Garzón y “La justicia del señor juez”

En los últimos días han aparecido algunas noticias relativas al juez Garzón – véase El confidencial – y ello me ha impulsado a escribir este post, que tenía en cartera desde hace algún tiempo. Este magistrado presentó inicialmente, desde un punto de vista mediático, una imagen muy positiva de luchador contra las mafias y el terrorismo, de justiciero, o llanero solitario entre una masa de jueces abúlicos o demasiado garantistas (o eso parecía); en una segunda fase, se nos presenta como un político despechado que vuelve al juzgado y empitona a sus compañeros de partido, destapando eso sí, unas tramas de corrupción política; en una tercera fase, aparece como abanderado de grandes causas universales que le dan gran fama, aunque ello va acompañado de rumores sobre su deficiente modo de instruir. En el último capítulo, aun pendiente de concluir, el alguacil resulta alguacilado a consecuencia de presuntas irregularidades en distintos asuntos.

Es un personaje, pues, que genera odios y amores porque pesan en su haber esa actuación decidida en la lucha contra el crimen y en plantear ciertas causas (quizá esto también debe estar en el debe), que hay que reconocer han conectado con ciertas corrientes ideológicas, y en su contra –aparte del resultado que puedan tener los procedimientos abiertos contra él- ese regusto de la regla “el fin justifica los medios” y la poca consideración al procedimiento que exudan sus actuaciones, así como su excesiva exposición mediática, impropia de un juez y la falta de resultado prácticos en sus procesos. Seguro que a ustedes se les ocurren más motivos de uno y otro.

A mí, la verdad, sin conocer el asunto, me pesaban más los argumentos en contra, pues, prima facie, me parecía un caso, de los que tanto proliferan hoy en día, de patrimonialización de la función, es decir, de lo que hace la persona que no interioriza y hace suyos, como debería, los postulados de la función que desempeña para servirla, sino que adquiere y hace suya la función misma, a la que hace servidora de sus fines, totalmente distintos de los de aquélla. Pero claro, esto es sólo una impresión personal, un doxa, producto quizá de prejuicios y postulados políticos y sociales, que no se puede elevar a la categoría de verdadero conocimiento, el episteme, sin analizar de cerca al fenómeno de los jueces estrella.

Por ello me ha resultado enormemente reveladora, y escalofriante, la lectura del libro “Riofrio. La justicia del Señor Juez”, de Santiago Muñoz Machado” (Edhasa, 2010). El libro narra, a modo de novela, un caso real acaecido al autor -conocido y prestigioso catedrático de Derecho administrativo- y sus clientes con motivo de la instrucción de un proceso dirigido por un juez innominado a consecuencia de un presunto fraude fiscal y unas supuestas infracciones a la ley de televisión privada por parte de Tele 5. Cuenta la terrorífica peripecia real de unas personas que se ven envueltas en el procedimiento, sin prueba objetiva alguna que lo avale, por la única razón real de que a un juez estrella le interesaba encausar a Silvio Berlusconi. Para capturar este apetitoso pez, el juez no duda, a decir del libro, en incurrir en lo que el autor llama “incongruencia omisiva”, es decir, que ante un alegato de cien páginas bien fundamentadas, el juez contesta en dos líneas rechazándolo todo (p.23); en declarar prisión con fianza altísima por recónditas razones (p. 49); en cambiar las imputaciones a medio camino cuando el abogado le demuestra que están equivocadas (p.117); en omitir u ocultar las pruebas presentadas por la defensa, sin explicar la razón por la que no se les presta atención (p. 126); en amañar pruebas, pues los llamados “informes periciales obrantes en la causa” eran en realidad el trabajo de un funcionario adscrito a la fiscalía (lo que en realidad le convertía en denunciante), al que se le entrega toda la documentación con la frase: “a ver qué encuentras” (p. 127 y ss).

Y todo ello durante diez años y aunque las imputaciones no tenían sentido: en cuanto al delito fiscal, la Agencia Tributaria no había emprendido acciones y en cuanto a la supuesta titularidad de más de un 25 % de una televisión (delito inexistente en nuestro Derecho), el Tribunal Supremo había dictaminado a favor de los imputados.

Es de señalar la sorpresa del abogado-autor –sin duda “juez” y parte, pero altamente creíble- ante esta situación que no puede creer se pudiera dar en nuestro país, presuntamente un estado de Derecho, lo que le lleva a decir que “no existe ninguna garantía de los derechos durante la instrucción penal en España” (p. 48). Y es una sorpresa porque aunque –eso es claro- este no es el caso general, no han funcionado los mecanismos que hubieran debido impedir que tal excepción se prolongara, ya sea porque los Tribunales superiores preferían esperar al juicio por la complejidad de la causa o porque una querella por prevaricación hubiera sido contraproducente (p.87). Y sentencia: “un juez no aplique la ley, sino que modifique a su antojo las decisiones del Parlamento, y además, ponga al poder ejecutivo a sus servicio, estará concentrando en su mano todos los poderes del Estado y arrasando, al hacerlo, todos los valores en que se basa la Constitución” (p. 188).

En alguna ocasión, yo mismo he hablado de la vinculación de los jueces a la ley en este blog, pero esto es distinto: se trata de un caso excepcional gravísimo –y seguro que denostado por la mayoría de la nobilísima e importantísima profesión judicial- pero lamentablemente posible en España.

El autor no menciona en ningún momento el nombre del juez, seguro que en un alarde de elegancia o en un deseo de criticar situaciones y no personas (aunque no es de excluir que como Harry Potter no quiera mentar a Voldemort); pero decidan ustedes, mirando aquí.

Y a tí te hago…Ministro

 

Como hoy es domingo y día de descanso, un post ligerito basado en la simpática frase del Sr. Rajoy dirigida al parecer a un niño en uno de sus últimos baños de multitudes.

Terminada la elaboración de las listas electorales, que tal y como anticipamos en su momento no ha deparado nada nuevo más allá de la (poca) curiosidad que pueden despertar las intrigas de pasillo por colocar a unos o a otros, o ver quien se queda descolgado, o quien va antes o después en las listas (síntomas todos inequívocos del favor o disfavor del líder supremo o de la cúpula directiva de cada partido, lo que viene a ser lo mismo) ahora empiezan las quinielas para los “ministrables”. Y aquí la cosa empieza a ser más grave, y de la indiferencia o la resignación se pasa al susto.

Efectivamente, si ya resulta bastante deprimente que para elaborar las listas electorales no se tengan en cuenta los méritos (o deméritos) que los ciudadanos podrían valorar, como el de la gestión anterior del aspirante a electo, no digamos ya cuando se trata de hablar de posibles Ministros. Por lo que se ve, las capacidades o discapacidades que se puedan tener para acceder al cargo no son nada en comparación con otras consideraciones cuya relevancia, no obstante, se nos escapa al común de los mortales. Por ejemplo, el haber dejado un Ayuntamiento como Madrid en quiebra técnica como ha hecho el Sr. Gallardón no parece ser el mejor aval para ser elegido para nada que conlleve una mínima relación con el dinero del contribuyente, por muchas prendas que le adornen a uno. Prendas que por otra parte suelen ser más del tipo “adhesión inquebrantable” al partido o al líder máximo. Incluso  estamos viendo raptos de magnanimidad de algún lider cuestionado en un momento de debilidad (del que lo ha cuestionado, no del líder que por definición si es líder no los tiene) que han permitido escenificar la vuelta al redil de algún “hijo pródigo” en forma de puestos de salida en las listas electorales, con el natural enojo de los hijos que estuvieron todo el rato cuidando a los cerdos.

Y es que ya sabemos que en España las listas electorales son lentejas, o las tomas o las dejas. Todo atado y bien atado “top-down”, siendo el top ellos, los elegibles, y el down nosotros los que les elegimos.  Bueno, pues las lentejas ya están servidas y solo queda comérselas o no el día 20. Pero ya nos podemos empezar a preocupar de lo que viene después, a la vista de los nombres que empiezan a saltar a los medios como posibles Ministros para un previsible Gobierno del PP. Y aquí es donde empieza uno a asustarse, porque con independencia de los nombres concretos, y de la mayor o menor verosimilitud de las quinielas, nos volvemos a encontrar con un modelo de “casting”  bastante perverso, dado que se prioriza la proximidad al líder, o incluso las apetencias o las ilusiones de los ministrables sobre su trayectoria, experiencia, formación o capacidad. Vamos, que las razones para elegir a un Ministro de entrada parece que no tienen mucho que ver con los intereses de los ciudadanos y sobre todo con las necesidades del país (aclaración: cuando en este blog decimos “país” nos referimos a España, somos así de antiguos).

Así Esperanza Aguirre comenta con cierta frivolidad y bastante mala intención que a “Gallardón le haría mucha ilusión ser Ministro”. Bueno, a mí y seguro que a unos cuantos de nuestros colaboradores y lectores también nos haría mucha ilusión, pero no nos parece que esa sea una razón suficiente para que nos hagan Ministros, ni siquiera para que suenen nuestros nombres, la verdad. Ni Ministros ni nada para lo que no reunamos unos mínimos requisitos, porque a mí también me haría mucha ilusión tocar en la Filarmónica de Berlín, pero el caso es que no se tocar ningún instrumento.

¿Y que es reunir unas mínimos requisitos para ser Ministro? Bonita pregunta y no fácil de contestar, pero creo que en el momento tan trascendental en que estamos hay uno esencial: la capacidad de infundir confianza. Confianza en que el país puede salir de esta crisis institucional, política y económica, en que se van a hacer las reformas necesarias, en que se va a tener el valor pero también la capacidad  indispensable para hacerlas. Y no me refiero solo confianza de cara a los inversores y acreedores externos, que también, aunque supongo que se van a fijar más en el nombre del Ministro de Economía y Hacienda y en el del Gobernador del Banco de España. Me refiero sobre todo a la confianza que hay que inspirar a los propios ciudadanos españoles, para que piensen –pensemos- que tenemos expectativas de futuro sin necesidad de que venga por aquí la “troika” comunitaria o una delegación del FMI.

En mi opinión, para generar esta confianza, ya no vale cualquiera. Tampoco valen las habituales operaciones de maquillaje y de marketing que realizan los responsables de prensa y los medios más o menos afines. O las reseñas y semblanzas con las que nos los  “venden” una vez nombrados, aunque su último puesto antes de entrar en el Ministerio haya sido en una Agencia de flamenco o/y no hayan cumplido 30 años o digan “conyugue”, por citar algunos casos recientes. Y en ese sentido, tampoco es suficiente para generar confianza con que los nombres que se barajen ahora sean “mejores” que los de los Ministros de los últimos Gobiernos, porque desgraciadamente esto no es decir mucho. Sencillamente, los nuevos Ministros tienen que ser lo suficientemente buenos para sacarnos de ésta

Y me parece que los ciudadanos españoles ya no estamos por la labor de dejarnos engañar ni sobre la calidad personal y profesional de nuestros futuros Ministros ni sobre ningún otro asunto público. Y da la sensación de que fuera de nuestras fronteras tampoco están por la labor.

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Artículo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en “el Mundo”: El Ministro en la gasolinera

La imagen (por ahora mental) del ministro de Fomento manteniendo una cita «privada» en una gasolinera con un empresario imputado por corrupción que le solicita determinados favores públicos, nos devuelve a una situación que la mayoría de nosotros creíamos felizmente superada: la de la España de fines del siglo XIX, cuyas características políticas esenciales fueron reflejadas por Joaquín Costa -su centenario ha sido este año y ha pasado sin pena ni gloria, por cierto- en su magnífico clásico sobre el caciquismo y la oligarquía. Este artículo quiere ser un pequeño homenaje al autor que denunció los males de este persistente fenómeno en nuestro país.
 Durante unos años, quizá decádas, los españoles hemos creído vivir, por fin, en un Estado de Derecho homologable con el de los países más avanzados. Un Estado donde hay un ordenamiento jurídico que, con todas sus imperfecciones, establece las reglas del juego, políticas, económicas y sociales. Un Estado en el que estas normas se cumplen mayoritariamente de forma voluntaria, puesto que han sido dictadas por los representantes de la soberanía popular en instituciones genuinamente democráticas. Un Estado donde existen unas Administraciones -quizá demasiadas, eso sí- que son objetivas, neutrales y solventes técnicamente, que sirven los intereses generales, y unas instituciones (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Banco de España) que funcionan con profesionalidad y rigor. Todos con competencias y con instrumentos para asegurar el cumplimiento de las reglas de juego. Un Estado donde existe un Poder Judicial independiente que es capaz de aplicar coercitivamente las normas si fallan los mecanismos anteriores. Y, por último, un Estado donde existen medios de comunicación capaces de denunciar los atropellos del Poder y actuar como contrapeso último. En definitiva, hemos creído vivir en el Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución Española en su artículo 1. Cierto es que en este Estado existían muchos problemas: de colisión de poderes, de ineficiencias, de responsabilidades, de encaje territorial, etcétera, pero su diseño respondía básicamente, o así lo creíamos, al modelo que rige en los países desarrollados de nuestro entorno.

Y de repente, una mañana, nos despertamos y leemos en los periódicos que el ministro de Fomento del Gobierno de España tiene citas privadas para hablar de intereses públicos en una gasolinera con un empresario de no muy buenos antecedentes, empresario que acusa al ministro de haber cobrado comisiones a cambio de favores. A este descubrimiento sigue el habitual espectáculo de acusaciones y contraacusaciones entre unos y otros, habida cuenta de que el ministro en cuestión no se ha mostrado especialmente tolerante con las debilidades de los adversarios políticos en circunstancias similares (conversaciones telefónicas poco edificantes con empresarios implicados en tramas corruptas). Sigue también el habitual anuncio de querella por calumnias del ministro contra el empresario para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él. Ya se sabe que en nuestro país parece que quien no se querella, otorga. Por aquello de la exceptio veritatis, es decir, que el pobre juez al que le toque esta querella tiene que averiguar quién dice la verdad, porque si es el empresario y no el ministro, entonces no hay calumnia. En cualquier caso, esto no será para mañana, habida cuenta de la lentitud con la que funciona la Justicia, y eso cuando funciona.

Se habla mucho de la presunción de inocencia -un poco deslucida por la dimisión de un parlamentario regional del PP y de un ex consejero de Industria del BNG denunciados por el mismo empresario-, pero, por si acaso, se apela a la emotividad del electorado o del auditorio, padres del ministro incluidos. Y, por último, se produce el tradicional cierre de filas incondicional del partido con su líder amenazado, secundado por los medios de comunicación más cercanos, ya sea por razones ideológicas o económicas, dado que en España tienden a confluir. Y todo con el trasfondo de unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Y el pobre ciudadano de a pie, que lleva meses sin dar crédito a lo que está pasando, entiende por fin que lo del Estado de Derecho es sólo una verdad a medias. Que las reglas de juego no son las mismas para las personas normales y corrientes, honestas y trabajadoras, que para los que tienen poder, ya sea político, económico o mediático. Resulta que hay personas en España, físicas y jurídicas, que pueden incumplir impunemente las leyes sin que les pase nada. Es más, algunos se permiten alardear de su incumplimiento, con palabras o con hechos. Son políticos, algunos con cargos institucionales muy relevantes, empresarios afines, gestores de cajas de ahorro, consejeros delegados de empresas importantes, directivos del sector público, sindicalistas, empleados públicos, funcionarios de los cuerpos de seguridad… gente que puede tirar de la manta. Son los nuevos caciques. Todos ellos se han convertido en personas a las que no interesa aplicar la ley por diversos motivos, aunque todavía nos queda la esperanza de que acaben en manos de un juez que siga creyendo en su función y no aspire a un puesto en el Consejo General del Poder Judicial.

Realmente ya da un poco igual saber para qué se citó el ministro en una gasolinera o si finalmente hizo o no la gestión que el empresario sospechoso le pedía a cambio de dinero. Y es que los ministros de los Estados de Derecho de verdad no se citan para hablar de asuntos como contratos, subvenciones o autorizaciones administrativas en las gasolineras, ya sea en su coche oficial del Ministerio, en el coche del partido, en su coche particular, o en un taxi. También suelen tener un poco más claro el concepto de lo público y de lo privado. Saben que los cargos políticos son para desempeñarlos en beneficio de todos los ciudadanos, incluso de los que no les han votado, y que exigen un cuidado exquisito en el fondo pero también en las formas. Por eso dan cita en sus despachos oficiales, con sus asesores o técnicos delante, y eso si las dan.

Supongo que otros dirigentes de países con los que pensábamos no tener nada en común, y a los que mirábamos un poco por encima del hombro, si dan citas en sitios más o menos discretos. Pero pensábamos que en España esto ya no pasaba. La conclusión de este episodio esperpéntico no puede ser más desoladora: en estos últimos años, sin que nos diéramos cuenta, han vuelto a florecer en España el caciquismo y la oligarquía que denunció Joaquín Costa -con las apariencias, eso sí del siglo XXI- para arrebatarnos silenciosa pero eficazmente nuestro Estado de Derecho. No lo podemos permitir.

Del derrumbamiento de las instituciones a la transparencia como instrumento para su regeneración.

Echando la vista atrás no deja de sorprender lo rápido que ha cambiado la sensibilidad política a lo largo de los dos últimos años. A principios del 2010 empezaron a prodigarse los artículos que cuestionaban la sostenibilidad de nuestro modelo administrativo, e indicaban la necesidad de recortar los excesos de nuestro estado autonómico. No han sido pocos los posts que se han publicado en este blog sobre este tema, bajo títulos relacionados con la floresta autonómica, o la crisis institucional.  Si hace algunos meses este tipo de artículos se recibían con desdén por la clase política, indicando que poner en duda el entramado institucional autonómico solo podía plantearse en mentes jacobinas, con el transcurrir de los meses, las excusas, ante la inevitable necesidad de recortar los gastos de las administraciones públicas, cambiaron.  Las críticas pasaron a centrarse en considerar que las propuestas de recortar primero los gastos autonómicos superfluos (defensores del pueblo, embajadas, televisiones, consejos consultivos, …), antes de abordar recortes en los gastos esenciales (educación, sanidad, …) no entendían que lo superfluo solo era el “chocolate del loro” … loro orondo y bien alimentado, pero loro al final y al cabo.

La rápida evolución de los acontecimientos ha llevado a muchos políticos a percibir que aunque los gastos superfluos podrían no sumar grandes cantidades, era difícil quitar camas en hospitales y profesores en colegios, si antes no se le racionaba algo del chocolate al loro. Probablemente esta etapa llegó a su punto álgido cuando el Presidente del Congreso, D. José Bono, en una entrevista el pasado 29 de Septiembre (ver aquí) afirmaba que quizás era excesivo contar con 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, y 17 defensores del menor.  No puede minusvalorarse esta opinión si consideramos a Bono un participante directo en la deriva autonómica. Con el transcurrir de las semanas se ha llegado incluso más allá. Se ha llegado a cuestionar para qué sirven las diputaciones, para qué sirve el senado, y probablemente en breve nos lleguemos a cuestionar para qué sirve un parlamento autonómico. El adelgazamiento de las administraciones ha entrado en campaña y todo parece indicar que los candidatos han llegado a la conclusión de que una dieta de adelgazamiento será buena para sus posibilidades electorales, y buena para la salud de este país.

Probablemente ahora nos parezca muy natural, pero conviene recordar lo que se comentaba hace menos de 18 meses, y el cambio de percepción que se ha producido en este corto período de tiempo. Este cambio ha venido de la mano del derrumbe de la confianza en todas nuestras instituciones públicas. A la vuelta del verano poco quedaba ya en pie. El tribunal constitucional, el consejo general del poder judicial, los gobiernos autonómicos y locales, el gobierno central, la justicia o los órganos reguladores ya habían perdido la consideración y el respeto de la mayoría de los ciudadanos, y para los políticos “nos habíamos quedado sin calificativos”, según nos ha venido informando puntualmente el CIS. En esta situación, solo había una institución que había quedado a salvo: el Banco de España parecía reflejar el espíritu de la rectitud, la ortodoxia, la independencia, y a él habíamos encomendado nuestra confianza en la fortaleza del sistema financiero español. La publicación de las millonarias jubilaciones e indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorros, incluso de las intervenidas, solo nos ha dejado dos alternativas, o pensar que los inspectores del Banco de España no estaban tan cualificados como creíamos, o pensar que tenían “buenas razones” para no poner pegas a esas indemnizaciones y jubilaciones. Cada uno es libre de elegir la opción que prefiera, pero con el Banco de España ha caído la última trinchera de la confianza ciudadana en las instituciones  españolas.

En esta situación, la palabra regeneración empieza también a abrirse camino en los discursos, tertulias y programas electorales. Si de algo quería escribir en este post es justamente de cómo se puede regenerar un país que parece haber retrocedido muchos años en la calidad de sus instituciones públicas. Si suponemos que la idea de “destruyámoslo todo y volvamos a empezar”, que tanto nos ha gustado  en épocas pasadas, tiene los tradicionales inconvenientes de que en medio de ese proceso de destrucción y reconstrucción siempre aparece un “salvador” que se queda con todo,  deberíamos hacer un esfuerzo por pensar en una regeneración más tranquila y realista. Los discursos que se escuchan son poco alentadores: vaguedades, leyes para “cambiar el gobierno de los jueces” o “evitar que un político vuelva a dirigir un organismo independiente”,… Yo creo que solo hay un camino, y ese camino tiene un nombre  el  de  transparencia.

Hasta ahora se ha subestimado la “dosis” de transparencia que precisa este país. Cuando se han mostrado como han fallado todos los controles de la administración para evitar el despilfarro y la corrupción. Cuando nos hemos convencido de la facilidad con la que el poder político puede saltar sobre los controles administrativos. Cuando hemos comprendido que los cuerpos de servidores públicos encargados del control y la supervisión, sean interventores, reguladores, tribunales de cuentas o …, siempre han conseguido poner a salvo su honor y profesionalidad mediante el respeto  escrupuloso de los procedimientos pero sin atender a su finalidad última, con el  resultado  del derrumbe institucional y económico del país, creo que no es demasiado difícil llegar a la conclusión que el único órgano de control verdaderamente eficaz en esta nueva etapa es el que pueden ejercer directamente los propios ciudadanos.

En algunos artículos económicos de la pasada semana (ver aquí) ya se apuntaba la poca transparencia como uno lo de los problemas que lastran la credibilidad de España en el exterior. En el interior nos hemos quedado sin palabras. Que el actual gobierno no fuese capaz de aprobar una ley de transparencia en la legislatura que acaba de terminar no es un mensaje muy alentador, más teniendo en cuenta que la ley más parecía un artificio de distracción que una herramienta verdaderamente eficaz. Los discursos de los partidos en este inicio de campaña tampoco parece que acaben de recoger lo esencial del mensaje. Se habla de una ley de transparencia, como algo técnicamente complejo, en el que habrá que desplegar todo el saber administrativo para contemplar el derecho a pedir información, los plazos para proporcionarla, el cómo debe tratarse el silencio administrativo, las administraciones involucradas, … complejo, muy, muy complejo …

Creo que entender la situación de lo que ahora precisa España, si queremos una regeneración, intentando evitar la revolución, es comprender que probablemente la ley de transparencia debería ser la ley más corta y sencilla de las que se han aprobado en España en mucho tiempo. Probablemente bastaría con un articulado trivial: “todo ciudadano tiene derecho a acceder a cualquier información que genere o maneje cualquier administración pública”, y “toda administración pública debe poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información que genere, maneje o reciba”. Así de simple. Dejemos los detalles menores para más adelante.

No se trata de que los ciudadanos “pidan”, y las administraciones de acuerdo con lo que diga una ley “entreguen”. No, ese es el error básico de concepto. Eso no funcionará. Se trata de que las administraciones lo publiquen “todo”. ¡En la era de Internet qué menos se puede pedir! Todo incluye por supuesto, contratos, contratados, currículums, agendas, gastos, presupuestos, salarios, deudas,…., todo. Que no se preocupen nuestros siempre bienintencionados gobernantes por el volumen de información. Solo el hecho de tener que publicarlo es un incentivo suficiente, y publicado en el formato adecuado, seguro que  hay personas que estarán interesadas en echarle un vistazo a toda la información. Espectáculos como el vivido en los últimos años con el Presidente Montilla negándose a facilitar al Parlamento unos informes contratados en condiciones más que dudosas (ver aquí), o la Junta de Andalucía negándose a facilitar a una juez documentación para investigar el escándalo de los EREs (ver aquí) no pueden repetirse, si se quiere volver a construir o cimentar la credibilidad de nuestras instituciones.

Ponerlo en práctica no parece demasiado complicado, solo nos queda esperar para comprobar la verdadera voluntad de los políticos.

Crónicas del nacionalismo subvencionado: camas por embajadas

Habrá quien piense que la tengo tomada con el nacionalismo, pero quien piense así también creerá que solo existe una forma de expresar la singularidad, la que llevan practicando los últimos años en España PNV, CiU, Esquerra y Batasuna… y no es verdad. Pueden mirar fuera a cualquier Estado federal pero también, si lo prefieren, pueden recordar que existía la visión de Tarradellas (expulsado injustamente por los pujolistas) o la de los tradicionalistas de Marcelino Oreja Elósegui (ver la excelente autobiografía de su hijo Memoria y Esperanza) asesinado probablemente por ser moderado y razonable. Y es que en España, especialmente en aquellos territorios que presumen de no ser españoles, se castiga la mesura y se premian los excesos. Pero volvamos al tema que nos ocupa estos días: ¿realmente el nacionalismo sirve para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos? Porque lo demás, son discursos grandilocuentes que tratan de disfrazar lo que de verdad importa.

El president Mas ha dicho que la culpa de los recortes es (¿cómo no?) de Madrid, y que “nos quieren cada vez más folklóricos y menos nacionalistas”. Históricamente (cuando no gobernaban “estos” nacionalista) Cataluña había ejercido su singularidad dentro de España tratando de demostrar que tenían la mejor economía, la mejor clase empresarial, la sociedad más culta y abierta a Europa. Hoy, tras treinta años ininterrumpidos de gobiernos nacionalistas (porque el tripartito fue más nacionalista que el que más) tiene una economía en declive, una clase política más corrupta de lo deseable (en lo del 3% es vox populi que tenía razón Maragall) y al mismo tiempo de las mejores pagadas de España, un sistema educativo a la cola de Europa en resultados, unas empresas en huida (miren incluso a Planeta), la segunda deuda pública de España, una cultura que se mira al ombligo, una prensa complaciente y sumisa… Incluso pueden presumir de tener a los estudiantes españoles que peor hablan el español, idioma por cierto que cuenta en el mundo globalizado para encontrar trabajo…

Y es que los nacionalistas han conseguido que autonomía sea sinónimo de muchas cosas (ver mi anterior post): independencia, gasto ilimitado, ausencia total de controles…, sí, de muchas, salvo de una: responsabilidad y rendición de cuentas. Para evitar eso ya está el recurso victimista de echar la culpa a Madrid a la que también se acude curiosamente para evitar tomar decisiones (“lo del co-pago lo debe decidir Madrid”). Porque seamos serios ¿por qué se recorta en sanidad o en gastos sociales? Pues porque los gobiernos catalanes, en ejercicio de su autonomía de gasto, han hecho opciones de políticas públicas y en lugar de apostar por privilegiar el crear y mantener un sistema de salud y de protección social de calidad y eficiente, que les diera prestigio (real) en España y en Europa, han preferido optar por el folklore: comprando lanzas tribales, subvencionado la enseñanza del catalán en países latinoamericanos o abriendo costosas embajadas (folklóricas) embajadas cuya utilidad práctica es cercana al cero cuando no al ridículo ya que la protección consular sólo puede ser ejercida legalmente por el Estado español, ¿alguien cree que se fomenta la inversión extranjera clamando que Cataluña no es España? Bonita seguridad jurídica la que ofrecen. Con esta política no es de extrañare que la inversión extranjera en Cataluña en el último año sea cero (vean las estadísticas). A ello se unen organismos inútiles, caros o redundantes, junto a un fenomenal aparato de propaganda: la televisión catalana con tres canales autonómicos (y tres más locales), un presupuesto de 383 millones, otros 49 millones de Catalunya Ràdio (incluidos canales de música clásica, ¿en catalán?) y con una plantilla de 1.874 trabajadores en la televisión (más que las plantillas de Antena 3 y Tele 5 juntas) y 421 en la radio; todo ello sin contar las numerosas subvenciones a la prensa ¿privada? local. ¿Más folklore que esto? No, lo que les queremos es cada vez más responsables de sus actos y menos manipuladores.

Por supuesto que es legítimo tomar unas opciones u otras, pero no lo es no responder por ello ante los ciudadanos disfrazando (una vez más) malas políticas con el recurso (del eterno adolescente) de echar la culpa a los demás, decir que no había alternativa, o disfrazando errores envolviéndose en banderas de exaltación nacionalista. Si quieren ser nacionalistas que lo sean, pero si para ello necesitan (tras más de treinta años ininterrumpido de poder) emplear cuantiosas, crecientes y permanentes subvenciones, si para ello tienen que echar a enfermos de sus camas (los recortes han llevado a cerrar el 30% de las camas y el 40% de los quirófanos), o ancianos de sus residencias, entonces ese nacionalismo es artificial y tiene un coste que hay que explicar a los ciudadanos, pues pudiera ser que estos ante tal inacostumbrado ejercicio de transparencia decidieran que para ese camino no hacían falta alforjas. Si han decidido que importa más la bandera que la salud de los ciudadanos que lo digan claramente y que lo pongan en su programa, pero que no nos tomen el pelo.

Hace años, hablado con un dirigente de la Administración catalana, le pregunté que por qué era nacionalista. Primero me dijo que por la lengua, pero entonces le respondí que había naciones que compartían lenguas extranjeras sin problemas (toda América) y que otras, como la India, tenían más de cien lenguas sin que ello supusiera conflicto. Entonces me dijo que por la historia, pero entonces le recordé que todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en redactar una historia oficial de España y lo cierto y verdad es que, con todos los matices que quisiera, llevábamos más de 500 años juntos y España era considerada en Europa una de sus naciones más antiguas. Finalmente exclamó: ¡porque es un sentimiento profundo y como todos los sentimientos no se pueden ni se necesitan explicar!  En eso tuve que darle la razón, pero le apostillé: “pues tened cuidado, que los sentimientos son manipulables, y como vienen se van. Yo que vosotros, si queréis sobrevivir y por si acaso, apostaría por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos catalanes, eso no falla nunca”. Se ve que no me escuchó. Y luego se quejan.

 

Historias de la CAM o como meter la mano en la Caja (con todas las bendiciones)

Vaya por delante que no soy experta en gestión ni en regulación de Cajas de Ahorros, y que  para cualquier estudio serio de carácter económico sobre lo ocurrido en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y en otras Cajas de Ahorro me remito a los numerosos posts publicados por nuestros colegas de Nada es Gratis sobre el tema,  Por cierto, en NeG llevaban pidiendo meses, incluso años, que el Banco de España tomase medidas drásticas para poner orden en las Cajas, impidiendo que al final su salvación costase un montón de dinero de los contribuyentes, como al final parece que va a ocurrir.

Y para un análisis más corto pero muy certero de lo ocurrido con las Cajas durante todo este periodo, me remito a la columna de John Muller en “el Mundo” del sábado 1 de octubre “el error del Gobernador”.  De este artículo quiero resaltar esta frase: “Hay muchos ejemplos de mala gestión y amiguismo en las cajas que han sido enterrados para siempre”.  Demoledor ¿no?  Esta es la frase que me ha llevado a escribir este post.

Tomaremos el caso de la  CAM como ejemplo,  ya que nos dice el Gobernador del Banco de España que es “lo peor de lo peor”     Y efectivamente, vemos que la CAM ejemplifica de forma espectacular todos los males posibles en la gestión de una Caja de Ahorros: burbuja o/y pelotazo inmobiliario, mala gestión, falta de profesionalidad, amiguismo, conchaveo con los políticos de turno (muchos de de ellos con problemas judiciales), tolerancia y descontrol  por parte de la Comunidad Autonóma supuestamente encargada de supervisar a la Caja (según su propia normativa) a cambio de financiación de proyectos faraónicos y de comprar pagarés autonómicos dos minutos antes de ser intervenida, desfachatez de los gestores salientes que se han embolsado cantidades estratósfericas en forma de prejubilaciones -5 directivos se embolsaron entre todos más de 13 millones de euros al acogerse a un ERE que puso en marcha la Caja este mismo año, poco antes de su intervención por el Banco de España en julio pasado o “pensiones vitalicias” de 370.000 euros a la Directora General, créditos concedidos a los amigos o a los propios Consejeros de la Caja al 0% de interés inexistencia de control alguno por parte de los órganos internos de control de la Caja (sí, aunque sea increíble, los tenía) y por último, actitud cuanto menos complaciente del Banco de España con los desmanes cometidos, que tenían que ser conocidos desde hacía tiempo al haber dado la voz de alarma sus propios inspectores.

Y esta Caja cabe preguntarse ¿se rige por algún tipo de norma aparte de por la libérrima voluntad de sus gestores? ¿No la controlaba ni supervisaba nadie? Merece la pena destacar lo que dice el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad.

Porque resulta que esta normativa es bastante estricta, lo que pasa sencillamente es que no se ha cumplido

Veamos por ejemplo el art.35.1 sobre la obtención de créditos por los Vocales del Consejo de Administración y su parentela:

“1. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja de Ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los Convenios Laborales, previo informe de la Comisión de Control.

2. La transmisión de cualquier bien o valor, propiedad de una Caja de Ahorros, a los vocales del Consejo de Administración, así como a las personas vinculadas que se citan en el apartado anterior, deberá contar con la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.”

¿Y que es el Instituto Valenciano de finanzas que al parecer tenía que autorizar estas operaciones? Pues nada menos que una entidad pública dependiente de la Generalitat a través de su Consejería o Consellería de Hacienda. En fín, otro organismo público independiente y profesional más. Les recomiendo una visita a su web porque  no tiene desperdicio. En sus notas de prensa, por ejemplo, nos informan de que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que menos ha crecido el endeudamiento en los últimos meses o que la calificación A- se sitúa entre las consideradas buenas y es la séptima nota más alta de las que otorga esta agencia. No es broma. De la CAM, nada, claro.

Además, el art.38 de la misma Ley regula la Comisión de Control cuyo objeto es “ cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera. Dedica además su composición y sus funciones, que evidentemente no desempeñó.

Pero volviendo a las funciones del Instituto Valenciano de Finanzas nos dice el art.55.1 “ Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España y en el marco de la legislación básica del Estado, el Instituto Valenciano de Finanzas ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorros. En particular, el Instituto Valenciano de Finanzas velará por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de las operaciones financieras y protección de la clientela de las Cajas de Ahorros.

2. En materia de disciplina e inspección, el Instituto Valenciano de Finanzas podrá celebrar convenios con el Banco de España.”

Interesante ¿no? Más que nada porque se nos dice que el Instituto Valenciano de Finanzas solo hacía “autorizaciones administrativas”, vamos, que ponía sellos pero sin mirarse los papeles. Pues para hacer solo eso, resulta bastante lujoso, consulten su organigrama.

Y en materia de responsabilidades de los gestores, no es cierto que no existieran o que no se pudieran exigir. Lo que ha pasado sencillamente es que la propia Caja primero, la Generalitat Valenciana después, y el Banco de España por último, no han hecho nada. Vean si no el tenor literal del art. 56:

“1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las Cajas de Ahorros cuando por acción u omisión infrinjan las normas imperativas de ordenación y disciplina emanadas del Estado o de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la entidad de crédito en cuestión podrá ejercitar las correspondientes acciones de naturaleza civil o penal contra las personas individuales que realicen funciones de dirección o administración.

2. Incurrirán, también, en responsabilidad administrativa sancionable quienes ostenten cargos de administración o dirección, cuando en su conducta se aprecie ánimo doloso o negligencia directamente determinante de la infracción grave o muy grave cometida por la entidad.”

Ah, y también hay responsabilidad para los miembros de la Comisión de Control por no controlar. (art.67 de la Ley)

Sigue un catálogo de las infracciones muy graves, graves y leves que se pueden cometer por los órganos de gestión. Por no alargar este post hasta el infinito no las enumero, pero les puedo asegurar que así, a ojo, los gestores parecen haber incurrido prácticamente en todas las infracciones posibles.

Por último, y como broche de la regulación, el art.68 recuerda que se pueden adoptar medidas cautelares mucho antes de que llegue el Banco de España:

“Sin perjuicio de las facultades correspondientes al Banco de España, cuando una Caja de Ahorros se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección hasta que sea superada tal situación.

En cuanto a la competencia, no cabe duda. Dice el art.69 que “La intervención o sustitución prevista en el artículo anterior será acordada, en su caso, por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, previa audiencia de la Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no será necesaria, sin embargo, cuando haya precedido petición de la entidad o el retraso que tal trámite previsiblemente originaría comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.”

Además esta responsabilidad administrativa es independiente de la que pudiera corresponder por la concurrencia de delitos o faltas penales, que también se puede –y a mi juicio- se debe exigir.

En conclusión, el incumplimiento de todas estas normas resulta muy revelador no ya del funcionamiento de la CAM, sino sobre todo del funcionamiento de la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP durante todo este tiempo) y de lo en serio que se tomó sus labores de supervisión y control de esta Caja, que tantas iniciativas políticas de relumbrón podía financiar y tan complaciente se mostraba siempre con los deseos de los políticos de turno, incluidos los particulares.

El resultado ya lo conocemos: un dineral invertido a costa de los contribuyentes y una salida finalmente incierta, puesto que resulta que los 2.800 millones de euros invertidos en julio pasado por el FROB en el capital de la Caja con la idea de poder recuperarlos algún momento parecen ahora “peanuts” y su recuperación, ciencia ficción. Por ahora hay que inyectar otros 3.000 millones de euros  para ver si alguien la compra. Y al que la compre, hay que garantizarle que no le pase nada con los activos “tóxicos” de la Caja, total otro dineral….Como dice el Gobernador del Banco de España esto va a costar “un dinero” a los contribuyentes.  De paso, se añade otro agujero en las ya maltrechas cuentas públicas que según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda puede rondar el 0,3% del PIB.

Pero la reflexión más importante es la que tiene que ver con la demoledora frase de John Muller  Como ciudadanos y como juristas  ¿Nos podemos conformar con enterrar para siempre años de mala gestión y de amiguismo sin más? ¿Cómo es posible que no se exija ninguna responsabilidad jurídica por la mala gestión de los directivos de las Cajas y que no tengan que devolver ni un euro cuando vamos a “salvar” esta y otras Cajas con dinero de todos? ¿Y qué significa que el gobernador del Banco de España diga que no hay que “pensar con las tripas” y que hay que ser muy escrupuloso con la aplicación de las normas? ¿Tan escrupulosos, por ejemplo, como ha sido la Generalitat Valenciana con la aplicación de la Ley que ella misma aprobó y cuyo incumplimiento alentó o cuanto menos toleró? ¿No hay responsabilidades políticas que exigir a la Generalitat?

No será este blog el que piense con las tripas y no exija la aplicación escrupulosa del Derecho y de las normas. Pero en mi opinión, el respeto escrupuloso de las normas exige consecuencias jurídicas muy serias para este tipo de conductas. Y por supuesto, alguien tiene debería responder políticamente  también. Y perdonen la extensión del post. pero creo que el tema lo merece.

Las propuestas electorales de ¿Hay derecho? (I): Deseos de campaña

Para empezar esta serie podemos plantear algunas propuestas expresadas en forma de deseo, y referidas, más que a la acción del próximo gobierno, a la previa campaña electoral en sí. De algunas cosas es bueno que se hable, lo que ya sería un principio.
Así, como estamos en una época donde los partidos políticos se afanan en preparar sus programas electorales, podemos expresar algunos temas que, desde el punto de vista jurídico que inspira este blog, sería bueno que salieran y que se debatieran en la campaña electoral que próximamente nos va a tocar sufrir. Bien es cierto que, por desgracia, tales programas en España no tienen la relevancia que deberían tener, la de auténticos compromisos vinculantes frente a la ciudadanía. Su frecuente incumplimiento por el partido que gana ni se suele reprochar por los partidos de oposición, tal vez porque casi todos ellos tienen también “su pecadito”, ni tampoco encuentra un serio reproche en una ciudadanía aún inmadura en este campo.
A pesar de esta prevención, la exposición contrastada de programas y su análisis y crítica no deja de tener su valor, al exponer al debate público cuestiones importantes que pueden influir en el futuro devenir político. Precisamente uno de los defectos de nuestro sistema político, su esclerosis, ha sido favorecido por la cuidadosa exclusión del debate de demasiadas cuestiones en el pasado. Por eso no sobran estos deseos, como si se tratara de los que se piensan mientras se apagan las velas de la tarta o se atraganta uno con las doce uvas. Y con casi las mismas posibilidades de que se cumplan. ¿Por qué no?
Como se trata de problemas que, como afectan seriamente a nuestra común vida social, merecen ser abordados, aunque hayan estado clamorosamente ausentes de otras campañas, desde luego se pueden apuntar en gran cantidad. Pero para abrir fuego voy a apuntar sólo unos pocos, con el deseo de animar la participación y de que surjan más.

Cada día que pasa parece hacerse evidente que las dudas que la deuda pública despertaba en los mercados internacionales no se debían tanto a una inherente perversidad de éstos, sino a la escasa credibilidad de las cifras oficiales de contabilidad de muchas administraciones públicas, singularmente autonómicas. Ha bastado con unos pocos cambios de gobierno para que ingentes cantidades de deudas ocultas hayan salido a la luz. Y de la sospecha tampoco quedan libres algunas regiones cuyos gobiernos no han cambiado de color. Es evidente que los mecanismos de intervención y control del gasto, esencialmente esos tan autonómicamente dotados, han fracasado estrepitosamente en su función, y que se debería imponer una contundente reforma si no queremos parecernos cada vez más a Grecia. Pero, a pesar de todos los problemas de credibilidad y del inmenso coste que ello supone para las arcas públicas ¿Se hablará de ello en campaña? O si se habla ¿Será para quedarse en las grandes palabras, o se apuntarán soluciones concretas que supongan un compromiso creíble?
¿Volverán a salir las incumplidas promesas de una Ley de Transparencia, que ya comentamos entre otros posts aquí? A pesar de de lo que su aplicación nos podría ahorrar en costes y corrupción, después de su incumplimiento puede ser fuerte el interés por obviar el tema. Ya se ha visto que nuestros gobernantes prefieren moverse en la opacidad. Y al fin y al cabo, el tema tampoco tiene tirón popular.
Tanto en un caso como en otro estamos hablando de poner límites a prácticas patológicas de muchos políticos, en beneficio de unos mejores resultados. Interés de casta frente a intereses generales. ¿Prevalecerán éstos?
Por eso, para concluir este breve post, un deseo que suponga menos sacrificio a los que redactan los programas, que no suponga embridar a sus mandos políticos. Un incremento de la libertad de testar, para incorporar nuestro petrificado Derecho sucesorio común a las últimas tendencias europeas. Una cosa sencilla, barata y vistosa. Tanto que sería absurdo no proponerlo.
Hay mucho más, claro que sí. Pues que fluya el blog.

Artículo de Rodrigo Tena sobre el “Caso Faisán” en El Confidencial

Nuestro Editor Rodrigo Tena inaugura con este artículo  publicado ayer una etapa de colaboración de este Blog con El Confidencial. ¡Que no se lo pierdan nuestros lectores!

Espasmos jurídicos en el caso Faisán

Si algo prueban las complejidades jurídicas del caso Faisán es el genio imperecedero de Franz Kafka. Pese a que gracias a él estamos perfectamente avisados de lo fácil que resulta que las disquisiciones legales y los detalles procedimentales nos envuelvan en el absurdo, haciéndonos perder completamente de vista el sentido final de las cosas, hay que reconocer que los juristas tenemos una tendencia innata a incurrir en este vicio. Pues bien, este caso demuestra a las claras que no sólo los juristas.

¿Colaboración con banda armada o revelación de secretos? ¿Audiencia Nacional o Juzgado de Instrucción de Irún? ¿Pleno o sección? Comprendo que tales cuestiones puedan interesar bastante a los procesados (por razones obvias) y algo (por responsabilidad profesional) a los magistrados que tienen que decidirlas, pero para los ciudadanos de este país deberían ser completamente secundarias e intrascendentes.

Mientras nos agotamos discutiendo si el delito es de colaboración o de revelación, o minucias tales como si es ajustado a Derecho que el presidente de la sala avoque su conocimiento al pleno, esperando quizá encontrar en ellas escondidas conspiraciones,  se nos escapa el fondo del asunto. Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.

No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración) diseñada necesariamente por los responsables políticos de ese Ministerio, con el Sr. Rubalcaba a la cabeza. Pensar cualquier otra cosa no es creíble. Pero si discutimos ahora en sede judicial si hay colaboración o no, es precisamente porque esta estrategia ilegal ha sido negada repetidamente por esos responsables políticos, por razones electorales, dejando de paso a sus funcionarios en la estacada.

El bosque que pretende ocultarnos tanto tecnicismo, por tanto, es esa radical negativa a asumir responsabilidades políticas por este asunto. Eso es lo que nos obliga a todos (jueces, periodistas y sufridos espectadores) a sumergirnos en este universo kafkiano de calificaciones y avocaciones varias. De ello no tienen la culpa los jueces, evidentemente, que cumplen con su trabajo, máxime cuando nadie colabora para aclararles oficialmente el asunto. Más bien al contrario, lo que se pretende es utilizar todo tipo de recovecos jurídicos y procedimentales para ocultar aún más la propia responsabilidad política, instando a que la judicatura infiera las conclusiones que ellos se niegan a explicitar en voz alta. Un nuevo y triste ejemplo de la utilización política de las instituciones clave del Estado de Derecho.

Condenados a no acertar

Es obvio que los jueces no tienen más remedio que entrar en este juego técnico. El problema es que cualquiera que sea la decisión que adopten será criticable, por un motivo u otro. Es más, como consecuencia de la torticera utilización de la que están siendo objeto, están irremisiblemente condenados a no acertar. Si califican el delito de colaboración, porque obviamente no la había, ya que “todo el mundo sabe” que esos funcionarios actuaban a las ordenes de Rubalcaba; si sólo de revelación de secretos, porque avisar a un sospechoso que va a ser detenido, que es el único hecho probado dado el silencio de Rubalcaba, es obviamente colaborar con él.

En cualquier caso nosotros, los ciudadanos, no estamos obligados a bucear entre espejismos y paradojas, afortunadamente. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.

Desmesuras institucionales: los parlamentos autonómicos

Hoy publicamos un artículo de nuestro colaborador Ramón Marcos Allo, que ha sido elegido recientemente diputado a la Asamblea de Madrid por UPYD y que reflexiona sobre el Parlamento regional. Se trata de una opinión crítica especialmente valiosa, por tanto, dado el cargo que ocupa el autor. A continuación, el artículo de Ramón Marcos.
Los editores.
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La situación de España es complicada. Hay una profunda crisis económica que, como ya se ha subrayado, está agravada por la crisis política e institucional que padecemos. En este blog se han contado múltiples ejemplos de la deriva autonómica y de los errores que se han producido por tratar de reproducir en cada autonomía un mini estado. Continuando con la serie, voy a exponer otro ejemplo más de los defectos institucionales que nos llevan a ineficiencias y gastos innecesarios: los que afectan a los parlamentos autonómicos, que estoy conociendo en primera persona desde que salí elegido diputado el pasado veintidós de mayo en la Asamblea de Madrid.

La Constitución española previó, para aquellas Comunidades que hubieran accedido a la autonomía bien porque hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contasen, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia) o bien por el procedimiento agravado de su artículo 151 (Andalucía), un sistema institucional completo que incluía una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal. Sin embargo, para el resto de las Comunidades, que accedían por el régimen ordinario, la Asamblea no era un requisito institucional necesario. Pese a lo cual, todas optaron en sus estatutos por tener una, que aunque inicialmente eran sencillas, con la asunción de nuevas competencias, se fueron profesionalizando y asimilando al Congreso de los Diputados en su estructura y funcionamiento.

En principio no habría nada que objetar a ese desarrollo ya que en todos los Estatutos se establecieron competencias legislativas y para ejercerlas es necesario un parlamento. El problema ha sido su desarrollo posterior. Ya se sabe que el órgano hace la función, pero en este caso la función se ha desbordado. Esas Asambleas han pretendido emular a las Cortes Generales y se han puesto a legislar de manera alocada, y con escasa calidad (muchas de sus leyes no dan ni para ordenes ministeriales), dictando miles de normas que han roto el mercado interior y dificultado la libertad de circulación de los trabajadores. Por otra parte, y como símbolo del nuevo poder, han construido hermosos y caros edificios al lado muchas veces del de la diputación provincial o del ayuntamiento, con lo que pequeñas autonomías tienen hasta tres instituciones que mantener con los esforzados impuestos de sus ciudadanos.

Como consecuencia de esa emulación, un diputado de la Asamblea de Madrid cuesta unos doscientos setenta y un mil euros al año, poco menos de lo que cuesta uno en el Congreso de los Diputados, doscientos ochenta mil, a pesar de que la población de Madrid no llega a siete millones de habitantes mientras que la de España supera los cuarenta y seis millones. Claro que hay casos peores, en Cataluña el coste roza los quinientos mil, para siete millones, o en el País Vasco cuatrocientos ochenta mil, para poco más de dos millones. Así, sólo en mantener los parlamentos autonómicos se supera la cifra de cuatrocientos millones de euros al año.

Estos son datos generales que tienen su reflejo en el caso particular de la Asamblea de Madrid. La cual está ubicada en un moderno, pero disfuncional edificio -la acústica del Pleno es desastrosa-, y caro de mantener; y cuenta con un elevado número de personal, alguno ciertamente muy cualificado y eficiente, pero entre el que hay un exceso de eventuales (colocados a dedo), en puestos de escasa justificación salvo para que el Grupo con mayoría en la Mesa (el órgano de gobierno de la Asamblea) pueda repartir puestos de trabajo entre sus afines, y de personal auxiliar con funciones solo entendibles desde una concepción arcaica de la tarea de diputado. En cuanto a su funcionamiento, un botón de muestra de su arbitrariedad, como julio es inhábil según el Estatuto para el trabajo parlamentario, la Mesa decidió habilitarlo a efectos legislativos en junio para dar pruebas de trabajo, sin embargo en septiembre, que es hábil por Ley, no prevé nada relevante salvo la comparecencia de unos consejeros que aún no habían comparecido ante los diputados, a pesar de que han pasado casi cien días desde su nombramiento.

Pero además en la Asamblea de Madrid hay privilegios. Por ejemplo la Mesa dispone de un exceso de coches a su servicio, sus miembros pueden comer e invitar gratis a cualquier persona en el restaurante de la Asamblea, que ya de por sí es barato para todos (en Italia este verano algo parecido fue un escándalo), y junto a los Portavoces de los Grupos disponen de entradas gratis para ir a los toros en Las Ventas. A estos “pequeños” privilegios hay que sumar que, por decisión de la Mesa, los diputados están exentos del impuesto de la renta de las personas físicas en el veinte por ciento de una parte de su salario, porque se considera que se destina a viajes, aunque Madrid es una comunidad que se hace de punta a punta en menos de dos horas y que además tienen una tarjeta para taxis, el abono transporte pagado y autopista de peaje gratis. A lo que hay que añadir que como todos los parlamentarios de España no pagan de su salario la parte de cotización de Seguridad Social correspondiente al trabajador. Así, ambos beneficios suponen para un diputado ingresar al año tres mil quinientos euros netos más que un trabajador normal a igual salario. Por otra parte, en esa misma Asamblea se sientan concejales y alcaldes que ejercen ambas funciones, y que cobran dos salarios de los presupuestos públicos, ya que no hay incompatibilidad entre ellas.

¿Realmente España se puede permitir este sistema institucional? Creo que no. Es necesaria una reforma que adecue las instituciones a la realidad de sus funciones, que deberán ser menores por las competencias que debe recuperar el Estado, y unos políticos con prácticas más sencillas, sin privilegios frente a los ciudadanos. No tenemos mucho tiempo para esas reformas, hemos de empezar ya.

Ramón Marcos

La jubilación del tirano

Leyendo en los periódicos los acontecimientos de Libia, me viene a la cabeza unos de los libros revelación del 2011 (en realidad publicado en octubre de 2010 aunque sus 1.300 páginas hacían casi insoslayable aplazar su lectura al período estival), Una saga moscovita (editorial La otra orilla), en la que Vasíli Aksionov narra la historia de tres generaciones de la familia Gradov durante la dictadura de Stalin.

En unos de los capítulos de la novela (unos de los últimos, de lo que advierto a los que no gusten de recibir excesiva información previa a la lectura) el patriarca de la saga, un prestigioso médico moscovita, es requerido para opinar sobre la salud de Stalin, descontento con el diagnostico de sus médicos, éstos reales, del Kremlin (descontento que les hizo caer en desgracia y ser objeto de una de las frecuentes purgas).

Tras el correspondiente y minucioso análisis, la conclusión final que el eminente, y honrado, médico transmite a Stalin es concluyente: lo que el dictador necesita es una inmediata y placentera jubilación con vida tranquila, buenos alimentos, ejercicio controlado y nada, nada de trabajo.

Tan sabio consejo, que bien podía haber seguido Gadafi hace tiempo, no es atendido por Stalin y es que los dictadores (como se dice de los miembros del Tribunal Supremo estadounidense) nunca se jubilan y rara vez se mueren. Parece que la gran aspiración común de todo dictador es conservar el poder cueste lo que cueste, aunque sea a costa de su vida, y de la de los demás, claro. Y es que la atracción del poder debe ser inmensa cuando todos los tiranos, por mucho que la situación se desmorone ostensiblemente a su alrededor y se vean amenazados con la muerte, la prisión o la ignominia se aferran tozudamente a él hasta el último segundo, o más allá, rechazando tentadoras ofertas de lujosos asilos con inmunidad fáctica.

Por otra parte, no deja de ser curioso que nadie se escandalice con esas tentadoras y públicas ofertas de asilo e impunidad que, cuando ocurren en territorio extranjero, se aceptan como mal menor para evitar más derramamiento de sangre, a pesar de su injusticia y de la flagrante violación del Derecho internacional, por los mismos que se rasgan las vestiduras ante el menor asomo de ilegalidad o tibieza cuando de lo que se trata es de salvar la vida de compatriotas y a los que, para concluir este comentario cuya correcta catalogación sería en lecturas recomendadas, yo les aconsejaría el libro de Leonardo Sciascia, El caso Moro, recientemente reeditado por Tusquets.

En esa obra Sciascia realiza un lúcido análisis de la correspondencia enviada desde su cautiverio por la víctima, Aldo Moro, dos veces primer ministro de Italia, para convencer al Estado, es decir, a sus correligionarios democratacristianos y supuestamente amigos, de la superioridad de las razones humanitarias sobre el rigor ciego del Derecho desde el argumento de que la primera misión del Estado es la de salvar vidas humanas. Las cartas en algún momento podrían llegar a ser cómicas si no fuese por el desenlace trágico plasmado en la impactante fotografía, que muchos recordarán, del cadáver de Moro en el maletero de un viejo Fiat abandonado en una céntrica calle de Roma.

Un lugar al sol o nada nuevo bajo el sol: de la elaboración de las listas electorales

Asistimos de nuevo al tradicional espectáculo de la elaboración de las listas para las próximas elecciones generales. Y no por conocido el espectáculo me deja de sorprender, y más en la situación actual. Se repiten las escenas de siempre, la cúpula del partido o directamente el líder decide quien va en las listas y quien no, en función básicamente de criterios de proximidad o alejamiento a los dirigentes que deciden. Por supuesto, ir en las listas para nuestros diputados-empleados, por utilizar la expresión de Jimenez de Parga (que he conocido gracias a uno de los más agudos comentaristas de este blog) es esencial, dado que supone la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo, es decir, la diferencia entre tener un lugar al sol o irse al paro.

Lamentablemente, muy pocos de nuestros políticos tienen carreras profesionales al margen de la política, incluso los que en su momento las tuvieron las han dejado por esta carrera, mucho más gratificante desde todos los puntos de vista, aunque solo sea porque las reglas que rigen para el resto de las profesiones no se aplican aquí. ¿Se imaginan por ejemplo el futuro profesional que tendría un abogado que perdiese todos sus pleitos? ¿O un médico que matase a sus pacientes? ¿O un arquitecto al que se le cayesen las casas que construye? ¿Se imaginan que pasaría si cualquiera de estos profesionales llenase sus despachos, consultas o estudios con familiares y amigos de  confianza pero de nula o escasa cualificación? ¿Que los dejasen en herencia a sus retoños aunque no sepan hacer la O con un canuto? ¿O que cobrasen un dineral a cambio de un servicio desastroso?  

Pues bien, la ventaja es que en política todas esas cosas y muchas más pueden hacerse sin ningún riesgo. No rigen las reglas que existen para cualquier profesión o para cualquier oficio, que básicamente pueden reducirse a una: hacer las cosas mal o muy mal está penalizado, salvo que se tenga la suerte de tener un monopolio y aún así. En el caso de nuestros representantes y gestores públicos no hay ninguna responsabilidad por la mala gestión, es más, a veces parece que cuanto peor se han hecho las cosas, más posibilidades de promoción hay. Y no digamos ya si se tiene la capacidad de chantajear o de montar un buen lío en el partido (véase el caso de Fabra o de Ripoll en la Comunidad Valenciana) porque entonces se tiene el futuro asegurado para sí y para la descendencia. Vemos que hay mucho paro juvenil pero que la hija de Fabra ya está colocadísima .

En definitiva,  nuestros políticos pueden dejar en bancarrota cajas de ahorros, empresas públicas y autonomías enteras sin que nadie se cuestione no ya su presencia en las listas sino su capacidad y su aptitud para seguir en la política. También pueden tranquilamente colocar a la parentela o/y facilitarles la vida con dinero público, mediante contratos y subvenciones. Y, por supuesto, pueden decir tranquilamente que no piensan cumplir las leyes que dicta el Parlamento en el que se sientan o las sentencias del Tribunal Supremo, o en general pueden permitirse un día sí y otro también deslegitimar las instituciones que les cobijan. Recuerden en las recientes elecciones autonómicas por tener, tuvimos hasta imputados en las listas (ahora creo que algunos ya están condenados pero que yo sepa siguen cobrando del erario público).  El análisis en profundidad de lo que esto supone lo pueden encontrar aquí por nuestro coeditor Rodrigo Tena.

Últimamente además los exportamos a los organismos internacionales. Efectivamente, una nueva salida que han encontrado estos señores es ocupar la cuota española (y de paso la femenina) en organismos como el Banco Europeo de Inversiones. Como para estos cargos se necesita apoyo político del Gobierno, es una forma estupenda de pagar los servicios prestados, nada que ver estos sueldos con los que declaran sus Señorías como Ministros del Gobierno (habría que dedicar un post a esto, pero mientras tanto pueden leer el de NeG (aquí). Por ahora la última candidata es la Sra Salgado, pero antes ya hemos colocado a la ex Ministra de Fomento y Consejera autonómica sra Alvarez y a la ex Ministra de Igualdad Bibiana Aido, que yo sepa, aunque sin duda habrá más casos. Me refiero a estas tres señoras porque las tres, cada una en su nivel -que obviamente no es el mismo-  parece que han reunido los méritos para acceder a estos puestos más por la vía “interna” es decir, los méritos de cara al Gobierno -que es al fin y al cabo es el que tiene la capacidad de promover y apoyar su candidatura- que de cara a los ciudadanos, es decir, por la solvencia de su gestión. Por ejemplo, la Sra Salgado cuenta en su haber como Ministra de Administraciones Públicas con el “éxito” del Plan E, uno de los planes en que más dinero público se ha despilfarrado ya con la crisis encima  –y cito al propio Ministro de Industria aunque le echa la culpa a los Ayuntamientos y especialmente a Gallardón-

 Como Ministra de Economía y Hacienda su principal mérito fue, al menos hasta que comenzó la amenaza real de intervención de la economía española, el no poner demasiadas trabas al todavía Presidente del Gobierno.  Su valoración como Ministra de Economía y Hacienda no parece efectivamente que esa para tirar cohetes, si atendemos a este ranking del Financial Times

Es cierto que, como ciudadanos españoles, poco podemos hacer para impedir estas fabulosas promociones en los organismos internacionales, más allá de avisarles. Pero con respecto a las listas electorales podemos hacer bastante más. Como recordó nuestro coeditor Rodrigo Tena en su artículo sobre “Teoría  y práctica de la dimisión en España”, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pues en último término, somos nosotros los que votamos esas listas

Los minutos de la basura

La expresión que titula este post suele aplicarse al tiempo restante hasta la conclusión en aquellos partidos de baloncesto en los que la diferencia entre los contendientes resulta ya insalvable, por lo que está claro que, pase lo que pase en los minutos que faltan hasta la bocina final, el vencedor del encuentro se sabe quién va a ser, y solo queda por conocer la diferencia de puntos por la que se materializa la victoria del equipo ganador.

La situación en la que nos encontramos ante las elecciones del próximo veinte de noviembre bien podría calificarse de “minutos de la basura”. Tanto los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y locales como las encuestas de intención de voto apuntan a un cambio político, aunque queda por conocer la amplitud del mismo, por lo que los cuatro meses que han de transcurrir desde el anuncio estival del Presidente del Gobierno hasta la celebración de los comicios se asemejan bastante a esos instantes finales de los partidos de baloncesto.

Sin embargo, la profundidad de la crisis que sufrimos, y la permanente turbulencia financiera en la que nos encontramos instalados, hacen que estos “minutos de la basura” no sean en absoluto intrascendentes, y que acontecimientos que se están produciendo en estas semanas puedan condicionar nuestro futuro. Y cuando todos los días suceden tantas cosas que pueden ser relevantes, no interesa tener más tiempo del imprescindible un Gobierno en funciones por causa de un anuncio anticipado de elecciones anticipadas. La gravedad de la situación ha quedado bien patente tras la tramitación de la reforma constitucional, llevada a cabo aprisa y corriendo. Reforma insólita por las formas, por las prisas, y por el hecho de ser presentada y tramitada por un gobierno ya saliente, lo que demuestra, por si a alguien le quedaba alguna duda, que es un movimiento reactivo, como casi todas las medidas anticrisis que se están adoptando, forzado por la presión de agentes externos, que imponen parches con los que taponar las múltiples vías de agua que hace la política económica y fiscal.

Pero no solo los agentes externos, llámense Comisión Europea, Banco Central Europeo, o señora Merkel, dictan las últimas medidas de un Gobierno saliente. Durante los minutos de la basura también pueden suceder cosas que escapan no ya al control, sino a la mera vigilancia de un Gobierno en funciones.

Entre estos acontecimientos, y solo a modo de ejemplo, pueden citarse dos muy recientes y que afectan a dos de las mayores empresas que operan en el mercado español, y dos de los mayores contribuyentes por Impuesto de Sociedades a las maltrechas arcas públicas. Se trata de la operación destinada a tomar el control de Repsol por parte de Pemex y Sacyr, con el supuesto propósito, según apunta la prensa económica, de trocear el negocio de la petrolera y aliviar la comprometida situación financiera de la constructora; y de la recientemente anunciada reorganización de Telefónica, de la que destaca la decisión de ubicar en Londres la nueva “Telefónica Digital”, con el objetivo de “afianzar el papel de Telefónica en el mundo digital y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento de este entorno, acelerando la innovación, ampliando y reforzando la cartera de productos y servicios y maximizando las ventajas de su importante cartera de clientes”.

Las empresas son, lógicamente, soberanas para tomar sus decisiones, pero cabe preguntarse si estos movimientos son más probables con un Gobierno cuya influencia y capacidad de actuación se encuentra seriamente mermada; aunque no puedan ignorarse otros factores, como la prima que tienen que soportar las empresas radicadas en España para obtener financiación y que una “desespañolización” de la actividad puede minorar. Otros factores que, en cualquier caso, no son tampoco ajenos a la actuación del Gobierno. ¿Es posible que estos movimientos corporativos supongan un empobrecimiento adicional de nuestra economía? ¿Podría Telefónica tener interés en radicar, en otras condiciones, esa nueva organización en algún lugar de España en vez de en Londres? ¿Pueden añadirse riesgos a la ya crónica dependencia energética española si el control de Repsol cambia de manos?

El todavía Ministro de Industria declaró que lo que pedía a Pemex, Sacyr y Repsol es que “dejen en paz al Gobierno”, y que lo que importa del movimiento de Telefónica es que “la sede corporativa sigue en España”. No parece, pues, que estas operaciones interesen ya mucho a un ejecutivo que en el pasado no se ha caracterizado precisamente por “dejar en paz” a las grandes empresas, baste recordar el caso de Endesa. Claro que en los minutos de la basura, lo que a uno le apetece es que le “dejen en paz”, y tomar cuanto antes el camino del vestuario.

Aunque para el panorama político estos sean los “minutos de la basura”, para la sociedad y la economía no lo son. Es más, a la vista de las convulsiones que estamos viviendo, que incluso nos han deparado un agosto absolutamente atípico en el plano informativo, se puede decir que en esta situación nos interesaría más que nunca que los minutos de la basura se acortasen todo lo posible, de forma que cuanto antes tengamos a alguien que vuelva a velar por el interés general. Porque a eso se dedican los Gobiernos, ¿o no?

Sobre la dieta Cospedal: la grasa sobrante de Castilla La Mancha

Reconozco que el título es para llamar la atención. No me entiendan mal, la sra de Cospedal tiene muy buen tipo. La que tiene mucha grasa sobrante es la Comunidad Autónoma que preside por lo que vamos sabiendo estos días. Y sin duda no es la única, aunque la ventaja de un cambio de Gobierno es que se puede hablar de los michelines sobrantes con menos complejos que si los hubiera adquirido uno mismo. 

Lo más interesante es que la sra Cospedal ha decidido poner a régimen a su Comunidad autónoma. Vienen apareciendo estos días en los periódicos numerosas noticias relativas a los recortes anunciados por la nueva Presidenta autonómica de Castilla-la Mancha, Maria Dolores de Cospedal. La noticia puede verse aquíaquí y aquí,  hablando precisamente de “dieta” y poniendo de relieve su dureza, unos medios con un tono más crítico y otros más elogioso.  Se enumeran los recortes que se van a producir, se comentan y se valoran. Por supuesto, los recortes no afectan a los  “derechos sociales”, -concepto éste en el que en algún momento deberíamos profundizar-pues la Presidenta es buena política y sabe que hablar de recortes sociales es anatema, no vaya a haber algún susto electoral. En cualquier caso, en época preelectoral, ya sabemos que el ya escasísimo rigor con el que manejan los conceptos y las ideas los partidos políticos desaparecen del todo, de manera que los recortes sociales, derechos sociales o servicios sociales pasan a ser armas arrojadizas. Ya saben, cuidado que viene el doberman a recortar los derechos sociales o bien, cuidado con los que se endeudan hasta las cejas y no pueden pagar ni las nóminas de los funcionarios. 

Pero volviendo al tema del post, sin duda los recortes de la Presidenta de Castilla-la Mancha afectan bastante más a la grasa que al peso, entendiendo por tal al coste que supone mantener la Administración regional en relación con los servicios que presta (tema tratado en este blog por Juan Luis Redondo varias veces, aquí, aquí y aquí, pero con esta apreciación no quiero quitarle mérito, todo lo contrario. Que quieren que les diga, la grasa es francamente antiestética, ya sea en forma de lujosos y poco utilizados coches oficiales, liberados sindicales a tutiplén a cambio de paz y tranquilidad, embajadillas en Bruselas, Defensores del Pueblo, Tribunales de cuentas regionales que han debido estar de vacaciones mientras la Comunidad quebraba, duchas en despachos y smartphones de última generación que el personal se lleva puesto. Sobre todo cuando se está pagando con dinero de unos ciudadanos que cada vez están más delgados. Y es que haciendo una dieta  se pueden perder relativamente pocos kilos y mucha grasa en un periodo relativamente corto de tiempo.

Eso sí, una vez eliminada la antiestética grasa, la cura de adelgazamiento ya empieza a ser una cosa más seria y que requiere más tiempo, más esfuerzo y más sacrificio. Y está claro que también para la Presidenta de Castilla-la Mancha es más fácil eliminar grasa en forma de, por ejemplo, organismos claramente redundantes o coches oficiales que eliminar peso de verdad. Esto ya es otra cosa, y es una asignatura pendiente en Castilla-la Mancha y en todas las Administraciones autonómicas convertidas en auténticos miniestados a mayor gloria de la élite política local.

Y si a los comentaristas de la dieta Cospedal ésta les parece dura y hasta criticable…¿qué pasará cuando se plantee la auténtica pérdida de peso? Que no consiste en reducir o suprimir las empresas públicas y organismos públicos y recolocar al personal sobrante donde se pueda aunque no haga ninguna falta. O en intentar vender algo que nadie en su sano juicio querría comprar, por lo menos sin conseguir algún favor a cambio, como un aeropuerto faraónico sin usuarios o una tele monstruosa sin audiencia.

E imaginénse por un momento que haya que tocar, aunque sea de refilón, los “derechos sociales”. ¿Es un derecho social tener una Universidad pública o un hospital a tiro de piedra? ¿o un AVE para cinco? ¿Y una autovía para 20? Parece que todavía queda lejos el debate sobre la racionalización de los servicios públicos o, más modestamente, las explicaciones a los ciudadanos con los números (preferiblemente los reales y no los maquillados) y los indicadores de eficiencia y de eficacia en la mano. Por ahora la dureza de las medidas consiste en que los liberados “plus” se reincorporan a los puestos que abandonaron supuestamente para defender los derechos de los trabajadores (y que me temo que no eran precisamente los puestos directivos ni esenciales, para que nos vamos a engañar) los profesores trabajan 2 horas más a la semana  y aunque se supriman organismos públicos se recoloca a todo el mundo.

Total, que el problema es que si se quiere adelgazar de verdad hay que seguir una dieta de verdad. No se pueden hacer trampas. Quiero hacer especial hincapié en las trampas consistentes en “hinchar” los presupuestos de ingresos –herencia del sr. Barreda, no hay que olvidarlo, que es quien los ha hecho- previendo algunos fantásticos ingresos extras que por arte de magia  van a permitir que salgan los números. Y aquí quiero romper un lanza por la Presidenta de Castilla-la Mancha. No es que haya heredado una Comunidad en quiebra técnica sino que, encima, su antecesor tiene la desfachatez de decirle que no hace falta recortar nada, que lo que tiene que hacer es buscar esos ingresos que él ingeniosamente pintó en los presupuestos regionales. Cualquiera cuadra así las cuentas. ¿Se imaginan hacer eso en una economía familiar? ¡Qué fantásticos viajes se  podrían pagar previendo como ingresos la herencia de un tío de América!

Para concluir, lejos de quitar el mérito a la sra Cospedal por haber empezado por la grasa quiero animar a otros dirigentes autonómicos a seguir el ejemplo, dado que en una situación de crisis como la actual la antiestética grasa es más bien una grasa antiética. Pero conviene recordar que aunque eliminemos esta grasa todavía quedan muchos kilos que perder. Y que toca empezar. Pero sin duda es más fácil dar estos mensajes a los ciudadanos teniendo buen tipo que estando muy gordo. Sobre todo cuando el exceso de grasa sale de su bolsillo.

A vueltas con la honorabilidad

La “palabrita” volvió antes del verano a las primeras páginas de los periódicos en una de sus acepciones –como sinónimo de honor-, con ocasión de la dimisión de un responsable político cuyo cargo lleva precisamente como apelativo el de “muy honorable”. Pero no es a esa acepción a la que quería referirme, sino a otra utilizada en nuestra legislación administrativa para referirse a la cualidad exigida como condición de la capacidad jurídica para ser autorizado para el ejercicio de ciertas profesiones. Una condición vinculada al comportamiento o trayectoria de desempeño profesional y que hace a una persona ser o no digna de la confianza o del crédito que requiere la autorización del ejercicio de cualificadas profesiones. Un concepto al que esta publicación ha aludido en los últimos meses (“Todo por la pasta…”).

 

Han pasado bastantes semanas del emplazamiento que se me realizó en este blog para que diera mi opinión sobre algunos aspectos de la exigencia de honorabilidad en las profesiones financieras. Finalmente, me decido a responder, aunque lo haré sin referirme a ningún caso concreto, y no por las razones apuntadas por algún participante en el blog. Seguro que ello defrauda a algunos lectores pero espero que satisfaga a los más interesados en el debate jurídico. Mi respuesta intentará ser directa y sintética, lanzando unas cuantas ideas capitales sobre el modo en que entiendo este concepto jurídico.

Hace ya casi 25 años, los expertos (Aspectos jurídicos de las crisis bancarias (Respuestas del Ordenamiento Jurídico), edit. CEJ y Banco de España) destacaron que la mayoría –si no todas- las crisis del sector financiero aparecen vinculadas al comportamiento deshonesto o imprudente de unos gestores bancarios. Más modestamente, yo me permití con ocasión del asunto Enron  (Escándalos Financieros, o la confianza del paciente forastero, “El País” del 22 de mayo de 2004) recomendar que se fuera más riguroso sobre sus cualidades antes de que la enfermedad puesta de manifiesto por ese y otros casos se convirtiera en un síndrome. Los hechos lamentablemente demuestran que conviene que nos tomemos en serio las cualidades éticas y el comportamiento de los profesionales y no esperemos a que el daño esté hecho para que actúe el sistema penal. Es ahí donde entra en juego la exigencia de honorabilidad a estos profesionales, sobre la que apuntaré las siguientes ideas.

1.     Adelantaré que me parece que nuestra legislación es, en relación con este requisito, manifiestamente mejorable. Adolece de defectos de técnica legislativa, como la falta de criterio y coherencia sistemática. Por poner algún ejemplo: son hoy más estrictas las condiciones impuestas a los directivos de las cooperativas de crédito que a los de los bancos; a veces se hace de peor condición al procesado que al condenado con sentencia recurrida. Tampoco es infrecuente que exista una falta de programación normativa, dejando a quien está llamado a su aplicación la definición del contenido de esta exigencia o la determinación de la duración de los impedimentos para el acceso o continuación en el ejercicio de una profesión. Éste es un terreno abonado para que quien cuente con una buena asistencia jurídica o encuentre un aplicador rigurosamente formal pueda eludir ser excluido por falta de concurrencia de este requisito.

2.     En lo que se refiere al contenido de esta cláusula, lo primero que debe quedar claro es que la exigencia de honorabilidad es -o debe ser- algo más que la mera ejecución de las sanciones penales o administrativas. Para dar efecto a la pena o la sanción administrativa no hace falta exigir honorabilidad. Si se exige honorabilidad o buena reputación y se integran en ese concepto, entre otros elementos, las conductas que en el pasado merecieron un reproche penal o sancionador, la exigencia de honorabilidad no consiste en la simple aplicación de la pena o sanción durante la duración de éstas. Uno de los principios de interpretación de las normas es el del efecto útil de estas, y desde otra perspectiva se habla del principio del “legislador económico”: si el legislador ha previsto al establecer las condiciones de ejercicio de una profesión que una persona condenada no pueda ejercer una actividad, es porque el legislador ha querido que los efectos de ese impedimento vayan más allá del mero cumplimiento de la pena o sanción.

3.     Si la honorabilidad es algo más que la mera ausencia de un impedimento impuesto por el Derecho penal para el ejercicio de una profesión, de lo que se trata es de evaluar unos hechos, no desde la perspectiva del reproche penal que merecen, sino acerca de si tal forma de actuar o “trayectoria personal” –por emplear la terminología del legislador español- es digna de la confianza que requiere una profesión. Al igual que los bancos pueden denegar legítimamente la concesión de un préstamo al deudor incumplidor por ser un riesgo excesivo –haya sido o no condenado o declarado deudor civilmente el solicitante-, los poderes públicos pueden denegar la autorización al gestor que no ha actuado anteriormente de forma correcta, pues son excesivos los riesgos que con ello asumirían los intereses generales y particulares afectados.  El peligro de una evaluación de este tipo es que cuando hay poca definición o programación normativa se corre el riesgo de conceder un peso excesivo a la discreción administrativa o, en el peor de los casos, a la arbitrariedad. Ahora bien, los instrumentos jurídicos para suplir o intentar evitar este peligro están en nuestro sistema jurídico y en los de los países de nuestro entorno (por poner también algún ejemplo, desde el sistema de relación de “hechos relevantes” y plazo de relevancia, a los sistemas de menor concreción pero mayores garantías administrativas en términos de transparencia, motivación y vinculación por el precedente).

4.     Un apunte sobre ese contenido del requisito de honorabilidad no vinculado al componente penal: en otras latitudes se es especialmente riguroso con la honestidad del administrado en sus relaciones con la Administración y los poderes públicos. Quien miente, falta a la verdad u oculta información que está obligado a suministrar a la Justicia o a la Administración (ya sean procedimiento judiciales, tributarios, o los propios de la actividad que se quiere desarrollar, etc…) no suele ser merecedor de la confianza pública que el ejercicio de ciertas profesiones comporta. Soy consciente de que sonará algo extraño en estas latitudes. Pero me permito recordar que hay todo un señor ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que no fue cesado en el cargo al no prosperar el procedimiento de impeachment, pero que, sin embargo, fue excluido del ejercicio de la profesión de abogado por mentir o no ser leal con un tribunal. Y, además, pidió la baja de la lista de abogados autorizados a actuar ante el Tribunal Supremo antes de exponerse a ser excluido de por vida. Una estrategia que también utilizó otro ex Presidente, en este caso el republicano Nixon. Todo ello en aplicación de las exigencias de previstas en la legislación de ese país para ejercer como abogado y en otras muchas profesiones.

5.     Al parecer, el Señor Clinton se gana muy bien la vida, lo que me lleva a apuntar otra idea. Impedir a una persona ejercer una cualificada profesión cuando ha demostrado que no reúne las cualidades de honestidad que esa actividad requiere no es obstáculo para que siga ganándose la vida con su trabajo. Lo que así se evita es que elija un trabajo para el que no es digno de confianza por su comportamiento precedente. Basta observar nuestra realidad más próxima para corroborar los riesgos que tienen algunos reincidentes en determinadas prácticas empresariales.

6.     Una de las cuestiones más difíciles de precisar es la relativa a la trascendencia que puedan tener los antecedentes penales o por sanciones administrativas que han sido cancelados o que puedan ser indultados. Desde mi punto de vista, tal como he señalado anteriormente, no se trata aquí de valorar la conducta del profesional desde la perspectiva del reproche penal. Lo determinante es si han venido ejerciendo su actividad de forma respetuosa con las leyes y normas que rigen la profesión y con las buenas prácticas mercantiles o profesionales –por continuar con la terminología del legislador-. Por tanto, esos antecedentes, aunque ya no tengan vigencia o no la hayan llegado a tener, si están próximos en el tiempo, o cuando siendo lejanos no están desmentidos por una conducta irreprochable posterior, pueden ser considerados como demostrativos de la falta de honorabilidad. Lo mismo cabe decir de las conductas que aún siendo merecedoras de reproche punitivo no llevan finalmente aparejada una sanción por algún obstáculo distinto de la falta de prueba de los hechos o de participación en ellos del imputado.  Esta posición, sin embargo, no es la que mantuvo el Tribunal Constitucional en dos sentencias referidas al mismo asunto (SSTC 174 y 206/1996) cuando en virtud de la cancelación de los antecedentes penales consideró que el abogado condenado por estafar a un cliente no perdía por esta condena, una vez no constan los antecedentes en el Registro de Penados, la condición de “jurista de reconocida competencia” a efectos de acceder a la Carrera Judicial. Como he escrito en alguna ocasión esta interpretación de la cancelación de antecedentes de la que discrepo supone convertir en comportamiento irreprochable, en ese caso incluso digno de reconocimiento, lo que no lo fue, y eso me parece ir mucho más allá de la virtualidad que tiene o debe tener el sistema de antecedentes penales y su cancelación. Máxime teniendo en cuenta la actual regulación de los requisitos y del plazo que debe transcurrir para tal cancelación.

7.     Otro aspecto polémico es la distinción entre autorización inicial y revocación de la autorización. No es lo mismo conceder la autorización para el acceso a una actividad que revocar la autorización concedida. En la medida en que la revocación supone privar del ejercicio de un derecho del que ya se está disfrutando, el principio de proporcionalidad permite que el legislador dé respuestas distintas en cuanto a los efectos impeditivos que una determinada situación (estar procesado, por ejemplo) pueda tener sobre el ejercicio de la profesión. No es lo mismo no permitir el acceso a la profesión que expulsar de ella al que ya la ejerce, y ello puede tener su incidencia cuando el demérito a valorar no ha adquirido plena firmeza o está sujeto a una situación de pendencia. Eso no quiere decir que haya que esperar siempre a la firmeza de una resolución judicial o administrativa para que actúe el mecanismo preventivo de la honorabilidad. El legislador bien puede prever para esas situaciones una posible suspensión de la autorización, en lugar de la revocación, o, cuando el titular de ésta es una entidad, bien valdría la mera separación temporal de sus funciones por la persona afectada como condición para que la entidad pueda mantener la autorización.

8.     La existencia de una situación que acarrea la falta de honorabilidad no puede tener siempre, o con carácter general, efectos de por vida. Ahora bien, sus efectos -siento ser tan reiterativo en esto- no pueden agotarse con los efectos de la pena o sanción. Lo primero puede suponer un rigor excesivo y una condena perpetua que, por cierto, la legislación de función pública aplica –sin que se hayan alzado voces contra ello- a los separados del servicio por sanción administrativa, aunque no a los que lo son por una inhabilitación penal. Lo segundo haría innecesaria la existencia de esta cláusula o requisito de honorabilidad. Por tanto, lo que hace falta es que el legislador establezca alguna forma de delimitar esos efectos temporales. De nuevo aquí el derecho comparado ofrece alternativas, no excluyentes entre sí: entre otras, la fijación de un plazo de relevancia de los hechos o la regulación de una suerte de rehabilitación atendiendo a la conducta posterior del profesional.

Para concluir, pues la reflexión podría prolongarse mucho más, si de verdad alguien se quiere tomar en serio la utilización de la cláusula de honorabilidad, como instrumento de prevención del ejercicio irregular de determinadas profesiones especialmente relevantes, son necesarias dos premisas. La primera que el legislador sea riguroso y concienzudo, que no actúe sólo por cubrir las exigencias impuestas por el Derecho comunitario, ni coja atajos cuando se asusta de las consecuencias de su previa decisión. En segundo lugar, se requiere un supervisor serio, transparente y vigilante que aplique la norma cuando procede con todo rigor y con todas las garantías para el administrado.

No hay nada que produzca un efecto más desmoralizador para una sociedad y que mine más las cualidades cívicas de sus integrantes que contemplar cómo la norma se incumple o sólo se aplica según quien sea el afectado por ella.

 

El Estado sin territorio: el nuevo libro de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes

En esta situación de zozobra en que nos encontramos, da la impresión de que de nuevo la clase política parece querer ocultarse a la opinión pública la gravedad de los diagnósticos que permitirían afrontar verdaderas soluciones. En relación con el del problema de la inviabilidad de nuestra organización territorial, tan solo ha surgido la cuestión de las Diputaciones, que ya ha tratado Elisa de la Nuez aquí, sin plantearse el ir en serio a la raíz. Por eso, en esta ceremonia de la confusión, tenemos que agradecer las reflexiones que encontramos en el nuevo libro del profesor Francisco Sosa Wagner, escrito en colaboración con Mercedes Fuertes, “El Estado Sin Territorio, cuatro relatos de la España autonómica”, publicado por Marcial Pons este mismo año.
En un primer capítulo, llamado “nuevo feudalismo e improvisación”, los autores nos ofrecen unas reflexiones generales que nos aparecen como plenamente justificadas cuando, a continuación, nos exponen en forma de relatos, cuatro ejemplos salidos de polémicas cotidianas que desde hace tiempo están en los titulares de los medios informativos: el problema del almacenamiento de los residuos nucleares (el relato del cementerio), el de la instalación de redes de alta tensión (el relato de la luz), el de los espacios naturales protegidos, que como consecuencia otra desgraciada jurisprudencia del Tribunal Constitucional han pasado a las Comunidades Autónomas aun cuando se extiendan sobre varias de éstas (el relato de los bosques), y el de la gestión de los ríos (el relato del agua). No cabe duda de que cada una de esas cuestiones daría para varios posts.
La gravedad de lo expuesto a lo largo del libro no es sin embargo obstáculo para que, como en otros relatos de Sosa Wagner, el humor tenga su debida cabida. De hecho, el sarcasmo inteligente que, a partir de situaciones realmente esperpénticas, sazona toda la obra no sólo hace de ella una lectura amena y divertida, propia incluso para las vacaciones de quien aún pueda disfrutarlas, sino que incluso nos ayuda a desentrañar claves esenciales de los problemas que se exponen.
Para los autores, la nobleza feudal parece haberse reencarnado en la clase política autonómica y municipal actual, embarcada “en un proceso de apartamiento particularista e insolidario de la estructura común del estado”. Y frente a ello el Estado parece abocado a una situación de parálisis que le incapacita para un cumplimiento efectivo de sus funciones. Los autores señalan varios factores, alguno de los cuales puedo aquí apuntar con el deseo de incitar la debida curiosidad de los lectores potenciales.
La distribución de constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas es extremadamente defectuosa. No se siguió el modelo de los Estados federales, con una lista federal de competencias correspondiendo el resto a los estados miembros. Ni tampoco el sistema de los Estados regionalistas, con una lista de competencias regionales y entendiéndose las restantes como propias del Estado. Se prefirió un sistema tan original como complejo, “con competencias exclusivas del Estado y de las Comunidades, competencias compartidas, con unas “bases” que en teoría corresponden al Estado pero que nadie sabe ni hasta dónde llegan ni quién es el encargado de formularlas, y a un concepto de “ejecución” al que damos vueltas y más vueltas”.
Como ni los ulteriores desarrollos estatutarios ni la jurisprudencia constitucional (en especial la Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña) han contribuido a la claridad, nos encontramos con un “embrollo que ha conducido a situaciones extravagantes”. Como ejemplo, el del pretendido Sistema Nacional de Salud, que tiende a configurarse como un sistema desarticulado y de creciente heterogeneidad, en evolución hacia diecisiete sistemas sanitarios, y que incluso está “haciendo nacer una nueva modalidad de turismo para obtener una determinada prestación”.
Además, permitir que a partir de 2004 cada Comunidad Autónoma procediera a aquellas modificaciones de su texto estatutario que considerara pertinentes “sin existir un acuerdo previo de conjunto acerca de cuestiones fundamentales como las competencias, la financiación, las relaciones institucionales etc., es algo peor que una imprudencia: es un desatino que carece de parentesco alguno con los modelos descentralizadores conocidos”. “Pero es que además, y como guinda del despropósito, este irreflexivo proceso de reforma de los Estatutos se puso en marcha sin preguntarse previamente nadie qué estaba funcionando bien y qué mal en nuestros servicios públicos, dando por buenas siempre las pretensiones de los gobernantes regionales…”. Y ello a pesar de las serias señales que desde instancias foráneas se vienen recibiendo sobre el deterioro de muchos de esos servicios descentralizados. “Los informes PISA sobre nuestra realidad educativa descentralizada son demoledores; por su parte, nuestras Universidades, tan autónomas y democráticas, ni por casualidad aparecen en lugares destacados cuando de su valoración mundial se trata. Y hasta el Parlamento europeo ha atizado una buena resplandina a las autoridades urbanísticas españolas poniendo en cuestión el modelo sobre el que se asientael desarrollo de ciudades y costas, todo él descentralizado…”
Los autores se hacen una pregunta esencial: “la época que estamos viviendo ¿cuenta de verdad con un modelo de gestión pública? ¿O simplemente se va haciendo esto o aquello en función de la coyuntura o de las vigilias propiciadas por los votos en tal o cual ocasión parlamentaria?”… “De momento lo que tenemos es el navío averiado de una Administración ineficaz y cara, de un Estado cada vez más inerme, rebajado al deslucido papel de coordinador de territorios que ganan músculo, fuerza y potencia. Un Estado fragmentado y esqueletizado” lo que se agrava “por el hecho de que la misma fragmentación que afecta al Estado se advierte claramente ya en los partidos políticos… que gobiernan España”.
Buena prueba de lo certero del diagnóstico han sido los efectos demoledores de la crisis, que deberían servir para meditar acerca del tipo de Estado que estamos construyendo. “¿No es suficientemente serio el deterioro económico y el despilfarro como para extraer alguna conclusión apta para revisar viejos postulados? Pues no ha sido así; antes al contrario, nos hemos empeñado en continuar avanzando por la senda de la descentralización… fervorosos de este nuevo dogma teológico que surge en este tiempo sin dogmas”.
En cada uno de los relatos se nos ponen los pelos de punta al descubrir cómo en ese ecosistema se comportan gran parte de nuestros responsables políticos. Su frivolidad e irresponsabilidad, su incapacidad para tomar decisiones, por necesarias que sean, cuando puede tener un coste de opinión pública, la subordinación de cualquier política efectiva y resolutiva a cuestiones casi cosméticas de imagen, y a devociones particularistas. Y todo ello, mucho nos tememos, desde hace tiempo no ha hecho sino ir a más.
Concluyo transcribiendo otra reflexión de calado de los autores que no puede dejarnos indiferente. “A todo ciudadano consciente deberían preocuparle las patologías de la res pública aun sabiendo que extirparlas no es tarea fácil, pues se cuenta con obstáculos poderosos: de un lado, la animadversión de una buena parte de la clase política que, por ser muy conservadora, rechaza hablar de enfermedades y de medicinas; de otro, la indiferencia de una población que se limita a contemplar el tiovivo –entre carnavalesco y religioso- de los procesos electorales y a descalificar sin matices a sus protagonistas”.
De nuevo, muchas gracias a los autores.
FRP.
PD: Con motivo de la reciente reforma constitucional, que se ha comentado en extenso en este blog, los nacionalistas han puesto el grito en el cielo y, en concreto, CiU acusa a los partidos mayoritarios de quebrar el consenso constitucional. Un consenso que, obviamente, sin que se les pueda ello reprochar, siempre han interpretado a su favor.
No me voy a detener aquí, ya lo ha hecho gran parte de la prensa escrita, en apuntar las veces que los nacionalistas han atentado de verdad contra la Constitución. La cual, por otra parte, tampoco debe ser considerada sagrada e intocable, como si fuera la verdad revelada.
Como bien os ha explicado Elisa aquí, en realidad la reforma en sí tampoco es tan importante: pocas nueces. Lo realmente importante es que, por primera vez, los partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo para una reforma, sin dejarse amilanar por las amenazas de nuestros particulares particularistas. Y lo que de verdad temen estos es que ese acuerdo, tan necesario como escaso hasta ahora, pueda extenderse a otras reformas que sí son de verdad necesarias, como las dirigidas a construir un orden territorial más racional y eficaz.
Como los autores nos dicen respecto a los procesos de reforma estatutaria, en España se ha vivido “en la peligrosa inopia de considerar a nuestro país como un país integrado, armónico, en el que las partes que lo conforman creen en el todo que las aglutina. Desgraciadamente, éste no es el caso”. De haber confiado a esas fuerzas disgregadoras la estabilidad de políticas y gobiernos ante la incapacidad de las dos fuerzas absolutamente mayoritarias de establecer consensos básicos entre ellas, son éstas las mayores responsables. Y la consecuencia de la sobredimensionada fuerza de arrastre de aquéllas explica una parte importante de los problemas que nos cuentan los autores. Yo quiero tener esperanzas de que el temor de los nacionalistas no sea infundado, y los acuerdos entre las fuerzas políticas que creen en el Estado vayan a continuar.