HD Joven: ¿A quién votamos? Derecho de sufragio Vs Civismo. El voto responsable

Éste es un post sencillo, sin mucha pretensión. Es sólo una reflexión sobre una pregunta cotidiana e inocente, también sin intención concreta ninguna; un pensamiento dicho en voz alta; en definitiva, algo que podríamos preguntar cualquiera de nosotros y que, sin embargo, es representativo de la calidad de nuestra política. Porque, no lo olviden, la política no la practican únicamente, valga la redundancia, los políticos; es decir, no es sólo cosa del gobierno y del parlamento. Es cosa de todos y de su calidad, de su profesionalidad y de su éxito respondemos también todos los ciudadanos del país.

Noche de sábado y víspera de las elecciones municipales que pretendían terminar con el bipartidismo tan bien asentado en nuestra joven e inamovible política española. Cuatro amigos, rondando los veinticinco, se sientan en un bar a tomar unas cervezas, como cualquier otra noche. Entre otros, como el fútbol, el trabajo y las mujeres, sale de pasada el tema de las elecciones. Uno de ellos es licenciado en Derecho, otro en Economía, la tercera en Derecho y ADE y el cuarto en Psicología. Todos hablan bien inglés y han estudiado en el extranjero. Los cuatro tienen o están cursando un máster. Habiendo agotado la discusión sobre fútbol, uno se lanza y entre risas dice: “Bueno, ¿a quién votamos mañana?”.

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Una pregunta así, en un contexto como ése, significaban muchas más cosas de las que la inocencia de la pregunta dejaba entrever. En primer lugar, esto es obvio, que quien hizo la pregunta no mostró ningún interés por informarse sobre el panorama político actual y que, con toda probabilidad, el voto que emitiera no fue verdaderamente consecuencia de su libertad de expresión, ni siquiera, a la postre, de la democracia. En segundo, que, por delegar una decisión como ésa a sus compañeros de jarana, esa persona muestra una absoluta indiferencia por su futuro y por sus responsabilidades como ciudadano (por tanto también de nuestro futuro), que, por supuesto, las tiene.

¿Y cuáles son esas responsabilidades? Por lo menos, informarse sobre la política y votar en consecuencia. El mundo que vivimos es complejo y rápido, pero ello no debe servir de excusa para no tratar de comprenderlo. Al revés, la democracia del siglo XXI exige más de nosotros. Ya no podemos conformarnos con andar una vez cada cuatro años hasta la vuelta de la esquina, introducir un papel en una ranura y esperar que, a partir de entonces, las cosas vayan mejorando y la crisis desapareciendo. A estas alturas de democracia, pensar (y/o actuar conforme a) esa máxima es un infantilismo intelectual que ya no puede tolerarse.

En estos tiempos, que se dice son de posmodernismo, nos hemos habituado a adquirir derechos, a exigir cada vez más, pero jamás a tomar conciencia de los mismos, ni mucho menos a asumir las responsabilidades que el uso de esos derechos exige. Que la adquisición de un derecho lleva aparejada la asunción de una responsabilidad, de forma inherente y en todos los casos, es evidente si observamos nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para obtener un permiso de conducir (es decir, un derecho a circular con automóvil), es requisito inexcusable realizar un curso práctico y teórico para comprender las normas y riesgos asociados a ese derecho. En este caso, nos resulta obvio porque la transgresión de esa responsabilidad puede ser muy grave: si un conductor no domina las normas básicas de conducción, puede fácilmente provocar un accidente. Pero es que a ello voy: en mi opinión, la falta de diligencia en el ejercicio del sufragio, de nuestro derecho individual de voto, en realidad nos afecta a todos y también tiene consecuencias graves. La más evidente es que, quien vota sin informarse, contribuye directamente a degradar la calidad de nuestra democracia.

Como decían los editores de este blog en la presentación de su Fundación ¿Hay Derecho?, en palabras de Edmund Burke, “el mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo podría hacer un poco”. Es una de las excusas preferidas del español. “¿Qué más da que yo vote o no, si mi voto no significa nada?” Es lo de siempre: un voto, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene ningún efecto. Pero no es el voto, individualmente considerado, lo que importa; es la mentalidad generalizada de que no tenemos ningún papel en la democracia, de que la política es cosa de otros. No es así: somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos protagonistas de la política: nosotros otorgamos el poder a otros para que nos representen y, sin nuestro voto, pierden ese poder.

La semana pasada, antes de las elecciones, leí felizmente en un artículo (aquí) que la participación de los jóvenes en la política, que ya no se sienten tan identificados con las fuerzas políticas tradicionales, podía contribuir al pluralismo político y, por consiguiente, a la calidad de la democracia. De hecho, por lo visto, el 24M iba a reunir más de un millón y medio de nuevos votantes, que ya habían adquirido la mayoría de edad desde 2011. Y, sin embargo, oír aquella pregunta en ese bar desmintió aquella previsión por completo.

Pero esta reflexión, lo admito de muy buena gana, no pasa por ser hipócrita. Yo mismo hablo desde la propia experiencia y me he sentido un pésimo ciudadano por mi falta de compromiso cívico. ¿Alguien sabe qué carrera estudió Antonio Carmona? ¿O qué mejoras propone Begoña Villacís para el Metro de Madrid? ¿Saben dónde empezó trabajando Manuela Carmena?

Siempre me ha llamado la atención lo mucho que se confronta la libertad de expresión (como la de hablar sobre las elecciones municipales con unos amigos en un bar) con otros derechos fundamentales: con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (normalmente en contextos periodísticos); con el derecho a la educación; y, más modernamente, con el llamado derecho al olvido en Internet. Me preguntaba este fin de semana si, igual que la libertad de expresión entra a veces en conflicto con otros derechos, el derecho al sufragio podía chocar, no con otros derechos, sino con otros deberes. Deberes, en este caso, cívicos, quizás morales, que al final adquieren una importancia capital en el contexto socio-político de un país. ¿Deberíamos hacer un curso de política antes de adquirir el derecho a votar, esto es, la mayoría de edad? ¿Quizás estudiar política y derecho en los colegios? Uno de los editores de este blog, Fernando Gomá, proponía algo parecido en una entrevista para ¿Qué Aprendemos Hoy? (aquí).

Me temo que no he encontrado ninguna justificación jurídica (al menos no una constitucional) para defender que es necesario tomar conciencia de que el derecho a votar, como el resto de derechos y libertades, debe usarse con responsabilidad, aunque estoy plenamente convencido de que es imprescindible para una democracia rica y sana. Por esa razón, lo único que me queda es lamentarme en este artículo y apelar a la moral y la diligencia cívica de los ciudadanos. Algo tan débil como eso. Pero es que, lo siento, no me vale el “voto útil” y no me vale no votar. Me vale el esfuerzo, el compromiso y la ilusión por mejorar nuestro país. Y creo que, después de cuarenta años de democracia, no es ser muy exigente. Tampoco me vale conformarse con decir que la política es un desastre y “que así no se puede”. Y lo que, desde luego, no me vale es que cuatro licenciados se reúnan una noche en un bar, doce horas antes de las elecciones, a decidir en grupo a quién votarán el domingo. Y no me vale porque el deber que asumieron, el de informarse, no se correspondió con el derecho que gratuitamente se les otorgó –y por el que otros han luchado durante siglos–, que es el de votar, y que, en consecuencia, es el derecho a ser una expresión mínima, eso sí, pero expresión al fin y al cabo, de una democracia que pretendemos sea de calidad.

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

La financiación de las campañas en referendums

A raíz de algunas noticias relacionadas con donativos privados realizados a las campañas a favor y en contra de la independencia en el referéndum escocés del pasado mes de septiembre sentí curiosidad por conocer cómo se financian las campañas de este tipo de consultas. Tras una somera investigación al respecto me gustaría compartir con ustedes las principales diferencias que, en este sentido, he identificado entre el caso español y el británico (lo que no quiere decir que no haya muchas más…)
En primer lugar, y como seguramente no les sorprenda, lo más llamativo es la transparencia.
Me resultó bastante sencillo encontrar información sobre el referéndum escocés, posiblemente porque el tema estaba de candente actualidad. La web que me resultó más útil fue la de la Comisión Electoral británica (The Electroral Commission: www.electoralcommission.org.uk). En esta web está fácilmente disponible la legislación, tanto bajo el epígrafe “Campaign spending and donations at referendums” como en la parte específicamente dedicada al referéndum en cuestión “Scottish referendum”, donde publicaron una guía práctica sobre cómo hacer campaña en el referéndum y todos los detalles sobre su financiación.
En el caso español enterarse bien de cómo se financian puede ser un poquito más complicado, especialmente para los profanos en la materia. Recordemos que en España los referéndums están regulados por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. En ella nos se incluyen referencias a la financiación de sus campañas electorales, sino que remite al régimen electoral general, aunque sí especifica respecto de la cesión de espacios propagandísticos, que limita exclusivamente a los Grupos políticos con representación en las Cortes Generales.
Por lo tanto la financiación de las campañas de referéndum en la práctica están reguladas por la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (LOREG), la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y el Real Decreto concreto que regule las ayudas extraordinarias para financiar los gastos de campaña del referéndum de que se trate (un ejemplo aquí).
Esto en cuanto a la normativa. En cuanto a la financiación efectiva de los referéndums esta diferencia es aún más evidente.
La Comisión Electoral británica, además de una sencilla guía sobre cómo funciona la financiación, ha publicado un listado exhaustivo de los donativos y donantes de cada uno de las organizaciones o individuos registrados. Este listado puede consultarse aquí.
En el caso del último referéndum celebrado en España en 2005 los límites máximos de subvenciones estatales fueron aproximadamente un 40% de los establecidos para las elecciones generales – los límites máximos de las subvenciones para esta campaña pueden consultarse aquí –  y los presupuestos generales para el año 2005 preveían 58,5 millones en subvenciones para los partidos, incluyendo 12,9 para subvencionar gastos electorales. Auqnue no he encontrado ninguna información sobre los gastos imputados ni la subvención finalmente recibida por los partidos políticos ni he localizado el informe de Tribunal de Cuentas sobre esta cuestión, pero si alguien lo localiza agradeceré que me lo indique.
Veamos ahora la cuestión del origen de la financiación.
Como pueden imaginar las campañas electorales en el Reino Unido, incluidas las campañas de referéndum, como otros países anglosajones, están financiadas fundamentalmente de forma privada. De hecho, no existen fondos públicos específicos para campañas electorales (aunque sí la cesión de espacios públicos de propaganda, como en España) sino que la normativa se centra en regular el tipo y cuantía de gasto en campaña que los partidos y “campaigners” (permítanme que lo escriba en inglés pero en español me resulta difícil encontrar un sinónimo) pueden recibir.
En las campañas de referéndum, y en concreto en el escocés, pueden hacer campaña a favor de una u otra opción los partidos políticos y cualquier individuo u organización que lo desee. Los individuos u organizaciones con gastos inferiores a las 10.000₤ no deben registrase, pero sí deben informar de sus gastos mediante una declaración. Aquellos que vayan a realizar gastos superiores a esas cifras deben registrarse y posteriormente enviar el detalle de los gastos incurridos (dependiendo de la cantidad gastada se requieren también informes de auditoría de gastos).
Respecto a los fondos públicos para financiar campañas pueden recibir fondos públicos los partidos políticos (para todo tipo de campañas, no sólo relativas a referéndums). En el caso de referéndums también pueden recibir fondos públicos y hacer uso de espacios propagandísticos públicos los “campainers” registrados como lead campaign group (uno por opción que agrupe a los interesados de cada “bando”).
Hasta donde he podido conocer la cuantía de subvención pública concedida a los partidos políticos en 2014 en el Reino Unido ascendió a un total de 2 millones de libras (que entiendo incluyen tanto gastos de funcionamiento como gastos electorales), cantidad que se ha mantenido inalterable al menos desde 2001 – fecha desde la que se facilitan datos aquí – independientemente de si ha habido año electoral o no.
Está claro que el británico es un modelo de financiación de partidos distinto del español, y no exento de polémicas por supuesto, pero ya de entrada y tal como están las cosas a mí esos 2 millones de libras me dan un poquito de “envidia”. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé para 2015 un total de 345,4 millones de euros para el “Programa: 924M Elecciones y Partidos Políticos”, de los cuales 156,44 millones de euros son subvenciones a partidos políticos, de los cuales 101 millones son subvenciones para gastos electorales (como saben en 2015 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en 13 CCAA). Y en 2014 la partida total para el programa fue de 161,1 millones, de los cuales 82 millones de euros fueron subvenciones a partidos políticos, 29,34 millones de los cuales eran subvenciones de gastos electorales (recordemos que esta año ha habido elecciones al Parlamento Europeo). Y es que en España la práctica totalidad de los gastos electorales de los partidos políticos están financiados con fondos públicos, también en las campañas de referéndum.
Según la LOREG el Estado subvenciona “los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, Parlamento Europeo y elecciones municipales”. En el caso de los referéndums las subvenciones para sufragar las campañas son exclusivas para los partidos con representación en el Congreso de los Disputados.
Y esta es, en mi opinión, una tercera diferencia muy importante con el caso británico, y es que la financiación pública y la cesión de espacios propagandísticos se limitan exclusivamente a los partidos con representación en el Congreso. Y esto, también en mi opinión, limita de forma muy relevante la participación de la sociedad civil en este tipo de campañas, o incluso, en un país con una tradición de financiación pública de este tipo de cuestiones como el nuestro, la excluye totalmente, y deja en una posición muy “dominante” a los partidos mayoritariamente representados en el Congreso. Será por eso que en todos los referéndums celebrados en España desde 1936, tanto nacionales como autonómicos, siempre ha vencido la opción “defendida” por el Ejecutivo, o no…
P.D: Otro tema relevante, aunque no voy a entrar en él, es el coste de la propia convocatoria y organización de los referéndums. He encontrado un análisis muy interesante, aunque lamentablemente no sé de quién es – por supuesto no es del Ministerio del Interior- y que desglosa algunos costes del referéndum de 2005. Necesitaríamos muchísimos más Excel como este, la verdad.

A vueltas con la elección de alcaldes

El Presidente del Gobierno ha anunciado que quiere promover, como medida de regeneración democrática, la elección directa de las alcaldías. Como argumento señaló: “no puede ser que las coaliciones entre partidos impidan que sean alcaldes quienes han sido elegidos por los ciudadanos”. Cabría pensar, entonces, que el vigente sistema de elección municipal está degradado en términos democráticos. ¿Lo está? Dependerá, claro, de qué se entienda por degradación y regeneración democráticas pero, por emplear una comparación, el procedimiento que tenemos ahora en la inmensa mayoría de los ayuntamientos no es muy diferente del previsto para el nombramiento del Presidente del Gobierno: según el artículo 196 de la Ley Electoral (LOREG) si alguno de los candidatos a la alcaldía “obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado alcalde”; esa es la misma exigencia que prevé el artículo 99 de la Constitución(CE) para el nombramiento del Presidente del Gobierno en primera votación.
En segunda y sucesivas votaciones el Jefe del Gobierno puede ser nombrado por mayoría simple y, por tanto, sin el apoyo expreso de la mayoría de los miembros del Congreso; en los ayuntamientos no hay posteriores votaciones sino que, a falta de mayoría absoluta, es nombrada la persona que encabece la lista que haya obtenido más votos populares. Por tanto, y aunque sea de manera indirecta, es probable que en los Ayuntamientos la alcaldía la ostente la persona que encabeza la lista más votada, bien porque dicha candidatura ha obtenido mayoría absoluta o porque es la que más sufragios consiguió; cabe, claro, que consiga la alcaldía una persona que, sin encabezar la lista más votada, haya obtenido el mayor número de votos de los concejales. Pero eso es también posible en la investidura de la presidencia del Gobierno y si es menos probable se debe, precisamente, a que las elecciones al Congreso ofrecen resultados menos proporcionales –léase, menos democráticos- que las elecciones municipales: en los comicios a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se elige un número de concejales lo suficientemente alto como para que la elección sea muy proporcional, cosa que no ocurre en las elecciones al Congreso –órgano que nombra al Presidente del Gobierno-, donde un partido –el PP en la actualidad- con el 44% de los votos tiene el 53% de los Diputados. Finalmente, en las alcaldías siempre habrá una persona elegida por los ciudadanos, dado que no se puede ser alcalde sin ser concejal; tal cosa no es necesaria en la Presidencia del Gobierno, donde no es jurídicamente imprescindible ser parlamentario.
En todo caso, la elección directa de las alcaldías es tan constitucional como la indirecta que hoy tenemos, pues la CE prevé que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos” (art. 140). ¿Cuál será la fórmula más adecuada? Depende. ¿De qué? De lo que se quiera conseguir. Hasta ahora se ha optado por un sistema de gobierno municipal “parlamentario”: el Pleno de la Corporación nombra al alcalde y puede destituirlo a través de una moción de censura constructiva (art. 197 LOREG), se prevé la posibilidad de que el alcalde plantee una cuestión de confianza (art. 197 bis LOREG) y el propio Pleno tiene atribuidas funciones muy relevantes y similares, en términos comparativos, a una Cámara parlamentaria. No hay, pues, un sistema de gobierno municipal muy diferente al autonómico y al estatal.
Introducir la elección directa para las alcaldías –no se ha aclarado, ahora que tanto preocupa el ahorro, si en primera o segunda vuelta- significaría optar, al menos en teoría, por un modelo “presidencialista” pero para que dicha opción sea coherente en términos de funcionamiento de la corporación debe ir acompañada de profundos cambios en el gobierno local y en el propio sistema electoral municipal: si se elige al alcalde de manera simultánea y separada a los concejales podría ocurrir que el primero no tuviera suficiente apoyo en el ayuntamiento, con el riesgo de parálisis o inestabilidad; si para evitar esa situación se concede a la lista que apoya al alcalde una prima electoral para que alcance más concejalías que las que le corresponderían por los resultados obtenidos habrá que ver si ese premio es proporcional en términos democráticos, pues si es muy alto se estará desvirtuando el mandato constitucional de que el voto sea igual, lo que no sucedería si el hecho de optar por una lista vale mucho más que preferir a otra. A lo anterior habría que añadir la necesidad de algún mecanismo legal de control por parte de la oposición para que el gobierno local no devenga en caudillaje. En suma, esta presidencialización de las alcaldías tendría que hacerse con sumo cuidado para que no genere resultados menos democráticos que el sistema vigente y, en todo caso, debería ir acompañada de muchos más cambios legislativos. Es curioso que nada se haya dicho al respecto en la muy reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Habría, pues, que darle alguna vuelta más no solo a la elección en primera o segunda convocatoria sino al conjunto de la propuesta del Presidente del Gobierno. Y si se precisa más información se puede consultar, entre otros estudios, El informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral, del año 2009, que se extiende sobre este particular. Y es que, salvo en Amanece que no es poco, todos, incluidos los alcaldes, somos contingentes y nadie es necesario.

Promesas electorales y mentiras a medias.

El diseño de la Eurozona es objeto de rigurosos análisis y de sesudos debates entre economistas desde hace años. Algunas de las mentes más brillantes del pensamiento económico han dedicado un gran esfuerzo a estudiar científicamente la viabilidad de las llamadas áreas monetarias. Así, cuando me planteé a quién votar en las elecciones europeas del pasado mes de Mayo, no pude evitar valorar las distintas opciones desde esta perspectiva. “Votaré a aquel partido que mencione en su programa electoral la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO)”, me dije.
Tras descargar todos los programas y aplicar una cuidadosa búsqueda, palabra por palabra, descubrí lo que me temía: de los cinco principales partidos (PP, PSOE, IU, UPyD y Podemos) ninguno nombraba la teoría económica fundamental que explica qué condiciones deben reunir los países que quieren compartir su moneda de manera eficiente.
¿Hay derecho a que los partidos políticos obvien el uso de documentos científicos en la elaboración de sus programas económicos? ¿No cundiría la indignación general si para diseñar un programa de salud pública se obviara toda la investigación médica desde Hipócrates?
Un programa electoral debe ser detallado, riguroso y realista. Concedo, eso sí, que aunque una teoría no esté explícitamente citada, un partido puede recoger perfectamente su espíritu entre sus propuestas. Mi siguiente movimiento fue comprobar si la teoría de las AMO estaba diluida entre promesa y promesa.
La teoría que sustenta las AMO fue formulada inicialmente por Robert Mundell[1].  Esta investigación seminal, unida a la de otros autores como McKinnon[2], actuó como hoja de ruta para los encargados de poner en marcha la Eurozona. En el momento de la entrada en vigor del Euro, sólo dos de los seis requisitos señalados como fundamentales para garantizar el éxito de la nueva moneda se cumplían. Otros dos no lo hacían y el par final se movía entre el sí y el no.
Dado que, como señala De Grauwe[3], la inexistencia de un AMO en Europa favoreció el contagio de la actual crisis económica, mi pregunta de investigación quedó perfectamente acotada: ¿contribuyen las diferentes propuestas electorales al cumplimiento de las cuatro condiciones eludidas?
Opté por dejar de lado los requisitos que el consenso económico[4] da por satisfechos: la apertura comercial y la diversificación productiva. Me centré, inicialmente, en las dos condiciones incumplidas: la movilidad de trabajadores dentro de la Eurozona y la existencia de un sistema de compensación fiscal entre estados.
Una alta movilidad de trabajadores permite un mejor ajuste económico; en tiempos de crisis los desempleados de un país pueden encontrar empleo en aquellas zonas donde la actividad económica es mayor. De los cinco programas políticos estudiados, PP y UPyD señalan la necesidad de favorecer la movilidad profesional con diferentes tipos de medidas. El PSOE se centra en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores desplazados.  IU y Podemos son los únicos grupos que se muestran críticos con la movilidad laboral, llegando a hablar de “exilios forzados” en muchos casos.
Un sistema de compensación fiscal permite que los gobiernos de la Eurozona puedan financiarse entre ellos de manera directa y transparente. Este mecanismo estaría incluido dentro de una Unión Fiscal. PP, PSOE, IU y UPyD mencionan, directa o indirectamente, la Unión Fiscal entre sus propuestas. Se echa de menos una mayor concreción respecto de su visión: ¿se acepta la cesión de soberanía que esta medida supone, sin más? ¿Se apuesta por la creación de un ministerio de finanzas europeo?
La sensación respecto de las dos condiciones no cumplidas es que ambas aparecen recogidas de manera anecdótica, casi casual. No son ni el eje de las propuestas económicas ni están detalladas con la profundidad que sería deseable.
Los dos requisitos de cumplimiento dudoso son la “homogeneidad de preferencias” y la “visión compartida”. Ambos elementos hacen referencia al consenso que debe existir entre los países miembros respecto de la política económica a aplicar en caso de crisis y respecto al futuro de la unión en sí misma.
En este caso opté por examinar las distintas propuestas en base a la factibilidad de una hipotética posición común española. Las diferencias entre programas son abismales. El ejemplo de la crisis del sector público lo ilustra perfectamente. El PP nombra sólo tres veces la palabra déficit en su programa electoral; lo hace para mencionar la “herencia recibida”. El PSOE propone sendas flexibles y revisables del déficit público acordadas con Bruselas, que existen desde hace años. UPyD apenas trata este asunto. IU y Podemos sugieren impagos selectivos de deuda pública, difícilmente compatibles con los incrementos del gasto que ellos mismos proponen. Todos los programas incluyen medidas discordantes con el actual marco jurídico europeo o con los intereses de otros países.
Los dos requisitos de dudoso cumplimiento muestran una preocupante falta de consenso. Las propuestas de solución a la actual crisis son excesivamente vagas y conformistas, en unos casos, y preocupantemente irreales, en otros.
Mi sensación final es que, con alguna excepción, los programas electorales exhiben una importante falta de rigor. Varias de las propuestas desafían, no sólo las leyes económicas, sino las más elementales matemáticas. La acumulación de ideas, como caídas del cielo, sin un plan estudiado y coherente detrás, parece ser el común denominador de los programas.
Es necesario destacar que los elementos positivos detectados no dependen de signos políticos o de ideologías. UPyD, por ejemplo, cuida mucho los antecedentes económicos e IU utiliza el lenguaje técnico con una enorme pericia. Y todos, como no podía ser de otra manera, se muestran convencidos de la bondad de sus propuestas.
Quizá por eso los ciudadanos debamos ser especialmente cuidadosos y exigentes. Es importante saber qué estamos votando. No sea que nos pase como aquél al que, ya entrado en la treintena, su madre aún le preparaba el voto en un sobre cerrado. “¡Al menos dime a quién he votado!” se quejaba amargamente. “Hijo mío” respondía ella “el voto es secreto”.



[1] Mundell, R. A. (1961). “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4).
[2] McKinnon, R. (1963). “Optimal Currency Areas”. American Economic Review 53.
[3] De Grauwe, P. (2013). “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?” LEQS 57/2013
[4] Baldwin, R. y Wyplosz, C. (2012). The Economics of the European Integration. McGraw-Hill. 4ª ed.

La propuesta de Rajoy sobre la elección directa de alcaldes: ¿una regresión democrática?

Rajoy ha propuesto que los vecinos de cada municipio elijan a los alcaldes de forma directa. Podría pensarse que ésta es una propuesta de regeneración democrática, pero según se articule tiene trampa, y podría ser lo contrario: de regresión democrática y un incentivo para que aumente la corrupción.
La Constitución Española permite que los alcaldes sean elegidos directamente. Su regulación se puede hacer con una simple modificación de la Ley Orgánica Electoral, para lo que es suficiente la mayoría absoluta en el Congreso de los diputados. Ahora, esta reforma puede tener muy diversos contenidos.
Puede implicar simplemente que el alcalde sea el candidato más votado a una vuelta, manteniendo todo lo demás sin modificación alguna. En este caso, con la fragmentación política que se avecina, un candidato con poco más del 20% de los votos podría ser alcalde de su municipio. Algo que, obviamente, no resulta muy democrático; sobre todo, si tenemos en cuenta que el alcalde español es uno de los alcaldes de Europa con más poder y que ahora ya actúa con un alto margen de autonomía; en muchos casos, más bien arbitrariedad en el reparto de cargos y contratos entre amigos, en la concesión de subvenciones, saltándose el débil sistema de controles interno y externo del ayuntamiento, etcétera.
Esta regresión democrática podría ser mayor todavía, si al partido del alcalde más votado se le prima, cualquiera que sea su porcentaje de votos, con la mayoría absoluta de los miembros del Pleno municipal.
Para que una propuesta de elección directa del alcalde sea un instrumento de regeneración democrática, tiene que ir ligada a otros importantes cambios de las instituciones municipales. En su programa marco electoral de 2011 (puntos 73 a 79), UPyD propone una votación a doble vuelta, para lograr un sistema de elección directa que realmente legitime al alcalde y resulte transparente. De esta forma, si ningún candidato tiene en la primera más del 50% de los votos, habría que hacer una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Este sistema haría transparentes los pactos y evitaría los que ahora hay bajo cuerda entre los partidos, para poner y quitar alcalde. Asimismo, habría que limitar a dos el número máximo de mandatos y establecer un régimen de incompatibilidades para que los alcaldes no puedan ser al mismo tiempo ni diputados nacionales ni autonómicos.
Junto a esas medidas, habría que reducir sus competencias y el margen de discrecionalidad en su ejercicio. Los países que tienen  mejores sistemas de gobierno municipal han optado por restringir el poder del alcalde y establecer una administración municipal muy profesional, cuyos empleados son elegidos de acuerdo a estrictos criterios de mérito y capacidad. Así, se evitaría que los cargos directivos municipales se nombrasen como hasta ahora: por confianza política entre amigos y compañeros de partido del alcalde, lo que es un caldo de cultivo de corrupción y mala gestión. Algo de lo que ya avisaba Max Weber hace más de 100 años en sus escritos.
Estas propuestas tienen que incluirse en un marco general de fusión de municipios -para que tengan una población mínima en torno a 20.000 habitantes- y de supresión de diputaciones: la administración más opaca, antidemocrática y corrupta que existe en España.
Si la idea de Rajoy es la elección del alcalde a una vuelta y sin más cambios, es claramente una propuesta de partido. Además, resulta inaudito que se haga ahora, cuando acaban de poner en marcha una reforma local que no toca este asunto. Buscan así mantener el control de los ayuntamientos, a pesar de su pérdida de votos, aprovechándose de una posible fragmentación electoral. Recuerda a la reducción de diputados de Castilla-La Mancha: mensaje populista con el objetivo de blindarse en las instituciones, aunque pierdan votos. En definitiva, una regresión de la democracia y de la buena gestión y un riesgo de mayor corrupción

“Lecturas” postelectorales: caída del bipartidismo, pero…

La “lectura” que se suele hacer después de las elecciones por los medios de comunicación parte siempre de un equívoco: que el pueblo manda un mensaje concreto y unificado. La realidad es que, igual que ocurre con la voluntad de los órganos colectivos de las personas jurídicas, la voluntad que se atribuye al pueblo es la voluntad unificada de muchísimas personas, cada una de ellas con sus propios intereses y necesidades. Por eso, la interpretación de lo que ha ocurrido es siempre muy compleja y la predicción de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, equiparable a los dictámenes de los arúspices romanos que leían las entrañas de los animales.
Pero, sin duda, hay algunos datos tremendamente significativos. El primero de ellos, el tremendo batacazo de la suma de PP y PSOE que, de tener un 80 % en 2009, pasan a representar un 49 %, no obstante lo cual el PP se vanagloria de haber ganado las elecciones. Cabe pensar razonablemente que la explicación de este hecho es la poca credibilidad del PSOE tras el fiasco de Zapatero, el incumplimiento flagrante del PP de su programa sin que la recuperación sea demasiado visible y el evidente deterioro institucional y enorme corrupción imputable a ambos partidos.
Parece que se empieza a superar el “más vale lo malo conocido” que durante tantos años ha sustentado al bipartidismo en  España y el electorado busca políticos con ideología y principios huyendo de políticos “profesionales” que se pasan las carteras unos a otros con las mismas corruptelas. El fin del bipartidismo es una señal de madurez del pueblo que por fin reacciona, en un sentido o en otro, pero ha despertado y eso es una buena noticia que creo debe celebrarse y va en la línea de lo que postulábamos aquí  Queda la duda de si lo que ha pasado se queda “un aviso a navegantes” en unas elecciones que muchos consideran poco importantes (a pesar de ser trascendentales visto el papel que la UE tiene en la toma de decisiones a nivel nacional) o se reproduce y consolida en elecciones nacionales. Aquí pensamos que las elecciones de ayer marcan un punto de inflexión y que es poco probable que la gente recupere la confianza en los grandes partidos salvo que éstos realmente hagan algo para merecérselo. Desde luego, las lecturas complacientes de los resultados tipo “el pueblo recuperará la cordura en las autonómicas o generales” no parecen el camino adecuado para conseguirlo.
Pero, aunque lo sucedido podría alentar esperanzadamente la necesaria regeneración del sistema mediante la atribución de la representación a partidos reformistas pero dentro del sistema, parece que lo que puede ocurrir no es exactamente eso. Tenemos como siempre la dificultad de leer la abstención ¿cuanta es voluntaria y crítica y cuanta pasota y acrítica? Probablemente el enorme castigo impositivo a las clases medias y las graves incumplimientos de las promesas electorales, unidos al descubrimiento asombrado de una corrupción generalizada sin dolor de los pecados ni propósito de la enmienda, ha producido desánimo y decepción, más que indignación, y ello alienta a quedarse en casa.
Pero ¿a cuantos exactamente? Los indignados sí que se han movilizado, pero no precisamente a favor de las opciones moderadas, sino de las más radicales. Cabría decir que el fenómeno es paralelo al de otros países de Europa, si bien la movilización se produce hacia la ultraderecha en aquellos países en los que gobierna la izquierda o tienen algunas características sociales diferentes de la nuestra (Francia y los países del norte de Euorpa) mientras que en los países del Sur de Europa se movilizan hacia la izquierda radical.
El extraordinario éxito de Podemos y su capacidad de canalizar a una masa ingente de indignados con el sistema lo demuestra. Lo que parece invadir al electorado europeo es un desencanto generalizado acerca de la eficacia de las instituciones europeas -pero también nacionales- que no afrontan los problemas con valentía, sino con normas propias de un “quiero y no puedo” que no son más que parches. Buena prueba de ello es la falta de criterio claro a la hora de hacer frente a una crisis financiera que se ha dejado por el camino a la clase media y que ha rescatado entidades financieras que no han pagado ningún peaje por sus excesos. Lo peor es que no se han sentado bases firmes para evitar lo sucedido y no se han sancionado a los culpables. El buen ciudadano aguanta, pero tiene sus límites y éstos se han traspasado con creces. Es hora de renovar a favor de quienes parecen tener proyectos sólidos, aunque quizá las “caras nuevas” han pesado más que los proyectos nuevos.
En todo caso la radicalidad de algunos de los partidos que más han subido en estas elecciones es preocupante. La conclusión de todo esto no deja de ser inquietante, en definitiva. La importante caída de los partidos principales no ha dado paso en España a una opción moderada clara, tendente a regenerar el sistema desde dentro (en esto quizá ha jugado la falta de acuerdo entre Ciutadans y UPYD, tan lamentable a ojos de su electorado) sino a una miriada de pequeños partidos y en particular a una subida muy importante de los partidos antisistema. Aunque a estas alturas de la película muchos dirán, con razón, que casi todos  somos “antisistema”. Pero la diferencia es desde dónde queremos reformar el sistema y en qué dirección.

¿Que vamos a hacer el domingo? La abstención como legítima opción democrática para denunciar el sistema

Como han podido leer en el post anterior, los editores somos firmemente partidarios de acudir a votar el domingo en las elecciones europeas. No obstante, no ignoramos que la opción abstencionista -que podríamos llamar activa o razonada-, y que no es la nuestra, está sin embargo en la calle, y por ello queremos ofrecerles también una reflexión favorable a ella por medio de las apasionadas razones de nuestro colaborador Jesús López Médel, esperando que provoque un saludable debate. Los editores. 

 
“Ensayo sobre la lucidez” es uno de los últimos libros que publicó Saramago. Contiene reflexiones sobre el desencanto en la participación electoral. Narra la ficción de unos comicios en que la abstención espontanea es inmensa, dando la espalda total tanto a los partidos más consolidados como a los alternativos. El desconcierto, la estupefacción y también la burla y el sarcasmo asolarían al país. La reacción de las autoridades es la de propagar que había un “complot contra la democracia” y que sus instigadores debían ser eliminados. Hasta aquí el relato novelesco, pero impregnado de consideraciones políticas y humanas de calado. Es una lectura muy recomendable.
La democracia es elegir. Pero no es sólo esto. Eso desearían los políticos para hacer con nuestro voto lo que quieran, incluso lo radicalmente contrario a lo que se comprometieron. El derecho a la libre elección entre alternativas políticas es consustancial en una democracia, pero también lo es es el derecho de disentir y expresar el rechazo a un sistema político que se está erosionando.
Que España está sufriendo un notable retroceso de su calidad democrática me parece evidente. Los indicadores de los organismos internacionales marcan esta tendencia con unanimidad y el sentir  de millones de españoles manifestado en las encuestas del CIS apunta en la misma dirección. El deterioro democrático tiene muchas manifestaciones. Acaso la principal sea el que las principales opciones políticas han ido colonizando las instituciones poniéndolas a su servicio y no al de la sociedad. Creo que se está produciendo el secuestro de la democracia por quienes han pervertido el sistema de partidos políticos transformando estos instrumentos de participación democrática en aparatos que funcionan en su exclusivo beneficio.
Es muy preocupante que desde varios años se ha consolidado en todas las encuestas del CIS la corrupción (solo detras del  desempleo) como el segundo problema de los españoles y la clase política en general como el cuarto problema (tras la situación económica). Ante esta situación, la pregunta es: ¿Qué están haciendo los dos principales partidos para atajar esta deriva? La respuesta a mi juicio es muy clara: absolutamente nada.
De los cuatro problemas, considero que el fundamental es el de la conversión de nuestra clase política en una “casta”. Sin la aparición de esta casta y del sistema que la ha engendrado no sería posible la corrupción sistemática e institucionalizada Y lo que es aún peor: no existiría todo el montaje para garantizar la impunidad de los corruptos, para lo que resulta esencial el incremento del control político de la Administración de Justicia y de la fiscalía). Sin esa corrupción y mal gobierno, dentro de la que en sentido amplio cabe englobar el despilfarro la negligencia y la irresponsabilidad de la gestión de fondos públicos, el nivel de deterioro de la economía y del paro no serían tan elevados Nuestros políticos, además de haber contribuido a generar esta situación demuestran todos los días su incapacidad para arreglarla.  Nuestra clase política actual no es la solución, es el problema.
Creo que la clase política es  principal cáncer de nuestro sistema, por lo que los que así lo pensamos hemos de aprovechar las elecciones del día 25 para  expresar,  nuestro rechazo total. Por eso personalmente propugno frente al vocerío de los que siguen con sus privilegios y el tratamiento versallesco de muchos medios de comunicación a los partidos poderosos la abstención como mejor opción política y más conforme con la conciencia cívica.
Ante todo, propongo la abstención para manifestar el rechazo que muchos sentimos hacia los dos partidos que han dominado nuestra política durante más de 30 años  PP-PSOE  que están neutralizando cualquier posibilidad de cambio real. Cierto es que también cabe -y esta opción la respeto mucho- la posibilidad de confiar en algún partido pequeño y emergente que puedan ser clave para condicionar el proceder de los grandes partidos. Pero pienso que es mejor reservar esta opción para la política nacional y las elecciones  del próximo año.
Ahora creo que tenemos la oportunidad de decir NO a esos dos grandes partidos que han pervertido el sistema democrático. Especial responsabilidad tiene el partido que ganó las elecciones hace dos y medio años y que ha actuado como si tuviera un cheque en blanco. Su prepotencia, su capacidad para la mentira, la insensibilidad social recortando todo tipo de derechos sociales mientras se protege a los poderosos, la inacción frente a la corrupción y el clientelismo que, se toleracomo forma habitualde funcionamientor han generado una enorme decepción en diversos sectores sociales y en particular en su propio electorado
Algunos que consideran inevitable e inalterable el sistema bipatidista, se resignarán a seguirles votando con la pinza en la nariz pero otros optarán por diversas opciones menores y acaso más coherentes pero que quedarán diluidas  en el Parlamento Europeo. Por eso, animo a quienes se sientan decepcionados con los grandes partidos que reserven ese voto de castigo  para otro momento, eligiendo  entonces otras opciones para que en el Congreso, en año y medio, puedan instalarse voces nuevas. Me parece que la mejor forma de sancionarles ahora es la abstencióncomo manera de visualizar nítidamente el rechazo a este sistema político que ha perdido sus valores. Lo mismo el partido del gobierno que el principal partido de la oposición se han convertido en una secta, cerrada y sin aire fresco. contrario. Tienen en común unas prácticas y hábitos que están pervirtiendo el sistema democrático. Pactan entre ellos el reparto de puestos en instituciones que deberían ser independientes o el mantenimiento de privilegios compartidos. Toleran la corrupción y no la combaten. Todo lo contrario, buscan la impunidad y muchas veces la consiguen. Me atrevo a pronosticar que ningún político será condenado por el Tribunal Supremo Están controlados por  burócratas del aparato y mantienen silenciados y apartados a la  gente honesta y crítica con estos hábitos
Entiendo que es un desastre para España la perpetuación de esta casta política con sus actuales dirigentes en los dos principales partidos. No olvidemos que que el partido gobernante se se le está prestando respiración asistida al dirigente del PSOE al que presentan en sus medios periodísticos como “hombre de Estado”, básicamente porque con él se pueden llegar acuerdos para repartirse el pastel y tapar sus vergüenzas. Rajoy y Rubalcaba se retroalimentan.
Esta Europa en su configuración actual, merece también nuestro rechazo. La UE de los intereses económicos y financieros de la enorme burocracia, de la falta de liderazgo y del abandono de los principios de la solidaridad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos, es una razón más para la abstención. En las primeras elecciones europeas en 1979 votamos el 62% de los españoles. En las ultimas el 42%. En estas, seremos una gran mayoría quienes diremos: NO. Aunque algunos medios apenas lo destacarán, en una creciente y muy evidente pérdida de libertad de prensa escrita, cada vez más sumisa con el poder, queremos dar una lección democrática de aviso: se les acaba la excusa de la democracia como forma de vivir aprovechándose de los ciudadanos.
 

¿Qué vamos a hacer el domingo? Debemos votar

En este blog como bien saben los lectores compartimos el diagnóstico de los que consideran que estamos ante un fin de régimen y de una necesidad de cambio político para acabar con la partitocracia y el bipartidismo responsables de nuestro fallo “multiinstitucional” (por usar la acertada expresión de Andrés Ortega). Y sin embargo, a diferencia de lo que propone nuestro colaborador Jesús Lopez-Medel en el post siguiente, creemos que la mejor forma de conseguir que las cosas cambien no es la abstención –con la finalidad de poner de manifiesto la insatisfacción ciudadana con el sistema político que quedaría en buena medida deslegitimado por la falta de participación- sino el voto a los partidos minoritarios que proponen cambiar esta situación. Afortunadamente, hay para elegir.  Votemos a los nuevos partidos que quieren cambiar las reglas del juego.
En España, lamentablemente, las vías de participación política de los ciudadanos son muy limitadas. En realidad se reducen prácticamente al voto. Precisamente porque no tenemos muchas oportunidades de participar no dejemos pasar las pocas que tenemos.. No solo eso; la abstención en nuestra opinión beneficia directamente a los grandes partidos, a los que al día siguiente les preocupará bien poco que la abstención haya alcanzado un 60 o un 70%; ellos se llevan sus escaños igual y computarán sus resultados en función de los puntos que le saquen al partido rival y por supuesto a los pequeños partidos. Si queremos incentivar el comportamiento de nuestros partidos mayoritarios en la buena dirección institucional, no hay nada más efectivo que hacerles saber que estamos dispuestos a cambiar en favor de aquellos que nos prometen lo bueno desconocido, con independencia de su mayor o menor fiabilidad. Ahora eso da igual, porque ya llegará el momento de sancionarles si no están a la altura.
Para entender lo que significa la abstención, hay que tener en cuenta una imagen gráfica: el voto no emitido no produce un vacío de escaños en el hemiciclo que evidencie la desafección a los políticos; al contrario, esos escaños vacíos “acrecen” a los partidos mayoritarios que sí reciben votos sin que la abstención merme en absoluto su poder real; la única forma de evidenciar esa desafección y disminuir realmente su poder es votar a alguien que ocupe un puesto, el que sea, para que éste no acrezca a los mayoritarios.
Pero además de los argumentos para votar en general en cualquier elección democrática, existen razones muy particulares para votar precisamente en estas elecciones europeas. Dejemos al margen un dato tan relevante como que al menos el 90 % de todo lo que hace la Unión Europea requiere el consentimiento del Parlamento que vamos a elegir el domingo, y de que la mitad de la legislación que nos es aplicable tiene un origen europeo. Centrémonos ahora en un dato casi más interesante: se prevé que al menos la cuarta parte de los 751 eurodiputados que van a salir de estas elecciones sean radicales antieuropeos de izquierda y derecha, racistas, xenófobos, fascistas y nacionalistas de toda índole contrarios al proyecto europeo, al menos tal como fue concebido después de dos guerras mundiales absolutamente devastadoras. La duda es cuánto se van a acercar a la mitad. Los votantes que los apoyan no se van a quedar en casa, precisamente, y estarán encantados de que usted lo haga. Castigar al establishment de Bruselas por la vía de permitir que esa gente multiplique el valor de su voto es como pretender fastidiar al casero de mi casa negándome a apagar el incendio de la cocina.
Pero hay un argumento todavía más poderoso. Si usted quiere castigar con el látigo de su indiferencia a sus élites locales, esta elección no es precisamente la más adecuada para hacerlo. Porque sus élites locales, que nunca se dan por aludidas aunque el látigo caiga directamente sobre sus espaldas, van a decir además que lo que resulta deslegitimado es el proyecto europeo o el Parlamento europeo, no sus particulares chiringuitos políticos, que es lo que realmente les importa. En toda Europa la duda es si los votantes van a llegar al 40%, y si no llegan en España el titular en Alemania o en el Reino Unido será que hasta los españoles están desencantados con el proyecto europeo, y no que los españoles están hasta los pelos de su régimen partitocrático. No olvidemos tampoco que esta elección, con circunscripción única y sistema relativamente proporcional, nos ofrece una magnífica oportunidad para que el voto refleje de manera fiel el verdadero sentir del electorado, en igualdad de condiciones y sin distorsiones de ningún tipo.
En ese sentido, no nos parece casualidad que la Junta Electoral Central española sea la única en Europa que no deja hacer campaña activa a favor del voto.  Una vez más, somos el asombro de Europa. La razón, una curiosa interpretación jurídica que según algún Vocal de la propia Junta no se sostiene técnicamente. Ya pero ¿quid prodest? Desde luego, no a los nuevos partidos. Efectivamente, entre el anuncio danés incitando a votar de forma un tanto violenta (ver video aquí) que ha tenido que ser retirado y el patético anuncio emitido por el Ministerio del Interior en RNE “Si quieres, puedes participar en las elecciones europeas” hay bastante margen.¿ Que quiere decir “si quieres”?¿Que no hace mucha falta?
Por cierto, para los curiosos lectores unos apuntes sobre la composición de la Junta Electoral Central.   las Juntas electorales provinciales y las Juntas electorales de zona, todas ellas órganos regulados en la LO 5/1985 de 19 de junio de régimen electoral general  l con las importantísimas funciones de velar por la limpieza de los procesos electorales en España. Por ejemplo, UPYD ha presentado una reclamación por la aparición de papeletas con su logo defectuoso, porque o bien podrían inducir a confusión a los votantes o bien podrían ser anuladas si son utilizadas.
Pues bien, la más importante que es la Junta Electoral Central es un órgano permanente y está compuesta por:
A)      Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial.
B)       Cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Consejo de los Diputados.
El caso es que además las designaciones a que se refiere el número anterior deben realizarse en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y si no es así, la Mesa del Congreso de los Diputados, oídos los grupos políticos presentes en la Cámara, procede a su designación, en consideración a la representación existente en la misma.
 Los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente de la Junta en la sesión constitutiva que se celebrará a convocatoria del Secretario.
Por cierto, que la actual composición de la Junta, según su web, es la siguiente:
Presidente
Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez
Vicepresidente
Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta
Vocales Magistrados del Tribunal Supremo
Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello
Excmo. Sr. D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva
Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona
Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Excma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga
Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández
Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología

Excmo. Sr. D. Pedro José González-Trevijano Sánchez (hasta 12/06/2013)
Excmo. Sr. D. Pablo Santolaya Machetti
Excmo. Sr. D. Joan Manuel Trayter Jiménez
Excma. Sra. D.ª Paloma Biglino Campos
Excmo. Sr. D. Alfonso de Esteban Alonso
Secretario

Excmo. Sr. D. Carlos Gutiérrez Vicén (desde 05/03/2014)
En fin, que en opinión de los editores de este blog, sobran los motivos para ir a votar el domingo. Aunque no sea ésta la opinión de alguno de los  colaboradores de este blog, como verán a continuación, por lo que el debate está servido.