La relativa estabilidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid

Aparentemente, el análisis de los datos sobre desempleo en la Comunidad de Madrid viene siendo, en líneas generales, menos lastimoso que lo que resulta de estudiar esta información en el resto del Estado. Así, los últimos datos conocidos nos señalan que ha disminuido en un total de 2.309 personas el número de parados en nuestra Comunidad en el mes de noviembre de este año. En cualquier caso, a pesar de tener una gravísima tasa de paro cercana al 16%, aún quedan unos 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa media de desempleo en España.

Sin embargo, a la hora de obtener conclusiones, no puede olvidarse el factor “capitalidad” como un elemento determinante para que exista esa relativa estabilidad. Efectivamente, en primer lugar hay que destacar el peso que tiene el personal al servicio de las diferentes Administraciones Públicas que tienen su sede en la Comunidad Autónoma, incluyendo ahí a las administraciones central, autonómica, locales y de las diversas Universidades Públicas madrileñas. Así, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, estas entidades tienen en nómina un total de 427.650 empleados públicos, lo que constituye el 14,9% de la población ocupada. A éstos, habría que añadir los miles de contratados por las diversas empresas de capital público que han ido brotando en el ámbito local y autonómico (así, por ejemplo, en la EMT trabajan unas 8.000 personas, en el Metro de Madrid, más de 7.000, etc), y por sus contratistas (solo en la recogida de basuras de la ciudad de Madrid, trabajan unos 1.500 trabajadores).

Por otra parte, en la Comunidad Autónoma se encuentra la sede o principales oficinas de la mayoría de las empresas que cotizan en el IBEX, las cuales concentran un número importante de trabajadores con contratos estables. Así, por ejemplo, solo en la sede principal del Banco de Santander, en Boadilla del Monte, trabajan 6.000 personas; en los servicios centrales del BBVA, pendientes también de reagruparse en otra ciudad financiera, trabajan unos 6.500 empleados; en los de Repsol, aproximadamente, unos 4.000 trabajadores y otras empresas como Telefónica, Iberdrola, MAPFRE, etc, tienen una gran concentración de empleo. Estas corporaciones, aún viéndose sometidas a tensiones que generan una restricción en las nuevas contrataciones, sin embargo, por cuestiones de credibilidad en los mercados, son reacias a abordar abiertamente expedientes de regulación de empleo constituyendo un factor de estabilidad del mercado laboral, salvo cuando inician procesos de fusión como va a ser el caso en breve de Cajamadrid.

Asimismo, la mayor parte de las empresas multinacionales de servicios con presencia en España y, muchas de las que intentan penetrar en los mercados latinoamericanos, se establecen también en Madrid, generando un número considerable de empleos. Esa misma presencia es la que hace que, en gran medida, sea en Madrid donde se concentren otros negocios auxiliares del sector servicios, como los grandes bufetes de abogados, las empresas de auditoria o consultoría financiera o las principales consultoras de servicios informáticos, que aún viéndose afectados también por la crisis, siguen constituyendo un diferencial respecto de otras regiones.

Todo ello, genera un suelo difícil de romper que, a su vez, propicia un cierto mantenimiento del consumo lo que soporta la supervivencia de otros puestos de trabajo derivados en el comercio y otros sectores.

Por lo anterior, si descontásemos el efecto estabilizador que, como hemos visto, disfruta por su condición de capital, la diferencia de 4 puntos con la tasa media de desempleo del resto de las Comunidades Autónomas, se reduciría radicalmente o incluso puede que desapareciera.

El conflicto con los controladores: Imposición legal vs. negociación colectiva

Los acontecimientos acaecidos el pasado viernes, 4 de diciembre, pocas fechas antes de que nuestra Constitución celebrara su trigésimo segundo aniversario, han tenido una singular trascendencia, no solo desde el punto de vista económico sino, también, desde un enfoque jurídico.

Mucho se ha hablado del antijurídico abandono por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo, de los daños que dicho abandono ha ocasionado, y de lo más o menos justificado que estuvo adoptar una medida tan extraordinaria como la declaración del estado de alarma.

Sin embargo, se ha hablado menos de lo que, en realidad, constituyó el detonante de la situación, la medida introducida por la Disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que bajo el epígrafe “Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo”, establece entre otras cosas que “En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral” . Lo excepcional de esta medida radica en que, por medio de diversas normas, la última, el citado Real Decreto Ley se ha entrado a regular una materia, la jornada laboral, que normalmente se encuentra recogida por el Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, en los frutos de una negociación colectiva.

En el caso de los controladores aéreos, el Convenio colectivo suscrito había expirado el día 31 de Diciembre del 2004 y desde entonces, a pesar de haberse aprobado diversos acuerdos parciales, no ha sido posible que las partes llegaran a un acuerdo para la aprobación de otro nuevo.

En cualquier caso, lo cierto es que la mencionada Disposición adicional segunda introduce a través del concepto de “actividad aeroportuaria” unas obligaciones concretas para los controladores que entran en contradicción con la regulación de la jornada laboral contenida en el Estatuto de los Trabajadores (arts 34 a 36) y con el régimen de descansos y permisos establecido en su artículo 37; pretendiendo forzar una situación que, dado el carácter laboral de este personal, debería haberse resuelto a través de un proceso de negociación colectiva y no de imposición por la patronal (aunque revista forma de ley) y conculcando, en cierto modo, lo señalado por el art. 37.1 de la Constitución, cuando dice “la Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

Es cierto que, a pesar de lo establecido en el art. 3.3. ET: “los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”; un Convenio no puede modificar lo establecido en las leyes, que contienen mandatos de derecho necesario absoluto o relativo. La doctrina del Tribunal constitucional (sentencias 210/1990 y 129/1994) así lo ha declarado.

Sin embargo, este lógico planteamiento quiebra cuando, tal y como es el supuesto que nos ocupa, se utiliza la ley para forzar una situación concreta e imponer un determinado criterio sin que quepa negociación alguna. Aceptar esta posibilidad, comportaría que, al final, en el ámbito de la relación laboral entre la Administración (o sus entes empresariales) y sus empleados la negociación colectiva no sería posible; lo que contradice abiertamente los principios recogidos no solo en el Estatuto de los Trabajadores, sino también, en el Estatuto Básico del Empleado Público e incluso va en contra de lo dispuesto en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo que, en su artículo 8, señala que “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.

Parece que, antes de decidir resolver los posibles conflictos mediante los mecanismos laborales previstos en los tratados internacionales suscritos por España y en las disposiciones nacionales que los desarrollan, se ha optado por el recurso fácil al Decreto-Ley, rabuleando con la mencionada doctrina constitucional de prevalencia de la Ley respecto del Convenio colectivo.

Últimamente, este recurso a la Ley para superar situaciones de conflicto o simplemente, imponer determinadas medidas a los empleados públicos “por las bravas” se está empezando a utilizar con cierta alegría (por ejemplo, la reciente rebaja en los sueldos de los empleados públicos en porcentajes arbitrarios en función de sus ingresos). Es posible que en ocasiones las excepcionales circunstancias económicas por las que atraviesa el país puedan justificar la adopción de estas medidas, sin embargo, la generalización del método que parece apuntarse por la forma con que se pretendió resolver el conflicto con los controladores aéreos (en realidad, lo que provocó fue un problema mucho mayor que solo puedo solventarse mediante la primera declaración del estado de alarma desde la aprobación de la Constitución del 78), plantea nuevos interrogantes y dudas sobre cuál es el marco en el que debe desenvolverse la negociación colectiva de los empleados públicos. No debemos olvidar que hay muchos servicios públicos donde surgen conflictos difíciles de resolver en la forma de prestar los servicios (sanidad, educación, justicia…).

Podemos concluir resaltando lo paradójico que resulta la presente situación. Efectivamente, en un momento en el que, tras el Estatuto Básico del Empleado Público, se está consolidando en España un modelo tendente a la laboralización del empleo público, estemos volviendo –por la vía de los hechos- a lo más descarnado de la “especial sujeción” que siempre ha caracterizado la relación entre el funcionario y la Administración.