Ay, Derecho: Los “exámenes de honradez” de doña Esperanza: más valdría serie que sainete

house-of-cardsEste martes por la mañana ponía yo un tuit en el que decía que el ejercicio práctico del examen de honradez del PP que doña Esperanza Aguirre ha promovido era quedarse a solas con un fajo de billete de 500. Mi coeditora Elisa me animaba a que hiciera un post jocosillo y presto me puse a ello. Pero es que me salía tan sarcástico que sólo podría generar reacciones adversas, salvo para algunos lectores benevolentes que pudieran imaginar lo que en realidad quieres decir.

Quizá convenga, por ello, explicarse un poco menos parabólicamente. Evidentemente, no hay nada malo en que los partidos realicen una previa selección y escrutinio de las personas que van a ejercer cargos públicos. En la interesante serie televisiva House of Cards, cruda narración del maquiavelismo moderno, hay un momento en que Peter Russo, un candidato propuesto por el malvado Frank Underwood, y totalmente dominado por él por su pecaminoso pasado, es sometido a una difícil entrevista por un profesional en trapos sucios, conocido de Underwood, que llega a exasperar a Russo por sus molestas preguntas sobre pedofilia y otras aberraciones. Se trata de que no salga algo inesperado en el momento más insospechado con un examen a tumba abierta (que de paso sirve para tener pillado a Russo). Lo que hace Underwood es una selección interna de elites, desde luego, aunque no por interés público, sino para asegurarse el control del candidato a gobernador y no encontrarse sorpresas que puedan usar sus enemigos posteriormente ante la opinión pública. Nada menos que Bill Clinton ha manifestado que el 99 por ciento de la serie es verdad.

Sí, Underwood es maquiavélico, un luchador despiadado por el poder, pero sabe bien que en los Estados Unidos la opinión pública puede desbaratar cualquier plan político. De hecho, el obstáculo principal de la campaña es precisamente el pasado de drogadicción del candidato, que finalmente consigue enfocarse como un ejemplo de redención y rehabilitación total, que justifican el perdón del pueblo.

Por supuesto, esto no esa especie de “trinca” que estamos acostumbrados a ver en otras series americanas, como El Ala Oeste de la Casa Blanca, en donde podemos contemplar lo mal que lo pasa el presidente de los Estados Unidos cuando un candidato propuesto por él ha de someterse a las inquisitivas preguntas de los diputados integrantes de la oposición e, incluso, de los de sus propias filas, hasta el punto de que puede ser que finalmente no obtenga las mayorías necesarias para ser nombrado (véase en este enlace que me manda mi colega Luis Bustillo cómo la baja asistencia del senador Ted Cruz pone en los USA en peligro sus posibilidades como candidato). Igualito que los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional o del CGPJ por estos lares en que antes de convocar ninguna sesión ya se sabe perfectamente quién sale elegido, porque ya se han encargado los partidos de repartirse los cargos.

No, lamentablemente, los “exámenes de honradez” no se parecen nada a esos procesos de selección. Pero es que tampoco se parecen nada a los del ínclito Underwood, efectivos en su maquiavelismo. Los exámenes de Esperanza Aguirre son algo más tosco o de andar por casa. No tienen intención de descubrir trapos sucios ocultos, sino aparentar ante la ciudadanía (con razón lo llamaba “teatrillo” El Mundo) un prurito de rectitud: un amagar pero no pegar. Más les valdría que se hubieran afrontado debidamente los casos de corrupción ya existentes, desmarcándose de ellos de una forma clara y contundente y que hubieran rodado unas cuantas cabezas, entre ellas la de la propia Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato proliferaron como setas los casos de corrupción sin que nada digno de mención haya pasado (ver aquí post de Rodrigo Tena). No pretenderán ahora que nos creamos que con un examen liderado por Alvarez del Manzano, en el que los candidatos ya se sabían las preguntas y estuvieron previamente preparándolas con especialistas, ya vayamos a pensar que todo esta solventado y que, hala, “pelillos a la mar”.

De hecho es un insulto a la inteligencia del votante pensar que se va a creer que enormidades de las redes Gürtel o Púnica, por no mencionar el mismo caso Barcenas (que ataca de nuevo con ponzoñosas y comprometedoras declaraciones) son simples errores in eligendo de los que los seleccionaron, oscurecidos en su juicio por la enorme astucia e histrionismo de unos malvados corruptos en potencia que, con premeditación y alevosía, albergaban ya desde el primer momento en sus oscuros corazones la comisión de tremendos delitos que sorprenderían la buena fe y candidez de los que lo designaron. A otro perro con ese hueso.

Lo grave es que todo esto ocurre por un verdadero fallo del sistema, que favorece este tipo de situaciones. Hay un capítulo del libro nuestros amigos de Politikon, La Urna Rota, que se llama “Partidos defectuoso, elites mediocres” en el que ponen de manifiesto que una de las funciones de los partidos, además de agregar opiniones políticas, es precisamente la de seleccionar elites. Pero claro, mal van a seleccionarse cuando, en un sistema monolítico como el nuestro, la principal virtud que se exige al candidato es la lealtad y los incentivos que tiene van en esa línea: a quien tiene que agradar el político no es al pueblo soberano a quien se debe, sino al que tiene en la mano la posibilidad de cerrar listas y designar a sus integrantes como nos ha puesto paladinamente de manifiesto el chusco asunto de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid, en el que su nombramiento mediante primarias no ha impedido que la Superioridad se pasará la designación democrática del candidato por el arco del triunfo, si eso conviene a los intereses del partido. O que el bueno de Rajoy jugara con los tiempos hasta el último momento para la designación de candidato al Ayuntamiento o a la Comunidad. No estoy diciendo aquí que no tenga que haber en los partidos una jerarquía y una dirección común, pero de ahí a que los únicos incentivos del político sean los de agradar a sus superiores hay un buen trecho.

En fin, es evidente que esta cuestión no se resuelve a corto plazo y que pasa por una reforma del sistema de partidos y, probablemente del electoral, con el objeto de romper el monopolio que de la voluntad del político tienen las cúpulas de los partidos (por eso se ha venido a llamar cupulocracia) para que los ciudadanos puedan tener también una participación y respondan, al menos algo más, ante ellos. Pero, mientras tanto, podrían evitarnos estos sainetes bochornosos, que estoy seguro tampoco han gustado a quienes las han interpretado.

¿Se trata de financiar el populismo?

“Hemos de evitar la temeridad y la negligencia, y no debe hacerse nada de lo que no pueda darse una razón aceptable”
Cicerón

Hoy en día en ciertos conciliábulos tanto en Bruselas, como en Madrid o en Atenas se discute sobre la necesidad de ofrecer más gasto público como mejor vía para pagar la enorme deuda que han generado precisamente anteriores excesos de gasto público. Otros discuten que los mercados son los grandes enemigos del Estado de bienestar y de los ciudadanos porque fuerzan recortes inaceptables en servicios sociales claves. Pero estas tesis populistas, aunque calan entre los potenciales votantes, sobre todo aquellos que peor lo están pasando, ignoran lo que se encuentra tras algunas preguntas incómodas: ¿quién o quiénes son los que ponen más en peligro la supervivencia de los servicios sociales?, ¿quién o quiénes son los que más cargan a los ciudadanos con deudas inasumibles?: ¿los mercados?, ¿o los propios gobiernos populistas? Porque gobiernos populistas ya hemos tenido, por ejemplo en nuestro país. De esos que sacan la chequera o la chistera para comprar votos, de esos que engañan a la gente. Resulta contradictorio, que cuando los gobiernos populistas no han traído hasta aquí, se piense que serán gobiernos populistas los que no van a sacar de ésta. Hay que estar muy desesperado o ser muy ingenuo para creer en esa ecuación.

Pero no queremos que nos llamen estúpidos. Volvamos a la economía. Veamos que ha ocurrido en nuestro país.

¿Debe ser nuestro sistema tributario neutral?

El reciente fallecimiento del Profesor Barea ha sido motivo para que nuestro Ministro de Hacienda lo describa como “el economista más convencido de que la estabilidad presupuestaria es irrenunciable para asegurar el sostenimiento de los servicios públicos del Estado”, razonando a continuación cómo la estabilidad forma parte “de la estructura de cualquier planteamiento mínimamente sensato de política económica, amparado incluso de manera expresa por la Constitución” (cfr. Revista Economistas).

Por su parte, el catedrático Manuel Lagares evaluando los programas económicos de los partidos con vistas a las elecciones de 2008 (El Mundo, 25-2-2008) comentaba: “en lo que se refiere a la filosofía de la política económica con que se quiere alcanzar ese objetivo del crecimiento del PIB… está comprobado que España y todos los países de su entorno se han desarrollado siempre mucho más en épocas de libertad que con políticas de intervención”. Y cuando se “selecciona el sector público como motor del crecimiento, tenga la seguridad de que no alcanzará sus objetivos de bienestar”. El sector público tiene no obstante una función clave, dentro de la tendencia al equilibrio presupuestario, la de garantizar los gastos “que conceden a los ciudadanos mayor igualdad de oportunidades eliminando los superfluos y de pura imagen y administrando hábilmente las rebajas impositivas… (esta) reducción de impuestos concederá margen para que crezcan también los auténticos bienes y servicios públicos”.

Tal fue la clave de la política fiscal entre 1996 y 2004, desarrollada a partir del Real Decreto-Ley 7/1996, con la aplicación de coeficientes de abatimiento en la generación de plusvalía que ahora se pretende suprimir. Nuestra economía se saneó y mejoró el ritmo de crecimiento. Esta reforma de los gobiernos de Aznar fue un paso decisivo en el cumplimiento del fomento del ahorro, que se ha considerado siempre un objetivo estratégico de todo sistema impositivo. La bajada de impuestos no solo supone que los ciudadanos tengan mayor cantidad de dinero para el consumo sino también para el ahorro, lo que resulta más importante para el crecimiento económico que el aumento del crédito, pues aquél condiciona la propia inversión en el tejido empresarial.

Pero la nueva reforma tributaria no parece mantener los mismos objetivos. El propio Banco de España solicitó que la reforma tributaria incluyera incentivos fiscales al ahorro a largo plazo y a la previsión social complementaria, pues la tasa de ahorro estaba alcanzando mínimos históricos, al tiempo que se desconfiaba que los muy bajos tipos de interés o los tipos de interés negativos (que amenaza a los depósitos de la banca en el BCE) tuvieran un impacto positivo en la economía. Sin embargo, sorprendentemente en la nueva reforma fiscal, que han propuesto un grupo de expertos dirigidos por el propio Lagares, no encontramos nada en cuanto al fomento del ahorro, si descontamos tal vez algunas medidas dirigidas en la “manipulación” de los ahorros (caso de las plusvalías) especialmente en el empleo del patrimonio de las personas de más de 65 años.

¿Y ello por qué? Tal vez porque hoy rige a nivel mundial, otro principio, el de controlar el sistema financiero para dirigirlo, a través de los impuestos, sobre el “gasto personal” de cada ciudadano, quebrando de esta manera la neutralidad del sistema tributario.

¿Existe una política fiscal justa y social al margen del mercado?

Uno de los conceptos más ensalzados pero más denigrados es el de la justicia social (y por analogía el de justicia tributaria). Jean-Yves Naudet, catedrático en la Universidad de Aix-Marsella, ha escrito entre otras obras: La Iglesia y la economía de mercado (1987) y La libertad, ¿para qué? Centesimus annus y la economía (1992). El mercado no tiene nada que ver en esta crisis, dice. Ésta procede de una mala política de los bancos centrales, queriendo relanzar la economía mediante tipos de interés bajos y creando dinero para que los bancos prestaran dinero con facilidad a empresas y a los hogares, aunque algunos de estos no tuvieran la capacidad de tomar dinero prestado y poder reembolsarlo. El mercado descansa sobre la confianza y la responsabilidad, que a su vez depende de la buena calidad de las instituciones. Y todo esto quebró.

Los sistemas fiscales expansivos a la larga derivan en expropiación de los propios patrimonios individuales (familiares). Es lo que el economista Manuel Llamas llama “fiscalidad patrimonial”: cuando la estrategia que aplican los gobiernos para amortizar sus créditos irresponsables (populistas) es expropiar parte de la riqueza de los ciudadanos. O sea, que el populismo acaba demandando, más tarde o más temprano, más financiación a través de un incremento de impuestos. Podría responderse a esta crítica que esto no es malo siempre que esa financiación “extra” provenga de subir los impuestos solo a los ricos, favoreciendo de esta manera una mayor igualdad. Pero esta posibilidad dista de ser cierta, salvo que se acabara con la libertad de circulación de capitales y con los paraísos fiscales, lo que por ahora supera las posibilidades de este o de cualquier gobierno: sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya avanzó la posibilidad de una autentica quita de hasta el 10 % sobre el patrimonio de las familias.

Es decir, mientras los gobiernos populistas prometen salvar a los menos pudientes con gastos que financiarán “otros” (no ellos), en realidad acaban atacando al pequeño y medio contribuyente por la puerta de atrás, como el mago que distrae tu atención: te reduzco el IRPF, pero extiendo y amplío tus bases tributarias y subo todo tipo de impuestos indirectos, y sobre bienes inmuebles, tasas y cánones. El gran hacendista que fue César Albiñana ya consideró que la tributación sobre los incrementos de valor/plusvalías podía resolverse aplicando una tarifa de doble entrada en proporción al capital generado (real o supuestamente) y plazo transcurrido desde la adquisición. Además, cuando no existe venta del bien (como en el caso de herencias), dicho impuesto se convierte en injusto y confiscador. En realidad se está privando de (parte) de la propiedad sin ninguna indemnización, conculcando así el art. 33 de nuestra Constitución, y ello, por cierto, con independencia de la renta del sujeto obligado, que bastante tiene con llorar a su padre o madre. Tributos sin corazón. A eso lleva el populismo.

Pero es más, mientras nuestro sistema de pensiones se encuentra en serios peligros de sostenibilidad, nuestro sistema impositivo es cada vez más elevado, oscuro y plural, solo que se dedica a financiar necesidades artificialmente creadas. En España existen casi 9.000 agentes creadores de impuestos, tasas y cánones: más de 8.000 ayuntamientos, 50 Diputaciones Provinciales, 17+2 Comunidades Autónomas, los territorios forales, y el Estado. Todo ello sin contar el precio de la luz y el agua, artificialmente concebidos ¿Sabemos realmente la presión tributaria que soporta un pequeño empresario o un pensionista en cualquier punto de la geografía? ¿Se ha hecho el cálculo? ¿Y todo ese enorme dinero recaudado? ¿A qué fines sirve? Hoy, por ejemplo, el sistema ¿nacional? de salud cuenta con 260.000 profesionales fijos. Uno por cada 200 habitantes. Más que suficiente. La mayor empresa del país. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué se privatiza? Porque su prestación se hace a través de 17 reinos de taifas, lo que resulta antieconómico e ineficiente. ¿Se puede cambiar esta situación? No, el populismo lo impide.

El “dominio” de la política monetaria global

La lucha contra la Gran Depresión del 29, fue dirigida en USA por Franklin D. Roosevelt, presidente desde 1932 y durante cuatro mandatos hasta su muerte en 12 abril 1945. Utilizó los poderes especiales que le otorgó el Congreso para aplicar las leyes del New Deal que incluían la reforma bancaria, el abandono del patrón oro, la devaluación del dólar, la expansión del crédito, el pacto con los sindicatos y una política de grandes obras públicas para solucionar el paro.

Opinaba a este respecto el desaparecido José Luís Sampedro (de ese grupo de catedráticos economistas que surgió de la primera promoción de la Facultad) que “el capitalismo empezó a digerir desde el New Deal rooseveltiano, la dirección estatal y hasta la planificación tan reprochada a la naciente URSS” (El País, 26-10-1979). En realidad, Roosevelt, siguiendo la orientación de los “liberales” Keynes y Beveridge, inició la política que dio origen al capitalismo financiero y que siguen ejecutando actualmente la FED, el BCE y el FMI, junto con la planificación de las inversiones que a nivel europeo significará el “plan Juncker”, del que, entre otros, quiere aprovecharse el nuevo gobierno griego.

Contra lo que a veces se afirma, la política económica de la globalización no la dirigen en realidad los grandes mercados, sino los gobiernos y las instituciones internacionales que promueven estímulos fiscales (la vieja política de “darle a la máquina de imprimir billetes”), para dirigir el crédito y la promoción de inversiones de finalidad política (como son las infraestructuras) a lo que les interesa.

Decía Donoso Cortés (un autor que parece que hoy puede volverse a citar) que en todo problema político habita una cuestión teológica. Ahora podemos decir que en todo problema económico existe una cuestión política, más bien filosófica. ¿Por qué todas las políticas económica nacionales (y más las nacionalistas) y regionales en la actualidad buscan secuestrar las libertades morales y civiles (incluidas las recogidas en las constituciones)? Porque hay que financiar el populismo al coste que sea. Porque a ningún partido se le ocurre otra manera de ganar elecciones que incrementando el gasto público.

¿Existe la “discriminación legislativa”?

CcHace como cosa de un año me entrevistaban en varios medios sobre el tema de la legítima, y yo deba una serie de razones por las cuales sería preciso que en el Código civil se operara una reforma en el sentido de proporcionar una mayor libertad al testador (aquí y aquí). Terminadas esas sesudas reflexiones, el periodista me pregunta por qué esa reforma, si es tan beneficiosa, no se ha operado ya. Después de pensarlo un poco, respondí que probablemente era porque es una institución muy antigua y tradicional que probablemente da miedo cambiar por el arraigo que tiene. O algo parecido.

Pero la verdad es que no me quedé muy contento con mi respuesta. Parece evidente que hay cuestiones importantes en materia de Derecho civil, clave para el ciudadano de a pie, que podrían mejorarse sin demasiado esfuerzo y, sin embargo, esas mejoras no se acometen. Y seguro que muchos de ustedes, en sus respectivas especialidades, podrían decir lo mismo.

Aclaro que no quiero tratar hoy lo mal que, con carácter general, se hacen las leyes en España, ni preguntarme por qué no hay Libros Blancos que recojan estudios realizados durante años para saber exactamente lo que necesitamos y qué será lo más eficaz para conseguirlo; ni por qué no se hacen las memorias económicas correspondientes para prever lo que nos va a costar el asunto; ni tampoco por qué no se hacen seguimientos de los resultados de la ley, para comprobar si ha producido los efectos pretendidos. Es un tema sabroso, pero ya lo hemos tratado repetidamente en este blog y en el libro.

No, ahora quiero plantearme por qué hay algunas cosas en la agenda legislativa y otras que no lo están. Aparte de la legítima, que es un tema verdaderamente importante (y que traté más ampliamente aquí) hay muchísimas cuestiones que se podrían mejorar en la legislación civil común (la del Código civil) y en la mercantil pero que, simplemente no están en la agenda. Por mencionar algunas: la posibilidad de que para la venta de los bienes de menores, que conforme al art. 166 del Cc precisa autorización judicial, pueda hacerse con el consentimiento de los dos parientes más próximos, como establece la legislación catalana (art. 236-30 ); o que se regule el usufructo de fondos de inversión (art. 561-32), o la automática aceptación a beneficio de inventario que establece el art. 355 del Código Aragonés; o que en la sucesión abintestato el viudo tenga el usufructo universal, como en varias legislaciones, y no el raquítico tercio del que dispone; o por qué no nos planteamos los testamentos mancomunados o incluso la introducción del pacto sucesorio, que facilitaría la transición sucesoria de las empresas al evitar la apertura de un testamento, que nunca se sabe por donde saldrá; o la previsión de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge queden revocadas en caso de divorcio (cosa que no pasa en el Código civil), como en el art. 422-13 del Código catalán, etc, etc.

Realmente no conozco bien el procedimiento legislativo en sus interioridades reales: el quién decide qué, el cómo y el cuándo. Pero me temo que el criterio de determinación de las materias sobre las que se legisla responda a la misma finalidad que rige cómo se hacen: su capacidad para engrandecer a su impulsor y permitirle ganar las próximas elecciones. Las leyes se hacen rápido y mal porque es necesario acomodarlas a las necesidades políticas del momento; pero también los temas que se eligen responden a ese mismo propósito. O sea, que hay reformas que si no son bellas y atractivas, por mucho que pudieran ser muy efectivas y eficientes, no se les adjudicará el “trabajo” legislativo. Una verdadera discriminación….legislativa.

Obsérvese que hay otras materias, más resultonas y de buen ver que, en cambio, sí gozan de tal beneficio, y son “contratadas” por nuestros gobernantes. No digo que tales reformas no sean justas y necesarias, ni que incluso en ocasiones no hayan sido bien hechas y hayan resultado efectivas; simplemente hago notar que hay otras que también podrían serlo y no están en la agenda. En 2005 se modificó el Código civil para introducir el divorcio express y el matrimonio de personas del mismo sexo, cuestión que evidentemente entraba en el programa ideológico del partido entonces en el poder y no cabe duda de que reforzaba sus planteamientos. Pero lo cierto es que de eso hace ya diez años, y pocas revisiones se han hecho de otras cosas menos vistosas en ese plazo (y eso que la Disp. Adicional 3ª del Cc exige precisamente esa revisión decenal). En el ámbito mercantil la actividad es fulgurante: la ley de sociedades de capital, promulgada en 2010, ha tenido ya diez revisiones. También hemos sufrido unas cuantas leyes de emprendedores de las que hemos tenido oportunidad de reírnos, por no llorar, en este blog varias veces, por su inutilidad y evidente finalidad ad pompam vel ostentationem. O sea, que es para ponerse medallas con algo que no sirve para nada, o para muy poco. Recuerden el “éxito” legislativo del emprendedor de responsabilidad limitada, del que nos informaba recientemente Luis Cazorla, haciéndonos notar que se habían constituido 51 durante el año 2014. Pero una reforma del Código de Comercio de 1885 que contemple las nuevas realidades mercantiles parece que no es tan urgente, a salvo el intento del Código Mercantil, que vamos a ver dónde queda y que además responde a otras finalidades.

También la materia concursal ha sido reformada, si no cuento mal, en 23 ocasiones desde la ley de 2003, y aunque quizá la cosa sea comprensible porque las circunstancias de la crisis lo han hecho necesario, sin embargo un asunto como el de la Segunda Oportunidad, no se ha tratado, tras varios intentus interruptus, hasta la reciente reforma de hace dos semanas, y por decreto-ley, porque “urge mucho” después de siete años de crisis, curiosamente justo cuando ya anuncian –los que promulgan ese decreto-ley- una rampante recuperación.

Es decir, cuestiones que podrían servir para mejorar la vida de los ciudadanos, que no costaría mucho acometer y que probablemente no generarían dificultades parlamentarias, no se acometen porque son sosas y poco mediáticas y encima no molestan al contrario, dando la oportunidad de diferenciarse ideológicamente.

Me pueden ustedes poner dos objeciones: Primera: que precisamente eso es hacer política, elegir las cuestiones prioritarias que hay que acometer y luego llevarlas a cabo. Pero es que esa es la cuestión: ¿Prioritarias para quién? En definitivita volvemos a lo que siempre tratamos en este blog: se patrimonializa la función pública para conseguir servir a los intereses de quienes gobiernan.

Segunda: que no es verdad que no se regule en materias importantes de Derecho civil, porque muchas soluciones que he apuntado arriba se han introducido en el nuevo Código civil catalán y otras legislaciones autonómicas. Pero lamentablemente creo que esto no hace sino confirmar mis temores: sobre materia civil se legisla –aunque sea bien- cuando interesa por motivos políticos, en este caso reforzar una identidad propia y diferente, en contra de la del Estado.

En resumen, no es sólo que se legisle demasiado en cantidad y calidad. Es que hay cuestiones que podrían redundar fácilmente en beneficio de los ciudadanos pero que quedan preteridas porque son poco lucidas para quienes las promueven y además quitan tiempo para hacer las que si son vistosas y representativas. Y fíjense que no me refiero a aquéllas que podrían afectar directamente al status y comodidad de nuestros gobernantes, pero que serían muy útiles para la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, como la figura del whistleblower o la reforma de la financiación de los partidos. No, me refiero incluso a materias indiferentes y poco conflictivas que podrían facilitar la vida a la gente y cuya ausencia en el BOE se debe a que lo ocupan otras de más relumbrón.

Pienso que la sociedad civil debe tomar conciencia de esta “discriminación legislativa” y requerir a nuestros representantes para que en la formación de las agendas se vuelva la vista a las necesidades reales de los ciudadanos. Seguramente nuestra Fundación podrá hacer algo al respecto.

Capitalismo de amiguetes y gobierno corporativo: el caso Indra

Por estas casualidades de la vida, la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital “para la mejora del gobierno corporativo” entró en vigor apenas unas semanas antes que la operación Indra, por la que Telefónica adquirió un 6% de su capital con la finalidad de provocar un cambio en su, precisamente, “gobierno corporativo”; es decir, con la finalidad de sustituir a Javier Monzón, su anterior presidente. Tras la operación, el directivo se retira elegantemente con 14,5 millones de euros como compensación por los servicios prestados y es sustituido por un hombre próximo a Alierta.

Recordemos que Indra, al igual que Telefónica, procede de un monopolio público. Salió a Bolsa en 1999, pero un sustancial paquete de acciones (20%) volvió a SEPI tras el fiasco de Bankia (algo, por cierto, que nadie se ha molestado en explicar adecuadamente). Como pueden ustedes imaginar, la dependencia de ambas empresas y de sus directivos respecto del regulador es superlativa, desde su origen hasta ahora. Concretamente, Javier Monzón fue designado presidente de Indra por Felipe González cuando la compañía fue creada en 1993. Según nos cuenta esta noticia de El Confidencial publicada en mayo de 2014, “cuando el PP llegó al poder en 1996, Josep Piqué, entonces ministro de Industria, intentó forzar su salida, pero Monzón le ganó el pulso gracias a la amistad que empezaba a cultivar con el rey Juan Carlos I. Tras superar ese envite, prosiguió en la cúpula de Indra con el segundo mandato de Aznar y posteriormente con los dos de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se arrimó con la compra de una sociedad propiedad del hijo de Felipe González. Durante estos años, su relación con el monarca se hizo tan estrecha que hablaban con una frecuencia casi semanal.” No olvidemos que el cliente estrella de Indra es Defensa, donde suele haber muchos militares. Hacer migas con el Jefe siempre viene bien.

Pero tras la abdicación del anterior Monarca, Morenés consideró que el Jefe era él, así que el PP llevaba desde hace ya más de un año buscando cómo quitarse de encima a un directivo que nunca consideró “propio” y que, “además”, había fracasado en la gestión, con los últimos años plagados de resultados decepcionantes. Concretamente en 2014 la cotización bajó un 31,80 %, convirtiéndose en el segundo peor valor del IBEX-35. Pese a ello, el sueldo de Monzón en 2013 fue de 3,35 millones de euros. Además de esa retribución, según indica la misma noticia, tenía un blindaje por el que percibiría tres anualidades por su eventual destitución, más una compensación de 0,75 veces su salario durante dos años en concepto de cláusula de no competencia. Pero ese mismo año la compañía aprobó sustituir esta compensación por un plan de prejubilación y ahorro a largo plazo, al que dotó con 21 millones de euros. De esta cantidad, 11,5 se le anotaron en la cuenta de Monzón, que cobraría otros 5 millones por dejar la empresa y no irse a otra similar durante los dos años posteriores a su marcha. En resumen: tanto tener amigos como enemigos deja una huella indeleble en la empresa regulada española.

Para quitarse de encima a Monzón el Gobierno necesitaba un poco más de ese 20% en su poder, y para ello pide ayuda a Alierta, que adquiere un 6%; compra que, como ustedes imaginarán, carece de cualquier sentido económico para la operadora. Aunque quizás esta afirmación no sea del todo exacta. En el capitalismo de amiguetes, nada se mueve que no tenga sentido económico, por supuesto. La cuestión es, claro, para quién lo tiene.

Mientras todo esto ocurría, César Alierta coloca como CEO de la filial de capital riesgo de Telefónica, Telefónica Open Future, a Luis Javier Placer, a su sombra desde hace años. Para los que tengan mala memoria, este directivo es el famoso sobrino que Alierta utilizó en su día cuando estaba en Tabacalera para cometer un delito de información privilegiada, y de cuya condena penal le salvó el TS apreciando la prescripción in extremis en una sentencia surrealista que también comentamos aquí.

Un buen gobierno corporativo pretende resolver tanto los problemas de agencia como los de conflictos de intereses. Los problemas de agencia son los que se plantean entre los directivos y los accionistas. Se trata de evitar que los gestores no vean más interés que el propio, a costa, por supuesto, del de los dueños. Los riesgos que se pretenden evitar son las remuneraciones excesivas, los blindajes que perpetúan a las mismas personas en la dirección durante décadas con independencia de los resultados, o la gestión cortoplacista que no busca otra cosa que el interés de los gestores (ya sea por la remuneración o por el blindaje político). Los problemas de conflicto de intereses son los que se suscitan entre el socio de referencia y los minoritarios. Como es obvio, determinadas actuaciones empresariales de la compañía pueden beneficiar a los primeros a costa de los segundos. Pues bien, si juntamos los dos riesgos tenemos la tormenta perfecta, como el caso Indra demuestra.

Aquí tenemos de todo. Dos gestores atrincherados desde hace décadas en sus puestos cuyo principal interés es agradar a los políticos, aunque sea a costa de sus propios accionistas. Dan y reciben favores de todo tipo con el dinero de los demás. Colocan a amigos y parientes como los patrones romanos colocaban a sus clientes, básicamente para blindarse y protegerse. Cobran sueldos millonarios por quedarse o marcharse, por gestionar bien o por gestionar mal. Los políticos al mando los utilizan al servicio de sus asuntos particulares, ya sean de partido o estrictamente personales. Y, mientras tanto, los sufridos accionistas minoritarios solo tienen el derecho al pataleo, es decir, a vender haciendo explícitas sus pérdidas.

Frente a esta situación la novísima Ley de Sociedades de Capital nos ofrece más bien poco. El artículo 217,4 señala simplemente: “La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.” Magnifica norma ni imperativa ni dispositiva, sino simplemente desiderativa. Según el Observatorio de la RSC (informe 2012) los beneficios de las empresas del IBEX cayeron un 36,3% desde 2007 a 2011, lo que supuso la bagatela de 17.344 millones de euros. No obstante, las remuneraciones crecieron un 12,7%. El incremento en las remuneraciones del cuerpo directivo fue del 22,9%, y de un 9,4% en el caso de los consejeros ejecutivos. Todo esto sin contar con las cuantiosas retribuciones derivadas de los planes de entrega diferida de acciones bastante opacos y que llegan a suponer una cantidad superior a la retribución fija. Tampoco se toma en cuenta la cuantificación de las aportaciones a planes de pensiones. Por eso, pensar que con la norma citada esta práctica va a cambiar da simplemente risa.

Por su parte, el art. 190 en materia de conflictos de intereses está pensado para las minor leagues, incapaz de controlar adecuadamente los conflictos de la gran sociedad regulada. Cuando el socio mayoritario es el Estado y el Estado está controlado por un partido político que actúa en función de sus intereses de clan, es obvio que los minoritarios de las sociedades implicadas no pueden encontrar defensa en una norma como la citada.

En cuanto a la responsabilidad de los administradores, el nuevo art. 226 sobre protección de la discrecionalidad empresarial nos dice que “en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.” Con esto a ver quién se atreve con Alierta y su famosa compra.

Por supuesto, topes de remuneración, edades máximas de jubilación, tiempo máximo en el cargo, o cuotas para las mujeres, no los busquen en la Ley 31 porque no los van a encontrar; seguramente porque sería “castigar el talento”.

En un artículo publicado en la Revista de Derecho Mercantil (Un Código nuevo en odres viejos, Octubre-Diciembre 2013) comentaba que las últimas reformas en materia de sociedades presuponen (ingenuamente o quizás no) que nuestro mercado societario es casi “normal”; es decir, está integrado por sociedades de capital atomizado, potentes asociaciones de accionistas, prensa independiente y reguladores serios y profesionales que dan miedo. No es de extrañar que nuestra regulación sea (al menos formalmente) muy semejante a la de los países más avanzados. Pero es que el problema es que nuestra realidad política, económica y, en consecuencia, societaria, no es la de los países avanzados, qué le vamos a hacer.

Terminaba el artículo con estas palabras: “No se trata de una mera polémica entre intervencionistas y liberales. Se trata de comprender que nuestra realidad actual exige ahora mismo una legislación que reconozca su anormalidad, al menos parcial, y para reconocer tal cosa uno puede ser muy liberal. La Propuesta de la Comisión de Expertos, por el contrario, parte unos presupuestos teóricos probablemente más acertados, más universalmente reconocidos, pero que no funcionarán aquí y ahora.”

Al menos para el caso Indra no han funcionado, desde luego.

Verdades y mentiras de la lista falciani

Una cosa es la lista Falciani y otra, muy distinta, la utilización partidista o periodística que se hace de ella. Cuando un nombre aparece en la lista, el individuo queda ya estigmatizado y obligado a dar explicaciones sobre si su actividad financiera o su relación con la entidad bancaria HSBC se ha ajustado a la legalidad. Es decir, el mero hecho de aparecer en la lista implica una presunción de culpabilidad. Esto es algo que el Sr. Falciani y las autoridades tributarias que han utilizado, a veces de forma ilegítima, esa lista con fines recaudatorios, hubiesen debido tener en cuenta. Es probable que determinadas personas puedan solicitar responsabilidades por ello.

Cuando a esto se le añade la difusión periodística, el daño que puede producir, de no ser ciertos los datos, o incluso por el mero hecho de salir publicitado, puede llegar a ser inmenso. El diario El Confidencial viene ofreciendo por entregas una serie de nombres con el mensaje explícito que se trata de defraudadores, por tener, o haber tenido, cuentas fuera de España. Pueden dar las explicaciones que quieran, pero el mero hecho de salir en la lista, junto a verdaderos defraudadores o incluso delincuentes, provoca un daño irreparable.

Mi nombre ha salido publicado por ese diario y, al día siguiente, publicitado por ABC. Es cierto que El Confidencial ha publicado una nota aclaratoria mía –incompleta- que en nada palia el daño producido. El diario ABC, como era de esperar, se negó a aclarar nada. Este es el periodismo que ahora se estila en algunos medios. La noticia fue amplificada por la Cuatro y por la Sexta, especialmente en el programa El Intermedio.

¿Y qué se puede hacer cuando te encuentras en medio de una situación así? Desgraciadamente, nada. Si demandas judicialmente, lo más probable es que las acciones judiciales, al tratarse de personas públicas como es mi caso, no prosperen. En cualquier caso, dependerá de la “suerte” con el juez o magistrados que te toquen para enjuiciar los hechos. Si se trata de jueces o magistrados honestos es probable que, si además son diligentes, se miren el asunto y juzguen con cordura. Pero también es muy probable que el juez sea partidista, o que las carreras de los magistrados dependan de políticos que miraran con lupa lo que hicieron o dejaron de hacer, a quien han favorecido y a quien no. Esta es la justicia “ad hominem” que en tantas ocasiones se imparte ahora en España.

La única solución es dedicarle tiempo y paciencia, en sitios como “¿Hay Derecho?”, para hacer pedagogía y explicar lo evidente. Y esto es lo que voy a intentar hacer a continuación. Se refiere El Confidencial a la aparición de mi nombre en la lista Falciani por una cuenta que, según una información filtrada, mantuve entre los años 1992 y 1994 en el banco HSBC. La noticia viene aderezada con referencias al caso Gürtel del que he escrito en varias ocasiones, por un lado; y a Guillermo Luca de Tena, del que fui abogado, por otro, que al parecer tenía una cuenta en ese banco. La consecuencia que extrae el lector es obvia. Pero los hechos no son como se dan en la noticia.

Así, resulta que nunca he tenido abierta cuenta alguna en el banco HSBC. Sí la tuve, en cambio, en National Republic Bank of New York, sucursal de Ginebra, que fue vendido por su propietario Edmond Safra –al que conocí- a HSBC en 1999 cuando yo ya no tenía relación alguna con esa entidad. Abrí esa cuenta para poder percibir unos honorarios profesionales, 30.000 €, (cinco millones de pesetas al cambio), derivados de mi actividad profesional como abogado hace 23 años. Dichos emolumentos fueron traídos y declarados oportunamente en España. ¿Dónde está la ilegalidad?

También debo aclarar que, al contrario de lo que se afirma en El Confidencial, yo no he sido nunca abogado de Luis Bárcenas. En las actuaciones derivadas del caso Gürtel intenté colaborar con mi partido entonces, el PP, por petición expresa de su presidente, y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que siempre aconsejé trasparencia y colaboración con la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la lista Falciani?

Referente a Guillermo Luca de Tena,  del que como también se dice en la noticia que fui abogado, eso sí es cierto. Fui su abogado y, sobre todo, amigo a lo largo de más de treinta años. Creo que su honestidad, que le llevó a situaciones patrimoniales muy difíciles para salvar ABC, está fuera de duda. A él, que murió hace años, si se le relaciona con una cuenta en el HSBC, pero no se menciona, o se hace muy de pasada, que regularizó esa situación anómala. Ni se investiga sobre el origen de esos fondos que, por lo que yo conozco, procedía de su padre, Juan Ignacio Luca de Tena, que lo llevó a Suiza al caer la Monarquía en 1931.

Y puestos a aclarar, quiero que sepan los lectores de ¿Hay Derecho? que he hecho mis declaraciones de Renta cada año, incluyendo los honorarios que por imperativo de clientes internacionales me han sido abonados en otros países. Y a mis declaraciones me remito. Por último, puedo afirmar que siempre que se ha solicitado, por el Congreso de los Diputados, partidos políticos, jueces o fiscalía anticorrupción, mi colaboración en determinadas investigaciones escandalosas de corrupción, o para cualquier tema, he prestado mi desinteresada ayuda y lo seguiré haciendo.

Se atribuye al almirante Méndez Núñez esa frase que procuro tener como divisa: “Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra”. Como consecuencia de ello a veces he salido hecho añicos del empeño.

¿El clientelismo partitocrático es un problema institucional o cultural?

Nadie duda de que España padece la enfermedad clientelar, principal granero de corrupción. Quizás no de forma tan grave como Grecia o Italia, pero tampoco les va mucho a la zaga. Ahora bien, como ocurre con toda enfermedad no nos podemos quedar solo en los síntomas. Si queremos curarnos tenemos que diagnosticar la causa, y en eso los científicos sociales no se ponen muy de acuerdo. ¿La causa es institucional (un mal diseño normativo que genera incentivos perversos), cultural (las normas no importan tanto como la educación y la disposición que tenemos para con ellas) o una mezcla de ambas? Y si es una mezcla, como parece razonable, ¿en qué proporción, o con qué relación de causalidad?

Como saben nuestros lectores, este blog se apunta prioritariamente a la respuesta institucional. No despreciamos los valores culturales, en absoluto, pero les damos una importancia subordinada. Si no lo pensásemos así no llevaríamos a estas alturas 1.726 post. De hecho, no habríamos publicado más que uno; concretamente, el interesantísimo post que nos escribió Ignacio Sánchez-Cuenca y que pueden refrescar aquí. Porque aunque compartimos la línea institucional nos importa mucho debatir con quienes no lo hacen, y en ese post, Ignacio, para defender su tesis “culturalista” (o de capital social, para decirlo de una manera un poco más técnica) sacaba a colación el famoso trabajo de Robert Putman (Making Democracy Work, 1993) analizando el caso italiano y las grandes diferencias entre el Norte y el Sur del país que todos conocemos. Resumo brevemente su tesis, utilizando sus mismas palabras: Siendo el sistema institucional idéntico, las causas de estas variaciones no podían residir en las reglas, sino en la sociedad. Putnam encontró la clave en lo que llamó “capital social”, formado por reglas cooperativas de reciprocidad y redes de confianza interpersonal. En las regiones con mayores dotaciones de capital social, la política funcionaba mejor, y viceversa. La conclusión, entonces, es que la corrupción es uno de esos fenómenos que depende de forma esencial de características sociales. Pensar que mediante meros cambios institucionales se pueda conseguir erradicar este vicio político parece puro voluntarismo.

Este mismo ejemplo italiano lo analiza Francis Fukuyama en el segundo tomo de su interesantísimo estudio sobre el orden político, publicado en 2014 y titulado Political Order and Political Decay (por cierto, al también apasionante pero lleno de lagunas primer tomo, The Origins of the Political Order, le dedicaremos en el futuro algún post). Y creo que su análisis al respecto bien merece un comentario.

Según la tesis de Putman, las diferencias culturales o de capital social se explicarían porque el Norte estuvo poblado históricamente por ciudades-estado (Génova, Florencia, Venecia…) que desde la Edad Media supieron conservar los valores republicanos de sacrificio público, lealtad y confianza en las instituciones; mientras que el Sur (Nápoles, Sicilia…) estuvo dominado por grandes imperios (normando, español…) centralizados y autocráticos, donde dominaba la desconfianza a la legalidad “oficial” y cuyo modo de organización era de carácter clientelar. De esta manera Putman reconocía que el origen de la diferencia era indudablemente institucional (ciudades autónomas vs. imperios) pero que ese originario efecto institucional creó hábitos y comportamientos culturales que se perpetuaron en el tiempo y que resultaron inmunes al cambio institucional cuando éste se produjo en el siglo XX.

Fukuyama, por su parte, reconoce la perniciosa influencia normanda en el Sur, pero apunta el hecho incuestionable de que en esa época toda Europa se regía por sistemas políticos semejantes, cuando no peores (por cierto, nada “autocráticos”, aunque sí clientelares). De hecho, Inglaterra y Dinamarca, por citar dos países que no pueden ser más “del Norte”, estaban francamente peor. Lo que ocurre es que las instituciones de estos países cambiaron, y las de Sur de Italia, pese a las apariencias, no cambiaron de verdad o, al menos, no lo suficiente.

En realidad, el problema no arranca de la Edad media, sino de la unificación italiana, y su núcleo no es cultural sino claramente institucional. Esto ya lo intuyó certeramente Antonio Gramsci cuando calificó al pacto de unificación entre la burguesía del Norte y la oligarquía local del Sur de blocco storico o “alianza histórica”. El hecho es que el Piamonte, el motor de la unificación, no tenía fuerza suficiente –como si la tuvo Prusia en el caso de Alemania- para imponer en ese momento en el Sur una revolución burocrática e institucional. Si quería que la unificación llegase a buen puerto debía pactar con las élites locales, que estaban dispuestas –parafraseando al Gatopardo- a que algo cambiase para que todo siguiese igual… En definitiva, a cambio de manos libres en las Administraciones locales, el Sur estaba dispuesto a apoyar cualquier mayoría parlamentaria en el Norte con independencia de su programa. Otra manifestación del blocco fue el pacto tarifario que protegía la industria del Norte y el deficiente latifundio del Sur. Los emprendedores del Sur no disponían de incentivos para entrar en  el sector industrial; así que su única posibilidad de prosperar consistía en comprar tierra y unirse a la oligarquía local. Del mismo modo, la Mafia, por mucha retórica que hayamos oído sobre sus raíces medievales y premodernas, nace propiamente en el siglo XIX, como reacción frente a un poder público corrupto e ineficiente.

La Democracia Cristiana italiana supo aprovecharse de este pacto de buena convivencia durante toda la segunda mitad del siglo XX. Uno de los leitmotiv del libro de Fukuyama es que si se introduce la democracia de masas sin previamente haber construido un Estado fuerte, el único resultado posible es el clientelismo (como ocurrió precisamente en Grecia, pionero en Europa a la hora de introducir el sufragio universal masculino en 1864 y, por supuesto, en EEUU, durante la época del spoils system). Esto es lo que ocurre en el Sur de Italia después de la Segunda Guerra Mundial en beneficio de la DC. Para movilizar el electorado del Sur el partido no tenía más remedio que aliarse con las élites locales, y no tuvo ningún problema en hacerlo, canalizando adecuadamente las inversiones públicas (y sus contratos) a cambio de votos. Obviamente, los incentivos a la corrupción eran omnipresentes.

Hasta aquí Fukuyama. La conclusión que yo saco de todo esto es muy evidente: las normas y las instituciones del Norte y del Sur podían ser las mismas a finales del siglo XX (al menos formalmente) pero no funcionaban igual. No tenían por qué. Y si no funcionaban igual no era por motivos culturales, sino institucionales. Sencillamente, porque los incentivos políticos, sociales y económicos que prevalecían en el Sur exigían, o bien medidas puntuales de choque capaces de modificar esos incentivos para que esas mismas instituciones del Norte funcionasen, o bien unas instituciones diferentes. Por eso, para arreglar el problema no se necesita esperar décadas de cambios culturales (que además por si solos no se van a producir) sino pensar en la reforma institucional adecuada que pueda facilitar el imprescindible cambio de incentivos.

La cultura cuenta, por supuesto (especialmente porque la cultura cívica ayuda a tomar conciencia de la importancia de las instituciones y de la necesaria exigencia de responsabilidad propia y ajena) pero la cultura también la crean las instituciones, como reconoce el propio Putman, y las instituciones son capaces de cambiarla a una velocidad muchísimo mayor de lo que se cree. Los países nórdicos son un ejemplo claro de ello, pero el de EEUU no es menor. Países totalmente corruptos a mediados y finales del siglo XIX figuran hoy en día en los primeros puestos de transparencia y eficacia institucional. Explicar cómo lo hizo EEUU merecería otro post, pero mejor léanse el libro que venimos comentando. Y en cuanto a qué lecciones sacamos para España… pues 1727 post, una Fundación, y sumando. Aunque, para terminar, me gustaría reproducir un párrafo de Fukuyama:[1]

“… el clientelismo no debe ser considerado una aberración o una desviación de una práctica democrática “normal”, sino más bien un efecto natural de una democracia recién implantada en un país relativamente poco desarrollado. Ningún país, ni siquiera los EEUU, ha transitado jamás a un sistema político moderno en un solo salto.”

Por favor, demos el segundo sin necesidad de volver a la casilla de salida.

 



[1] Pág. 143. La traducción es mía.

¿Nombrar a un ministro extranjero?

Hace unos días, el recientemente formado Gobierno ucraniano sorprendía a propios y extraños nombrando a tres ministros extranjeros para puestos clave en el nuevo gabinete ministerial: en concreto para las carteras de Hacienda, Economía y Salud, para las que se nombraba, respectivamente, a una estadounidense, un lituano y un georgiano. Además, las autoridades ucranianas adoptaban la decisión de nombrar a un lituano para uno de los puestos clave en la lucha contra la corrupción en el país.

Por extrañas que puedan parecernos estas decisiones, lo cierto es que nombrar a extranjeros para puestos de responsabilidad en la Administración pública puede ser una opción interesante: sobre todo en países de cuarta con graves problemas de corrupción como España o Ucrania. Se trata de un atajo, lo admito: la solución “como Dios manda” pasaría por controles más estrictos, una prensa beligerante con la corrupción, una ciudadanía vigilante y exigente con sus políticos, etc. etc. Pero ¿qué ocurre cuando un país concreto (léase España o Ucrania) no es capaz de establecer controles efectivos, tiene unos medios de comunicación al servicio del poderoso de turno y sus ciudadanos son una panda de borregos dispuestos a votar al primero que les ofrezca un cheque-bebé…? ¿Qué hacer cuando, además, el hecho de expulsar del poder a una élite política corrupta no cambia nada porque llega al poder otro grupo igualmente corrupto…?[1]

Poner a extranjeros en esos puestos clave de la Administración (y, en concreto, en puestos clave para que no se produzca corrupción) es una respuesta rápida a la clásica pregunta de quién controla a los controladores: ¿quis custodiat ipsos custodes…? Nombrar a extranjeros es el modo más expeditivo de romper la interminable cadena de favores y corruptelas en la que, casi con seguridad, estarían todos los candidatos nacionales con opciones de ocupar aquellos puestos.[2]

La fórmula de nombrar extranjeros cuenta con ilustres antecedentes históricos (Mazarino, Alberoni, Necker, Esquilache, etc.) y no parece que las monarquías de antaño tuvieran grandes reparos para aceptar el talento y los servicios de los extranjeros. En el mundo de la empresa es cosa de lo más común: un buen directivo será aceptado gustosamente por una multinacional, independientemente de su nacionalidad, siempre que sea capaz de aportar valor a la empresa. En un ámbito un poco más cercano a nosotros y relacionado con puestos de responsabilidad clave, merece la pena recordar que el Gobernador del Banco de Inglaterra es canadiense y que, durante unos cuantos años, el español Ignacio Pérez Arriaga fue miembro del Comité Regulador del Mercado Eléctrico Único de Irlanda.

En fin, que a lo mejor era una idea útil en el arsenal de propuestas de la regeneración del país…

NOTA FINAL: un mínimo de inteligencia haría falta, en cualquier caso, para que esta propuesta fuese útil. Nadie puede descartar que nuestro marianorajoy de turno nombre un perfecto inepto (extranjero, en este caso, pero inepto) para el cargo que sea: es decir, hay que confiar en que al Gobierno ucraniano no le dé por nombrar, por decir algo, a Vicente del Bosque como Ministro de Energía (como ha hecho recientemente en su empresa un famoso Comendador de la Orden del Imperio Británico).



[1] Que es lo que ha pasado en Ucrania que, desde hace diez años, va de revolución en revolución, de Guatemala a Guatepeor y de un gobierno corrupto a otro más corrupto aun (Kuchma, Yushenko, Timoshenko, Yanukovich, etc.). O lo que hemos podido entrever con Podemos en España,alguno de cuyos miembros más destacados resulta que ya apuntaba maneras en la esforzada carrera por vivir del cuento de la Administración Pública…

[2]  No tiene el lector más que pensar en cualquiera de los ministrables de los diferentes partidos políticos españoles con opciones de gobierno de aquí a un año para que se le caiga el alma a los pies…

Ni apolíticos, ni antipolíticos: sólo políticos

En este blog hemos tratado desde el principio cuestiones jurídicas puras y también jurídico-políticas, o sea, políticas pero desde la perspectiva del Derecho y, más concretamente, desde el Estado de Derecho, pues lo que básicamente propugnamos es que el juego de la política debe realizarse siempre dentro de las normas y que el poder, el gran Leviatán, ha de someterse a las mismas reglas que nos impone a los demás y debe estar permanentemente controlado para evitar que se desmande, algo a lo que por naturaleza es bastante propenso, como lamentablemente nos han demostrado los gobernantes de nuestra partitocracia, aunque formalmente no se les caiga de la boca el Estado de Derecho. Lo malo es que las estrellas rampantes de la política ya no se molestan en disimular y así Pablo Iglesias en su libro “Disputar la democracia (el bloguero responsable ha de leer de todo) afirma paladinamente –parafraseando a Joaquín Abellán- que él defiende “el poder de la política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de ciudad o república como gobierno de la ley”. Ya saben lo que eso significa, amigos. Y está negro sobre blanco en un libro de 2014.

Pero volviendo al hilo principal, lo que quiero decir es que en el blog hemos hablado básicamente de las reglas del juego, pero no del juego mismo. Hemos defendido que el árbitro no esté comprado, las normas sean claras y se apliquen y que quienes las elaboren lo hagan sujetándose a los procedimientos y de una manera democrática. Pero no nos hemos metido demasiado en políticas concretas, ni hemos preguntado por ellas a quienes editan o colaboran, porque lo fundamental en este blog ha sido defender el marco donde esas ideas (o incluso intereses porque, como dice Savater, hay intereses perfectamente legítimos e ideales abominables) luchan y se desarrollan. Algo, en definitiva, prepolítico y no partidista.

Quizá ello ha sido así porque en una buena parte somos juristas y entendemos que estas cuestiones de organización son básicas, pero también que, por su grado de abstracción, son relativamente difíciles de transmitir al ciudadano porque no afectan de una manera aparente -sólo aparente- al día a día del ciudadano. Por eso precisamente se monta este blog y la Fundación: para dar a conocer la importancia que estas cuestiones tienen en nuestras vidas. Pero, dicho eso, lo que sí me sorprende es el relativamente poco relevante debate que hay en el espacio público nacional acerca de las ideas, de los intereses o de las políticas concretas, dejando de lado, claro, mareas blancas, acampadas de indignados, uves o Vias catalanas, tertulias de la Sexta y otros canales generalistas, ni tampoco aprecio un verdadero interés en los partidos por hacernos razonar acerca de lo que más nos conviene en un asunto u otro, más allá de comulgar con las ruedas de molino habituales. Faltan foros de discusión, libros blancos, reflexión sobre proyectos que han de durar más de los cuatro años de una legislatura política. Y puedo entender que la gente no se interese demasiado por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol o las vicisitudes del Comité de Competición, pero me extraña que la gente se despreocupe del fútbol.

 ¿Estoy en lo cierto? En este caso, ¿a qué se debe eso? He robado al respecto un par de ideas muy interesantes. Dice Savater (esta cita y la anterior son de ¡No te prives!) que antes de la crisis la gente no se interesaba por la política y después de su estallido muchos salieron para proclamar las fechorías de los políticos. O sea, antes, políticos, después antipolíticos, pero ciudadanos políticos (es decir, auténticos ciudadanos), que son los que hacen falta, eso por lo visto es más difícil de conseguir en número suficiente. Y los Politikon, en La Urna Rota, destacan que los españoles no estamos familiarizados con los aburridos pormenores del trabajo asociativo a medio y largo plazo y somos inconstantes en el compromiso con las causas y nos cuesta salir de la “zona de confort” mental eligiendo opciones distintas de las que estamos acostumbrados. Además, preferimos la reacción a la anticipación y al trabajo proactivo. Somos un pueblo capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo contra algo, pero poco orientada al compromiso y el trabajo organizado, a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados. Eso lleva a una cierta tendencia a difuminar los objetivos en discursos ideológicos generales y a menudo grandilocuentes y a plantear los debates en términos morales, lo que dificulta muchas veces cualquier compromiso.

Pero parece que nada incita a hacer una reflexión mínimamente seria sobre el mundo que nos rodea y la situación en que nos encontramos, cuando cada vez esto es más necesario habida cuenta de que progreso democrático ha ido haciendo al Estado cada vez más abstracto y por tanto más necesitado de comprensión reflexiva y educación. De hecho, cabe decir –como he hecho en otro post- que es cierto que fórmulas antiguas no nos valen porque a muchos nos pasa como al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Las ideologías omnicomprensivas y solucionalotodo se encuentran en decadencia y cada vez más se necesitan remedios a medida; y de hecho, los tradicionales partidos de masas que representan intereses de clase e ideológicos, conscientes de ello, han dado paso a los partidos que Politikon llama “atrapatodo”, catch-all parties, porque abandonan los objetivos máximos y se centran en mejoras incrementales y en temas concretos, buscan el centro y se basan en el liderazgo y en la profesionalización de sus líderes, incurriendo  demasiado frecuentemente en el olvido de los principios y en la búsqueda en los propios intereses, que es lo que probablemente quería decir Pablo Iglesias cuando hablaba de que lo de izquierdas y derechas es un juego de trileros.

Y  lo malo es que quizá tenga alguna razón. Es evidente que el tradicional debate entre liberales y comunitaristas sigue ahí, en el ámbito intelectual, quizá ahora reflejado en el pensamiento de Piketty sobre la riqueza del capital y las recetas liberales, pero lo que parece evidente es que los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, son bastante incapaces de explicar ese debate y tomar una verdadera posición que permita orientarse en el marasmo vital en el que estamos y que no esté en contra de su actuación concreta una vez que se encuentran en el gobierno. De hecho, para mí, una de las causas de la debacle socialista y popular se encuentra no sólo en la corrupción sino también en las constantes incoherencias entre lo dicho y lo hecho, la presunta ideología y los intereses y acciones a corto plazo que han mantenido los partidos predominantes los últimos tiempos. No se puede ser español e independentista al mismo tiempo, liberal y subir los impuestos disfrutando, antiabortista y cabrear a los antiabortistas, etc, etc.

Evidentemente, el debate es ahora más complejo y no vamos simplemente a adscribirnos a un pack completo de ideas sin discusión pues, como decía al principio, cabe que cada problema precise una dosis diferente de liberalismo o de comunitarismo (no es una cuestión de dogmas, sino de dosis, me gusta decir). Pero ello no debe hurtar un debate sereno, objetivo, y basado en evidencias y en resultados –y no sobre emociones y prejuicios- sobre la Sanidad (privada-pública), sobre la Enseñanza (modelos de futuro estables), sobre Fiscalidad (presión fiscal admisible, directa o indirecta), o sobre otras cuestiones más amplias, como por ejemplo hasta qué punto la desregulación y el liberalismo que ha imperado desde los años ochenta no ha tenido nada que ver con la situación de crisis en la que hoy nos encontramos. Michael Sandel, al que cité profusamente aquí, se pregunta en “Lo que el dinero no puede comprar”, cómo puede ser que la crisis financiera no haya incitado a una reconsideración fundamental del papel de los mercados, respondiéndose que quizá los ciudadanos se sienten frustrados por un sistema político que es incapaz de actuar por el bien público o de tratar las cuestiones que más importan y ese lamentable estado del discurso público impide poner límites al mercado o de tomar otras decisiones trascendentales,

Pero, entonces, si la sociedad civil no funciona, los partidos no trasladan las inquietudes y el sistema político no da soluciones válidas ¿qué salida tenemos? ¿Hemos de resignarnos a optar entre las propuestas simplistas, reactivas y antisistema de los partidos populistas y las consignas vacuas de los partidos tradicionales? Creo que no. Aparte de que hay otras opciones diferentes en el “mercado”, hemos de confiar en que la crisis produzca una concienciación de la necesidad de ser ciudadano, no apolítico o antipolítico, sino ciudadano político concernido por las reglas del juego que defendemos en este blog y en la Fundación ¿Hay Derecho? pero también por las políticas concretas que permitan un sociedad más justa y avanzada. Por supuesto, puede considerarse mi confianza una propuesta ilusa o voluntarista ante la magnitud de las fuerzas económicas o sociales que están en juego. Pero también se ha visto que muchas veces -no siempre- el ser humano se apercibe de las circunstancias y aprende de la Historia. Veremos.

Lucha de castas

El conflicto es la base de la evolución (el pez grande devora al chico) y al mismo tiempo parte esencial del gran teatro del mundo calderoniano, donde todo debe cambiar (lampedusianamente) para que todo siga igual.

Mucho ha llovido desde que un todavía joven Marx anunciara al mundo que la realidad era consecuencia de una lucha de clases, donde los unos, que dominaban los medios de producción, explotaban a los otros, que trabajaban alienados para ellos. Aunque antes que Marx algunos otros (por ejemplo, Maquiavelo) habían detectado ya este fenómeno, según su extraña profecía cuando acabara esa lucha de clases, tras un “breve y necesario” paso por la dictadura del proletariado, acabarían todos los males. Sin embargo, ni la dictadura del proletariado fue breve ni del proletariado, ni las clases desaparecieron, simplemente cambiaron. En unos casos los ricos fueron sustituidos por la nomenclatura, en otros la clase media llegó a ser la dominante.

Mucho ha llovido, pero la tierra mojada nos presenta hoy una nueva realidad que suena ya a vieja. La ilusión de la igualdad se ha quedado en simple ilusión, más formal que real: para unos un eslogan con el que esconder sus verdaderas intenciones, para otros algo imposible o tal vez incluso indeseable. En los últimos decenios, bajo una sociedad formalmente solidaria y un Estado del bienestar que parecía potente, en realidad los más y los menos (todos) buscaban acumular privilegios. De eso se trataba y de eso se sigue tratando, aunque no nos diéramos cuenta.

Se hablaba de “derechos” (que son por esencia para todos) pero en realidad se buscaban privilegios (solo para algunos). Es entonces cuando las clases tradicionales se transmutan en diferentes castas: la casta económica-financiera, la casta política, la casta sindical, la casta nacionalista, la casta universitaria, la casta de los subvencionados… La diferencia entre las castas está en el tamaño y cantidad de sus privilegios, y en los costes que tienen en conseguirlos y en mantenerlos. Pero a fin de cuentas todos buscan lo mismo: adquirir e incrementar sus privilegios. Los que eran ricos buscaban seguir siéndolo, y los que no lo eran buscaban serlo y seguir siéndolo después, los que tenían poder buscaban seguir teniéndolo, y los que no lo tenían buscaban conseguirlo y luego seguir teniéndolo después.

Bajo el paraguas de la igualdad y la libertad, en realidad de lo que se trataba era de entrar en alguna de esas castas para obtener su protección y sus ventajas. Desde esa óptica tan “progresista” se negociaron, por ejemplo en nuestro país, la recuperación de los fueros vascos y navarros, ante la comprensión de otras castas: no importa que unos aumenten sus privilegios si nosotros también podemos incrementar los nuestros. O se comprende la actuación de algunos sindicatos en el sector público.

Si además uno o una podía pertenecer a más de una casta entonces el negocio era perfecto. Por ejemplo, si se era miembro de la casta política y además se era nacionalista, ¡bingo! doble privilegio. Si se era de la casta nacionalista, seguramente al mismo tiempo se estaría en la casta de los subvencionados, y si no, siempre le quedaba al afectado el consuelo de formar parte de un grupo dominante que podía mirar por encima del hombro a los descastados (por ejemplo los no nacionalistas en su territorio). Si se era parte de la casta universitaria, y además se podía entrar en política pues ¡bingo!, doble privilegio…, y así en el resto.

Lo que tienen en común las castas es que los requisitos de entrada suelen ser laxos, lo más importante es hacer favores o tener relaciones, pero una vez dentro es como si se perteneciera a una hermandad o a una secta: es para siempre. Pueden pelearse entre ellos, pero en realidad es mucho más lo que tienen en común que defender. Suelen ser más agresivos con los que amenazan sus privilegios desde fuera que con el resto de castas, con las que al final pueden llegar siempre a formalizar algún tipo de acuerdo.

La novedad del contexto actual es que las castas comienzan a pelearse entre ellas porque el sistema ya no puede sostener el continuo incremento de los privilegios de todos. No es que a la casta universitaria le importen mucho los problemas reales de la gente. La prueba es que solo se han movilizado cuando “los recortes” han afectado directamente a sus propios privilegios, en los que cómodamente venían instalados hasta entonces.

Como casi siempre ocurre en la historia no son los desposeídos (o descastados) los que logran vencer a los poderosos, sino otros poderosos con la habilidad para encabezar el descontento popular. Hoy la lucha se produce (tal vez) entre las castas política y económica, por un lado, y la casta universitaria y la de los subvencionados, por otro. Si ganan estos habrá una nueva nomenclatura que asumirá nuevos privilegios, como han venido haciéndolo siempre, solo que antes era en pequeña escala, ahora lo harán a lo grande. Y mientras los descastados asistirán a una nueva frustración por creerse que una casta era mejor que otra.

Tal vez sea imposible un mundo sin clases o sin castas, pero al menos deberíamos intentar lograr que en este país los privilegios fueran la excepción y no la regla, y solo para quien se los merezca, y solo mientras se los merezca. Para ello, la casta-clase media, la de la gente que trabaja, se esfuerza y paga impuestos, debe tomar de nuevo el poder. Ésta es la auténtica revolución. La de volver a ser gente sensata, honrada y normal.

Artículo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: “España 1976/2015: Entre la reforma y la ruptura”

 

Acabo de terminar la lectura del libro de Plaza y Janés “La sombra de Suárez, Eduardo Navarro” que contiene las reflexiones o más bien memorias, hasta ahora inéditas, de un político procedente del Movimiento y que fue el autor intelectual de muchos los discursos más importantes de Adolfo Suarez durante la Transición. La impresión que produce es la de la admiración por la enorme tarea que unos pocos hombres –eso sí, con el apoyo de la mayoría de los españoles- llevaron a cabo en muy pocos años: básicamente la de desmontar la dictadura franquista dando paso a una democracia homologable con la de otros países de Europa. Lo más interesante es que esta labor se hizo básicamente por personas procedentes del Régimen franquista, y en un tiempo casi récord. Claro que probablemente de no haberse hecho así, con rapidez y decisión, no habríamos tenido una reforma desde dentro (el famoso “de la ley a la ley” de Torcuato Sánchez Miranda) de forma pacífica y consensuada con la oposición democrática sino algo muy distinto y de resultado mucho más incierto: la famosa “ruptura”. Creo que no está de más recordar en estos momentos lo bien que salió la Transición democrática pese a la complejidad de las circunstancias sociales, económicas y políticas en que tuvo lugar. Así lo entendieron los españoles de entonces, que premiaron a su principal responsable político, Adolfo Suarez, con un buen número de votos en las elecciones celebradas en 1977 primero y 1979 después.

Dicho eso, como tantas otras cosas en la vida, lo que estaba muy bien para hace casi 40 años puede resultar claramente insuficiente hoy. En todo caso, no parece razonable hacer lecturas del pasado en base a parámetros del presente. Esto equivaldría a considerar, por ejemplo, el parlamentarismo inglés del siglo XIX como limitado e insuficiente, entre otras cosas por estar fundado hasta casi finales de siglo en el sufragio censitario masculino. Sin duda es así desde una óptica actual, pero no es razonable desconocer que en su época era probablemente el sistema político más avanzado del mundo y así se consideraba por los pensadores y los ciudadanos de entonces. De la misma forma, la Transición española fue un éxito y no estaba nada claro en aquel momento que lo fuera a ser. Es importante de vez en cuando volver la vista atrás sin ira para darse cuenta de que las cosas no fueron fáciles, y de que el esfuerzo de generosidad y de altura de miras que hicieron entonces los españoles, empezando por muchos líderes políticos, no es ciertamente ni lo común ni lo esperable de la naturaleza humana.

Claro está que algunos dirigentes del Régimen –acuérdense de Arias Navarro- sno se enteraron nunca de nada hasta el final; su distancia con lo que se decía y se sentía en la calle era tal que no reconocían la realidad aunque la tuviesen delante de las narices. En ese sentido, nos recuerdan a algunas figuras políticas de hoy, que viven rodeadas de aduladores y palmeros y aislados del medio ambiente como si fueran “políticos-burbuja” cuando si hay una especie que no puede sobrevivir dentro de una burbuja es la de un político democrático.  De la misma forma, a algunos insignes procuradores en Cortes hubo que convencerles de que se hicieran el “hara-kiri” explicándoles que gente como ellos no tendrían ningún problema en ser elegidos por sus conciudadanos en unas elecciones libres. En todo caso, lo decisivo al final fue la sensatez y sobre todo la dignidad con la que se comportó el pueblo español.

Llegados a la fecha simbólica del 2015 (40 años desde la muerte de Franco) toca a otra generación política hacer un ejercicio parecido de generosidad y altura de miras, pero no está nada claro en estos momentos que sean capaces  primero de darse cuenta y segundo de llevarlo a cabo.  La generación política nacida de la Transición tiene que abrir paso a unos políticos nuevos con una forma nueva de hacer política y no olvidemos que no se trata solamente de una cuestión de edad: Susana Diaz o Soraya Saenz de Santa María son criaturas políticas de Griñán y Rajoy y herederas de las reglas de juego políticas vigentes hasta hoy.  En definitiva, esta generación tiene que ir haciendo mutis por el foro de forma tranquila y pausada, en beneficio de los intereses generales y de España en el medio plazo. La razón es que necesitamos urgentemente otra forma de hacer política que no esté basada en el clientelismo, la opacidad, la falta de democracia interna en los partidos, la corrupción o la ocupación de las instituciones. Si los partidos tradicionales no son capaces de verlo y de cambiar no solo de caras o de discurso lo más probable es que tomen la delantera partidos y políticos “rupturistas” que pretendan hacer tabla rasa, con el peligro que esto supone. En definitiva, casi 40 años más tarde volvemos a estar ante el mismo dilema: reforma o ruptura.

Lo curioso y lo que me hace concebir ciertas esperanzas que la situación es ahora la inversa que en el año 1976. Entonces faltaban ciudadanos conscientes de sus derechos –no podía haberlos después de tantos años de dictadura- pero no faltaban políticos con ganas de emprender la aventura, unos desde dentro y otros desde fuera. Como es sabido, la reforma política se hizo finalmente no solo desde dentro sino sobre todo “desde arriba” aunque con el apoyo mayoritario de los españoles. La Constitución, por ejemplo, se debatió poco en público: a los españoles les bastaba con tener una, siempre que fuera parecida a los de los países europeos democráticos. De la misma forma la organización territorial se diseñó de arriba abajo, dado que en la mayoría de las CCAA –salvo en las llamadas “históricas”- no existía un sentimiento regionalista y mucho menos nacionalista digno de tal nombre. De esta forma, los españoles no debatieron en público si era mejor tener solo tres CCAA históricas o si era mejor el café para todos. Los partidos políticos, por el mero hecho de existir y estar permitidos ya se consideraban un gran avance democrático, con independencia de su organización y funcionamiento interno, y sin duda lo fueron. El reconocimiento formal de libertades y derechos era también un paso fundamental. Pero sencillamente todo lo que entonces era un gran avance, ahora nos parece tan insuficiente como el sufragio censitario masculino desde la óptica del sufragio universal. Aunque conviene tener presente que sin el primero el segundo hubiera sido mucho más difícil de conseguir. En todo caso, parece más prudente construir sobre lo que ya tenemos aunque sea muy mejorable, que recomenzar desde cero. Si en 1976 salió bien con mucha más razón  tendría que salir bien en el 2016.

“Los reyes magos son los padres”: reflexiones sobre lo que ofrece Podemos

Los periódicos se han llenado de análisis y referencias al nuevo partido, Podemos, capaz hoy de cuestionar la victoria en las elecciones autonómicas del 2015, e incluso amenazar la victoria en las elecciones generales. El análisis de este éxito se ha repetido muchas veces: un diagnóstico acertado de lo que ha llevado a España a la actual situación, y un hartazgo de los ciudadanos al asistir cada día a un nuevo caso de corrupción que afecta a los partidos que han protagonizado la vida política en España desde la Transición.

Podemos no solo ha sido capaz de transmitir un mensaje de regeneración convincente, ha sido también capaz de transmitir una imagen diferente. No puede sorprender la demanda de la sociedad española de una propuesta regeneracionista, pero sí sorprende la aceptación de la propuesta económica de este nuevo partido. En un análisis trivial podríamos considerar que algunas de sus propuestas económicas son atrevidas, y otras simplemente disparatadas. Los datos muestran que un 40% de su intención de voto son personas que consideran sus propuestas económicas irrealizables, pero prefieren apostar por un modelo diferente, o por un voto de castigo a las propuestas tradicionales. Aún bajo estas premisas, la aceptación y la ilusión que estas medidas generan en un porcentaje importante de la sociedad merecen un análisis diferente, ¿por qué es tan atractivo el mensaje de Podemos?

La caída del muro de Berlín parecía ofrecer una clara oportunidad para sacar conclusiones definitivas sobre los dos modelos económicos que se habían impuesto tras la segunda guerra mundial: el modelo capitalista y el modelo socialista. Un país como Alemania había quedado dividido en dos, y cada mitad había aplicado un modelo. Tras 28 años, podían compararse los resultados. El fracaso del modelo socialista fue bastante evidente. Si la caída del muro de Berlín parecía vaticinar el final de la utopía socialista, el desarrollo del Estado del Bienestar en Europa, y en especial el éxito del modelo en los países nórdicos ha mantenido viva la esperanza de un modelo que permita generar riqueza, y al tiempo ofrecer una seguridad a todos los ciudadanos basada en la socialización y en la solidaridad. Hoy, 25 años después de la caída del muro,  muchas de las propuestas de la utopía socialista que representa Podemos siguen manteniendo su atractivo y su vigencia … a pesar de sus reiterados fracasos.

La entrevista de Jordi Évole a Pablo Iglesias en el programa Salvados (ver aquí), sin duda tuvo algunos momentos realmente interesantes. Uno de los que más me llamó la atención es el momento en que Jordi le pregunta sobre cómo se nacionaliza una empresa. La respuesta de Pablo Iglesias es inapelable: “Con un decreto”.  Es tan atractivo pensar que las dificultades de la vida se superan con una ley. Es tan atractivo pensar que la solución a todos nuestros problemas económicos es una “ley de emprendimiento”, o una “ley de la felicidad”. Otra de las propuestas estrella del programa de Podemos es la creación de nuevas plazas de funcionarios. Nada hay más sencillo que luchar contra el paro creando puestos de funcionarios. Que el salario de esos funcionarios deba salir de unos impuestos que alguien debe pagar, nos despierta del sueño de la sencillez de la propuesta, pero no siempre queremos despertar. Es tan sencillo pensar que basta la intervención del Estado para solucionar todos nuestros problemas. Para responder a la difícil pregunta del origen del dinero que debe pagar el sueldo de los nuevos funcionarios, la renta básica universal, o las nuevas pensiones, siempre nos gusta pensar que la lucha contra el fraude fiscal o los impuestos a los ricos serán la solución. En otro momento de la entrevista de Jordi Evole, plantea a Pablo Iglesias la “dificultad” de cuadrar esas cuentas basadas en el fraude fiscal, incluso en supuestos muy generosos. En la respuesta Pablo Iglesias no se desanima. El descuadre no es un inconveniente, solo es preciso tener fe en la solución propuesta.

Quizás la explicación que mejor define el éxito del modelo socialista de partidos como Podemos es el miedo al futuro. Todos sentimos vértigo al futuro. Todos necesitamos pensar que si todo va mal, que si la vida se pone difícil, el Estado siempre estará ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Incluso el lenguaje muestra como las personas percibimos el futuro. Hablamos de “por-venir”, para referirnos a ese futuro que siempre nos atemoriza. Preferimos pensar en un futuro que vendrá, y nosotros solo tenemos que esperarlo, y reclamar nuestra cuota de felicidad. Si el Estado reparte la felicidad aplicando el principio del igualitarismo, a nosotros nos tocará nuestra parte, pase lo que pase. Ese es el gran atractivo de las propuestas de partidos como Podemos.

La realidad es que deberíamos hablar del futuro como un “por-hacer”. Un futuro que tenemos que construir cada uno de nosotros. Pero eso infunde más temor. “Hacer” exige esfuerzo y entraña riesgos.  Como señalaba José Antonio Zarzalejos en un reciente artículo sobre las consecuencias del retroceso de la clase media en España (ver aquí) el miedo al futuro nos lleva a pedir seguridad a cambio de libertad, nos lleva a primar la socialización en vez del mérito y el emprendimiento; y la cerrazón en vez de la apertura.

La economía es una disciplina poco intuitiva. En gran medida es muy contra-intuitiva. Los economistas nunca han tenido demasiado éxito intentado explicar por qué un despido más barato ayuda a crear más empleo, o por qué unas prestaciones sociales demasiado generosas pueden dificultar el crecimiento económico, o por qué políticas proteccionistas para los productos locales no son las más apropiadas, o por qué los “impuestos a los ricos” no suelen ser la respuesta a la falta de ingresos fiscales. Los debates sobre los “mitos de la economía” o sobre los “sofismas de la economía” han sido una de las constantes de las últimas décadas. De las muchas y brillantes muestras, este artículo (ver aquí) es un buen aperitivo para los no iniciados. Quizás no todos compartan los sofismas planteados, pero ofrece una idea clara de cómo conceptos económicos que percibimos como intuitivos son considerados por muchos economistas no solo erróneos, sino nocivos. A veces es necesario recordar que la idea misma de la bondad de la “competencia” en los mercados no se abre camino hasta bien entrado el siglo XIX, y antes los monopolios siempre fueron considerados la mejor opción. El liberalismo en los mercados es una idea compleja y nada intuitiva.

El debate no es sencillo. Defender que es mejor educar a un niño en el egoísmo que en el igualitarismo y la solidaridad sería tachado de despropósito por la mayoría de nosotros. Y sin embargo, lo que muchos economistas nos intentan transmitir es que el mérito no premiado conduce a la desilusión y a la apatía, y por ello el igualitarismo conduce a la pobreza. Difícil tarea.

El debate sobre liberalismo o intervencionismo han llenado páginas y libros. Solo queda lamentarnos que adentrándonos en el siglo XXI seguimos sin verdades irrefutables y concluyentes. Lo que debe contar en el debe de los economistas. En el artículo reseñado anteriormente María Blanco recuerda la afirmación del economista Bastiat, economista del XIX y considerado uno de los mejores divulgadores del liberalismo de la historia, que afirmaba que los intervencionistas siempre parten con ventaja, porque defender la libertad es más difícil. La tentación de dejarnos llevar por el intervencionismo es casi irresistible, porque muestra un mundo mucho más sencillo. Esa es la promesa de partidos como Podemos que siempre han aparecido a lo largo de la historia en momentos de crisis y deslegitimación de la clase política. Un mundo sencillo en que el Estado nos resolverá todos nuestros problemas aplicando los sencillos e intuitivos principios del igualitarismo y la solidaridad.

Los modelos económicos pretenden transmitir incentivos correctos a la sociedad. Es de las verdades inapelables que muestra la economía. Las personas responden a los incentivos. Si estos son correctos, son las personas las que generarán riqueza y bienestar para toda la sociedad. Si son incorrectos es seguro el fracaso. Un gobierno que no promueva el mérito y el emprendimiento siempre ha terminado en fracaso. La utopía igualitaria promovida desde la demagogia siempre ha terminado en fracaso y pobreza.

El verdadero desafío es encontrar ese modelo económico que promueva un equilibrio entre el premio al riesgo, al mérito y al emprendimiento, y la cobertura social para todos aquellos que lo precisan, sin que ello desincentive la búsqueda de un futuro mejor. Lástima que los economistas sigan fracasando en sus intentos de ofrecer respuestas concluyentes y definitivas. Mientras, las crisis económicas siempre vendrán acompañadas de propuestas de soluciones sencillas e intuitivas, basadas en la utopía igualitaria. La historia se repite y el final nunca fue feliz.

 

 

Artículo de nuestro coeditor Ignacio Gomá en Libertad Digital: ¿Una Constitución zombi?

Una vez más llega el 6 de diciembre, trigésimo sexto aniversario de la Constitución, y hemos de disponernos a oír los tópicos característicos de la ocasión. Aunque, en realidad, este año tenemos algunas novedades: resulta que ahora Pedro Sánchez considera oportuno negociar sobre la Constitución, mientras que el presidente del Gobierno entiende que no es el momento porque hemos de centrarnos en la economía, que es la prioridad.

Desde luego, esta efemérides no debería ser ocasión para vacuas generalidades sino para reflexionar sobre si realmente ha llegado el momento de plantearse una reforma constitucional, a la vista de la crisis no sólo económica sino institucional que nos atenaza. Vaya por delante que para mí el origen del problema no es jurídico. No debemos caer en el vicio de nuestros dirigentes, que identifican hacer política con rellenar unas cuantas páginas más del BOE, aunque esas páginas sean verdadero papel mojado hecho sin pensar y para no ser aplicado. Pero que, eso sí, sirven para que ellos se pongan la medalla. Por eso las proposiciones de Sánchez son simples acciones para la galería: sólo pretenden una salida airosa a sus propias contradicciones internas. La cuestión no es reformar la Constitución, sino saber en qué sentido debe reformarse el sistema político. Lo contrario es tanto como decir que como un edificio tiene goteras hay que reformar los estatutos de la comunidad.

Claro que la posición de Rajoy tampoco es muy consistente. Sin duda, como dice Michel Ignatieff, la cualidad principal de un político es saber cuándo ha llegado el momento de una idea; y el presidente entiende que todavía no ha llegado el de tocar el sistema político. Claro que si se refiere al tema territorial quizá tenga razón, porque para entrar en ese tema es preciso que se haya rebajado en muchos grados la temperatura emocional y que prevalezcan los datos objetivos y los hechos sobre las consignas. Pero, lamentablemente, la actitud excesivamente pasiva del Gobierno en el 9-N y su incapacidad para defender lo que ya está escrito hoy en la ley no hace pronosticar que en una futura fuera a prevalecer el bien común sobre el oportunismo político.

Pero es que nuestro problema político no puede quedar limitado a Cataluña o, en general, al indudable mal diseño del Título VIII, que no ha favorecido, con su incoherencia y poca claridad, la convivencia regional. No, el problema es que incluso lo que está bien diseñado y sobre el papel responde a una democracia avanzada, en la realidad languidece porque modificaciones posteriores o la simple práctica partitocrática han conducido a que pilares esenciales de la democracia se conviertan en papel mojado. Esta es la verdadera cuestión: el mandato representativo ha fenecido a manos de los partidos, que son los que ostentan el verdadero poder de decisión, sustituyendo la voluntad del representante; el Parlamento, en teoría depositario de la soberanía nacional, pierde su primacía a favor del Poder Ejecutivo y a través de él de los partidos. Se sabe de antemano y con total precisión qué proyectos van a salir y cuáles no, por lo que los debates parlamentarios son hueros, simples comparsas de lo inevitable. La voluntad del Parlamento no es ya la voluntad general, sino simplemente la voluntad de la mayoría, con lo que se degrada la esencia de la misma democracia e impide un adecuado control del Poder Ejecutivo; el dogma de la separación de poderes es una simple indicación vacía, cuando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encuentran politizados en sus órganos rectores, como ocurre en otras agencias de control del poder público.

El Leviatán que se consiguió trocear con la modernidad vuelve ahora recompuesto bajo otra apariencia, representada en la oligarquización de los intermediarios del poder. Cabría decir, pues, que la Constitución, forjada al fuego de El espíritu de las leyes de Montesquieu es más bien hoy un personaje de la serie televisiva Walking Dead, un zombi, más muerto que vivo, en metáfora ya utilizada por el conocido sociólogo Ulrich Beck a propósito de la familia moderna y que viene aquí muy a cuento debido a que formalmente los textos legales siguen respondiendo a un paradigma liberal que ya no existe porque la realidad política ha destrozado ese sistema de contrapesos, aunque a la cúpula dominante interese mantener la apariencia de que todo sigue igual, exacerbando el ritual parlamentario vacuo y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales enfocadas simplemente al reparto del pastel y nunca al interés general, que, por la propia dinámica del sistema, queda apartado.

Por eso, volviendo al principio, decir que no es el momento de plantearnos una reforma constitucional engloba dos engaños: primero, porque se pone en la mira la cuestión territorial, cuando el verdadero problema es el institucional, sin cuya resolución difícilmente se va a poder encarar aquel; segundo, porque ampararse en la economía para no cambiar nada es ignorar que un verdadero desarrollo económico a medio o largo plazo no se da sin unas instituciones que funcionen debidamente y que permitan que prevalezcan la verdadera justicia, la competencia, la meritocracia, la eficiencia y el sentido común. Sin ellas continuará el amiguismo, la corrupción, la ineficacia, el dispendio de recursos públicos y la mediocridad que tenemos ahora, aunque circunstancias coyunturales nos permitan respirar económicamente en un futuro.

No se puede uno escudar en la coyuntura para no hacer cosas que son imprescindibles. Al contrario, es el momento de hacerlas porque, de mejorar la economía, se perderá el impulso reformador. Pero, cuidado, es difícil que quienes manden lo hagan voluntariamente, porque ello significará que pierdan parte de su poder. Ha de ser la sociedad civil la que lo exija presionando sin desmayo para que se introduzcan las reformas necesarias para que el poder gire su mirada de las cúpulas de los partidos hacia el ciudadano, al menos en la parte necesaria para lograr el deseado equilibrio. Para eso puede que no sea imprescindible una gran reforma constitucional, y mucho menos destrozar el sistema desde fuera, como nuevos cantos de sirena que se nos ofrecen. Quizá baste con liberar al zombi de su maldición.

¿Es posible regenerar España si el PP y el PSOE no colaboran?

 

Gran parte de la ciudadanía desearía soluciones radicales ante la sensación de podredumbre que invade nuestra vida política. Reacciones enérgicas que expulsaran la corrupción y a los corruptos automáticamente, de un plumazo. Pero dicho objetivo  resulta difícil cuando la corrupción se ha infiltrado por casi todos los intersticios del poder.

Desgraciadamente, como sentenció Tácito, por la debilidad de la naturaleza humana los remedios son más lentos que los males. Por esa razón y por el mapa electoral que se avecina, la solución será más gradual. Y ello, en el mejor de los casos, pues bajo la consigna de la cacareada “regeneración” hay  variantes muy diversas: unas, pujantes, pero siniestras, que ofrecen remedios engañosos o imposibles, y pueden generar un país ingobernable; otras, cargadas de razones pero ayunas de liderazgo y votos suficientes para poner en práctica sus remedios. Y ya sabemos que en política tener razón no supone necesariamente tener votos (y tener votos no significa, ni mucho menos, tener razón).

Hace más de un año escribí en este blog un post -“No es la economía, estúpido”- dedicado a ese adalid del regeneracionismo patrio que es Mariano Rajoy. Criticaba su actitud táctica y electoralista ante la corrupción. Su falta de convicción profunda para  luchar decididamente contra ella y cortarla de raíz. Y concluía que si la manera de hacer política que llevan años practicando PP y PSOE no cambiaba, parte de sus votantes les abandonarían (…) porque ni PP ni PSOE estaban dando cabida a las corrientes de opinión que cada vez con más fuerza claman en el seno de la sociedad  por una regeneración del país que va mucho más allá de la superación de la crisis económica. Si siguen sin entenderlo, el aumento de votos que acabarán teniendo otros partidos les harán aprender a la fuerza lo que ellos no han querido brindar, voluntaria y generosamente, al conjunto de la sociedad española.

Resulta sorprendente que, a pesar del escarmiento que para PP y PSOE han supuesto las elecciones europeas de 2014 (con “Podemos” capitalizando el desencanto popular) y de los nuevos escándalos que después han surgido, ambos partidos  hayan continuado afrontando el problema  de la corrupción sin convicción alguna. Con una actitud simplemente cosmética y evasiva. Huelga detallar ejemplos. Desde aquellos SMS de aliento y cariño de Rajoy a un Bárcenas que ahora no conoce, el gravísimo caso de los ERE, o las últimas declaraciones de Cospedal, se advierte que los políticos no quieren aprender la lección y nos quieren seguir vendiendo la moto de lo que no hacen. Esa es justo la actitud que ya no aguanta la ciudadanía. Tampoco basta con pedir simplemente perdón,  como muy bien explica este artículo 

En esta coyuntura, ignoro qué va a resultar más dificíl. Si que el PP y el PSOE se regeneren desde dentro, o que los partidos minoritarios que primero propugnaron la necesidad de una regeneración se decidan a cambiar de estrategia  y rompan su techo de cristal. Porque por muy meritorias que sean algunas de sus iniciativas siguen siendo actores poco relevantes en términos electorales. Además, aparecen desunidos, y ni son una  una alternativa real frente al PP y al PSOE ni tan siquiera frente otros “regeneracionismos” anómalos que, hoy por hoy, les barren en las encuestas, aunque prometan soluciones imposibles.

La regeneración de la vida pública no es algo que nos vaya a dar hecho ningún partido político. Importa concienciarse de ello. Por eso, entregarnos a las soluciones utópicas y populistas que nos ofrecen algunos políticos es una actitud infantil  de efectos contraproducentes.

Todos -ciudadanos, funcionarios, jueces, políticos-, desde nuestra actitud cotidiana, desde nuestra responsabilidad individual,  desde nuestro voto, podemos ser sujetos activos de la regeneración o, por el contario,  de un mayor deterioro institucional.

En ese sentido, quiero referirme a la responsabilidad singular de todos esos diputados y cargos del PP y del PSOE -personas íntegras y valiosas- a quienes repugna lo que está pasando. Viven en una contradicción desde hace demasiado tiempo. Muestran silencio o aquiescencia en público, aunque luego reniengan y despotrican en privado contra la posición de las cúpulas de sus partidos, compartiendo el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Hasta ahora, se han resignado a seguir siendo asalariados de esos “partidos de empleados” (como decía Jiménez de Parga), a vivir agazapados para poder mantener su escaño y seguir saliendo en la foto.

Tienen la esperanza de que las cosas cambien. Y no se dan cuenta de que son ellos quienes pueden y  tienen que empezar a cambiarlas. Depende de ellos sacudirse la autocensura, la ambivalencia y el adocenamiento que les imponen las cúpulas de sus partidos. Dejar de ser hipócritas.    Empezar a ser valientes, a ser políticos con ambición de un país mejor y no tristes empleados del partido, asintiendo siempre a lo que digan Génova o Ferraz.

Hace años un diputado del PP dijo que los políticos “deberíamos dedicarnos” a “crear la ola” y “dejar de  surfear la ola” (es decir, dejar de sortear los problemas, tomando decisiones en función exclusiva de las encuestas del momento para que el asunto no te quite votos, aunque se quede sin resolver, en vez de abordar los problemas seriamente).

Ya es hora, pues, de salir del armario, de dejar de  surfear sobre tanta porquería, sorteando problemas como la corrupción y algunos otros para que no te salpiquen o te quiten votos. Es necesario propiciar un giro real (no aparente o propagandístico) y abordar con coraje los problemas en vez de esquivarlos. “Crear la ola” de una nueva dinámica para España que favorezca de verdad la solución de nuestros males y nos aleje de riesgos como el populismo y la demagogia. Dos riesgos que son hoy más cercanos gracias a  la actitud timorata y poco transparente que el PP y el PSOE han mantenido durante años respecto a la corrupción y el reparto partitocrático de las instituciones, desde las cajas de ahorro hasta los órganos con funciones de control,  incluido el Poder Judicial.

Hace tres años dije en este blog que la crisis institucional de este país no la iban a poder arreglar por sí solos los partidos minoritarios, tipo UPyD o Ciudadanos, si desde dentro del PP y del PSOE esa mayoría de gente íntegra que está en sus cargos no cambiaba de actitud y tomaba conciencia de que tienen que arriesgar, ser valientes, exponer su criterio  (y su escaño) por encima de los corsés que impone la disciplina de partido.

Algún intento tímido y aislado hay de vez en cuando. Si cundiese el ejemplo y dejaran de ser casos aislados, sus partidos -PP  y PSOE- quizá volverían a ser creíbles.  Está por ver si esos políticos empezarán a actuar con coherencia:  si serán valientes e intentarán provocar reformas desde dentro o dimitirán por no haberse atrevido o no haberlo conseguido.  Porque no cabe continuar mucho más tiempo con esa contradicción interna, con esa actitud cínica y esquizofrénica en la que viven, si de verdad quieren que las cosas cambien a mejor.

No pierdo la esperanza.

 

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.

Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, “es dimitido” a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.

Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, “el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.

No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:

Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.

Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un “colchón de confianza”. A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.

Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.

En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.

Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.

El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.

De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.

 

 

España hacia la catarsis

Cuando comencé a escribir este artículo, se titulaba “España: entre el regeneracionismo y la catarsis”. Será que escribo despacio, pero tres o cuatro escándalos de corrupción más tarde, he decidido alterar ese título por el presente. Tal vez sea un indicio de que los acontecimientos se precipitan.

No merece la pena entrar a relatar aquí los múltiples aspectos económicos, institucionales, organizativos de nuestra sociedad que están afectados por la crisis. Libros como ¿Hay Derecho? publicado por los editores de este blog, o los post de blogs como “Nada es Gratis”, o simplemente, el repaso  diario de los titulares de los periódicos reflejan perfectamente a que nos referimos.

Las prácticas viciadas y la continuada impunidad ha terminado generando que, aunque aun existan muchas personas limpias de polvo y paja, todos los estamentos de la sociedad estén en mayor o menor medida contaminados: las administraciones, sobre todo las más pequeñas (entidades locales, administraciones “independientes”, universidades); los agentes sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, el asociacionismo clientelar); el sector empresarial, tanto el de altos vuelos con sus prácticas oligopólicas y sus negocios subvencionados, como la pequeña y mediana empresa que trampea todo lo que puede con Hacienda y la Seguridad Social, etc…

Los organismos de control tanto los públicos (internos, tribunales de justicia, tribunales de cuentas, organismos reguladores, etc), como privado (auditores de cuentas, comités de RSC, etc) están absolutamente superados por las circunstancias, minados e infiltrados por aquellos a quienes han de investigar y afectados con frecuencia por conflictos de intereses irresolubles. La autorregulación se ha demostrado inoperante, los códigos éticos y  las propuestas de responsabilidad social de las empresas, en su mayor parte, son meros juegos de artificio y artimañas de marketing.

Dada la dimensión de los problemas que atenazan a España en estos momentos, lo único que mantiene una generalizada paz social es que las costuras del estado de bienestar -si bien tensas como tirantes- aguantan todavía. La legitimidad del sistema es puesta en entredicho y resulta cada vez más difícil encontrar argumentos para su defensa dialéctica eficaz.

A pesar de todo, todavía existen elementos esenciales para la vigencia de nuestro modelo de Estado que aguantan firmes y así, según podemos comprobar estos días, el respeto por la libertad de expresión permite que todos estemos puntualmente informados de las supuraciones del sistema y que el mensaje de posibles alternativas políticas llegue con claridad a la población;  la eficacia e independencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado facilita que esos actos delictivos que tanto nos escandalizan lleguen a los tribunales al margen del encuadramiento político de sus presuntos autores (lo que en otros países aparentemente democráticos sería impensable); y a pesar de la crisis y los recortes, el normal funcionamiento de la administración consigue que los servicios públicos sigan prestándose con normalidad. El enfermo está grave pero sus constantes vitales aún permanecen estables.

Pero no cabe engañarse, la torpeza –dicho sea por ser elegantes- con la que nuestros dirigentes -independientemente de su signo político- han gestionado España durante los últimos lustros, y la carencia de otras alternativas sólidas hace muy probable que en las próximas elecciones generales –o en las siguientes si una coalición consigue prorrogar el “statu quo” por una legislatura-, los electores puedan impulsar un cambio radical de nuestra sociedad hacia soluciones populistas y, aunque se disimulen, comunistas.

Ese panorama no puede sino atemorizar a quienes, como quien suscribe, apuesta por preservar lo esencial de nuestro sistema entendido como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico” y en donde se desarrollen políticas de corte socialdemocrata en el entorno de una economía de libre mercado.

Para evitar que se produzca el vuelco es imprescindible corregir las perversiones que ahora afectan a nuestro sistema político, pero preservando lo mucho de bueno que el modelo mantiene. La solución pasa por iniciar un proceso de cambio que suponga una regeneración completa del sistema y que consiga volver a captar la adhesión de la gran mayoría de la sociedad española. Pero el cambio debe ser profundo y auténtico, las huecas declaraciones formales y los pomposos planes de actuación sin contenido real y que, al final, quedan en mera componenda resultan a estas alturas inaceptables.

A la vista del deterioro de la situación, esa regeneración debe comportar incluso una catarsis, entendida como una “expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo” (2ª acepción del diccionario de la RAE). Ello exige no solo entonar un “mea culpa”, sino tomando como ejemplo los gestos realizados por la Corona continuar con una renovación completa tanto de las personas como de los usos y de esas costumbres que tanto daño han hecho e incluso, si se considerara necesario y se consigue un suficiente consenso, abriendo paso a un nuevo proceso constituyente.

Para conseguir llevar a cabo con éxito este proceso de cambio parce imprescindible aunar voluntades y asentar sólidas alianzas para alcanzar un acuerdo a la largo plazo y vencer las inevitables y poderosas resistencias al cambio. El esfuerzo debe ser conjunto, pues por si solas las fuerzas políticas tradicionales carecen ya de suficiente energía y aceptación. Así, resulta evidente que todo el trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno con sus iniciativas reformistas no es percibido por la población como una auténtica regeneración. Por otra parte, la ambigüedad y escasa profundidad de los posicionamientos del nuevo líder de la oposición socialista tampoco parecen calar en la sociedad y, finalmente, las esperanzas que muchos regeneracionistas pusieron en el proyecto político de UPyD han terminado por verse defraudadas tras sus divisiones e incongruencias internas, probablemente perjudicando también las expectativas del otro proyecto netamente regenerador: el Movimiento Ciudadano.

No parece, pues, que haya fuerzas políticas lo suficientemente poderosas para, en solitario, poder practicar con éxito un impulso regenerador en la sociedad afrontando reformas estructurales realmente determinantes y perceptibles, es preciso alcanzar consensos en aspectos básicos entre quienes todavía son representantes legítimos y electos de la sociedad.

Dada la existencia de una mayoría absoluta en las Cortes, el liderazgo natural para emprender un proyecto de esta envergadura es lógico que corresponda al partido del Gobierno, pero debe también admitirse la participación activa y protagónica del resto de las fuerzas políticas y de la sociedad civil a través de los agentes sociales ya reconocidos, pero también mediante de los procedimientos de participación ciudadana más abiertos que las actuales tecnologías permiten para poder contar con la participación activa de todos los que crean que la reforma del sistema nacido de la Constitución del 78  es más aconsejable que una refundación partiendo de cero.

El objetivo no puede limitarse tan solo a una urgente persecución de la corrupción conocida, ni a la adopción de medidas para evitar que sea tan fácil y compense tanto corromperse.

Resulta imprescindible ir más allá y responder a las demandas sociales de abordar una transformación institucional de la gestión pública, limitando el nepotismo y clientelismo que se ha ido instalando en los últimos tiempos; reforzando la independencia y la capacidad de las autoridades de control para impedir que sectores estratégicos sean ocupados por determinadas oligarquías y grupos de poder; apostando decididamente por la transparencia; dotando a la Justicia de los medios humanos, materiales y tecnológicos precisos para que pueda dar respuesta veloz y de calidad a las demandas de los ciudadanos, así como acabar con las trabas económicas que dificultan el acceso a la misma de las clases medias; y cerrando definitivamente el modelo de organización territorial del Estado incluyendo una reforma profunda de la administración local. La lista de materias a reformar puede ser mucho más extensa, pero lo urgente ahora es volver a consolidar los cimientos del sistema y reformar nuestro modelos de Estado de manera que legalidad y legitimidad vuelvan a estar juntas de la mano.

En el fondo, de lo que estamos hablando es que el conjunto de personas, que ahora tienen asumida nuestra representación en virtud de los distintos mandatos democráticos vigentes, actúen con la responsabilidad, inteligencia, generosidad, lealtad institucional y altura de miras que la gravedad del momento exige. Que tengan el arrojo de dar un paso  adelante aunque sea arriesgado y la gallardía de dar un paso atrás cuando se conviertan en un estorbo ¿Será pedir demasiado?

Ya no cabe fiar en errores ajenos, ni jugar con la carta del miedo, tampoco vale de nada echarse las culpas unos a otros. La supervivencia del modelo que ha traído la prosperidad y la paz a nuestro país durante más de treinta años (y que ahora tiene carcomida su estructura) depende solo de que en el tiempo restante hasta las próximas elecciones, se consiga acertar lo suficiente –más incluso en lo político que en lo económico y social- como para demostrar a una mayoría de la población que merece la pena seguir confiando. En otro caso, la hastiada sociedad española demandará un cambio sin precedentes sin pensar demasiado en las consecuencias. Ha pasado antes en Italia o en Venezuela.

Los acontecimientos recientes demuestran que tras la alternativa ofertada por el nuevo partido político “Podemos” hay talento suficiente como para liderar esa legión de 200.000 personas que ya se han inscrito como seguidores y que, con legítima hambre de poder, aspiran a “asaltar el cielo” y convertirse en una nueva élite dispuesta a dirigir el país durante la próxima generación. El cronómetro se ha puesto en marcha, queda poco más de un año.