Diseño de políticas públicas, ¿una asignatura pendiente?

El lunes 18 de abril tuvo lugar, en la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid, la mesa redonda ‘Diseño de políticas públicas, ¿una asignatura pendiente?’.

Organizado por la Fundación ¿Hay Derecho?, el acto estuvo moderado por Ramón González Ferriz, director de Ahora Semanal, y contó con la participación de profesionales expertos en esta materia.

Rafael Rivera (socio de la consultora Iclaves) abrió el turno de intervenciones con ‘El inexistente análisis de políticas públicas en España’, subrayando la diferencia entre hablar “de política” y hacerlo “de políticas” y lamentando que en España sea tan escaso el interés por debatir sobre políticas públicas concretas. Rivera dio algunas pinceladas sobre el necesario análisis de políticas públicas y explicó que en nuestro país se pretende cambiar las cosas con grandes leyes y reformas ideológicas en lugar de abordar poco a poco las problemáticas y poner el acento en que las políticas funcionen.

HD2

Miguel A. Fernández Ordóñez (autor de Economistas, políticos y otros animales), en su ponencia El papel del Parlamento en la elaboración de las políticas públicas’, desmintió que en España no existan expertos sobre políticas públicas y se quejó del fracaso en la planificación de infraestructuras o la regulación de monopolios. “¿Por qué, si sabemos lo que hay que hacer, no se hace?”, se preguntó. Fernández Ordóñez insistió en la necesidad de dedicar tiempo a la formación de los electores y concedió un papel fundamental a los medios en el acercamiento de las políticas públicas a la ciudadanía: “En televisión hay tertulianos expertos en generalidades, pero no se habla de políticas públicas”.

La presidenta de AEVAL, Ana Mª Ruiz, intervino para contar El papel de la AEVAL en la evaluación ex-ante como herramienta para el diseño de políticas públicas’. Ruiz habló de la implantación como fase crítica de las políticas públicas y destacó la importancia de las evaluaciones: “No sabemos asumir de forma natural que una evaluación siempre arroja resultados grises”.

Por último Octavio Medina (economista y editor de Politikon), en su ponencia Integrando la evaluación en el proceso de diseño de políticas: experiencias recientes’utilizó la experiencia de EEUU y de la administración de Obama para profundizar en cómo se desarrolla una correcta evaluación de políticas públicas y poner algunos ejemplos prácticos: “El incrementalismo suele funcionar bastante mejor que tratar de cambiar el sistema en diez segundos”.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? agradecemos a la mesa el interesante contenido de sus ponencias y a los asistentes su participación activa en este evento, que se pudo seguir en Twitter con el hashtag #PolíticasHD.

Diseño de políticas públicas, ¿una asignatura pendiente?

El lunes 18 de abril tuvo lugar, en la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid, la mesa redonda ‘Diseño de políticas públicas, ¿una asignatura pendiente?’.

Organizado por la Fundación ¿Hay Derecho?, el acto estuvo moderado por Ramón González Ferriz, director de Ahora Semanal, y contó con la participación de profesionales expertos en esta materia.

Rafael Rivera (socio de la consultora Iclaves) abrió el turno de intervenciones con ‘El inexistente análisis de políticas públicas en España’, subrayando la diferencia entre hablar “de política” y hacerlo “de políticas” y lamentando que en España sea tan escaso el interés por debatir sobre políticas públicas concretas. Rivera dio algunas pinceladas sobre el necesario análisis de políticas públicas y explicó que en nuestro país se pretende cambiar las cosas con grandes leyes y reformas ideológicas en lugar de abordar poco a poco las problemáticas y poner el acento en que las políticas funcionen.

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Miguel A. Fernández Ordóñez (autor de Economistas, políticos y otros animales), en su ponencia El papel del Parlamento en la elaboración de las políticas públicas’, desmintió que en España no existan expertos sobre políticas públicas y se quejó del fracaso en la planificación de infraestructuras o la regulación de monopolios. “¿Por qué, si sabemos lo que hay que hacer, no se hace?”, se preguntó. Fernández Ordóñez insistió en la necesidad de dedicar tiempo a la formación de los electores y concedió un papel fundamental a los medios en el acercamiento de las políticas públicas a la ciudadanía: “En televisión hay tertulianos expertos en generalidades, pero no se habla de políticas públicas”.

La presidenta de AEVAL, Ana Mª Ruiz, intervino para contar El papel de la AEVAL en la evaluación ex-ante como herramienta para el diseño de políticas públicas’. Ruiz habló de la implantación como fase crítica de las políticas públicas y destacó la importancia de las evaluaciones: “No sabemos asumir de forma natural que una evaluación siempre arroja resultados grises”.

Por último Octavio Medina (economista y editor de Politikon), en su ponencia Integrando la evaluación en el proceso de diseño de políticas: experiencias recientes’utilizó la experiencia de EEUU y de la administración de Obama para profundizar en cómo se desarrolla una correcta evaluación de políticas públicas y poner algunos ejemplos prácticos: “El incrementalismo suele funcionar bastante mejor que tratar de cambiar el sistema en diez segundos”.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? agradecemos a la mesa el interesante contenido de sus ponencias y a los asistentes su participación activa en este evento, que se pudo seguir en Twitter con el hashtag #PolíticasHD.

Flash Derecho: Nuestra voz llega al Congreso, que creará una Comisión para luchar contra la corrupción

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos a favor de todos los partidos salvo el PNV, la creación de una Comisión Permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

La iniciativa ha salido adelante como reacción a una intensa campaña impulsada por Fundación ¿Hay Derecho?, +Democracia y Transparencia Internacional, que elaboramos un documento de propuestas de regeneración democrática. El documento fue presentado ante los medios y entregado personalmente a los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios el pasado 11 de febrero. Además, nos reunimos con diferentes fuerzas políticas con el objetivo de que tomaran en consideración nuestras sugerencias y priorizaran las políticas de regeneración democrática tanto en las negociaciones de investidura como a lo largo de la próxima legislatura. Finalmente fueron PSOE, Podemos, Compromís y UP-IU quienes recogieron el guante y registraron la propuesta aprobada.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? nos sumamos al agradecimiento trasladado por +Democracia al Congreso de los Diputados y especialmente a los grupos de PSOE, Podemos, Compromís y UP-IU por su defensa de esta iniciativa.

Flash Derecho: Nuestra voz llega al Congreso, que creará una Comisión para luchar contra la corrupción

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos a favor de todos los partidos salvo el PNV, la creación de una Comisión Permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

La iniciativa ha salido adelante como reacción a una intensa campaña impulsada por Fundación ¿Hay Derecho?, +Democracia y Transparencia Internacional, que elaboramos un documento de propuestas de regeneración democrática. El documento fue presentado ante los medios y entregado personalmente a los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios el pasado 11 de febrero. Además, nos reunimos con diferentes fuerzas políticas con el objetivo de que tomaran en consideración nuestras sugerencias y priorizaran las políticas de regeneración democrática tanto en las negociaciones de investidura como a lo largo de la próxima legislatura. Finalmente fueron PSOE, Podemos, Compromís y UP-IU quienes recogieron el guante y registraron la propuesta aprobada.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? nos sumamos al agradecimiento trasladado por +Democracia al Congreso de los Diputados y especialmente a los grupos de PSOE, Podemos, Compromís y UP-IU por su defensa de esta iniciativa.

Flash Derecho: Seminario sobre Capitalismo clientelar de la Fundación ¿Hay Derecho?

La FUndación Rafael del Pino y la Fundación ¿Hay derecho? celebran la jornada "El capitalismo español: ¿competitivo o clientelar?". En Madrid el 7 de octubre de 2015. José María Martín Quemada, Jesús Fdez. Villaverde, Álvaro Anchuelo, César Molinas. DS

El pasado miércoles día 8 se celebró en la Fundación Rafael del Pino, a la que agradecemos su participación, el seminario “Capitalismo español: del capitalismo clientelar al capitalismo competitivo”, cuyo anuncio y programa se colgaron aquí. Creemos que la jornada resultó enormemente interesante y pensamos que puede ser fructífera porque pone sobre el tapete una cuestión de la que todo el mundo es consciente, pero sobre la que no se ha hecho un trabajo de  diagnóstico y sistematización.

En la primera mesa –más económica- se pretendía tratar hasta qué punto las leyes económicas del mercado, de cuyo correcto funcionamiento depende considerablemente el progreso de los países está condicionado por las leyes jurídicas del Estado (la que podríamos llamar captura del regulador o la politización de las agencias controladoras, influencia de los lobbies), o por las relaciones de los actores económicos con los actores políticos (incluyamos corrupción, tráfico de influencias, amiguismo y nepotismo, revolving door), o por las relaciones de los actores económicos entre sí (acuerdos anticompetitivos) o incluso dentro de los propios actores económicos (incentivos inadecuados de los ejecutivos).

En la segunda mesa -más centrada en lo jurídico- se intentó determinar la relación entre regulación y la clientelización del capitalismo, tratándose temas como el proceso de la creación legislativa, la captura del regulador, el exceso de normas, la relación entre el soft law y el hard law y la posible influencia de la proliferación de aquél en el incumplimiento normativo.

El formato flexible de preguntas a cada interviniente con apostillas de los demás permitió un interesante y dinámico intercambio de opiniones. La sala estuvo llena y con participantes de muy distintas tipologías. Creemos que fue un éxito y probablemente anuncia nuevos actos de desarrollo de esta idea.

Les tendremos informados. De momento, para ir abriendo boca, aquí tienen un resumen del acto:

 

 

Flash Derecho: Seminario sobre Capitalismo clientelar de la Fundación ¿Hay Derecho?

La FUndación Rafael del Pino y la Fundación ¿Hay derecho? celebran la jornada "El capitalismo español: ¿competitivo o clientelar?". En Madrid el 7 de octubre de 2015. José María Martín Quemada, Jesús Fdez. Villaverde, Álvaro Anchuelo, César Molinas. DS

El pasado miércoles día 8 se celebró en la Fundación Rafael del Pino, a la que agradecemos su participación, el seminario “Capitalismo español: del capitalismo clientelar al capitalismo competitivo”, cuyo anuncio y programa se colgaron aquí. Creemos que la jornada resultó enormemente interesante y pensamos que puede ser fructífera porque pone sobre el tapete una cuestión de la que todo el mundo es consciente, pero sobre la que no se ha hecho un trabajo de  diagnóstico y sistematización.

En la primera mesa –más económica- se pretendía tratar hasta qué punto las leyes económicas del mercado, de cuyo correcto funcionamiento depende considerablemente el progreso de los países está condicionado por las leyes jurídicas del Estado (la que podríamos llamar captura del regulador o la politización de las agencias controladoras, influencia de los lobbies), o por las relaciones de los actores económicos con los actores políticos (incluyamos corrupción, tráfico de influencias, amiguismo y nepotismo, revolving door), o por las relaciones de los actores económicos entre sí (acuerdos anticompetitivos) o incluso dentro de los propios actores económicos (incentivos inadecuados de los ejecutivos).

En la segunda mesa -más centrada en lo jurídico- se intentó determinar la relación entre regulación y la clientelización del capitalismo, tratándose temas como el proceso de la creación legislativa, la captura del regulador, el exceso de normas, la relación entre el soft law y el hard law y la posible influencia de la proliferación de aquél en el incumplimiento normativo.

El formato flexible de preguntas a cada interviniente con apostillas de los demás permitió un interesante y dinámico intercambio de opiniones. La sala estuvo llena y con participantes de muy distintas tipologías. Creemos que fue un éxito y probablemente anuncia nuevos actos de desarrollo de esta idea.

Les tendremos informados. De momento, para ir abriendo boca, aquí tienen un resumen del acto:

 

 

Estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?: Corrupción institucional y controles administrativos preventivos

Un amigo de la Fundación ¿Hay Derecho?, con la que tengo que el placer y el honor de colaborar, nos instó hace unos meses a estudiar la corrupción en los distintos niveles de la Administración española, “porque está claro que nuestro sistema de autonomías y el nivel local es donde se da la corrupción, y hay que decirlo claramente”. Aunque probablemente estas no fueron sus palabras exactas, sí que era claramente su hipótesis de partida. El tema de la corrupción es uno de los temas que más preocupa a la Fundación, por lo que nos propusimos intentar analizar dónde es realmente mayor la corrupción política en España. Nuestro objetivo, además de conocer en qué Administración territorial es más frecuente, era intentar caracterizarla, investigando su origen con la idea de que las medidas para combatirla deben de estar diseñadas para atajar la raíz del problema.

Comenzamos por buscar las fuentes de información. Las de tipo teórico y cualitativo son abundantes y de calidad, gracias especialmente a académicos del mundo del Derecho y de la Ciencia Política[1] y a informes de organismos y organizaciones internacionales como la Comisión Europea[2] o Transparencia Internacional. Los expertos afirman que en España la corrupción no está generalizada en la Administración, que no es “sistémica”, ya que es raro que los ciudadanos tengan que pagar sobornos para acceder a los servicios públicos (a policías, por ejemplo). A nuestra corrupción la denominan “política” porque se suele relacionar con la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales y con la gestión del gasto público en gobiernos locales y autonómicos. Nosotros compartimos esta idea, pero hemos preferido denominar a esta corrupción como “institucional” porque para existir es preciso que los cargos de designación política puedan saltarse una serie de controles que son parte de un procedimiento administrativo y que están a cargo de empleados públicos. Por lo tanto esta corrupción afecta a toda la institución y no sólo al cargo público.

En segundo lugar buscamos fuentes de información cuantitativa. Ya que nos parecía tan claro a todos “a priori” que la corrupción es mayor a nivel local y regional (por ese orden) buscamos los datos objetivos que permitieran demostrarlo. Para nuestra sorpresa, no hay ninguno. No existe en España en este momento ninguna fuente de información que permita caracterizar o cuantificar de forma rigurosa la corrupción administrativa, política o institucional en nuestro país. Esta falta de datos muestra, a nuestro juicio, una clara falta de voluntad política de luchar de forma eficaz y decidida contra la corrupción, ya que existen ejemplos de que cuando se quiere medir y analizar un fenómeno preocupante en profundidad se hace, como por ejemplo con la violencia de género. Se puede ver un ejemplo de ello aquí.

Por tanto hay que asumir que hoy por hoy en España hablamos de corrupción casi por intuición o, más rigurosamente, por percepción, que es de lo único de lo que tenemos datos[3]. Suponemos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la creación de esta percepción, pero no nos parecía serio “tirar de hemeroteca”. Esta situación nos llevó a pensar que partíamos de ideas preconcebidas que podían no ser del todo ciertas, así que decidimos aportar nuestro granito de arena a este desierto de datos que existe en España y elaborar los nuestros.

Lo que se nos ocurrió fue analizar una serie de sentencias. En total 330, dictadas entre los años 2011 y 2014 por órganos judiciales colegiados por delitos de malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Elegimos estos delitos porque revelan de forma inequívoca la presencia de corrupción política o institucional. Calculamos que esta muestra supone en torno a un 40% de las sentencias totales dictadas en esos años por estos delitos, aunque no lo podemos confirmar porque no existen datos fiables sobre el número total de sentencias antes del año 2013. Aunque se trata de una muestra muy significativa y desde luego estadísticamente más que relevante, esta metodología tiene un gran problema, y es que limita el estudio a la corrupción punible penalmente que es, evidentemente, solo una parte muy pequeña del gran fenómeno de la corrupción. Pero no teníamos otro remedio.

Creemos que la falta de datos objetivos y rigurosos es lo que permite que nuestros políticos nieguen la extensión y profundidad del fenómeno y puedan hablar de “manzanas podridas”, claro, ¿quién puede rebatirles? Bueno, desde hace unas semanas, en cierta medida, nosotros ( y ustedes).

Los resultados del estudio

La primera conclusión, pero esta ya la sabían, es que la corrupción sólo nos preocupa en época de crisis económica. Pero vayamos a los resultados más novedosos de nuestra investigación.

De los delitos analizados los más comunes son la prevaricación y la malversación de caudales públicos, 7 de cada diez sentencias analizadas eran por estos delitos. El tráfico de influencias es prácticamente anecdótico, en número de sentencias (3%) y aún más en el de condenas (1%). Es razonable pensar que este es un delito mucho más extendido de lo que muestran las sentencias judiciales, pero parece muy difícil de probar.

Los resultados de nuestro análisis confirman, en parte, las hipótesis de partida. Efectivamente la Administración local es el principal foco de corrupción punible, sin embargo, contrariamente a lo que pensábamos, el nivel autonómico es donde menos condenas se han producido en los años y por los delitos analizados, si bien es cierto que existe bastante heterogeneidad entre las distintas CC.AA. Así, por ejemplo, el 27,7% de las condenas analizadas fueron en Andalucía, el 12,4% en Baleares y, en tercer lugar, el 10% en Cataluña.

Casi una de cada tres condenas se da en el ámbito de la contratación pública, la principal fuente de corrupción. Lo que hemos llamado “casos puntuales”, son el segundo ámbito donde más se da la corrupción. Ahí se incluyen los casos aislados en los que un funcionario o una autoridad pública comete puntualmente un delito (en beneficio propio o de un tercero) y que suelen consistir en sobornos o desvío de dinero (mal uso de una tarjeta de crédito, quedarse con dinero de la caja, etc.). Estos vendrían a ser las famosas “manzanas podridas”. El urbanismo aparece en tercer lugar,

DESPUÉS DE URBANISMO

La corrupción se da, por tanto, mayoritariamente en ámbitos dónde existe un procedimiento administrativo y una serie de controles preventivos, que deben desactivarse para poder delinquir. Esto implicará (por activa o por pasiva) la participación de más de una persona y, normalmente, la comisión de más de un delito. Y es que estos delitos suelen ir acompañados de otros como la falsedad documental, el fraude contra la Administración Pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios y hasta blanqueo de capitales y el fraude fiscal – delito este último, por cierto, que en ciertas tramas es el primero en ser detectado y permite “tirar de la manta”-. En resumen, estos delitos afectan a la institución en general.

Condenas por ámbito de actuación y nivel de la Administración (%)

CONDENAS POR ÁMBITO

Si la Ley aplicable en materia de contratación pública, por ejemplo, es la misma, ¿qué es lo que diferencia a los tres niveles de la Administración? Pues en nuestra opinión lo que diferencia estos niveles es cómo se aplican los controles que la Ley establece. Les animo a leer las reflexiones que realizamos en el estudio a este respecto, y a hacernos llegar las suyas propias, por supuesto. Pueden consultar el estudio íntegro aquí.

No quisiera alargarme mucho más y quitarle toda la emoción a la lectura completa del estudio, pero les dejo una última gráfica que invita a la reflexión. Muestra la evolución del número de condenados por los delitos que hemos seleccionado por sentencia firme tal y como los recoge el INE entre los años 2007 y 2013 (todos los disponibles), y que es posible que diga más de nuestro sistema judicial que de la corrupción en sí.

Condenados por sentencia firma por delitos de corrupción seleccionados (2007-2013)

CONDENADOS

Fuente: INE

Como verán resultan muy curiosos los descensos en el número de condenas de los años 2008 y 2011. Será muy interesante ver si, casualmente, las del año 2015 siguen esta misma tendencia.

Aprovecho para decir que buscamos apoyo, económico pero también voluntarios para realizar estudios como este, por lo que les animamos a conocernos en www.fundacionhayderecho.com.

 

[1] Manuel Villoria, Fernando Jiménez, Alejandro Nieto, entre otros.

[2] COM(2014) 38. Comisión Europea: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la UE.

[3] Existen dos fuentes de datos sobre percepción de la corrupción en España muy importantes y sólidas, la primera es el CIS y la segunda el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?: Corrupción institucional y controles administrativos preventivos

Un amigo de la Fundación ¿Hay Derecho?, con la que tengo que el placer y el honor de colaborar, nos instó hace unos meses a estudiar la corrupción en los distintos niveles de la Administración española, “porque está claro que nuestro sistema de autonomías y el nivel local es donde se da la corrupción, y hay que decirlo claramente”. Aunque probablemente estas no fueron sus palabras exactas, sí que era claramente su hipótesis de partida. El tema de la corrupción es uno de los temas que más preocupa a la Fundación, por lo que nos propusimos intentar analizar dónde es realmente mayor la corrupción política en España. Nuestro objetivo, además de conocer en qué Administración territorial es más frecuente, era intentar caracterizarla, investigando su origen con la idea de que las medidas para combatirla deben de estar diseñadas para atajar la raíz del problema.

Comenzamos por buscar las fuentes de información. Las de tipo teórico y cualitativo son abundantes y de calidad, gracias especialmente a académicos del mundo del Derecho y de la Ciencia Política[1] y a informes de organismos y organizaciones internacionales como la Comisión Europea[2] o Transparencia Internacional. Los expertos afirman que en España la corrupción no está generalizada en la Administración, que no es “sistémica”, ya que es raro que los ciudadanos tengan que pagar sobornos para acceder a los servicios públicos (a policías, por ejemplo). A nuestra corrupción la denominan “política” porque se suele relacionar con la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales y con la gestión del gasto público en gobiernos locales y autonómicos. Nosotros compartimos esta idea, pero hemos preferido denominar a esta corrupción como “institucional” porque para existir es preciso que los cargos de designación política puedan saltarse una serie de controles que son parte de un procedimiento administrativo y que están a cargo de empleados públicos. Por lo tanto esta corrupción afecta a toda la institución y no sólo al cargo público.

En segundo lugar buscamos fuentes de información cuantitativa. Ya que nos parecía tan claro a todos “a priori” que la corrupción es mayor a nivel local y regional (por ese orden) buscamos los datos objetivos que permitieran demostrarlo. Para nuestra sorpresa, no hay ninguno. No existe en España en este momento ninguna fuente de información que permita caracterizar o cuantificar de forma rigurosa la corrupción administrativa, política o institucional en nuestro país. Esta falta de datos muestra, a nuestro juicio, una clara falta de voluntad política de luchar de forma eficaz y decidida contra la corrupción, ya que existen ejemplos de que cuando se quiere medir y analizar un fenómeno preocupante en profundidad se hace, como por ejemplo con la violencia de género. Se puede ver un ejemplo de ello aquí.

Por tanto hay que asumir que hoy por hoy en España hablamos de corrupción casi por intuición o, más rigurosamente, por percepción, que es de lo único de lo que tenemos datos[3]. Suponemos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la creación de esta percepción, pero no nos parecía serio “tirar de hemeroteca”. Esta situación nos llevó a pensar que partíamos de ideas preconcebidas que podían no ser del todo ciertas, así que decidimos aportar nuestro granito de arena a este desierto de datos que existe en España y elaborar los nuestros.

Lo que se nos ocurrió fue analizar una serie de sentencias. En total 330, dictadas entre los años 2011 y 2014 por órganos judiciales colegiados por delitos de malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Elegimos estos delitos porque revelan de forma inequívoca la presencia de corrupción política o institucional. Calculamos que esta muestra supone en torno a un 40% de las sentencias totales dictadas en esos años por estos delitos, aunque no lo podemos confirmar porque no existen datos fiables sobre el número total de sentencias antes del año 2013. Aunque se trata de una muestra muy significativa y desde luego estadísticamente más que relevante, esta metodología tiene un gran problema, y es que limita el estudio a la corrupción punible penalmente que es, evidentemente, solo una parte muy pequeña del gran fenómeno de la corrupción. Pero no teníamos otro remedio.

Creemos que la falta de datos objetivos y rigurosos es lo que permite que nuestros políticos nieguen la extensión y profundidad del fenómeno y puedan hablar de “manzanas podridas”, claro, ¿quién puede rebatirles? Bueno, desde hace unas semanas, en cierta medida, nosotros ( y ustedes).

Los resultados del estudio

La primera conclusión, pero esta ya la sabían, es que la corrupción sólo nos preocupa en época de crisis económica. Pero vayamos a los resultados más novedosos de nuestra investigación.

De los delitos analizados los más comunes son la prevaricación y la malversación de caudales públicos, 7 de cada diez sentencias analizadas eran por estos delitos. El tráfico de influencias es prácticamente anecdótico, en número de sentencias (3%) y aún más en el de condenas (1%). Es razonable pensar que este es un delito mucho más extendido de lo que muestran las sentencias judiciales, pero parece muy difícil de probar.

Los resultados de nuestro análisis confirman, en parte, las hipótesis de partida. Efectivamente la Administración local es el principal foco de corrupción punible, sin embargo, contrariamente a lo que pensábamos, el nivel autonómico es donde menos condenas se han producido en los años y por los delitos analizados, si bien es cierto que existe bastante heterogeneidad entre las distintas CC.AA. Así, por ejemplo, el 27,7% de las condenas analizadas fueron en Andalucía, el 12,4% en Baleares y, en tercer lugar, el 10% en Cataluña.

Casi una de cada tres condenas se da en el ámbito de la contratación pública, la principal fuente de corrupción. Lo que hemos llamado “casos puntuales”, son el segundo ámbito donde más se da la corrupción. Ahí se incluyen los casos aislados en los que un funcionario o una autoridad pública comete puntualmente un delito (en beneficio propio o de un tercero) y que suelen consistir en sobornos o desvío de dinero (mal uso de una tarjeta de crédito, quedarse con dinero de la caja, etc.). Estos vendrían a ser las famosas “manzanas podridas”. El urbanismo aparece en tercer lugar,

DESPUÉS DE URBANISMO

La corrupción se da, por tanto, mayoritariamente en ámbitos dónde existe un procedimiento administrativo y una serie de controles preventivos, que deben desactivarse para poder delinquir. Esto implicará (por activa o por pasiva) la participación de más de una persona y, normalmente, la comisión de más de un delito. Y es que estos delitos suelen ir acompañados de otros como la falsedad documental, el fraude contra la Administración Pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios y hasta blanqueo de capitales y el fraude fiscal – delito este último, por cierto, que en ciertas tramas es el primero en ser detectado y permite “tirar de la manta”-. En resumen, estos delitos afectan a la institución en general.

Condenas por ámbito de actuación y nivel de la Administración (%)

CONDENAS POR ÁMBITO

Si la Ley aplicable en materia de contratación pública, por ejemplo, es la misma, ¿qué es lo que diferencia a los tres niveles de la Administración? Pues en nuestra opinión lo que diferencia estos niveles es cómo se aplican los controles que la Ley establece. Les animo a leer las reflexiones que realizamos en el estudio a este respecto, y a hacernos llegar las suyas propias, por supuesto. Pueden consultar el estudio íntegro aquí.

No quisiera alargarme mucho más y quitarle toda la emoción a la lectura completa del estudio, pero les dejo una última gráfica que invita a la reflexión. Muestra la evolución del número de condenados por los delitos que hemos seleccionado por sentencia firme tal y como los recoge el INE entre los años 2007 y 2013 (todos los disponibles), y que es posible que diga más de nuestro sistema judicial que de la corrupción en sí.

Condenados por sentencia firma por delitos de corrupción seleccionados (2007-2013)

CONDENADOS

Fuente: INE

Como verán resultan muy curiosos los descensos en el número de condenas de los años 2008 y 2011. Será muy interesante ver si, casualmente, las del año 2015 siguen esta misma tendencia.

Aprovecho para decir que buscamos apoyo, económico pero también voluntarios para realizar estudios como este, por lo que les animamos a conocernos en www.fundacionhayderecho.com.

 

[1] Manuel Villoria, Fernando Jiménez, Alejandro Nieto, entre otros.

[2] COM(2014) 38. Comisión Europea: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la UE.

[3] Existen dos fuentes de datos sobre percepción de la corrupción en España muy importantes y sólidas, la primera es el CIS y la segunda el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Flash Derecho: Presentación del Proyecto de Regeneración Local de la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL

Salón de Plenos del Ayto. de Madrid, en el Palacio de Cibeles / www.madrid.es

Los numerosos casos de corrupción y las dificultades financieras de los Ayuntamientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los controles y la gestión municipal en España, como destaca también el informe anti-corrupción de la Unión Europea de 2014.  Leer más

Flash Derecho: Presentación del Proyecto de Regeneración Local de la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL

Salón de Plenos del Ayto. de Madrid, en el Palacio de Cibeles / www.madrid.es

Los numerosos casos de corrupción y las dificultades financieras de los Ayuntamientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los controles y la gestión municipal en España, como destaca también el informe anti-corrupción de la Unión Europea de 2014.  Leer más