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Flash Derecho: Presentación del estudio sobre Diputaciones Provinciales

Este martes 17 de mayo, a las 19:30 horas, la Fundación ¿Hay Derecho? presentó el cuarto de una serie de estudios sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. El acto de presentación tuvo lugar en la Fundación Diario Madrid (c/ Larra, 14) con la colaboración de Ahora Semanal y de su director, Ramón González Férriz, que moderó el posterior debate.

El análisis lleva por título “Coste y utilidad de las Diputaciones Provinciales: claves para un debate necesario”, y su exposición corrió a cargo de los autores del informe, Rafael Rivera y Jaime Castellano.

Rafael Rivera comenzó aclarando que el objetivo del estudio es “aportar datos y racionalidad” al debate sobre diputaciones, puesto que hoy continúa siendo “pobre e ideologizado”. Rivera explicó que existen dos tipos de competencias en las diputaciones (propias e impropias) e insistió en que su pretensión no es dar argumentos a favor o en contra de su mantenimiento sino probar si las políticas públicas que llevan a cabo son racionales y eficientes. El informe señala también la procedencia de sus ingresos: la mayoría de Diputaciones reciben financiación del Estado, algunas de CCAA y la de Jaén, por ejemplo, la reciben incluso de sus ayuntamientos.

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Por su parte, Jaime Castellano explicó que las diputaciones “no están solas” porque de ellas dependen muchos organismos y contó algunos casos ilustrativos de su mal funcionamiento. El estudio demuestra que las políticas de las diputaciones son enormemente dispares, hay falta de coordinación con otras administraciones y sus mecanismos de ejecución son heterogéneos.

El periodista de investigación Carlos Larroy, invitado a participar en la presentación del informe, abordó las cuestiones que había resumido en su artículo publicado en Ahora Semanal, relacionadas con el modo indirecto de elección de los diputaciones provinciales y el uso clientelar que se ha hecho de estas históricas instituciones.

El diputado Toni Roldán, de Ciudadanos, recordó que el partido al que representa incluye en su programa la propuesta de supresión de las diputaciones y lamentó que durante el boom económico en España se produjese una “burbuja política” y los partidos colonizasen sistemáticamente las instituciones. “La pregunta que debemos hacernos es cómo prestar los servicios a la ciudadanía de manera más eficiente y con calidad”, concluyó.

El informe completo elaborado por la Fundación se puede consultar aquí.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? agradecemos a los asistentes y a diversos medios de comunicación, entre ellos los que a continuación citamos, el gran interés mostrado por nuestro trabajo.

EL PAÍS

Eliminar las diputaciones provinciales ahorraría 600 millones de euros de inmediato.

EL MUNDO

El entramado que se esconde tras las Diputaciones: 116 entes, 282 consorcios y 6.358 millones de gasto.

EL ESPAÑOL

¿Por qué hay que eliminar las diputaciones?

ABC

La eliminación de diputaciones supondría un ahorro de 1.200 millones para el Estado.

EXPANSIÓN

Suprimir las diputaciones supondría un ahorro inmediato de 600 millones de euros para el Estado.

MUNDIARIO

Cerrar las diputaciones provinciales ahorraría de inmediato 600 millones de euros.

QUÉ!

Así gastan el dinero las Diputaciones Provinciales.

DIARIO CRÍTICO

Las polémicas diputaciones, a golpe de calculadora: las cifras.

LA OPINIÓN DE CORUÑA

La supresión de las diputaciones ahorraría 1.200 millones, casi 600 de forma inmediata.

LA VOZ DE GALICIA

Diputaciones: caras, ineficientes y opacas

FARO DE VIGO

La supresión de las diputaciones ahorraría 1.200 millones de euros, según un estudio.

LEVANTE

Un estudio recoge que suprimir la Diputación de Castellón supondría ahorrar 5,9 millones de euros.

LA TRIBUNA DE TOLEDO

Suprimir las diputaciones podría ahorrar 162 millones en la región.

EL MIRÓN DE SORIA

La supresión de las diputaciones de Castilla y León supondría un ahorro de 162 millones anuales.

HERALDO DE SORIA

Eliminar las diputaciones ahorraría 6,44 millones en Soria.

LA OPINIÓN DE ZAMORA

La supresión de la Diputación permitiría un ahorro de casi 70 millones a largo plazo.

TRIBUNA SALAMANCA

Suprimir la Diputación de Salamanca ahorraría 31 millones de euros.

DIARIO PALENTINO

El ahorro por la supresión de las diputaciones superaría los 270 millones a medio plazo.

NUEVA EXTREMADURA

Un informe señala que suprimir las dos diputaciones ahorraría 42,5 millones de euros.

CANAL EXTREMADURA

Entrevista radiofónica a Carlota Tarín (min. 13).

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Presentación del informe de sueldos públicos


El pasado martes 26 de enero tuvo lugar el acto de presentación del último informe elaborado por la Fundación ¿Hay Derecho?, titulado Análisis de los sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración General del Estado y las empresas y entes del sector público estatal: situación actual y propuestas de mejora en transparencia y coherencia. El acto se celebró en la Escuela de Técnica Jurídica a la que agradecemos su colaboración desinteresada.

El objeto principal del estudio es el análisis riguroso de la retribución que perciben los máximos dirigentes de la Administración del Estado, diferenciando entre cargos electos y no electos. Además, pretende contribuir a la reflexión y al debate sobre estas remuneraciones y aportar propuestas concretas de mejora.

Para su presentación contamos con la participación de John Müller (columnista y adjunto al director de El Español), Inés Calderón (editora de Sueldos Públicos), Jaime Castellano (responsable del estudio)  y César Molinas (patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?).

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Müller arrancó su intervención con una dura crítica: “El Estado español presenta una gran resistencia, como el gato al agua caliente, a ser evaluado”. El periodista, autor de una detallada crónica sobre el evento publicado en El Español, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia de nuestro sistema con medidas como la publicación de los sueldos de los funcionarios públicos, implantada con éxito en países europeos de nuestro entorno, y acabar con la “opacidad”.

Calderón, por su parte, admitió que cuando la iniciativa de Sueldos Públicos vio la luz hace cinco años se enfrentaron a dificultades mucho mayores que las actuales. “Conseguir la información era muy difícil y los avances en los últimos años han sido enormes: instituciones que tradicionalmente funcionaron de manera opaca han mejorado”, asegura. Aun así, Inés Calderón reconoció que hay un gran margen de mejora y lamentó que muchos datos se encuentren desactualizados y la burocracia exija demasiados esfuerzos para conocer nuevos datos: “A los ciudadanos les interesa saber cuánto cobran las personas que les representan”.

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Cesar Molinas concluyó señalando que de los datos aportados por el estudio lo que resulta es la manifiesta arbitrariedad e incoherencia del sistema, y también su relativa opacidad aunque las cosas van mejorando poco a poco.

Castellano, autor del estudio que desde el martes puede consultarse completo en nuestra web, abrió su intervención con un pequeño juego que evidenciaba la incoherencia de algunos sueldos públicos en nuestro país. Para ello pidió a los asistentes que tratasen de adivinar a cuál de los siguientes cargos (columna de la derecha) correspondía cada una de las retribuciones (columna de la izquierda). Descubrimos así que la retribución más baja (68.981,88€) es la percibida por la Ministra de Empleo, mientras la más elevada (210.000,00€) es percibida por el presidente de ENUSA.
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Reconocerán que no era fácil adivinarlo….dada la absoluta falta de coherencia del sistema.

Otra pregunta que se hizo a los asistentes por el responsable del estudio es la siguiente: ¿Cobra mucho el presidente del Gobierno de España?

Hay varias formas de contestar a esta pregunta desde una perspectiva comparada. Estas son algunas de las que propone el estudio:
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En todo caso, es conveniente hablar más bien del “paquete retributivo”  que incluye conceptos (como vacaciones pagadas, por ejemplo, en el caso español) que no suelen aparecer al hacer estas comparativas.

También es de resaltar que con respecto a complementos variables o retribuciones en especie no hay mucha transparencia. Por ejemplo,  respecto a los salarios de los diputados y senadores, hay que tener en cuenta varias cantidades:

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Es decir, la diferencia de retribuciones entre los propios diputados es enorme, lo que complica mucho la comparativa internacional. No es lo mismo ser el Presidente del Congreso que un diputado raso.

Por último, respecto a otros salarios del sector público estatal se aprecian también interesantes incoherencias, como que los segundos y terceros niveles del jMinisterio (secretarios de Estado y subsecretarios) ganen bastante más que su jefe, es decir, el Ministro:

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En conclusión, el sistema es un caos, arbitrario, incoherente y opaco. De ahí que para abordar la reforma de los sueldos públicos  lo esencial sería dotar de coherencia, racionalidad y transparencia al sistema. A lo mejor resulta que sin gastar ni un euro más en total podemos tener un sistema retributivo mucho más razonable.

 

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Análisis de sueldos públicos

El objeto principal del estudio Análisis de los sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración General del Estado y las empresas y entes del sector público estatal: situación actual y propuestas de mejora en transparencia y coherencia es realizar un análisis riguroso de la retribución que perciben los máximos dirigentes del Estado, diferenciando entre cargos electos y no electos.

El debate público que hemos tenido hasta ahora sobre los sueldos de los políticos y máximos responsables de la Administración Central (extrapolable a autonomías y entes locales) está muy polarizado: desde los que reclaman una mejor retribución a los altos cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales, a los que opinan que los altos cargos reciben un sueldo demasiado elevado, teniendo en cuenta especialmente el contexto de corrupción generalizada en el que se encuentra España en los últimos tiempos.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? hemos elaborado este informe con el ánimo de contribuir a la reflexión sobre las remuneraciones que están percibiendo los máximos responsables del sector público estatal y contribuir además con nuestras propuestas de mejora. Entendemos que una revisión del esquema salarial actual no debe plantearse de forma aislada, sino que debe abordarse dentro de un amplio conjunto de medidas: mejora de la democracia interna de los partidos políticos, profesionalización de los puestos directivos de todos los entes públicos, incluyendo procesos transparentes que acrediten el mérito y la capacidad para su nombramiento, etc.

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Estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?: Corrupción institucional y controles administrativos preventivos

Un amigo de la Fundación ¿Hay Derecho?, con la que tengo que el placer y el honor de colaborar, nos instó hace unos meses a estudiar la corrupción en los distintos niveles de la Administración española, “porque está claro que nuestro sistema de autonomías y el nivel local es donde se da la corrupción, y hay que decirlo claramente”. Aunque probablemente estas no fueron sus palabras exactas, sí que era claramente su hipótesis de partida. El tema de la corrupción es uno de los temas que más preocupa a la Fundación, por lo que nos propusimos intentar analizar dónde es realmente mayor la corrupción política en España. Nuestro objetivo, además de conocer en qué Administración territorial es más frecuente, era intentar caracterizarla, investigando su origen con la idea de que las medidas para combatirla deben de estar diseñadas para atajar la raíz del problema.

Comenzamos por buscar las fuentes de información. Las de tipo teórico y cualitativo son abundantes y de calidad, gracias especialmente a académicos del mundo del Derecho y de la Ciencia Política[1] y a informes de organismos y organizaciones internacionales como la Comisión Europea[2] o Transparencia Internacional. Los expertos afirman que en España la corrupción no está generalizada en la Administración, que no es “sistémica”, ya que es raro que los ciudadanos tengan que pagar sobornos para acceder a los servicios públicos (a policías, por ejemplo). A nuestra corrupción la denominan “política” porque se suele relacionar con la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales y con la gestión del gasto público en gobiernos locales y autonómicos. Nosotros compartimos esta idea, pero hemos preferido denominar a esta corrupción como “institucional” porque para existir es preciso que los cargos de designación política puedan saltarse una serie de controles que son parte de un procedimiento administrativo y que están a cargo de empleados públicos. Por lo tanto esta corrupción afecta a toda la institución y no sólo al cargo público.

En segundo lugar buscamos fuentes de información cuantitativa. Ya que nos parecía tan claro a todos “a priori” que la corrupción es mayor a nivel local y regional (por ese orden) buscamos los datos objetivos que permitieran demostrarlo. Para nuestra sorpresa, no hay ninguno. No existe en España en este momento ninguna fuente de información que permita caracterizar o cuantificar de forma rigurosa la corrupción administrativa, política o institucional en nuestro país. Esta falta de datos muestra, a nuestro juicio, una clara falta de voluntad política de luchar de forma eficaz y decidida contra la corrupción, ya que existen ejemplos de que cuando se quiere medir y analizar un fenómeno preocupante en profundidad se hace, como por ejemplo con la violencia de género. Se puede ver un ejemplo de ello aquí.

Por tanto hay que asumir que hoy por hoy en España hablamos de corrupción casi por intuición o, más rigurosamente, por percepción, que es de lo único de lo que tenemos datos[3]. Suponemos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la creación de esta percepción, pero no nos parecía serio “tirar de hemeroteca”. Esta situación nos llevó a pensar que partíamos de ideas preconcebidas que podían no ser del todo ciertas, así que decidimos aportar nuestro granito de arena a este desierto de datos que existe en España y elaborar los nuestros.

Lo que se nos ocurrió fue analizar una serie de sentencias. En total 330, dictadas entre los años 2011 y 2014 por órganos judiciales colegiados por delitos de malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Elegimos estos delitos porque revelan de forma inequívoca la presencia de corrupción política o institucional. Calculamos que esta muestra supone en torno a un 40% de las sentencias totales dictadas en esos años por estos delitos, aunque no lo podemos confirmar porque no existen datos fiables sobre el número total de sentencias antes del año 2013. Aunque se trata de una muestra muy significativa y desde luego estadísticamente más que relevante, esta metodología tiene un gran problema, y es que limita el estudio a la corrupción punible penalmente que es, evidentemente, solo una parte muy pequeña del gran fenómeno de la corrupción. Pero no teníamos otro remedio.

Creemos que la falta de datos objetivos y rigurosos es lo que permite que nuestros políticos nieguen la extensión y profundidad del fenómeno y puedan hablar de “manzanas podridas”, claro, ¿quién puede rebatirles? Bueno, desde hace unas semanas, en cierta medida, nosotros ( y ustedes).

Los resultados del estudio

La primera conclusión, pero esta ya la sabían, es que la corrupción sólo nos preocupa en época de crisis económica. Pero vayamos a los resultados más novedosos de nuestra investigación.

De los delitos analizados los más comunes son la prevaricación y la malversación de caudales públicos, 7 de cada diez sentencias analizadas eran por estos delitos. El tráfico de influencias es prácticamente anecdótico, en número de sentencias (3%) y aún más en el de condenas (1%). Es razonable pensar que este es un delito mucho más extendido de lo que muestran las sentencias judiciales, pero parece muy difícil de probar.

Los resultados de nuestro análisis confirman, en parte, las hipótesis de partida. Efectivamente la Administración local es el principal foco de corrupción punible, sin embargo, contrariamente a lo que pensábamos, el nivel autonómico es donde menos condenas se han producido en los años y por los delitos analizados, si bien es cierto que existe bastante heterogeneidad entre las distintas CC.AA. Así, por ejemplo, el 27,7% de las condenas analizadas fueron en Andalucía, el 12,4% en Baleares y, en tercer lugar, el 10% en Cataluña.

Casi una de cada tres condenas se da en el ámbito de la contratación pública, la principal fuente de corrupción. Lo que hemos llamado “casos puntuales”, son el segundo ámbito donde más se da la corrupción. Ahí se incluyen los casos aislados en los que un funcionario o una autoridad pública comete puntualmente un delito (en beneficio propio o de un tercero) y que suelen consistir en sobornos o desvío de dinero (mal uso de una tarjeta de crédito, quedarse con dinero de la caja, etc.). Estos vendrían a ser las famosas “manzanas podridas”. El urbanismo aparece en tercer lugar,

DESPUÉS DE URBANISMO

La corrupción se da, por tanto, mayoritariamente en ámbitos dónde existe un procedimiento administrativo y una serie de controles preventivos, que deben desactivarse para poder delinquir. Esto implicará (por activa o por pasiva) la participación de más de una persona y, normalmente, la comisión de más de un delito. Y es que estos delitos suelen ir acompañados de otros como la falsedad documental, el fraude contra la Administración Pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios y hasta blanqueo de capitales y el fraude fiscal – delito este último, por cierto, que en ciertas tramas es el primero en ser detectado y permite “tirar de la manta”-. En resumen, estos delitos afectan a la institución en general.

Condenas por ámbito de actuación y nivel de la Administración (%)

CONDENAS POR ÁMBITO

Si la Ley aplicable en materia de contratación pública, por ejemplo, es la misma, ¿qué es lo que diferencia a los tres niveles de la Administración? Pues en nuestra opinión lo que diferencia estos niveles es cómo se aplican los controles que la Ley establece. Les animo a leer las reflexiones que realizamos en el estudio a este respecto, y a hacernos llegar las suyas propias, por supuesto. Pueden consultar el estudio íntegro aquí.

No quisiera alargarme mucho más y quitarle toda la emoción a la lectura completa del estudio, pero les dejo una última gráfica que invita a la reflexión. Muestra la evolución del número de condenados por los delitos que hemos seleccionado por sentencia firme tal y como los recoge el INE entre los años 2007 y 2013 (todos los disponibles), y que es posible que diga más de nuestro sistema judicial que de la corrupción en sí.

Condenados por sentencia firma por delitos de corrupción seleccionados (2007-2013)

CONDENADOS

Fuente: INE

Como verán resultan muy curiosos los descensos en el número de condenas de los años 2008 y 2011. Será muy interesante ver si, casualmente, las del año 2015 siguen esta misma tendencia.

Aprovecho para decir que buscamos apoyo, económico pero también voluntarios para realizar estudios como este, por lo que les animamos a conocernos en www.fundacionhayderecho.com.

 

[1] Manuel Villoria, Fernando Jiménez, Alejandro Nieto, entre otros.

[2] COM(2014) 38. Comisión Europea: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la UE.

[3] Existen dos fuentes de datos sobre percepción de la corrupción en España muy importantes y sólidas, la primera es el CIS y la segunda el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.