Flash Derecho: HD se va de vacaciones…aunque no del todo

Como otros años, los editores y colaboradores de ¿Hay Derecho? se van a tomar este mes de agosto unas merecidas vacaciones, entre otras cosas para renovar la web tanto del blog como de la Fundación ¿Hay Derecho?. Sin embargo, y dada la situación en España, nos parece mejor no cerrar del todo el blog de manera que si hay asuntos urgentes que merezca la pena comentar durante este mes (ya saben, algo así como una votación de investidura) se pueda sacar algún post de urgencia. Aprovechamos también para dejar descansar a nuestros lectores y comentaristas.

Les esperamos a la vuelta y les deseamos a todos unas muy felices vacaciones.

Quinto aniversario de ¿Hay Derecho? …y renovarse o morir

Se han cumplido cinco años desde que un grupo de amigos nos decidiéramos a montar este canal de comunicación, influencia y opinión y desde entonces se han publicado más de dos mil entradas, siempre bajo un designio: la consideración de que en un país avanzado la democracia debe ir siempre acompañada del Estado de Derecho y que en nuestro país es necesario reforzar las instituciones.

En este último lustro esta idea ha cundido y, desde diversas especialidades, blogs –con sus correspondientes comentaristas- y otros grupos de pensamiento han llegado a la conclusión de que, sin caer en catastrofismos ni en lamentos regeneracionistas, es necesario, al hilo de la crisis que ha puesto de manifiesto las fallas del sistema, que la sociedad civil tome cartas en el asunto bajo el lema de Burke que tanto nos gusta: “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer un poco”. Politikon, Nada es Gratis y otros muchos blogs y medios han creado un caldo de cultivo que, pensamos, no ha dejado de influir en muchos cambios que ya se han producido mediante la reflexión y la crítica. Y nosotros hemos querido dar un paso más, de la reflexión a la acción mediante la constitución de la Fundación ¿Hay Derecho?, con la que, sin ninguna vergüenza, os animamos de nuevo a colaborar.

Pero hay que adaptarse. El modelo no está, ni mucho menos, agotado, pero sí es necesario hacer cambios y mejoras a la vista de las necesidades actuales y de la experiencia bloguera de estos años. Veamos:

En primer lugar, hemos decidido condensar más la temática en torno a aspectos jurídico-políticos de actualidad. Es cierto que, muchas veces, los posts más exitosos y que más comentarios o polémica suscitan son aquellos que reflejan la opinión subjetiva o incluso las experiencias personales del autor, pero pensamos que en esta nueva etapa quizá proceda ser un poco más exigentes pidiendo a nuestros esforzados colaboradores que intenten “centrar el tiro” en entradas que ayuden a los lectores a formarse un criterio propio en la interesantísima etapa política que estamos iniciando.

En segundo lugar, vamos a hacer algunos cambios entre los editores. Fernando Rodríguez Prieto, comprometido en muchísimos frentes, saldrá como coeditor para dar paso a Segismundo Álvarez, hasta ahora colaborador y muy comprometido con la regeneración. Seguramente habrá algún cambio más en el staff, pero por ahora le damos las gracias más sinceras a Fernando, que ha escrito posts memorables (revisen por favor en esta lista), ha sido uno de los coautores del libro del blog, y tantas cosas que los que hemos trabajado con él sabemos…. ¡y, por cierto, que esperamos que siga colaborando de vez en cuando en el blog!

En tercer lugar, nos hemos hecho conscientes de que mantener el blog no sale gratis y que además los proyectos de la fundación necesitan financiación; en definitiva, la defensa del estado de Derecho tiene un coste de tiempo, que asumimos gustosos, pero también tiene un coste económico, que igualmente asumimos, pero para el que necesitamos ayuda. Por esa razón, y gracias a los esfuerzos de Matilde Cuena, vamos a poner publicidad en el blog (de temas compatibles). Después de cinco años sin ella, pensamos que puede ser un buen modo de llevar a cabo lo que predicamos y contribuir a los fines de la Fundación.

Por último, solicitamos a nuestro colaboradores y lectores que nos acompañen en la defensa activa del estado de Derecho haciéndose amigos del blog y de la fundación, aportando, por ejemplo, una pequeña cantidad como pueden ser la de cincuenta euros al año, que estamos seguros que todos nos podemos permitir. Agradecemos mucho que la orden sea anual y recurrente, de manera que podamos contar con que estaremos aquí dentro de un año.  A estos efectos los datos de nuestra cuenta figuran en el entrando en el recuadro de la derecha.

Celebraremos además el 5ª aniversario del blog y el 1º de la Fundación con la entrega del Primer Premio ¿Hay Derecho? al que daremos adecuada publicidad a través de este blog. Queremos que la sociedad civil rinda un pequeño homenaje en este acto al ganador o ganadora porque aunque no podemos desvelar todavía su nombre lo que sí podemos decir es que realmente se lo merece.

Esperamos que todas estas iniciativas les gusten y sobre todo contribuyan a una mejor defensa del Estado de Derecho.

¡Ay, Derecho! Versión original. Sobre la noticia publicada hoy en El Confidencial sobre la empresa Iclaves, fundada por nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Ya sabemos que denunciar la corrupción tiene un precio. Lo que no sabíamos es que, al parecer, también lo tiene trabajar como expertos independientes en el programa electoral de un partido político emergente.  Esta mañana el periódico digital “El Confidencial” ha publicado una noticia sobre la contratación de la empresa IClaves de la que es socia fundadora nuestra coeditora Elisa de la Nuez (miembro junto con el coeditor Rodrigo Tena del “comité de sabios” que ha asesorado a Ciudadanos en cuestiones de regeneración democrática y reforma constitucional) en la que se vierten una serie de hechos que no son ciertos. La finalidad parece clara, intentar desprestigiar a nuestra coeditora afirmando que ha existido una “revolving door” entre su puesto como Secretaria General en Red.es (que dejó en marzo ede 2006) y su trabajo en la empresa Iclaves (constituida a principios de 2009) especializada en consultoría en temas de sociedad de la información, insinuando un trato de favor a esta empresa por parte de Red.es. Por cierto, que EC también dedicó otra portada a otro de nuestro coeditor, Rodrigo Tena, difícilmente explicable a nuestro juicio desde el punto de vista de su interés informativo.

Sin perjuicio del ejercicio del derecho de rectificación previsto en nuestra normativa vigente y que ya hemos puesto en marcha, querríamos aclarar algunos datos a los lectores, dado que EC no se ha tomado la molestia de hacerlo pese a que el periodista habló personalmente con Elisa de la Nuez y esta se los facilitó. Cosas irrelevantes, claro, como que esos contratos los ha tenido también con otras muchas instituciones públicas, incluidas las de la Unión Europea, con el sector privado, o el pequeño dato sin importancia de que en la mayoría de los citados contratos con Red.es, como consecuencia de haber ido en UTE, ha percibido un porcentaje muy inferior de la facturación que se difunde en la noticia. Por no mencionar que se trata de concursos públicos muchos de ellos decididos por puros criterios económicos.  No dejes que la realidad te fastidie una bonita historia, sobre todo si se puede fastidiar a los que intentan cambiar las cosas.

Afortunadamente, como a diferencia de otros damnificados por el amarillismo en nuestro país tenemos este blog, podemos (mientras EC rectifica su noticia) proporcionar de manera inmediata a nuestros lectores y a cualquiera que esté interesado la V.O. de la historia. Que es bastante menos interesante, qué le vamos a hacer.

La empresa Iclaves se constituye a principios de 2009 como empresa especializada en consultoría y asesoría en materia de sociedad de la información y nuevas tecnologías, por ser esa la experiencia profesional con la que cuentan en particular alguno de sus socios. A partir de ese momento, y con distintas vicisitudes empresariales, presta servicios a una serie de entidades públicas y privadas, entre ellas Red.es, entidad pública empresarial en la que Elisa de la Nuez desempeñó el cargo de Secretaria General desde finales del 2001 hasta marzo de 2006 en que fue cesada por el Consejo de Administración. Para los legos, un Secretario General no adjudica contratos, aunque sí asesora al Consejo de Administración, con voz pero sin voto. Pocos favores debió de hacer, porque no recibió ninguna oferta de empresas del sector, sino que regresó a la Administración hasta que pidió la excedencia.

En febrero de 2009 constituyó con mucha ilusión, algo de dinero y varios socios la empresa Iclaves. Ya sabemos que no es normal ser un funcionario emprendedor, pero el caso es que haberlos, haylos.  Y los que conocemos a Elisa personalmente sabemos que tiene un cierto espíritu pionero y que le encanta montar cosas. Por tanto, aunque se podía haber quedado tranquilamente en la Administración como Abogada del Estado o buscar acomodo en algún despacho, como hacen la mayoría de sus compañeros, prefirió lanzarse al emprendimiento. Los primeros años no estuvieron mal, y consiguieron contratos importantes (en el sector público y en el privado) pero a partir de 2012 la crisis llegó -con cierto retraso- también a las pymes españolas y la pérdida de algunos clientes relevantes llevaron a una caída de la facturación, a una reducción drástica de plantilla y a cambios en la sociedad que se concentró mucho más en la elaboración de informes y de estudios y menos en proyectos grandes que llevaban un componente importante de asesoramiento jurídico.   Por esas razones, Elisa pidió el reingreso en la Abogacía del Estado en diciembre de 2012 con un nivel 24, es decir, con compatibilidad. A partir de ese momento y por razones de trabajo su vinculación con Iclaves ha sido necesariamente menor, siendo otros socios los que llevan el día a día. Ahora lo que compatibiliza básicamente es su labor en los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo con la Secretaría General de la Fundación ¿Hay Derecho?, nuestro nuevo proyecto.

Pues bien, volviendo a la noticia de El Confidencial, la facturación que se ha realizado por Iclaves a Red.es no asciende como se afirma a 1,5 millón de euros, dado que la mayoría de las adjudicaciones realizadas han sido en UTE (Unión temporal de Empresas) y por tanto la facturación total se distribuye entre las distintas empresas de la UTE de acuerdo con su porcentaje de participación en la misma. En concreto, el porcentaje de participación de Iclaves en las UTES que han resultado adjudicatarias en Red.es es el que aparece en amarillo en el listado total de los contratos que figura en el listado de todos los contratos que incorporamos aquí. No hemos hecho el cálculo total, pero desde luego sale bastante menos, si tenemos en cuenta que en los “grandes contratos” de FICOD la participación de Iclaves es del 10% sobre el papel (en las escrituras de la UTE) y 7,3% en la ejecución (sobre facturación total).

Por otro lado, tampoco es cierto que la empresa Iclaves gane siempre concursos en Red.es. Tardó bastante en hacerlo en realidad. Y además ha perdido muchos concursos a los que ha presentado ofertas, sola o en UTE, como le pasa a cualquier empresa. Por eso se presentan muchas. También nos interesa destacar que ningún contrato a Iclaves ha sido “a dedo” y que algunos han sido auténticas subastas, es decir, contratos donde solo puntúa la oferta económica. En general en Red.es priman los criterios de valoración de carácter económico sobre los de carácter técnico, especialmente en los últimos años. Eso se puede comprobar fácilmente acudiendo a los pliegos de los concursos, que son públicos.

No solo eso, en una época determinada Red.es no ha tratado especialmente bien a Iclaves, por distintas razones que exceden de este post pero que tienen un componente personal. De hecho se produjo una anulación anómala de un contrato ya adjudicado. En julio del año 2009 la entidad pública empresarial Red.es adjudicó un contrato en concurso público a la empresa SEATRA para la organización del evento FICOD. Iclaves figuraba como subcontratista para la realización de la consultoría en materia de contenidos del evento. (Este es uno de los contratos que se han ganado en UTE con posterioridad dada la especialización de Iclaves). Pues bien dicho contrato fue anulado por Red.es en agosto de ese año supuestamente por falta de presupuesto por motivos poco claros, para adjudicarlo por procedimiento negociado sin publicidad a otra empresa que al parecer le gustaba más. Esta noticia, que constituyó un pequeño escándalo, saltó a los periódicos en su momento como puede verse en este link .

Se recurrió dicha anulación de contrato en vía administrativa primero (confirmando el Presidente de la entidad pública empresarial, Francisco Ros Perán la resolución de su Director General, Sebastián Muriel) y posteriormente en vía judicial. Antes de dictarse sentencia se reconoció por Red.es la existencia de un proceder incorrecto y se abrió un expediente para la concesión de una indemnización a las empresas afectadas, Seatra e Iclaves por los daños y perjuicios causados. Esta información se le facilitó expresamente al periodista que ha redactado la noticia como elemento importante para demostrar la inexistencia de trato de favor alguno, más bien al contrario, pero ha decidido no utilizarla.

Tampoco es verdad que Iclaves solo contrate con Red.es, ni de lejos. Ha ganado muchos concursos -normalmente dentro de su sector, claro, es lo que tiene la especialización- y algunos con instituciones públicas tan poco sospechosas (esperamos) como la Comisión y el Parlamento europeos, donde por cierto se pueden consultar hasta las puntuaciones de las adjudicaciones, dado que afortunadamente la transparencia es mucho mayor que aquí. Y también ha perdido muchos, claro está. Como todas las empresas normales. Sin embargo, pese a que este dato se proporcionó al periodista, la información publicada en EC se regodea en destacar que “pese a que la empresa presume de un importante bagaje”, “no hay rastro público de adjudicaciones a IClaves desde otras administraciones públicas”, repitiendo machaconamente que la relación de  IClaves con la Administración se limita a esos cinco contratos, para dar a entender malévolamente que todo el bagaje de la compañía es ese “revolving door” que el periódico tan diligentemente denuncia.

Pero es que, además, los primeros contratos con Red.es (todos ellos adjudicados por concurso público) datan del año 2011, cinco años después de su cese, por lo que difícilmente puede hablarse de “revolving door” y menos aún cuando lo que se hace es constituir una empresa para prestar servicios en el sector de la actividad donde los socios tienen experiencia y capacidad profesional. Montar una empresa requiere capacidad de emprendimiento y de asunción de riesgos, y mucho trabajo.  Y además se puede perder dinero. La gente que quiere tirar de revolving door no se lo pone tan difícil, la verdad.

Por último, hacer una reflexión sobre la calidad y el rigor del periodismo español. Si nosotros no tuviéramos este blog lo tendríamos mucho más difícil para dar nuestra V.O. Por una vez, puede que que Manuela Carmena tenga algo de razón. El periodista que habló con Elisa tenía estos datos o los podía encontrar. Pero prefirió no utilizarlos, él sabrá por qué y a qué intereses sirve. Nosotros solo podemos imaginarlo. Y de hecho nos lo imaginamos. Pero tiene poca importancia quién sea y por qué lo hace. Lo que sí la tiene es que haya medios de comunicación a los que no les importa hacer juego político y renunciar a su deber sagrado como Cuarto Poder que, también, debería estar separado de los otros tres. En este caso, la falacia es fácilmente desmontable. Pero en otros no lo es y corremos el riesgo de que el juego político se altere de un modo parecido a como lo hace cuando el ejecutivo entra en el judicial o éste en el legislativo. Aunque hay que reconocer que todo ello tiene un aspecto positivo: el célebre “ladran, luego cabalgamos”.

La lista de contratos de Iclaves hasta el momento con entidades públicas sujetas a publicidad obligatoria puede consultarse aquí (Resumen contratos Iclaves_HD). Hemos puesto en amarillo los que han sido adjudicados en UTE por Red.es a lo largo de varios años y destacado el porcentaje de participación de Iclaves en cada caso. En cuanto a los cálculos, que los hagan en EC, que nosotros tenemos que trabajar y bastante tiempo se pierden con estas cosas. Como puede verse son bastantes a lo largo de varios años y hay contratos además de con instituciones comunitarias con entidades públicas y privadas, la mayoría del sector de nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Pero es que uno se suele presentar a los concursos que puede ganar porque está especializado en un sector.

Y esta es la historia, que nos tememos que vende bastante menos que la que ha publicado EC. A ver si hay suerte y rectifica. Si no, nos veremos en los tribunales, que para eso tenemos las herramientas del Estado de Derecho. Ahora la explicación les toca a ellos.

Estamos de vuelta para enfrentarnos a un cuatrimestre apasionante

A partir de mañana, los coeditores y colaboradores de ¿Hay Derecho? después de unas merecidas  vacaciones volveremos a la carga con nuestros temas de siempre, con renovada ilusión. Nos encontramos ante un fin de ciclo apasionante en el que con toda probabilidad se abrirán nuevas oportunidades para la reforma institucional y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Nuestro propósito es contribuir a la reflexión crítica y al debate riguroso que tendrá que hacer la sociedad española en los próximos meses sobre una serie de cuestiones (reforma constitucional, reforma institucional, Educación, Universidad, lucha contra la corrupción, Justicia, Estado del bienestar, etc,etc) que son esenciales para nuestro futuro como sociedad democrática avanzada.  ¡Os esperamos!

En agosto: descanso, relecturas y algo más

Ya empezado agosto, los editores, colaboradores y todos los que colaboran en que sea posible este blog vamos a tomarnos un creemos que merecido descanso, después de un año muy intenso -entre otras cosas, como saben, hemos puesto en pie nuestra fundación-, y a la espera de una vuelta de verano que promete muchas emociones políticas y sociales.

Durante estas semanas vamos a recordar algunos posts que han sido publicados anteriormente y que nos parecen interesantes por lo que tienen de reflexión, que tendrán el antetítulo “Relecturas de agosto”, por si quieren tener una segunda mirada sobre los mismos, o una primera, en caso de que no los hayan leído con anterioridad.

Asimismo es posible que se publique algún post nuevo, si la ocasión y el tiempo (y la disposición de algunos de los editores o colaboradores…) así lo permite.

Felices vacaciones, y hasta septiembre.

Flash Derecho: hoy se publica el BOE la Ley de Segunda Oportunidad

Hoy se ha publicado la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Entre otros cambios legales, se recoge en el nuevo artículo 178 bis de la Ley Concursal un régimen de exoneración de deudas por virtud del cual el deudor de buena fe insolvente, tras la liquidación de su patrimonio o en los casos de insuficiencia de masa activa, puede ver extinguidas sus deudas. Se excepciona así el principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el art. 1911 del Código Civil con objeto de favorecer la iniciativa empresarial, desincentivar la economía sumergida y evitar la exclusión social del deudor.

Mucho hemos discutido en este blog (aquí, aquí, aquí) sobre las bondades de esta medida y la criticable regulación que hasta la fecha existía en España. La nueva norma no es perfecta, es manifiestamente mejorable, pero no se puede negar que constituye un avance. De hecho se han introducido cambios respecto del texto que se aprobó con el RDL 1/2015 de 27 de febrero que tratamos aquí y que fueron debatidos con uno de los máximos responsables de la reforma en el Foro sobre segunda oportunidad que organizó la Fundación ¿Hay Derecho?

La clave estará en la aplicación que de la norma hagan los jueces. No hay que olvidar que la reciente reforma de la LOPJ excluye de la competencia de los jueces de lo mercantil a los concursos de persona natural que no realice actividad empresarial, que serán llevados por los jueces de primera instancia del orden civil. Un cambio poco afortunado sobre el que debatiremos tras las vacaciones.

La norma aprobada debe ser aplicada dentro de los márgenes legales de interpretación. Es deseable que así sea y que un avance legal no acabe comprometiendo la seguridad jurídica. Algún ejemplo ya tenemos. Mal aplicada, esta norma puede desestabilizar el sistema y suponer un estímulo a comportamientos reprobables. Esperemos que los jueces tengan clara esta premisa y nosotros desde aquí estaremos muy atentos.

Pero lo que está claro es que hoy podemos decir que España tiene Ley de Segunda Oportunidad. Veremos qué recorrido tiene.

Flash Derecho: Foro “Educación financiera: entre la necesidad y la utopía”

La actual crisis financiera ha puesto de relieve algo que es cada vez más evidente, y es que la educación financiera como método de prevención del sobreendeudamiento público pero especialmente el privado es una necesidad latente.

A esto se une la creciente complejidad de los productos de inversión, de manera que el consumidor no termina de entender qué ha adquirido. Es por ello que se hace necesaria una mejor comprensión de los mismos desarrollando habilidades que les permitan ser conscientes de los riesgos que se asumen de forma que el cliente bancario pueda adoptar decisiones informadas.

Es por ello que desde la Fundación ¿Hay Derecho? hemos optado por la celebración de este acto el próximo día 25 de junio (detalles del evento), en el que contaremos con la presencia de:

Don Fernando Gomá, Notario y patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?

– Don Julio Gil. Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Jefe de División Relaciones Clientela Bancaria. Banco de España

– Don Ismael Sanz Labrador, Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 Don Pau Monserrat, Economista de iAhorro.com

y estará moderado por:

Doña Matilde Cuena, Profesora Titular (acreditada a Catedrática) de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?

(Este foro forma parte del Proyecto I+D “Préstamo responsable y ficheros de solvencia patrimonial”. DER 2013/ 4631)

 

Flash Derecho: nuestro libro, finalista de los premios Know Square

Según publica El Confidencial, el Jurado de los Premios Know Square –red de conocimiento concebida como punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias de proyectos de gestión empresarial– ha anunciado los 10 libros finalistas de la IV Edición de los Premios Know Square 2014, el único premio que se concede en España a libros orientados al mundo de la empresa.

Uno de los 10 finalistas es nuestro libro ¿Hay Derecho?, escrito bajo el nombre colectivo de Sansón Carrasco, del que dice lo siguiente:

Inspirado en el blog del mismo título, este libro es un riguroso y mordaz análisis de la situación actual de España, caracterizada por una frágil arquitectura institucional, unida a un complejo entramado creado desde 1978, en los comienzos de la transición democrática. El resultado es un distanciamiento entre política y ciudadanía que requiere urgente solución. Un texto rico, ameno y documentado, en el que se subraya la compleja normativa existente en el ordenamiento jurídico español, y la importancia del Estado de Derecho y su funcionamiento efectivo, necesarios para el desarrollo normal y el progreso de la sociedad española. ¿Hay derecho?, colaborativamente escrito por un grupo de notarios y abogados del Estado, bajo el seudónimo de Sansón Carrasco, es un ejercicio riguroso, una llamada de atención a nuestra conciencia democrática, incidiendo en la importancia de la simplificación y aplicación efectiva de las leyes en el marco de unas instituciones que han de reforzar su independencia.

Queremos agradecer al Jurado de estos premios la selección del libro, y cómo no, a todos los lectores del mismo su interés por él, que tanto nos anima a seguir trabajando.

 

 

 

 

¡Felices fiestas a todos!

 

Desde que en el ya lejano mes de diciembre del año 2010 (lejano quizá no tanto por el tiempo transcurrido, sino por la cantidad de cosas que han pasado desde entonces) comenzamos nuestra andadura como blog, ésta es la quinta vez que deseamos felicidad a nuestros lectores, a sus familiares y amigos. Pero, como no podría ser de otra forma, este deseo de felicidad no se circunscribe al periodo navideño, sino a todo el año que viene, y se refiere no solamente a cada uno de nosotros individualmente, sino a todos juntos como sociedad. Llevamos muchos años de crisis no solamente económica, sino también política y ética, y ello ha producido, además de la  previsible infelicidad de muchas personas individuales, un malestar como sociedad que podríamos calificar como de infelicidad social.

Tal y como decimos al final en el libro que hemos publicado este año, ¿Hay Derecho?, el futuro depende en parte también de nosotros mismos, de lo que hagamos o dejemos de hacer, de nuestra propia actitud. Nuestra mayor o menor felicidad como sociedad, en consecuencia depende también al menos en parte de nosotros mismos. Hoy mismo publicamos una referencia a una serie de propuestas sobre regeneración democrática, y hay muchas iniciativas en este sentido en marcha, entre ellas la propia fundación ¿Hay Derecho? que como saben nuestros lectores hemos creado recientemente y que va en esa dirección.

Animamos a todos nuestos amigos a no cejar en el empeño, a seguir informándose y participando en esta difícil y larga tarea que es mejorar la sociedad que tenemos ahora, en definitiva a contribuir cada uno con lo que pueda, a elevar nuestro nivel de felicidad social. Y ningún esfuerzo es pequeño, porque en frase de Burke, que nos gusta mucho a los editores, “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer un poco”.

¡Muchas felicidades a todos!

 

 

Flash Derecho: El libro “¿Hay Derecho?”, ya a la venta

Hoy se ha puesto a la venta por fin el libro de los cinco editores fundadores del blog bajo el seudónimo de Sansón Carrasco, y que tiene como subtítulo La quiebra del Estado de Derecho y las instituciones en España. Puede encontrar toda la información sobre él en este anterior post.

Este fin de semana (y probablemente el próximo) estaremos en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares por si a alguno le apetece acercarse, conocernos y charlar con nosotros.

Mañana viernes 6, Ignacio y Fernando Gomá estarán en la caseta 25-26, de 19 a 21 horas.

El domingo 8, Elisa de la Nuez y Fernando Rodríguez Prieto lo harán en la caseta 238, de 12 a 14 horas. Y alguno más se  pasará seguro.

¡Y en Amazon está a cualquier hora, claro!

 

 

 

 

“¿Hay Derecho?”, el libro de los editores del blog

El próximo día 5 de junio sale a la venta el libro “¿Hay Derecho? La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España”, escrito por los cinco editores fundadores de este blog, Elisa de la Nuez, Fernando Gomá, Ignacio Gomá, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena.

El subtítulo del libro es muy revelador de su contenido. En España se ha producido en la última década un enorme deterioro del Estado de Derecho, base fundamental de cualquier democracia, por causas perfectamente identificables y que han sido tratadas reiteradamente a lo largo de los más de tres años de existencia de este blog: un sistema partitocrático esclerotizado que ha ido colonizando todas y cada una de las instituciones, que ha desactivado los mecanismos de control, ha ocupado y desprofesionalizado las Administraciones Públicas, que está asaltando la última trinchera del Poder Judicial, que deja a sus anchas a los poderes fácticos y da alas al capitalismo de amiguetes o capitalismo castizo, una legislación torrencial, de pésima calidad y que se incumple cuando no interesa al que manda, un Estado hipertrofiado y un sistema autonómico insostenible, etc, etc. Todo con el consentimiento, la pasividad o la resignación de muchos ciudadanos y de muchos juristas, no lo olvidemos.

El libro es el resultado de las reflexiones conjuntas de sus autores a lo largo de los post publicados en estos tres últimos años, pero no es ni mucho menos un recopilatorio de posts ya escritos. Se trata de un texto nuevo,  en el que los autores hemos hecho un esfuerzo para acercarnos a un público más amplio en un estilo ameno y divulgativo (o eso hemos intentado) básicamente porque creemos que es esencial que todos los ciudadanos sean conscientes de que sin Estado de Derecho y sin instituciones  no hay democracia ni es posible un crecimiento económico sano y sostenido. Sea cual sea su profesión creemos que es un libro para todo ciudadano que esté preocupado por la actual situación en España (que en principio deberíamos ser todos salvo los que viven en o de la burbuja política)

No es un libro que se agote en el diagnóstico:: hay que cambiar urgentemente el actual estado de cosas si no queremos acabar como Argentina, y eso no va ocurrir si la sociedad civil no se implica más y mejor en esta tarea. La sociedad civil somos todos. Pensar que los han provocado esta degradación política e institucional y/o son sus principales beneficiaros van a ser los que voluntariamente emprenderán la vía de las reformas o de la regeneración, más allá de los cambios estéticos o propagandísticos, es de una ingenuidad que no nos podemos permitir. Lo que está pasando en España, además de ser muy grave y marcar un punto de inflexión en nuestra historia reciente es  un problema político, institucional, o económico de enorme magnitud, pero también es,  ante todo, un problema individual, de cada uno de nosotros. Con nuestras decisiones individuales y por supuesto con nuestras decisiones colectivas podemos cambiar las cosas y que esta enorme crisis se convierta en una gran oportunidad. La primera la tenemos a la vuelta de la esquina; hay unas elecciones donde podemos dar a nuestra clase política un mensaje muy claro. Pero hay oportunidades todos los días.

Para firmar este libro de forma conjunta hemos elegido el pseudónimo del bachiller Sansón Carrasco, el amigo de Don Quijote que se disfraza de caballero andante para llevarlo de vuelta a casa vencido con sus propias armas. «Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento; tendría hasta veinte y cuatro años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas como lo mostró en viendo a don Quijote […].» Aunque esta no es la descripción física de ninguno de los editores, justamente lo que pretendía Sansón con Don Quijote es lo que pretendemos nosotros: colaborar a devolver el Derecho a su sitio usando las propias armas del Estado. Estas son las razones para escribir este libro… Y esperamos que sean suficientes para que los habituales del blog, pero también sus amigos y familiares más alejados de estas preocupaciones se decidan a leerlo. Creemos que es importante.  Y no porque si nos lee mucha gente nos vayamos a hacer ricos (los beneficios, de haberlos, serán para el blog y la Asociación de los editores) sino porque si nos lee mucha gente quizá podríamos dejar a nuestros hijos y nietos un país mucho mejor.

Queremos agradecer a la editorial Península, y en especial a su responsable, Ramón Perelló, su apoyo y su receptividad para con nuestro trabajo

 

Indice del libro

 Algunas razones para escribir un libro

Introducción: Por qué no hay democracia posible sin Estado de derecho

1. ¿Qué ha pasado?

2. Nuestra Constitución necesita un repaso

3. Cien mil leyes nos regulan, y la mayoría son autonómicas

4. La ley del deseo: causas y efectos de la mala calidad de las leyes

5. Las leyes son para los otros

6. La administración desencadenada

7. O es independiente, o la justicia no es justicia

8. Aunque sea independiente, ¿es justicia si es arbitraria y llega tarde?

9. Otra forma de abordar los conflictos jurídicos

10. Autonomías centrífugas: un modelo territorial en crisis

11. El capitalismo castizo

12. (Des)controla como puedas

13. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos

14. El discreto encanto de recibir subvenciones

15. La ley de la calle

16. El derecho en su sitio y la democracia también

Epílogo: La historia (inacabada) de una caja española

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez…esta vez en diariojurídico.es

01_ElisaDeLaNuez3-003“Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes, con una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Nos falta un poco de movilización”, afirma Elisa de la Nuez, una abogada del estado en excedencia y consultora en temas de nuevas tecnologías y derecho de la información, que se ha convertido desde hace algo más de tres años en una especie de activista en defensa de un mejor funcionamiento de la Justicia y de las leyes en España. Desde el blog ‘¿Hay Derecho?’, esta jurista ha mostrado su rechazo por la falta de transparencia y la corrupción, ha instado a reformar las administraciones públicas y los partidos políticos o ha criticado la mala gestión del dinero público y la inseguridad jurídica. Ahora, su labor divulgativa y crítica acaba de ser recompensada: Elisa de la Nuez acaba de recibir el Premio Scevola 2013 a la Ética y Calidad de los Profesionales del Derecho por sus méritos en la lucha por mejorar el Estado de Derecho y por su trayectoria como editora del Blog. “Optimista por naturaleza”, de la Nuez considera que el hecho de que los distintos colectivos se hayan ya sensibilizado de los problemas que sufre la Administración de Justicia, supone el primer paso para que las cosas cambien.

¿Cómo surge el blog ‘Hay Derecho’?

Surge de unas reuniones que tenemos un grupo de amigos. Empezamos a hablar de problemas que veíamos como la falta de seguridad jurídica, demasiada normativa o los problemas de la administración de justicia… Entonces se me ocurrió que podíamos contar todo esto en un blog y, de esta forma, contribuir un poco a difundir y a explicar como funcionan las cosas. Ese fue el origen de ‘Hay Derecho’ en diciembre de 2010. Y la verdad es que ha ido muy bien, lo cual quiere decir que había un hueco para este tipo de publicaciones. En el blog estamos cinco editores y luego tenemos una red de colaboradores extensa de entre 20 y 30 profesionales. Para temas puntales encargamos una colaboración especial, porque no siempre tenemos a las personas que saben de cada tema disponibles. Creo que el secreto es ese, que tenemos una red de colaboradores muy buena y que podemos opinar casi de todos los temas.

¿Y cuáles son los tema que más les preocupan y más se han repetido en el blog?

Hay varias cuestiones en las que tenemos mucha preocupación y las hemos tratado en muchos posts: la falta de seguridad jurídica, el mal funcionamiento de la administración de justicia y su politización. Hablamos también mucho del incumplimiento de leyes y sentencias, de la falta de separación de los poderes y, por supuesto, de la corrupción. Creo que tocamos todos los palos que hacen que el Estado de Derecho en España esté tocado.

¿Falta seguridad jurídica en España?

Primero, identificamos que en España hay una especie de hiperinflación normativa. Se están continuamente produciendo normas de todo tipo. No solamente estatales sino también autonómicas. ¡Decretos leyes no se cuántos llevamos ya! Esto hace que el ordenamiento jurídico esté en continua modificación: hay normas que se han modificado a los pocos días de salir en el BOE, correcciones continuas, disposiciones que se aplican retroactivamente… En definitiva, simplemente manejarse como jurista en esa especie de selva normativa ya es complicado; también es un problema para los aplicadores de la ley, los tribunales de justicia; y para los propios funcionarios.

Provoca inseguridad. Los operadores jurídicos no sabemos a qué atenernos, ni los jueces, los abogados, ni por supuesto la parte económica. Por ejemplo, los cambios fiscales, son cosas que a las empresas nos afectan mucho y son constantes. Eso hace que muchas no tomen muchas decisiones, que esperen y que cometan errores. En definitiva, la falta de seguridad jurídica, desde el punto de vista económico, es muy grave y, desde el punto de vista de los operadores jurídicos, es un escenario dónde resulta muy difícil funcionar. Sin duda, todo esto penaliza mucho la imagen del país en el exterior. Este es uno de los problemas más serios que sufre el Estado de Derecho.

¿Esta hiperinflación normativa es un mal histórico o se ha agravado en los últimos años?

Creo que es un fenómeno de los últimos años. Por un lado está muy ligado a los parlamentos autonómicos. El hecho de que haya distintas comunidades con capacidad legislativa hace que haya una producción de normas tremenda a nivel autonómico. Y en el Estado, particularmente a raíz de la crisis económica, ha habido una gran proliferación de normas y decretos leyes. Éstas responden en parte, en mi opinión, a una creencia de que todo se soluciona poniendo papel en el BOE. Sin embargo, muchas veces el problema no está tanto en la falta de normas como en el incumplimiento de las que ya están.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, habla de una “reforma histórica” de la Justicia. ¿Con lo realizado hasta ahora y lo previsto, cree que es así?

La impresión, un poco, es que hay mucha velocidad, muchas ganas de cambiar las cosas y muy poco orden. Falta perspectiva de conjunto. Estas prisas no son buenas porque para hacer cambios, históricos o no históricos, hay que hacer las cosas con reposo y con reflexión. Temas, por ejemplo, como el de la instrucción en el Código Penal, que es fundamental: sinceramente, a nosotros nos parece que no ha habido un debate público suficiente sobre si la instrucción la tiene que hacer el juez o el Ministerio Fiscal. Es decir, son temas muy importantes y que, efectivamente, pueden ser cambios profundos pero que no están lo suficientemente debatidos e incluso me atrevería a decir, aunque podría ser exagerado, que no sé si están muy estudiados. No digo tanto porque no haya una comisión de expertos sino a nivel de comunidad jurídica. Esa es mi impresión sin todavía haber entrado a analizar las normas, porque en ‘Hay Derecho’ nos gusta opinar cuando ya están aprobadas.

¿Se legisla a golpe de urna o de la noticia del momento?

Totalmente, nosotros lo llamamos legislar para la foto. Hemos publicado algún post sobre esto en el blog. Surge un tema en la opinión pública o en la portada de un periódico y a las dos semanas o al mes hay una norma que responde. Pero ésta no es una buena forma de legislar. Se corre el riesgo de parchear mucho, de atender a cosas que son muy llamativas pero en las que tampoco hay un problema grave.

¿Se parchea mucho?

Sí. Hace unas semanas acaban de modificar la Ley Concursal. No sé ya cuántos cambios lleva ya. Realmente ésta no parece una forma seria de hacer las cosas.

¿Es importante el consenso político para legislar?

El consenso político ayuda mucho pero también para legislar es necesaria una buena técnica legislativa. Las leyes tienen que ser técnicamente buenas. No sé si llegar a un acuerdo sobre una norma, muy deficiente técnicamente, al final tiene mucho sentido. Las dos cosas son importantes: normas buenas técnicamente y que haya consenso político. Pero considero que hay que intentar que las normas sean buenas técnicamente, porque si lo son hay más capacidad de alcanzar consenso.

¿Y se hacen normas buenas técnicamente?

Por la parte que yo conozco, derecho público, las echo muy en falta. La verdad es que dejan mucho que desear. Pero son las prisas. Al final, si uno quiere tener una norma en dos semana o un mes y tiene que llamar corriendo a los expertos, pues lo más probable es que las normas no sean todo lo buenas que debería. Falta sentarse a estudiar y pensar un poco con tiempo las cosas. Luego, además, se legisla mucho por decreto ley y los decretos son para casos de urgencia.

Sí, en los últimos años han proliferado los decretos ley…

Vamos a sacar un libro que se llama como el blog: ‘Hay derecho’ y, efectivamente, hacemos mención especial a la cantidad de decretos leyes que llevamos aprobados. Es muy llamativo. Vale que estamos en crisis pero no debería ser así.

El Gobierno los ha justificado, precisamente, por el momento histórico que estamos viviendo y la necesidad de actuar para atajar la crisis.

Ya llevamos dos años y medio de legislatura. Quizás en la primera parte de la legislatura o en los primeros meses podría tener más justificación, sobre todo en lo que se refiere a la reforma financiera, pero ya no. Ahora se hacen decretos leyes para todo.

También es crítica con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia tiene todos los males posibles. Por un lado, está el tema de la politización. En el blog hemos insistido mucho en esto. No ya sólo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino con todos los nombramientos de la cúpula de la carrera judicial. Y luego tenemos también el tema de lo que llamamos la administración de justicia como un servicio público. Siempre pongo el ejemplo de que si uno fuese al hospital o a un colegio y viese algo parecido a lo que se ve en un juzgado se escandalizaría. Para bien o para mal, los ciudadanos no suelen tener un trato constante con los juzgados y, por lo tanto, no son tan conscientes de la situación. Cuando me refiero al servicio quiero decir a todo: desde los retrasos, horarios, falta de funcionarios. Creo que ahí el diagnóstico es bastante claro.

¿Faltan medios o es un problema de mala organización?

Creo que los medios están mal repartidos. El hecho de que la competencia sobre los medios materiales y sobre los funcionarios -a excepción de jueces y secretarios-corresponda a las comunidades autónomas, mientras que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial y los secretarios del Ministerio de Justicia quiere decir que, de entrada, tenemos una dispersión competencial que hace dificilísimo una organización racional. Y eso es un problema, porque tenemos un montón de gente para organizar una sola oficina judicial. También está el problema de que los medios están mal distribuidos. A mí me dicen mis amigos jueces y fiscales que hay unidades que tienen muy poco trabajo y que otras están sobrecargadísimas. Es decir, además de que hay falta de medios en general, éstos están muy mal repartidos.

La Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente. Sería necesaria una reforma histórica para que funcionase bien y, por supuesto, que funcionase de forma independiente del poder ejecutivo y parlamentario. Pero lo que estamos viendo no es precisamente eso, sino más bien lo contrario.

¿Se está refiriendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Sí, ha sido totalmente un paso atrás y de difícil justificación en nuestra opinión. Somos muy beligerantes en eso. Lo hemos sido en el blog y lo somos en el libro. Además, ha sido una decisión chocante, ya que en el programa electoral de Partido Popular se había dicho que se iba a hacer otra cosa.

De nuevo chocamos con la falta de separación de poderes.

Si el poder judicial lo nombra el Parlamento y el Parlamento está controlado por el poder ejecutivo pues nos encontramos, un poco, que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Los partidos políticos van ocupando todas las instituciones, tanto el poder judicial como organismos reguladores. Se va deteriorando la separación de poderes y la independencia de los organismos de control. Los casos de Bankia y Caja Madrid han dejado muy claro los problemas que tienen los organismos de control. No sólo se han destapado los problemas que había en los bancos, sino los que tienen los supervisores y controladores.

Ha apuntado también que uno de los temas que más preocupan en ‘Hay Derecho’ es el incumplimiento de leyes y sentencias. ¿Se incumplen mucho?

Es difícil que un ciudadano incumpla una sentencia pero, en cambio, que lo haga la administración, un gobierno, incluso gente que tiene buenos contactos o amigos es mucho más fácil. Eso es un tema muy preocupante. Hay determinadas personas e instituciones y administraciones que se saltan las leyes.

Tenemos el ejemplo de las sentencias del catalán. No hay forma de que allí ejecuten las sentencias sobre las clases en castellano. Hay varias sentencias del Supremo, del TSJ de Catalunya, autos de ejecución de sentencias y, bueno, al final te das cuenta de que, como no hay voluntad política, no se ejecutan. Esas es la realidad.

Otro ejemplo es el del ex consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el indulto. Ahí, se intentó, por la vía del indulto, evitar el cumplimiento de una sentencia condenatoria del Supremo. Gracias en parte a la presión de la opinión pública, al final, no prosperó. Y luego, están los incumplimientos por parte de los partidos políticos de los temas de financiación y de las obligaciones que tienen con el Tribunal de Cuentas -esto lo dice el propio informe del Tribunal del Cuentas, no lo digo yo-. En definitiva, hay sujetos en España que incumplen normas y, aparentemente, no se les sanciona.

¿Sensación de impunidad?

Claro, si hay personas que son poderosas o instituciones que están “dispensadas” de cumplir las normas y sentencias que cumplimos los demás, es evidente que la sensación que se crea en la ciudadanía es de tomadura de pelo.

La corrupción está muy ligada con la sensación de impunidad. Si vemos que no hay consecuencias por malas conductas, no hay dimisiones, no hay ceses… Pues es evidente que el problema de la corrupción no se va a atajar. Desde el punto de vista jurídico, si tenemos leyes medidas, tanto administrativas como penales, pero no se cumplen, pues realmente éstas son papel mojado. Entonces, cada vez que se nos dice: vamos a reforzar los tipos penales, vamos a regular esto, a exigir lo otro. Yo digo: bueno, primero vamos a ver si cumplimos lo que ya tenemos, porque mientras que tengamos incumplimientos en las normas ya existentes, que son bastantes numerosas y que sancionan las conductas que vemos a diario, pues no vamos a avanzar mucho.

¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Transparencia?

Es mejor que nada. Y, desde luego, es un avance siempre que cambiemos de verdad y vayamos a una cultura de la transparencia. De entrada, la Ley de Transparencia tiene un problema y es que no entrará en vigor hasta diciembre de 2014, en el caso del Estado y en diciembre de 2015, para comunidades autónomas y gobiernos locales. Es decir, que estamos hablando de una ley que va a tardar mucho en llegar. Luego, veremos a ver si se cumple. Yo soy un poco escéptica a estas alturas.

¿Por qué estos incumplimientos de normas?

A veces es por falta de voluntad política. Lo digo así de claro. Y en otras ocasiones, por falta de medios. Se hacen cosas muy voluntaristas, como con el pago a los proveedores, pero luego no se puede pagar porque no hay dinero en la caja. O los plazos para resolver un recurso administrativo. Claro, el legislador quiere poner plazos cortos que quedan bien pero luego, en ocasiones, no es capaz de resolver en esos tiempos.

¿Nos encontramos ante males endémicos? ¿Es optimista o pesimista sobre la salud futura del Estado de Derecho?

Soy optimista por naturaleza y no creo que haya males endémicos. Lo que creo es que ha habido mucha pasividad, seguramente también por parte de los ciudadanos y también por parte de los agentes jurídicos. Hemos dejado que las cosas deriven a un estado, que ahora nos llevamos las manos a la cabeza. Pero la parte buena es que ya tenemos conciencia de que esto está así y hay que resolverlo. Nos falta, un poco, ponernos a exigirlo de verdad y a hacer nosotros también cosas. Por ejemplo, en el tema de transparencia: podemos nosotros esperar sentados a que nos den la transparencia o podemos exigirla, reclamar nuestros derechos y dar la lata, cosa que en España no solemos hacer.

La experiencia que tenemos en el blog, con todas sus limitaciones, es que realmente, si eres exigente y te mueves, se consiguen algunas cosas. Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes -pocas y claras-, una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Tampoco estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Es lo que debería ser. Nos falta un poco de movilización a nivel de ciudadanos y juristas.

Pero últimamente parece que hay cierta movilización…

Se ve movimiento. La iniciativa de ‘El Indultometro’, promovida por la Fundación Civio, por ejemplo. Estos han ido picando todos los indultos que aparecen en el BOE y contando un poco y, lo primero que ha pasado, es que 2013 ha sido el año en el que se concedieron menos indultos desde 1996. El Gobierno sigue indultando pero sabe que nos estamos fijando en eso. Creo que éste es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, simplemente dando transparencia a las cosas y contándolas.

¿Internet es una gran arma para esta lucha?

Es una maravilla. Lo que faltan son más iniciativas y más gente que haga este tipo de cosas. Las tasas judiciales desencadenaron una pequeña movilización, sobre todo de abogados. Pero lo que hemos visto quienes hemos estado en las movilizaciones es que no hemos conseguido que los ciudadanos lo vean como un problema suyo, sino algo que afecta más a los abogados. Deberíamos intentar que la gente vea los problemas de la Administración de Justicia de la misma forma en la que perciben los problemas de la sanidad pública. Seguramente, así, tendríamos más movilización y más apoyo para este tipo de iniciativas.

¿Sabéis si los políticos y gobernantes siguen las críticas que se lanzan en el blog?

Sí y no les encanta. Sabemos lo que no les gusta pero nadie nos ha llamado, no nos han presionado directamente. La parte buena es que tenemos cierta influencia. Además de los profesionales que hace el artículo, tenemos muchos comentaristas que son jueces, funcionarios, abogados en ejercicio y esa influencia también llega a través de ellos

La coeditora Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013

Tenemos la satisfacción de comunicar que Elisa de la Nuez ha sido galardonada con el premio Scevola 2013,  concedido por la asociación Scevola para la ética y la calidad de la abogacía.

El premio ha sido concedido por sus méritos en la lucha por mejorar el Estado de Derecho y también por su trayectoria como editora de este blog, ¿Hay Derecho?.

La asociación concedente del premio considera que Elisa de la Nuez es un ejemplo de civismo que merece ser reconocido y difundido.

Y nosotros, como coeditores, también lo creemos y estamos muy satisfechos por este premio, más que merecido, por su trabajo y por su compromiso con principios que van mucho más allá del mero trabajo profesional.

                                                                ¡Enhorabuena, Elisa!

 

 

Algunas reflexiones sobre el caso Sacyr

Hace unos días hemos tenido noticia del órdago de la empresa Sacyr, que se ha plantado reclamando un sobreprecio en relación a las obras que está realizando en el canal de Panamá. Resulta tremendamente llamativa por lo abrupto de la comunicación, por la envergadura de la obra y porque está ya ejecutada en un 70%. Por esas razones el comunicado ha tenido una  enorme repercusión mediática, centrándose el debate en la dicotomía “poyaque”-“tradición española contratación pública”  es decir, si nos encontramos en el caso de un reajuste de precio debido a que durante la ejecución de la obra al propietario de la misma se le ocurre una mejora en la misma no prevista (“pues ya que está usted aquí”) o de si más bien se trata de la técnica frecuente y lamentablemente utilizada en la contratación pública española consistente en hacer una oferta temeraria a la baja para superar a los competidores, confiando en que ya se recuperará el dinero con reajustes de precio durante la ejecución de la obra, previsiblemente en connivencia con los mandatarios públicos que han adjudicado la misma.

Aunque este tipo de contratos internacionales tienen sus propias características, quizá convendría recordar los fundamentos últimos iusprivatistas del contrato, a modo de reflexión. De lo que estamos hablando en el fondo  es de un contrato de arrendamiento de obra regulado en el 1588 y siguientes del Cc, en virtud del cual una persona se obliga a ejecutar una obra por precio determinado, ya sea proporcionando los materiales o no. Ese es el elemento definitivo, el precio determinado  que no se puede alterar. No obstante, es evidente que como la obra puede durar mucho tiempo, es posible que haya una importante variación de costes. Nuestro Código civil, en el art. 1593 establece que “el arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio u otra obra en vista de un plano convenido por el propietario del suelo, no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzcan aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario”.  En definitiva, estamos ante el tradicional principio de nuestra contratación (pública y privada) según el cual el contrato se ejecuta “a riesgo y ventura” del contratista de forma que los riesgos de la ejecución del proyecto corren en principio de su cuenta, sin perjuicio, por supuesto de los casos de dificultad extraordinaria o imposibilidad sobrevenida de la prestación, o cualquier otra circunstancia excepcional que pueda concurrir y que normalmente estará prevista, máxime en un proyecto de esta envergadura .

No sabemos cuales son las normas que se aplican en este caso, ni lo que ha sucedido exactamente, aunque algo debía  barruntarse cuando algunas voces ya señalaban el peligro de que pasara algo parecido hace algunos meses  (Juan Ballester, en el Diario de Tarragona) o hasta hace algunos años (Alberto Artero en el Confidencial)  Por otro lado, la situación de la propia empresa constructora y las características de su anterior Presidente, Luis del Rivero, dan lugar inevitablemente a especulaciones dadas sus  dificultades financieras tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y sus vinculaciones con los partidos políticos,  particularmente con el PSOE en la época de Rodriguez Zapatero,  tal y como se ha denunciado en diversos medios. En fin, un cóctel explosivo.

En definitiva ¿Estamos ante un nuevo caso de capitalismo castizo, leáse connivencia entre empresa pública constructora privada y Poder político? Cada uno puede formarse su opinión, pero aquí nos centraremos en el aval (o garantía) prestada por CESCE que respaldó  al Consorcio del que forma parte  Sacyr facilitando a su fiador, la aseguradora Zurich,  un contraaval o garantía de 150 millones de euros, en contra del criterio mantenido por los servicios técnicos y saltándose el procedimiento administrativo. CESCE es una empresa pública dado que la mayoría de su capital es del Estado (50,25%) aunque tiene también participación de bancos (45,85%) y compañías privadas de seguros españolas (3,9%). Fue creada nada menos que en 1970 para gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado y proporcionar una herramienta de financiación de la expansión internacional de las empresas españolas.  Por lo que se ve,  también se ha convertido en un instrumento muy oportuno al servicio de las empresas cercanas a los partidos políticos. Según su propia web, los servicios que ofrece esta empresa son el Seguro por Cuenta Propia en que se presta un servicio integral de asesoramiento en la gestión del riesgo comercial mediante soluciones de crédito y de caución, aseguramiento frente al riesgo de impago por ventas de productos y servicios, garantía de responsabilidades económicas por incumplimiento de obligaciones garantizadas y la gestión de la Cuenta del Estado o gestión de la cobertura por cuenta del Estado español de los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas.  En esta última línea se encuadra la garantía o contraaval prestado al fiador del Consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) del que forma parte  Sacyr (el denominado seguro a fiadores por riesgo de ejecución de fianzas). Sin esta fianza, no se podía acudir a la licitación, a la que por cierto acudían también otras empresas españolas.

Pues bien, parece que CESCE –cuyo Presidente  se nombra por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía- ha realizado una operación inusual saltándose los procedimientos previstos para ello , o por lo menos eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el tema que pueden consultar aquí,  básicamente en las pags. 26 a 28. Informe que por supuesto llega con unos años de retraso, como es costumbre en este órgano de fiscalización y control que tan poco fiscaliza y controla. No parece que estemos ante una simple irregularidad administrativa, como opina David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodriguez Zapatero cuando afirma que “el aval de la obra lo aportó el grupo asegurador ZURICH y el Estado español participó en el contra aval en la misma proporción que lo hizo el ‘Cesce italiano’; es una operación completamente normal, otra cosa es que luego hubiera alguna irregularidad administrativa”. Por su parte, la Ministra Ana Pastor que se ha apresurado a viajar a Panamá a mediar en el conflicto señala simplemente que esas irregularidades administrativas deberán discutirse en el Parlamento.

En resumen, aunque el lenguaje es muy técnico, la conclusión de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas es sencillamente la siguiente: CESCE se saltó la normativa vigente en cuanto a los procedimientos previstos  para otorgar el contraaval al Grupo Zurich, fiador del  GUPC . El fiador. como es habitual en estas operaciones,  exigía una garantía para prestar su fianza, y por razones que desconocemos, esta garantía no la aportan las empresas del propio Consorcio sino CESCE. CESCE puede hacer este tipo de operaciones, sí, pero no de cualquier manera, sino siguiendo unos procedimientos que permiten comprobar que se otorga la garantía de acuerdo con la normativa vigente y que CESCE no asuma riesgos que no debe.   En particular, la Comisión que decidió conceder la garantía no tenía competencias para hacerlo. Es decir, en este caso, el procedimiento no se respeta. ¿Simples irregularidades administrativas sin importancia? Hombre, en último término nombrar a un sobrino para un cargo público sin procedimiento previo de selección o adjudicar un contrato a dedo también puede decirse que también lo son. Lo que es importante destacar es que los procedimientos administrativos son un medio para conseguir un fin. Si te los saltas, ya no puedes estar seguro de nada. ¿Hubiera conseguido otra empresa u otro consorcio esta garantía también de no tratarse de SACYR y Luis del Rivero? Pues lo cierto es que este tipo de garantías no se da todos los días y que había más empresas españolas que licitaban en el mismo concurso y cuyas ofertas económicas eran bastante más “ortodoxas” por así decirlo . Saquen ustedes sus conclusiones.

Lo que es indudable es que el Estado español a través de CESCE está ahora mismo asumiendo unos riesgos por dicho contraaval o garantía prestado al fiador que, si se hubieran respetado las reglas del juego, a lo mejor no hubiera podido asumir, al menos en la forma en que lo hizo. Sí, es verdad que según los acuerdos (privados) alcanzados el Consorcio y SACYR tendrían que responder ante CESCE del pago de la prima y del importe de la indemnización que pague CESCE si al final se ejecuta la garantía, pero de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas.  Tampoco les extrañará a estas alturas saber que la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado que es la que tomó la decisión está integrada por el Presidente de CESCE, los Vocales nombrados en representación del Estado y un solo vocal en representación de las entidades privadas.

Todo esto por no hablar del modelo un tanto curioso que permite que el Estado contraavale en casos como el que nos ocupa. No cabe duda de que si Sacyr obtiene beneficios éstos serán privados, pero si la cosa pinta mal, resulta que es el Estado el que puede terminar pagando, es decir, todos los españoles. Bueno, es un poco más complejo técnica y formalmente en el caso de Sacyr, pero digamos que al final es lo que puede pasar si las cosas se tuercen. En definitiva, parece que el ciudadano tiene que soportar que el Estado ayude de diversas maneras a empresas y entidades financieras “afines” o “estratégicas”  sin tener muy en cuenta los criterios técnicos habituales para autorizar este tipo de operaciones, cuyos beneficios –de existir- serán privados pero cuyas pérdidas se convierten en públicas sin ningún problema como por arte de birlibirloque…o de contraaval. Lo que está claro es que al ciudadano desahuciado… a ese no le rescata ni avala nadie aunque es el que paga con sus impuestos todos estas aventuras.

Dicho esto, sin duda conseguir la ampliación de la obra del canal de Panamá, es todo un logro y un auténtico reto, mérito de las empresas adjudicatarias, pero quizá tan magna obra habría requerido una empresa más solvente financieramente por si acaso. En fin, ya veremos cómo se resuelve el problema y quién tiene razón al final.  Por ahora el culebrón sigue y la famosa  “marca España” se ha visto dañada una vez más, lo que no es bueno en los tiempos que corren, sobre todo porque muchas empresas españolas  pueden injustamente padecer las consecuencias.

 

Convocatoria para una copa bloguera en “Taj Mahal”

Los editores convocamos a todos los colaboradores y lectores del blog que vivan en Madrid y/o tengan ganas de conocernos y conocerse entre sí a una copa bloguera el día 14 de enero, martes, en el bar Taj Mahal, que está en la calle Alcantara 64  a partir de las ocho y media de la noche. Para poder calcular bien el aforo, nos vendría muy bien que confirmaseis la asistencia, o bien a alguno de los editores o bien directamente a través del blog (“contacto”) antes del martes que viene.

No queremos poner el listón demasiado alto y decir que esto va a ser un acontecimiento histórico, o el equivalente castizo del Juramento del Jeu de Paume, pero podemos prometer y prometemos que el ambientillo será regeneracionista, optimista y nos echaremos unas risas, además de contaros nuestros (ambiciosos) proyectos en este nuevo año. El acto propiamente dicho comenzará a las nueve y media de la noche.  Además, y como especial concesión de los editores, dejaremos hablar también a los espontáneos que lo deseen (speech, speech). Ah, y pese a la avanzada mediana edad de los editores, las nuevas generaciones de colaboradores y lectores son especialmente bienvenidas, aunque avisamos que no les podemos garantizar ningún cargo público, sino solo mucho curre bloguero a cambio de un país mejor.

Eso sí, como nadie nos patrocina, avisamos desde ya que cada uno se tiene que pagar su (s) propia(s) copa(s). Es lo que tiene ser independiente.

¡Animaos, que nos lo vamos a pasar bien!