Un intenso debate se está desarrollando en relación con una cuestión de gran importancia en el presente momento. Se ha planteado si el Gobierno en funciones, que existe después de las elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su presidente, debe someterse al control del Parlamento.

Hay dos posturas radicalmente opuestas y no parece que el problema se vaya a resolver fácilmente. Los miembros del Gobierno en funciones defienden que no deben ser controlados por las Cortes Generales, pero Patxi López, el ex presidente del Congreso, considera que la actividad del Gobierno en funciones tiene que ser fiscalizada por el Parlamento. Es posible que, finalmente, sea el Tribunal Constitucional el órgano que resuelva el conflicto, aunque esa vía jurídica puede provocar negativas consecuencias en la esfera política.

Las referencias que hay en el ordenamiento jurídico español sobre el Gobierno en funciones son escasas. El artículo 101 de la Constitución señala que “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente” y que “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”, debiendo destacarse que la Ley 50/1997 regula las competencias del Gobierno en funciones.

Ciertamente, la Constitución Española y la Ley 50/1997 expresan claramente cuáles son las diferencias entre el Gobierno antes de cesar y el Gobierno en funciones y, por no indicarse distinciones en lo que al control parlamentario se refiere, hay que entender que es el mismo para el Gobierno antes y después de estar en funciones. También debe tenerse presente que el artículo 66.2 de la Constitución dice que “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución” y que los artículos 1.1 y 9 de la misma norma establecen el carácter democrático del Estado español y el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, de forma que solo pueden actuar confirme a lo que determine la legislación, siendo cierto que puede pensarse que todas las reglas referentes a los mecanismos de control o de exigencia de la responsabilidad deberán interpretarse lo más adecuadamente posible para impedir que las potestades públicas se ejerciten sin restricciones. Además, el artículo 29 de la Ley 50/1997 indica que “Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”, no habiendo excepciones.

Parece razonable pensar, por los motivos ya expuestos, que el Gobierno en funciones debe someterse al control parlamentario, debiendo garantizarse la eficacia de todas las normas que son aplicables. No podrán utilizarse las reglas relativas a la cuestión de confianza y a la moción de censura por no tener el Gobierno en funciones la confianza del Congreso, pero si es posible lograr la eficacia de normas como las que establecen el régimen jurídico de las interpelaciones y preguntas, comparecencia ante las Cámaras y petición de información.

Muchos de ustedes habrán caído en la cuenta de lo anacrónico de algunas de las cosas que ocurren en el Congreso, ahora que se ha convertido (y yo que me alegro) en el foco permanente del cuarto poder, que de cuarto nada, dicho sea de paso, pónganlo más arriba.

Raudos vuelan las cámaras, los micrófonos, teléfonos y grabadoras, detrás de los diputados que, papel en mano, tienen que imprimir, firmar, cuando no recabar también la firma del Portavoz de su Grupo, y desplazarse hasta el Registro del Congreso para presentar la iniciativa política del día y que estampen en su copia el sello mojado en tinta de “REGISTRADO”.

Es decir, que en la época de las nuevas (ya no tanto) tecnologías, en la que puedes mantener una videoconferencia en tiempo real y conjunta con personas a miles de kilómetros entre sí y cerrar negocios millonarios, o puedes pagar impuestos a través de internet, ver las notas de tu hijo o los resultados de una prueba médica, resulta que un diputado no puede pedir por email o en un registro virtual, por ejemplo, la comparecencia en el Congreso de un miembro del Gobierno.

Eso, por no hablar de lo duro que resulta para un ciudadano de a pie los debates parlamentarios, faltos de agilidad, con intervenciones largas, encorsetados, sin posibilidad de interacción entre diputados. Cada cual se dedica a hablar de su libro. Para saber hasta qué punto  es duro, solo tienen que ver cómo algunos diputados se pasan las sesiones leyendo el periódico o jugando al Frozen Free Fall, como fue el caso de Celia Villalobos.

Se trata de un sistema del siglo pasado; el Reglamento del Congreso de 1982. En la pasada legislatura se empezó a tratar su reforma pero, tras sucesivas reuniones de la ponencia, quedó en punto muerto. Muchas veces a golpe de escándalo, la Mesa ha aprobado resoluciones para introducir cambios, como el que determinó la publicación de los viajes de sus señorías. Estas resoluciones son pequeños textos normativos, con sus correspondientes artículos, que interpretan ciertos partes del Reglamento, o suplen la no regulación de alguna otra cuestión.

Los siguientes puntos podrían ser algunos de los que se trataran, en mi opinión, en el debate sobre la Reforma del Reglamento que de forma inminente se iniciará en el Congreso.

-La aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al ámbito parlamentario, no solo a nivel de funcionamiento interno, sino también por su enorme trascendencia para la potencial mejora de la participación ciudadana en los asuntos públicos y su implicación en los procesos de toma de decisiones políticas. Sirva como ejemplo el sistema de e-petitions del Parlamento de Reino Unido.

A este respecto cabría modificar el artículo 49 del Reglamento, de tal forma que la Comisión de Peticiones deje de ser una especie de buzón de reclamaciones y permita que quienes se dirijan a ella puedan comparecer en el Parlamento, así como que esta comisión pueda emitir informes sobre peticiones presentadas, pudiendo desarrollarse iniciativas sobre las mismas.

-Prohibir el “préstamo” de diputados entre grupos políticos para cumplir con los requisitos que marca el artículo 23 del Reglamento para formar grupo parlamentario. Esta práctica, aunque permitida tradicionalmente por la Mesa y sobre la que no se ha pronunciado en contra la jurisprudencia, cada vez es más definida como fraude de ley por miembros relevantes de la doctrina jurídica. En contrapartida podría estudiarse reducir los porcentajes de votos válidos y/o número de diputados exigidos para la constitución de los grupos parlamentarios.

-Endurecimiento de la regulación de las incompatibilidades de los diputados para ejercer otras actividades más allá del Parlamento. El artículo 17.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. La excepción a esta regla de dedicación absoluta son “la producción y creación literaria, científica, artística o técnica” y la “administración del patrimonio personal o familiar”. Una vez que los diputados declaran sus actividades al tomar posesión, es la Comisión del Estatuto de los Diputados quien decide si las mismas son compatibles o no con su labor.

En la práctica, la regla de dedicación exclusiva ha sido más bien la excepción, y la excesiva flexibilidad de la Comisión a la hora de autorizar a los diputados la realización de actividades ajenas a las parlamentarias, junto con la falta de mecanismos de control y de sanciones para los incumplidores, ha dado lugar a casos tan escandalosos como los provocados recientemente por Gómez de la Serna.

-Establecimiento de un código de conducta en el Estatuto del Diputado, regulado en el  Título I del Reglamento, en el que, entre otras previsiones, se incluya la prohibición de que los diputados acepten regalos, viajes, u otros posibles beneficios, y se regulen los conflictos de intereses. Debe obligarse además, quizás con formularios más completos, a indicar con más detalle los intereses, bienes y derechos que los diputados deben hacer públicos.

-Controlar la asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno y de las comisiones de las que forman parte, a semejanza de lo que ocurre en parlamento de otros países europeos de nuestro entorno como la Asamblea Nacional francesa o el Bundestag alemán, exigiéndose justificación de las ausencias e imponiendo sanciones en el caso de que éstas se realicen de forma reiterada y sin justificación. Sería recomendable, en este sentido, establecer criterios para medir la productividad de cada diputado, publicándose periódicamente informes sobre su actividad y rankings que sirvan como elementos de valoración.

-Publicación de las nóminas mensuales de los diputados en la página web del Congreso, junto con su agenda parlamentaria, que a su vez recoja información sobre los particulares, empresas o colectivos con los que se reúne, los viajes que realizan y el coste de los mismos. Actualmente solo se publica cada tres meses el importe global de los desplazamientos, sin desglosarlos por parlamentarios ni partidos, que el Congreso paga a los diputados sin que estos tengan que justificar el motivo.

-Regulación de lobbies o representantes de intereses, y la creación de un registro de los mismos.

-Para reforzar la función de control al Gobierno, se podría establecer que las preguntas al Presidente o a los ministros pudieran realizarse sin necesidad de notificación previa, permitiéndose de esta forma que los debates sean más espontáneos, no una sucesión de monólogos previsibles, de mayor actualidad y oportunidad política. Para ganar dinamización en los debates, podría permitirse la fijación de posiciones o aclaraciones al finalizar las intervenciones.

Por otra parte, podría facilitarse, reduciendo los requisitos actuales, la comparecencia del Presidente del Gobierno, que debería celebrarse al menos una vez cada periodo de sesiones, así como la creación de comisiones de investigación. Con respecto a esta última, cabe proponer la reforma del artículo 52 del Reglamento de tal forma que si la Mesa de la Comisión considerara que alguno de los comparecientes podría haber incurrido en el delito contemplado en el artículo 502.3 del Código Penal, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones que correspondan.

– Curiosamente los periodos ordinarios de sesiones se fijan en el Reglamento de septiembre a diciembre y de febrero a junio, dejándose por el camino enero, julio y agosto, meses en los que solo se podrán realizar sesiones extraordinarias. El artículo 61.1 debería ser modificado para reducir estos meses sin actividad. También se tendría que modificar el 62.1 para habilitar los lunes como día ordinario de trabajo, que por otra razón que desconozco se excluye expresamente dentro de los días de la semana en el que se pueden celebrar sesiones.

«Que se jodan», Andrea Fabra, diputada del PP, el 11 de julio de 2012 en el Congreso de los Diputados.

Hay anécdotas personales que tienen por sí mismas gran expresividad de una idea o realidad. Sobre el actual deterioro del valor del Congreso, –del que hace ya bastantes años formé parte–, en dos artículos publicados en EL MUNDO, relataba alguna experiencia. En ¿Para qué sirve el Parlamento? (30 de julio 2012) contaría el reproche de un alto dirigente de mi grupo en 2003 recriminándome en el hemiciclo: «Jesús, aplaudes poco». En Políticos honestos pero silentes (3 de marzo de 2013), relataba cómo en las reuniones internas era imposible que un compañero, amenazado por los oídos del Gran Hermano, pudiese compartir, ni tampoco en privado, una reflexión crítica y leal sobre un asunto de actualidad. Ya entonces empecé a mostrar públicamente distancias.

Ahora quiero compartir otra experiencia muy reciente. Para la Revista de las Cortes Generales, una publicación sobre Derecho Político-Constitucional (donde antaño me editó cuatro trabajos académicos), envié el texto de una conferencia que impartí en la prestigiosa ICADE. El título era Calidad normativa-Calidad democrática. Era una reflexión sobre el modo defectuoso de hacer leyes, apresurado, donde la virtud de la rapidez es sustituida por el defecto de la prisa, donde el Parlamento es solo un trámite o una apostilla a lo remitido por el Gobierno o, como sucede ahora, ya ha aprobado previamente, arrogándose la potestad legislativa y donde el debate no existe y no se da la cara, confundiendo una mayoría absoluta legítima en origen con una mayoría absolutista ilegítima en su ejercicio.

El trabajo tenía carácter técnico, con citas de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero también estaba inserto en una reflexión de que esa merma de la calidad normativa se está intensificando y, al mismo tiempo, está generando una aguda crisis de la calidad democrática. Me pidieron en dos momentos que corrigiese seis o siete puntos, algo poco frecuente pero lo hice. Algunas sugerencias mejoraban el texto, otras no pero las recogí. Pregunté semanas después por el artículo y me comunicaron que saldría en el siguiente número de inmediata aparición.

Pero, y ahí surge la anécdota, días después me llaman para trasmitirme que «no se considera oportuna su publicación». Tras 65 artículos publicados en las revistas jurídicas más variadas y prestigiosas de España y de carácter internacional, por vez primera padecía tanto por mi persona, como por el contenido y por quien lo promovió, un acto de censura grave. Y por razones políticas. El estupor era un motivo más de indignación por cómo el Congreso evitaba, incluso en una revista jurídica de éste, cualquier reflexión leal con el sistema pero crítica sobre el funcionamiento del Parlamento.

El deterioro de la clase política es inmenso. El divorcio con la ciudadanía es total. No es solo la corrupción y el consentimiento y complicidad con ella (la de los vividores de sobresueldos gracias a favores a contratistas y especuladores a través del cobrador es indisoluble) sino cómo su atrincheramiento está afectando muy negativamente a las instituciones. Y cualquier reflexión, aunque sea técnica sobre esto último, es reprimida. Es grave ese retroceso democrático.

El inmenso daño no les preocupa. Solo quieren seguir viviendo de lo público como llevan haciendo, no pocos de ellos (Rubalcaba y Rajoy los primeros) incluso más de 30 años y donde cada vez el hemiciclo se ha ido okupando progresivamente de sumisos vividores profesionales que no han hecho en su vida otra cosa. Se les ocurrió fichar a un galáctico, Manuel Pizarro, que salió corriendo cuando pudo. Fue el último patriota ingenuo.

Es lamentable que no les preocupe el descrédito de las instituciones. Es más, les molesta tanto la crítica, que la desvían como si fuesen críticas a las instituciones y casi al modelo democrático. Pero no somos antisistema muchísimos de los millones de ciudadanos de todas las tendencias que estamos decepcionados por el secuestro de las instituciones. Se atrincheran en sus escaños, están muy alejados de la realidad y siguen bunkerizados respecto una realidad social que cada vez más les desprecia.

El actual Congreso, por vez, primera ha sustituido la histórica jornada de puertas abiertas por la de puertas cerradas. Rompieron, miedosos, una tradición de que el pueblo pudiese visitar el Parlamento en diciembre. Las concentraciones en Neptuno les aterraban y luego a los manifestantes les imputaban delitos casi de subversión que los jueces rechazaron con nitidez. Como un equipo futbolístico que no quiso ceder su estadio para una final de copa, se «promovieron» unas obras y todo cerrado.

Hace ahora justo un año, se exclamó en el hemiciclo, en el mini-debate sobre los mayores recortes sociales en 35 años de Historia constitucional, la frase de arriba. Si eso fue grave, también lo es que en este tiempo ni pidiera disculpas ni que ningún dirigente de su grupo le reprochara públicamente esa ofensa a millones de españoles sufrientes. Esa frase nunca será olvidada y formará parte de la degradación y la infamia parlamentaria, consentida, además, por sus jefes. ¡Los mismos que culpan a la oposición de encubrir a su propio tesorero!

El aislamiento del Parlamento se refleja en que pese la gran tormenta siguen viajando en primera clase. Muchísimas son las empresas, entidades e instituciones públicas y privadas cuyos altos dirigentes viajan ahora en turista. Tanto por ahorro como por imagen. En cambio, ellos no, salvo los pocos que voluntariamente renuncian a ello. En rutas nacionales cuyos vuelos son de 45 minutos o una hora, cuyos asientos son iguales (se desplaza la cortina separadora) y solo varía el aperitivo gratis, es frecuente ver sólo sentados a parlamentarios. Claro, son de otra pasta los de la casta.

Lo de los gin tonics subvencionados que generó amplios comentarios hace poco parece una tontería pero no lo es. La falta de sensibilidad de sus altos mandatarios y sus mandarines serviles les hace cometer esos errores. Están en otra galaxia y ausentes de una realidad que, más allá de una propaganda edulcorada (cualquier día repiten el «España va bien»), es la de un país en enorme crisis institucional, social y ética. Aplican la frase de Voltaire: «El optimismo consiste en insistir que todo va bien cuando todo va mal».

El sistema constitucional español se define como «parlamentario» pero la realidad es muy distante de ello. Con los dos partidos principales cuyo gran desgaste, desprestigio y falta de credibilidad están dañando a la institución, tenemos que seguir urgiendo una regeneración frente a esa casta política decadente.