer, a raíz del presente proceso electoral, Venezuela está transformando su sistema político a marchas forzadas para pasar de ser un régimen democrático legítimo, más o menos imperfecto, a convertirse en un régimen autoritario que basa su legitimidad fundamentalmente en el uso de la fuerza.

 

Basta repasar algunas de las irregularidades denunciadas que el Consejo Nacional Electoral ha ignorado por completo sin investigarlas y dando por válidos unos resultados proclamando un vencedor sin ni siquiera haber concluido el recuento de los votos, para percatarse de la magnitud del fraude. No nos referimos ya al obsceno abuso de los medios públicos a favor de uno de los candidatos ni a la censura impuesta a los medios de comunicación. Comparado con lo que ha pasado el día de las elecciones, parecen ahora pequeñeces.

 

Se denunciaron, al parecer con testimonios y pruebas gráficas que, al menos, revisten el carácter de indicios, sucesos tales como que los interventores del partido de la oposición hubieran sido expulsados de los colegios electorales a punta de pistola por milicianos que actuaban impunemente; que numerosos votantes fueran acompañados a las cabinas de votación por un comisario político del partido en el poder -lo llaman “voto asistido” ¿por qué no llamarlo voto coaccionado?-; que las colas de ciudadanos que esperaban para votar se vieran amedrentadas por partidas de milicianos motorizados vestidos con los colores del partido en el poder que disparan sus armas al aire ante la pasividad de las “fuerzas del orden”; horarios de votación que se han alterado arbitrariamente: reduciéndose en aquellos distritos tradicionalmente favorables a la oposición, alargándose o reabriéndose para recibir nuevos votantes acarreados por autobuses afines al partido gobernante que llegan después de la hora de cierre; que en números colegios electorales el número de votos escrutados haya superado el número de votantes censados.

 

En España y en cualquier otro país en verdad democrático tales denuncias hubieran dado lugar a una investigación previa y de verificarse su autenticidad hubiera supuesto la anulación de los resultados procedentes de las mesas donde sucedieron. En Venezuela, no solo se han dado por válidos, sino que, según parece, se están destruyendo aceleradamente las pruebas que podrían cuestionarlos.

 

Los acontecimientos subsiguientes como la imputación del líder de la oposición y las agresiones físicas de las que han sido objeto en el propio Parlamento los diputados opositores, ilustran sin necesidad de mayor explicación la estrategia coercitiva que Maduro y Cabello están desarrollando.

 

En este orden de cosas, el equilibrio entre pragmatismo y valores que exigen las relaciones internacionales resulta difícil de mantener. España ahora se encuentra en una situación complicada y relativamente frágil pues, además de los intereses económicos de importantes empresas españolas (BBVA, Telefónica, Repsol, etc…, en Venezuela también viven cientos de miles de españoles que, en su caso, podrían ser usados como rehenes por un gobierno sin escrúpulos como el que parece que ahora se está imponiendo. Sin embargo, si aceptamos desde un primer momento ser objeto de esta extorsión y decidimos mirar para otro lado, seremos cómplices por omisión de lo que allí suceda.

 

Hay líneas rojas que no deberían traspasarse. No es aceptable tras este proceso electoral viciado, admitir a Maduro como a un presidente legítimo desde un punto de vista democrático. Si el próximo viernes Maduro se proclama ante la Asamblea Nacional como presidente y consigue mantenerse en el poder gracias al uso de la fuerza y la coacción, tendrá la misma legitimidad que esos otros dictadores de conocidos países africanos también productores de petróleo y Venezuela vivirá el año cero de un nuevo régimen político.

 

El resentimiento de la germanofobia

Si hay un tema viejo como la Humanidad misma y recurrente en la psicología social es el del chivo emisario, mediante el que transferimos al Otro el malestar de la culpa y la frustraciones que produce –como ahora estamos – verse inmersos en el “valle de la desesperanza”. Resulta una manera bien económica de aplacar nuestras ansiedades- y nuestra crisis en España es ya una gran ansiedad colectiva- y escamotear de paso nuestra responsabilidad. Todo ello por un mecanismo de sustitución a cuya base está ese fenómeno individual y social que tantas cosas explica: el resentimiento. Max Scheler lo vio genialmente en El resentimiento en la moral (1915), uno de los libros más lúcidos del siglo XX. Allí lo describe como un fenómeno de “autointoxicación psíquica” por excelencia, tan unido a la envidia y a la venganza, pero que, paradójicamente, “no puede desarrollarse nunca sin un sentimiento específico de impotencia”.

 

Que es lo me temo que está pasando entre nosotros a marchas forzadas con la proliferación de la germanofobia donde Alemania aparece como la gran culpable de nuestros males y quiebras económicas. Como si del antiguo “Rusia es culpable” de Serrano Súñer, estuviéramos pasando, cada vez con menor sutileza, al “Ahora la culpable es Alemania”, que preconizan nuestros mass media alentados por nuestra élites político-financieras. De manera que tras la reciente crisis chipriota, ya no hay empacho –y sí muy mala fe- en equiparar a Alemania con un IV Reich de la que la señora Merkel sería su Reichsführerin y nosotros sus inocentes víctimas (con un agujero negro por cierto de más de 1 billón de euros entre deudas públicas, privadas y ocultas.).

 

Lo cual significa, por un lado, escamotear el verdadero significado de la naturaleza del régimen nazi de la “Gran Noche” de 1933, banalizándolo cruelmente , e ignorar de paso la fijación central de las élites políticas alemanas desde la posguerra que sella un pacto no escrito entre la CDU y la SPD: arrinconar la vieja política guillermina de “una Alemania sola” para que la Germania no fuera por tercera vez culpable de un traumático desgarramiento europeo. Sin lo que no se entiende, por cierto, el papel tan generoso y electoralmente tan difícil de explicar que ha venido jugando Alemania en la actual crisis europea, y cuyo agotamiento se manifiesta en la aparición de la AfD “ Alternative für Deutschland», (AfD) el primer partido contrario al euro y de carácter burgués no nacionalista que puede modificar seriamente el mapa político de Berlín en septiembre.

 

Pero me temo que la voluntad de comprender ya no se estila entre nosotros y sí, en cambio, el dejarnos llevar por la “lógica del resentimiento” que el propio Shakespeare conocía tan bien como sus consecuencias dramáticas. Así mientras que Alemania no es, por más que queramos, el Shylock de El mercader de Venecia nosotros sus acreedores sí que reaccionamos como Antonio y los cristianos viejos de la República Serenísima, haciendo escarnio y befa de realidades muy serías para el anciano prestamista. Lo que explica en gran medida el inicio y desarrollo del drama veneciano junto con un hecho que se suele soslayar: la frivolidad de Antonio en su endeudamiento. Y es que muy bien sabía Shakespeare, como Scheler, las destrucciones éticas, políticas y sociales de las que era capaz el resentimiento dejado a sus propias leyes.

 

Pero este gran fraude histórico de hacer de Alemania el “chivo emisario” de nuestros males, desafueros y desgobernanzas, casa muy mal con la realidad estratégica que para nosotros supone aquella nación: segundo país en número de turistas, segundo país de destino de nuestras exportaciones y suponiendo la facturación de las cien empresas alemanas más grandes presentes en España de 30.000 mil millones de euros. Lo que equivale en su facturación agregada un 7% de nuestro PIB y alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos en nuestro país. Además de ser ya el primer país receptor de la incipiente e inexorable emigración de trabajo cualificado español.

 

Bien al contrario: para quien conozca la frágil historia de Europa, sabe lo importante que es tender puentes de comprensión mutua y más en momentos tan críticos como la encrucijada actual. Aunque mucho me temo que sigamos buscando falsos culpables, desoyendo la sabía admonición cervantina: “Tú mismo te has forjado tu ventura.” O desventura, en este caso más bien. Pero de eso precisamente se trata en estas horas tan graves: de encararnos con nuestra realidad nacional, hacernos cargo de ella y ver de modificarla. Frente a ese movimiento exterior de desplazamiento de la culpa a un chivo expiatorio como Merkel no hay otra alternativa para salir del gran naufragio que promover precisamente otro bien distinto al del resentimiento citado: un movimiento de introspección y examen interior para comprender deportivamente cómo hemos llegado hasta aquí, qué creencias ilusorias e ideas erróneas nos han conducido a nuestro fracaso, así como las acciones -y también las omisiones- que lo han hecho posible, y qué está sucediendo de verdad en el nuevo mundo que ya ha llegado. Y ante ello, dónde están nuestras posibilidades, amenazas y oportunidades reales.

 

Justo, precisamente, de lo que no se habla. Veríamos entonces como el problema no es la canciller Merkel. Y de paso qué gran verdad encierra para nosotros aquella sentencia que Goethe escribió muy cerca del denostado Berlín: “Lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro” que enlaza, con aquella otra cervantina tan perentoria: “Cada uno es artífice de su ventura.” Solo así romperemos la estéril morbosidad resentida y veremos de trabajar con Alemania y no contra ella. Por nuestro bien y el de Europa, cuidado, pues con la germanofobia.

 

Freud y Ortega ante Italia (y una coda española)

Nos enseñó   Freud  que cuando se abandona el principio de realidad  lo que queda es el delirio  que alivia en   ajenos la conciencia de culpa que oprime al   sujeto individual o colectivo.  Y del delirio, bien lo sabemos,  se sigue cualquier cosa. No por casualidad,  por aquellos mismos  años  Ortega  utilizará  la expresión  estar a las cosas como principio de salud  vital y política , alertándonos,  en consonancia con el médico vienes,  de las patologías colectivas que aguardaban de no cumplir tal imperativo, como el tiempo le dio grave razón. Y es que  pocas veces dos libros – El malestar de la cultura  que Freud escribe en 1930  y su  precedente  orteguiano  La rebelión de las masas  de 1929-  alumbrarán tanto   la comprensión del  reciente  fenómeno electoral  italiano  en cuanto  que preludio de movimientos político-sociales  hasta ahora  inéditos en Europa.  Como  tantas otras cosas que están sucediendo en esta hora histórica.

 

Y esa “cualquier cosa” que sigue automáticamente   a la quiebra del principio  de realidad es lo que simboliza el  triunfo bifronte  de Grillo (M5E, 25%)  y Berlusconi (PDL, 29%)) en las pasadas elecciones transalpinas.  La analogía con el esquema freudiano mostraría   el irremediable antagonismo entre las tendencias pulsionales de la sociedad italiana y las exigencias normativas de aquello que dimos en llamar la Unión Europea. De modo que siguiendo  la interpretación psicoanalítica, el  fracasado proyecto  de Monti visado por Berlín habría jugado el papel  de   Superyo– que recordemos que hace las veces de conciencia moral- con su correspondiente  carga represora de unos  instintos que, per definitionem, buscan su satisfacción frente a cualquier restricción.

 

Y dicha restricción viene simbolizada por el  pago de la deuda exterior y  el plan de estabilización impuesto por una intervención de facto de la Troika, tal que, no lo olvidemos, sucede en España.  Recordemos, de paso, que para Freud el Superyo no  goza de las simpatías, todo lo contrario, del Yo.  Máxime  cuando tal  instancia superior  te recuerda imperativamente que no “debes vivir de la deuda”,  y más  si es extranjera.

 

No extraña pues que frente a ello se alce airado  de malestar  un  Yo colectivo  inspirado  mayormente  por el principio de placer, tras varias décadas generacionales  campando   por sus fueros, más allá del bien y del mal, esto es, de la estructura misma de la realidad.  Y dicha  revuelta instintiva  del Yo,  “insolencia del Ego” la llamaba Freud, se desdobla en el caso italiano   en dos proyecciones simbólicas -Grillo y Berlusconi- que coinciden  en mencionar  a  Mario Monti  precisamente con el apelativo de  Rigor Monti:   lo dionisiaco (Eros) descalificaría como cadavérica (Tánatos) a la  política apolínea – y por tanto perfectamente previsible-  del profesor de la Bocconi.

 

Así las cosas,  resulta pues  adecuado a la “lógica y astucia  del Yo” que Berlusconi se mofara  durante la campaña de la prima de riesgo como invención de Monti-Merkel   y que Grillo advirtiera  en su programa electoral de abandonar un Euro, cuyo centro emisor ya no está en Roma sino en un  Fráncfort  que impide la devaluación tan deseada por placentera, como nos  acaba de recordar el M5S esta misma semana pidiendo un  referéndum al respecto.

 

De este modo y a pesar de sus aparentes antagonismos, los símbolos de Grillo y Berlusconi ofrecerían sendas salidas negadoras del principio de realidad a un par de perfiles de votantes, más juvenil  uno, más resentido el otro,  más allá del rigorismo de Monti.

 

Por un lado, basta leer detenidamente  el Ideario-o la falta del mismo-  del M5S (http://www.movimentocinquestelle.it/) para entender el carácter pulsional que lo anima.  El lema utilizado  por Grillo  -“ fa parte di un gioco grande”- niega la premisa mayor de la situación italiana entre el “Default” y  el rescate. Precisamente porque en el juego (“gioco”) no rige  la realidad, y las deudas son simbólicas y por tanto reversibles. La política lúdica- lo hemos padecido gravemente en España – se mueve en el perpetuo presente, incapaz de afrontar el pasado y de anticipar el  futuro con sus  consecuencias. Y toda deuda es una sombra del pasado que amortiza el futuro. Es una forma específica de delirio.

 

Por otra parte, Berlusconi representa como nadie en la  Europa reciente  el acceso al poder del “hombre-masa” predicho por Ortega. De hecho es su arquetipo más acabado,  que cumple cabalmente el principio orteguiano de  que sus  ideas propulsoras no son sino “apetitos con palabras”.  Los continuos escándalos inherentes a Berlusconi se siguen necesariamente de su narcisismo de “hombre-masa”, como advirtió  Ortega en La rebelión…   citada:

 

“No es que el hombre-masa menosprecie una moral anticuada en beneficio de otra emergente, sino que el centro de su régimen vital consiste precisamente en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna.”

 

Pero recordemos también otro atributo consustancial a esta tipología humana: su profundo resentimiento contra la minoría selecta o el odio a los mejores.   Así, El triunfo del PDL representa el “aburguesamiento chabacano” que Ortega no filiaba en una clase social concreta y que se guía por una “atroz trivialidad”,  tal que Berlusconi mismo. El Yo instintivo representado por éste   hiere así  de muerte  a la figura arquetípica del padre que encarna la seriedad montiana.   Es,  a su manera,  otra forma del pensamiento delirante.

 

Así las cosas,  lo sucedido en Italia no es sino una  avanzadilla del  combate  que  se va a dirimir en breve en el viejo campo de batalla europeo y que antes o después  me temo que hará imposible la UE del euro: una Europa del Norte guiada por el principio de realidad frente a una Europa del Sur   dominada por  el principio de placer.

 

 

Coda final para España

 

Analizado en perspectiva, el caso italiano puede hacer las veces de una Casandra amiga  para España en estos momentos críticos. Pues aquí, para quien quiera verlo, está aconteciendo el mismo fenómeno que se dio en los Noventa en Italia como fue el colapso irreversible  de  los dos partidos que fundamentaban la I República transalpina y que llevó a la  súbita desaparición   de la Democracia Cristiana (DC)  y del Partido Socialista (PSI),

 

Y ese mismo escenario es en el  que hay que trabajar ya  para evitar la indeseada llegada al poder  de un Forza Italia o de un movimiento como el de Grillo, que está en germen desde el 15-M. Así,  ante la previsible descomposición del PSOE y PP y el deterioro generalizado que se avecina en este semestre,  resulta necesario articular  una tercera opción  que en la escombrera nacional sea capaz de actuar  ex novo bajo el principio de realidad y de las exigencias morales.  Y al mismo  tiempo – con imaginación creadora-  capaz de ofrecer un proyecto sugestivo de vida en común. No es nada fácil el reto: un posible  poder  que desde el principio de realidad resultase también simpático a un cuerpo electoral nacional que está ahíto  tanto de seriedad como de ilusión colectiva.  Y mandar de paso  a tantos hombres- masa rectores  a su casa cuanto menos.  No conviene desoír las  anticipaciones que nos regala Casandra en esta  nuestra Troya.

 

Progenitores divorciados sin fronteras. Cuando uno de los padres se lleva al hijo al extranjero

Primero el interés de los niños, viene a decir la ley nacional e internacional. Pero el Pleno de nuestro Tribunal Constitucional acaba de declarar nulo e inconstitucional (STC de 17-10-2012) el término “favorable” respecto al Informe del Fiscal necesario para conceder judicialmente custodia compartida sin acuerdo de los progenitores (art. 92.8º del Código Civil según ley 15/2005, de 8 de julio). O sea, inconstitucionalidad de la ley de divorcio, que se ha aplicado, por lo visto, cada día durante más de 7 años en “interés superior del menor”.

 

Cada vez tenemos más niños cuyos padres tienen, distinta nacionalidad. En un 23 % de los matrimonios celebrados en España durante la  primer mitad de 2011 (con cónyuges de distinto sexo) al menos uno de los cónyuges era extranjero (fuente: INE). Casi uno de cada cuatro matrimonios, ahora, son mixtos. Si tienen hijos comunes y siendo menores la pareja se rompe puede ocurrir que el progenitor extranjero decida volver a su país de origen llevándose a los niños consigo sin consentimiento del otro: una catástrofe.

 

Cuando esto ocurre, el problema estándar de divorcio con niños entre nacionales, que es un problema espacio-temporal (cuánto tiempo con quién y dónde), se multiplica: el niño está más lejos y estarás con él más tarde o nunca, en su caso.  En la mejor de las situaciones, se suma la dilación de dos jurisdicciones nacionales; y, en la peor, el país de destino del niño no ha firmado el Convenio de la Haya de 1980 y sobreprotege al progenitor paisano, como ocurre por ejemplo con Japón. ¡No está lejos Japón!

 

Sin ánimo de exahustividad, este Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no ha sido firmado por los países de África, salvo Marruecos, Sudáfrica y tres más; ni por los países de Asia (salvo tres o cuatro) y en América, ni por Cuba ni por Bolivia. En el ámbito de la UE, se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, que pretende la unificación del espacio judicial europeo en lo relativo al Derecho de Familia.

 

En España en 2011 solo 20 de los 136 requerimientos emitidos se resolvieron con una orden judicial (sin posibilidad de apelación) del país al que fue llevado el menor que obligase a su retorno; es decir, sólo se resolvieron el 14,7% de los casos. Para comparar recordemos que hoy la esperanza global de curación de cáncer colorrectal es del 60%.  Pero, ojo, España solo contabiliza los procesos en los que el país al que ha ido a parar el menor es firmante del Convenio de la Haya, por lo que el progenitor español puede dar por perdido el niño realmente en más de un 90% de los casos que se plantean en la actualidad.

 

¿Cuánto vale, para el progenitor excluido, la pérdida de su niño? El Ministerio de Justicia, tras sendos informes del CGPJ y del Consejo de Estado, acaba de reconocer «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», concediendo a un padre español, Antonio Blanco, 3.389 € de indemnización, por la pérdida de su hija, de 6 años, Isabel Shiori, cuya madre custodia, Keiko Yamaguchi, se la llevó a Japón sin impedimento alguno en 2009, pese a existir una sentencia judicial firme de prohibición para la menor de abandonar España.

 

Menos mal que la infancia se cura con el tiempo cronológico. Los niños que van creciendo son las víctimas de este tipo de conflictos crecientes, al verse privados de una parte de su familia y, en muchos casos según los expertos, manipulados para creer que fueron abandonados. Como dice la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª) de 11 de enero de 2011, Caso Bordeianu contra Moldavia: “las autoridades internas no tomaron medidas eficaces para hacer valer el derecho de la madre custodia a mantener contacto con su hija, siendo el lapso de tiempo de casi ocho meses en producirse el primer encuentro entre madre e hija lo que causó una alienación parental de la niña que puso en peligro el cumplimiento de la Sentencia”.

 

La solución se nos dice es que el Juez ordene, en todos los casos de matrimonios mixtos con niños, la imposibilidad de salida del país de éstos, sin consentimiento escrito de ambos progenitores. Sin embargo, fuera del ámbito intra-europeo, otro caso paradigmático es “Carrascosa vs. Innes”, española contra norteamericano. La madre, desde 2006, cumple condena de 14 años de cárcel en USA por delito de secuestro internacional de su hija, a la que trajo a España sin permiso escrito del padre, contra sentencia judicial norteamericana; la niña común, por sentencia judicial española, está bajo tutela del Gobierno autónomo valenciano cedida en acogimiento familiar a los abuelos maternos, sin que el padre haya podido ejercer su derecho de visita durante años; o sea, que la niña va creciendo sin padre ni madre de hecho, “en su propio interés”.

 

En este conflicto pugnan la versión paterno-norteamericana contra la versión materno-española del interés superior de la niña, con resultado de orfandad fáctica. Por eso creo que, nacional o internacional, el legislador es un poeta al escribir “el interés del niño es superior a cualquier otro interés”, porque es un excelente y magnífico recurso literario: la hipérbole.

 

Sentencia del Tribunal Supremo sobre inscripción de documentos autorizados por notario extranjero: sobre las piedras y el tejado propio

El Tribunal Supremo ha dictado el 19 de junio de 2012 la esperada sentencia sobre la inscribibilidad en el Registro de la Propiedad español de los documentos de venta de fincas situadas en España, y otorgados ante notario extranjero.

 

Este tema pudiera parecer de interés exclusivamente corporativo de notarios y registradores y, sin duda, tiene una vertiente de esta naturaleza en cuanto envuelve en cierta medida una cuestión de competencias por el control de legalidad de las operaciones que afectan a los inmuebles radicantes en el territorio español. Pero la realidad es que en este conflicto influyen otras cuestiones más amplias como, por ejemplo, la aplicación del Derecho Internacional Privado, pleno de reenvíos y excepciones, principios abstractos de soluciones poco previsibles, a cuestiones como esta, formal pero de consecuencias prácticas muy concretas, y de las que esta disciplina se ha ocupado muy poco al punto que PIERRE CALLÉ, profesor francés, ha considerado la ejecución y eficacia del documento público “el pariente pobre” del Derecho Internacional Privado.

 

También juega aquí un importante papel la diferencia a nivel mundial entre sistemas legales como el continental europeo, en el que predomina (o debería predominar) la ley y se da una eficacia especial a cierto tipo de documentos, y el sistema jurisprudencial en el que la ley juega un papel secundario y no existe predeterminación legal de la eficacia de la prueba; y particularmente en Europa esta cuestión tiene una importancia especial porque la Unión Europea, sobre todo a partir de la cumbre de Tampere de 1999, tiene entre sus objetivos la convergencia entre los sistemas jurídicos para lograr un “espacio europeo de justicia”; pero la realidad es que esta pretensión todavía choca con la existencia en el seno de la Unión de sistemas legales y jurisprudenciales muy diferentes, sin que se haya abordado por sus instituciones de una manera general la eficacia de los documentos públicos, salvo para la cuestión de la ejecución.

 

Pues bien, en 2005, sendas resoluciones de la DGRN (eran otros tiempos, ahora dice lo contrario, o casi) adoptaron una postura de rechazo respecto a documentos extranjeros en relación a solo uno de los efectos de los documentos públicos, que es la inscripción. Estas resoluciones fueron criticadas desde diversos ámbitos, sobre todo del Derecho Internacional, dónde suele predominar el espíritu favorable a la circulación, pero lo cierto es que ponían sobre la mesa grandes cuestiones como las que acabo de plantear. El estudio por extenso de esta cuestión lo hice en “La escritura otorgada ante notario extranjero” (Conferencia pronunciada en 2006 en Academia Matritense del Notariado y publicada en sus Anales Tomo XLV y XLVI), que puede leerse aquí: ESCRITURA ANTE NOTARIO EXTRANJERO. La reseña de la conferencia se hizo en el número 5 de la revista El Notario del Siglo XXI, que puede consultarse aquí por el que no tenga ganas de leer toda la conferencia, aunque, claro, no es lo mismo.

 

Baste decir aquí que los argumentos de las resoluciones indicadas podrían resumirse en dos: uno derivado de la función pública notarial, consistente en plantearse si el Estado debería aceptar documentos no expedidos por funcionarios propios cuando estos documentos producen unos efectos exorbitantes a la simple validez (dato clave en esta cuestión) y no están impregnados de la presunción de legalidad que sólo le puede atribuir una autorización prestada por un notario español, aparte de no resultar de ellos  las funciones accesorias que frente a terceros o al propio Estado presta la función notarial (comunicaciones fiscales, protección de los derechos de terceros –arrendatarios, titulares reales o de cargas y gravámenes- comunicaciones en materia de blanqueo de dinero, transacciones exteriores, etc.). El otro argumento, específico del documento alemán, que era el presentado en el registro, es que para que pueda producirse la inscripción en el registro de la propiedad español es preciso que la propiedad se haya transmitido mediante la conjunción del título, en este caso un contrato, con la entrega o modo, que va insita en el documento público español vía art. 1462 del Código civil (la tradición instrumental), mientras que en el Derecho alemán, por su distinto sistema trasmisivo, el título (einigung), aun en escritura pública, no conlleva la transmisión, sino que esta se produce posteriormente y de modo abstracto mediante el llamado acuerdo abstracto traslativo que es el que se inscribe (auflassung), aunque sea frecuente que la segunda se incluya en la primera. En la conferencia arriba señalada trataba de encontrar el adecuado equilibrio entre la protección de nuestro Derecho y la necesaria circulación del documento, al menos en el ámbito europeo, barajando diversas soluciones que se han propuesto e incluso aplicado a ciertos efectos del documento como el ejecutivo.

 

Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012, después de los correspondientes recursos ante las instancias intermedias, rechaza los argumentos de la Dirección y permite la inscripción de los documentos extranjeros. La crítica a la sentencia la hago en el último número de la revista El Notario del Siglo XXI, que pueden consultar aquí (no es un artículo mucho más largo que un post) por lo que les ahorro los argumentos técnicos y también los de fondo, que pueden leer en la conferencia arriba colgada.

 

Por ello, me voy a limitar a hacer aquí unos comentarios obiter dicta, de carácter más bien político:

 

Como se puede ver en el artículo de la revista, estimo que la sentencia, en algún punto concreto (no en el de la tradición o entrega, respecto del que hay dos votos particulares), era posible y hasta probable que resolviera como lo ha hecho, dada la inexistencia de normas concretas limitativas sobre la función notarial extranjera desde la eliminación de la exigencia de la escritura pública española en las inversiones extranjeras en 1999 (por presiones alemanas, por cierto). Por ello, si el Alto Tribunal se hubiera limitado al Derecho positivo no tendría nada que decir; pero lo malo es que hace razonamientos que, en mi opinión, son muy desacertados y poco trabajados, al repetir los argumentos de la Audiencia y marginar todo lo que se ha escrito sobre la cuestión, que es muchísimo, aparte de haber tardado para ello seis años. El Tribunal Supremo, aparte de la importancia de facto de sus decisiones, ha tenido un prestigio clave en nuestro sistema jurídico por lo acertado de sus acuerdos y lo fundamentado de sus razonamientos. Lamentablemente no es este el caso, por mucho que no cabía esperar resultado práctico demasiado diferente. Y por cierto, en otro orden de cosas, una cuestión de estética para los señores jueces que me estén leyendo: ¿es normal –lo pregunto porque no lo sé- que poco después de la sentencia dos de los miembros del tribunal hagan una ponencia en un congreso registral (ver aquí, abajo del todo), cuando, como he dicho arriba, esta cuestión tiene una clara vertiente corporativa notarios-registradores?

 

La segunda cuestión es hasta qué punto no constituye una negligencia del ejecutivo, o una desidia del legislador, admitir la situación que con la sentencia se crea: como es lógico, a los fedatarios extranjeros no se les aplicarán las exigencias de control de legalidad, información y protección de terceros, obligaciones de colaboración fiscal o blanqueo de dinero, con la importancia que ello pueda tener para la seguridad de las transacciones. Por poner un ejemplo claro (pero solo uno): con cada escritura que autorizamos los notarios remitimos a nuestro Consejo General un fichero que permite su tratamiento informatizado y que contiene todos los elementos de aquélla, desde el nombre de los otorgantes, medios de pago, referencia catastral, etc, hasta el detalle más nimio, incluyendo el titular real de las sociedades que intervengan en la escritura. Esto se remite a cada Administración en la parte que le interese (plusvalías, al ayuntamiento, ITP, Comunidades autónomas, etc). Este trabajo a veces lleva más tiempo que la confección de la propia escritura, porque implica adaptarse a la estructura informática del programa. Pues bien, en España, el Estado le da el mismo valor al documento que cumple esos requisitos y le presta esa información que al que no se la da. Pero, asómbrense ustedes ¡en la propia Alemania no es inscribible el documento ante notario español de bienes situados en Alemania!. Y en Francia y en otros países se exigen ciertos temperamentos para evitar la devaluación de su propio régimen documental.

 

O sea, que tiramos piedras contra el propio tejado.

Tribalismo posmoderno I: algunas consideraciones de Derecho Internacional sobre la libre determinación de los pueblos

 

  1. Derecho internacional público.

Es sabido que la Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.

 

Es sabido que su artículo 1.2 dispone que es un principio fundacional  de las Naciones Unidas: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

 

Es menos sabido que dicho principio, no por más debatido políticamente que sea, fue enunciado por el Presidente estadounidense Wilson como “self-determination” el 12 de febrero de 1918 en referencia a Europa durante la Gran Guerra.

 

También es conocido, aunque menos, que el marco interpretativo de ese Derecho se encuentra e las Resoluciones de la Asamblea General 1.541 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y 2.625 (XXV)  de 24 de octubre de 1970, que distinguen con claridad el derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados (el caso reciente más destacado es el de Timor-Leste, Estado Miembro de la ONU desde el 27 de septiembre de 2002, es decir desde hace exactamente diez años el día que estas líneas se redactan) del supuesto y no reconocido derecho a la autodeterminación de regiones de Estados existentes.

 

Estas resoluciones no amparan en modo alguno la creación de una atmósfera, tanto jurídica como política, tendente a la ruptura de Estados existentes y a la creación de nuevos Estados. Las dos Resoluciones citadas salvaguardan expresamente la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados, especialmente en los casos de Estados dotados de sistemas democráticos, como es el caso de España desde 1978. En consecuencia, con la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones vigentes en la mano, ninguna Comunidad Autónoma española tiene derecho de proclamarse independiente.

 

Resulta obvio que los individuos y las colectividades, pueden realizar actos contrarios a Derecho. La aspiración del sistema jurídico todo es que los actos contrarios a las normas sean evitados y, si no pueden serlo, que se establezcan consecuencias para la violación, ya que el incumplimiento de las normas y de los contratos conduce a la barbarie. Una persona o colectividad puede, por ejemplo, declarar su independencia de su Estado con base en los principios y hechos que considere oportunos. Yo mismo puedo declararme independiente del resto de la humanidad y pedir al Secretario General de Naciones Unidas (cosa que ya he hecho, siguiendo el ejemplo literario de Ernesto Sábato, pero en la realidad) sin ningún éxito. Mi declaración de independencia es jurídicamente irrelevante.

 

De mismo modo, como debiera ser sabido, el día 17 de Febrero de 2008, las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo declararon la independencia de este territorio Serbio (Kosovo no es un Estado a fecha de hoy). El proceso hasta esa declaración de independencia, con intervención directa de Naciones Unidas, su Secretario General y un Enviado Especial del mismo, así de la “Troika”(Unión Europea, Estados Unidos y Federación Rusa) y del Grupo de Apoyo, empiezan jurídicamente en Junio de 2005, pero con base en la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, que se refiere a una situación humanitaria grave fruto de una guerra civil en Yugoslavia, es decir, a una circunstancia extraordinaria fruto de la cual, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, miembro fundador de Naciones Unidas, tras una horrenda guerra civil de base medieval se fragmenta en varias naciones, de las que Bosnia Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Macedonia son ahora, junto con la República Federativa de Yugoslavia, miembros de Naciones Unidas, con una compleja base jurídica basada siempre en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, previsto para situaciones de “conflicto”.

 

Sólo dos años más tarde, el 2 de febrero de 2008, el Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas remitió una Propuesta Comprehensiva a la Secretario General en relación con la UNMIK (UnitedNationsInterimAdministrationMission in Kosovo) indicando que las posibilidades de una solución acordada mutuamente (por el Estado Yugoslavo y la Provincia de Kosovo) estaban exhaustas (finalizadas) por lo que indica que “ha llegado el tiempo de resolver la situación de Kosovo. Dicho enviado, MarttiAhtisaari decía: “Hoy, tomando en consideración la historia reciente de Kosovo, las realidades de Kosovo y las negociaciones entre las partes, he llegado a la conclusión de que la única opción viable para Kosovo es la independencia”. El Secretario General apoyó “completamente” la posición de su Enviado Especial pero el Consejo de Seguridad no aprobó una propuesta de resolución a favor de la independencia de Kosovo, por lo que el actual Enviado Especial, FaridZarif, todavía no hace un mes ante el propio Consejo de Seguridad indicaba que la situación sigue siendo delicada y que Serbia y Kosovo deben negociar de “manera creativa”, pero ya se sabe que Belgrado y Prístina no se hablan.

 

La Asamblea General de Naciones Unidas ha consultado expresamente sobre la legalidad de Derecho internacional de la declaración de independencia al Tribunal Internacional. Tal declaración de independencia (redactada en albanés) es efectuada en febrero de 2008 tras unas elecciones el 17 de noviembre de 2007 a una Asamblea constituyente y para los Ayuntamientos los 30 (sí, sólo 30, municipios de Kosovo). La declaración se hace “en el marco de la Propuesta Comprehensiva” del  Enviado Especial”.

 

Los parágrafos 79 a 83 de la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 22 de julio de 2010 consideran que esa declaración de independencia no es contraria al Derecho internacional, incluyendo la interpretación que la Corte hace del “derecho de autodeterminación” de pueblos subyugados, si bien declara expresamente que no procede resolver esta cuestión en general, ya que la legalidad de la declaración en este caso debe hacerse exclusivamente a la luz de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y actos de ejecución de la misma, y considerando si los autores de la declaración (la “Asamblea de Kosovo” democráticamente elegida) actuaban o no, bajo dicha Resolución como una Institución Provisional de Auto Gobierno de Kosovo o no, concluyendo (las sutilezas jurídicas de los parágrafos 102 a 109 merecen ser leídas con calma porque son un manual de instrucciones para redactar documentos de doble, triple o cuádruple lectura) que no, que la Asamblea no era una Institución Provisional extralimitándose en sus funciones, sino “personas actuando en su capacidad como representantes del pueblo de Kosovo”.

 

Hasta aquí Kosovo, que no es Puerto Rico, como también se sabe.

 

En nuestra historia recentísima Checoslovaquia y Sudán se han escindido (en un caso pacíficamente en otro también desde el punto de vista legal pero no desde el de la situación de la población) en 1992 y 2011 y la República Checa, Eslovaquia, Sudán y Sudán del Sur son Estados Miembros de Naciones Unidas a fecha de hoy.

 

España fue parte en este procedimiento de Consulta ante la Corte Internacional de Justicia. Sus tesis sobre el contenido del “derecho de autodeterminación” de la Carta de Naciones Unidas, anticipadas pensando en situaciones que no han tardado en comenzar a producirse, no fueron ni rechazadas ni aceptadas. Simplemente, el Tribunal entendió que no debía pronunciarse sobre ellas.

 

La Opinión Consultiva hace referencia expresa a la diferencia entre el supuesto de hecho que examina y el supuesto de hecho que estudió Opinión del Tribunal Supremo de Canadá  sobre la secesión de Quebec  (ver el post de Fernando Rodríguez en este Blog Recomiendo leer al Tribunal Supremo de Canadá con detenimiento, puesto que el Presidente de la Generalidad acaba de decir que el caso de Quebec es su referencia. Debe ser que no la ha leído o no la ha entendido. Data de 1998 y los “quebecoises” siguen con el “raca-raca”. Deberían contratar a Ibareche y Mas, y también a Pujol (jr) para conseguir que sus “sentimientos” y “aspiraciones” se conviertan en realidades federales o confederadas.

 

Trascribo sólo el parágrafo 151, en francés, en honor al Quebec como parte de la gran Nación Canadiense, cuya historia es mucho más  breve que la pertenencia de todos los pueblos y territorios de España (Arán y Babia incluidos) a España:

 

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d’un projet de sécession.  Le vote démocratique, quelle que soit l’ampleur de la majorité, n’aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du CanadaLes droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnellesLa proposition inverse n’est pas acceptable non plus.  L’ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l’expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada.  Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres.  Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée Il n’y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit.  Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.  Il va sans dire que de telles  négociations ne seraient pas aisées » (en énfasis es nuestro).

 

Si lo que quieren las legítimas autoridades catalanas que surjan de las elecciones convocadas para el 25-N es negociar con el resto de España bajo este modelo, dependerá primero de la voluntad democrática de los electores catalanes y, segundo, de la voluntad democrática de los electores españoles. Si hay una negociación y acuerdos,  nada impide que Cataluña se segregue de España. Si no la hay, si lo que hay, como se amenaza, es una secesión de facto si no se alcanza de jure, procede aplicar el Derecho vigente.

 

 

Portugal, un país digno

Nuestros dos países son como siameses. Portugal y España, aun unidos por una larga espina dorsal (la ‘raya’, la frontera), cada país, mira a un mar diferente, vueltos de espaldas.

 

Ello no es sólo una imagen literaria. Cada mar significa mucho en la política. Portugal mira al bravo Atlántico; de siempre aliada con Inglaterra. España, al cálido Mediterráneo, el “Mare Nostrum”, con una frágil y dislocada política exterior. Los dos países son todo un drama de fatalidad y desencuentro político: el de la divergencia finalmente consagrada de España yPortugal, de Portugal y España.

 

Después de muchos y muy diversos avatares histórico-políticos,  después de sesenta años de unidad política bajo la misma corona de Felipe II y Felipe III (1580-1640), al final las dos tierras ibéricas se separaron.Desde entonces España vive amnésica de Portugal. Y Portugal vive, de generación en generación, con algo más que un refrán, una sentencia: “De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento”.

 

La psicología de los naturales de Portugal manifiesta una anomalía al parecer incurable: la melancolía, el retraimiento, la nostalgia. El mismo ‘fado’ lo expresa de manera exacta y extraordinaria. España, por su parte, sufre otra enfermedad no menos dolorosa: quiere olvidar, necesita olvidar lo que perdió, y, por eso, padece de un ‘alzheimer’ voluntario, lenitivo para sufrir menos la pérdida de una bellísima Portugal y el sentimiento de frustración de una Península Ibérica unida.

 

A pesar de su época de grandeza (“que nunca máis voltará”), por un lado, y de sus muchas limitaciones, por otro, Portugal ha procurado ir vadeando la Historia y el tiempo con honradez, sentido común y dignidad. De vasto imperio a país periférico del sur de Europa, pasando después por una metrópoli venida a menos, Portugal ha mantenido una línea de dignidad como ningún Estado contemporáneo, pese a sus muchas trabas y adversidades de todo tipo.

 

Lejos de necesitar un psiquiatra ‘político’ cuando la “Revolución de los claveles”, Portugal se rehizo razonablemente en el menor tiempo posible ante la terrible tragedia de la pérdida de sus ricas y lejanas colonias. El proceso se inició tempranamente con Brasil en el siglo XIX y ha seguido, a fines del siglo XX, con  Mozambique, Angola, Cabo Verde, Macao,… La disyuntiva para estas últimas era o mantener una cruenta guerra colonial de desgaste y, al final, perderla (“Portugal e o futuro”, general Spínola, 1974), o conformarse con vivir del Tajo y el Duero al Atlántico, en esa franja de tierra de doscientos cincuenta kilómetros de ancho y ochocientos de largo. Y lo peor: rodeados de ¡españoles!, con la arrogancia connatural de éstos, su incomprensión, su ignorancia de la cultura y la historia de Portugal y su injustificado complejo de cierta superioridad (¿de qué?),  mirando a los portugueses por encima del hombro.  Vergüenza da haber sido testigo y aquí constatarlo.

 

Ahora, desatada en los comienzos del siglo XXI una grave peste, una guerra económica, fracasados los esfuerzos por conseguir una autosuficiencia para salir sola de la hecatombe financiera, Portugal ha tenido que echarse en brazos de la UE y solicitar un duro y condicionado rescate. Sin embargo, el país está en silencio y apenas suena.

 

Las condiciones de la ayuda son durísimas. La reacción del pueblo ha sido ponderada, apenas unas cuantas protestas colectivas. Portugal aguanta solo. Sin que España, su hermana mayor, le pueda ayudar en este preciso momento, como requeriría toda solidaridad entre familia.

 

En estos días se conocen nuevas medidas restrictivas de derechos y nuevos ‘ajustes’ acordados por el Gobierno conservador del señor Passos Coelho, que casi liquidan el Estado del Bienestar para la castigada población lusa, ya cruelmente empobrecida bajo la dictadura salazarista.

 

Los nuevos recortes en Portugal van a provocar una bajada de salarios tanto del sector público como del privado. Afectará a ambos ámbitos para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional luso que reputaba discriminatorio reducir el salario a sólo un sector de empleados. El caso es que el Gobierno portugués, entre otras medidas, aumenta del 11% al 18% la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social (siete puntos) y, por el contrario, como medida inédita de fomento, baja las cargas sociales que soportan las empresas para “incentivar la inversión, la competitividad y la creación de empleo”, lo que no deja de ser un pío deseo gubernamental.

 

La oposición, representada principalmente por el Partido Socialista, los Sindicatos y el Partido Comunista, ha criticado duramente esta nueva y dura vuelta de tuerca. Aquél ha calificado la decisión del Ejecutivo que lidera Passos Coelho de “insoportable” y de “fracaso” de la política económica que desarrolla el actual Gobierno conservador. Los Sindicatos  (la Confederación General de Trabajadores Portugueses, CGTP) y el Partido Comunista, califican directamente estas nuevas medidas de “robo” a los trabajadores que beneficia a los empresarios. La caída del PIB luso en el segundo trimestre de 2012 del 3.3% en relación al mismo período de 2011 y las dificultades para reducir este año el déficit fiscal al 4,5%  -como le exige el condicionado de su rescate- dibuja un negro panorama que, por ahora, está recayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora.

 

En los últimos días, la ciudadanía ha estallado en alguna fuerte protesta ante tanta renuncia y tanto sacrificio. En efecto, la clase media y la gran masa obrera no ven ningún signo esperanzador, a pesar de que el primer ministro fija en 2014 el inicio de la recuperación económica.

 

No obstante, los portugueses lo aceptan resignados, humildes, con alguna algarabía contestataria, pero que son episódicos estallidos que, por otro lado, son comprensibles ante el panorama tan ingrato que el pueblo portugués padece.

 

Los portugueses son, de todas formas, un buen ejemplo de pueblo sufrido para la escena internacional y para los españoles, aquellos nuevos ricos de Europa de los años 90 venidos hoy a… mucho menos.

 

Tan cerca y tan lejos”, a la vuelta de la esquina, Portugal es un país digno. ¡Bravo, Portugal! ¡Y suerte!