Comisiones de investigación ¿o de ocultación?

 

Este año que concluye es para despedirlo políticamente como un “hasta nunca”. En treinta y cuatro años de historia constitucional reciente nunca se había producido tanta regresión de nuestra democracia. Cierto es que algunas prácticas no son solo de ahora sino que se vienen gestando desde hace un tiempo, pero se ha ahondado en algunas de ellas y además ahora se han producido unos hechos que llevan a  encender todas las luces rojas. El absoluto desprecio a la noción de que  la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1.2 de la Constitución) plasmado en el seguidismo a lo que toque llámese troika o “los mercados”, el inaudito uso abusivo del Decreto-ley como forma normal y preferente de legislar todos los viernes , el abordaje de todas las instituciones de control (Defensor del Pueblo, Comisión del Mercado de Valores, etc) por personas con nula independencia política son algunos de los abundantes ejemplos que nos deja este aciago año.

 

Pero decía que hay vicios que vienen de hace tiempo, aunque su consolidación y su “normalización” está golpeando con fuerza  la democracia, provocando la aparición  (aunque los intelectuales orgánicos siguen bastante silentes) de muchas voces regeracionistas. Uno de esos vicios es la corrupción que continúa creciendo y que sigue siendo promovida y consentida, casi como si estuviese institucionalizada, por los principales partidos políticos como PP, PSOE y CIU. Pero nada sucede.

 

Muy vinculado a este fenómeno, es el que quería tratar en este post y que se refiere a uno de los teóricos mecanismos (ya que los judiciales se atascan y si no, ahí está el indulto para arreglarlo todo) para reaccionar frente a esto: las Comisiones de Investigación. Este año ha habido tres muy relevantes que ponen en evidencia la mentira del Sistema.

 

La primera comisión de investigación en el Parlamento se refiere a Bankia. Es esta la mayor estafa institucional que ha sucedido en toda la historia de España, de una Caja de Ahorros que, como todas, estaba dirigida por okupas políticos que alejados de criterios profesionales e imbuidos de amiguismo y arbitrariedad, crearon un agujero inmenso que ha provocado que nuestra crisis tenga tanta profundidad. El estallido de Bankia ha causado un daño muy intenso que ha provocado que miles de clientes perdiesen millones y millones de ahorros a través de ofertas engañosas y fraudulentas. Como además del Presidente de la entidad, estaba todo ocupado (no solo el Consejo de Administración sino todos los niveles) por políticos del partido en el poder (acompañados como tontos útiles de un puñado de dirigentes de la oposición y, como no, sindicalistas vividores) la oposición para evitar la investigación y la verdad ha sido una constante de los últimos meses.

 

Así, se solicitó en mayo una comisión de investigación en el Congreso, petición que fue rechazada por el PP y CIU . Sin embargo, tanta indignidad se corrigió levemente constituyendo una Comisión no sobre la entidad financiera madrileña sino, en general, sobre el sistema financiero, para diluir el caso Bankia. Por ahí pasarían en julio algunos dirigentes de diversas Cajas (también gobernadas por el PSOE) pero lo harían de forma muy “light”. De hecho, cuando comparecieron en pleno verano, la presencia del principal protagonista, Rodrigo Rato, quedaría casi difuminado pues ese mismo día harían presencia otros tres comparecientes más. La resonancia fue muy limitada, los tiempos de intervención, muy escasos y todo quedó muy tapado. Además, aunque en este caso el escándalo era del PP, la oposición socialista tenía también mucho que perder (caso de la Caja de Castilla la Mancha en la cual, por supuesto por sus méritos profesionales, estaba en el Consejo de Administración el marido de Maria Dolores Cospedal, presidenta de la Comunidad). Muy pronto decidieron cortar por lo sano y después de un merecido descanso, así que los clientes defraudados (y no solo moralmente) y los españoles que con nuestros impuestos estamos tapando el agujero vimos cómo en septiembre la Comisión no se reanudaba. Vergonzoso.

 

Otra comisión de investigación (perdón, de ocultación) famosa de este año ha sido la de los ERES andaluces. Ha sido también otro escándalo esta práctica de nepotismo y corrupción instalada en la Junta de Andalucía. La inclusión indebida de personas en los ERES, la ayuda a empresas sin tener derecho por razones políticas, la falta total y absoluta de procedimiento , etc, etc eran prácticas muy frecuentes en la Administración socialista andaluza. Muchas cosas se destapan (así fue en este caso) cuando un magistrado actúa con rigor e imparcialidad. Así se pusieron de manifiesto unas prácticas viciosas en la que, contra lo que se pretende hacernos creer, no era cosa solo de una o dos personas, sino que estaba instalada en numerosos estamentos de la Comunidad Autónoma, siendo su conocimiento bastante generalizado. A pesar de eso, con el escaso valor que los españoles dan a la dimensión ética cuando votan, los socialistas andaluces continuaron en el Gobierno, aunque en esta ocasión con el apoyo de IU. La Comisión de investigación de los ERES, que no pudieron evitar en este caso, al menos duró más tiempo y si bien los socios de gobierno empezaron con fuerza, lo cierto es que ésta se ha ido apagando.  Eran los pactos a los que habían llegado. Y ¿qué decir de la intervención de los parlamentarios socialistas en la Comisión? Se puede mentir, se puede manipular, se puede ser cínico, pero ¿todo a la vez y con tanto descaro?

 

El tercer caso de comisión de ocultación de este año ha sido la constituida  en el Ayuntamiento de Madrid con ocasión de la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento. En este caso, las primeras informaciones ya revelaban un cúmulo de irregularidades, disparates, nepotismo y corruptelas en la gestión de estos eventos. Se ve que los empresarios tipo GURTEL que encontraron multitud de socios bienhechores en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid, tenían clones que, dedicados igualmente a eventos festivos, encontraron gran receptividad en el ayuntamiento capitalino. Solo desde esa perspectiva se puede entender el cúmulo de despropósitos que rodearon y rodean el caso. Sobre el caso, ya se ha hablado aquí en el blog.

 

Pues bien,  la Comisión de investigación fue tan laboriosa que hizo su tarea –la ocultación- en solo una semana. No pudieron comparecer ninguno de las personas -incluidas funcionarios y técnicos de alto nivel- propuestos por los partidos de la oposición, gracias a la mayoría absoluta del PP, a cuyos dirigentes y gestores se supone que había que investigar. Aun siendo todo tan burdo, la actuación seguida por el Ayuntamiento en este asunto era tan desastrosa que aún sin comparecencias o con comparecencias de escaso perfil no han impedido que se filtren las numerosas irregularidades cometidas, algunas dignas de un esperpento, si no se hubiera producido una tragedia. El informe final, sustentado por la mayoría absoluta del PP, seria por supuesto, exculpatorio para el Ayuntamiento, lo cual se compadecía mal con la adicción de nada menos que 14 recomendaciones. Esta Comisión ha sido algo de lo más vergonzoso e indigno acontecido en el año en nuestro país (y ha habido mucha competencia). Además la forma de gestionarlo políticamente por su máxima autoridad, la Sra Botella, tanto en su viaje y fuga como en su patético discurso navideño, revelan algo más que ineptitud.

 

En fín, en países serios, hay algo que se llama responsabilidad y que aquí es conocido más bien como su reverso, la impunidad. En ninguno de estos tres casos relatados, Bankia, ERES andaluces y Ayuntamiento de Madrid ha surgido de las Comisiones de Investigación ninguna exigencia de responsabilidad. Las comisiones constituidas supuestamente para investigar, han servido, como siempre ha sucedido, para tapar, para ocultar, para exculpar.Este tipo de Comisiones se van consolidando y la verdad es que para lo que hacen acaso haya que propugnar directamente su desaparición. Por lo menos, que no hagan teatro y no insistan en engañarnos. Si en algún momento tenemos unos gobernantes que se toman en serio eso de la regeneración democrática (¡SR Rajoy, usted llevaba también esto en su programa!) había que introducir cambios notables, entre ellos, evitar la mayoría absoluta de un grupo, la imposibilidad de vetar las propuestas de comparecencias por las minorías, la incorporación de personalidades y expertos independientes, etc. Aunque la más importante, sería la de tener la voluntad de que estas Comisiones funcionen verdaderamente como de investigación y no de ocultación. Pero esto, hoy por hoy, exigiría un milagro.

Política y Derecho. En torno a Cataluña y a las autonomías

Frente al desafío catalán, creo que deben distinguirse dos planos superpuestos pero distintos. Uno, jurídico. Otro, político.

 

En el plano jurídico-constitucional, cuando el Congreso de los Diputados reciba la petición formal de Cataluña para celebrar un referéndum consultivo de autodeterminación, los diputados rechazarán esa petición por mayoría absoluta.

 

A su vez, cada norma o resolución que adopten las autoridades catalanas con el objetivo puesto en la independencia será impugnado por el Gobierno ante Tribunal Constitucional y ello producirá la suspensión de la norma o del acto correspondiente, según dispone el artículo 161.2 de la Constitución. Todos queremos pensar que esto será así porque los miembros del gobierno han jurado guardar y hacer guardar la Constitución, y cabe pensar que defenderán al Estado en ese ámbito, incluso recurriendo al artículo 155.

 

Pero, ¿dónde queda la política en todo esto? ¿La política consiste en limitarse a cumplir lo que dice el artículo 161.2 de la Constitución? ¿Es la política una tarea de mera administración de lo que hay, o de liderar en todos los ámbitos, y no solo en el plano jurídico, un proyecto más ambicioso?

 

En este segundo ámbito, el político, buena parte de la ciudadanía está perpleja con la actitud de Rajoy ante las sucesivas intervenciones de Mas. Incluso muchos de los votantes del PP echan de menos una respuesta más rápida, un discurso más claro, más firme, más solemne. Algunos excusan al timorato Rajoy diciendo que ya ha hablado tal ministro o la vicepresidente, o que Rajoy hablará dentro de unos días, “cuando toque”. Pero eso no es suficiente.

 

Estamos en una democracia mediática, y la gente necesita oír a su Presidente, y que éste, con su sola presencia, con su sola palabra, transmita confianza y estabilidad al país.  Esto es lo que Rajoy no entiende. Hay que hablar claro y responder con diligencia, con prontitud, porque eso infunde seguridad al conjunto de la ciudadanía sobre el hecho de que la situación está controlada.

 

Y es curioso que Rajoy no lo entienda porque, el pasado mes de julio, tuvimos un buen ejemplo del poder mediático de las palabras firmes, alentado por el propio Rajoy. Ante la crisis creciente del euro y la escalada de la prima de riesgo española, intervino el gobernador del BCE, Sr. Draghi. No adoptó ninguna decisión, pero advirtió solemnemente a los mercados de que haría “whatever it takes to save the euro”. Los problemas no se resolvieron con esa frase, pero tan solo pronunciar esas palabras hizo dispararse al alza a la bolsa y reducirse inmediatamente la prima de riesgo. Rajoy agradeció el gesto de Draghi. Y del mismo modo nosotros agradeceríamos que Rajoy hiciera algo parecido. Porque del mismo modo que la fuerza de Draghi no la tienen sus subordinados en el BCE, la fuerza del Presidente del Gobierno no la tiene la ministra portavoz.

 

Los gobernantes españoles, desde 1978, han renunciado a pronunciarse con claridad ante el problema del nacionalismo separatista. Y por eso éstos se han ido creciendo cada vez más. Lo vemos ahora nítidamente, pero el problema lleva arrastrándose décadas.

 

Toda realidad que se ignora prepara su venganza, decía Ortega. Y eso les ha pasado a nuestros políticos desde que, en 1978, la Constitución sacrificó la claridad en busca del consenso, desconstitucionalizando la estructura del Estado, en una maniobra que algunos calificaron ya entonces de “compromiso indecisión”. No quisieron (o no supieron) abordar el problema y lo pospusieron en el tiempo, dejando al albur de cualquier insensato su evolución. Ahora que ha llegado el insensato de Mas, parece una tragedia, pero podemos tomarlo también como una ventaja. Ya no cabe más indecisión, por fin el Estado tendrá que tomar medidas políticas, en vez de limitarse a administrar pasivamente la situación.

 

Yo no pongo en duda la buena voluntad de muchos de los políticos de la transición que alumbraron aquel compromiso por la indecisión que es el Título VIII de la Constitución. Mas una cosa es tener buena voluntad y otra, muy distinta, acertar. No debemos olvidar que en esos años hubo personas que advirtieron de todos estos peligros con análisis que el tiempo ha demostrado certeros. Y nadie les hizo caso. Julián Marías, por ejemplo, criticó la redacción del artículo 2 de la Constitución, señaló que los nacionalismos son, por esencia, insaciables y, en consecuencia, dio un consejo a nuestros gobernantes: “no hay que intentar contentar a quien nunca se va a dar por contento”.

 

El tiempo ha demostrado que la fórmula escogida entonces está agotada y necesita una revisión integral. Ahora bien, no sería justo pensar que la evolución del Estado Autonómico, Cataluña incluida, es culpa exclusiva de los nacionalistas. Por el contrario, en ella tienen una responsabilidad grave los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, que, ni con mayorías absolutas en las Cortes, han estado a la altura. No olvidemos que ni González ni Aznar ni Zapatero ni Rajoy se han esforzado en estos treinta años por poner en práctica las recomendaciones del Informe Enterría de 1982 para que las Autonomías no tomaran la deriva que luego han tomado, y fueran viables a largo plazo. Y eso que ese Informe tuvo el aval del PSOE y de UCD, y algunos de sus integrantes fueron ministros de Administración Territorial por esos partidos. Estos días la prensa considera a la Sra. Cospedal poco menos que una heroína por poner en práctica en Castilla-La Mancha una recomendación de aquel Informe, la de que los diputados autonómicos no cobren sueldo. Una sola recomendación aplicada, y treinta años después.

 

Tampoco los sucesivos gobiernos de la nación han tenido el menor interés en modificar la legislación electoral para evitar que los nacionalistas tuvieran un peso desproporcionado en las Cortes Generales y condicionaran la política de todo el Estado. Ni han tenido interés en aprobar leyes de armonización para encauzar el desarrollo autonómico cuando éste iba a la deriva. Tampoco las autoridades del Estado han tenido interés por hacer que ciertas sentencias del Tribunal Supremo o del Constitucional se ejecutaran, sino que, ante la resistencia de los obligados a cumplirlas, han mirado para otro lado. Todas estas renuncias del Estado a defender el orden constitucional subyacen a lo que hoy está pasando.

 

La aprobación en 2006 del nuevo Estatuto de Cataluña por las Cortes Generales, con la mayoría decisiva del PSOE, demuestra otra vez que la culpa no ha sido solo de los independentistas catalanes. Pero tampoco el PP ha estado a la altura. No olvidemos que, desde 2006, en casi todas las autonomías donde gobernaba, propició la modificación de sus Estatutos, copiando en buena parte el esquema del Estatut catalán.  Y qué decir de la responsabilidad del Tribunal Constitucional en toda esta deriva, con sentencias equívocas, argumentos ambiguos, traslación del reparto de cuotas partitocráticas en su composición al contenido material de las sentencias. Y no de sentencias menores, sino de sentencias que afectan de manera decisiva a la estructura misma del Estado.

 

 

Protección de datos ¿y de cloacas?

 

Mientras se aprueba el Proyecto de Ley de Transparencia, del que ya hemos hablado largo y tendido en este blog, seguimos tropezando en el día a día con una serie de actuaciones de nuestros representantes y cargos públicos que no dejan de producir asombro desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública, de la transparencia y sencillamente de los principios que rigen en un Estado democrático de Derecho.

 

Así, un día nos explica el sr. Posada, Presidente del Congreso, que no hay ninguna ley que obligue a dar las nóminas de los diputados  y que eso no se hace en ningún otro país del mundo. Por favor, que le eche un vistazo por lo menos a alguna web, aunque esté en inglés lo que para nuestros políticos siempre es un obstáculo, dado que no hablan idiomas. Aquí tienen por ejemplo la famosa  de Theyworkforyou. Pero vamos, también los hay en español, como la del Senado de Chile, con todo lo que ganan los senadores perfectamente detallado  Para no deprimirnos en exceso, recordemos que tanta transparencia, por lo menos en el caso británico, fue la consecuencia de un escándalo desatado al descubrir que 6 de cada 10 diputados  habían pasado gastos de manera incorrecta, que por cierto, fueron obligados a devolver.

 

Otro día, nos dicen que nos van a comunicar amablemente donde viajan los srs. Diputados (a los que pagamos el sueldo y suponemos que los gastos del viaje con nuestros impuestos) pero no nos van a decir lo que se gastan en los viajes (las explicaciones aquí son un tanto confusas, oscilando entre las de que no se puede saber priori cuanto gastan hasta las de que es que los gastos se los pagan otros).

 

Y luego otro nos enteramos de que hay Comisiones “secretas” que actúan sin embargo en régimen (suponemos) de Derecho Administrativo y (suponemos) con sujeción a la Ley y al Derecho…y así podemos seguir y seguir. En este caso se invoca el sacrosanto derecho a la protección de datos que, al parecer, justifica que haya en una democracia Comisiones que funcionan con el mismo grado de opacidad que los censores franquista, por poner un ejemplo que ahora está de moda. Y para fin de fiesta, resulta que, para decidir sobre la reforma de las Administraciones locales, los partidos políticos todavía mayoritarios se reúnen no en el Parlamento sino…en secreto.

 

Frente a tanto despropósito, no está de más recordar algunos conceptos jurídicos básicos. Es cierto que el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, anclado en el art. 18 de la Constitución que protege a los individuos de los abusos que se derivan de la recopilación y utilización de la información personal (los datos) prohibiendo que se obtenga, retenga y utilice tal información si el interesado no lo ha consentido, ya que los perjuicios que pueden llegar a producírsele son enormes. Pero, sinceramente, no nos parece que los datos personales estén huérfana de protección en nuestro ordenamiento jurídico, como demuestra la importancia y el temor que inspira la Agencia Española de Protección de Datos, y sus numerosas hermanas pequeñas autonómicas. Por no hablar de la legislación, sumamente estricta.

 

Pero también tenemos que recordar que la Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales (es decir, de los ciudadanos) y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Esto al menos lo que dice nuestra Constitución (art. 103) y, aunque no estemos hablando de un derecho fundamental, no cabe duda de que estamos ante un principio esencial en un Estado democrático de Derecho ya lo enfoquemos desde la óptica económica más anglosajona (lo que es público lo pagamos entre todos) o desde la óptica democrática (hay que garantizar el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas), resulta tan indiscutible como el necesario respeto a la protección de los datos personales.

 

Este principio lo ha desarrollado fundamentalmente la Ley de Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ley 30/92 que, triunfal, afirma en el apdo. IX de su exposición de motivos que: «El Título IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones Públicas», contiene una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y las leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administración-…». El artículo 35.b) establece este derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas “a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos”.

 

El derecho a la identificación del personal y de las autoridades es, efectivamente, un elemento clave para garantizar la objetividad administrativa y el cumplimiento de las leyes, así como para, en su caso, exigir responsabilidades,  pues impide a quienes ejercen las potestades públicas ampararse en la oscuridad y abusar de los poderes que la ley les atribuye para alcanzar los intereses generales. Se trata de luchar contra lo que tradicionalmente se ha definido como “las cloacas” del poder, lugares inciertos y opacos donde se ocultan los trapos sucios. Y lo mismo, por extensión, cabe decir de las personas que no siendo funcionarios ejercen potestades públicas, ya se trate de cargos públicos, contratados laborales o profesionales, asesores o expertos llamados a formar parte de Comisiones y demás organismos que puedan participar tanto en la definición de políticas públicas, elaboración de libros blancos o  directamente asunción de potestades públicas en los casos así previstos por las Leyes.

 

Curiosamente, hoy parece que aunque se enarbola la bandera de la transparencia, las cosas están cambiando y no precisamente para bien. Estamos yendo hacia atrás. Resulta que hoy las cloacas ya no se ocultan, sino que se airean y se justifica su existencia nada menos que en el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

 

En ese sentido, quizá el caso paradigmático, por ahora, sea el de la Comisión de Propiedad Intelectual (más conocida como Comisión Sinde, o ahora Comisión Sinde-Wert) el órgano administrativo que resuelve de forma ejecutiva las quejas por infracción de la propiedad intelectual, ordenando la retirada de páginas web de aquellos contenidos que se compruebe, mediante un procedimiento administrativo y previo a la vía jurisdiccional, que infringen los derechos de terceros o, incluso, ordenando el cierre de las páginas web. Sobre el tema de fondo ya hemos tratado en el blog. Pero ahora lo asombroso es que  la Administración oculta de forma celosa la identidad de los componentes de esta Comisión, según denuncia David Bravo, uno de los abogados que defiende casos frente a la misma.

 

¿Por qué? Nos gustaría saber cuales son las razones . ¿Para proteger los datos personales de los componentes de la Comisión? Pues por esa regla de tres, tampoco podríamos conocer nunca los nombres de los responsables de cualquier acto o actuación de las Administraciones Públicas, en flagrante contradicción con los principios de nuestra Constitución y con las leyes que los desarrollan.   Lamentable situación, que recuerda a la capucha del verdugo y que no invita a pensar nada bueno.

Indulta, que nada queda (TeG)

Uno de los ejemplos más chocantes del deterioro institucional que padecemos es, sin duda, el de la actual práctica del indulto. Recientemente, doscientos jueces de toda España han firmado un manifiesto con el expresivo título “El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad”. Denuncian especialmente el caso del indulto de cuatro mossos d´esquadra indultados (dos veces) por un delito de torturas. Afirman que “al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial”, lo que es especialmente criticable en el caso de la tortura, “uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona”.

 

Sin duda es muy frecuente la utilización torticera de la institución. Recordemos simplemente algunos de los casos más sonados en los últimos tiempos: el de Alfredo Sáenz, el de los militares del Yak 42, el de los alcaldes y concejales condenados por prevaricación urbanística, o el caso de Josep María Servitje, que lideraba la trama vinculada a Unió Democratica de Catalunya dedicada a desvalijar las arcas de la Consejería de Trabajo de la Generalitat, entre otros variados casos de la misma índole. Como comprobamos con estos ejemplos, no se trata de drogadictos rehabilitados a los que el ingreso en prisión perjudica más que beneficia, tampoco de pequeños delincuentes reincidentes (bueno, algunos sí) que acumulan penas desproporcionadas, o de condenados por aplicación estricta de una ley que los Tribunales no han tenido más remedio que aplicar pero que en ese caso concreto resulta demasiado severa y que la equidad exige moderar (summun ius summa injuria).

 

En estos últimos supuestos, para los que realmente está previsto, el indulto no excepciona realmente la ley y las decisiones de los tribunales, sino que, saltando simplemente sobre su letra, coadyuva a cumplir su espíritu, ratificando de esta manera su legitimidad y autoridad y, en consecuencia, la del propio Estado de Derecho. Sin embargo, al conceder el indulto en esos otros casos escandalosos citados en primer lugar, lo que Gobierno realiza es una deslegitimación radical del principio del rule of law, básico para cualquier Estado que aspire a llamarse democrático. No se busca hacer justicia en el caso concreto, solventando el problema derivado de la necesaria sujeción de los Tribunales a la Ley, sino consagrar la injusticia y las inmunidades de poder en determinados ámbitos políticamente sensibles.

 

Por eso el problema no es sólo que el Gobierno “usurpe” el papel del Poder Judicial, como dice el manifiesto (lo hace desde luego cuando afirma que se indultó a los policías porque “había dudas razonables sobre la condena”, como si a él le correspondiese valorar la prueba). Pero es mucho más, es que pervierte ese papel radicalmente. Como si controlar el Consejo general del Poder Judicial y su política de nombramientos en las salas penales de los Tribunales superiores no fuese suficiente, a través de este uso del indulto el establishment aspira a quedarse fuera del control del Derecho en aquellos temas sensibles (financiación de los partidos, manejo de las clientelas, favores a los poderosos) en los que los políticos se sienten muy unidos como casta. No, si robas para ti no te indultaremos (salvo que seas el yerno de alguien importante, claro) pero si robas para nosotros –o realizas mal tu trabajo por obedecernos, como en el caso del Yak- es otra cosa, ahí puedes contar con nuestro apoyo incondicional, no importa lo infame que sea el delito.

 

Esto es lo que verdaderamente hace insoportable el indulto en estos caso, más allá de la propia naturaleza del delito indultado. Desde luego el caso de las torturas es intolerable, sin duda alguna, pero no lo es menos el caso de Alfredo Sáenz, que ya tuvimos oportunidad de comentar por extenso en este blog (aquíaquí y aquí). Baste recordar que en el Derecho Romano estaba incurso en infamia “aquel que en un procedimiento criminal haya sido condenado por falsa acusación o fraude en cualquier extremo” (Digesto, III, cap. 2º). El infame perdía sus “honores” (algo fundamental en Roma, en donde un verdadero ciudadano vivía fundamentalmente para ellos), el derecho de sufragio, incluso la posibilidad de ser procurador de nadie, pues se consideraba que una persona así a nadie podía representar dignamente. Nada había más despreciable que utilizar las instituciones fundamentales de la comunidad, en las que ésta basa su confianza, en beneficio particular.

 

Pero lo que convierte estos casos en doblemente repugnantes es que en ellos el indulto no ha sido concedido realmente en consideración a las circunstancias de hecho de la persona indultada, sino a los intereses particulares de los que indultan. No es una “gracia” que se concede por motivos de liberalidad o recta conciencia, sino un pacto oneroso que esconde un turbio “do ut des”. En fin, lo propio de las familias mafiosas y de la “justicia” del clan desde que el mundo es mundo, y que se supone que el Estado de Derecho había desterrado. Quizá en otros sitios, pero parece que aquí no.

 

¿Cómo reaccionar frente a esto?  No procede eliminar esta institución, por supuesto, ya que en circunstancias normales, en un régimen menos partitocrático, podría cumplir perfectamente su función. Quizá se pueda mejorar, exigiendo al Gobierno que a la hora de indultar exponga detalladamente las razones que a su juicio justifican la medida, para que todos las podamos leer en el BOE. Pero lo verdaderamente decisivo es que la ciudadanía esté dispuesta a protestar y a castigar electoralmente este tipo de comportamientos. La desvergüenza con la que han sido realizados hasta ahora obedece a la conciencia de que salían gratis, de que tras indultar no quedaba nada, ningún coste que asumir. Quizá porque la política española es el único ámbito de la sociedad en el que todavía, desgraciadamente, Todo es Gratis (TeG).

Análisis de las elecciones catalanas

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y nuevo colaborador de este blog, Andrés Betancor, nos ha remitido este post que publica hoy en su blog de Expansión con el título Mas Zapatero, el gran “estallista”, y que por su interés reproducimos a continuación.

 

Los resultados de las elecciones al Parlament de Cataluña tienen varios derrotados y unos pocos victoriosos. En primer lugar, derrota de CiU y, en particular, de su candidato, A. Mas. La bandera del secesionismo no ha podido ocultar la incompetencia e, incluso, la corrupción. Tampoco ha podido ocultar el grave ejercicio de irresponsabilidad. El mesianismo ha sido derrotado. Y ha sido derrotado por el propio monstruo que había alentado. La derrota de CiU se ha edificado sobre el éxito de ERC. Ésta ofrece más secesionismo y, además, sin recortes.

 

En segundo lugar, ha ganado el secesionismo, el cual obtiene una amplia mayoría en el Parlament. Una mayoría heterogénea que muy difícilmente podrá articular un programa conjunto de gobierno y, todavía más difícil, que pueda constituir un gobierno de coalición. El programa de CiU está en las antípodas del de ERC. Ésta ha duplicado sus votos y representación con un programa que suma la independencia con la alternativa de izquierdas a los programas conservadores como el de CiU. Estarán de acuerdo en el objetivo final, pero no parece razonable que puedan pactar un programa de gobierno con el que afrontar la crisis.

 

En tercer lugar, el constitucionalismo resiste. Es una buena noticia. El PP gana votos y representación, el PSC reduce la debacle anunciada y Ciutadans ha duplicado sus votos y ha triplicado su representación. El polo constitucionalista no ha sido laminado. En términos de votos, que es la magnitud a comparar (y no la representación), la diferencia entre los de partidos secesionistas y los de los que no lo son no permiten augurar el éxito, en los términos exigidos por el Derecho constitucional y el Derecho internacional, de un eventual referéndum por la independencia. En ningún caso, constituyen la amplia o clara mayoría que se exige. Al contrario. Simplificando mucho, y extrapolando, se podría calcular, en números redondos, 2 millones frente a 1,3 millones, sobre un total de votos de 3,3 millones. Un 66 por 100. Todavía lejos de aquél objetivo.

 

Por otro lado, el PSC es el eslabón débil en el bloque constitucional. Vive en la indefinición: ¿qué camino elegirá? La tentación es muy fuerte. ¿Se podría presentar como la alternativa equilibradora de CiU? ¿Se podría intentar repetir un acuerdo entre PSC y CiU? A mucho tendrían que renunciar uno y otro. Y mucho tendrían que justificar ante sus electores. El PSC parece en una encrucijada de caminos. Decantarse por el pacto para tocar poder sería una nueva traición cuyo electorado no creo pueda entender.

 

En cuarto lugar, la gran derrotada es la gobernabilidad. El aprendiz de brujo, A. Mas, ha creado un monstruo que va a obstaculizar aún más la salida de la crisis. Una cámara dividida en dos bloques y con graves problemas de comunicación entre ellos. El diálogo CiU – ERC es aún más complicado que el de CiU con el PP. Aún más complicado por cuanto ERC sabe perfectamente cuál ha sido la fuente de su éxito. Un aproximación excesiva a CiU la podría terminar devorando. Su electorado no ha manifestado históricamente una gran fidelidad. Ésta es directamente proporcional a la fidelidad de ERC con su programa. El conflicto es inevitable: combinar independencia con recortes ya no podrá llevarse a cabo. Y la combinación independencia sin recortes provocará la crisis financiera de la Generalitat. El punto de equilibrio será la estrategia de ganar tiempo hasta la eventual convocatoria de elecciones. Si estas se celebran en un ambiente de tensión, ERC ganará aún más. ¿Cómo CiU podrá hacer responsable de los problemas a su “socia” ERC para que no siga engordando a su costa? Este es el reto con el que se enfrenta CiU.

 

En quinto lugar, España tiene un problema reduplicado. La irresponsabilidad de A. Mas ha acrecentado la aportación negativa de Cataluña a la presente crisis y, en particular, a la gobernabilidad de España. Cuando se alienta el radicalismo, sólo ganan los radicales. CiU los ha aventado y ha sido devorada. Si las elecciones se habían presentado como el camino para obtener la mayoría suficiente con la que afrontar el reto secesionista, se puede decir que lo ha conseguido, pero con unos compañeros de viaje que dudosamente coincidirán sobre el cómo gobernar la nave. Que el camino hacia la independencia sea de la mano de ERC no creo que vaya a ser algo muy querido por los electores de CiU, máxime cuando ERC es la que pasa a tener la llave política de Cataluña. Y no creo que se la entregue a CiU. Ésta queda mal parada y desdibujada en el panorama político catalán.

 

Cataluña queda en una situación política confusa. No nos puede extrañar que, incluso, ante las dificultades de la gobernabilidad, la alternativa sean una nuevas elecciones. Una nueva andanada contra el seny catalán. El Zapatero catalán ya tiene nombre: Mas. Hacer el ridículo es una expresión demasiada benevolente; se dice de aquello que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a risa. En este caso, no nos podemos reír. Ojalá. Cataluña se convierte en grave problema para España, ya no sólo por el secesionismo sino por la ingobernabilidad. El secesionismo ha quedado, incluso, en un segundo plano. Ahora la preocupación es otra: cómo se va a gobernar esta nave. Una vez más, los Mesías en la política sólo crean monstruos.

 

Catalonia, year 0. Cataluña, año 0

Nota de los Editores: Por su indudable interés, también internacional, este post, conforme hemos hecho otras veces, se publica en inglés y a continuación en español.

 

Catalonia, year 0

 As far as the independence of Catalonia seems to be imminent, every day we attend to a real avalanche of opinions, prognostics and asserts which, in most of the cases, come from the heart (or from the guts) more than from the head.

From the Spanish nationalist side, I hear a lot of apocalyptic predictions: a Catalonia separated from Spain would definitely walk toward the material and moral misery, insulated from Europe and from the reality, as if remaining in Spain were the last link between the Catalan “matrix” and the real world.

From the Catalan nationalist and secessionist side, expectations seem to be exactly the opposite: a Catalonia finally free from the Spanish dead weight, would quickly become one of the most wealthy countries in Europe.

Within this context of maximalist considerations and sensitive approaches, I’d like to suggest some pragmatic thoughts.

If I’m not wrong (and if I am, I’d really appreciate somebody to explain me the error), the day after an eventual declaration of independence, Catalonia would be out of the EU, the NATO, the OECD, the UN and, in general, of any international organization to which Spain is a member nowadays. I’m sure that, in medium or long term, Catalonia would be part of these organizations, but there would be an admittance process, and that process could take some time. I believe that this time would not be measured in weeks or months, but in years: I’ll call “transitory period” to the X years which run from the “independence day” to the complete normalization of Catalonia as a country within its political, geographical, economic and cultural environment.

As far as I understand, the independence would have several immediate effects: the borderlines of Catalonia with Spain and France would be borderlines with EU, as Moroccan borders with Ceuta and Melilla, or Russian borders with Finland. There would not be free transit of goods, capital and people through these borderlines. Let me insist: I’m sure that, in short or medium term, agreements would be achieved to simplify that transit, but the “day after”, and at least during the beginning of the transitory period, the Port of Barcelona would not be an EU Port, the Airport of Barcelona would be out of the Schengen Area, and entire Catalonia would be out of the Euro Zone.

For sure the Catalan governments will do their best to reduce the transitory period as much as possible, but immediately after the “independence day”, a big part of the goods entering EU through the Port of Barcelona would be derived to other Mediterranean ports (in Spain, France and maybe in Italy) to avoid customs troubles. Part of this commerce will not return to Barcelona after the transitory period.

Those multinational companies whose Spanish subsidiaries are located in Catalonia, will need to decide either to open (or not) new subsidiaries in Spain, or to move their local headquarters from Catalonia to Spanish land. Other multinationals located out of Catalonia could as well evaluate to open new subsidiaries in Catalan territory, but considering the market sizes, we can assume that the final balance would be favorable to Spain, and specially to its main metropolis. As a matter of fact, the number of opening companies in Madrid could strongly increase during the first months after the act of independence. The impact of this fact in employment and taxes could be quite high.

The industrial companies located in Catalonia could meet an even more complex situation: suddenly, their factories would be out of the EU, meaning important consequences in raw material acquisition as well as in sales and deliveries of finish and semi-finish products. Some of them could even be forced to move out, and others will seriously consider this option. Nowadays, companies measure their profitability in a monthly or quarterly basis, so most of them couldn’t wait X years for returning to a normal status: they will need to take quick decisions.

Related to the Catalan companies, they can expect a strong reduction of their sales in Spain, due to sentimental reasons as well as to eventual customs tariffs. Maybe some Spanish companies will use “patriotism” as a marketing strategy. La Caixa and Bank Sabadell would suddenly become foreign banks in Spain, so they would need to afford structural changes meanwhile they lose clients. If the not-so-free Spanish market works, some competitors of Catalan products will rise all over Spain, being enforced by the national and local administrations, as far as Catalonia will have become a foreign (and “not nice”) competitor. To defend the Spanish brands against the Catalan brands will become a powerful commercial and political argument, at least during the transitory period.

Of course, many Spanish companies will suffer similar effects in Catalonia, but again the market sizes will play in benefit of Spain: Catalonia will be smaller and with lower response power (and, by the way, with its people more divided than in Spain).

And what will happen with people in Catalonia? For sure, nationalist and secessionist people will accept all these inconvenient as a price to pay for achieving their objective, but I suspect that many of those who support the independency expecting to improve wealth, could be not patient to afford the sacrifices during the transitory period. And what about those who don’t support the independency at all? Most probably they will be very critical when bad news start to rise.

I’m also worried about those who will choose to remain Spanish in Catalonia (assuming that nobody will be forced to change their nationality or leave the country). After the independence, the most radical nationalist and secessionist parties could be considered as victorious heroes, and these groups don’t use to be the most respectful with discrepancies. Depending on the share of power they will obtain, we could witness some pligths (or even laws) quite unpleasant. It’s also possible that the most radical Spanish nationalism embitter the life of those Catalans who remain in Spain.

Finally, I’d like to know how the new Catalan citizens’ nationality would be managed: would Catalonia and Spain accept dual nationalities? Could the Spanish citizens remain in Catalonia as foreigners? If so, what rights would they keep?

To conclude, many questions open, and I see hardly anyone wondering amid so much noise.

 

Cataluña, año 0

Dada la aparente inminencia de la independencia de Cataluña, cada día asistimos a una auténtica avalancha de opiniones, pronósticos y afirmaciones que en su inmensa mayoría proceden más del corazón (o de las tripas) que de la cabeza.

Del lado del nacionalismo español, estoy oyendo gran cantidad de predicciones apocalípticas: una Cataluña separada de España caminaría irremisiblemente hacia la miseria material y moral, aislada de Europa y de la realidad, como si la pertenencia a España fuese el último vínculo del “matrix” catalán con el mundo real.

Del lado del nacionalismo y el independentismo catalán, las expectativas parecen justo las contrarias: una Cataluña al fin liberada del lastre español se convertiría rápidamente en uno de los países más prósperos de Europa.

En este contexto de planteamientos maximalistas y sentimientos a flor de piel, me gustaría aportar algunas reflexiones de carácter eminentemente pragmático, en la medida de mis posibilidades.

Si no estoy equivocado (y si lo estoy, agradecería que alguien me explicase mi error), el día después a una eventual declaración de independencia, Cataluña se vería fuera de la UE, la OTAN, la OCDE, la ONU y, en general, de cualquier organismo internacional a los que actualmente pertenece España. Me cuesta creer que, a medio o largo plazo, Cataluña no acabase siendo un socio más en todas estas organizaciones, pero de entrada tendrá que empezar solicitando su admisión, y hasta lograr la incorporación transcurrirá un periodo de tiempo que, a mi entender, no se medirá en semanas ni en meses, sino en años. Denominaré “periodo transitorio” a los X años que transcurrirían desde la declaración de independencia hasta la total normalización de Cataluña como país dentro de su entorno político, geográfico, económico y cultural.

Tal y como yo lo veo, la independencia tendría una serie de efectos inmediatos: de entrada, las fronteras de Cataluña con España y Francia serían fronteras con la UE, tal y como lo son las de Marruecos con Ceuta y Melilla, o las de Rusia con Finlandia. No habría libre tránsito de bienes, capitales y personas a través de esas fronteras. Insisto: sin duda a corto o medio plazo se alcanzarían acuerdos que simplificasen este tránsito, pero el “día después” y al menos durante una parte del periodo transitorio, esas fronteras existirían, el puerto de Barcelona no sería un puerto de la UE, el Aeropuerto de Barcelona estaría fuera de la Zona Schengen, y Cataluña estaría fuera del Euro.

Sin duda los gobernantes catalanes harían lo posible porque el periodo transitorio durase lo menos posible, pero casi de inmediato, buena parte de las mercancías que actualmente entran en Europa por el Puerto de Barcelona, buscarían un puerto alternativo en el litoral mediterráneo español o francés (tal vez incluso italiano) que les ahorrase inconvenientes aduaneros. Parte de ese comercio es posible que no volviera a Barcelona tras la conclusión del periodo transitorio.

Las empresas multinacionales que ahora mismo tienen sus filiales españolas localizadas en Cataluña, tendrían que decidir si dejarlas allí y abrir (o no) nuevas filiales en España, o directamente trasladar las sedes de Cataluña al territorio español. Otras multinacionales localizadas fuera de Cataluña podrían a su vez considerar la apertura de nuevas filiales en territorio catalán, pero dada la diferencia de tamaño del mercado español frente al catalán, parece razonable que el saldo global fuese favorable a España (insisto, al menos durante el periodo transitorio), y muy especialmente a Madrid, que podría ver un notable incremento en la apertura de nuevas sociedades durante los primeros meses tras la declaración de independencia. El impacto de este fenómeno en el empleo y la recaudación fiscal podría ser considerable.

Las empresas productoras de bienes podrían encontrarse en una situación aún más delicada: de repente, sus fábricas se verían fuera de la UE, lo que les plantearía cambios importantes tanto en la adquisición de materias primas como en la distribución y venta de sus productos terminados y semiterminados. Algunas se verían incluso forzadas a deslocalizarse, y otras lo considerarían una opción beneficiosa o prudente. Hoy día, las empresas miden su rentabilidad al mes o al trimestre: es poco probable que la mayoría pueda esperar X años a que la situación se normalice: tendrán que tomar decisiones rápidas.

En cuanto a las empresas catalanas, es más que esperable que experimenten una fuerte reducción de clientes en España, tanto por motivos sentimentales como por efecto de eventuales políticas arancelarias. Algunas empresas españolas es posible que “saquen la bandera” como un argumento comercial. La Caixa y el Banco Sabadell se convertirían de repente en bancos extranjeros en España, y tendrían que afrontar cambios estructurales al tiempo que perderían clientes. Si el mercado relativamente libre en España funcionase bien, surgirán no pocos competidores de los productos catalanes que se verían favorecidos por las comunidades autónomas y el gobierno central, porque Cataluña se habría convertido en un competidor extranjero, que además despertará pocas simpatías. Defender “lo español” frente a “lo catalán” se convertiría en un argumento comercial y electoral más o menos potente, pero sin duda efectivo durante el periodo transitorio.

Por supuesto, las empresas españolas en Cataluña sufrirían un efecto similar, pero en este caso se hará patente el hecho de que Cataluña será un país más pequeño, con menor capacidad de respuesta y una población más dividida que la española.

¿Y qué ocurriría con la población? Sin duda los nacionalistas e independentistas más convencidos aceptarían todos los posibles inconvenientes como el precio a pagar por alcanzar su meta, pero sospecho que muchos de los que se muestran favorables a la independencia esperando una mejoría social y económica, se impacientarían pronto al afrontar los inconvenientes del periodo transitorio. ¡Y qué decir de aquellos que ni siquiera apoyan la secesión! Aunque al principio se mantengan expectantes, sin duda recibirán las malas noticias con ánimo extraordinariamente crítico.

Me preocupa también cual seria la situación de aquellos que continuasen siendo españoles en Cataluña (asumiendo que nadie fuese obligado a elegir entre cambiar de nacionalidad o exiliarse). Tras la independencia, veríamos a los nacionalistas e independentistas radicales erigirse como héroes victoriosos, y esos colectivos no se destacan precisamente por su respeto a la divergencia. Dependiendo de la cuota de poder que llegasen a alcanzar los más extremistas, podríamos ver situaciones (e incluso leyes) muy desagradables. También sería posible que el nacionalismo español más radical amargase la vida a los catalanes que permanecieran en España.

Por último, tengo gran curiosidad por saber cómo se articularía la nacionalidad de los nuevos ciudadanos catalanes: ¿admitirían Cataluña y España las dobles nacionalidades? ¿Podrían permanecer los españoles en Cataluña y los catalanes en España como extranjeros? Y si es así, ¿con qué derechos?

En conclusión, demasiadas preguntas abiertas, y no veo a casi nadie cuestionándoselas en medio de tantas consignas y banderas al viento.

 

Un año con Rajoy… y todavía quedan tres

En un post conmemorativo como éste no tiene sentido una enumeración detallada de los errores y aciertos (alguno habrá) del presidente durante este año de ejercicio en el cargo. Sería necesario mucho más espacio y, especialmente, una competencia técnica bastante más extensa de la que yo poseo. Pero, en rigor, no es necesario. De lo que se trata es de perfilar un estilo de gobierno, una manera de hacer las cosas, y de reflexionar hasta qué punto esa manera se compagina con la situación crítica que estamos atravesando.

 

Cuando un país está afectado por una profunda crisis económica e institucional podemos aventurarnos a afirmar que la situación es, efectivamente, bastante crítica. La crisis económica es evidente y no necesita explicación alguna. La crisis institucional también lo es, pero aquí sí creo que conviene recordar algunas de las notas que caracterizan su profunda gravedad, especialmente si luego queremos volver al señor Rajoy con la finalidad de calificar su primer año en el cargo.

 

El problema clave en España es que nuestras instituciones más importantes son totalmente incapaces de articular el conjunto imprescindible de medidas que el país necesita para salir de la crisis económica. Y cuando hablo de instituciones pienso en el Gobierno, en el Parlamento, en la Administración, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las CCAA, en los organismos reguladores, en las universidades, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, etc. Esas medidas necesarias son evidentes y sobre ellas existe un consenso generalizado: incremento de la eficiencia en el sector público, independencia de los reguladores, supresión de las duplicidades e ineficiencias derivados de nuestro sistema de organización territorial, fortalecimiento de los sistemas de control y exigencia de responsabilidades, supresión del clientelismo y nepotismo en las administraciones, incluida en la universidad pública, independencia de la Justicia, supresión de los chiringuitos clientelares, etc., etc.

 

La razón por la que esas instituciones son incapaces de asumir esos retos evidentes responde fundamentalmente a que obedecen a un régimen de incentivos que les aparta completamente de los objetivos a los que deberían dirigirse y que les impide reformarse a si mismas. Su actividad se enfoca más a mantener sus prerrogativas y la de sus clientes o patronos que a desempeñar sus funciones públicas. Y a su vez, la razón por la cual se ha pervertido su régimen de incentivos descansa en el hecho incontestable de que haber sido colonizadas por un sistema partitocrático impermeable al control ciudadano y a la exigencia de responsabilidades.

 

Efectivamente, es la existencia de unos partidos políticos jerarquizados, rígidos y alejados de cualquier control democrático interno y externo lo que ha pervertido todo nuestro régimen institucional (y aún más allá, hasta alcanzar a amplios sectores de nuestra sociedad, desde la prensa clientelar a las abundantes empresas reguladas que integran nuestro capitalismo castizo). El partido designa al regulador “independiente”, a los consejeros del poder judicial, a los del Tribunal de Cuentas, a los altos cargos de la Administración, a los propios diputados gracias a sus listas cerradas, a la cohorte de asesores que integran los órganos de la Administración y de las empresas públicas, y los así designados comprenden inmediatamente a quién le deben fidelidad y a qué intereses deben servir por encima de cualquier otros. Y esos intereses no son los generales porque a su vez, el partido, o mejor dicho, su élite directiva, está situada margen de cualquier tipo de responsabilidad frente a los ciudadanos. Perder unas elecciones no es tan malo cuando, por ser inmune a toda exigencia de rendición de cuentas dentro del partido, ya vendrá el momento de ganarlas gracias a una ley electoral que deja pocas alternativas reales.

 

A la cúspide no se llega por el apoyo de unos militantes que resulten ser correa de transmisión de los intereses de la ciudadanía, sino gracias a favores, pactos, alianzas, que luego es imprescindible respetar. Se premia a los fieles, porque se ha llegado gracias  a los fieles. Montoro no está allí por ser el más competente y el más honesto (¡válgame el cielo!) sino porque en el momento adecuado apostó por Rajoy. Los presupuestos tuvieron que esperar a que pasaran las elecciones andaluzas porque Javier Arenas, el candidato eterno del PP en esa Comunidad, había sido decisivo en el apoyo a un Rajoy vulnerable en un momento clave. Y tantos otros ejemplos que podríamos citar, en los ministerios y fuera de ellos, hasta en los mismos órganos reguladores “independientes”.

 

No nos engañemos, mientras los partidos sigan funcionando como hasta ahora, con el decisivo apoyo de esta perversa ley electoral que padecemos y de su opaco sistema de financiación, nada importante cambiará. El problema no es que haya muchos funcionarios, no es que haya muchos políticos, no es que ganen mucho dinero –que no lo ganan- es que funcionan mal. Y, sí, lo reconozco, cuando uno funciona mal y no sirve a los intereses para los que ha sido designado, porque sus incentivos son malos, no sólo sobra, sino todo lo que gane, aunque sea un miserable euro, es mucho. A mi me gustaría pagar al triple a los cargos públicos a cambio de que funcionen mejor; no duden ni un segundo de que compensaría. Por eso la solución no pasa por bajarles el sueldo y dejarles ahí para que sigan haciendo lo mismo.

 

A la vista de ello, volvamos a Rajoy. No ha engañado a nadie, ni siquiera al vulnerar sistemáticamente sus promesas de no subir los impuestos y mantener los gastos sociales, tampoco al desconocer su programa en tantos puntos cruciales (llegó hasta proponer el fresh start concursal e incluso –asómbrense- la independencia de los reguladores). Es cierto que el resultado final han sido las subidas de impuestos, la amnistía fiscal, los recortes lineales, las tasas judiciales, el inane Código de Buenas Prácticas y el nombramiento de Elvira Rodríguez en la CNMV. Pero era previsible, no se hagan los ingenuos, sencillamente porque un peral…. da peras.

 

Rajoy es una simple marioneta de sus incentivos, de los que le han llevado hasta ahí y de los que le mantienen cómodamente instalado. Es normal que no haya emprendido ni una sola de las reformas capitales que hemos enunciado. Es normal que no haya salido en la tele para explicar nada, es normal que no conceda ruedas de prensa. Es más, será normal que bajo su mandato el deterioro institucional alcance nuevas cotas hasta hace poco tiempo inimaginables. Para sobreponerse a esos incentivos se necesitaría la personalidad, el carisma, la inteligencia y la visión de un auténtico líder. Son siempre difíciles de encontrar, pero es que además el sistema de selección en nuestro país no favorece que los que existan puedan llegar muy lejos. Lo que nuestro sistema ha seleccionado es una persona que ha alcanzado la cúspide con arreglo a unas normas y en base a una “cualidades” que se han revelado letales para los intereses generales. No esperen que proceda a cambiarlas, sino a profundizar en ellas. El resultado previsible de los próximos tres años es mayor descomposición y mayor permeabilidad de las instituciones por los intereses particulares (incluidos los de los lobbys especialmente posicionados, sí, esos que en su momento deberán compensar unos sueldos tan bajos).

 

Por eso la solución es muy sencilla de comprender aunque reconozco que laboriosa de ejecutar. Sólo una movilización brutal de la ciudadanía podrá evitar que los tres próximos años sean todavía peores a éste que ha pasado. Pero no nos equivoquemos a la hora de apuntar. No se trata de enfilar a los políticos como si fueran gérmenes nocivos que contaminan nuestra democracia y a los que hay que eliminar. Sería un gravísimo error, primero porque son necesarios para la existencia de esa misma democracia, y segundo porque son tan buenos o tan malos como nosotros. Se trata simplemente de someterles a la presión adecuada para que empiecen por reformarse a si mismos con la finalidad de que coordinen sus intereses particulares con los generales. Habría que empezar por democratizar de verdad los partidos políticos (suprimiendo de paso su vergonzosa exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas) y reformar la ley electoral. No es tan difícil, está todo inventado. Votemos únicamente a los partidos, plataformas e iniciativas que no formen parte de ese establishment, que propugnen esas reformas de manera creíble por no haberse repartido cargos en organismos independientes ni haber formado densas redes clientelares (o por lo menos digamos que lo vamos a hacer, para que las encuestas, que es lo único que importa a los partidos instalados, les hagan pensar que están bajo una amenaza real). Exijamos transparencia y denunciemos los abusos y las tomaduras de pelo. Sólo tenemos que tirar todos en la misma dirección.

¿Existe en España una cultura de incumplir la Ley?

Empecemos el post con algo de altura recordando que esta cuestión, en términos generales, ha sido objeto de profundas reflexiones tanto por juristas como por filósofos y sociólogos, sin llegar, sin embargo, en ningún caso a una clara respuesta. Baste un ejemplo dentro de cada uno de esos grupos: H.L.A. Hart (The Concept of Law,) tras analizar seriamente la cuestión sostuvo que en algunas sociedades se generaba un “hábito de obediencia” y en otras no; Ludwig Wittgenstein (Investigaciones filosóficas), tras estudiar posibles causas y justificaciones se declaró exhausto limitándose a declarar: “This is simply what I do”; y, por último, desde el ámbito de la sociología Max Weber, de nuevo examinó varias causas que  pueden encontrarse tras la obediencia a las normas, desde el simple hábito al cálculo racional de ventaja, llegando a la conclusión de que, en todo caso ya se aludiera a altos motivos o se diera una aceptación genuina de las normas, debería existe un mínimo interés en someterse voluntariamente a las mismas.

 

Por supuesto que puede haber normas injustas o mal hechas pero para ello los sistemas legales modernos prevén mecanismos legales de resistencia: desde recurrir a los diversos Tribunales a votar para cambiar los gobiernos. Por tanto, parecería en una primera aproximación que el grado de cumplimiento voluntario y la adhesión a las normas debería ser muy elevado en los países democráticos en comparación con las dictaduras y, sin embargo, todos sabemos que una de las consecuencias del paso del franquismo a la democracia fue la elevación del número de policías (para sorpresa de más de uno de los nuevos gobernantes) e inspectores de hacienda y de otro tipo (el sector público se ha multiplicado por tres). Tal vez el problema fue que a una sociedad acostumbrada a operar por miedo, eliminado éste, sólo le quedaba la cultura de respeto a las normas, y ésta no existía por más que las nuevas normas fueran más justas que las anteriores.

 

Ciertamente resulta utópico que un sistema legal obtenga un grado de cumplimiento del 100% y que algunos olvidan que “rules and their enforcement do not merely exist. They must be applied with regularity and some degree of consistency if pluralist competition is to exist at all. This is administration” (Cfr Theodore Lowi, The End of Liberalism. Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority). Todo eso es cierto, pero tal vez lo peligroso no sea tanto el grado de incumplimiento que separa una cultura de otra, como “las razones” que fundamentan esa violación de las normas, que algunas de las normas más incumplidas sean las que dan fundamento a nuestra convivencia, y que ciertos incumplidores pasen más por héroes que por villanos. En este sentido, cabe detectar en el territorio español algunos fenómenos preocupantes. Vayamos a los ejemplos concretos:

 

  1. Normas justas y bien hechas que no se aplican: nadie es responsable de nada, el sistema protege a los verdugos

 

-unos ciudadanos cometieron el gran pecado mortal en nuestro país de comprar un primer piso con locales comerciales debajo. La historia es algo larga, pero se la resumo: se abre un local de copas sin licencia, sin salidas de humos (daban también comidas) y sin insonorización. Tras un año y medio de lucha, con más de veinte vistas de la policía municipal, consiguieron tras denodados esfuerzos (que no voy a detallar) “acelerar” el proceso de cierre “temporal” y lograr el precintado del local. Al final el dueño, que durante todo este proceso se había comportado de forma prepotente, colgó un cartel mucho más grande que el del precinto municipal que decía: “cierre por mejoras” (foto 1). Uno de los policías que vino una de las noches les comentó a estos ciudadanos insomnes: “antes a la tercera visita este señor se venía esposado por resistencia a la autoridad, pero ahora no hay nada que hacer, sólo queda esperar a que el procedimiento siga su curso”. En este caso la normativa parece correcta sólo que no se aplica, y los potenciales incumplidores saben que resulta muy barato incumplirlas. ¿Un exceso de buenismo o de protección al incumplidor combinados con la sensación de impunidad e irresponsabilidad generalizada?

 

-se ha escrito mucho sobre la reciente tragedia de la macro-fiesta en el Madrid-Arena: los primeros y principales responsables serían los organizaciones que  al parecer vendieron más entradas de las permitidas, y también el Ayuntamiento que dio permiso cuando no debería haberlo dado. Pero podemos ir más allá a la hora de detectar un problema cultural: hubo padres que llevaron a sus hijos menores a la fiesta a pesar de que sabían que no eran mayores de edad e igualmente hubo asistentes que declararon a la prensa: “somos menores pero nadie nos pidió el carnet, nadie nos revisó la mochila. Metimos una botella de ginebra”. Además añadieron con total ingenuidad que habían falsificado su DNI haciendo copia de los de sus hermanos mayores (es decir que confesaban haber cometido un delito). Para estos jóvenes la responsabilidad de cumplir la ley no era suya sino de aquellos obligados a controlarlos. Un  problema añadido en este caso no es tanto que “todos” incumplieran las normas, es que incluso con muertos en la mesa,  a estar alturas nadie haya reconocido su propia responsabilidad ni propósito de enmienda. ¿Vicio nacional de buscar chivos expiatorios y rehuir la auto-crítica?

 

  1. El incumplimiento como medio de encontrar trabajo o enriquecerse: sensación de impunidad y cuestión de prestigio social

 

Aquí podríamos comenzar con eso de “¿con IVA o sin IVA?”, ya célebre en la sociedad española y el estandarte de la economía sumergida, pero también baluarte de tantas profesiones, antes y después de la subida de impuestos. O que algunos defraudadores de impuestos sean vistos con envidia y admiración por sus amigos y familiares en lugar de como co-responsables de que ellos deban pagar más impuestos (dejando al margen la interesante cuestión de en qué se gastan los impuestos en cada país, que daría para mucho). Pero de nuevo traigo a colación un caso concreto que ha llamado recientemente mi atención por la sensación de impunidad que representa.

 

Vengo viendo desde hace meses en mi barrio que se cuelgan carteles en farolas y paredes ofreciendo públicamente diversos servicios informáticos, entre los que figura el siguiente: “Internet gratis (descifro claves de redes wifi)” (foto 2). Lo sorprendente no es que haya gente que demande este servicio (e incluso de nuevo que presuma de ello), es que hayamos llegado en este país a un nivel donde alguien, de hecho más de uno, se atreva a anunciar públicamente la comisión de un delito, dando su nombre, teléfono y móvil. Lo siguiente será tal vez anunciarse en Internet diciendo: “se mata a domicilio, precios económicos, razón:…”. ¿Fallo del sistema educativo?

 

  1. El fenómeno “Yo soy la ley”: la chulería del incumplidor

 

En Cataluña ya sabemos que no se cumplen las sentencias del TS o del TC o se hacen sólo según convenga. Ahora también sabemos que tampoco se cumplen las decisiones de la Junta Electoral, que vigila que se respeten de forma neutral las reglas del juego electoral: caso del supuesto video institucional de la Generalitat que siguió emitiéndose días después de que la Junta Electoral hubiera decidido que era partidista. Cabe intuir que dentro de esa imagen de paraíso en la tierra que se está vendiendo de la futura Cataluña independiente también se incluye un estado idílico pre-caída, un oasis catalán donde ya no habrá ninguna norma que cumplir salvo tal vez la que prohíba comer del árbol del españolismo, aunque para entonces tal vez no quede ya serpiente que ejerza de tentadora. ¿Para qué tribunales si ya tenemos un nuevo Rey Arturo que nos dice directamente lo que es justo y no lo es, lo que es democrático y no lo es. Una vez más Cataluña demuestra que se encuentra a la “vanguardia de España”… en esta ocasión en temas de incumplimiento normativo. Pero no nos confundamos el fenómeno “yo soy la ley” se extiende como la pólvora por España a todos los niveles, siguiendo el fenomenal ejemplo que ofrecen sus gobernantes.

 

Puede que los ejemplos seleccionados no gusten a algunos o resulten insuficientes para otros. No obstante, lo cierto es que ya se traten de las normas de un club privado, de una comunidad de vecinos, de normas de convivencia o de leyes fiscales o sentencias judiciales, parece que un determinado grado de cumplimiento de las normas se revela esencial para que una organización o sociedad pueda funcionar. De hecho, en varios estudios se ha señalado que  una de las características que diferenciarían a un país del tercer mundo (sobre todo los países fallidos) con los del primer mundo es “la cultura del respeto a las normas”. ¿En qué liga jugamos? Juzguen Vds. mismos.

Una política sin metasentimientos

Que el adecuado manejo de los sentimientos de los ciudadanos es un componente imprescindible de la práctica política es algo perfectamente estudiado desde tiempos de Aristóteles. En su Retórica explica que si un político quiere mover a sus oyentes a la ira, ya sea para incitarles a la guerra o por cualquier otra finalidad que considere particularmente conveniente, lo primero que necesita es inculcar en su auditorio una creencia, como que los persas han cometido una grave injusticia con los atenienses. Esa creencia puede ser verdadera o falsa, pero eso es lo de menos con tal de que sea creencia. Aristóteles viene a demostrar así que es imposible inculcar un sentimiento de agravio u ofensa sacándolo de la nada. La mera descripción del sentimiento, por mucho que se invoque, es incapaz de suscitarlo. Se necesita algo más. Pero eso sí, una vez que ese algo más concurre y se da por supuesto, entonces la retórica puede descansar exclusivamente sobre los sentimientos.

 

Esta reflexión es un primer paso imprescindible para afrontar adecuadamente la deriva demagógica a la que tan fácilmente tienden los políticos en España, casi siempre por razones electorales a corto plazo. Cuando el Sr. Mas manifiesta que “Cataluña no sobrevivirá sin Estado propio” está desarrollando una retórica, incomprensible para el resto de España, pero que ha sido trabajada durante mucho tiempo en Cataluña a nivel de creencia. Contestar a esa afirmación desde el sentimiento contrario, con invocaciones a que “fuera de España y de Europa no hay futuro”, es absolutamente inútil, tanto con relación a los ciudadanos de Cataluña, que parten de una creencia contraria, como a los del resto de España, que mayoritariamente no tiene ninguna. Por ello, la única contestación eficaz estriba en entrar en detalle y destruir -o al menos poner en duda- la creencia del “expolio” que subyace a la retórica independentista más radical. Por supuesto siempre habrá atenienses con un odio instintivo a los persas, pero hay que presuponer que la mayoría racional será proclive a moderar su sentimiento de indignación si se les demuestra que los persas no han actuado tan injustamente o que esa injusticia tampoco es tan grave.

 

Por eso, una de los efectos más sorprendentes de la actual deriva soberanista es que el discurso gire casi exclusivamente sobre las ventajas o inconvenientes de una Cataluña independiente, como si eso fuese lo único que estuviese en juego. Se da por supuesto que es perfectamente natural romper un país en el que se ha convivido tanto tiempo si así lo aconseja un simple cálculo utilitarista. Sin duda es ahí donde a algunos les interesa colocar el debate, pero hacerlo implica saltarse de golpe varias fases de la discusión, especialmente la que pone en duda las presuposiciones que justifican dar semejante paso. No obstante, es necesario admitir que tras ese sincero esfuerzo por discutirlas puede ocurrir que todos nos llevemos alguna sorpresa. Que convengamos, por ejemplo, en que no existe efectivamente tal “expolio”, pero sí un trato injusto si comparamos la situación de Cataluña con las de otras Comunidades Autónomas, como Navarra o el País Vasco. Si tal cosa ocurriese sería sin duda algo extraordinariamente positivo, porque en el momento en que todos los ciudadanos españoles lleguemos a compartir las mismas creencias compartiremos también los correspondientes sentimientos, la comunicación será posible y la retórica demagógica tendrá sus días contados.

 

El problema es que nuestros partidos políticos no parecen estar muy interesados en discutir racionalmente esos presupuestos. Quizás porque la solución que resultaría de ello no pasaría por extender a Cataluña los privilegios del País Vasco y Navarra, sino por suprimirlos, diseñando así un régimen fiscal más justo y equilibrado. Es obvio que esta conclusión no interesa ni al PP ni al PSOE (como han demostrado estas elecciones vascas) ni por supuesto a CIU, que, una vez consolidada la correspondiente creencia, espera rentabilizar rápidamente su ganancia en el mundo de los sentimientos. Y si esta actitud es posible y está tan extendida en nuestro país es porque los políticos españoles se mueven siempre por el cálculo utilitarista más pedestre, sin ninguna visión del Estado a largo plazo y pensando exclusivamente en sus intereses particulares. En este aspecto la única diferencia entre los políticos nacionales y los nacionalistas es el número de circunscripciones en las que se presentan, pero eso no implica para los primeros una mayor preocupación por los intereses generales, al menos no por encima de los propios.

 

No existe ningún contencioso digno de ese nombre entre los catalanes y entre el resto de los españoles. Lo que existe es un contencioso entre partidos políticos por mayores cuotas de poder partitocrático, cuyas principales víctimas son los propios ciudadanos a los que se pretende convertir en cómplices por la vía de manejar sus sentimientos. La conclusión es que estas derivas tan ricas en fuegos de artificio son un efecto más del actual malestar de la democracia española. En ese malestar no hay ninguna particularidad nacionalista, puesto que todos lo padecemos por igual, y dado que los vicios son generales las soluciones deberían ser idénticas: modificación de la ley electoral, reorganización territorial, independencia de los reguladores, rendición de cuentas y transparencia. Aspirar a la independencia sin resolver primero estos problemas es como pretender curar una leucemia a base de amputaciones. Los pedazos resultantes portarán el mismo mal, con el agravante de que, más debilitados todavía frente a la enfermedad, serán incapaces de ayudarse entre sí. Por el contrario, comenzar por curar la enfermedad tiene la ventaja añadida de que la amputación pasará a ser cada vez menos interesante.

 

Los sentimientos no son necesariamente malos en política, es más, el verdadero problema es la endémica ausencia en la sociedad española de un tipo especial de ellos: los metasentimientos.  Castilla del Pino se refería con esta expresión a los sentimientos provocados por otros sentimientos, sobre los que Séneca reflexionó también con mucha lucidez. Siento ira, pero la simple conciencia de sentirla me suscita otro sentimiento, el de vergüenza por dejarme llevar por ella sin la suficiente reflexión. Es precisamente ese metasentimiento es el que me lleva a pensar -decía Séneca- que el que no me hayan reservado el sitio de honor en la velada ha sido seguramente sin mala intención, que quizá alguien lo merezca más y que, en cualquier caso, no es tan importante.

 

Ante la clamorosa ausencia de responsabilidad por parte de nuestros políticos, y ante su decidido interés en manejar nuestros sentimientos, deberemos hacer el esfuerzo de proveernos de una gran cantidad de metasentimientos para contrarrestarlos. Valdrá la pena, porque si hay un país que ha demostrado a lo largo de su historia dónde puede llevar una política sin metasentimientos es, sin duda, el nuestro.

La Democracia, tema I

Algunas de las reacciones que ha provocado la lectura del artículo “El Estado de papel” (no las recogidas  en la Prensa Unificada del Movimiento Catalán, liderada por la Vanguardia, que tiene el valor que tiene) sino en amigos catalanes, alguno de ellos juristas, me han llevado a pensar que los ciudadanos españoles democrátas tenemos algunas lagunas importantes en cuanto al concepto mismo de democracia.  Llevamos votando muchos años en unas elecciones libres, bien es cierto, pero parece que se nos escapan algunas cosas esenciales. Y estas lagunas son aprovechadas o/y compartidas por líderes poco escrupulosos o/y poco respetuosos con este concepto, como ocurre ahora mismo con el Presidente de la Generalitat catalana y secesionista “in pectore”, cueste lo que cueste, D. Artur Mas o con el propio Presidente del Gobierno, cuando afirma que le gustan “las mayorías silenciosas”, que sin duda son muy cómodas para los gobernantes, pero muy peligrosas para una auténtica democracia como enseguida veremos.

 

Como tengo que reconocer que yo tampoco soy especialista en el tema, he pedido consejo y me han recomendado unos libros sencillitos sobre la democracia, de los que utilizan los estudiantes de Ciencia Política, “La democracia” de Robert A. Dahl y otro un poco más complejo de Giovanni Sartori “¿Qué es la democracia?” que me han sido de mucha utilidad para escribir este post. Efectivamente, tengo que reconocer que, en el por lo demás muy extenso temario de Derecho público de mi oposición, no había ningún tema sobre la democracia, sino que empezábamos directamente con la Constitución española. Y está claro que si bien la democracia española nace y se asienta en la Constitución española de 1978 creo que entender el concepto de democracia disociado de una concreta fórmula constitucional en un momento histórico determinado es un ejercicio muy necesario en los tiempos que corren.

 

De hecho, en estos momentos lo que está evolucionando a una gran velocidad –lo que no deja de ser un acontecimiento de mucha relevancia histórica- es el concepto mismo de democracia representativa que ha estado vigente durante la segunda mitad del siglo XX. Digamos que los ciudadanos de las democracias representativas del siglo XXI nos hemos vuelto bastante más exigentes frente a nuestros representantes políticos, probablemente por la crisis económica, y les exigimos cada vez mayor transparencia y rendición de cuentas. Y también queremos marcar la agenda política (¿qué es eso de que los políticos nos digan que toca o no toca abordar un tema? Toca cuando los ciudadanos quieren, no cuando los políticos quieren) y participar en los asuntos públicos de manera mucho más activa, reclamando en casos extremos una vuelta a las democracias directas o asamblearias que no parecen posibles aunque sea por una cuestión de escala. Como es sabido, muchas de estas aspiraciones pueden hoy ser realizarse gracias a las nuevas tecnologías, con lo que implican de capacidad de informarse y expresarse por medios alternativos a los susceptibles de ser controlados por el Poder Político y de capacidad para presionar y para participar en los asuntos públicos por medios alternativos a los que decide el Poder Político.

 

Pero volviendo a los requisitos básicos de una democracia, por lo menos desde un punto de vista teórico o ideal (dada que todas las reales existentes solo lo alcanzan en cierto grado) Robert A. Dahl nos recuerda que las instituciones políticas de una democracia “a gran escala” (es decir, de una democracia que requiere de instituciones representativas por no ser posible una fórmula alternativa de participación directa de los ciudadanos) son las siguientes:

 

1. Cargos públicos electos.

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes.

3. Libertad de expresión

4. Fuentes alternativas de información.

5. Autonomía de la sociedad civil

6. Ciudadanía inclusiva.

 

Como puede verse en la lista hay bastantes más cosas que votar. De hecho, en prácticamente todos los países del mundo hay elecciones periódicas -con diversos grados de fiabilidad- o/y plebiscitos y refrendos (Franco también los hacía, por cierto) y no por eso se consideran democracias por la comunidad internacional, por los expertos y, sobre todo, por sus ciudadanos. Estos requisitos son esenciales por la sencilla razón de que en una democracia los ciudadanos tienen que estar en condiciones de gobernarse a sí mismos, y para eso necesitan libertad, educación cívica y también lo que Dahl llama “comprensión ilustrada”, es decir, capacidad de comprender y de decidir sobre los asuntos políticos que se les plantean. Vamos, lo contrario de convocar un referéndum sobre la independencia sin explicar bien a la ciudadanía en qué consiste o qué consecuencias tiene o diciendo que primero decidan y luego ya se enterarán.

 

Y es que, sigue diciendo el autor, la historia ya nos ha demostrado demasiadas veces que si se deja a una elite gobernante, por buena que sea,  y por muy democrática que haya sido su elección, gobernar sin límites y sin control por parte de los ciudadanos “tenderán a convertirse en déspotas antes o después, valiéndose del nepotismo, la corrupción, la promoción del interés individual o de su grupo y mediante el abuso del monopolio sobre el poder para eliminar la crítica, extraer riqueza de los ciudadanos y obtener su obediencia frente a la coerción”.

 

Este es el auténtico dilema de una democracia representativa, ya que nos guste o no, los seres humanos tendemos a abusar del poder cuando lo tenemos. En España creo que es difícil negar que lo que tenemos en la actualidad es un tipo de democracia de baja calidad o partitocracia, donde los representantes políticos dan prioridad a los intereses de los partidos a los que pertenecen sobre los de los ciudadanos a los que representan. En el caso español, además, tenemos el agravante de que se trata de una partitocracia de taifas, como ya señaló en un artículo así titulado nuestro coeditor Rodrigo Tena, cuyo origen está en una Ley electoral enferma, aprobada al inicio de la Transición   y que se encuentra en fase terminal, sometida como está a las derivas del clientelismo y de la corrupción generales  las que ya no son capaces de hacer frente unas instituciones gravemente deterioradas y desprestigiadas y una Administración de Justicia colapsada, y objeto de una creciente desafección de una ciudadanía que ha pasado del asombro a la indignación ante  tanto desgobierno o mal Gobierno.

 

En una situación así, el suponer que los ciudadanos de una parte o todo el territorio español van a ser más libres políticamente si permiten que sus representantes se salten los pocos controles a los que todavía están sometidos, que son básicamente los que establecen las Leyes –Leyes que no se olvide  hacen ellos mismos- me parece un engaño o una trampa en la que no podemos caer los ciudadanos. Como nos recuerda Sartori, si ni siquiera exigimos que el hacedor de las leyes se someta a las leyes que hace, perdemos el último baluarte de las sociedades libres, la libertad dentro de la Ley.