Relecturas de agosto: El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

Relecturas de agosto: El mejor juez el ex Consejero de Justicia: De la revolving door político-judicial. Reproducción del post en Voz Pópuli de Elisa de la Nuez

Hace unos días manifestó el todavía alcalde de Zaragoza y senador, Juan Alberto Belloch, juez de carrera, su intención de volver a la carrera judicial nada menos que como Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, salvo que el partido le ofrezca algún cargo mejor, claro. Nadie le dio mucha importancia a tan asombrosa declaración, quizá porque coincidió con la detención de Rato o la condena por delito fiscal del socio principal de un gran bufete español, Emilio Cuatrecasas o con las sospechas sobre el supuesto asesoramiento (de pago) prestado por un Magistrado del TS bien relacionado y totalmente incompatible a Iñaki Urdangarín que también supuestamente está investigado el Consejo General del Poder Judicial. Comprensible que el sufrido ciudadano no tenga tiempo material para detenerse a valorar lo que supone para nuestra débil democracia este trasiego tan desenvuelto de la política a la judicatura y viceversa. Trasiego que, por cierto, es otra singularidad de nuestro ordenamiento jurídico, del tipo de los miles de aforados para entendernos. No solo eso, recientemente en el año 2013 se reformó el sistema (si bien con la excusa de una mejora técnica) para facilitar todavía más la revolving door político-judicial o político-judicial, computando como antigüedad efectiva los años en que un juez ha estado ocupando un puesto político como explicó Fernando Gomá en este post de ¿Hay Derecho?

Para que no se nos olvide lo que significa, acabamos de conocer que el famoso Fernando de la Rosa, Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (a propuesta del PP) luego Presidente cuando tuvo que dimitir Carlos Divar y sobre todo Consejero de Justicia del Gobierno de Camps  ha obtenido la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. En primer lugar, lo que significa para sus compañeros de carrera, jueces que han seguido ejerciendo de jueces y no han desempeñado ningún puesto político. Estos profesionales de la judicatura son postergados por el Consejo General del Poder Judicial ante los obvios méritos de quien tantos amigos ha hecho en la política y en particular en el PP. La Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, formada por un grupo de esforzados jueces y juristas –entre los que me cuento- ha emitido un informe sobre este peculiar nombramiento que pueden consultar aquí. Para los lectores más perezosos se puede resumir así:  “El candidato elegido no ha desempeñado actividad jurisdiccional a lo largo de quince años. Aunque, de entre los otros aspirantes, sea el segundo en el escalafón, su experiencia en órganos colegiados de naturaleza penal se reduce a poco más de un año. No obstante, a la hora de computar su antigüedad, se ha tenido en cuento el tiempo que estuvo al frente de la Consejería de Justicia de la Generalidad Valenciana.”

¿Todo legal? Sí, esa es la anomalía.  Los años pasados en el desempeño de puestos de carácter político se computan como años de antigüedad igual que los pasados en el desempeño de la carrera judicial, por lo que la “revolving door” tiene un coste cero para el juez con inquietudes políticas; cuando decida volver a la carrera judicial no solo no tiene ninguna penalización sino que obtiene un “plus” por los servicios al partido de turno. Esto último gracias a la politización del órgano de gobierno de los jueces, que es quien decide sobre los nombramientos para los cargos judiciales más importantes. No nos engañemos: el Consejo General del Poder Judicial –como pone de relieve los informes sobre los nombramientos que elabora la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, que ya lleva unos cuantos- suele seguir un sistema de reparto donde son sistemáticamente preferidos los jueces “afines” a uno u otro partido, normalmente identificados convenientemente por su pertenencia a alguna de las Asociaciones Judiciales “alineadas” valga la expresión. Hasta el punto de que en el cv que hacen llegar al Consejo los jueces aspirantes se cuidan mucho de hacer constar como “mérito” su pertenencia a alguna Asociación judicial.

Pero la historia no acaba aquí. No solo resultan perjudicados los jueces que han optado por una carrera profesional y cuyo acceso a las plazas más importantes de la carrera judicial puede verse bloqueado porque se les “cuelan” otros compañeros más avispados que han tenido cargos públicos durante un periodo de tiempo prolongado o/y están dispuestos a hacer favores o/y simplemente se han afiliado a la Asociación correcta en el momento oportuno.   El problema, como siempre, es el perjuicio para la legitimidad de las instituciones porque, sinceramente, ¿alguien va a confiar en la neutralidad e independencia del ex Consejero de Justicia del Gobierno Camps cuando le toque, como es previsible, juzgar a alguno de sus antiguos colegas? ¿O cuando le llegue simplemente el pleito de alguien con el que haya tenido trato, bueno o malo, en su etapa política?

Recordemos que la Audiencia Provincial de Valencia es la competente para juzgar los delitos más graves contra la Administración Pública (es decir, los relacionados con la corrupción) que parece que se han cometido a mansalva en la Comunidad de Valencia durante estos últimos años. Todos salvo los que lo hayan sido por personas aforadas, que serán juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia, cuyo Presidente, por cierto, se nombra de forma similar. Muchas de estas causas afectarán a personas que probablemente conozca muy bien el nuevo Presidente de la Audiencia Provincial. Pero seguramente también habrá tenido relación con muchos otros cuyos asuntos -no siempre penales- acaben también en la Audiencia Provincial.

Claro que -se nos dirá- existe la posibilidad de la abstención, es decir, que el propio Presidente de la Audiencia se abstenga voluntariamente de intervenir en algún caso por existir algún tipo de relación, buena o mala, con alguna de las partes en el proceso. Y también existe la posibilidad de la recusación, es decir que, si no lo hace espontáneamente, alguna de las partes solicite que sea apartado del proceso y sustituido por otro Magistrado más neutral. Pero sinceramente, ¿es razonable exigir que se tenga que abstener o que haya que recusarle en todos los casos en que se juzgue a políticos del PP, por ejemplo? ¿No sería mucho más razonable que el sr. De la Rosa estuviese una temporadita en “hibernación” o  en “cuarentena” (“cooling off period” en terminología anglosajona) antes de volver a asumir responsabilidades judiciales y sobre todo en la misma localidad en que fue Consejero de Justicia? ¿O que no pudiera solicitar durante un plazo razonable plazas que se cubren por el sistema de libre designación? ¿O que incluso tuviera que concursar como cualquier hijo de vecino sin el plus de antigüedad/afectividad por servicios al partido con lo probablemente obtendría plaza en un juzgado de “base” en un sitio alejado de Valencia? ¿Ciencia ficción? Pues esto es lo que pasa en los países más avanzados (por ejemplo, Noruega) y no ya para los jueces sino, en general, para todos los que han ocupado cargos políticos y desean volver a un puesto en el sector público.

Creo que urge colocar el debate de la “revolving door” encima de la mesa. Y para empezar ¿por qué no preguntarnos si queremos que jueces y fiscales salten alegremente del juzgado a la política y de la política al juzgado? A mí personalmente no me gustaría en el ejercicio de mi profesión encontrarme en la Audiencia Provincial con alguien que tuviera motivos para estar enfadado conmigo por este post que acabo de escribir. Sinceramente, estaría más contenta con un Presidente de Audiencia Provincial que llevase toda la vida ejerciendo de juez. Y no creo que sea la única.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

Las debilidades de la democracia liberal y la deriva populista

 

La afirmación de la nueva alcaldesa Ada Colau sobre el incumplimiento de las leyes injustas ha inspirado numerosos artículos (ver aquí o aquí) sobre lo que supone que un cargo público plantee incumplir las leyes vigentes. Creo que más allá de esa reflexión, merece la pena valorar lo que esa frase revela sobre las debilidades del modelo democrático, que se plasman en la actual situación de la política española. En un reciente editorial de El Mundo , su director recordaba una anécdota de la exministra Leire Pajín, cuando afirmó que como ministra nombraba a quién quería, en su intento por promocionar a una amiga para dirigir el Plan Nacional sobre Drogas. No son casos aislados. El Ministro Gallardón defendió con descaro que la elección por parte de los grupos políticos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial era el mejor exponente de la democracia. No puede haber mejor forma de elegir cualquier cosa que por aquellos que han sido elegidos por los votos de los ciudadanos. Si se preguntara a cualquier diputado del congreso sobre si el parlamento debe elegir a los vocales del consejo de la televisión pública, o a los vocales de un regulador cualquiera, …, la mayoría respondería que no puede haber nada más democrático. Y si algún diputado respondiera otra cosa seguro sería de la oposición.

La legitimidad de los votos es una de esas ideas intuitivas que todo el mundo entiende, y que resulta difícil rebatir, pero que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para deteriorar cualquier arquitectura democrática. Defender que más allá de la legitimidad de los votos debería buscarse la legitimidad que da la buena gobernanza no es un tema popular.

Cuando Nicholas Berggruen y Nathan Gardels presentaron en Madrid hace ya muchos meses su libro Gobernanza Inteligente para el siglo XXI, muchos titularon en las reseñas “meritocracia vs populismo”.  El libro no ha perdido nada de vigencia al abordar muchos de las debilidades de los dos modelos que rigen los destinos de la mayor parte de la población mundial, la democracia liberal y la meritocracia china, para proponer un modelo híbrido capaz de superar las debilidades de la democracia liberal que la crisis ha mostrado en toda su crudeza. Hablar de que el modelo de gobernanza chino tiene algunos elementos sobre los que Europa y USA podrían aprender es casi un anatema en esta sociedad occidental tan acostumbrada a mirarse el ombligo. La tesis del libro es que los poco más de 100 años reales de vigencia de la democracia liberal no deberían hacernos dar por supuesto el “fin de la historia” de Fukuyama, sino más bien asumir que el deterioro del modelo de gobierno democrático se produce siempre, y deberíamos estar pensando en las reformas necesarias para preservarlo. La frase de Churchill “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”, siempre parece resonar en nuestras cabezas, y  el carisma del personaje hace que nos cueste mucho cuestionar el modelo democrático. Solo el zarandeo de una crisis como la que estamos viviendo nos lleva a plantear la necesidad de introducir correcciones si realmente queremos que la democracia siga entre nosotros muchos años.

Las debilidades de la democracia liberal son bastante conocidas. El populismo es uno de los mayores riesgos. La democracia liberal, ha ligado su éxito a la economía de mercado consumista, y con ello su foco es siempre satisfacer los intereses  a corto plazo. Se suele decir que hoy solo quedan dos estados en el mundo que planifican a largo plazo, el Vaticano y China. Obviamente, cada uno por motivos diferentes. La necesidad de satisfacer los deseos de nuestros votantes siempre parece un objetivo positivo, pero desemboca fácilmente en un modelo populista que destruye  la verdadera democracia y el bienestar a largo plazo. Es un mal general de las democracias pero en el caso español la deriva lleva bastantes años siendo muy rápida. En países como Holanda existe un “auditor  de programas políticos”, el Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), que identifica las promesas irrealizables. Parece una utopía plantear algo similar en España, y sin embargo nunca ha parecido tan necesario. Prometer rentas básicas para todos, bajadas de impuestos sin fin, o aeropuertos internacionales en Ciudad Real no hace ningún favor a la democracia.

Los votos lo justifican todo. James Madison y los demás padres fundadores de la constitución americana, en su modelo de gobierno federal  introdujeron muchos elementos de protección para contrarrestar la “tiranía de las mayorías” y las “pasiones inmediatas de los hombres”, los famosos “check and balances”, como eran cuerpos no electos como el Tribunal Supremo, cámaras deliberativas como el senado, y el contrapeso de la meritocracia frente a la democracia.  Alguno de estos papeles debería ser hoy lectura obligatoria desde el bachillerato. El populismo encuentra siempre vía libre cuando los contrapesos se pierden, y la democracia se escora hacia el lado siempre atractivo de la legitimidad que dan los votos. En España todos los contrapesos que proporciona el equilibrio de poderes,  la independencia de la justicia y sus órganos de gobierno, los reguladores, el banco central, …, han sido arrasados en los últimos 20 años víctimas de la colonización de los partidos políticos.

Recuperar los contrapesos y recuperar la meritocracia son los dos pilares básicos para volver a contar en España con una democracia de calidad y evitar la deriva populista.  Para superar el debate meritocracia-democracia nada más fácil que recuperar la meritocracia en democracia.

El populismo no es la única debilidad de la democracia. La vetocracia es otra de las destacadas. Si los partidos buscan su interés y lo que sus votantes priorizan, y pierden de vista el interés general y lo que la sociedad necesita, el resultado suele ser la parálisis y el imperio de la táctica. Estados Unidos es el principal exponente de los riesgos de la vetocracia, y California, y su colapso en el año 2009  el ejemplo más citado. La dificultad para lograr pactos entre partidos que busquen el bien común a largo plazo, y no el tacticismo del apoyo de sus votantes es el principal exponente del imperio de la vetocracia.

Al referenciar a California no puedo dejar de mencionar el recurso a los referéndums populares que tanto atractivo tiene en el modelo de sublimación de la democracia, y que pocos países han conseguido aplicar de forma amplia con éxito. Suiza es el ejemplo soñado. California es el contraejemplo, y nuevamente enseña, que un modelo de referéndum mal diseñado siempre suele llevar a dotar de más poder a aquellos que cuentan con más dinero y más acceso a los medios de comunicación. California aprobó algunas leyes sorprendentes, fruto del poder de los lobbies capaces de dedicar mucho dinero y medios a que las votaciones diesen el resultado que más les favorecía. Información, transparencia e igualdad de oportunidad para las diferentes opciones, suele ser el antídoto de la manipulación de las  mayorías. Sin ello el modelo de referéndum suele ser un paso más en la deriva populista de las democracias.

Defender la meritocracia como antídoto del populismo y la vetocracia suele sonar elitista. En este blog ya se ha escrito algunas veces sobre la necesidad de situar la democracia en su sitio (ver aquí), y el riesgo de pensar que la recuperación de los valores democráticos consiste en votar lo que no tiene sentido votar, o votar a ciegas, sin debate y sin información.

Recuperar la fortaleza de las instituciones que deben proporcionar los contrapesos, deteriorados en las últimas décadas, introducir instituciones meritocráticas inspiradas en los modelos originales de Senado, o las comisiones de expertos, que permitan contar con mayor deliberación y debate en los temas críticos, y recuperen la necesaria planificación a largo plazo de los estados, no parecen propuestas demasiados rupturistas. Más bien suenan a sentido común. Aunque quizás cuestionar la tiranía de la legitimidad del voto, en estos años de deriva populista, si sea demasiado rupturista.

Ada Colau y el respeto a la Ley

Mi intención primera era que este artículo versara sobre la costumbre de ciertos cargos electos (cada vez más) de prometer la Constitución “por imperativo legal”, pero resulta que se me han adelantado… ¡cuatro años nada menos! Ignacio Gomá escribió ya una excelente entrada en este blog aquí y, como cabría esperar, la única aportación que me queda por hacer al respecto es recomendaros encarecidamente que lo leáis.

Como quiera que ya me he sentado freente al ordenador con ánimo de escribir, y además le he prometido a mi amigo Fernando un artículo, voy a centrarme en un comunicado de doña Ada Colau, cuyas declaraciones suelen dar bastante juego (ya tuve la oportunidad de comentar en este blog algunas observaciones de la Sra. Colau, aquí).

El comunicado al que me refiero fue publicado por la propia Colau en su muro de Facebook (puede leerse completo aquí) y hacía una encendida defensa de su correligionario Guillermo Zapata, Concejal del Ayto. de Madrid y recientemente imputado por unos tuits sobradamente conocidos, que renuncio a reproducir para no resultar reiterativo ad nauseam.

Personalmente, opino que los tuits del también concejal Pablo Soto, con sus continuas referencias a la guillotina, resultan más preocupantes que los de Zapata, pero la opinión pública ha sido más sensible a los “chistes” sobre las víctimas del Holocausto o de ETA que a las llamadas a torturar y asesinar ministros. La opinión pública es como es.

Pero volvamos a la Sra. Alcaldesa de Barcelona: en su comunicado nos dice “¿Es Guillermo Zapata antisemita? ¿Es Guillermo Zapata insensible al sufrimiento de las víctimas? Y la respuesta es: absolutamente NO. Su activismo lo avala , su lucha al lado de la gente que sufre, su energía y empuje por cambiar las cosas, su entrega a la nueva política que tiene, no lo olvidemos nunca, un único objetivo: mejorar la vida de la gente.”  Diría que nos encontramos ante una forma peculiar de falacia de autoridad: el sr. Zapata no puede ser insensible al sufrimiento ajeno porque el sr. Zapata es un activista, y “su activismo le avala”. Es decir, según doña Ada, los activistas son inmunes a la insensibilidad, no pueden albergar pensamientos ni ideas crueles, y quienes les acusen de tal cosa yerran porque ignoran el aval que supone su activismo.

Pero el título de este artículo hace referencia al “respeto a la ley”, así que, más que centrarme en las falacias, tan frecuentes en los mensajes de la “nueva política”, me gustaría entrar en el fondo del asunto. La Sra. Colau no hace la menor referencia al delito que se imputa a su correligionario. Sí que manifiesta que “Con su persecución absurda, PP y Fiscalía harán el ridículo. Porque la gente no es tonta y sabe juzgar.” No es el juicio de los magistrados lo que interesa a doña Ada, sino el juicio de “la gente”. Y da por sentado que “la gente” absolverá al acusado, porque la gente no es “tonta” (¡qué pasión por la falacia!). En una entrevista a El País (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/31/catalunya/1433095687_171375.html ), declaró “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen.” No podemos sorprendernos pues del desinterés de la alcaldesa por el delito que se imputa al sr. Zapata.

En lugar de centrarse en el delito, el comunicado se centra en el imputado, y esto es, en mi opinión, lo más preocupante. El imputado es inocente porque es una gran persona: es un activista, tiene energía, empuje, lucha al lado de la gente que sufre. Si hizo algo mal fue porque era “joven”, “gamberro”, “irreverente”, e incluso estas condiciones son más positivas que negativas: “suerte que lo éramos. Si no llega a ser por los irreverentes de este mundo, triunfarían el conformismo y el miedo.” A una persona así no se la debe juzgar, no se la puede condenar. Por el contrario, “todos aquellos que, a pesar de ser los verdaderos responsables de tanto sufrimiento, nunca dimiten”, esos sí merecen que caiga sobre ellos la condena de “la gente”, que es la que importa.

Es una constante en las ideologías totalitarias juzgar a la persona en su totalidad, más que a sus actos. En el 1984 de Orwell, los condenados se declaraban culpables de todos los delitos posibles, porque el delito en sí no importa: el disidente es culpable porque es disidente, y por lo tanto, sus actos son malvados por definición. En cambio el activista, el que lucha por la causa, es bueno por definición, y si algunos de sus actos pudieran llegar a ser criticables, no serían más que efectos colaterales de unos medios necesarios para alcanzar el fin: “mejorar la vida de la gente”. Y ese fin supremo, por supuesto, justifica cualquier medio.

Para las ideologías totalitarias, el respeto a la ley se subordina al respeto a la “justicia”, a su idea de justicia, y esa justicia va de identificar buenos y malos, y actuar en consecuencia.

De nuevo sobre la politización de la Justicia: a propósito del Tribunal del caso Gürtel

Uno de los temas fundamentales que hemos tratado en este blog desde sus inicios es el de la politización de la Justicia en España. También le dedicamos un capítulo en nuestro libro ¿Hay Derecho? recordando algo que parece muy obvio, y es que un Poder Judicial que no es independiente no puede garantizar el cumplimiento de las leyes, ni ser el último garante del Estado de Derecho. Ha costado que esta sencilla verdad llegue a los medios de comunicación. Pero al final la curiosa composición de la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que va a enjuiciar la trama Gürtel ha hecho sonar todas las alarmas. Ya era hora.

Como es sabido la Presidenta de la Sala, Dª  Concepción Espejel, parece ser muy próxima a la ex Presidenta de Castilla-la Mancha y todavía Secretaría General del PP, Dolores de Cospedal. Ya le dedicamos en su momento un post de Nacho Gomá que pueden consultar aquí    Pero es que también tenemos en la Sección a D. Enrique López, a cuya figura y circunstancias también dedicamos otro post,  y hasta unas páginas en el libro, porque sinceramente lo merece.  Probablemente si hay un juez que ha hecho una buena carrera profesional –hasta el día del famoso incidente con la moto- sobre la base de sus méritos extrajudiciales, es este magistrado.

Efectivamente, (si juzgamos por los informes que publica la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial sobre los nombramientos de libre designación que realiza el Consejo General del Poder Judicial) lo mejor para alcanzar un buen puesto en el Poder Judicial no es precisamente atender bien los  juzgados y dictar buenas sentencias, ni siquiera tener mucha antigüedad como juez. Hay otros méritos muchos más relevantes.

Porque conviene aclarar que los mejores cargos en los Tribunales de Justicia son de libre designación, entre ellos el de Presidente de la Audiencia Nacional. Y la libre designación –digan lo que digan las normas- se basa en la confianza, no en los méritos profesionales. Dicho de otra forma, se puede tener la confianza del órgano que designa sin especiales méritos profesionales o teniéndolos en menor medida que otro candidato. O por lo menos así lo viene interpretando el Consejo General del Poder Judicial, como otros tantos organismos patrios, por otra parte. Hasta la jurisprudencia lo venía entendiendo así en la medida en que dejaba tan amplio margen para la discrecionalidad que en la práctica suponía pura y simplemente una falta de control de este tipo de nombramientos. Afortunadamente esta interpretación ha empezado a cambiar hace unos años  en relación precisamente con los nombramientos judiciales a dedo. No parece casualidad que la lucha contra la arbitrariedad en los nombramientos haya empezado precisamente por los de los jueces. .

Es cierto que otros puestos (como el de Magistrado de las Salas o secciones de la Audiencia Nacional) no se nombran por libre designación, sino por concurso de méritos, que es un sistema mucho más objetivo, puesto que los méritos que se van a evaluar se conocen “a priori”. Dicho eso, el problema es que también computa como antigüedad el tiempo que un Juez se ha pasado haciendo política ya sea oficialmente como en el caso del ex Alcalde Juan Alberto Belloch o del ex Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana Fernando de la Rosa o extraoficialmente, como Enrique López particularmente durante su etapa como Consejero del CGPJ a propuesta del PP tal y como comentó Elisa de la Nuez en este post.

Lo cierto es que esta apariencia tan preocupante de falta de neutralidad y de proximidad a un partido político en dos de los Magistrados de la sección que va a juzgar el caso Gürtel no parece haber hecho especial mella en los interesados. La Presidenta al menos según informaciones de la prensa  no piensa abstenerse, y lo cierto es que esta negativa debe, en nuestra opinión, ponerse en relación con el hecho de que ella ha variado las reglas de juego, de modo que con las nuevas va a presidir este juicio (con el sistema anterior la presidencia era rotatoria). Por su parte, Enrique López, que sepamos, no se ha manifestado todavía. Y el problema es que formalmente  hasta puede tener razón la señora Espejel: si se echa un vistazo a las causas de abstención (y de recusación) del art. 219 de la LOPJ hay que reconocer que la de estar muy próximo a un partido político cuya trama de corrupción se va a enjuiciar no figura entre las enumeradas. Es más, recordemos que las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico solo pueden delinquir desde hace poco tiempo.

Creemos que sencillamente al legislador no se le pasó por la cabeza que pudiera darse una situación como la que denunciamos. Pero la realidad es que el fundamento de estas figuras, tanto de la abstención (que se produce cuando el mismo juez aprecia espontáneamente que concurre una de las causas del art. 219 LOPJ) como de la recusación (que se produce cuando se aprecie esta misma concurrencia pero a instancia de parte) es nada menos que el derecho al juez imparcial que consagra el art.24.2 de la Constitución.

El problema es que para muchos ciudadanos (pese a la dificultad de encuadrar esta relación con el PP con una causa formal concreta de abstención y recusación)  va a ser poco creíble que estos Magistrados, a la vista de su trayectoria, puedan mantener su imparcialidad cuando decidan sobre la trama de corrupción del partido que tanto hizo por sus carreras profesionales. Y el solo hecho de que no sea sencillo encontrar un acomodo técnico y formal a esta relación no es suficiente, a nuestro juicio, para despejar estas dudas. Lo que quiere decir esto es que, con independencia de la sentencia que finalmente recaiga, para muchos españoles  el juicio estará siempre bajo sospecha. Para empezar, ya hay un par de recusaciones anunciadas.

No podemos exagerar el descrédito que esto supone para el Poder Judicial con la consiguiente pérdida de legitimación que conlleva en un caso de tantísima gravedad. Sinceramente, los editores de este blog pensamos que no nos lo podemos permitir. Y argumentos como los manejados en este artículo por el Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (que es la Asociación “conservadora”) en el sentido de que los jueces “están acostumbrados a actuar con independencia” se reducen a reclamar una confianza que la gente sinceramente ya no siente.

¿Cual sería entonces la solución? A nuestro juicio solo puede haber una a corto plazo, y otra a medio plazo. La primera es sencillamente que estos Magistrados se aparten del proceso voluntariamente, puesto que la interpretación de las causas de abstención les compete a ellos en primer lugar. Con esto no se trata  –como a veces se dice equivocadamente- de reconocer la posibilidad de algo así como una “futura prevaricación”. Es mucho más sencillo; lo que se reconoce es que existe una sombra de duda sobre una cuestión sobre la que, en un Estado de Derecho serio, no puede existir nunca ninguna: la imparcialidad de un Juez. Muchos jueces de base lo entienden perfectamente así en asuntos de mucha menor trascendencia; se trata de evitar cualquier sospecha de parcialidad y de guardar las apariencias porque en la Justicia  las apariencias importan, y mucho.

A medio plazo, obviamente la solución pasa por evitar que puedan llegar a producirse este tipo de situaciones. Es imprescindible cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y, por ende, de los puestos de libre designación existentes en la Carrera Judicial y que dependen de las decisiones del CGPJ. Sobre este asunto hemos escrito también largo y tendido en este blog y lo seguiremos haciendo. Ya hace 30 años del primer cambio de la LOPJ en el sistema de designación de los Vocales (originariamente los doce procedentes de la Judicatura eran nombrados por los propios jueces). En el año 1985 el PSOE decidió que había demasiados jueces “conservadores” y se decidió que los 20 vocales fueran elegidos por el Parlamento, aceptando el Tribunal Constitucional el sistema en una famosa sentencia de 1986 pese a las advertencias sobre los peligros que para la independencia judicial podía suponer.

El sistema empeora todavía más con la reforma del ex Ministro Gallardón del año 2013, que va además en sentido contrario a lo prometido en el programa electoral sobre garantizar la independencia del Poder Judicial. Hoy, tres décadas más tarde, podemos decir que se cumplieron las peores expectativas del Tribunal Constitucional. Hemos tocado fondo, y el Tribunal de la Gürtel no es sino un ejemplo paradigmático de hasta donde hemos llegado con estas promociones partidistas de jueces “conservadores” y jueces “progresistas”, asociaciones judiciales “conservadoras” y asociaciones judiciales “progresistas”, por usar la terminología acuñada por la prensa y que no parece molestar a nadie, empezando por los así calificados. Claro que aquí  no estamos hablando tanto de ideología como de pertenencia a un equipo bien colocado. Quizá por esa misma razón no tienen problema en señalar a qué asociación pertenecen cuando envían sus cvs al CGPJ: sin duda lo consideran como un mérito relevante a efectos de promoción.

Y es que pensamos que con las reglas de juego originariamente previstas en nuestra Constitución es poco probable que se hubiera dado este caso.  Claro que tampoco era previsible entonces que un partido en el Gobierno  (nacional o autonómico) torpedease por tierra, mar y aire la instrucción de una trama de corrupción que le afecta de lleno, o que la falta de asunción de responsabilidades políticas que ha caracterizado hasta hoy a nuestra clase política y su interesada identificación con las responsabilidades penales llevase la necesidad de presionar a los jueces hasta extremos inimaginables y a idear todo tipo de triquiñuelas para minimizar los daños políticos ya en vía judicial. Que para eso haya hecho falta llevarse por delante la independencia del Poder Judicial –o al menos intentarlo porque siempre hay jueces que resisten-  no ha parecido preocupar mucho a nadie, ni a la clase política ni, para ser sinceros, a la ciudadanía.  Esperemos que el Tribunal de la Gürtel nos abra los ojos y a partir de ahora sea una preocupación de todos el exigir que nuestros jueces sean (y parezcan) imparciales.

Colau y las leyes injustas.

Algo muy grave está ocurriendo en España cuando un cargo público electo pocos días antes de tomar posesión de la alcaldía de Barcelona se permite decir públicamente que en su nueva labor de mando va a desobedecer sin más las leyes que le parezcan injustas.

No atraviesa un buen momento nuestro Estado de Derecho. Desde este Blog lo hemos venido denunciando desde que nació. Un repaso a los posts publicados permite hacerse una buena idea de sus problemas, que afectan a la calidad institucional de nuestro sistema político y, por supuesto, aunque aún no haya suficiente conciencia de ello, a la calidad de la vida cotidiana de los españoles. Profusión de normas de pésima técnica legislativa y hasta de difícil intelegibilidad, que buscan antes titulares que soluciones, vigencia de leyes atentatorias contra la Constitución en virtud de apaños varios, vaciamiento y desactivación de las instituciones de control, los regulados controlando a los reguladores, prevalencia de intereses particulares sobre los generales…

La clase política, en general, no ha sido un modelo de cumplimiento de las normas. Como mero ejemplo, entre otros muchísimos, podemos señalar el incumplimiento, tan frecuente como impune, por todos los gobiernos durante muchos años, de obligaciones de desarrollos normativos o de otras actuaciones que muchas leyes les habían impuesto. La sensación, bien amarrada en los hechos que percibimos, es que las leyes son para los ciudadanos, no para las autoridades políticas.

Pero aunque así hayan sido las cosas demasiadas veces, al menos de esas diversas formas de incumplir y hasta de burlarse de la ley no se solía hacer gala y ostentación. Se miraba para otro lado o se barría debajo de una alfombra, pero no se presumía de ello. E incluso cuando ese incumplimiento ha sido tan evidente e intencionado como en el caso del referendum de secesión de Mas, se han buscado argumentos, por supuesto retorcidos, insostenibles y hasta absurdos, para explicar cómo, en realidad, no había tal (evidente e incontestable) violación. Pero al menos en ese esfuerzo de simulación había un resto de respeto por el ordenamiento.

En determinados movimientos políticos, sin embargo, ya no se siente ni siquiera ese temor reverencial. Se ha avanzado tanto en la deslegitimación de nuestro Estado que no sólo se ha dejado de creer que las normas vigentes deban ser cumplidas, sino también que puede declararse así ante los micrófonos.

La cosa tiene precedentes. En muchos lugares donde el nacionalismo periférico tiene una posición de control político y social (controles indiferenciados a los que todo nacionalismo aspira por definición), todos saben que hay unas normas formales, escritas y publicadas, que no se cumplen sin que nada ocurra, y otras, no publicadas en ningún sitio, que se imponen con toda la fuerza de los hechos. El tratamiento de las banderas y de otros símbolos identitarios y de pertenencia es un buen ejemplo de ello, donde hasta pasearse con una camiseta de la selección española supone tal provocación que el “infractor” va a ser inmediatamente “castigado” por ese eficaz sistema paralegal.

Por supuesto que nadie tiene obligación de sentir entusiasmo por la legislación vigente. Las críticas que publica este blog son buena prueba de ello. Pero lo que se ha de hacer con las leyes injustas es abolirlas y cambiarlas, no desobedecerlas. Por contra, ciertos cargos públicos nacionalistas y parece que ahora de Podemos ya no sólo se sienten liberados de su obligación tradicional de dar ejemplo a los ciudadanos en el respeto a la ley, sino que sienten que pueden dar incluso el ejemplo contrario. Defraudadores, estafadores, tramposos y ventajistas de toda laya se sentirán sin duda reconfortados. Se podrán considerar a sí mismos como meros objetores frente a leyes injustas.

Resultado de imagen de Ada Colau desobedeceremos leyes injustas

La señora Colau ha hecho fama y carrera como activista, con la impagable ayuda de un Gobierno que no ha sido capaz la mínima empatía en el tema de los desahucios y en otros de alta sensibilidad social. Sin embargo, ahora debería ser consciente de que su papel va a ser otro, y de que los ayuntamientos no son lugares para desarrollar estimulantes y entretenidos actos de activismo y sublevación. Tendrá que asumir el papel, quizá no tan emocionante pero absolutamente imprescindible, de administrar los intereses generales de los ciudadanos de Barcelona en su ámbito municipal. Y en ese ejercicio se va a tener que someter, como todos, a límites varios. El primero de los cuales es la obediencia a las leyes. Porque, por debilitado que esté, vivimos aún en un Estado de Derecho.

La reacción frente a esas manifestaciones de Ada  Colau por parte del resto de las fuerzas políticas  ha sido la habitual: el silencio más absoluto. Parece que tenemos que ser otros los que vengamos a recordar obviedades. Pero ¿Qué ocurrirá si se materializa esa intención declarada en actos explícitos de desobediencia? ¿Seguirá sin ocurrir nada? De verdad que espero no tener que contemplar ese escenario ¿Qué conclusiones tendríamos entonces que sacar? Porque esas personas que de hecho dispusieran de un privilegio de incumplimiento  de las normas que no les gustaran, sí que constituirían una verdadera casta. Absolutamente insólita en nuestro mundo occidental.

Resultado de imagen de Ada Colau desobedeceremos leyes injustas

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Regeneración municipal en la cuna de la Operación Púnica

Para el pequeño equipo que ha preparado las “Propuestas para la Regeneración Municipal” de la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL, la invitación a presentarlas en Valdemoro era como un viaje al corazón de la tinieblas de Conrad:  los últimos tres alcaldes de este municipio están en prisión o imputados, y uno de ellos dio nombre a la tristemente famosa operación Púnica, en la que están implicados alcaldes de otros municipios de la Comunidad de Madrid y cuyas ramificaciones no dejan de crecer (éste es la más reciente). Es verdad que el viaje no es como el de Marlow en la novela de Conrad. Para llegar al misterioso agente Kurtz, aquel tenía que remontar el río Congo, “una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de una amplia región y la cola perdida en las profundidades del territorio”. Nosotros en cambio tenemos la A4, una autovía básicamente recta, y en poco más de 20 minutos llegamos a un agradable municipio del área metropolitana de Madrid, donde nos reciben los representantes de un grupo político local que ha hecho de la T -de transparencia- la primera de sus siglas.

Pero aunque Valdemoro no sea la selva, la operación Púnica sí es un buen caso práctico de lo que las propuestas pretenden mejorar en la gestión municipal. Los distintos casos conectados con esa operación misma revelan algunos de los fallos del sistema que facilitan la corrupción y la ineficiencia. Así, nos encontramos con licitaciones en las que el proveedor el que  diseña las condiciones, con presiones y “puenteo” a los funcionarios, con interventores que no son Funcionarios con Habilitación Nacional, con turbios manejos urbanísticos …, y como consecuencia de todo ello con pagos de comisiones millonarias, blanqueo de capitales, paraísos fiscales, etc… La trama afecta a sobre todo a Ayuntamientos, pero tiene ramificaciones en la administración autonómica, a la que alcalde Granados saltó desde este Ayuntamiento.

Cuando en estas próximas elecciones municipales hay nuevas caras y nuevos partidos, y existe un hartazgo en una gran parte de los electores de esa forma de hacer política, es importante advertir que el cambio de personas o de siglas no bastará para cambiar las formas de actuar. Es necesario  modificar los mecanismos del sistema para evitar actuaciones ilícitas o  irregulares. Además es posible, y todos los estudios internacionales señalan que los pilares en los que se apoya una administración municipal más eficiente y menos corrupta son un control interno independiente y profesional y unos procedimientos transparentes.

Por eso las Propuestas, tratan en primer lugar de reforzar la independencia, competencias, y eficiencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento (SIT o FHN) que son funcionarios por oposición nacional. Se propone  utilizar siempre el concurso de méritos para su nombramiento, aunque la ley permita la libre designación. También se trata de evitar el abuso del nombramiento de personal eventual, por lo que se pide que se limite a puestos no directivos, y justificando esos nombramientos con un informe que se haga público. Hay que invertir la tendencia de reducción de competencias de los SIT, otorgándoles la dirección del cumplimiento de la Ley de Transparencia, y aumentando los actos para los que es necesario su informe. Para mejorar la eficiencia y la independencia de los SIT proponemos que un órgano técnico independiente de nivel supra municipal se encargue del apoyo, la unificación de criterios, y la supervisión de los SIT.

Un segundo grupo de medidas van encaminadas a reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en la contratación, limitando la utilización de los procedimientos no competitivos (negociado y adjudicación directa), y aumentando la información del proceso de contratación antes, durante y después de la adjudicación.

Proponemos además que los funcionarios tengan un cauce directo y reservado denunciar actuaciones sospechosas. Para que la ciudadanía pueda participar en el control pedimos que se realice siempre una evaluación de la adecuación de las obras y servicios a los presupuestos y objetivos iniciales, y que se abra el trámite de información pública sobre las actuaciones más importantes (privatización de servicios públicos, creación o supresión de entidades u organismos municipales, etc..).

Creemos que es el momento de que los políticos comprendan que control interno y transparencia garantizan el interés general y además les protegen a ellos mismos. Por eso la Fundación ¿Hay Derecho? ha enviado las propuestas a los distintos partidos pidiendo que las asuman como compromiso (pueden ver sus contestaciones aquí). En  todo caso todo dependerá de nosotros. En primer lugar dependerá de si tenemos o no en cuenta lo que los partidos dicen y hacen en relación con la corrupción para decidir nuestro voto, y después de si nos ocupamos de controlar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos. De otra forma las cosas irán igual o a peor, porque hasta los nuevos agentes que -como el Kurtz de la novela- llegan cargados de ideales a la selva de la política municipal pueden terminar cayendo atraídos por las tinieblas de la corrupción.

Las incompatibilidades de los diputados: del dicho al hecho hay un trecho

Los casos recientes de Trillo, Pujalte y Conde han reavivado el debate sobre los negocios que compatibilizan los diputados con su labor parlamentaria, suscitando dudas sobre si se cumple el actual régimen de incompatibilidades o si se está produciendo un conflicto entre los intereses públicos y privados de los diputados.

Respecto al conflicto de intereses destacar que no existe una definición específica en la actual legislación española. Tampoco existe ninguna disposición legal que prohíba a un diputado tomar parte en una votación sobre un asunto que, directa o indirectamente, le concierna personalmente. Recomendable la lectura del reciente artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli donde escribe sobre el negocio que supone el conflicto de intereses en nuestro país (el denominado capitalismo de amiguetes).

Centremos por tanto el post en el régimen de incompatibilidades, que a diferencia del conflicto de intereses, sí está regulado. El artículo 157.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) estipula que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. La excepción a la regla son “la producción y creación literaria, científica, artística o técnica”, y la “administración del patrimonio personal o familiar”. La decisión sobre si las actividades declaradas por los diputados al tomar posesión de sus escaños es compatible o no con su labor se adopta en la Comisión del Estatuto de los Diputados.

¿Se puede considerar una ley restrictiva en comparación con el resto de países de la UE? Si echamos un vistazo a los informes de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo, la ley que en España regula las incompatibilidades de diputados y senadores se puede considerar estricta en comparación con la norma europea. ¿Y cómo entonces están saliendo todos estos casos? Varios factores confluyen para generar un “círculo vicioso” que facilita que aparezcan las prácticas que estamos viendo en los medios.

El primero es que una cosa es lo que recoge la ley y otra lo que se hace en la práctica. La Ley establece dedicación exclusiva para los diputados salvo las excepciones que se aprueben en el Congreso (a través de la Comisión del Estatuto de los Diputados). Lo que sucede en realidad es que“te dicen que sí a todo” y “en la práctica se autoriza todo”, según declaró la diputada Irene Lozano en una reciente entrevista. Esto de que a los diputados se les autoriza casi todo lo había leído antes por ejemplo en El País, pero no se lo había oído decir tan claramente a un propio diputado. Resulta además que esta “relajación” a la hora de juzgar la compatibilidad de las actividades declaradas viene de lejos, por ejemplo en 2011 el por aquel entonces presidente del Congreso José Bono,anunció su intención de aplicar con más rigor el régimen de incompatibilidades parlamentarias para mejorar la imagen pública de los diputados… pero parece que quedó en una mera declaración de intenciones.

Otro factor que influye sin duda es que no existe ningún mecanismo de control, porque como declaró recientemente elPresidente del Congreso Jesús Posada, lo que prevalece es la confianza en los diputados. Vamos que el diputado rellena y firma la declaración de actividades (si pinchan aquí pueden consultar por ejemplo la declaración del Sr Pujalte), no se le pide ningún tipo de justificación de lo que incluye en ese formulario, nadie controla si lo que ha puesto es cierto o no y tampoco se vigila que no varíe esa situación a lo largo de la legislatura.Con la que está cayendo, a la vista está que la confianza no es suficiente.

Por último, la ausencia de un régimen de sanciones para los diputados que incumplan el régimen de incompatibilidades cierra el “círculo vicioso”. Aunque Jesús Posada ha declarado que “toda actitud que repercuta negativamente” a la Cámara “es sancionable” y ha advertido de que quien haya podido mentir en su declaración deberá responder por “incumplir la relación de confianza”, el portavoz del PP en el Congreso (Rafael Hernando)ha recordado que no hay previstas sanciones para estos casos… Vamos que incumplir el régimen de incompatibilidades les sale gratis.

Y es que lo de la dedicación exclusiva no es tan excepcional como pinta la ley. Las declaraciones de actividades de cada diputado se pueden consultar en el portal de Transparencia del Congreso. Si no quieren ir uno a uno, pueden ver en la prensa resúmenes al respecto, por ejemplo aquí. Aproximadamente el 68% de los 350 diputados está pluriempleado: tenemos abogados, tertulianos o columnistas, profesores, directivos o administradores de distintas empresas, consultores…

Yo creo que visto lo visto y teniendo en cuenta que no hay mecanismos de control ni sanciones para los incumplidores (por cierto estaría muy bien que los hubiera), modificaría la ley para que exista una dedicación exclusiva de verdad y los diputados no puedan ejercer actividades ajenas a sus responsabilidades parlamentarias.Solo permitiría que los diputados impartan clases en la universidad o colaboren con medios de comunicación (en tertulias o de cualquier otra forma), eso sí sin percibir por ello una retribución. Y para aquellos diputados que tengan además responsabilidades políticas, como puede ser ocupar un cargo orgánico en el partido político en el que milite, prohibiría igualmente que cobren un sueldo del partido, como sucede ahora (llevándose lo que viene siendo un sobresueldo).

Pero parece que en esta legislatura no lo veremos, ya se han debatido en el Congreso mociones similares encaminadas a endurecer el actual régimen de incompatibilidades y no han prosperado. A ver si en la siguiente tenemos más suerte.

 

 

La causa de la descomposición del Partido Popular

El partido Popular no es que esté tocado sino que está prácticamente hundido. Diariamente salen nuevos casos de corrupción y de idiocia política en los medios de comunicación. Pero toda esta ristra de nombres que sólo han comenzado a aflorar no son la verdadera causa del hundimiento sino el efecto más visible de un partido que heredó todos los vicios del franquismo y ninguna de sus virtudes. Los efectos son, sin duda, devastadores pues si se investigase el patrimonio y forma de vida de los ex ministros, ministros, diputados nacionales, autonómicos o europeos, concejales y demás cargos del PP, saldrían decenas y decenas de presuntos implicados en casos de corrupción o de corruptelas. Como en las competiciones motociclistas los habría de cuatro clases: los de 50 y 125 c.c. (corrupción “c” minúscula o sea casos que pueden calificarse de corruptelas, que bordean el delito sin incurrir en el); los de 250 c.c. (corrupción “C” mayúscula, es decir los que además sí han cometido, por lo menos, un delito); y, por último, la competición estrella, la Moto GP (corrupción “GC”,los que cometen, por lo menos dos, tres o cuatro de los delitos posibles).

La causa procede del origen del PP, es decir de AP y de su fundador Fraga Iribarne. Se rodeó de aquellos (entonces) chicos de mi edad –que ahora rondamos entre los 55 y 65- que por educación familiar o negocios se quedaron atrapados en lo más rancio de la derecha: AP o Fuerza Nueva, aunque estos últimos, al derivar sus jefeshacia el crimen organizado, prefirieron reciclarse en AP. De ahí procede el núcleo duro que luego se refundaría con las siglas del PP con el camelo, que nos convenció a muchos que de otro modo jamás hubiésemos recalado en AP, de la regeneración democrática para reforzar las instituciones. La renuncia de Aznar a un tercer mandato nos pareció, incluso, una medida higiénica. Pero, ay, el PP obtuvo mayoría absoluta en el año 2000 y Aznar creyó que podría llegar a ser algo así como una especie de co presidente de los Estados Unidos. Con el partido completamente patrimonializado en sus manos y la servil complacencia de otros pocos, en un acto de soberbia sin precedentes, señaló a su sucesor, probablemente el que creyó mas incapacitado para el cargo yde este modo susceptible de mayor manipulación. A partir de ahí, de un partido político que designa a su mas alto cargo en el más puro estilo franquista, todo es posible. Ahora se habla, ante la inminente catástrofe, del retorno de Aznar, pero eso no parece posible pues en España ya hay, afortunadamente, soluciones de recambio para una inmensa cantidad de votantes populares en Ciudadanos y en UPyD.

Fraga Iribarne, que no era una bestia política sino humana, pensaba –con razón- que el dinero corrompía. Y él no quería corromperse. Pero entonces, ¿cómo ganar las elecciones? Fraga creía en la división del trabajo. O sea, era de la opinión de que los trabajos sucios debían hacerlo aquellos que entendían de eso pues de eso vivían. Empresarios medianos y ambiciosos pues los grandes ni en broma estaban dispuestos a meterse en estos líos. Ese ha sido el perfil de todos los tesoreros del partido popular, exceptuando la actual tesorera y a su antecesor. El último, Luis Bárcenas, gozaba de la máxima confianza de Rajoy con quien llevaba colaborando desde hacía casi treinta años y lo colocó personalmente él a dedo. Ahora que nadie se extrañe de lo que está ocurriendo en el PP pues incluso la vicepresidenta –“que cada palo aguante su vela”- que hubiese podido ser una solución de recambio lo primero que hizo al ser designada, probablemente para completar su sueldo, fue colocar al marido en Telefónica. “Yo soy un hombre limpio” le espetó un secretario general del PSOE a un presidente acorralado en el debate sobre el estado de la Nación. Y tenía razón: Sánchez y el resto de candidatos son hombres limpios. De Rajoy y de muchos de los suyos existen serias dudas

Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: Rodrigo Rato o la calidad de las instituciones españolas

Cuando parecía que habíamos tocado fondo en lo que se refiere a la degradación de nuestra vida publica nos encontramos la semana pasada con la imagen del antaño todopoderoso ex Vicepresidente del Gobierno de España y Presidente del FMI detenido de forma humillante. En portada de toda la prensa nacional, la habitualmente refractaria a airear los escándalos políticos del PP incluida. Y no es para menos. Es una imagen que habla como pocas de la distancia que separa una democracia de bajísima calidad cuyas instituciones están en estado casi terminal de una democracia avanzada. No nos engañemos, los países donde pasan estas cosas –y no se trata de asuntos privados, dejémonos de tonterías por favor– son países del tercer mundo o como mucho del segundo.

Efectivamente, en los países serios –la famosa Dinamarca por ejemplo– no se pasa de desempeñar grandes puestos políticos y empresariales, de recibir honores y reconocimientos e incluso de asesorar a empresas del ibex –aunque sea discretamente– a la comisaría. Esto es típico de países sudamericanos o de ex estados comunistas o de países africanos. En definitiva, de países corruptos donde las instituciones no funcionan y donde no se asume nunca ninguna responsabilidad política por nada, de manera que la única que queda es la judicial penal cuando se vuelven las tornas y le toca al siguiente.Países donde, mientras se gobierna o se tiene la protección del Gobierno, está garantizada la impunidad; donde el sector privado o al menos una parte, el denominado capitalismo castizo, busca el favor del político de turno para prosperar; y donde reina el servilismo y la sumisión frente al que tiene poder político o económico o las dos cosas juntas, como suele suceder. En estos países, no hace falta decirlo, la sociedad civil y las instituciones son muy débiles.

Dejaré de lado los desesperados intentos del PP por desmarcarse de uno de sus personajes de referencia –recordemos la vergonzosa Comisión de Investigación por el “caso Bankia” que organizaron en el Congreso no hace tanto tiempo– o, por presentar esta historia como la prueba indudable de su lucha contra la corrupción caiga quien caiga después del historial de gúrteles, púnicas, brunetes, sedes pagadas en B y tantas otras historias, cuya mera enumeración me llevaría lo que resta del post. Sinceramente, pese a toda la indignidad que conlleva esta estrategia de defensa no creo que sea lo peor ni que a estas alturas sorprenda a nadie. Lo mas importante es el fracaso que esta detención-espectáculo supone desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones de una democracia. Lo que ocurre sencillamente es que nuestras instituciones, tras años de desprofesionalización y politización ya no son capaces de funcionar con normalidad, es decir con previsibilidad, neutralidad y rigor.

Porque la pregunta que tenemos que hacernos ante la sospecha de parcialidad en el comportamiento de una institución es siempre la misma ¿como actuaría en el caso de un ciudadano normal y corriente? Porque si una institución trata a alguien mejor por ser persona relevante o bien relacionada o simplemente por tener amigos tenemos un problema grave. Pero no nos suele parecer mal cuando se consigue un trato de favor: al contrario, se presume de “contactos”, lo que provoca la proliferación en nuestro ruedo ibérico de la figura del comisionista, hasta llegar al esperpento de las andanzas del “pequeño Nicolás”, moderno Lazarillo de Tormes de ese ciego que somos todos los españoles. Lo que nos parece mal es que nos traten peor que a otros; es lo que percibimos como “una injusticia”, aunque los beneficiados lo hayan sido ilegalmente y a nosotros se nos aplique la norma pura y dura.

Pienso que nuestra madurez como ciudadanos exige que nos demos cuenta de que en una democracia la protección o los beneficios ­­–o los ataques y los perjuicios– no pueden depender de nuestras relaciones con las personas que tienen poder. Que debemos exigir instituciones neutrales capaces de tratarnos a todos conforme a la ley y al Derecho, es decir, por igual seamos quienes seamos. En la ya famosa Dinamarca, elevada en nuestro país a categoría conceptual, uno de los bienes públicos mas preciados es la confianza en aquellos a los que no se conoce personalmente. A mi juicio, una de las mayores conquistas de la civilización.

¡Ay, Derecho!: Vaya semanita…

Reconozco humildemente que, para aquellos que defienden enfáticamente que nuestro Estado de Derecho es casi normal y que por eso mismo este blog hace más daño que otra cosa, la semana ha sido reconfortante.

Comenzamos asistiendo al espectáculo “El mejor alcalde el juez”, clásico español donde los haya. La obra, protagonizada por Juan Alberto Belloch, cuenta el caso de un alcalde socialista y senador que, sin dejar de ser alcalde ni senador, toma posesión como juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, previa advertencia de que quizás renuncie tras las elecciones si el partido sigue necesitándole para un cargo significativo. (Pueden encontrar una breve sinopsis de la obra aquí). Pese a estar magníficamente interpretada, con absoluta fidelidad a los principios del verismo literario, tiene el lógico inconveniente de su excesiva previsibilidad: todo resulta tan conocido… uno puede imaginarse incluso la manera en que el protagonista decidirá los casos en el momento en que -actuando como juez en la misma ciudad en la que ha ejercido tantos años como alcalde- tenga que resolver los abundantes conflictos de intereses que se susciten entre antiguos clientes, amigos, enemigos, adversarios, financiadores, compañeros, etc. Aunque, sin duda, habría tenido menos adversarios y más compañeros si estos hubieran sabido que el alcalde iba a terminar resultando su juez natural (que es la moraleja de la obra y de ahí el título). Decididamente, le falta suspense.

A continuación el famoso blockbuster de la temporada: “La tapadera”, superproducción multimillonaria que narra las peripecias criminales del socio principal de uno de los bufetes más importantes del país (Emilio Cuatrecasas, interpretado por Emilio Cuatrecasas). Sinopsis aquí.  El ingenioso abogado, con inmejorables contactos con la gran empresa y con los políticos más influyentes, se dedica a urdir un entramado de negocios simulados con la finalidad de defraudar a Hacienda, delito por el que termina siendo condenado a dos años de cárcel. Ideado como un thriller, el filme termina convirtiéndose, quizás al margen de la intención de sus autores, en una agria denuncia del papel que han desempeñado y siguen desempeñando los grandes bufetes en nuestro país. Sabíamos que “la lucha por el Derecho” no se encuentra entre sus objetivos prioritarios, pero que algunos de sus miembros más destacados hayan entendido su responsabilidad de líderes sociales y de juristas de referencia  de esta manera, no deja de sorprender.  Muy recomendable.

Seguimos con el último drama del ciclo operístico, “El oro del Rato”, que como todos los aficionados conocen perfectamente, es un ciclo de cuatro óperas épicas de longitud interminable. Narra las luchas entre héroes y dioses (políticos y empresarios del IBEX) por el anillo mágico (sublimado en la posesión del BOE) que otorga la dominación sobre el mundo (más humildemente, España).  En esta concreta ópera, Rato (semidios convertido en enano a través de un largo proceso que cuentan los dramas anteriores) y que parece que ha blanqueado el oro en un pasado bastante pretérito, se ve sorprendido por Mariano Wotan (líder de los dioses) que le envía la cabalgata de las walkirias (bajo la forma de fiscales ordinarios y anticorrupción). En el momento álgido de la obra, estas le persiguen mientras cantan insistentemente: “siempre lo mismo, siempre lo mismo…”.  El montaje tiene sus aciertos, indudablemente, pero como todas las producciones modernas suscita la sospecha de haberlo visto ya antes. Quizás demasiado pronto para juzgar. Habrá que dejar que la compañía se ruede un poco.

Y terminamos con el capítulo inicial de la primera temporada de una de las series que más prometen para el futuro: “House of chaps”.  La serie cuenta la historia de un magistrado del Tribunal Supremo, con influencias políticas al más alto nivel, que, sorprendentemente, se ve relacionado con lo más turbio de la comunidad política y empresarial del país: ya sean los Albertos o Urdangarín. Todavía es pronto para saber si se trata de curiosas coincidencias o alguien va a morir en el metro. Atentos.

 

¿Recuperar la confianza en las instituciones o recuperar la confianza en nosotros mismos?

Hasta el partido del Gobierno admite a estas alturas que tenemos una crisis institucional grave, puesta de manifiesto en la creciente desconfianza ciudadana hacia todas y cada una de nuestras instituciones quizá con la única excepción de la renovada Jefatura del Estado. Dato que demuestra que el cambio generacional funciona, sobre todo si va unido al cambio de actitudes y valores. Pero dada la lógica resistencia de los que todavía ocupan el poder a hacerse el “harakiri” en beneficio de sucesores más jóvenes y con menos hipotecas ¿Existe algún otro mecanismo para recuperar la confianza institucional de forma razonablemente rápida?

A mi juicio la clave es recuperar la confianza antes en nosotros mismos. Es preciso valorar la confianza en el individuo y en la sociedad por encima de la confianza en la “tribu”, ya se encarne en el partido, la familia, los amigos o los compañeros de pupitre. La confianza en personas que uno no conoce es precisamente la característica de los países más avanzados y de las democracias más consolidadas. Se deriva del respeto al Estado de Derecho y a los principios de meritocracia, profesionalidad y neutralidad, que son senciales para el buen funcionamiento de cualquier institución pública (y de muchas privadas). Las buenas noticias son que para conseguir este objetivo no es preciso abordar grandes reformas normativas ni alcanzar pactos de Estado entre las distintas fuerzas políticas: en España nuestras leyes, empezando por la Constitución, ya proclaman la vigencia de la independencia de nuestros organismos reguladores y de supervisión, la del Poder Judicial o la exigencia del mérito y la capacidad para el acceso y la promoción profesional en el empleo público. En cuanto a la neutralidad como requisito esencial para el buen funcionamiento de cualquier organismo público está implícita en el término “interés general” cuya búsqueda es, en definitiva, el fin último que legitima su existencia. El interés general, da un poco de vergüenza tener que recordarlo, no se confunde con el interés del partido gobernante sino que es el interés de todos los ciudadanos.

El problema, para variar, es que si se incumplen estas previsiones –y se incumplen constantemente- no pasa absolutamente nada, porque nosotros lo toleramos y hasta lo consideramos “normal”. Y si la ciudadanía lo consiente, es difícil que los políticos y los gestores públicos entiendan la necesidad de actuar de otra manera, lo que les resultaría bastante más incómodo. Al final siempre es más fácil para un gestor montar un equipo eligiendo amigos, por incompetentes que sean, que eligiendo gente muy preparada pero a la que no se conoce de nada. Sobre todo si al final paga el contribuyente, claro.

Para recuperar la confianza en nosotros mismos creo que es fundamental recuperar dos valores clave: el de la meritocracia (en todos los ámbitos de la vida pública y privada) y el de la de rendición de cuentas. Solo la meritocracia y la rendición de cuentas son capaces de garantizar la neutralidad y la profesionalidad de las instituciones y de las Administraciones Públicas. Y sin meritocracia y sin rendición de cuentas es muy difícil, por no decir imposible, controlar la corrupción y el despilfarro públicos.  Sin criterio técnico, sin independencia y con sensación de impunidad es poco probable que un equipo humano funcione bien, por buenas que sean sus intenciones.

Seamos claros: en España lo que tenemos hoy, cubierto apenas por el manto formal de nuestras normas, es una especie de “spoils system” castizo, de manera que cada partido cuando gana las elecciones se siente legitimado para ocuparlas de personas afines, afiliados, familiares o simpatizantes, aunque a veces el círculo esté limitado a un conjunto de personas que reúnen algunos requisitos particulares (ser funcionarios o pertenecer a un determinado Cuerpo de la Administración por ejemplo). Son personas cuyo principal valor es el de la “confianza” que han depositado en ellas los líderes del partido. Esto provoca el fenómeno del llamado “dilema del techo de cristal del funcionario neutral”: los funcionarios más independientes y más capaces profesionalmente se verán apartados de los puestos más relevantes del sector público a favor de aquellos más próximos a los políticos de turno. Eso cuando los puestos están reservados a funcionarios, que no es siempre ni muchísimo menos.

Porque conviene no olvidar que a los puestos más importantes de las instituciones y de las Administraciones Públicas se accede por sistema de libre designación, lo que implica el libre nombramiento –y el libre cese- de las personas que van a ocuparlos. Las personas que resultan demasiado “incómodas” para sus superiores políticos no lo van a tener fácil para acceder a este tipo de cargos, por relevante que sea su desempeño profesional. Por el contrario, las que estén dispuestas a ser más “flexibles” pueden contar con una promoción rápida, e incluso a veces con el salto a la política. Esto es particularmente grave cuando hablamos de puestos de supervisión y control en el que el controlador pasa a depender del controlado. Peor todavía: tenemos una miríada de organismos públicos de toda índole donde para ocupar puestos directivos –muchas veces mucho mejor remunerados que los de las Administraciones- no se requiere ningún tipo de requisito previo, ni de formación, ni de experiencia, ni de nada. El presidente de la SEPI, por poner ejemplo, no tiene titulación de grado superior, pero si un amplio expediente de servicios al partido que le ha nombrado. Hay muchísimos casos más a todos los niveles.

De la misma forma hoy en España se siguen repartiendo por cuotas partidistas los cargos en los organismos reguladores y supervisores ya se trate de la CNMV, del CGPJ o del Tribunal de Cuentas. Pero hay que empezar a ser conscientes de que llegar a Consejero de un organismo regulador no puede ser un premio para los fieles o la culminación de la carrera política de nadie, por un problema básico de falta de independencia, al que se suele unir el de la falta de competencia profesional para el cargo. Si queremos que no vuelvan a fallar instituciones tan críticas como la CNMV, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas tenemos que tomarnos esto en serio. Es imprescindible nombrar a personas independientes con una trayectoria profesional sólida y un prestigio previo en el sector que avale su nombramiento por razones objetivas, con transparencia y en procedimientos de concurrencia abiertos para elegir a los mejores que estén disponibles.

En definitiva, hay que revitalizar de forma decidida el principio de mérito y capacidad, tan de capa caída en nuestro país.

Pero todo esto siendo muy importante no servirá de nada si no hay rendición de cuentas. Una democracia sin rendición de cuentas o en la que la única rendición de cuentas factible es la judicial penal es una democracia de muy baja calidad, que inevitablemente tiende a extremar presión política sobre los jueces y a incrementar la politización de la Justicia, deteriorándola cada vez más en un círculo vicioso muy peligroso. Pero no solo eso, la falta de rendición de cuentas es síntoma seguro de mal gobierno. Aunque consigamos elegir a los mejores, si saben que  nadie les va a exigir ninguna responsabilidad lo que obtendremos será un comportamiento parecido al de los alegres consejeros de Bankia. Claro que siempre habrá personas justas que cumplirán con sus obligaciones por su propia voluntad pero serán la excepción.

Lo que nos lleva de vuelta al principio. Si no hay meritocracia y no hay rendición de cuentas es porque los ciudadanos no hemos confiado suficientemente en estos valores. Hemos pensado que, pese a lo que proclaman las leyes, era más seguro confiar en nuestros contactos a la hora de conseguir contratos o puestos en el sector público (o incluso en el privado) que en nuestras propias capacidades. Y que es mejor no molestar a nadie importante exigiéndole cuentas. Así hemos conseguido que cada vez importe más el contacto y menos el mérito y la profesionalidad, o que los gestores se sientan casi insultados cuando alguien se atreve a exigir responsabilidades. Lo en el fondo, revela una falta de confianza muy notable en nosotros mismos.

 

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