Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

La afirmación de la nueva alcaldesa Ada Colau sobre el incumplimiento de las leyes injustas ha inspirado numerosos artículos (ver aquí o aquí) sobre lo que supone que un cargo público plantee incumplir las leyes vigentes. Creo que más allá de esa reflexión, merece la pena valorar lo que esa frase revela sobre las debilidades del modelo democrático, que se plasman en la actual situación de la política española. En un reciente editorial de El Mundo , su director recordaba una anécdota de la exministra Leire Pajín, cuando afirmó que como ministra nombraba a quién quería, en su intento por promocionar a una amiga para dirigir el Plan Nacional sobre Drogas. No son casos aislados. El Ministro Gallardón defendió con descaro que la elección por parte de los grupos políticos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial era el mejor exponente de la democracia. No puede haber mejor forma de elegir cualquier cosa que por aquellos que han sido elegidos por los votos de los ciudadanos. Si se preguntara a cualquier diputado del congreso sobre si el parlamento debe elegir a los vocales del consejo de la televisión pública, o a los vocales de un regulador cualquiera, …, la mayoría respondería que no puede haber nada más democrático. Y si algún diputado respondiera otra cosa seguro sería de la oposición.

La legitimidad de los votos es una de esas ideas intuitivas que todo el mundo entiende, y que resulta difícil rebatir, pero que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para deteriorar cualquier arquitectura democrática. Defender que más allá de la legitimidad de los votos debería buscarse la legitimidad que da la buena gobernanza no es un tema popular.

Cuando Nicholas Berggruen y Nathan Gardels presentaron en Madrid hace ya muchos meses su libro Gobernanza Inteligente para el siglo XXI, muchos titularon en las reseñas “meritocracia vs populismo”.  El libro no ha perdido nada de vigencia al abordar muchos de las debilidades de los dos modelos que rigen los destinos de la mayor parte de la población mundial, la democracia liberal y la meritocracia china, para proponer un modelo híbrido capaz de superar las debilidades de la democracia liberal que la crisis ha mostrado en toda su crudeza. Hablar de que el modelo de gobernanza chino tiene algunos elementos sobre los que Europa y USA podrían aprender es casi un anatema en esta sociedad occidental tan acostumbrada a mirarse el ombligo. La tesis del libro es que los poco más de 100 años reales de vigencia de la democracia liberal no deberían hacernos dar por supuesto el “fin de la historia” de Fukuyama, sino más bien asumir que el deterioro del modelo de gobierno democrático se produce siempre, y deberíamos estar pensando en las reformas necesarias para preservarlo. La frase de Churchill “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”, siempre parece resonar en nuestras cabezas, y  el carisma del personaje hace que nos cueste mucho cuestionar el modelo democrático. Solo el zarandeo de una crisis como la que estamos viviendo nos lleva a plantear la necesidad de introducir correcciones si realmente queremos que la democracia siga entre nosotros muchos años.

Las debilidades de la democracia liberal son bastante conocidas. El populismo es uno de los mayores riesgos. La democracia liberal, ha ligado su éxito a la economía de mercado consumista, y con ello su foco es siempre satisfacer los intereses  a corto plazo. Se suele decir que hoy solo quedan dos estados en el mundo que planifican a largo plazo, el Vaticano y China. Obviamente, cada uno por motivos diferentes. La necesidad de satisfacer los deseos de nuestros votantes siempre parece un objetivo positivo, pero desemboca fácilmente en un modelo populista que destruye  la verdadera democracia y el bienestar a largo plazo. Es un mal general de las democracias pero en el caso español la deriva lleva bastantes años siendo muy rápida. En países como Holanda existe un “auditor  de programas políticos”, el Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), que identifica las promesas irrealizables. Parece una utopía plantear algo similar en España, y sin embargo nunca ha parecido tan necesario. Prometer rentas básicas para todos, bajadas de impuestos sin fin, o aeropuertos internacionales en Ciudad Real no hace ningún favor a la democracia.

Los votos lo justifican todo. James Madison y los demás padres fundadores de la constitución americana, en su modelo de gobierno federal  introdujeron muchos elementos de protección para contrarrestar la “tiranía de las mayorías” y las “pasiones inmediatas de los hombres”, los famosos “check and balances”, como eran cuerpos no electos como el Tribunal Supremo, cámaras deliberativas como el senado, y el contrapeso de la meritocracia frente a la democracia.  Alguno de estos papeles debería ser hoy lectura obligatoria desde el bachillerato. El populismo encuentra siempre vía libre cuando los contrapesos se pierden, y la democracia se escora hacia el lado siempre atractivo de la legitimidad que dan los votos. En España todos los contrapesos que proporciona el equilibrio de poderes,  la independencia de la justicia y sus órganos de gobierno, los reguladores, el banco central, …, han sido arrasados en los últimos 20 años víctimas de la colonización de los partidos políticos.

Recuperar los contrapesos y recuperar la meritocracia son los dos pilares básicos para volver a contar en España con una democracia de calidad y evitar la deriva populista.  Para superar el debate meritocracia-democracia nada más fácil que recuperar la meritocracia en democracia.

El populismo no es la única debilidad de la democracia. La vetocracia es otra de las destacadas. Si los partidos buscan su interés y lo que sus votantes priorizan, y pierden de vista el interés general y lo que la sociedad necesita, el resultado suele ser la parálisis y el imperio de la táctica. Estados Unidos es el principal exponente de los riesgos de la vetocracia, y California, y su colapso en el año 2009  el ejemplo más citado. La dificultad para lograr pactos entre partidos que busquen el bien común a largo plazo, y no el tacticismo del apoyo de sus votantes es el principal exponente del imperio de la vetocracia.

Al referenciar a California no puedo dejar de mencionar el recurso a los referéndums populares que tanto atractivo tiene en el modelo de sublimación de la democracia, y que pocos países han conseguido aplicar de forma amplia con éxito. Suiza es el ejemplo soñado. California es el contraejemplo, y nuevamente enseña, que un modelo de referéndum mal diseñado siempre suele llevar a dotar de más poder a aquellos que cuentan con más dinero y más acceso a los medios de comunicación. California aprobó algunas leyes sorprendentes, fruto del poder de los lobbies capaces de dedicar mucho dinero y medios a que las votaciones diesen el resultado que más les favorecía. Información, transparencia e igualdad de oportunidad para las diferentes opciones, suele ser el antídoto de la manipulación de las  mayorías. Sin ello el modelo de referéndum suele ser un paso más en la deriva populista de las democracias.

Defender la meritocracia como antídoto del populismo y la vetocracia suele sonar elitista. En este blog ya se ha escrito algunas veces sobre la necesidad de situar la democracia en su sitio (ver aquí), y el riesgo de pensar que la recuperación de los valores democráticos consiste en votar lo que no tiene sentido votar, o votar a ciegas, sin debate y sin información.

Recuperar la fortaleza de las instituciones que deben proporcionar los contrapesos, deteriorados en las últimas décadas, introducir instituciones meritocráticas inspiradas en los modelos originales de Senado, o las comisiones de expertos, que permitan contar con mayor deliberación y debate en los temas críticos, y recuperen la necesaria planificación a largo plazo de los estados, no parecen propuestas demasiados rupturistas. Más bien suenan a sentido común. Aunque quizás cuestionar la tiranía de la legitimidad del voto, en estos años de deriva populista, si sea demasiado rupturista.