Tratemos de ser justos. Y lo primero de todo para ello será que actuemos guiados por la razón. Porque no hay justicia si no es bajo la perspectiva de la racionalidad, y si me apuran, de la frialdad que la razón comporta, que es requisito imprescindible para que la razón pueda estar alejada de la mente calenturienta y de los sentimientos del corazón que tan nefastas consecuencias suelen deparar en el ámbito de la justicia cuando se actúa guiados exclusivamente por ellos.  No cabe otra, pues si así no fuere, lo que habrá en todo caso será venganza, linchamiento moral o físico y condena sin derecho a la defensa legítima, es decir, pura y dura injusticia. Es uno de los pilares del Derecho, que no puede ser tal en cuanto a legitimidad de origen si no está fundamentado, entre otros,  en la presunción de inocencia de cualquier ser humano por el simple hecho de serlo. Así que denostemos a los justicieros y condenémosles sin juicio previo al ostracismo marginal que sociológicamente se merecen en una sociedad democrática, pero también, exijamos que estos presuntos desalmados sean juzgados por jueces independientes que, actuando con la razón y la justicia, pongan de una vez de manifiesto que la honorabilidad de las personas acusadas merece el máximo respeto,  sobre todo, por parte del Poder encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes y de los principios en los que estas se fundamentan.

Está muy extendida hoy en España la opinión de que nuestros políticos son, en general,  aparte de unos mediocres oportunistas, unos auténticos delincuentes en potencia. Es una opinión muy peligrosa para el funcionamiento del sistema de convivencia que libremente nos hemos dado. Y lo es por dos razones fundamentales: de un lado, porque siendo esa la opinión dominante, las personas honradas y con aptitudes para representarnos en las instituciones se abstienen de hacerlo ante el fundado temor de ser tildados no ya de oportunistas, sino de auténticos corruptos en potencia. El riesgo que supone para una persona honrada ser judicialmente calificada como imputada ante la denuncia presentada por cualquier grupo o sujeto indignado, no compensa en absoluto con que la misma dedique su tiempo a la actividad política. De otro lado, porque es de tal intensidad la desprotección social y legal en la que se halla el responsable público, que ante la disyuntiva de verse vilipendiado, atacado, insultado y condenado sin juicio previo y de manera pública  por algunos medios de comunicación, es lógico que se decida por dejar los asuntos públicos en manos de auténticos valientes o de oportunistas del tres al cuarto a los que les resulta indiferente el cuestionamiento de su propia honorabilidad. Se establece de esta forma un círculo vicioso que lleva directamente no al desprestigio de los que acusan bajo el simple presupuesto de la sospecha, sino al desprestigio de la Política y de los políticos en su conjunto. Es un mecanismo infalible: cuando el acusador conecta –y es realmente fácil hacerlo- con el ánimo justiciero de la masa a la que previamente se le ha alimentado de manera conveniente,  lo de menos será la búsqueda de la verdad, pues lo que se impondrá  será la acusación sin pruebas, la presuposición de la actuación deshonesta, el rumor malintencionado, la desconfianza y la mala fe, y todo ello con la consecuencia consiguiente  del deterioro de la convivencia.

Por supuesto que algunos políticos contribuyen de manera fehaciente al desprestigio de la Política, y que la falta contundente de reacción frente a los mismos por parte de los partidos en los que estos se encuadran,  así como la ausencia de respuestas judiciales que se eternizan en el tiempo a la hora de establecer la verdad, es causa de desasosiego y desmoralización para la mayoría de políticos y ciudadanos que actúan seriamente como tales. Pero la exigencia redoblada de comportamientos éticos a los políticos,  no puede servir a su vez de pretexto para consentir que los mismos puedan ser objeto de acusaciones generalizadas sin fundamento alguno que pongan en cuestión de manera permanente el debido respeto a la presunción de inocencia y a la honorabilidad de las personas. Cuando esto último es lo que prevalece socialmente, nuestra innata sed de justicia no se verá en absoluto colmada, pues lo que se extenderá, irremediablemente, será el reino de la más insufrible injusticia.

Una de las razones de la profunda crisis que vivimos en estos tiempos, no tanto en su vertiente económica como en la social, política y moral, es la perversión del sistema democrático que los españoles nos dimos mediante la Constitución de 1978. En aquellos tiempos, mediante un consenso general de todas las fuerzas políticas, se alcanzó un acuerdo sobre un modelo de estado democrático, plasmado en la Constitución, que venía a culminar una transición de la dictadura a la democracia considerada, en muchos aspectos, en nuestro país y fuera de él, como un ejemplo a seguir. Pero el ejemplo no nos ha durado mucho. Ese automóvil nuevo, reluciente, impecable de líneas, con todos sus accesorios, y presto para ponerse en marcha que quedó diseñado en nuestra Carta Magna se ha convertido con el paso de los años, y por obra de una serie de gobernantes con pocos escrúpulos, en un coche tuneado, pintado de forma estrafalaria, con unas llantas llamativas que no corresponden a su categoría, y provisto de todos los aditamentos que lo convierten en un auténtico engendro sobre ruedas. Y no digamos nada sobre sus conductores….

En primer lugar se ha tuneado el Estado central. La Constitución, con mayor o menor acierto, diseñó un modelo de Estado descentralizado mediante la creación de una serie de Comunidades Autónomas, con un Estado central que mantenía determinadas competencias residuales, y al que correspondía la labor de control y coordinación de esa descentralización. Pero ese modelo no ha sido respetado. La descentralización ha sido caótica y casi compulsiva. La coordinación ha brillado por su ausencia. Los controles establecidos por la propia Constitución no han funcionado o han sido arteramente desactivados. Y el resultado ha sido un Estado central manifiestamente deficiente, casi en proceso de derribo, y en el que, además, se propician los abusos de poder. Teóricamente, según el diseño constitucional, el poder ejecutivo debería estar controlado por el poder legislativo y por el poder judicial. En la práctica, es el ejecutivo quien controla al legislativo, al que maneja como quiere, y no digamos al judicial. Y el Tribunal Constitucional, configurado en la Carta Magna como garante final del sistema, ha sido objeto de tal asalto político que, tras haber conseguido meritoriamente tirar por la borda cualquier atisbo de credibilidad jurídica, está dando pasos agigantados hacia su liquidación. En definitiva, el tuneado del Estado central ha dejado el coche irreconocible, sólo apto para su uso por unos cuantos advenedizos de la política que con él se manejan a sus anchas, pero que nos lo van a dejar a todos hecho unos zorros.

Qué decir del tuneado de las Comunidades Autónomas. La Constitución diseño un idílico modelo, a dos velocidades, que ha quedado sobrepasado por todos lados por una alocada carrera para construir 17 mini-Estados, dejando el coche constitucional prácticamente sin pegatinas. Y ahora esos 17 mini-Estados están sobredimensionados, en la ruina más absoluta, y piden desesperadamente a lo que queda del Estado central, que hasta ahora se lo ha venido tolerando en mayor o menor medida, que les permita seguir endeudándose hasta el infinito para mantener una absurda estructura en la que algunos cuentan hasta con Embajadas en el extranjero.

El tuneado ha llegado también a los Ayuntamientos, aunque quizás sean éstos los coches más modestos de toda esta alocada carrera en que se ha convertido nuestra democracia, ya que su incesante incremento de competencias y de burocracia en los últimos años no ha ido acompañado un modelo de financiación adecuado, por lo que han quedado como los hermanos pobres de la competición, y por supuesto también en la ruina.

Y nos queda Europa, que ahora parece darse cuenta de que todo lo anteriormente descrito es económicamente insostenible para España. Pero ella mantiene un Parlamento con tres sedes diferentes, una burocracia creciente y una estructura mastodóntica que también tenemos que pagar, entre otros, los españoles.

En definitiva, los gobernantes de los últimos 30 años nos han tuneado nuestra flamante democracia. En el año 1978 diseñamos un coche último modelo y ahora tenemos el utilitario de un rapero de película americana de serie B. Y eso no era lo que todos queríamos. Para este resultado seguramente no habríamos construido un sistema tan complejo, resultado en su día de tanta generosidad y tantas renuncias, tan sobredimensionado y tan enormemente caro. Nuestra actual democracia es una democracia impecable en el aspecto formal: la gente vota cada cuatro años a sus representantes por sufragio universal y poco más. Pero en el aspecto material y de contenido deja mucho que desear. Han fallado estrepitosamente los controles, los “checks and balances” que tan bien definen los tratadistas constitucionales anglosajones. Y el resultado es que uno, que deposita su voto de forma impecablemente democrática esperando elegir a unos gobernantes que desempeñen su tarea controlados por el Parlamento, por el Tribunal de Cuentas, por los Tribunales de Justicia, por las Fuerzas de Seguridad y por los medios de comunicación, acaba eligiendo involuntariamente un dictadorzuelo que, durante cuatro años, va a controlar el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, los Tribunales de Justicia, la Fiscalía, la Agencia Tributaria, las Fuerzas de Seguridad y hasta los medios de comunicación, utilizando todo ello en función de sus intereses políticos y contra sus adversarios, si se tercia.

La verdad es que para estar al cabo de 30 años viajando en un coche tuneado no hacían falta tantas alforjas. Rogamos a quien corresponda que lo lleve al desguace y nos devuelva el utilitario original.