Tecnócratas versus ¿políticos?

La caída de Papandreu y Berlusconi en Grecia e Italia por la presión de los mercados y su sustitución por  dirigentes “tecnócratas” ha suscitado una rara unanimidad en nuestros medios de difusión nacionales y en nuestra clase política: el nombramiento de políticos tecnócratas debe ser algo completamente excepcional, en la medida en que, por apartar a los ciudadanos de las decisiones fundamentales sobre el destino de sus sociedades, socava el fundamento democrático de nuestros sistemas representativos. La conclusión es que su extensión generalizada en el seno dela UE no es algo en absoluto aconsejable.

Sin embargo, el principal enemigo de los sistemas democráticos no es tanto la tecnocracia como la partitocracia. La tecnocracia es la bendición de los afortunados ante el colapso político que se produce cuando los políticos burócratas anteponen sus intereses particulares (de partido o estrictamente individuales como en el caso de Berlusconi) a los intereses generales.  Ver una amenaza en la tecnocracia es confundir la quimioterapia con el cáncer, el tratamiento de choque con la enfermedad.

Hay que asumir, además, que la enfermedad tampoco es la inestabilidad política; ésta es simplemente uno de los síntomas. Mariano Rajoy, anticipando ya una holgada mayoría absoluta a su favor, se ha anticipado a reivindicar la política frente a la tecnocracia: “Hay quien dice que los mercados han ganado a la política, que están incluso por encima de la soberanía nacional y que llega la época de los tecnócratas. Pero yo os digo que lo que llega es la época de los buenos gobernantes elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, el que los ciudadanos elijan buenos políticos no depende tanto del apoyo que obtengan como de las limitaciones del sistema político en que se viva: de su ley electoral, de la salud institucional del país, de la independencia de sus medios de comunicación, de la transparencia, de la “accountability” de los representantes y gestores. Y, desde este punto de vista, en España tenemos un sistema político e institucional que dificulta elegir buenos políticos. El PP puede conseguir una mayoría absoluta histórica, pero si no afronta la profunda crisis política e institucional española derivada de que los partidos sigan considerándose a ellos mismos como su principal prioridad, los mercados exigirán el mal menor: el tratamiento de choque de la tecnocracia, por mucha mayoría absoluta que uno tenga.

El argumento decisivo de la política frente a la tecnocracia es el de la participación ciudadana en las decisiones. Si una democracia se integra por hombres libres y responsables, los técnicos están llamados exclusivamente a desarrollar las políticas decididas por aquellos al respaldar una u otra opción política. Por eso, toda tecnocracia presume una minoría de edad en el electorado preocupante y amenazadora.

Sin duda es así, pero también puede ocurrir que los partidos dominantes hurten a la ciudadanía las cuestiones clave sobre las que éstas deben, a la postre, decidir. Toda partitocracia genera ineficiencias de tipo clientelar que a ningún protagonista le interesa airear. Y si bien en épocas de bonanza esas omisiones no generan consecuencias a corto plazo, en un momento de profunda crisis económica como la que atravesamos pueden tener una importancia decisiva. El coste desorbitado y las duplicidades de nuestro sistema territorial, la pérdida de autonomía de las instituciones clave del Estado de Derecho -como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial- las turbias conexiones entre sistema financiero y partidos explicitados en el culebrón de las Cajas de Ahorro, son ejemplos de asuntos sobre los que no se debate y, en consecuencia, sobre los que no interesa un pronunciamiento político de los ciudadanos. Llegados a ese extremo de silencio y de ocultar la evidencia, es normal que los mercados elijan, al menos, la opción más eficiente.

Por eso, si la tecnocracia prescinde de la política, la partitocracia no le va a la zaga. La solución no es, por tanto criticar el tratamiento, sino la enfermedad, lo que pasa por reconocer necesariamente que nosotros, los electores, tenemos también nuestra parte de responsabilidad. Sería terrible asumir sin protestar que los ciudadanos españoles estamos condenados a ser tratados como menores de edad, por una vía o por otra.

El Secretario de Estado y el peón (de Parla)

 

Como se están quejando algunos lectores de que estamos siendo muy técnicos y serios analizando los distintos programas electorales, en temas tales como la fiscalidad, o la independencia del Poder Judicial (total, nos dicen, si no lo van a cumplir para qué tomarse la molestia) aquí va un post más ligerito para  desengrasar y para suscitar también algunas reflexiones que creo que son importantes.

Si se han quedado intrigados por el título del post es porque no han leído esta noticia,  o esta otra, según la cual en el Ayuntamiento de Parla (sí, el del alcalde más votado de España, D. Tomás Gomez himself) un peón gana un sueldo de nada menos que 61.236 euros,  si bien este no es el sueldo oficial sino el “extraoficial” aunque reconozco que este concepto me produce un poco de asombro hablando de sueldos de empleados públicos. Al parecer, el oficial es el que se enseña y el extraoficial el que se cobra, algo así.

Volviendo al título del post, efectivamente hay que decir que lo que tienen en común el Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa, un profesional de gran prestigio (vean su cv en la wikipedia ) y el desconocido jardinero de Parla es nada más y nada menos que su sueldo. Sí, como lo leen. Bueno, puede que el sueldo extraoficial del Secretario de Estado del que ha estado dependiendo los últimos meses la credibilidad de nuestra deuda pública sea un poco más alto que los 60.000 euros y pico que recoge el BOE, pero no lo será mucho más.

¿Cómo puede ser esto? se preguntarán los no familiarizados con la disparatada situación de las retribuciones de nuestro sector público. Bueno, de entrada porque, con carácter general, en la Administración del Estado se cobra menos que en las CCAA o en los Ayuntamientos, pese a  que, tanto las funciones que se desempeñan como la profesionalidad que se exige son bastante mayores, por no hablar del rigor en las pruebas de acceso a la función pública.

Esta situación tiene muchas causas, cuyo análisis no es el objeto de este post, aunque daría para una bonita historia. Les dejamos por ahora con la curiosidad y con los conceptos retributivos de los funcionarios públicos recogidos en los arts. 21 y ss. del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril,   siendo Ministro Jordi Sevilla.

Nos basta aquí con quedarnos con la anécdota de que un Secretario de Estado del Gobierno de España (por usar la rimbombante coletilla con el que nos han obsequiado en todo tipo de anuncios institucionales estos últimos años) no es que esté peor pagado que un peón de un Ayuntamiento en términos relativos, es que lo está en términos absolutos.

Sobre lo que esto supone desde todos los puntos de vista, me remito a los posts de nuestros colegas de “Nada es gratis” que pueden encontrar aquí  Pero, por resumir, es fácil concluir que no habrá tiros entre los profesionales de prestigio del perfil del sr. Campa –ni de otros similares-por acceder a puestos de Secretario de Estado de Economía (y menos ahora) salvo por motivos digamos “institucionales” o incluso altruistas que conviene no descartar. En cambio, a mucho político “de partido” sin otra carrera profesional conocida le parecerá un puesto interesante, porque además tiene un cierto “glamour”, se manda mucho (bueno, quizá ahora mandan más el BCE y Merkel, pero bueno) se dispone de mucho funcionario cualificado, se tiene coche oficial, se es invitado a un montón de actos de todo tipo, se codea uno con lo más fino del empresariado nacional e internacional, se es muy adulado, se viaja y se sale mucho en las fotos.

Por el contrario, podemos presumir que habrá tiros entre las personas sin especial cualificación o/y no titulados –sin querer faltar para nada a los profesionales del gremio) para llegar a ser peones de un Ayuntamiento tan generoso con sus empleados como el de Parla. Aunque probablemente para acceder a este tipo de puestos cuenten bastante más los contactos (con el Alcalde o con el partido del Alcalde, o con los familiares del Alcalde) que la formación, o como dicen los anglosajones, cuente bastante más “who you know” y bastante menos  “what you know”-

En ese sentido, y por mera curiosidad intelectual, me gustaría saber cómo se accede a un puesto de peón o jardinero o chófer, o similar, en cualquier otra Administración, dado que, con carácter general, a nuestras Administraciones, incluidas las locales, se debería acceder por un sistema que garantice el mérito y la capacidad.  Al menos eso dice la Constitución. Y eso aunque se sea del Grupo E (el grupo profesional de menor nivel en las Administraciones)

El sistema de acceso a la función pública son  tradicionalmente las oposiciones, muy contestadas ellas, pero que en un país como el nuestro tienden a garantizar de forma más adecuada que lo que es relevante para acceder a la función pública es el “what you know” por encima del  “who you know” . Aunque solo sea porque los Tribunales de oposiciones –por lo menos los serios- tienen un número alto y relativamente heterógeneo de componentes y no es fácil conocerlos a todos y menos que te “enchufen. También suele haber una importante competencia y un temario que aprenderse, además de ciertos requisitos de titulación. Conclusión, el sistema de selección vía oposición de los funcionarios públicos es, al menos por ahora, el sistema menos malo posible y a las pruebas me remito.

Pues nada, recientemente mi curiosidad ha sido satisfecha. Porque ahora resulta que algunos Ayuntamientos pioneros, espoleada su imaginación por las inminencia de la posible pérdida de las elecciones, han descubierto últimamente las oposiciones “express” u “oposiciones milagrosas” que transforman empleados laborales en funcionarios en 48 horas. Vean el ejemplo del Ayuntamiento de Alcorcón  paf!! Por arte de magia de la varita del ex alcalde Cascallana 620 nuevos funcionarios, entre ellos  unos cuantos peones de parques y jardines, figura por lo que se privilegiada en el ámbito municipal.

Y después del escándalo, la pregunta del millón ¿para que necesitamos este tipo funcionario-peón? Mi propuesta: paguen 120.000 euros (o lo que haga falta) al Secretario de Estado de Economía y 0 al peón funcionario del Ayuntamiento de Parla. Que arreglen los jardines o arreglen los desperfectos o limpien las calles con una subcontrata. Que seguro que lo hacen mejor que los parientes del Alcalde y bastante más barato.

Por supuesto, ni rastro de estos temas en los programas electorales, veáse cuadro del post anterior.

¿Sobran funcionarios?

Constantemente vemos noticias alertando de los graves problemas que aquejan al funcionariado: que si hay demasiados, que si no trabajan, que si se les pide que trabajen 2 horas más y se quejan, que si deben ganar menos por tener el trabajo asegurado de por vida. Todo el mundo se atreve a opinar en contra del colectivo. Aunque, curiosamente, luego casi la mitad de nuestros universitarios tienen vocación de funcionarios. Curioso país donde la profesión más vilipendiada es a la vez la más deseada.

Pero como la tendencia del ser humano es la de mirarse al ombligo he querido que nos elevemos un poco y empezáramos analizando la estructura del sector público español en comparación con otros países de la OCDE. Para ello vamos a usar el estupendo informe Government at a glance 2011 publicado por dicho organismo. Entre otros muchos indicadores en el informe se analiza el  porcentaje que representan los empleados públicos sobre el total de trabajadores del país.

Y vemos que España con un 12,3% está prácticamente en el centro de los países analizados, muy lejos del 29,3% de Noruega por arriba y muy lejos también del 5,7% de Corea por abajo.

Por tanto no parece que el gran problema esté en el número de funcionarios o, al menos, no parece que sea un problema en relación con los países de nuestro entorno. Y de hecho yo creo que es así. El grave problema de nuestra función pública no es el número de empleados sino su perfil.

A la Administración Española, al igual que la del resto de países avanzados, se le está exigiendo que evolucione desde un papel eminentemente burocrático (ventanillas, papeles, formularios) hacia uno mucho más orientado a la definición y gestión de políticas públicas y a proporcionar servicios públicos eficientes y de calidad a la sociedad. Todo ello con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que ayudan en la automatización de los procedimientos. Caminos similares han seguido otros sectores como el Bancario que evolucionó desde los empleados de manguitos y ventanilla hacia un enfoque de servicios de valor añadido con una fuerte utilización de la  tecnología. Hasta el punto de que ya hay bancos exclusivamente por Internet. Pero así como sectores privados con fuerte competencia como el bancario supieron adaptar sus estructuras y su personal a las nuevas demandas de la Sociedad la Administración Pública ha sido incapaz.

¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de titulados universitarios del Banco de Santander? Según su Memoria de Sostenibilidad 2010 es de un 70%. Efectivamente una organización moderna de servicios necesita perfiles de alta cualificación capaces de definir y ejecutar sus políticas y de proporcionar un servicio de calidad a sus clientes.

Frente a esto, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de funcionarios del grupo A de la Administración General del Estado? Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las AAPP es de un 31% si incluimos a los grupos A1 y A2 (titulados superiores y medios) y de un exiguo 13,7% si solo incluimos a los A1. En cualquiera de los 2 casos lejísimos del 70% del Banco de Santander. Sinceramente, es imposible que una organización de servicios compleja como es la Administración General del Estado se pueda gestionar con un 13,7% de titulados superiores. Es imposible. Y así estamos.

¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que todos conocemos de la Administración. Hay unos cuantos que se matan a trabajar (posiblemente una gran parte de este 13,7%) mientras hay mucha gente ociosa que sencillamente, no tiene nada que hacer, porque su trabajo ya no existe. La Administración no necesita un 69% de gente de baja cualificación, especialmente si tenemos en cuenta que gran parte de los servicios básicos (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.) se han externalizado y que una gran parte de los procedimientos administrativos se están automatizando. Es posible que ese 13,7% de titulados superiores se tuviera que duplicar y que ese 69% de personas de baja cualificación se tuviera que reducir a la tercera parte. Con eso estaríamos en ratios similares a los del Banco de Santander y tendríamos una Administración “capitalizada”, más pequeña y con los perfiles adecuados.

Pero analicemos algún otro caso. Veamos el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades, un sector que conozco bastante bien. Hace unos años, el PAS se dedicaba principalmente a atender a los alumnos (sobres de matrícula, gestiones administrativas) a atender a los docentes (también principalmente desde un punto de vista administrativo) y a gestionar las infraestructuras y servicios básicos de la Universidad. Aparte estaban la gestión de los RRHH y la gestión económica. Pero el mundo ha cambiado y lo que necesitan ahora las Universidades es muy diferente. Necesitan expertos en gestión de la investigación y la innovación y en transferencia del conocimiento. Necesitan expertos en marketing para poder “vender” sus universidades en todo el mundo. Necesitan expertos TIC para llevar las universidades a Internet. Necesitan gestores y negociadores internacionales que puedan llegar a acuerdos con universidades y empresas en todo el mundo.

Necesitan ofrecer servicios de alto valor a los docentes para facilitarles su trabajo de docencia e investigación en un mundo globalizado. Y para todo eso…las Universidades no tienen los perfiles adecuados. Según el informe de la CRUE sobre la Universidad en Cifras 2010 los puestos del PAS calificados como de titulados superiores (A1 de funcionarios y grupo I de laborales) en la Universidad Pública  Española es de un 7,9%!!!!! Es increíble. Increíble y alarmante.

En mi época de gerente en una Universidad yo viví esta realidad con toda su crudeza. Y lo peor es que la inercia de la Administración es tan grande que el altísimo número de perfiles de baja cualificación, en gran parte innecesarios, no solo no decrece sino que tiende a aumentar porque los propios colectivos presionan para ello. Y además llegué a otra triste conclusión. Que estos colectivos, al intentar proteger su trabajo burocrático de toda la vida, que deja de existir, y ante su incapacidad de cambiar y adaptarse, se dedicaban en muchos casos a obstaculizar la puesta en marcha de soluciones informáticas que permitirían hacer de un modo mucho más eficientes esas tareas burocráticas.

Ya se pueden ustedes imaginar que dada la tradicional transparencia de nuestra Administración, conseguir todos estos datos no ha sido nada fácil. Y me ha llamado la atención que he encontrado muchos datos sobre las categorías (funcionario, interino, laboral, etc.), sobre el género, sobre la edad pero muy pocos sobre el nivel profesional. Resulta sintomático. Y en medio de la búsqueda he dado con un informe de la Universidad de Jaén, Diagnóstico de la situación de hombres y mujeres de la Universidad de Jaen, que añade atodo lo dicho un dato muy interesante y que es el porcentaje real de titulados frente al porcentaje “demandado” por la supuestamente arcaica estructura de puestos de trabajo. Efectivamente el porcentaje de titulados superiores reflejado en la estructura de puestos de trabajo en el PAS es muy bajo, bajísimo, un demoledor 5,9%. Pero la realidad es muy tozuda y el número de titulados superiores que realmente hay en la estructura es muy superior, de un 28,2%, que estarán ocupando en su mayor parte puestos de más baja cualificación que la titulación que poseen.

Es lógico, ya que el % de titulados superiores en España está alrededor del 30%, muy superior a ese 5,9% que “necesita” la Universidad de Jaén. Triste conclusión. Sinceramente, una organización que se gestiona con un 5% de titulados superiores se parece mucho más a un almacén de ropa o a un pequeño comercio que a una moderna Universidad. ¿No se dan cuenta de esto nuestros gestores públicos? ¿O es que no pueden o no quieren hacer nada?

Efectivamente, por unas razones u otras, la Administración Española, al igual que la del resto de países, ha sido incapaz de adaptarse a las nuevas necesidades. El mismo informe de la OCDE advierte de esta situación y  trata de determinar el esfuerzo que los diferentes países están realizando para facilitar esos cambios. En este indicador España sale bastante peor parada, prácticamente es el único que no ha puesto en marcha ninguna medida en este sentido:

Es evidente que el sector público de España y del resto de los países necesita evolucionar y de forma rápida. No es que sobren funcionarios. Es que sobran los de un tipo de perfil y faltan los de otro. La buena noticia es que el paso del tiempo nos va a ser de gran ayuda porque una gran parte de los funcionarios se jubilarán en los próximos años. Del total de 216.787 empleados de ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, el 45,2% tiene más de 50 años. Pero más allá de esa ayuda “natural” deberíamos actuar para conseguir dotar a nuestro sector público de los recursos de alta cualificación que necesita para adaptar su estructura a la de una moderna organización de servicios. Y cuanto antes mejor.

Y en ese sentido ¿qué propone sobre este asunto el PP en su programa y en particular en el apartado 4.3 sobre “Un nuevo sector público”?. En el diagnóstico de dicho apartado reconoce que “Una verdadera reforma de la administración pública sigue siendo una tarea pendiente que ya es inaplazable”.

Difícil no estar de acuerdo, pero el problema es que en gran medida lo achaca a la necesidad de encajar la AGE en el nuevo modelo competencial. Y en parte es así pero, como hemos visto, el problema va mucho más allá.  Por eso, resulta un poco descorazonador que relacionado con todo lo que hemos comentado en el post, la única medida que se propone es que “Revisaremos las estructuras de todos los organismos públicos de diversa naturaleza para acomodarlas a las necesidades reales y las funciones encomendadas”.

Demasiado exiguo para mi gusto; habrá que esperar a la ayuda “natural”.

Menudo debate

Creo que podemos concluir que el debate de ayer entre Rubalcaba y Rajoy ha sido decepcionante… como era de esperar. En primer lugar, porque el formato elegido es completamente absurdo, al menos para los ciudadanos, claro, aunque seguro que muy apropiado para los partidos que así lo han pactado. Un debate sin periodistas que hagan preguntas incómodas a uno y a otro y que planteen cuestiones concretas que exijan respuesta inmediata sobre temas relevantes no es un debate, sino una parodia, una sucesión de intervenciones desconectadas sobre temas que los propios intervinientes eligen. No es de extrañar que cuestiones clave de regeneración democrática como las que suele tratar este blog hayan quedado al margen, o que incluso problemas vitales de índole económica y social solo se hayan tratado marginalmente o como anécdota. Esta claro que a ninguno le interesaba profundizar en ellas.

Nos gustaría conocer la opinión de los lectores. Por adelantar la mía, y dentro de las limitaciones que un debate con este formato impone, creo que ha constituido un claro éxito para Rajoy. Lo ha pasado sin pena ni gloria, pero lo ha pasado. La estrategia de Rubalcaba de centrarse absolutamente en el programa del PP, como si estuviésemos en una sesión de investidura, ha sido un tanto lamentable. Es la estrategia de uno que se sabe perdedor, y eso cala en el electorado.

Aquí hay algo que no funciona (I)

Nuestra sociedad se ha instalado desde hace tiempo en una peligrosa inercia del binomio competitividad/precariedad como inevitable; en una cada vez mayor disparidad en el reparto de la riqueza, en una consciente pero paralizante convicción de que los Estados nacionales no son capaces de cambiar las corrientes del mercado sin tampoco proponer remedios colectivos en la UE; en un aplazamiento de las deudas a las siguientes generaciones y, en fin, en una huída generalizada hacia adelante sin proyecto concreto. La última campaña electoral sin apenas mensajes atractivos y la falta de confianza que suponen los miles de votos nulos y en blanco emitidos, son elocuentes.

Hace unos meses el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba datos contundentes sobre la ínfima confianza que los políticos despiertan entre la población española, avanzando en una preocupante desafección ciudadana que amenaza la legitimidad del sistema y su futuro (por más que de momento los políticos sigan instalados en el mecanismo). Las periódicas encuestas sobre la Justicia muestran el enorme descontento que provoca su funcionamiento y, en fin, parece habérsenos perdido por algún lado nuestro celebrado espíritu de la transición –a quien, por otro lado, los recientes episodios viscerales sobre la memoria histórica han puesto en su sitio-.

Todos estos conflictos entre grupos, generaciones, clases o intereses en conflicto, son bien conocidos, pero en este artículo quisiera referirme a otro conflicto que no debería existir, poco conocido por los ciudadanos y que tiene un enorme impacto en la eficacia del aparato público. Se trata de la grieta, de la barrera de desconfianza que existe entre los políticos elegidos para dirigir temporalmente el Estado y los funcionarios, nombrados para ejecutar y llevar a cabo  las directrices y los proyectos liderados por el Gobierno. Se trata de una relación fría, inamistosa (salvando equipos y grupos concretos que han logrado compartir un proyecto) que no genera explosiones visibles pero que lastra la enorme capacidad de que dispone la Administración Pública.

Frente al paradigma liberal de cese de los funcionarios con cada cambio de gobierno basado en la desconfianza (¿Cómo van a hacer mis proyectos si los nombraron o trabajaron para el anterior Gobierno?), tras la Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo otro modelo, basado en la neutralidad y la competencia -ha de haber una garantía de funcionamiento y estabilidad de las políticas, gestionar en un entorno complejo como la Administración es un oficio que no se aprende en dos días y la sociedad no se puede permitir novatos cada cuatro años- y en la subordinación del aparato burocrático a los representantes elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, la desconfianza sigue siendo, con otro traje, la norma de funcionamiento.

Quienes llevamos muchos años en la Administración Pública sabemos que, salvo excepciones, los políticos llegan con una gran desconfianza hacia los funcionarios. La hasta hace poco vicepresidenta del gobierno, Mª Teresa de la Vega, no se recataba de exponer en público su negativa opinión al respecto; el ex director del ICAA, el polémico Ignasi Guardans, comenzó pronto sus celebradas ocurrencias “poniendo a caldo” a los funcionarios del organismo que le había tocado en suerte (aunque cercano a su cese concentraba sus lamentos en otras direcciones) y muchos periodistas conocen bien las quejas de los ministros – ¡con estos funcionarios no se puede hacer nada!, ni están preparados, ni motivados, ni saben idiomas, ni tienen interés…-. Para cuando los políticos se han hecho cargo de la complejidad de la gestión, se van porque han pasado sus cuatro años… y vuelta a empezar. Mensajes como los oídos recientemente (“son 3000 enchufados del PSOE y los vamos a echar”), no son la mejor carta de presentación ante la sociedad del trabajo de los técnicos que han trabajado para el anterior Gobierno y deberían hacerlo igual de bien o de mal para el siguiente.

Es frecuente la sensación en los políticos, de que tienen que arrastrar la pesada carga de un aparato que tiene sus propios intereses, que no les sigue y que, eso sí, es especialista en poner obstáculos… con lo que sacar los proyectos es un esfuerzo titánico. Si ya bastante tienen con la crisis, las luchas de partido, la prensa y la oposición, la sociedad, el presupuesto y las dificultades de todo proyecto, si ni siquiera el equipo de que disponen es fiable ¡Apaga y vámonos!

También son conocidas las restricciones que atenazan a un político: no puede retribuir mejor a los funcionarios que le funcionen porque la cosa está más que tasada; no pueden fichar la gente que querrían porque los puestos están reservados a funcionarios, porque a base de hacer contratos “al margen de la plantilla” con falsos contratos mercantiles, lo único que se hace es poner parches (y se hacen a montones) y, en fin,  cualquiera despide a un funcionario… En parte por ello, y en parte por la recompensa para los militantes que supone el botín de ganar las elecciones, es por lo que han proliferado hasta el disparate las empresas públicas[i], fundaciones, entes y similares que, con cargo al erario público, intentan afanosamente escapar a la ley de contratos del sector público y al sistema de selección de personal.

Duplicados y triplicados los servicios, ninguneados los funcionarios, que ven como se encargan a cientos, informes que ellos podrían hacer gratis, la desmotivación que produce ver esto en primera fila sin poder decir nada, es enorme y paralizante.

Así, la sensación de los funcionarios hacia los políticos es difícil que empeore. La transición democrática supuso la posibilidad de “limpiar” al Estado del aparato burocrático franquista. El primer gobierno socialista, por su parte, se vio a sí mismo como el encargado de hacer la tarea de limpieza que no había sabido o podido hacer la UCD y puso las bases de un sistema que, tras la reforma de la Ley Orgánica de  Organización y Funcionamiento de la Administración General del estado (LOFAGE) hecha por el PP en 1997 y hasta el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007,  ha regido hasta ahora con pequeños retoques.

La gran reforma de 1984 fue pasar de pagar por lo que eres a pagar por lo que haces, simplificar la miríada de organismos y micro cuerpos funcionariales existentes, reducir al máximo la reserva de puestos y funciones a colectivos determinados y regular la libre designación (y cese) de los puestos directivos ocupados por funcionarios. El objetivo de todo ello era una mezcla variable de conseguir eficacia, “liberar” al Gobierno de un excesivo poder de los funcionarios y dotarle de capacidad de acción.

Desde aquel entonces, la degradación de las herramientas y la acumulación de parches es un hecho insoportable de enormes consecuencias para la eficacia del trabajo de casi tres millones de empleados públicos,  un porcentaje muy grande de la población activa española.

Pero afinemos un poco más: no trataremos en este artículo la situación de cientos de miles de funcionarios aparcados, sin apenas posibilidad de promoción y desprestigiados en una masa gris sin imagen pública.  Cuando, en un esfuerzo enorme se intentaba justificar la no congelación del sueldo, se aludía a nuestros maestros, médicos, bomberos… Gente en fin que hace algo, pero los oficinistas… ¡Esa masa informe de gente ineficiente y caradura, que diariamente tramita subvenciones, controla contratos públicos, gestiona becas, inspecciona declaraciones!… ¿Esos?… . Y, encima, al desprestigio que cala desde arriba hacia la labor de los funcionarios se suma a la irritación de los ciudadanos presa del desempleo y la crisis, que nos ven como privilegiados intocables.

No, en este post querríamos poner el foco en la situación de los ya no cientos de miles sino de unos miles de directivos públicos que, no sindicalizados y sin capacidad de defensa de sus intereses, se han diluido en un vago corporativismo “light” y en hacer cada uno la guerra por su cuenta, sin modelo, sin interlocución y sin reto colectivo.

Como directivo-desprestigiado-del-sector-público, entiendo que es crucial conectar con los ciudadanos y poder compartir información relevante sobre aspectos que merman la eficacia de su Administración Pública, que no es otra cosa que la suma de unos medios, humanos, técnicos y materiales, puestos al servicio, no de los propios funcionarios, sino de los ciudadanos.

Para que quien no conozca la Administración por dentro lo entienda fácilmente, diremos, simplificando mucho, que hay dos tipos de funcionarios: los que tienen su puesto fijo y los que pueden ser cesados en el puesto que ocupan (y vuelven a otro de menor rango). Los directivos a los que me quiero referir ocupan estos puestos, para cuya ocupación –supuesta la pertenencia a una determinada categoría funcionarial- sólo se exige el currículo y no ha de motivarse la decisión, ni para nombrarle ni para cesarle.  Sólo el buen criterio del cargo público y su necesidad de que el nombrado le haga un buen trabajo pueden garantizar un adecuado encaje candidato/puesto. Pero, como todos sabemos, no siempre es fácil pedir cuentas a la Administración y se puede priorizar nombrar en los cargos a los amigos o, peor aún, a quien, funcionario él, “pasaba por ahí”, como luego explicaremos.

Esa situación, la posibilidad de ser cesados sin necesidad de motivación, con la pérdida de estatus, funciones y sueldo que ello comporta, además de la situación concreta del afectado, supone -y eso es lo interesante en esta tribuna- una notable debilidad para que los directivos públicos profesionales velen por el interés público. El correlato de la lógica capacidad de los políticos electos de poder formar equipos  -es impensable la imposición de un “poder funcionarial” intocable- es la debilidad de la sociedad para que los altos funcionarios del Estado (no lo olvidemos, del Estado no del Gobierno), arriesguen su posición y se destaquen denunciando anomalías o irregularidades.

Para reequilibrar esta situación la ley 7/2007 de 12 de abril, que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, preveía en su artículo 13 la regulación del estatuto del directivo público profesional.

Ese reequilibrio pasaba por deslindar política y gestión, por crear la oficina del directivo público, por ofrecer otro puesto similar al directivo cuyo cese no haya sido por incompetencia sino por incompatibilidad con un nuevo alto cargo, por regular la carrera directiva, por diseñar su formación, por crear un banco de perfiles y de vacantes discreto y confidencial que evite la actual forma de seleccionar directivos (comentar a los cercanos “¿Conocéis a alguien disponible para este puesto?” que genera redes clientelares), por un sistema profesional, a inventado hace años por los cazatalentos, etc., etc.

Han pasado cuatro años y no se ha movido ni una coma del mencionado estatuto. Siguen pendientes cuestiones que no sólo afectan a los directivos sino a la sociedad. El Gobierno saliente ha destacado por su desinterés y displicencia hacia el funcionamiento de la Administración Pública tras el cese de Jordi Sevilla como Ministro de Administraciones Públicas, cuyo interés e iniciativa fueron claramente frenados desde Hacienda y desde Presidencia. Ahora, como cada cuatro años, ponemos el contador de la esperanza a cero: ¿Querrá o sabrá el nuevo Gobierno hacer algo con los funcionarios aparte de recortar servicios y sueldos?



[i] «Según el Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional 2007» publicado por la IGAE para el periodo 1998-2007, y para 2008 y 2009, del «Inventario de Entes de Comunidades» publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, tales entes alcanzaban la cifra de 2.200. De ellos, en cifra redonda, el 30% eran consorcios; el 28%, sociedades mercantiles y el 22%, fundaciones. También, en 1998 existían 455 empresas autonómicas y en 2009, 962, por tanto algo más del doble. Las administraciones locales han descubierto este procedimiento impulsado por las comunidades. En el periodo de 1998-2009 se han creado así más de 1.100 empresas públicas. Contrasta esto con el proceso de privatización que el Estado ha llevado a cabo claramente este periodo: en 2009, el número de empresas públicas estatales era la tercera parte de las existentes en 1998.

¿Sobra el griego? Sobre un referendum que como vino, se fue

No es que queramos con el título de este post hacer un chiste fácil parafraseando el título de la película “Zorba el griego” aunque sí que hay algo de ella que puede traerse a colación, cuando Zorba (Papandreu) le dice al británico (UE): “”en la vida hay que ser medio loco para romper las cadenas y ser libre”. Para analizar la sucesión de eventos de los últimos días (primera vez en la historia que se convoca y desconvoca un referéndum en dos días), y no volvernos locos, conviene adoptar (al menos) tres enfoques:

a)    Jurídico y de legitimidad

 Lo que está demostrando esta crisis es que las reglas que contiene el Tratado de Lisboa no sirven para hacer frente a situación de crisis. Esto ha motivado, probablemente como efecto no buscado, el que para tomar decisiones difíciles y (relativamente) rápidas haya surgido un liderazgo, no legal pero necesario, encabezado por el tándem Merkel-Sarkozy; hasta el punto de que un conocido profesor de Derecho europeo, Joseph Weiler, sostiene que la UE ha encontrado el tan ansiado presidente de la UE: un tal Merkozy. Pero no nos engañemos, sin ese liderazgo (consentido por el resto) la UE hubiera entrado en barrena hace muchos meses y está por ver que no acabe entrando.

A pesar de ello existen algunos puntos del recorrido decisorio de los últimos años que resultan criticables: el oscurantismo y la falta de debate democrático en la toma de decisiones. Por ejemplo, pocos saben que el Tratado de Lisboa ya ha sido reformado por Decisión del Consejo Europeo de marzo de 2011, adoptada sobre el sistema “simplificado” de reforma de los Tratados previsto en el art. 48.6 del Tratado UE (versión Lisboa), que modifica el art. 136 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Una modificación por cierto que en nuestro país se someterá al parecer simplemente a la autorización parlamentaria prevista en el art. 94 de la Constitución, pero que no requerirá la ley orgánica que prevé el art. 93. Es decir que se hará sin debate. Esto ocurre a nivel nacional, donde  (aquí y en la mayoría de los países) el parlamento está siendo ajeno a todo este proceso de negociación donde nos jugamos el futuro como sociedad (¿para qué está el parlamento entonces?), salvo si llega el caso de tomar alguna decisión dramática, es decir cuando ya no puede decir nada. Pero lo mismo está ocurriendo a nivel europeo donde la implicación del Parlamento Europeo es casi igual a cero (y el papel de la Comisión está siendo bastante secundario).

Esta baja implicación de los parlamentos nacionales y europeos es por cierto paralela al incremento de contestación social en algunos países (donde el nuestro puede ser el siguiente), ¿casualidad? De hecho, tal vez esta carencia de debate social y democrático pueda explicar aunque no justificar la convocatoria del referéndum griego. Pero aún así, explicarlo solo en parte. Veremos.

 b)    Político

¿Por qué se convoca un referéndum que no viene impuesto por la Constitución? Un observador algo ingenuo diría que un político solo convoca un referéndum al que no está obligado porque piensa ganarlo. Pero este juicio de valor se fundamenta en el apriorismo de que los políticos operan por criterios racionales y eso, cuanto más al sur nos encontremos, solo puede presumirse.

Los antecedentes de referéndums en las UE no invitan desde luego al optimismo. Todos recordamos cómo el Tratado de Constitución Europea embarrancó precisamente por resultados adversos en consultas populares. Es cierto que también la tradición marca que el país que pierde un referéndum puede conseguir ventajas para poder convocar un segundo referéndum y ganarlo (desde el protocolo danés esto es así) e incluso la sola amenaza de convocarlo puede servir para obtener privilegios (e.g. cheque británico). Pero ambos supuestos no son aplicables al caso griego: primero, porque no utilizó esa arma “ex ante” para obtener (todavía) más ventajas y segundo porque no hay tiempo para una segunda oportunidad. Entonces ¿por qué el órdago de Papandreu? La respuesta creo hay que buscarla en otro sitio

c)    Cultural, social y psicológico

Hace algunos años coincidí con cuatro funcionarios griegos en un seminario que se celebraba en una ciudad centroeuropea. Los cuatro eran muy simpáticos, pero tres firmaban por la mañana y no aparecían por el seminario hasta la cena. Entonces comentaban que los problemas de Grecia eran por pertenecer a la UE, que les estaban obligando a cambiar su cultura: un “estilo de vida” griego que, como en otros países mediterráneos (incluido el nuestro), se fundamenta en que creemos saber disfrutar de la vida mejor que el resto. Me recordaba el debate que hubo en España sobre si la entrada en las entonces Comunidades Europeas iba a acabar con la siesta  (¿y?) o si la culpa de la subida de los precios fue del euro (y no de los que subían los precios aprovechando la confusión). Sin embargo, los cuatro no hablaban de que fondos europeos (no aprovechados) estaban pagando su estancia en el seminario mientras tres se iban de compras o a hacer turismo. Paralelamente eran gente muy orgullosa, que se consideraban representantes de una cultura milenaria a la que Europa debía su ser, mientras daban datos falsos de su economía para entrar al euro. No, nos riamos, Grecia puede ser un espejo para España. El problema viene cuando caemos en el exceso y en pensar que tenemos derecho a vivir sin trabajar bien pero gastando a lo loco pues  siempre habrá alguien dispuesto a pagar la factura: los padres, el gobierno, el FMI, los europeos y si todo falla, pues a emitir más deuda: ojos que no ven (que lo tendrán que pagar nuestros nietos) corazón que no siente.

Lo cierto es que llevamos asistiendo a numerosas revueltas sociales contra medidas que el gobierno griego ha sido incapaz (todavía) de poner en práctica y contra una Europa que amenaza un particular estilo de vida. La Cumbre del Euro (por cierto otra institución que no existe en los Tratados) de 26 de octubre lo único que ha comprado es tiempo, pues si los griegos no aceptan que deben hacer las cosas de otra manera, en pocos meses su deuda volverá a escalar máximos y la quita no habrá servido de nada. De hecho, parte de las causas que subyacen en la convocatoria del referéndum pueden venir de esos “valores” que sustentan un modo de vivir “a la griega”.

En este contexto, Papandreu (en clave positiva) pudo caer en la tentación de buscar en una apuesta arriesgada un apoyo para poder acabar con las protestas sociales y el clima de orgullo nacional herido, como única fórmula  para poder poner en marcha finalmente las medidas que se le vienen reclamando. Ciertamente no actúa como líder valeroso pero ¿qué hacer frente a una sociedad (griega) que sigue dando la espalda a la realidad? Y es que las emociones son filtros que nos llevan a seleccionar las partes de la realidad que queremos ver: echar la culpa a otros (la UE o los mercados) y renunciar a una mínima autocrítica, supone instalarse en el síndrome del eterno adolescente.

Pero (en clave negativa) esta arriesgada maniobra podía acabar en una noche sangrienta como aquel Áyax de Sófocles quien masacró el ganado (los griegos) mientras creía herir a los Atridas (los europeos). Al final la amenaza de la UE ha conseguido al parecer -aunque todo cambia cada minuto- hacer recular al primer ministro griego. Pero ¿es que no había previsto la reacción de europeos y mercados? ¿O se trataba todo tal vez de una maniobra para ganar crédito en casa y poner contra las cuerdas a la oposición? De nuevo el referéndum como maniobra de distracción y chantaje, así de barato se vende la consulta al pueblo.

En todo caso: quién te ha visto y quién te ve: Grecia la cuna de Europa puede determinar su caída.

Planes de reducción del déficit autonómico ¿realidad o ciencia ficción?

El papel lo aguanta todo. Es una frase que me repetía un cliente en mi etapa de consultor y que me ha venido a la mente al leer los planes para atajar el déficit de algunas CCAA, publicados el pasado 18 de octubre por el Ministerio de Economía y Hacienda en su página web (ver informe completo).

En concreto, lo que ha publicado el Ministerio es un resumen de los planes económico financieros de reequilibrio (PEF) que están aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (o el órgano competente en el caso de las Comunidades de régimen foral). La Comunidad de Madrid y la Rioja no tienen obligación de presentar un plan de estas características, mientras que los planes de Castilla La Mancha y Cataluña no han sido aprobados todavía. Por tanto, a lo que tenemos acceso es a un resumen de los planes de las trece CCAA restantes, con un capítulo específico de reducción de gastos/inversiones, otro de aumento de ingresos y otro sobre el nivel de endeudamiento.

Estos planes económico financieros de reequilibrio (planes de reducción del déficit en román paladino) contienen medidas específicas para asegurar la consecución del objetivo del déficit autonómico fijado para este año 2011. Sobre el papel las trece Comunidades Autónomas cumplen, ya que en 2011 observamos que el déficit se va a situar en el 1,3% del PIB regional, viniendo todas ellas de valores muy superiores en 2010. Buen trabajo, veamos cómo lo consiguen y si las medidas para reducir gasto o aumentar ingresos resultan creíbles. De ahí el título del post, estos planes ¿son realidad o ciencia ficción?, porque recordemos las bondades del papel, que todo lo aguanta.

Todas las CCAA recogen en sus planes para conseguir alcanzar el objetivo de déficit fijado para este año medidas comunes, como la reducción de gastos de personal (bajada de sueldos), recorte en gastos farmacéuticos, reducción de gastos corrientes generales, reprogramación de inversiones (vamos que disminuyen la inversión pública) y aumento del nivel de endeudamiento. Lo primero que llama la atención es que si las CCAA se endeudan más y las inversiones se reducen, significa que la deuda está encaminada a financiar gastos corrientes que no inversiones. Financiar gasto corriente con deuda implica trasladar su carga al futuro pero claro lo importante de estos planes es que las cuentas de 2011 (y 2012 y 2013) cuadren, en años venideros Dios proveerá…

Otra medida que podemos encontrar en varios planes autonómicos es la venta (o enajenación si queremos darle más caché a la medida) de inmuebles como fuente de ingresos para las maltrechas arcas autonómicas. Destacan en este apartado los planes de Andalucía (951,7 millones), Comunidad Valenciana (141,6 millones), Asturias (102 millones) y Extremadura (96,6 millones). En el contexto actual del sector inmobiliario, que tantos millones de euros de ingresos adicionales dependan de este sector suscita alguna duda/inquietud cuanto menos.

Además de estas consideraciones merece la pena una lectura en detenimiento de las medidas concretas que se recogen en los planes publicados ya que algunas (o muchas según se mire) adolecen de cierta falta de concreción y detalle. Solo tres ejemplos de medidas indefinidas, por no extenderme demasiado:

Andalucía: Dentro del capítulo de ingresos, aparece “Medidas de reactivación de la economía”, que supondrán un ingreso adicional de 10,8 millones de euros para el erario público andaluz. Tendremos que preguntar al Sr Griñán por estas intrigantes medidas de reactivación, por si se pueden aplicar a otros gobiernos autonómicos.

Extremadura: Dentro de la partida de gastos corrientes en bienes y servicios, aparece “Reducción general del 10% salvo excepciones” que supondrá un ahorro de 23,4 millones de euros. Si me permiten, a esta medida genérica le falta al final un “hágase”, ya que quizás apelando a la voluntad divina se consigue esa reducción generalizada (con permiso de las excepciones claro).

Comunidad Valenciana: Dentro de la partida de gastos corrientes en bienes y servicios, aparece “plan de austeridad” que supondrá un ahorro de 81 millones de euros. Teniendo en cuenta que en el plan valenciano están detallados aparte varios recortes (reducción de salarios, recortes en el área de sanidad y educación, etc), cabe preguntarse cuáles serán los recortes adicionales que tendrán cabida en este ambicioso plan de austeridad.

En definitiva, vemos que sobre el sufrido papel todas las CCAA cumplen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB regional pero analizando las medidas y las cifras que se recogen en los planes nos surge cuanto menos la duda razonable sobre si finalmente lograrán cumplir con el deseado objetivo (ojala que sí lo consigan, pero yo desde luego no pongo la mano en el fuego).

No obstante, me gustaría añadir una reflexión final sobre algunas medidas que aparecen en alguna Comunidad (Castilla y León, Cantabria y poco más) y que deberían aparecer en todas. Me refiero a la reducción de partidas destinadas a cubrir gastos discrecionales (protocolo, reuniones, conferencias) y reducción de créditos destinados a campañas y actos institucionales y promocionales.

En el actual contexto económico, la reducción del déficit es una tarea de todas las administraciones, desde el gobierno central, las CCAA y los entes locales. Debido a la gravedad de la situación, esta tarea está conllevando la introducción de recortes en servicios públicos esenciales por lo que nuestra clase política debe realizar un ejercicio de responsabilidad más que nunca y recortar de todos los gastos corrientes no esenciales para la ciudadanía pero que a algunos (o muchos según se mire) de nuestros políticos les cuesta renunciar: gastos protocolarios, de representación institucional, de publicidad, propaganda, asesores personales, reformas de despachos y mobiliario de oficina… Aunque en términos monetarios con estas medidas no se consiga un gran ahorro, nuestra clase política ganará sin duda en credibilidad y confianza, que falta hace.

 

¿Subvencionar a las asociaciones más representativas o a las más cercanas? UPTA, ATA, el Abogado del Estado y el Ministerio de Trabajo.

En estos días difíciles, en los que la austeridad y eficiencia en la gestión de las cuentas públicas se han convertido en banderín de enganche enarbolado por políticos de uno y otro signo, la concesión de subvenciones por parte de las Administraciones Públicas se torna necesariamente en una práctica sujeta a un escrutinio público antes infrecuente. Dejando de lado que dicho escrutinio debería ser algo habitual, con independencia de que la crisis arrecie más o menos, y que deberían quedar proscritas para siempre visiones de la cosa pública como la de quien sostenía que “el dinero público no es de nadie”, lo cierto es que en épocas de escasez el lógico que los contribuyentes tengan más interés en saber qué actividades y a qué entidades se subvenciona, máxime cuando al mismo tiempo se reducen camas de hospital o se incrementan los impuestos.

Así, los medios de comunicación se hacen ahora eco de hechos que antes pasaban desapercibidos: que si tal Comunidad Autónoma ha destinado tantos millones de euros para ayudas a tal sindicato, que si tal asociación ha recibido determinada subvención de un Ministerio… Poco a poco, y en buena medida gracias a la crisis, el público en general tiene noticias de cómo se reparten algunos de sus impuestos. Noticias siempre fragmentadas y desestructuradas, que no se acercan en modo alguno al ejercicio de transparencia que se viene reclamando insistentemente desde este blog y que facilitaría una auténtica rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Pero, al mismo tiempo, es también lógico que la cohorte de entidades e instituciones cuya sostenibilidad o mera existencia depende de la percepción de subvenciones y ayudas públicas, sabedoras del carácter menguante de éstas, hagan lo posible y lo imposible para mantenerse enganchadas a la ubre pública.

El pasado día 11 de octubre, el periódico El Mundo se hacía eco de la polémica generada en torno al reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos por parte del Ministerio de Trabajo. Dos días más tarde, el presidente de una de las asociaciones supuestamente perjudicadas anunciaba  la intención de su representada de no participar en el Consejo del Trabajo Autónomo por estar dicho órgano en entredicho al no reflejar la realidad.

La importancia de la determinación de la representatividad de las distintas asociaciones que representan a los autónomos españoles viene dada por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que en su art. 21.5 otorga a las asociaciones “representativas” una posición jurídica singular, que les permite ostentar la representación institucional ante las AA.PP., ser consultadas por éstas en el proceso de diseño de políticas públicas, y… gestionar programas dirigidos a los autónomos; es decir, gestionar ayudas y subvenciones.

La representatividad de las asociaciones es declarada por el llamado “Consejo de Representatividad”, formado por cinco miembros de los que tres son funcionarios del Ministerio de Trabajo. Este Consejo viene regulado por el Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, que establece su composición y régimen de funcionamiento, así como los criterios objetivos que debe aplicar para determinar la representatividad de las distintas asociaciones. La Orden Ministerial TIN/449/2011 convocó el procedimiento para que las asociaciones interesadas en ser declaradas “representativas” pudiesen acceder, en régimen de concurrencia competitiva, a tal condición, por un periodo de cuatro años.

En Consejo de Representatividad, con fecha 3 de junio de 2011, resolvió el procedimiento, declarando a UPTA como asociación más representativa del sector, seguida por ATA. Disconformes con el resultado, algunas asociaciones recurrieron en reposición. Así las cosas, el Ministerio solicitó a la Abogacía del Estado que informase el procedimiento de declaración de representatividad.

Atendiendo dicha solicitud, el Abogado del Estado evacuó informe , señalando entre otras cosas que:

  • El Abogado del Estado elaboró su informe sin tener acceso a los datos presentados por las asociaciones cuando concurrieron a la convocatoria de la Orden TIN/449/2011.
  • Que hubiera sido conveniente expresar en la resolución de 3 de junio cuáles han sido los criterios y mecanismos por los que se otorgan puntuaciones en función del número de afiliados y de su distribución, pues UPTA resulta la segunda mejor puntuada pese a ser la cuarta por número de afiliados, lo que da a entender que su distribución sectorial ha sido determinante en su valoración, pero se desconoce el mecanismo de valoración de dicha distribución.
  • Que la resolución debería indicar cuántos afiliados tiene cada asociación, y en qué sectores, y debería poner estos datos en relación con los puntos asignados.
  • Que la resolución parece valorar, además del número de sedes permanentes de cada asociación, su distribución territorial, cuando éste último criterio no viene establecido ni en el Real Decreto 1613/2010 ni en la Orden TIN/449/2011. De hecho, en la resolución de 3 de junio sólo se cita el criterio de número de sedes, resultando UPTA con la mayor puntuación. Sin embargo, en la resolución desestimatoria de uno de los recursos de reposición citados por el Abogado del Estado en su informe (página 10 del mismo) se añade el criterio, no previsto en las bases, de distribución geográfica de las sedes para justificar que UPTA sea la mejor valorada pese a que ATA es la asociación con más sedes.
  • En general, la resolución no aporta datos concretos sobre los méritos de cada una de las asociaciones. No se recogen por ejemplo el número de sedes, los empleados permanentes, el número de convenios suscrito por cada asociación, etc, como soporte de la asignación de puntos realizada en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el procedimiento.

Este informe y la reacción de las asociaciones perjudicadas por la resolución arrojan dudas sobre cómo se ha llevado a cabo la valoración de los méritos de cada una de las asociaciones, y dan pie a que el sesgo político de éstas se dé a entender como razón última de la puntuación obtenida, en detrimento de los criterios objetivos establecidos en el procedimiento. Y esto es lo que le llega al ciudadano: la idea de que la Administración no gestiona los recursos públicos conforme a las reglas, con el consiguiente deterioro del crédito de las instituciones.

La transparencia, como se viene insistiendo en este blog, es la mejor vacuna contra este descrédito. La adecuada motivación de las decisiones, y la publicación transparente y sin reservas de dichas decisiones con su motivación y todos los datos necesarios para entenderlas, son la mejor salvaguarda de la confianza que los ciudadanos desean depositar en los poderes públicos. Confianza cuya necesidad  se hace más imperiosa si cabe en estos tiempos de estrecheces económicas. Porque la Administración no solo tiene que ser honesta (faltaría más), sino que, como la esposa del César, tiene que parecerlo a los ojos de los ciudadanos.

¿Por qué no existen líderes en España?

 

¿O tal vez un mero desiderátum cuando no un imposible categórico? ¿Por qué no existen líderes en nuestro país? Líderes en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo intelectual, en valores, y como no, en la política. Desde hace semanas asistimos a la liturgia enmascarada de una anodina precampaña electoral sin ideas, sin proclamas, sin seriedad. Todo es cálculo, estrategia miope de cara a ganar y gobernar. Se dice por activa y por pasiva que no hay programa, también que ya no se vota a los programas porque se sabe que no se cumplen y que el  ciudadano vota con las vísceras. Se vota como se vota y a quién se vota, a veces también contra.

Hoy más que nunca, en medio de la ciénaga de cuatro años de crisis y cuando no se avizora en el horizonte inmediato una salida clara y pronta, falta la energía de la acción, el coraje de la decisión, la valentía y arrogancia de atreverse a reformar lo que no funciona, es inoperativo e incluso insostenible.  Los dos grandes partidos se lanzan a la diatriba mediática, el minuto de gloria televisivo, la radio y alguna declaración en los periódicos, pero poco más. Se enfangan en videos absurdos e incluso insultantes para la inteligencia media, o que como tal había que considerar.  En la estulticia de la idiocia consentida para un electorado abúlico y sin demasiadas convicciones claras.

Esperpéntico y soez el espectáculo que la clase política está dando a propósito del anuncio de ETA. Hasta hace sólo unos días, el presidente del gobierno, Rajoy, Rubalcaba, Urkullu y muchos más, decían que el único anuncio que esperaban de ETA era el que anunciaba su disolución y entrega de armas. No ha hecho  ni lo uno ni lo otro y se lanzan en una carrera desenfrenada de hipocresía, medallas y cortejo a los abertzales henchidos estos  de soberbia y chulería. El mundo al revés, lágrimas en el atril público, fotos y reuniones no institucionales sino de una mesa de partidos que nada tiene que decidir y sí los gobiernos vascos y central y los parlamentos.  Hay prisa por todo y no hay ni la pausa de la conciencia, la dignidad, el recuerdo y el ir con la cautela y prudencia necesarias.  Incluso el lenguaje de los hasta ahora asesinos es unívoco y claro, cese definitivo de la violencia armada. Armada, no de otro tipo, pero en fin. No hay más ciego ni sordo que el que ve y oye y se empeña en no hacer ni lo uno ni lo otro.  Al menos la sensatez como casi siempre se queda en las palabras y discurso de Basagoiti.

Seguimos en la zozobra de la indiferencia y la espera sin hacer nada. Cruzados de brazos, de ánimos y de pensamiento. Desidia y cobardía moral. Esquizofrenia de ideas y ocurrencias propagandísticas sin seriedad ni rigor. No se puede engañar tanto tiempo a tantos, pero lo consentimos. Algunos hace mucho que hablaban de un ERE a la clase político. No se lo tomen a broma. Son un problema, así se perciben por la inmensa mayoría de la sociedad hartos de sus políticos, o al menos de una gran mayoría de ellos, profesionales del cargo y de la política. Políticos profesionales pero donde las aristas de la responsabilidad se pulen y disimulan. Hoy más que nunca hace falta liderazgo, público y político, privado y persona. Difícil, extremadamente difícil en este ruego ibérico desarbolado e inconsciente.

Somos una sociedad vacía, vaporosa en medio de una crisis de todo y total. Las sociedades de hoy se han relajado, somos simples peones de ajedrez de una partida marcada. Marcadas las cartas, marcados los tiempos, los discursos, las modas y los pensamientos, eso sí, cuando se piensa, se despierta y se critica. De lo contrario, pasividad y silencio. Relajamiento y autocomplacencia, ciega y espuria. El otro sólo me importa mientras lo necesito o mientras no me molesta. La capacidad de abstracción individual y social no tiene límites. Lo colectivo, lo común se relativiza, así nos lo hacen creer. No hay un rumbo cierto y seguro. Hay miedo al compromiso, a la búsqueda de la verdad, la simple y desnuda verdad. Nos asusta.

Hay una clara disociación entre lo privado y lo público, lo individual y lo institucional. Y la sociedad rehúye de jugar el papel al que está llamada ensimismada en su propia dejadez. ¿Quién la ha desmoralizado, quién marca las pautas? La política ha sido superada por el partidismo, también por la demagogia, el sectarismo y cierta radicalidad. Han hecho que no sea compatible ética y comportamiento político. La política es prisionera de sus dilemas inapetentes, su falta de hondura y rigor intelectual, de firmeza prudente, ayuna de reflexión, huérfana de ideas. Muertas las ideologías, derecha e izquierda, o más bien esta derecha a medio camino del autoacomplejamiento y el centro reformista o tal vez liberal y una izquierda disfrazada e irreconocible, no hacen más que huir de la moderación, de la pulcritud, del decoro y la responsabilidad. Es la sociedad postmoderna sin ideologías ni principios, o el hombre masa que se desvertebra asimismo. Y el espejo no es sino el mismo reflejo de la política en la sociedad indolente, pasiva, líquida y a la vez vaporosa de valores. ¡Los valores! Nadie alza su voz. ¿Para qué pensar libremente? Cuántas paradojas, las paradojas de la libertad del amigo y politólogo Pendás. ¿Dónde está el liderazgo? O tal vez ¿por qué buscarlo si nadie lo exige?

 

 

La financiación de los grandes sindicatos ¿una parte del problema?

En todo occidente el papel de los sindicatos en la consolidación de los derechos sociales a lo largo de los siglos XIX y XX ha sido indiscutible y su rol como grupo de interés en defensa de los trabajadores reconocido como un elemento más de las sociedades democráticas avanzadas. En España los movimientos obreros y sindicales, desde que empezaron a surgir a partir de 1833 han constituido un elemento fundamental de modernización que, unas veces a través del conflicto, otras mediante la negociación, han condicionado que poco a poco, se fuera construyendo un sistema en el que la garantía de un cierto bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases sociales terminaran siendo una realidad.

Durante la transición, como hemos comentado en otros post: (ver aquí), un pacto no escrito hizo que los poderes públicos primaran a dos centrales sindicales (CCOO y UGT) por encima de las demás, sin perjuicio de favorecer también a otros sindicatos que unían a sus reivindicaciones sociales otras de carácter nacionalista. En un primer momento, esta decisión obedecía a la necesidad de legitimar unos acuerdos imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiría el avance de la democracia en España, a pesar de los embates de la crisis económica de finales de la década de los setenta y primeros años ochenta. Para ello se cedió a la pretensión sindical de adquirir un mayor peso no solo político sino también económico, y a la configuración de los sindicatos no solo como organizaciones meramente reivindicativas sino también prestadoras de servicios. Lo cierto es, que este modelo de concertación social ha tenido aspectos positivos y ha coadyuvado que en estas últimas décadas, salvo excepciones y conflictos puntuales, no hayan existido en nuestro país grandes tensiones sociales y la estabilidad social ha constituido un valor que ha favorecido el crecimiento de nuestra economía.

Parte de este éxito reside en la atribución de unas funciones institucionales a las centrales sindicales consideradas como mayoritarias, lo que conlleva que gran parte de su financiación se realice con transferencias de fondos públicos aunque disimulándolo por muy diversas vías. Se trata de canales con cobertura legal y que, incluso en la mayoría de los casos tienen relativa publicidad al aparecer anunciados en los diversos boletines de las diferentes administraciones que los conceden. Sin embargo la cuantificación total de las cuantías es muy difícil de precisar dada la poca transparencia y la dispersión en la que todo este proceso se desenvuelve. En este artículo, más que intentar realizar una cuantificación nos limitaremos a repasar los muy diferentes conceptos por lo que estos sindicatos obtienen financiación, cuestión que, por sí, ya resulta reveladora.

Por lo que se refiere a sus infraestructuras, además de contar con la obligación legal que pesa sobre los empresarios de cederles locales en el lugar de trabajo y espacios para divulgar sus mensajes; los inmuebles donde tienen sus sedes han sido cedidos, en su inmensa mayoría, por los poderes públicos, bien bajo la figura de la devolución del patrimonio histórico sindical, bien por la subrogación de CCOO y UGT en la posición del antiguo Sindicato Vertical franquista. (Por ejemplo, la sede principal de la UGT en la Avenida de América de Madrid, que  se encuentra en un edificio de nueva planta que se construyó para aquel), bien por la mera cesión de espacios derivada de la negociación colectiva. En estos días, precisamente, nos encontramos con que en Madrid, determinadas dependencias ministeriales ocupadas por centros directivos del Ministerio de Trabajo están siendo desocupadas y los funcionarios trasladados forzosamente para, luego, ser cedidas a CCOO.

Para cubrir sus gastos de gestión ordinarios, además de las cuotas de sus afiliados, todos los sindicatos reciben una subvención pública en virtud del número de representantes que obtienen en las elecciones sindicales. Además, una parte importante del coste de personal que necesitan para la realización de sus actividades es sufragada por las propias empresas que abonan los salarios del personal liberado que, a través de la figura de la acumulación del crédito horario de los representantes de los trabajadores en determinadas personas designadas (liberadas) por el sindicato, dejan de prestar sus servicios para la empresa o Administración que los contrató para dedicarse a tiempo completo a aquel. En este sentido, es importante destacar que durante los últimos años, un objetivo sindical en sus negociaciones con los empleadores del sector público ha sido el ampliar el número de liberados por encima de lo establecido con carácter mínimo por la legislación vigente, constituyendo este logro tanto una fuente indirecta de financiación, como un instrumento clientelar para privilegiar a algunos de sus afiliados.

Por otra parte, los sindicatos han desarrollado un eficaz mecanismo que captación de fondos públicos con carácter finalista presentándose con regularidad a las convocatorias de subvenciones anunciadas por las diversas Administraciones Públicas (central autonómica, local e institucional) para el fomento de la actividad asociacionista, la realización de todo tipo de estudios, programas sociales, planes de igualdad, integración de inmigrantes, etc…; siendo adjudicatarios de este tipo de ayudas como si se tratase de una organización no gubernamental más. Resulta tremendamente complicado determinar el monto total derivado de esta fuente de financiación pues la información de las subvenciones y ayudas concedidas aparece disgregada en los centenares de boletines oficiales del Estado, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos, etc…

Participar en los foros institucionales es una actividad, por lo general, retribuida. Unas veces lo es de manera directa al propio sindicato; así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración les concede anualmente una compensación económica por su participación en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. También, en ocasiones, el abono se realiza a título personal a favor de aquellas personas que son designadas por el sindicato para participar en la comisión o consejo de administración correspondiente. De esta manera, representantes de los sindicatos pertenecían a los consejos de administración de las quebradas Cajas de Ahorros y siguen formando parte de los consejos de los entes públicos titulares de las televisiones y radios públicas; de los entes del sector empresarial y fundacional público estatal, autonómico o local; de los órganos que controlan el fondo de pensiones de los funcionarios públicos; de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, entre otras muchas instituciones.

Atención especial merece, el papel que para los sindicatos más representativos supone su participación en la gestión de los recursos recaudados a los trabajadores y empresarios bajo el concepto de “formación profesional”. La cuota de formación profesional es el resultado de aplicar el tipo de 0,70% a la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. De ese 0,70%, un 0,1% es la parte que se detrae de la nómina del trabajador y un 0,60% es la parte que soportala empresa. Una parte importante de lo recaudado es gestionado porla denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de la empresa y CCOO, UGT y CIG como organizaciones sindicales más representativas.  La forma en la que se gestionan esos fondos ha sido hasta tiempos recientes muy opaca y, de hecho, en la página web institucional, los últimos datos ofrecidos se refieren al año 2008. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, distribuye directamente entre las centrales sindicales mayoritarias millones de euros con esta finalidad. También las Consejerías de trabajo de las Comunidades Autónomas, en desarrollo de sus políticas activas de empleo, les adjudican numerosos recursos para esta finalidad. El control financiero sobre la forma en la que esos fondos se aplican a la organización de cursos difiere de unas comunidades a otras, pero ha sido históricamente escaso y el control de calidad sobre el nivel de la enseñanza impartida en ellos y la cualificación de los ponentes que los imparten muchas veces es inexistente.

Asimismo, los sindicatos también perciben ingresos como prestadores de servicios a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los no afiliados, destacando los servicios de carácter jurídico, pero salvo las primeras consultas, facturan por estos servicios unas cantidades que no divergen demasiado de los precios de mercado. También, por su participación en los expedientes de regulación de empleo, que es obligatoria por mandato legal, facturan un porcentaje sobre el importe de cada indemnización percibida por los trabajadores. Cuestión ésta que, al margen de la consideración ética que pueda merecer, incluso es dudoso que tenga un apoyo jurídico firme dado el carácter preceptivo de su intervención y la imposibilidad para el trabajador de poder optar por otras posibilidades. En su momento, intentaron incorporarse al negocio inmobiliario a través de la constitución de cooperativas de viviendas y al sector asegurador, pero en general con resultados muy poco alentadores.

En definitiva, todo el conglomerado de intereses que se ha ido tejiendo alrededor del rol institucional de los sindicatos más representativos ha dado lugar a una creciente dependencia de la financiación pública lo que provoca, cada vez con mayor frecuencia, soterrados conflictos de intereses entre los que son propios del sindicato como organización y los que afectan a sus representados como colectivo. El consecuente distanciamiento entre estos sindicatos y las bases de trabajadores se traduce en su progresiva pérdida de apoyo real.

Cada vez es menor la afiliación de los trabajadores a estas organizaciones y la diferencia entre la representación real obtenida por los grandes sindicatos y los múltiples sindicatos sectoriales, independientes o minoritarios que han ido surgiendo se acorta elección tras elección. Un ejemplo de ello es el resultado de las últimas elecciones enla Administración Generaldel Estado donde, hasta el 1 de septiembre de 2011, CCOO y UGT, si bien son las centrales con mayor número de representantes, obtienen juntas solo 411 de los 936 representantes. Es decir menos de la mitad del número total. Sin embargo, su influencia a la hora de liderar la negociación colectiva y su capacidad de percibir fondos públicos permanece intacta y es desproporcionadamente superior a la de sus competidores gracias a las sucesivas reformas legales que, cada vez, priman más el ámbito institucional de la representación sobre el ámbito de actuación de los representantes directamente elegidos por los trabajadores en cada centro de trabajo.

Así pues, podemos concluir que parece necesario reordenar esta situación, sistematizar mejor y dotar de mayor transparencia a las fuentes de financiación de los sindicatos considerados como más representativos y, en la medida de lo posible, facilitar una cierta autonomía financiera que no les haga tan dependientes del sector público. Es posible incluso, que sea conveniente revisar este mismo concepto de “sindicato más representativo” para que el rol institucional de cada agente social se corresponda mejor con la realidad social que representa en la práctica,. De esta manera, tal vez pudiera reforzarse la legitimidad de los sindicatos que, por tradición e historia, les corresponde y que sin embargo, ahora resulta cuestionada por amplios sectores sociales.

En ese sentido, revisar la Ley Orgánica de Libertad Sindical quizás sea también una de las tareas pendientes que haya que abordar para impedir que el movimiento sindical, en vez de ser una parte de la solución de la actual crisis del sistema, termine convirtiéndose en una parte del problema

Embajadas autonómicas: sentido y responsabilidad

Permítanme rebautizar la película de Ang Lee Sentido y Sensibilidad (1995, Emma Thompson, Kate Winslet) y llamarla Sentido y Responsabilidad para dar título a este post sobre embajadas autonómicas, donde pretendo analizar el sentido que tienen estas “embajadas” y apelar a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos para que reflexionen sobre su necesidad. No existe ninguna duda de que las Comunidades Autónomas pueden establecer (y de hecho lo hacen) oficinas en el exterior, de la misma manera que una entidad privada. Otra cosa es la discusión sobre sus competencias y sobre su estatuto jurídico y el de su personal. Y otro asunto es la conveniencia, necesidad y función de las mismas sobre todo en el actual panorama actual de crisis económica que estamos atravesando.

Las oficinas en el exterior de las CCAA se dividen en dos tipos: delegaciones autonómicas, con funciones de representación institucional y oficinas sectoriales, con competencias de ejecución de políticas sectoriales de los gobiernos autonómicos. Estas oficinas sectoriales son principalmente oficinas comerciales que apoyan la internalización de empresas de la región y también oficinas de promoción del turismo regional.

Vemos por tanto que bajo el término “embajada” se están agrupando los diferentes tipos de oficinas en el exterior que mantienen las CCAA (delegaciones y oficinas sectoriales/comerciales) que tienen objetivos muy distintos.

Las delegaciones tienen un claro componente institucional y los límites de la proyección exterior de los gobiernos autonómicos a través de estas delegaciones se deben situar en la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores, entendiendo que ésta no sólo se desprende del artículo 149.1.3 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las «relaciones internacionales», sino también de otros títulos competenciales.

Las oficinas sectoriales o comerciales tienen como objetivo final aumentar los ingresos de las empresas de la región y por ende de la Comunidad Autónoma gracias a la actividad exterior. Desde luego, en la situación económica actual, donde lo prioritario es atajar el déficit, si además de recortar gastos se aumentan ingresos mejor que mejor.

Analizados los diferentes tipos de “embajadas”, la siguiente pregunta inmediata es ¿cuántas de estas “embajadas” autonómicas hay por el mundo? Pues cerca de 200, pero la respuesta no es obvia por la falta de transparencia que rodea al asunto en cuestión.

Si hacemos el ejercicio de buscar por las páginas web de los gobiernos autonómicos información sobre estas “embajadas” podemos acabar exhaustos y sin llegar a ninguna conclusión (eso sí, navegando por estas páginas nos vamos a sorprender de la cantidad de empresas, sociedades, fundaciones, consejos consultivos que existen en las autonomías, pero eso sería asunto de otro post).

La mejor aproximación sobre el número de “embajadas” la podemos encontrar en noticias de prensa del pasado 2010 que filtraron el contenido de la documentación recibida por el diputado del PP Eugenio Nasarre ante un requerimiento de información al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (ver noticia).

 

 

  

El primer dato reseñable es que todas las CCAA tienen una delegación en Bruselas. Curioso porque se ha demostrado que las CCAA pueden tener una relación directa con los representantes europeos al mayor nivel  (véase la reciente reunión del presidente Barroso con nueve presidentes autonómicos, en la que por cierto les pedía trabajar conjuntamente con el Estado para atajar el déficit, ver noticia).

Otra cuestión de interés es relacionar el número de “embajadas” (en su mayoría oficinas comerciales de promoción económica, descontando la delegación que tienen todas las CCAA en la UE) con el número de empresas existente en cada Comunidad (para lo cual tomamos como referencia las cifras del Instituto Nacional de Estadística). Las oficinas exteriores comerciales están al servicio de las empresas de cada región, así que podemos ver lo privilegiadas que son las empresas asturianas, que “tocan” a 5.823 por “embajada”. Por el contrario, las peores paradas serían las castellano-manchegas, que “tocan” por oficina comercial a 130.079 empresas (una masificación en comparación con sus colegas asturianos).

Sin embargo, cuando hablamos de “embajadas” autonómicas la primera Comunidad que se nos viene a la mente es Cataluña y no Asturias. ¿Cataluña es la única CCAA con “embajadas”? Obviamente no, pero es la que más tiene,  eso sí. ¿Es la que más ha promovido en los últimos años la apertura de delegaciones autonómicas (que no oficinas sectoriales de carácter comercial)? Probablemente sí. ¿Estas nuevas delegaciones han supuesto un importante desembolso para los contribuyentes catalanes? Pues también, porque independientemente de sus funciones, estas embajadas se han situado en edificios emblemáticos de altísimo coste (la “embajada” de Nueva York cuesta a los catalanes más de 90.000 euros anuales solo en concepto de alquiler y mantenimiento del edificio, ver noticia). Para más inri, estas “embajadas” se han establecido muchas veces en lugares donde Cataluña ya tenía representación de alguna oficina comercial o sectorial. De hecho, el fenómeno “multisede” de la acción exterior catalana se produce en diversos países: en Alemania hay cinco “embajadas” (la canciller Merkel se sentirá halagada por semejante despliegue), en Estados Unidos cuatro y tres tanto en México como en Reino Unido.

El nuevo Gobierno de CIU planea una “nueva orientación de las funciones y la gestión de las oficinas de acción exterior de la Generalitat, priorizando el máximo nivel de apoyo a las necesidades de internacionalización de la economía y la empresa catalanas” (ver noticia). Desde luego, trabajo tienen en este ámbito.

En el actual contexto, abrir o mantener una “embajada” autonómica (en el sentido estricto de delegación oficial que no oficina comercial) no se justifica por el mero hecho de potenciar la imagen institucional de un gobierno autonómico o por el hecho de llevar a cabo acciones de la denominada diplomacia cultural (promoción lingüística, etc).

Es necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de los gobiernos autonómicos y sus responsables políticos. Si se están introduciendo drásticos recortes en el Estado del Bienestar en sus autonomías (sanidad, educación…), limitemos la acción exterior a la promoción económica y comercial aprovechando al máximo las infraestructuras existentes para evitar incurrir en costes innecesarios (alquiler de edificios, gastos corrientes, etc). No olvidemos que la acción exterior de las autonomías debe coordinarse con la del Estado y que los medios que tiene el Estado para la promoción económica y comercial en el exterior están a disposición de las autonomías. Recordemos que tenemos organismos estatales como el ICEX, con su red de oficinas comerciales por todo el mundo y TURESPAÑA, con presencia en más de 100 países. España es un país plural y moderno pero país al fin y al cabo, aprovechémoslo.

Perú y España: dos trayectorias.

Rodrigo Tena y yo acabamos de volver de un interesante viaje al Perú de una semana. El Perú, así escrito, con el artículo como hacen sus naturales, está dotado de unos preciosos paisajes, tan variados como asombrosos y de una riquísima mezcla de culturas, y cualquier viajero curioso encuentra abundantes satisfacciones. El motivo principal del viaje, un proyecto de cooperación para facilitar la titulación y formalización de la propiedad informal de los habitantes de barriadas humildes en el Departamento de Ica, que fueron afectados por el terrible terremoto de 2007, merecería por sí un post. Pero ése no es el que toca ahora, pues prefiero unas consideraciones más generales. Que se hacen más fáciles cuando, como es nuestro caso, hemos contado con excelentes anfitriones que entre otras muchas virtudes tienen la de compartir con los viajeros su penetrante análisis de la realidad peruana.

En realidad, casi cualquier viaje pone la perspectiva para una visión más certera de nuestra propia realidad cotidiana. Es alejarse de los árboles para ver el bosque. Por ello, conocer otro país, su evolución y sus problemas, y compararlo con el nuestro (como Elisa, casi tengo que pedir perdón por estar refiriéndome a España) nos permite hacernos con imágenes reveladoras. Nos contemplamos así en un espejo ajeno que nos da buenas pistas sobre nosotros mismos.

Es claro que hay que partir de una obviedad. El Perú es mucho, pero mucho más pobre que España. Pero no es esta comparación de términos absolutos la que me interesa aquí para este blog. Sino la de las trayectorias.

Efectivamente, viene ese entrañable país de un pasado demasiadas veces calamitoso, en el que ha padecido tiranías, populismos irresponsables y fases de una violencia atroz. Pero si vemos su evolución en los últimos doce años tales calamidades parecen haber quedado definitivamente atrás. Fujimori, en medio de sus excesos y con métodos más que discutibles, consiguió su estabilización económica, y aseguró a empresas e inversores un imprescindible marco de seguridad. El restablecimiento de las Instituciones en un nuevo marco democrático, pervertido por su antecesor, fue obra del siguiente Presidente, Alejandro Toledo. Desde entonces, ese nuevo marco jurídico y económico ha permitido al país el crecimiento económico asombroso de un nuevo dragón americano. Y ha sido sustancialmente respetado por los gobernantes sucesivos, Alán García y el actual Presidente Humala, a pesar de tener éstos sus orígenes en las izquierdas más populistas.

La economía peruana es cada día más abierta, y se ha incorporado con entusiasmo a la globalización, dispuesta a aprovechar sus oportunidades mejor que a criticarla desde retóricas victimistas como algunos de sus vecinos. Esta apertura se va traduciendo también en la propia sociedad. Hoy es indudable que la riqueza se está extendiendo por todas las capas sociales, y que frente a la vieja sociedad dual que tan bien describieron esas novelas inolvidables que no hace falta citar, va surgiendo una pujante clase media, en la que a veces se encuentran personas de humildísimos orígenes con antiguos miembros de la oligarquía tradicional.

Por supuesto que no todo es brillante. La Administración pública y la educación siguen lastradas por un bajo nivel general, faltan infraestructuras básicas y los servicios públicos siguen siendo deficientes. En la barriada de Pachacute en Callao, en las afueras de Lima, donde Rodrigo y yo pasamos un día emocionante descubriendo las diversas obras sociales de Coprodeli, vimos unos niveles de pobreza terrible, a pesar de lo mucho que, según nos dijeron, había mejorado, y de las pequeñas empresas que en ese entorno se van creando.

Sin embargo, y a pesar de los problemas, existe un clima general de optimismo en todo el país. Cada vez surgen más empresas, y su actividad va superando fronteras. Y es una idea generalmente aceptada que el rigor económico y el progresivo fortalecimiento institucional están en la raíz de este progreso, y por ello son tesoros que hay que incrementar. Dejo para otra ocasión el pormenizar otros datos, pero puedo contaros cómo nos sorprendieron, por ejemplo, pintadas electorales que permanecían de la última campaña de elecciones presidenciales, en la que junto al nombre de una candidata, aparecía como promesa suya: “títulos de propiedad”.

No me cabe duda de la íntima relación que existe entre la existencia de un sistema jurídico sólido que ofrezca seguridad, y la capacidad de crecimiento económico. Sobre todo si la Administración pública consigue ser dinamizadora y no obstaculizadora del desarrollo comercial y empresarial.
En contraste ¿Qué tenemos en España? Una Administración atomizada e hipertrofiada, demasiadas veces más al servicio de nuestra casta política que de intereses generales, y que consume inútilmente ingentes recursos. Un progresivo deterioro institucional, que va minando nuestro Estado de derecho, como hemos venido denunciando en este Blog. Y, no por casualidad, un estancamiento o incluso retroceso económico en un ambiente general de pesimismo donde vemos cada vez más empresas hundirse.

Efectivamente, a pesar de sus mayores niveles de pobreza, el viajero llega a contemplar la realidad peruana con una cierta celosa melancolía. Ellos están en la buena trayectoria. Nosotros hace tiempo que la perdimos, y urge cambiar el rumbo de forma radical. Pero ¿seremos capaces?

Ser o no ser honorable

Nuestro colaborador Fernando Irurzun publicó ayer en El País una tribuna sobre el requisito de la honorabilidad para ejercer determinadas profesiones, singularmente las financieras. Se trata de un resumen del post que publicó en nuestro blog el ocho de septiembre pasado. La tribuna de ayer se puede consultar aquí.

Por pura casualidad, ayer también publicó El Confidencial que la asamblea de inspectores del Banco de España (integrada por unos 250 profesionales) han emitido un comunicado en el que critica al gobernador, Sr. Fernández Ordóñez , por su inactividad en relación a la permanencia en el cargo del Sr. Alfredo Sáenz tras ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.

Por lo que se ve no sólo hay indignados en la Puerta del Sol.

¿Eximente de responsabilidad para los cargos negligentes?

Tenía pensado enviar este post, que ha surgido como consecuencia de reflexiones acerca de otro, publicado por Elisa de la Nuez hace tiempo (sobre “el mandatario infiel o la falta de rendición de cuentas”) cuando leo el nuevo artículo de Elisa en el Mundo (12/10/2011) titulado “El ministro en la gasolinera”. Magnífico artículo, al que me adhiero por completo, pero que me “pisa” una vez más el que ya tenía escrito, lo cual quiere decir, no sólo que estemos en sintonía de ideas, sino que el problema del que tratamos (la ausencia de responsabilidades de nuestros cargos públicos) es algo que requiere tomar decisiones urgentes. No obstante lo envío al blog tal y como estaba escrito a pesar de que pueda existir redundancia de planteamientos e ideas.

Porque a ver si los políticos se enteran de una vez que, por mucho que manden cuando ocupan cargos públicos, no dejan por ello de ser responsables ante todos nosotros de su gestión. Si están en  el convencimiento de que los dineros públicos no son de nadie (frase pronunciada no hace mucho por una conocida política) vamos realmente mal, porque ese dinero es de todos los ciudadanos y es a ellos a quienes hay que rendir cuentas de su utilización. Rendir cuentas significa, ante todo, trasparencia en la gestión y asunción de las responsabilidades de todo orden por una mala gestión y, evidentemente, por utilizar los caudales públicos para favorecer a los amigos o a los políticamente afines. Así las cosas, resulta simplemente esperpéntico leer y escuchar, un día tras otro, noticias relacionadas con lo que han estado haciendo los políticos con nuestro dinero (ese que es de todos) no como si fuera suyo -que más cuidado habrían tenido- sino como si no fuese de nadie. Que cada uno con su dinero es muy dueño de hacer lo que quiera – invertirlo, gastarlo o regalarlo-  pero con el dinero que otro deposita confiado en tus manos el asunto es muy diferente. Ese dinero ha de emplearse de la mejor forma posible, en beneficio de quien lo depositó, rindiendo escrupulosas cuentas y asumiendo la responsabilidad que corresponda por su uso indebido.

Aquí comienza la odiosa comparación entre la esfera pública y la privada, porque si una buena parte de nuestro dinero se utiliza para beneficiar a los amigos del gestor (vía subvenciones absurdas o contratando directamente para puestos sin contenido real no acorde con la remuneración que se paga) o para hacer frente a proyectos faraónicos sin ninguna clase de rentabilidad social o económica, el gestor debería dejar su cargo inmediatamente como primera medida. Y, a continuación, tendría que hacer frente a las responsabilidades de su insensata gestión asumiendo todas las consecuencias, entre las que debería encontrarse la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, la realidad nos muestra cómo las cosas distan mucho de ser así, ya que a los malos gestores de la cosa pública no sólo no se les exigen responsabilidades sino que se les premia con un nombramiento “a dedo” o con un puesto en las listas electorales. ¿Que han dejado en la ruina a un Ayuntamiento o a una Comunidad Autónoma? Pues no pasa nada, o mejor dicho, pasa que encima reciben la recompensa de turno y a los ciudadanos se nos queda cara de pasmados ante tanta desfachatez en nuestras mismas narices. Total, como el dinero no es de nadie…

Con este tipo de planteamientos se utiliza, además, el conocido “y tú más ..” que parece servir para todo menos para poner un poco de orden y sentido común en las cosas. Porque el hecho de que “los otros” hayan caído en los mismos o semejantes errores (aún suponiendo que sea cierto) no veo en qué puede afectar a la responsabilidad de quien ha gestionado mal lo que tenía a su cargo. Eso mismo en una empresa privada puede suponer el despido inmediato sin que valgan para nada las excusas de que “fulanito” también ha actuado igual y, de momento, quien ha actuado irresponsablemente se va a la calle (luego veremos si fulanito le sigue también). Y es puede que hayamos perdido ya la capacidad para asombrarnos ante el derroche de dinero en aeropuertos sin aviones, estaciones del AVE sin pasajeros, carreteras a medio construir que conducen a la nada, y otros gastos similares. Probablemente la hemos perdido porque estamos conociendo ahora, también, la cantidad de subvenciones al cine (¿acaso es una profesión privilegiada?), a los Sindicatos (que sean financiados por sus afiliados) y a los propios partidos políticos (idem) sin que se haga nada al respecto. Claro que el hecho de que las subvenciones ala lenteja Renkahormonada (magnífico el artículo de Ansón sobre el asunto), al folklore o al fomento de una lengua se coloquen con preferencia a la sanidad o a la educación colman ya el vaso de los despropósitos.

A este paso, el tan proclamado Estado del bienestar (que se demanda, a veces, como expresión hueca) se va a trasformar en el bienestar de unos pocos y el malestar de muchos (entre los cuales ya hay casi cinco millones de parados). Y no me refiero ahora al bienestar de los “ricos” (esa es otra historia) sino al de unos políticos que pretenden gozar de una especie de eximente de responsabilidad en el ejercicio de sus cargos, lo cual resulta cada vez más inadmisible.

 

Una “conferencia de paz”

La “conferencia internacional” celebrada esta semana en San Sebastián con la participación de destacados “mediadores internacionales”, terminó con una declaración posiblemente ya conocida por todos los lectores (se puede consultar aquí). 

En Derecho se habla de mediar cuando un tercero ajeno a un conflicto (y de esa manera no afectado por los prejuicios y las limitaciones tácticas y estratégicas de las partes) interviene a los efectos de acercar posturas y facilitar un acuerdo que esas partes desean, pero que reconocen que por si solas se ven imposibilitadas de conseguir. Esa solicitud de mediación por ambas partes implica, asimismo, un cierto reconocimiento de la legitimidad de la postura de la otra parte, porque si no fuera así nadie tendría que mediar, distribuir, asignar equitativamente. Por eso, que a estas alturas alguien pretenda “mediar” en el “conflicto vasco”, es decir, ayudarnos a superar nuestras “limitaciones” de cara a acercar posturas entre las partes enfrentadas (el Estado y ETA) resulta, no tanto un sarcasmo o un insulto, como algo simplemente ridículo. Este intento del mundo de ETA recuerda vagamente al de Himmler, buscando una paz negociada con los aliados en mayo de 1945. Si en 1940 un Churchill completamente aislado y asediado no quiso negociar con Hitler, precisamente para no cometer el error de reconocerle ninguna legitimidad,  menos aún al final de la guerra. Lo que no implicaba, ni implica, que el enemigo esté derrotado y no pueda seguir haciendo daño. Los nazis siguieron emboscando soldados aliados muchos meses después de la guerra. Pero es obvio que si la decisión de resistir la barbarie y de no llegar a acuerdos fue monolítica en tiempos duros, cuando todo parecía perdido, no podía serlo menos cuando el final estaba a la vista.

Volviendo a nuestra época, otra cosa muy distinta es que las circunstancias políticas aconsejen “ablandar” al sector abertzale más díscolo con el fin de que acepte mejor la medicina de la disolución. Desde esta perspectiva, la “conferencia” no sería tanto una conferencia “de verdad” como una pantomima con la finalidad de vender mejor una burra ya vendida. De ahí toda la retórica empleada por los “mediadores”, incluida esa mención final sugiriendo “que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, así como otras relacionadas al respecto con consulta a la ciudadanía”. En definitiva, todo el montaje no sería mas que una envoltura retórica con la finalidad de facilitar a los terroristas cierto “sentido” (propio, particular e intransferible) a su decisión definitiva de abandonar las armas.

En el año 2005, cuando el final de ETA también parecía próximo, escribí una tribuna en El País sobre este tema (“El terrorista y sus víctimas: personas en busca de sentido”). En ella defendía que puede ser interesante facilitar que los terroristas encuentren ese sentido, pero circunscrito exclusivamente al tema de los presos (al final vino el error de las famosas dos mesas y el proceso se frustró). Sin embargo, proporcionarles sentido a través de la retórica resulta extraordinariamente peligroso.

Quien mejor comprendió siempre este riesgo fue, sin duda, Víctor Kemplerer. Al fin y al cabo se trataba de un lingüista, a mayor abundamiento judío y que pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Además de sus inmortales diarios, dejó una obrita muy reveladora, denominada LTI (Lingua Tertii Imperii) donde explicaba el uso político del lenguaje por los nazis y hasta que punto tal uso era capaz de pervertir la comprensión de la realidad. Y es que, efectivamente, como tantas veces se ha dicho, el lenguaje no es neutral, sino que transmite ideas, actitudes, emociones, de forma quizá solapada, pero, precisamente por solapada, tremendamente eficaz. Hablamos de “conflicto”, de “mediadores”, de “política”, de “consulta ciudadana”, y creamos de forma casi inconsciente en nuestra mente un marco de comprensión de los hechos reales donde están ausentes el asesinato, la extorsión, los terroristas y la falta de libertad política.

Por eso el sentido no se puede conceder a ese precio, porque luego, alguien, inevitablemente, querrá cobrar la factura y me atrevo a decir que si no la cobra se sentirá estafado. Ya que hemos citado el ejemplo nazi -y alguien muy legitimado ha hablado de que, en realidad, lo que ETA necesita es un Nuremberg histórico- sigamos con la analogía. Los aliados esperaron a valorar las consecuencias políticas en juego y a dar “sentido” a los alemanes (mayoritariamente cómplices en la barbarie) a que la guerra hubiese acabado, y básicamente lo limitaron al tema de los presos nazis. Es verdad de que en el juicio principal de Nuremberg condenaron a los más importantes y los ahorcaron, pero el destino de los miles que fueron juzgados en los juicios posteriores fue mucho más liviano. La mayoría salió de la cárcel a los pocos años. Los aliados consideraban que una Alemania unida y reconciliada, fundamental en la Guerra Fría, así lo exigía. Este argumento del peligro rojo fue insistentemente utilizado por los nazis al final de la guerra con la finalidad de llegar a un acuerdo, especialmente por Himmler, pero nadie lo tuvo en cuenta hasta que ésta hubo acabado. Entonces es cuando pasó a convertirse en una cuestión importante, con todos los dilemas morales que tal cosa implicaba.

La historia está contada de manera insuperable en la película “Un juicio en Nuremberg”, traducida aquí como “Vencedores o vencidos” y dirigida por Stanley Kramer en 1961. En esa película hay dos escenas memorables. La primera protagonizada por el juez de la causa (interpretado por Spencer Tracy) y el abogado defensor (Maximilian Schell). En ella el abogado pronostica al juez, después de conocer la condena a perpetuidad de los acusados, que todos saldrán a los pocos años (como así fue). El juez le responde que tal cosa puede ser útil y conveniente, que él no lo niega, pero ni toda la utilidad y conveniencia del mundo la podrán hacer justa. Pero la segunda escena es todavía más pertinente a nuestros efectos. En la escena final de la película se enfrentan el mismo juez y el acusado principal (un juez nazi interpretado por Burt Lancaster). Cuando el nazi le pide que comprenda que el no participó en el terrible horror de las cámaras de exterminio, Spencer Tracy le rectifica: participó en el momento en que decidió condenar a muerte al primer inocente.

Quizá haya que sacarles de la cárcel -no será justo, lo se- pero quizá sea útil si se hace bien, individualmente y previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. Pero lo que a estas alturas no vamos a hacer es condenar, ni siquiera retóricamente, a un inocente. Como señalaba en ese artículo de 2005, mezclar el tema de los presos con cualquier cuestión política, aun limitándola al uso del lenguaje, “sería insoportable para todos, pero especialmente para las víctimas. Sería un atentado existencial injusto y criminal. Criminal, porque justificaría el crimen: sería incluso peor que volver a matar a la víctima, porque le arrebataría hasta el propio sentido de su vida y de su muerte.”