¿Una doble vara de medir en el Derecho penal internacional? Caso Bin Laden (2)

Sobre la ejecución de Bin Laden habrá muchas opiniones entre los colaboradores y lectores de este blog. Yo solo voy a ofrecer una de las posibles visiones para tratar de entender lo que está pasando. Ken Follet en su novela “La caída de los gigantes” narra una anécdota ocurrida poco antes (1914) de la Primera Guerra Mundial cuando el Presidente Wilson decidió bloquear el carguero alemán “Ypiranga”, cargado con armas destinadas a México. Poco después tuvo que presentar excusas formales a Alemania pues no había mediado ni declaración formal de guerra ni de bloqueo naval; es decir, se impuso el Derecho internacional. En estos momentos los servicios secretos americanos los componían cuatro personas.|

Tras la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden donde los servicios secretos adquirieron una importancia decisiva. Durante mucho tiempo en Occidente nos hemos podido ir a dormir con la conciencia tranquila porque podíamos amablemente ignorar que nuestra seguridad se ganaba en una lucha (en las alcantarillas) que la mayoría hubieramos declarado escandalizados como ilegal; esto era probablemente hipócrita pero había una consecuencia: si a alguien (algún Gobierno) le pillaban, primero era públicamente reprobado y segundo debían depurarse responsabilidades penales o políticas. Pero esto ha cambiado.

Hoy hay dos tipos de asesinatos de Estado (porque de eso estamos hablando): los que se reconocen públicamente y los que no. Puestos a aceptar que un Estado democrático y de Derecho se manche las manos de sangre, parece tal vez mejor que al menos sea transparente y lo reconozca (aunque sea por cuestiones electorales como en este caso). Pero esto no sana nuestra hipocresía sino que la cambia de color simplemente. En todo caso ese sería el único punto a favor de la acción militar del Gobierno Obama.Todo el resto son violanciones del Derecho internacional y humanitario, por cierto a manos de un Premio Nobel de la Paz, que ya en su discurso de 10 de diciembre de 2009 expuso las bases morales de su nueva política: “Evil does exit in the world. And non violent movement could not have altered Hitler´s armies. Negotiations cannot convince Al Qaeda´s leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism – it is a recognition of History; the imperfections of man and the limits of reason”.

Primero se tortura para conseguir la información a presos ilegalmente retenidos en la ilegal prisión de Guantánamo; segundo, se hace una incursión de tropas militares en un país soberano (Pakistán) sin pedir la correspondiente autorización; tercero, se dispara contra civiles (los acompañantes y familia de Bin Laden, parece que había solo dos guardaespaldas armados); cuarto, se mata a un hombre desarmado (reconocido oficialmente), sin juicio previo; quinto, se arroja el cadaver al mar (se supone que atado con una piedra para que no salga a flote), privando así del derecho a los familiares al duelo y eliminando pruebas por el principio superior ¿en qué Derecho? de evitar la peregrinación a su tumba. Resulta que esta forma de deshacerse de cádaveres es más humnitaria y conforme a la religión musulmana que otras. ¡Si lo hubieran sabido todas las dictaduras hasta la fecha cuantos procesos de exhumación de cadáveres se habrían evitado! Eso sí, el Consejo de Seguridad de la ONU se prestó enseguida a dar por buena la actuación americana y por tanto la nueva visión del Derecho Internacional. A partir de ahora cualquier persona en cualquier lugar puede ser ejecutada sin juicio previo: ¡lo ha dicho la ONU! Un Consejo de Seguridad, por cierto, donde algunos Estados con poder de veto pueden decidir que no salga una resolución aunque hay una mayoría de población y de Estados a favor (como ocurrió en el caso de Irak donde Francia, un país de sesenta millones de habitantes, bloqueo una posible resolución). Esta es la legitimad que tenemos.

Paralelamemnte, en Libia, día sí y día también se vulnera la resolución de  las Naciones Unidas que autoriza la protección de la población civil, incluyendo entre los objetivos a Gadafi y su familia (ya han muerto niños) o bombardeos sobre ciudades. No hay imágenes, luego no hay noticias, pero muertos ¡haberlos, haylos! Y sin embargo, en Siria, donde la población civil no tiene armas para defenderse (como sí tenían en Libia) al parecer “no se dan las circunstancias” para una intervención, limitándose a sanciones económicas.

¿Qué cabe colegir de todo esto? Pues que parecemos asistir al efecto (¿narcotizante?) Obama: lo que toca lo convierte en legal aunque antes (lo mismo) no lo fuera, e incluso es capaz de cambiar el significado de las palabras, pues a partir de ahora “venganza” se tradice en ingés como “justicia”. Otra segunda consecuencia es que el Derecho penal internacional que surge de los procesos de Nuremberg al régimen nazi y continua con la creación del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia ha muerto. La “guerra” contra el terrorismo parece que tiene sus propias reglas (incluso aunque nos encontremos en una época de falta de atentados o que Osama viviera al parecer retirado) donde eso de que un Estado democrático no podía oponerse al mismo nivel que vulgares criminales ya no vale. Y todo ello con el aplauso prácticamente unánime del los Estado democráticos del mundo y de los grandes medios de comunicación: ¡quién te ha visto y quién te ve! Queda en el aire la pregunta: ¿qué hubiera pasado si la decisión de matar a Bin Laden la hubiera dado GW Bush? ¿O si algo semejante lo hubiera hecho Rusia, Israel, China o Cuba? ¿O qué hubiera pasado si Felipe González hubiera vencido sus dudas manifestadas recientemente y hubiera decidido “volar” la cúpula de ETA en Francia? Pues probablemente que la doble vara de medir se habría impuesto.

Razón de Estado y Derecho. Caso Bin Laden (3)

La muerte de Bin Laden ha suscitado una gran cantidad de comentarios críticos, algunos con mucha razón. No obstante, es muy preocupante que en la crítica se mezclen cuestiones que no tienen nada que ver con el tema y se realicen comparaciones que, más que aclarar el asunto, tienden a confundirlo.|

En primer lugar, es necesario distinguir la operación de eliminación de Bin Laden del caso Guantánamo y de las torturas que se vienen cometiendo allí desde hace años. Es evidente que estas últimas resultan absolutamente condenables, pero no entraré en ello, puesto que se trata de un tema diferente y a estas alturas ha sido suficientemente criticado. El que para localizar al líder de Al Qaeda se haya utilizado información obtenida mediante torturas no cambia nada, porque lo que es rechazable es la tortura, no el uso de la información obtenida con ella. Si se tortura a un terrorista para obtener información sobre donde está escondida una bomba hay que procesar al torturador, no al que va a desactivarla. Y sin que, por supuesto, la desactivación justifique nada, menos aun el indulto o la exoneración de responsabilidad del torturador.

La segunda confusión es la que olvida el tema legal y se centra exclusivamente en el tema ético, como si fueran dos cosas identicas. Esta actitud es siempre peligrosa, pero especialmente si proviene de un jurista. Discriminar hoy a las personas de raza negra no es sólo una falta moral, es un delito. En los años sesenta, al menos en los EEUU, se podía ordenar a un negro que ocupase el último asiento del autobus o se levantase si un blanco necesitaba el sitio. Sin duda era injusto, pero era legal. Cuando se cambió la ley no se procesó a los conductores de autobús, sino que les dieron simplemente unas nuevas instrucciones: entre ellas la de que a partir de ese momento sí les procesarían.

El ejemplo viene al caso porque un punto clave que debería discutirse es si acción de EEUU contra Bin Laden ha sido legal tanto desde el punto de vista nacional como internacional. El Congreso de EEUU aprobó después del 11-S una “Autorización para el uso de la fuerza militar” que atribuiría teóricamente esa facultad al Presidente. Al menos hoy en EEUU nadie se lo discute. Desde el punto de vista internacional el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en la misma época una resolución que permitió actuar en Afganistán precisamente para combatir militarmente a esa organización terrorista, al margen de que la normativa internacional general podría también dar amparo a esa actuación. Por supuesto el Consejo de Seguridad no es una organización ideal. Tampoco nuestro Parlamento, tan ferozmente partitocratico, apoyado en una ley electoral que privilegia los intereses de pequeños partidos nacionalistas. Pero es lo que hay, y desde luego mejor que nada. Por otra parte, tampoco resulta muy lógico criticar al Consejo afirmando que lo mangonean unos cuantos países y luego poner como ejemplo un caso, el de Irak, en el que precisamente el pais más poderoso del mundo no pudo salirse con la suya.

En cuanto a que Pakistán no dio su autorización… dejémoslo estar. Resulta significativo el dato de que cuarenta minutos después de unas explosiones que despertaron a toda la ciudad, de disparos, de ruido de helicópteros, y del accidente de uno de ellos, no apareciese nadie por ahí, pese a que uno de los cuarteles más importantes del ejército pakistaní estaba a menos de quinientos metros de distancia. Si realmente no dio su autorización, India debería atacar Pakistán mañana mismo. Menudo coladero.

Sin embargo, nada de esto se comenta, al contrario, en un salto en el vacío verdaderamente asombroso se equipara la eliminación de Bin Laden con cualquier asunto interno de carácter policial, como si se tratase de un agente que al ir a detener a un delincuente no le leyese sus derechos o fuese demasiado rápido al disparar, hiriendo de paso a los que pasaban casualmente por ahí, cuando podía haberle detenido sin mucho riesgo para su vida.  La verdad es que la acción resultó bastante proporcionada, tratándose de una acción bélica en el extranjero, al menos bastante diferente, por ejemplo, de las que Israel suele realizar en el territorio que ella misma controla.

Pero la confusión más grave de todas es cuando se compara este caso con otros en los que falta absolutamente el factor de la legalidad, nacional e internacional. Especialmente grave me parece alegar un doble rasero en relación a lo que hubiera pasado si Felipe González hubiese decidido volar la cúpula de ETA cuando tuvo capacidad para ello. Porque aquí ya no equiparamos el caso con un tema policial interno, sino que además lo desvirtuamos completamente, al olvidar, precisamente, el Derecho.

El problema es que en España vivimos permanentemente en esa confusión y ya casi estamos habituados a ella. Está prohibido pagar rescates a los piratas, pero los pagamos y a la gente incluso le parece bien. Está prohibido liquidar extrajudicialmente a nadie, pero organizamos los GAL. Queremos legalizar a Bildu, pero decimos que no, a ver si nuestros chicos en el TC nos salvan la cara,

En EEUU lo hacen de otra forma. Si quieren pagar rescates aprueban una norma que permite pagar rescates. Si quieren cargarse a un terrorista aprueban una norma que permite hacerlo. Si quieren legalizar a un partido nazi o uno que quema la bandera americana aprueban la norma jurídica correspondiente. Nos puede parecer bien o mal, pero son consecuentes y respetan el Derecho. Aquí nos reímos de él continuamente. Si Gonzalez quería cargarse extrajudicialmente a la cúpula de ETA que pidiese permiso al Parlamento y que luego llegase a un acuerdo con Francia, aunque fuese secreto. ¿Lo hizo? No, pensó que los costes eran muy altos. Pues entonces, que apechugue con las consecuencias. Pretender jugar a todas las bandas es lo que resulta impresentable, porque, en definitiva, ¿Hay Derecho? o no lo hay. Creo que la diferencia es importante, por lo menos para este blog.

Guerra y Derecho

(Con Rodrigo Tena) 

Reconocemos que el título del post es un poco chocante. Y probablemente muchos lectores de este blog se desconcierten un poco, pero a  los editores de ¿Hay Derecho? nos parece importante realizar una pequeña aportación, en parte jurídica y en parte política, sobre lo que está ocurriendo en Libia. Avisamos de entrada que la postura personal de los dos editores firmantes es favorable a la intervención occidental e intentaremos explicar por qué, aunque nos excedamos un poco de la longitud habitual de nuestros posts, y que nos perdonen los colaboradores a los que perseguimos con el manual de estilo y, por supuesto, los lectores.|

Sujetar la guerra (expresión máxima de la violencia y de la fuerza) al Derecho, parece, al menos a primera vista, un contrasentido. Si el Derecho representa precisamente un instrumento para sujetar el poder y la fuerza a determinadas reglas, buscando fines como la justicia, la libertad y la seguridad,  parece que la guerra queda excluida de su ámbito. Más bien, la guerra debería entenderse como el fracaso del Derecho, ya que supone la reaparición de la fuerza desnuda y la vuelta al estado de naturaleza.

Y, sin embargo, esto no es exactamente así. En primer lugar, porque detrás de un Estado de Derecho está también la fuerza, aunque sea la fuerza “domesticada”, es decir la fuerza del Estado sometida a determinadas normas. Bienes jurídicos como la vida, la libertad, la seguridad y la integridad físicas, la propiedad, etc., se garantizan en último término porque el Estado puede imponerlos por la fuerza, aunque sea una fuerza sometida a las leyes (Parlamento, Tribunales, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad). En segundo lugar, porque aunque sea de forma muy rudimentaria, existe una institución internacional, la ONU, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad propios o “prestados” por la comunidad internacional que permite, siempre muy precariamente, una cierta sujeción de la fuerza o de la guerra a normas internacionales, y existe también un Tribunal Penal Internacional.  Y no lo olvidemos, lo que nos parece muy relevante especialmente en el caso de Libia, existe cada vez más una “opinión pública internacional”, configurada de forma importantísima a través de Internet y de las redes sociales, aunque también por medios más tradicionales, como la televisión y la radio. Y en tercer lugar, porque  el progreso de la civilización en las sociedades occidentales –pese a la terrible historia europea del siglo XX o quizá por eso- ha llevado al deseo de sujetar la guerra al Derecho, al menos en la medida de lo posible.

Esa sujeción de la guerra al Derecho se ha articulado por una doble vía. La primera, sujetando la guerra a unas normas internacionales básicas que tienden a minimizar el sufrimiento injustificado tanto de la población civil como de los propios combatientes. Las famosas cuatro Convenciones de Ginebra son el principal ejemplo. La segunda, proscribiendo la guerra de agresión, (un crimen estipulado en el Derecho internacional consuetudinario, contemplado en el artículo 5º del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y cuyo fundamento político está establecido en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas), lo que implica exigir que toda declaración de guerra esté justificada.

A nadie se le escapa la indefinición de estos conceptos, la dificultad para imponerlos y garantizarlos y la problemática que encierran, así como la falta de una regulación positiva clara. Pero el que esto fuese así no impidió los Juicios de Nuremberg. Y lo cierto es que, por muchas críticas que tales procesos merecieron, algunas muy justificadas, no cabe negar que fueron un paso fundamental para sujetar la guerra al Derecho y, en esa medida, un gran paso para la civilización, especialmente necesario después de la debacle moral que supuso la II Guerra Mundial.

Es evidente que nuestras instituciones internacionales son igualmente criticables por insuficientes, pero son las únicas que tenemos. Ya sabemos que el Consejo de Seguridad de la ONU consagra la relación de fuerzas derivada de una guerra terminada hace más de medio siglo, que atribuye un poder excesivo a determinadas potencias victoriosas, incluidas algunas que no tienen “en casa” un auténtico Estado de Derecho y que, gracias a su derecho de veto, tienen manos libres para tratar sus patios traseros o delanteros como les venga en gana (Chechenia y Tibet, por ejemplo) y sin desconocer que algunos Estados de Derecho muy sólidos tienen sus propios patios particulares, o incluso cuidan de los de otros (Palestina). Además gracias a ese derecho de veto estas potencias pueden evitar actuaciones bélicas “justas” por la simple razón de que no les conviene a sus intereses particulares.

Pero este argumento no es convincente, por lo menos no lo es para un jurista. Sería tanto como invocar que, dado que muchos delincuentes no son perseguidos o condenados, lo justo es no perseguir a ninguno. La negativa a aceptar ese argumento falaz permitió celebrar los procesos de Nuremberg, juicios plenamente legítimos, pese a que no se sentaron en el banquillo ni los soviéticos ni tampoco algún que otro aliado occidental que lo hubiera merecido. Y efectivamente, se condenó a los nazis por, entre otras cosas, comenzar una guerra de agresión, pese a que los soviéticos lo hubieran hecho en Polonia sin consecuencias legales, y por las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis, pese a las cometidas en los campos de concentración soviéticos que no fueron juzgadas ni condenadas.  

En fín, por muchas que sean sus carencias, la legitimidad de la ONU es la única disponible por el momento. Es sin duda mejorable, pero esa mejora es mucho más previsible si se opta por no despreciarla y si se insiste en que es la única instancia que puede decidir si una guerra es “legal” es decir, si está sujeta al Derecho internacional, todo esto con  la esperanza de que con el tiempo pueda ir perfeccionándose hasta que consigamos que las guerras justas y las legales según la ONU coincidan.

Y para finalizar este post larguísimo sin acabar con la paciencia de los lectores: todo lo anterior nos sirve para considerar que, sin duda, la de Libia es una guerra legal (ver resolución) o por lo menos todo lo legal que es posible en el actual estado de desarrollo de nuestra civilización. Y al margen de la mayor o menor justicia o bondad de las normas, de los acuerdos y de las sentencias, la legalidad y la forma jurídica cuentan, y mucho, para el Derecho con mayúsculas.

Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez