Universidades

Por qué oposité

Quizá sea un post poco novedoso, ya que se ha tratado en múltiples ocasiones en distintos foros, pero se trata de analizar una cuestión o, más bien, problema, que late en nuestro sistema universitario: los aspectos a mejorar en la Universidad pública española si se quiere conseguir un sistema justo y competitivo. Este post lo escribo desde una perspectiva personal y llena de sufrimiento al ver como un marco fundamental, como es la Universidad pública española, expulsa a mentes inquietas con ganas de mejorar y evolucionar, en lugar de atraerlas a quedarse y hacer carrera en ella. Al ser un post personal, empezaré identificándome: de 2005 a 2009 estudié la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid donde obtuve el premio extraordinario. Al acabar empecé con el doctorado compatibilizándolo con el trabajo de abogada. Siempre he pensado que el Derecho debe servir para resolver problemas reales. De ahí dicha compatibilización, lo que algunos calificaron como excesiva ambición. La tesis doctoral la leí en enero de 2013 con premio extraordinario (lo de los premios no lo digo por presunción sino para que se aprecie el compromiso con la universidad, por lo que se dirá luego). Los años de doctorado y ciertas conversaciones me permitieron darme cuenta de los obstáculos que iba a tener si quería hacer carrera universitaria, pese a haber obtenido el título de doctor, esencial para progresar en la escala universitaria, del que, por cierto, algunos de los de allí carecen. Por ello, el 1 de febrero de 2014 decidí lanzarme al mundo de las oposiciones para intentar ganar el título de Notario que siempre había deseado y en lo que por circunstancias varias no me embarqué nada más acabar la carrera. Justo dos años más tarde, en febrero de 2016, puedo decir que lo he conseguido: ¡he ganado la oposición!

A partir de lo expuesto quiero apuntar algunos de los mayores problemas que, a mi juicio, presenta la Universidad y que no parecen difíciles de corregir… si existe voluntad, claro está. Con observar el sistema de oposiciones que, pese a la injusta crítica de muchos, atrae a los mejores expedientes, y aplicar sus principios de objetividad e imparcialidad, muchos de los problemas se superarían. Y digo que la crítica a la oposición es injusta porque aunque el sistema tiene cosas que se pueden mejorar como por ejemplo el esfuerzo memorístico que, podría pensarse, es excesivo, tiene algo que compensa lo negativo: la objetividad y la transparencia. A mi juicio,  lo compensa y con creces. No olvidemos que tal esfuerzo memorístico va acompañado de la comprensión y la capacidad de relación, por lo que los opositores no somos loros como algunos dicen. Paso ya a exponer los principales problemas del sistema de acceso a la docencia en la Universidad.

El primero es el de la incertidumbre. Durante la oposición se sufre una gran incertidumbre porque no sabes si la vas a sacar o no. Este año para 100 plazas de notario (10 reservadas para personas con discapacidad) nos presentábamos 831 personas. Por tanto tienes incertidumbre sobre si vas a ser uno de los 100 que van a conseguir ganar el título de notario en esta convocatoria o vas a tener que aguantar esa incertidumbre otra/s convocatoria/s más, si el ánimo y la fuerza lo permiten. Lo que sí sabes con certeza es cuál es el temario, que tienes que cantar bien los temas en los dos orales, hacer un dictamen en condiciones y también una escritura y matemática financiera correcta. Sin eso no hay manera de aprobar, porque existen muchas personas, también dedicadas a tiempo completo, que tienen tantas ganas como tú de ganar la oposición. Personas que tienen un atributo básico para el éxito como es la constancia en el estudio y que en muchos casos han destacado por su trayectoria académica. En la Universidad es una incertidumbre distinta. No sabes cuál es el criterio objetivo de selección, si es que existe, ni quién lo pone, ni si se mira con los mismos ojos a todos, ni cuándo vas a poder tener oportunidad de optar a una plaza… En definitiva, una incertidumbre que te supera.

El segundo problema, relacionado con lo anterior, la falta de objetividad. A modo de ejemplo, ¿tiene sentido que quiénes van a evaluar la tesis doctoral sean propuestos por el doctorando? Es decir, ¿tiene sentido que el juzgador sea designado por el juzgado? Aunque el nombramiento efectivo lo hace el órgano correspondiente de la Universidad, la realidad es que éste depende de ciertos criterios con los que el doctorando puede jugar. Vamos, que está en sus manos la decisión de quien compondrá su tribunal. Se podrá rebatir esta crítica diciendo que el trabajo del doctorando está ya hecho y que su mérito está ya reconocido por la preparación de la tesis. Pero el opositor también tiene hecho ese trabajo durísimo y, pese a ello, tiene que ser capaz de exponer los temas ante  un tribunal que le evalúa con absoluta objetividad. No importa quién eres, ni qué edad tienes, ni de quién procedes… Solo importa cómo expongas los temas. En definitiva, un único criterio para la selección: el mérito. Esto es lo que hace que la oposición atraiga a tantas personas: la seguridad de que si das la talla ganarás la oposición. Lo difícil es conseguir dar la talla haciéndote con el programa. Si en la Universidad rigiese ese mismo criterio del mérito estoy segura de que muchos buenos estudiantes se animarían a quedarse en ella.

Otro punto positivo de la oposición es que el tribunal está integrado por miembros de distintos cuerpos de élite. En Notarías, que es la que más conozco, cuenta con tres notarios, un registrador de la propiedad o mercantil, un abogado del Estado, un magistrado y un catedrático o titular de Universidad. El tribunal de tesis, por el contrario, está integrado exclusivamente por “doctores con experiencia investigadora acreditada y reciente” (así lo dicen las normas de la UCM, disponibles en la web). La diversidad me parece un valor añadido de la oposición que se podría trasladar a la Universidad. Seguramente para el doctorando, si desea publicar su tesis, le resultará interesante tener distintos puntos de vista. La valiosa opinión doctrinal del catedrático puede verse complementada con una más práctica del magistrado, aunque no sea doctor…

Otro problema es el ambiente. Algo que a mí me ha enriquecido en la oposición y que me ha ayudado mucho para preparar el tercer examen –el temido dictamen- ha sido comentar los problemas y dudas con otros compañeros opositores que estaban en mi misma situación. A pesar de ser una “competición” mucho más real porque eran 45 plazas para los más de 400 que se examinaban en mi tribunal el trato con mis compañeros ha sido excelente. Pese a que en la Universidad la competencia no debería existir, la realidad es que existen varias “escuelas” y en una de ellas te encuadran. El ambiente podría mejorar si unas escuelas se complementaran con otras y, sobre todo, si los docentes tuvieran motivación por lo que hacen y ganas de investigar, de lo que muchos carecen…por supuesto, que la culpa no la tienen ellos, sino el sistema, que como he dicho antes no premia el mérito y el esfuerzo lo que, sin duda, desmoraliza.

Existe también una pirámide demasiado escalonada y con escalones muy altos y separados entre ellos. El trato entre los escalones más bajos y los más altos es algo distante y con un marcado carácter reverencial que también, creo, está fuera de lugar –y de tiempo-. A Dios gracias eso yo no lo he sufrido pues el trato con los catedráticos más cercanos ha sido siempre excelente. En la oposición mis preparadores de orales y de dictamen me han tratado siempre de igual a igual, con gran cariño y consideración, quizá siendo conscientes de lo dura que es la oposición y lo mucho que puede perjudicar a un opositor un comentario poco afortunado.

Esta es mi opinión sobre los problemas de la Universidad que me duele destacar pero que creo que debo hacer, pues debería ser un foro en el que permanecieran los mejores estudiantes para crear un cuerpo de élite y reconocido. Y me duele especialmente porque creo que son problemas fáciles de corregir y si no se corrigen es por falta de voluntad. Podría discutirse si hoy en día el método de la oposición es el mejor sistema de selección o existen otros mejores donde se respeten dos puntos clave: el mérito y la objetividad. Yo me manifiesto una defensora del sistema de oposición.

Y ya para terminar: espero que no se me malinterprete y que nadie entienda estas palabras como una manifestación de resentimiento. No me duele en prenda reconocer la gran valía de muchos profesores universitarios y del esfuerzo que hacen día a día.

El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003.

Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas conclusiones y recomendaciones bastante contundentes.

Por ponernos en contexto, reseñar que del total de las 79 universidades públicas y privadas que conformaban el Sistema Universitario Español en el curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 51 que corresponden a 47 Universidades Públicas de carácter presencial, 2 universidades no presenciales (UNED y UOC) y 2 universidades especiales (la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía). Las Comunidades Autónomas con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. Por otra parte, el endeudamiento total de las universidades analizadas ascendía a la nada despreciable cantidad de 620 millones de euros.

En sus trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia en 2012 de “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público. Según el Tribunal, la creación de estas entidades instrumentales ha respondido (“en ocasiones”) a la deliberada huida del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.

Centrándonos en el apartado de recomendaciones, el Tribunal destaca la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas de las universidades públicas.

Asimismo el Tribunal de Cuentas aconseja adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las universidades públicas de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura y estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, con el fin de regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias.

¿Sorprenden las conclusiones del Tribunal? La verdad es que sobre la situación de la universidad en España se ha escrito mucho y desde hace tiempo. Por ejemplo, tirando de hemeroteca, desde 1980 se escribe en los medios sobre la politización de nuestras universidades. También se está debatiendo mucho sobre la endogamia imperante en los procesos de selección del profesorado (por ejemplo aquí y aquí) y es que según datos del Ministerio de Educación publicados por El País, el 73% de los profesores universitarios leyeron su tesis en el centro en el que están contratados. Sobre el caso concreto de la Universidad Rey Juan Carlos se ha escrito en este mismo Blog (aquí y aquí). Y es que no todos los males de la universidad en España se deben a sus problemas de financiación y falta de estabilidad presupuestaria (que existen y son un hándicap desde luego).

Diagnóstico de la situación conocido y compartido, faltan las medidas. En esta legislatura, el Ministro Wert contó con un grupo de expertos que emitió un informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Han pasado más de dos años desde entonces y parece que las medidas de ese informe del grupo de expertos no van a ver la luz, estarán bien custodiadas en algún cajón. Pero vamos, en la anterior legislatura tampoco se adoptaron medidas de calado encaminadas a acabar con los problemas de nuestras universidades públicas. No es una prioridad política, está claro.

El caso es que yo soy de los que cree que en España necesitamos un modelo económico más productivo, donde la innovación juegue un papel destacado y se apueste por invertir más en I+D y menos en ladrillo. En este modelo las universidades son una pieza clave pero para ello deben contar con una financiación estable y suficiente… y algo más, tienen que regenarse, lo que implica librarse de sus lastres históricos (politización, endogamia), acabar con la falta de control interno, racionalizar sus estructuras administrativas, etc … lo mire usted desde la óptica de la izquierda o desde la óptica de la derecha.

Universidad Rey Juan Carlos: ni lo más básico

Según una noticia de hace un par de años : “La URJC, primera Universidad de Madrid en colocar a sus titulados, según un informe de la Comunidad” pero… ¿y qué ocurre con sus profesores? Mucho mejor todavía. La Universidad Rey Juan Carlos en mayo de 2012. convocó 21 plazas de Titular de Universidad y 4 de Catedrático de Universidad siendo rector Pedro José González-Trevijano actual Magistrado del Tribunal Constitucional. Acababa de entrar en vigor ese mismo año el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre que limitaba la tasa de reposición al 10% para los funcionarios, y varias Universidades intentaron sacar una serie de plazas in extremis para intentar eludirla. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas, formuló los requerimientos oportunos para que se paralizasen las convocatorias y la mayoría de Universidades acataron el requerimiento y suspendieron las plazas, la Universidad Rey Juan Carlos entre ellas.

No obstante, al poco tiempo, el entonces Rector decidió levantar la suspensión y seguir adelante con las plazas. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado interpuso los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se iba nombrando a los titulares de las plazas convocadas. En estos últimos meses, se están dictando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las correspondientes sentencias anulando, una a una, las plazas impugnadas.

Hoy por hoy, hay constancia de que se han anulado las plazas de:
– Mercedes Ruiz Garijo (STSJ M 8631/2014) – Jesús Miguel Seoane Sepúlveda (STSJ M 11526/2014) – Gabriel Morales Sánchez (STSJ M 13526/2014) – Sonia Núñez Puente (STSJ M 13527/2014) – Marta Ortiz de Urbina Criado (STSJ M 13837/2014) – Inmaculada Mora Jiménez (STSJ M 14259/2014) – Francisco Mercado Romero (STSJ M 15150/2014) – Roberto de Miguel Pascual (STSJ M 15151/2014) – Luis Miguel Doncel Pedrera (STSJ M 15485/2014) – Rubén Milla Gutiérrez (STSJ M 15486/2014)
– Ana Isabel López de Andrés (STSJ M 15489/2014) – Yolanda Pérez Cortés (STSJ M 15491/2014) – Raquel Rodríguez Díaz (STSJ M 16343/2014).

Van 13 de las 25, entre las que se encuentra la del actual Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, que sigue desempeñando su cargo y firmando resoluciones de importante calado -incluyendo algunas que implican el acceso al reparto de fondos destinados a investigación- a pesar de haberse dictado una Sentencia en virtud de la cual se anula su plaza. Esto es consecuencia de que los afectados están recurriendo en Casación ante el Tribunal Supremo (TS), y la Universidad ha decidido no ejecutar voluntariamente las Sentencias mientras que el Ministerio de Hacienda, que se sepa, no ha instado por ahora la ejecución. Como bien saben nuestros lectores, el recurso de Casación es un recurso extraordinario y, por tanto, no impide la ejecución provisional de las Sentencias.

En cualquier caso, es cuestión de tiempo -de muy poco tiempo- que haya quien se persone en el fase de ejecución para solicitarlas, especialmente aquellos que profesores que sí respetaron el Real Decreto-Ley 20/2011 y que han visto su concurso de acceso paralizado mientras temen alguna artimaña de la URJC para evitar aplicar en sentido estricto la sentencia. Y más si tenemos en cuenta que el propio Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, en el momento sea efectiva la sentencia, a todos los efectos habrá perdido su plaza de Profesor Titular de Universidad, aunque hasta el día de hoy, tal y como hemos señalado anteriormente, sigue tomando decisiones que afectan directamente al conjunto del personal docente e investigador de la URJC como si tal cosa.

El contenido de las Sentencias, dentro de cada Sección es prácticamente idéntico.
Ahora bien, hemos de significar también, y así lo hemos puesto de manifiesto en sentencias anteriores (entre otras, la de 7 de febrero de 2014, Recurso 1490/2012) que nuestro Tribunal Supremo ha admitido en ocasiones, la impugnación, a través de los actos de aplicación, de las Bases no recurridas en su momento oportuno, posibilidad que se ha aceptado a título de excepción y en aquellos casos en que era evidente la nulidad de algunos de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2009, casación 9260/2004 , y 18 de mayo de 2012, casación 3013/2008, entre otras, y sentencia 107/2003 del Tribunal Constitucional ). Ante ello, y pese a que no se acierta a comprender la ausencia de impugnación por la Abogacía del Estado de la Convocatoria que nos ocupa, pues el requerimiento en su día realizado a la Universidad demandada no le eximia, como sabemos, de ello, es lo cierto, y así ha de señalarse que la normativa que nos ocupa ( art. 3 del Real-D Ley 20/2011 y art. 23.uno.2 de la Ley 2/2012) ha sido dictada sobre las bases del 149.1.13 .ª y 156.1 de la Constitución , teniendo el carácter de norma básica estatal.”

La Abogacía del Estado sostiene que se ha superado en un 2400% la tasa de reposición permitida para la Universidad Rey Juan Carlos para el año 2012, y la Universidad, aquí viene lo interesante, alega que solo cabría la impugnación por este motivo si finalmente las plazas se hubieran adjudicado a personal que no perteneciera previamente a la Universidad, y que en su caso se trata solo de un cambio de categoría jurídica de los profesores a quienes se han adjudicado las plazas, equiparando estas plazas a una suerte de promoción interna dentro del Cuerpo de Profesores de la propia Universidad.

La respuesta del Tribunal sobre este extremo es contundente e inequívoca:
En suma, para participar en un concurso para el acceso a plaza en el cuerpo de profesores titulares de universidad se requiere estar “acreditado”, y pueden pedir esa acreditación quienes posean el título de doctor; no sólo los doctores acreditados que presten servicios en la Universidad convocante pueden concurrir sino también los que presten servicio en cualquier otra universidad o incluso los que no presten servicio en ninguna, lo único requerido es estar acreditado y restringir el concurso al personal propio iría en contra de los principios de mérito, capacidad, igualdad de trato y de oportunidades; por ello, el hecho de que la plaza hoy impugnada haya sido finalmente cubierta por la hoy codemandada, que tenía la condición de profesora contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, es irrelevante a estos efectos pues es la validez o no de la Convocatoria misma lo que ha de examinarse y el juicio sobre su conformidad o no al dictado del art. 3.1 citado no puede quedar en suspenso hasta conocer el resultado a que se llegue en el proceso selectivo correspondiente, además de que los preceptos citados no permiten convocar todas las plazas que se tengan por conveniente con tal de que se respete el equilibrio presupuestario, sino que imponen la congelación de la oferta de empleo público, toda vez que no se está analizando el estado de las cuentas de la Universidad, sino el cumplimiento de una norma básica del Estado, siendo claro que dicha norma básica establece la congelación de la oferta de empleo público, autorizando excepcionalmente en determinados sectores, una tasa de reposición del 10%.”

De este modo, el TSJM ha venido a sentar el criterio de que no es posible aceptar que exista promoción interna en el PDI de las Universidades Públicas. La Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo, sigue empeñada en recolocar a sus profesores, y ahora está jugando con la figura del Profesor Contratado Doctor, para poder reducir el número de Interinos de su plantilla. En los últimos meses, el actual Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, junto con su Vicerrector de Profesorado e Investigación -el de la plaza anulada-, ha venido convocando un ingente número de plazas, muchas de ellas ya resueltas, en octubre y noviembre, de nuevo contraviniendo el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. De hecho, el todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación ha venido animando al profesorado interino a que se sume a esta conversión masiva a la condición de Profesor Contratado Doctor.

La propia Universidad es consciente de que esta fórmula tampoco se ajusta a Derecho, dado que deliberadamente se ha limitado a publicar estas convocatorias en los tablones de los Registros de la Universidad, infringiendo de forma flagrante y temeraria lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades Públicas de Madrid y su régimen retributivo, ya que ni se han publicado en el Boletín Oficial (no es concurso público), ni consta que se haya comunicado ninguna convocatoria al Consejo de Coordinación Universitaria, por lo que, de nuevo, nos estamos inventando un proceso de promoción interna que no existe.

El Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, parece tener clara la acumulación de irregularidades que ponen en riesgo está pseudo oferta de plazas de Profesor Contratado Doctor. De hecho, las convocatorias de algunas de ellas han sido recurridas en vía administrativa, siendo estimado el recurso por el propio Rector en resolución de fecha 28 de enero de 2015, diciendo lo siguiente: “[…]pudiendo dicha oferta de plazas contravenir lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011,de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cautelarmente y, en evitación de ulteriores perjuicios de imposible o difícil reparación que podrían irrogarse a los aspirantes a tomar parte en los concursos correspondientes a dicha oferta de plazas, procede la suspensión de la tramitación de los citados concursos a que dicha oferta se contrae, en el estado que mantienen, basta tanto en cuanto quede definitivamente determinada la legalidad y legitimidad de dicha oferta de plazas”.

El Ministerio de Hacienda, y concretamente la Subdirectora General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Dª. Concepción Godoy Ramírez, ha tenido conocimiento formal de esta situación, ya que fue informada de las convocatorias y, posteriormente, de las resoluciones. De igual modo, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid serán informados oficialmente para que actúen de inmediato en lo que sin duda es una verdadera estafa a los preceptos que todas las universidades ha tenido que cumplir.

Claro que existe una salvedad que destroza los sueños de los partidarios de este proceso, y que deberán tener en cuenta el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su artículo 21.Uno.2.i) señala que “la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación (…) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Excepcionalmente, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, parte de las plazas resultantes de la aplicación del límite de la tasa de reposición del 10 por ciento correspondiente a los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, es decir, Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrá ofertarse para el ingreso como profesor contratado doctor en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica
.”

Pues bien, parece que estas plazas de Profesor Contratado Doctor que la URJC ha ofertado y sigue ofertando, también incumplen las limitaciones de la tasa de reposición, amén de una serie de preceptos relativos al procedimiento en sí. En esta tesitura lo más sabio y prudente por parte del Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao y de su todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación D. Luis Miguel Doncel Pedrera sería paralizar todas las convocatorias de plazas de Profesor Contratado Doctor, porque a este paso entre los titulares y catedráticos con su plaza anulada y los profesores contratados doctores también contra las cuerdas, quizá la URJC sea la primera que tenga que abrir una oficina del INEM en su Rectorado.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias: del 4+1 al 3+2

El pasado viernes día 30 de mayo el Ministro de Educación y Cultura anunció en rueda de prensa las líneas generales de las nuevas directrices sobre las que habrá que diseñar los títulos universitarios oficiales. Su contenido concreto lo hemos podido conocer, finalmente, a través  del Real Decreto 43/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 3 de febrero, que modifica tanto el Real Decreto 1393/2007 como el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas de doctorado. Es el momento, pues, de efectuar algunas reflexiones sobre la oportunidad de esta reforma y sobre las consecuencias que para la formación de nuestros alumnos podría, en mi opinión, acarrear. Todo ello sin perder de vista que el proceso de adaptación al Plan Bolonia -o, en términos técnicos, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)-, comenzado hace pocos años, no ha culminado todavía en muchas titulaciones y que aún resuenan las críticas, los problemas y las dudas que entonces se generaron y que, inevitablemente, se siguen planteando a día de hoy.

En la actualidad, los Grados universitarios, que sustituyeron a las antiguas Licenciaturas, constan por lo general de 240 créditos a realizar en cuatro años, a razón de 60 créditos por año. Con ello, teóricamente, el alumno adquiere los conocimientos, las destrezas y las competencias necesarias para acceder al mercado laboral, mientras que aquellos que deseen una mayor especialización pueden cursar algunos de los másteres oficiales (60 créditos) que las Universidades ofrecen, dando como resultado una formación que responde a la famosa estructura de 4+1 años, con un total de 300 créditos. Superadas estas etapas el alumno puede acceder a los estudios de Doctorado –no especialmente demandados- que le introducen en las actividades de investigación y que culminan con la obtención del título de Doctor.La reforma que ahora se nos presenta, en cambio,abre la puerta a la existencia de grados de 180 créditos, es decir, de tres años de duración, en cuyo caso los másteres de especialización habrían de contar con 120 créditos (dos años) con los que completar los 300 que se exigen para el acceso al Doctorado.  Con ello, se reconoce la posibilidad de que las universidades adopten la fórmula del 3+2 que, por ser voluntaria para éstas, podría convivir  con la del 4+1 actual.

Al mismo tiempo, el RD 43/2015 establece que “cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España–en donde se incluirían, por ejemplo, Derecho o Medicina-, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable”. Por lo tanto, como es posible que próximamente nos encontremos con una normativa particular para este tipo de titulaciones, habrá que ser especialmente cautelosos hasta comprobar cómo queda su situación particular.

Así las cosas, el profano en cuestiones universitarias seguramente pensará que el revuelo provocado carece de justificación puesto que, en la práctica,daría lo mismo optar por un 4+1 que por un 3+2 pues el alumno, a la postre, obtendría una formación de cinco años lectivos en ambos supuestos. Pero, ciertamente, y por mucho que desde la óptica de las matemáticas nos pueda parecer lo contrario, en el caso de la educación de nuestros universitarios, el resultado no es el mismo según se adopte una u otra opción.

La reforma que se acaba de aprobar se nos ha pretendido vender como una medida encadenada a converger con la mayoría de los países del EEES. La primera reacción que se me viene a la cabeza, que por evidente no es menos importante, es la de que podrían habérselo pensado mejor en el año 2007, cuando se obligó a las universidades a que, para adaptarnos a Europa, nuestras titulaciones pasaran a tener una duración de cuatro años y a contar con 240 créditos, proceso que exigió un esfuerzo sobrehumano para todos los que conformamos la comunidad universitaria.

Con todo, el nuevo sistema sí que favorecería la movilidad del estudiante y el reconocimiento de títulos si impusiera que todos los grados universitarios dentro de una misma materia tuvieran igual estructura de años y créditos. Pero lo cierto es que cada Universidad podrá decidir lo que considere oportuno -adoptar el 3+2 o mantenerse en el 4+1- de tal modo que, al final, esa pretendida equivalencia entre titulaciones se hará muy difícil incluso dentro de nuestro propio país. Así, ya no podremos hablar de un sistema universitario en cada Comunidad Autónoma, como ocurre ahora, sino de uno propio de cada una de las 88 universidades que existen en España. Desde la perspectiva internacional, por su parte, hay que tener en cuenta que muchos países europeos con grados de tres años están sopesando su conversión a cuatro e, incluso, que en Estados Unidos muchas de las universidades más prestigiosas tienen, precisamente, titulaciones de esa misma duración.

El Ministro señala, por otra parte, que con la reducción de un año en la duración de los grados los costes de matrícula serán menores, pero esconde que la gran mayoría de los estudiantes tendrán que realizar un máster para completar sus estudios si pretenden encontrar un puesto de trabajo. Si ya en el momento actual cualquier empresa u organismo exige una formación especializada, con mucho mayor motivo se precisará cuando el grado estudiado únicamente conste de tres años y sus contenidos sean más genéricos. Máxime cuando hasta hace pocos cursos nuestras titulaciones eran licenciaturas de cinco años. Como el coste por crédito es mayor en los másteres (65 euros frente a 33 en los grados, con carácter general), la factura para las familias crecerá y solo aquellos que puedan costeárselo obtendrán una formación que efectivamente les habilite para posicionarse adecuadamente el mercado laboral.

No debe olvidarse, en este orden de cosas, que el Ministro que ahora habla de ahorrar dinero a los estudiantes –eso sí, a costa de estudiar un año menos- ha sido el responsable de las subidas generalizadas de tasas que los alumnos han sufrido en los últimos años –a través del Real Decreto 14/2012 que permitió a las Comunidades Autónomas fijar los precios públicos de los estudios-, del endurecimiento de los requisitos para la obtención de becas y, en definitiva, de los continuos recortes que hemos venido sufriendo en la universidad pública. Al mismo tiempo, no se puede obviar que el establecimiento de grados de menor duración requerirá menos docentes, por lo que auguro despidos a medio plazo en el apartado de personal así como, consecuentemente, en la financiación de las universidades públicas vía transferencias de las Comunidades Autónomas.

Todo ello por no hablar de los costes de gestión que la adaptación a los nuevos grados generará y que, nuevamente, recaerán, en gran parte, en el profesorado. Recuérdese que la adaptación a Bolonia ni siquiera se hizo al tan cacareado “coste cero” que inicialmente se nos exigió, pues la falta de contratación de nuevos docentes y la exigua tasa de reposición de vacantes impuesta por el Gobierno hizo que tuviéramos que abordar el cambio sin los medios materiales y humanos suficientes y asumiendo tareas administrativas, en muchos casos, sobrehumanas. Gran parte de nuestro tiempo, que debería dedicarse en su integridad a la docencia e investigación, lo tenemos que emplear ahora a actividades de lo más variopintas, convirtiéndonos, en muchas ocasiones, en meros cumplimentadores de papeles, impresos y aplicaciones informáticas de todo tipo y condición para finalidades de lo más peregrinas.

A mi juicio, apostar por una educación de calidad no pasa por una reducción de créditos y años formativos, de tal manera que el alumno se vea abocado a un mercado laboral, duro de por sí, sin las armas – formación- suficientes. Lo que se precisa es  una decidida inversión en infraestructuras, dotaciones y profesorado que mejore la educación de nuestros estudiantes, junto a una oferta de becas que permita tener, al que carezca de recursos, las mismas posibilidades que los demás. Tampoco pasa por estar modificando el sistema universitario permanentemente, respondiendo así a las ansias que todo Gobierno parece tener por aniquilar todo lo que el anterior haya establecido en materia de educación, sin esperar a que las nuevas estructuras se asienten y se pueda acometer la solución de las deficiencias detectadas. Y no se puede criticar que nuestras universidades no aparezcan en los primeros puestos de los rankings internacionales cuando de manera continuada los presupuestos destinados a investigación se ven mermados sin piedad para situarnos en una situación completamente agónica.

¿No sería mucho más razonable no precipitarse, ver resultados y analizar las tendencias internacionales, antes de fijar un nuevo sistema cuando, además, la Universidad aún se esta lamiendo las heridas provocadas por la adaptación a Bolonia? Me temo, desgraciadamente, que esta no será la última medida que en los próximos meses afecte a la Universidad, ahora que parece que nos hemos convertido en la nueva bestia  negra de nuestros políticos.

Endogamia, omertá y corrupción en la Universidad

Mi buen amigo Rodrigo Tena comenzaba su entrada del pasado día 9 de diciembre afirmando que “en este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS.” Inmediatamente me hice la pregunta que nos hacemos, al menos, los prudentes: ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Me vuelvo a tirar a la piscina? La duda me duró poco. Así nació esta entrada. Sí, soy culpable, he publicado un artículo, no en este blog (lo que ahora corrijo), exponiendo un caso concreto, el que a mí me sucedió, sobre el cómo se proveen las plazas de profesores en las Universidades españolas. Mi caso combina lo normal con lo anormal; lo normal, entendido como lo más frecuente, que se convoque una cátedra para que gane el candidato local, el de casa, el dueño de la plaza. Y lo anormal, lo poco frecuente, que “el de fuera”, el “usurpador”, se presente a realizar las pruebas. Una vez te comunican, como fue mi caso, quién va a ser el ganador, el dueño de la plaza, la certeza del resultado hace que muchos decidan no presentarse a realizar las pruebas. Te evitas participar en un espectáculo grotesco, pero cruel, de destrucción y denigración del ladrón. Azuzado por el público entregado que pide sangre y jalea, aplaude y vitorea. En mi caso, rompí esta regla. Muchas razones me empujaron. Una, la más importante, fue la del hartazgo frente a la arbitrariedad más descarnada, sostenida por la mediocridad y la inmoralidad convertida en parámetros para la selección y contratación del profesorado. Me presté al espectáculo. Al circo. Los gritos y los aplausos siguen resonando como el sonido de la miseria. El tiempo transcurrido no apacigua la indignidad.

La incursión de este blog y de otros medios en el mundo universitario viene propiciada por un cambio general que se está produciendo en España de rechazo a la corrupción. En el último Barómetro del CIS, noviembre de 2014, la corrupción ha escalado al segundo problema grave de la situación de España, así considerado por el 63 por 100 de los encuestados. Las Universidades no son ajenas a este mal. Los medios de comunicación se están haciendo eco. Así, merece destacarse, la serie de artículos que está publicando el diario El País. He leído algunos y las columnas de opinión publicadas. Se ha abierto la veda. La denuncia de los escándalos se suceden. El último, por ahora, el de las tarjetas black de alguna Universidad. Y, más cosas que deberían salir. Muchísimas más. La Universidad desarrolla sus funciones de servicio público, el de la educación superior, en régimen de autonomía; la que, incluso, el Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por catedráticos, ha considerado como un derecho fundamental (art. 27 CE). La autonomía sin control sólo puede tender al exceso y a la arbitrariedad. Forma parte de la naturaleza de las cosas, como la ley de la gravedad. La autonomía con el dinero ajeno aún más. Se es autónomo para gastar y para interpretar cuáles son exigencias económicas que se necesitan para dar satisfacción al servicio público de la educación superior encomendada. Autonomía para gastar y para pedir, sin control. Sin racionalidad. No nos puede extrañar los casos de nepotismo denunciados en alguna Universidad, como se ha hecho eco este blog. Me temo que no es una excepción. No hay racionalidad, sólo poder sin control. Y arbitrariedad.

La afirmación de Rodrigo hizo despertar los viejos fantasmas que habitan en mí. En noviembre de 2012 publiqué un artículo en la revista El Cronista en el que comentaba lo que me había sucedido con ocasión de mi participación en el concurso para la provisión de la plaza de catedrático de Derecho administrativo convocado por la Universidad Carlos III de Madrid en septiembre de 2009 y cuyas pruebas se celebraron el día 14 de diciembre del mismo año. El resultado ya me lo habían anunciado unas semanas antes: la plaza será para el candidato local. Aún así, participé. Y el resultado fue el anunciado. Mi experiencia la conté en el artículo [ver aquí]. Me atreví a romper el silencio. La endogamia se beneficia, como señala Rodrigo, de la “omertá”. Todo el mundo calla. En primer lugar, los más directamente afectados; coaccionados por un ambiente en el que el crítico corre el riesgo de ser calificado de loco, de chalado, cuando todo el mundo decide callar; el silencio cómplice. España no es una nación cómoda para el disidente. Al contrario. Es acomodaticia: “por qué me voy a molestar”; “se lo habrá buscado”. En mi caso, claro que me lo busqué. Tuve la osadía de concursar. El resultado ya estaba anunciado. Me lo habían advertido. Advertido. Sí.

Es el silencio del medio; el temor a los castigos. No es mi caso. Soy catedrático desde hace más de 11 años y cuando concurrí ya lo era desde hacía 6 años. Disfruto de una situación que me permite denunciar lo sucedido sin temor a que las represalias no pasan de una mera molestia o, incluso, chistosa, como las que me han aplicado. Entiendo que cualquier otro, en otra situación, no podría hacerlo. Se enfrenta al sistema y tiene el temor de que nunca será catedrático. Estás muerto. No es mi caso.

La endogamia se mantiene porque, dentro del sistema universitario, es más el número de los beneficiados que los perjudicados. Tiene una lista muy pequeña de perjudicados y otra inmensa de beneficiados. Todos aquéllos que saben que, con tiempo, serán catedráticos en la Universidad en la que comenzaron sus estudios. La virtud a cultivar es la de la paciencia. La de la competencia es el mayor de los pecados. El sistema los empuja y, poco a poco, lo conseguirán. La endogamia está pensada para contentar al mayor número de personas al asegurarles que, más tarde o más temprano, serán catedráticos de “su” Universidad. La Universidad para quién se la trabaja. La finca universitaria para “sus” trabajadores que tienen el legítimo derecho a que se les premie por su dedicación … a la gestión. La investigación es proporcionalmente secundaria. Hay que hacer mucha gestión. Sobreponderada en los sistema de acreditación.

Para qué cambiar un sistema que beneficia a tantos y perjudica a unos pocos. Para qué. No hay interés. Y menos, desde el Gobierno. No hay nada que ganar y mucho, muchísimo que perder. ¿Hay algún ministro de educación que quiera soportar las protestas de los universitarios “progresistas” denunciando la reforma “autoritaria” dirigida a promocionar la competitividad? Se afirmará que se quiere privatizar la Universidad. Claro. El mérito y capacidad son privados. Son lo único que tenemos todos los ciudadanos. El único patrimonio. El que pueden disfrutar, incluso los pobres, para prosperar en la vida. El mérito y la capacidad no son populares. No pueden serlo. Para qué. Competir con otros buscando la excelencia. Esto no da votos. Puede dar “botos”, pero no votos. Nadie lo hará. Hay demasiados beneficiados. Que perjudica al interés general de España y de los españoles, ¡que se fastidien!.

En definitiva, soy el raro espécimen que concursé a cátedra cuando no era “mía”, sino del candidato local, y así lo denuncié en el artículo que enlazo. Mi buena amiga Lourdes, que también sufrió un episodio como el aquí contado, me recuerda que yo ahora, cinco años después, formo parte del “sistema”. En efecto, formo parte de la Comisión de acreditación de catedráticos de Ciencias Sociales y Jurídicas de la ANECA. Algún comentarista, como Francesc de Carreras, publicaba un artículo en El País, dentro de la serie que comento, en el que incluía el procedimiento de acreditación entre los males del sistema universitario. Desde esta perspectiva, no sólo formo parte del “sistema”, sino de sus males. Confieso que cuando me propusieron formar parte de la Comisión dudé si aceptar. Y ante la duda, lo mejor es informarse y estudiar los asuntos. La acreditación certifica que los que aspiran a ocupar una plaza de catedrático o de profesor titular reúnen un mínimo de calidad (en investigación, docencia y gestión) que los califica como adecuados para participar en los procedimientos dirigidos a seleccionar a aquél que ha de ocupar la plaza correspondiente. El gran error de los que escriben sin conocer bien el asunto es que confunden acreditación con provisión de la plaza. La acreditación sólo valora las cualidades mínimas para participar en los procedimientos de selección para ocupar las plazas. No provee plazas. Es como lo que sucede con el permiso de conducir. Para manejar un vehículo, necesitamos un permiso de conducir y un coche. La acreditación es la que facilita el permiso de conducir, pero será cada Universidad la que deberá convocar la plaza, o sea, seleccionar quién de los que tienen la acreditación es el mejor para manejar el coche (la plaza) de la Universidad. Así planteado, el procedimiento de acreditación introduce un control añadido y de ámbito nacional por unas Comisiones integradas, en mi caso, por 10 miembros, todos Catedráticos de distintas áreas de conocimiento y Universidades, asistidas por expertos de cada especialidad que elaboran los informes individuales de cada solicitante. La falta de rigor llega hasta el extremo de afirmarse, para alimentar a los conspiranóicos, que somos nombrados por el Ministerio de Educación, cuando lo somos, tras un sorteo, por el Consejo de Universidades integrado por los rectores. No está libre de defectos, algunos muy graves, como el de la conexión con el procedimiento de evaluación de la calidad de la investigación (los conocidos sexenios) que premia, incluso a los malos o muy malos investigadores pero que han conseguido los cuatro sexenios, con una vía rápida para acceder a la acreditación.

La endogamia se produce en la provisión de la plaza, o sea, la selección de quién ocupará la plaza convocada. Está completamente en manos de las Universidades. Y la utilizan para premiar a su candidato. Aquí vale todo, desde elegir a los amigos, incluso aquéllos que no forman parte del ámbito científico de la plaza, por ejemplo, catedráticos de Geografía que participan en una comisión de Derecho, hasta introducir perfiles a la plaza como el título de la tesis doctoral del candidato local. Cualquier sistema vale para cerrar el paso a la competencia. Al concurso para la provisión de la plaza pueden participar todos los que ya son catedráticos (porque ya ocupan una plaza en otros Universidad española) y los que han obtenido la acreditación por parte de la ANECA (la Comisión de la que formo parte). Si el procedimiento fuese limpio, abierto, competitivo, riguroso y no arbitrario, haría posible que la selección del mejor por parte de Comisiones independientes, elegidas por sorteo, resultaría de la competencia entre un amplio elenco de candidatos. Como los rectores tienen que beneficiar a su clientela, invierten el sistema para cerrarlo al máximo, para que, como la fruta madura, sólo caiga del lado de su postulante, el que ha controlado todo el proceso desde el primer minuto, incluidas las bases y los miembros del Tribunal. Cuando leía el Auto del Magistrado Ruz, en el asunto de la Gürtel y cómo describía la mecánica de la corrupción, me sorprendí preguntándome qué pensaría si conociera que lo mismo que él califica como delictivo es la práctica habitual en la provisión de las plazas. El candidato local influye decisivamente en todo el procedimiento sobre “su” plaza. Es corrupción cuando se trata de un contrato de 10.000 euros para organizar un evento en el que asiste la Presidenta de la Comunidad, pero cuando se trata de la adjudicación de una plaza de catedrático es … endogamia.

En definitiva, la endogamia es el fruto de una regulación que entrega a la autonomía universitaria el procedimiento de provisión de las plazas de profesores, lo que permite que personajes como los que comento pueden campar a sus anchas haciendo realidad la arbitrariedad más absoluta. Si fueran políticos diríamos que se trata de prácticas corruptas. En el mundo universitario, todo es más sutil, más delicado, más intelectual. Lo que para los políticos es corrupción, para los universitarios es discrecionalidad técnica. Que no haya ninguna Universidad española entre las 200 del mundo, es un daño colateral. Insignificante. Ridículo. Así nos va.

En defensa de la Universidad: algunas ideas para su regeneración.

La universidad española languidece. Ha perdido el espíritu y el vigor que requiere la institución. Ninguna universidad española está entre las cien primeras del mundo. El daño es enorme para la sociedad y la economía, sobre todo en momentos de crisis en los que resulta más necesaria que nunca la formación superior y la aportación de buenos científicos. Las universidades se han convertido en fábricas de dar títulos que funcionan por el voluntarismo de unos pocos. Es cierto que los mejores talentos están en la universidad. Pero se ven abocados a luchar para poder investigar y dar clases en un ambiente mediocre en el que reina la endogamia y el amiguismo.

Las escuelas

A mediados del siglo pasado, en un ambiente de desolación, surgen las primeras escuelas dentro de la universidad, grupos de poder que perduran hasta nuestros días. Lo cierto es que no ha habido transición en la universidad española. No hay un problema de politización. Es cierto que hay universidades que han surgido a la sombra del gobierno de turno. Pero las escuelas conviven con los más diversos credos. Las plazas se pactan en buena armonía. No hay selección por el mérito y la capacidad. Las cátedras se nombran por afinidad con honrosas excepciones. Los más románticos se agarran a su vocación académica y no abandonan. Luchan por ganar una plaza hasta la extenuación. No entienden que la ciencia sea patrimonio de unos pocos. El amor a la universidad se abre paso en algunos departamentos aunque el ambiente sea hostil. Pero estos intentos de crear grupos de trabajo de relevancia internacional es raro que fructifiquen. Constituyen una amenaza al status quo de las escuelas quienes tienen la llave de la financiación.

La sucesión de leyes universitarias no ha abordado el problema de fondo, la endogamia que promociona al familiar. Los más realistas abandonan o emigran al extranjero. A pesar de estos obstáculos hay profesores íntegros, vocacionales, que forman excelentes equipos de investigación. También hay buenos docentes, individuos aislados que arrastran la ilusión de los alumnos. Son casos de pura voluntad en lucha contra las circunstancias. A pesar de estos grupos de excepcional valor, las universidades  españolas están en la cola de las universidades europeas y muy por debajo del lugar que corresponde a nuestro desarrollo económico y social. Las diferencias de productividad no son reconocidas en la carrera profesional. Existe poca relación entre productividad y poder dentro de la universidad. Se enseña mal y se investiga peor. Salvo casos puntuales no hay conexión de la empresa con la universidad. Como muestra de esta situación, España carece de mercado laboral para los doctores. Se hace el doctorado para acceder a la carrera universitaria y hay controles para que sólo accedan aquellos seleccionados por las propias escuelas. No hay oferta de doctorados para los outsiders. Con mucho esfuerzo se puede conseguir un director de tesis pero sin el visto bueno de las escuelas es difícil formar tribunal. “A los externos, nada de cum laude, aprobado y a la calle”, es el lema. Ante este panorama surgen escuelas de negocios que satisfacen con éxito esas necesidades de formación.

Selección del profesorado

El sistema de selección de profesorado debería basarse en la renovación generacional en condiciones de transparencia y méritos profesionales. Las contrataciones deberían ser llevadas a cabo por comités de expertos con presencia internacional. En la selección de jóvenes profesores, debería primar la capacidad de trabajar en equipos de diversas universidades, la creatividad, la autonomía y las habilidades de comunicación escrita y oral. La ética profesional debería ocupar un lugar central en la selección de los docentes. Nada de esto se requiere para acceder a las plazas. Basta con conocer una parte del programa y tener padrino o mejor escuela. Los talentos individuales son sacrificados. Muchos quedan en el camino. Son los daños colaterales que se pagan por mantener el statu quo de las escuelas. Sacar una plaza contra la voluntad de la escuela puede llegar a ser un infierno. “Desde que saqué la plaza no he dejado de llorar ni un solo día”, comentaba una profesora que se adentró en terreno vedado. El daño personal es enorme. No hay satisfacción personal ni tranquilidad para los mejores. El consuelo lo encuentran en los alumnos y en los contactos con investigadores de otros países. Pero cuidado con viajar que tras la estancia en el extranjero alguien de la escuela puede haber ocupado la plaza. Son los llamados para la gloria. Actúan como si supieran que va a caer en el examen. En meses se doctoran y en pocos años son titulares. Para la cátedra esperan su turno.  Cuando está mal visto designar al hijo, se permutan con un colega. “Tú haces catedrático a mi hijo y yo al tuyo”. Todo un orden endogámico.

¿Qué hacer?

Necesitamos una redefinición del papel de la universidad en la sociedad y un cambio del sistema de gobernanza.  Hay que recuperar la ética del trabajo. Debería haber leyes de incompatibilidades efectivas para los profesores que trabajan a tiempo completo. Los profesores universitarios deberían ser evaluados por su productividad tanto en docencia como en investigación. También se deberían tener en cuenta sus contribuciones a la gestión interna de las universidades y sus actividades profesionales de difusión científica en la sociedad civil. Estas evaluaciones deberían ser periódicas y en ellas deberían participar todos los estamentos universitarios, incluyendo a los alumnos. Además debería haber evaluaciones públicas de los estudiantes a los profesores y de  los profesores jóvenes a  los mayores. También es importante incentivar el trabajo. Se deberían dar premios a la productividad y periodos sabáticos a los profesores con buenas evaluaciones para mejorar la formación profesional y fomentar nuevos proyectos. Por último se debería exigir la máxima ética profesional. La falta de comportamiento ético, por ejemplo, el plagio o  el abuso de poder con alumnos o jóvenes en formación, deberían ser tramitados con procedimientos eficaces, acabando con la impunidad.  Los planes de estudios deben ser dinámicos, de acuerdo a la realidad y necesidades de la sociedad, y no al gusto de las escuelas. Por último pero no menos importante, los profesores deben estar bien remunerados y contar con los medios necesarios para investigar. Da pena pasearse por las bibliotecas universitarias con estanterías vacías por las bajas en las suscripciones a las revistas internacionales.

Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos

 

En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS. Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro Gonzalez-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.

De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.

Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.

Raudo y veloz el ex Rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.

Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.

Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).

Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.

 

¿Qué pasa en la Universidad? El libro “Universidad y Ciencia en España” de Clara Eugenia Nuñez

Lamentablemente no conseguimos hablar mucho en nuestro blog del funcionamiento de las Universidades españolas, que hasta ahora han conseguido salir más o menos indemnes del desastre institucional, o para ser más exactos, de la percepción ciudadana sobre la quiebra de nuestras instituciones. Aunque últimamente empiezan a salir algunas noticias sobre la alegría con la que los Rectores se gastan el dinero de los contribuyentes mientras protestan contra los “recortes” que sufren sus Universidades o sobre las prácticas mafiosas de algunos Magníficos (como el Rector de la Universidad Juan Carlos I, Fernando Suarez, imputado por un delito de amenazas)  dispuestos a todo para ganar las elecciones creo sinceramente que todavía no somos muy conscientes de la gravedad del problema.

La razón es que si ya es difícil conseguir que un funcionario hable de lo que pasa en su institución, todavía es más difícil conseguir que un catedrático o un profesor de Universidad en activo nos hable de endogamia, corruptelas, despilfarro, “puertas giratorias” (vía grandes despachos en el caso de los juristas) seminarios o congresos en países exóticos con cargo al contribuyente  o sistemas de compra de votos en elecciones a Rector. Lo que no quiere decir que no lo sigamos intentando. En todo caso, siempre es recomendable enterarse de que pasa en las Universidades españolas y sobre quien es quien antes de decidir mandar a nuestros hijos a estudiar a una de ellas. La web  http://www.corruptio.com/ de la Asociación para la Transparencia en la Universidad ofrece información sobre los casos de corrupción y falta de transparencia y permite también realizar denuncias.

Para una perspectiva más general recomendamos el libro de Clara Eugenia Nuñez, de la editorial Gadir, “Universidad y Ciencia en España” (claves de un fracaso y vias de Solución)  que tiene la ventaja de haber sido escrito por una profesora de Universidad que además ha ocupado el cargo público de Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid durante varios años a lo largo de los cuales intentó llevar a cabo una profunda reforma de las Universidades públicas madrileñas que terminó en fracaso. El libro ofrece un diagnóstico certero sobre la Universidad y la Ciencia en la España del siglo XXI, una historia de la Universidad y la Ciencia desde el siglo XIX (de aquellos polvos vienen estos lodos) una explicación de los problemas que tiene actualmente la Universidad española, nacidos en la Transición (concesión de una autonomía total y de una irresponsabilidad total, una combinación letal) y unas propuestas de reforma que si bien no fueron finalmente posibles -particularmente tras el nombramiento de Lucía Figar como Consejera de Educación que restauró la tradicional relación clientelar tradicional con las Universidades públicas- quedan ahí como muestra de lo que hay que hacer y también de los formidables obstáculos que se oponen a una reforma universitaria que favorecería a los alumnos y a la sociedad española pero perjudicaría mucho a los dueños del cortijo.

Resulta apasionante en todo caso la historia de este fracaso, narrado en primera persona, tanto en la primera época de esperanza e impulso (con el Consejero de Educación Luis Peral y bajo el amparo de la todopoderosa Esperanza Aguirre, que “compra” la reforma que propone la autora) como durante la segunda, con la nueva Consejera Figar (apadrinada por Esperanza Aguirre) que finalmente destituye a la autora tras varios desencuentros que se narran con detalle en el libro y que no dejan precisamente bien a la todavía Consejera de Educación, ni desde el punto de vista político ni personal. En todo caso, la obra, como indica su subtítulo, es la historia de un fracaso de un intento de reforma serio –si bien tímido- de los perversos sistemas de incentivos que rigen en la Universidad pública española, en este caso en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

En la obra se facilitan abundantes datos, tanto históricos (recordando aquellos casos de éxito, que también los ha habido  y que por distintos motivos no fueron más que islas en un mar de mediocridad) como económicos y sociológicos que hablan por sí solos. Apunta también a las causas profundas de los males de nuestra Universidad (básicamente el sistema de financiación, el sistema de gobernanza y la politización) y a los cambios que se han realizado otros países que tenían problemas similares y que han conseguido gracias a reformas similares a las que intentó poner en marcha Clara Eugenia Nuñez conseguir una Universidad pública de calidad.

Los “malos” de la historia, y esto quizá es lo más interesante, no son solo los obvios, es decir, los políticos partitocráticos con nula experiencia profesional, maneras de reyezuelos y  escasa preocupación por los intereses generales, encarnados perfectamente en la Consejera de Educación, sino los propios rectores de las Universidades madrileñas. Particularmente demoledora es la descripción que hace de ellos Clara Eugenia Nuñez citando literalmente sus declaraciones y reacciones ante un intento de reforma que consideraron –con razón- como un ataque frontal a sus intereses y su “status”, por mucho que fuera a mejorar el rendimiento de las Universidades pagadas con dinero de los contribuyentes. Ya dijo Luis Garicano en su momento que el de los rectores era el lobby más reaccionario de España. Por cierto, que el famoso informe sobre la reforma de las Universidades  que encargó en su día el Ministro Wert a un grupo de expertos (entre ellos el propio Garicano) debe de dormir el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio. Y es que este toro no es fácil de lidiar, ni siquiera para un Ministro que se las da de bravo.

En último término la historia de este fracaso resulta apasionante y merece la pena ser contada –los seres humanos aprendemos más de los fracasos que de los éxitos- y las propuestas de reforma ahí quedan, lo mismo que el primer intento frustrado de llevarlas a cabo y la forma en que se torpedeó desde arriba (una vez producido el “giro copernicano” en la Consejería, dado que a la autora se le había nombrado precisamente para llevar a cabo por la misma Presidenta de la Comunidad de Madrid que luego la dejó en la estacada) y, sobre todo, desde las propias Universidades. Por supuesto con la complicidad y la colaboración de muchas personas que circulan por las páginas del libro con nombres y apellidos. Particularmente triste resulta la historia de los IMDEA, Institutos Madrileños de Estudios Avanzados concebidos como un nuevo marco institucional para la ciencia –al margen de las Universidades- y su progresiva “okupación” hasta su reducción a la categoría de chiringuito. Para los juristas, y más para los autores de ¿Hay Derecho? resulta fascinante la operación de acoso y derribo del IMDEA Ciencias Sociales, dado el desprecio por las normas vigentes demostrado por el equipo de la Consejería de Educación en la toma del Patronato. De haber leído antes el libro lo hubiéramos sacado en el capítulo “las leyes son para los otros”.

Como ya hemos dicho el libro deja constancia de un intento de reforma que honra a la autora y a otros colaboradores (y superiores y jefes políticos, antes del cambio en la Consejería)  y pone de manifiesto cuales son los auténticos enemigos de una Universidad pública de calidad y qué  tipo de armas están dispuestos a utilizar para mantener su finca. Ya saben, aunque solo sea por la razón de que para ganar una batalla hay que conocer bien al enemigo, no dejen de leer el libro. A ver si la próxima vez hay más suerte.

¿Puede servir la experiencia de EEUU para formar abogados en España?

¿Se pueden usar en España los métodos de enseñanza del Derecho para formar abogados que se siguen en EEUU? En particular me refiero al método tradicional seguido por las escuelas de Derecho de EEUU: el método socrático o método del caso.

La opinión mayoritaria en Europa, y en particular en España es que los métodos empleados en EEUU, adecuados para una formación en un sistema de Common law, no son adecuados para enseñar Derecho positivo en un sistema de Civil law. La formación de abogados en España se lleva a cabo en el marco del rigor académico y de acuerdo con el sistema europeo, es decir, un modelo de enseñanza del Derecho que encaja muy bien con un sistema de Derecho Civil y que supone una formación encaminada a la comprensión sistemática del ordenamiento jurídico, frente a la formación que se ofrece en EEUU, que favorece una comprensión de asuntos jurídicos a nivel global al margen del sistema jurídico de referencia.

 El hecho de que EEUU sea un país de Common law, frente a la tradición jurídica continental de Civil Law, no impide, a pesar de lo que a primera vista pueda parecer, que puedan tenerse en cuenta los métodos de formación de abogados en EEUU para la reforma de nuestro sistema de enseñanza del Derecho para abogados.

El sistema jurídico de EEUU, como sistema de Common Law, se basa en el precedente judicial, de manera que las sentencias de los jueces constituyen la fuente principal del Derecho y el juez es el creador del Derecho. Frente a esto, en la tradición del Civil law, la principal fuente del Derecho es la ley, las sentencias de los jueces tienen un peso mucho menor de lo que lo tienen en EEUU en la formación del Derecho. En un sistema de Derecho Civil, el Derecho tiene un origen legislativo y la función de los jueces es aplicar las normas al caso concreto y esa diferencia fundamental en el sistema de Derecho determina a su vez una diferencia en el papel de las principales profesiones jurídicas en particular el del profesor de Derecho. En EEUU el juez es la figura más importante en el mundo jurídico y en Europa continental esa figura la ocupa el profesor de Derecho que forma estudiantes, escribe e investiga. En EEUU son los jueces los que han creado las tendencias jurídicas más notables (jueces como Oliver Wendell Holmes, Benjamin N. Cardozo o William Rehnquist), mientras que en España, son los profesores de Derecho las figuras más relevantes en el desarrollo del Derecho. Sin duda a primera vista estas diferencias hacen pensar que el método socrático es más adecuado para formar abogados en Common Law que en Civil law, y que el método de la conferencia es el más adecuado para el Civil law.

Sin embargo, esta afirmación se debe matizar y esto es así en debido a la creciente convergencia entre ambas tradiciones jurídicas que se refleja en particular en la profesión de abogado. Cada vez se crea más legislación en EEUU y su conocimiento gana importancia, de manera que la jurisprudencia no es la única fuente del Derecho y por otra parte, en España cada vez las resoluciones de los Tribunales de Justicia adquieren un papel más relevante en la interpretación de las normas.

Además la abogacía internacional de los negocios recibe cada vez más influencia del Common Law y se produce un acercamiento del modelo de ejercicio profesional que hace que cada vez esté más unificado. El modelo que prevalece entre las firmas de la abogacía de negocios es el de las americanas (prevalecen los modelos americanos de gestión de los despachos de abogados, procesos de selección de abogados, sistemas de retribución de abogados …), de la misma manera que el modelo de ejercicio profesional (estilo de redacción de contratos, técnicas de negociación …) es hoy en día el modelo americano. La evolución que han sufrido los despachos en EEUU se ha visto reflejada en Europa y los despachos europeos, y entre ellos los españoles, han seguido en gran medida el modelo de los despachos americanos y el mercado jurídico europeo ha ido evolucionando en el mismo sentido que el mercado jurídico americano en términos de crecimiento, especialización e internacionalización.

¿Cómo se puede adaptar en España el método socrático?

(i) La idea generalizada es la de que el método socrático se puede seguir en EEUU porque sus programas de Derecho son de postgrado, frente a los programas de Derecho de grado en España. Esta diferencia se puede salvar aplicando en diferente medida el método de aprendizaje o aplicándolo de manera gradual, aumentando su uso en los cursos superiores y combinándolo en los primeros cursos con la clase magistral. Por ejemplo, se podría introducir poco a poco desde primero de grado y aumentar su presencia a lo largo del programa y podría generalizarse en el nuevo master de abogacía necesario para poder ejercer la profesión, ya que este sí es un programa de postgrado.

(ii) Lo exportable de este sistema es un método de enseñanza activo y participativo que enseña a razonar con todas las ventajas que eso supone. Y esto se puede aplicar no sólo al análisis de sentencias (como se hace en EEUU), sino también al estudio de legislación y doctrina y, a casos prácticos basados en hipótesis.

En la situación actual de la enseñanza del Derecho y formación de abogados en España, y dado los cambios que se han producido recientemente (Ley de Acceso a la Abogacía y proceso de Bolonia), nos encontramos en un momento adecuado para llevar a cabo algunas modificaciones y creo que para llevar a cabo estos cambios es muy recomendable hacerlo a la luz de la experiencia de EEUU.

Dada la relevancia del mercado y de la cultura jurídica americanos así como la influencia de las universidades americanas, en la definición de la abogacía, y en particular de la abogacía de negocios a nivel global, el análisis de los métodos de enseñanza para la formación de abogados de EEUU es una referencia indispensable para una propuesta de reforma de la enseñanza del Derecho para la formación de abogados en España. Además, la referencia a la experiencia americana es particularmente interesante porque en EEUU existe ya en la actualidad un intenso debate sobre las metodologías de enseñanza más apropiadas para formar abogados que estudia la disciplina “legal education”.

Se abrió el telón: las becas académicas

 

Como estudiante de cuarto del Grado en Derecho en la Universidad de Alicante, he vivido en primera línea el cambio de los planes de estudios mediante el proceso de Bolonia, el aumento de las tasas universitarias, modificaciones en la política educativa y, en estos momentos, se pone sobre la mesa una cuestión sumamente sensible: las becas. El asunto de las becas ha sido destapado recientemente por el ministro Wert, y pese a ello y las múltiples voces que se erigen en diversos sentidos, trataré de exponer algunas ideas.

 

El criterio numérico de alcanzar un mínimo de seis y medio para poder optar a una beca ha sido la principal diana. Analicemos, pues, si este criterio tiene un fundamento plausible. Primero, he de señalar que el ámbito de las becas no es, como ha podido observarse en las últimas fechas, una cuestión pacífica, pero, al mismo tiempo, no cabe duda que con la modificación planteada se ha abierto la veda de un debate que no debe quedar reducido al simple “becas para todos”.

 

-Elevación del listón de exigencia para todos los estudiantes.

 

Si se establece que el mínimo para optar a una beca pública ha de estar en el seis y medio de media (además del correspondiente porcentaje de créditos aprobados), entendiendo, pues, que este mínimo numérico es el listón de exigencia que se ha de exigir a un estudiante universitario, no cabe duda que existe una clara desigualdad con aquéllos que no reciben una beca y obteniendo unas calificaciones inferiores pueden costearse sus estudios. Cosa distinta es el establecimiento de un mínimo nivel de exigencia para todo el alumnado universitario que sitúe su continuidad en la Universidad con la obtención de un seis y medio de media entre todas las asignaturas (algo que no resulta nada descabellado). Pero, teniendo en cuenta, que si la exigencia se eleva para unos, se ha de hacer exactamente lo mismo para otros. Y ello porque la fisonomía de las becas no debe –aunque nos puede llevar a engaño- considerarse como un premio. Las becas son un instrumento corrector de la desigualdad existente en la sociedad para que el acceso a la Universidad se garantice. Sin embargo, en torno a las becas y la Universidad me vienen a la cabeza algunas cuestiones que conviene al menos analizar.

 

-Criterios homogéneos que alcancen a las Universidades privadas

 

Algo que entronca con una de las principales desigualdades que, a mi juicio, existe en el sistema universitario, como es la posibilidad que posee una persona con suficientes recursos económicos de costearse unos estudios universitarios en un centro privado cuando su calificación no le ha permitido acceder a la Universidad pública. Un ejemplo paradigmático que levanta ampollas es el del Grado en Medicina, donde las notas de corte, como es sabido, son las más elevadas con respecto a otros grados. El resultado son estudiantes que, con una nota de corte notablemente inferior, terminan estudiando Medicina, mientras que otros con calificaciones superiores se han quedado a las puertas y se han visto abocados a elegir otra opción, como enfermería. Con el criterio que pretende implantar el ministro Wert llegaríamos a una situación similar.

 

Así pues, al hilo de la supuesta modificación (que al parecer será revisada) abordaré alguno de los aspectos que, a mi juicio, es conveniente tratar:

 

  • Mecanismos de control del destino real del importe de las becas concedidas.
  • Inexistencia de incentivos o beneficios a los estudiantes con un rendimiento más elevado.

Sentado lo anterior, el debate abierto sobre las becas me ha permitido prestar atención a alguno de los aspectos que aparecen en la cresta de la ola y que, de hecho, son comentados entre los propios universitarios. Con lo siguiente no pretendo posicionarme en el lado opuesto a la concesión de becas públicas (de hecho, considero que son absolutamente necesarias), sino arrojar a la luz alguna de las situaciones no aisladas que se presentan en el ámbito universitario en referencia al destino del importe de las becas y que debería corregirse para lograr una eficiencia y gestión adecuada de los recursos públicos.

 

Los comentarios que se pueden oír sin prestar demasiada atención por la Universidad, tales como con los “dos mil euros que me han dado como beca me voy a pagar el carnet de conducir, voy a dar la entrada para un coche, me voy a ir de viaje o me voy a comprar el último ordenador” provocan que se enciendan las alarmas. Obviamente las becas deben costear las actividades académicas y si  los becados destinan esa cantidad a otros menesteres puede deberse a dos opciones. O bien su declaración patrimonial no es la real (algo bastante habitual en España, donde la cultura del “sin IVA” y en “B” es casi patrimonio nacional), o, por el contrario, nos hallamos ante una deficiente gestión y cálculo de la verdadera cuantía que puede gastar el estudiante en el año académico.

 

El pago “en especie”

 

Mis propuestas para tratar de conseguir una gestión más eficaz y ajustada de la política de becas pasan por modificar el sistema actual. Un sistema de pago en “especie” es lo más ajustado a la realidad, esto es, si el estudiante se costea un autobús, metro o el pago de gasolina, que se le reembolse mediante los correspondientes justificantes –pudiendo ser a posteriori para no perjudicar al estudiante-, de la misma manera si en material de copistería y materiales académicos (manuales, fotocopias, libros de lectura) gasta otro tanto, que así lo sufrague la Administración, como en el supuesto que tenga que residir en otra ciudad  con el correspondiente gasto en arrendamiento de vivienda o residencia. El ingreso de una cantidad líquida provoca muchos “fraudes” que desacreditan el verdadero fundamento de las becas. Y, con esto, quiero aclarar que no significa que todos los estudiantes becados lo hagan, pero los supuestos son más frecuentes de lo que se imagina.

 

Por otro lado, no menos cuestionable es la posibilidad de solicitar becas del Ministerio de Educación de los alumnos que realizan sus estudios en Universidades privadas. ¿Debe el Estado “becar” a aquéllos que no han podido –o querido- entrar en la Universidad pública?

 

-Inexistencia de incentivos o beneficios para las calificaciones elevadas

 

Como ya he manifestado en algunas ocasiones (pueden leerse aquí dos artículos en los que denuncié la cuestión: Una educación escuálida y el premio al buen estudiante y otro apretón de tuerca más ) en España las becas a los  estudiantes con mayor rendimiento no están en absoluto a la cabeza. De facto, no existe un catálogo como tal, tan sólo se exime del pago de los créditos correspondientes a la asignatura en los que se ha obtenido matrícula de honor e igual da obtener sobresaliente o notable en todas las asignaturas que un aprobado, puesto que la asignación por aprobar todas las asignaturas, si se es becado por el Ministerio de Educación, es de ciento cincuenta euros. Prefiero evitar la palabra excelencia (muy en boga últimamente, pero un tanto denostada) y animar al Ministerio si pretende premiar a aquéllos que obtengan mayores calificaciones a establecer unos incentivos económicos (para que se hagan una idea a un premio nacional de carrera universitaria se le premia con tres mil euros).

 

-Eludiendo el verdadero debate

 

Ante las modificaciones en el sistema de becas ha brotado un manantial de artículos en los principales medios de comunicación con posiciones radicales en ambos signos.  No obstante,  no podemos vendarnos los ojos con el “sobrepeso” de Universidades.  ¿Se les fue la mano en su creación? ¿Son viables todas ellas? Dos apuntes sobre esta cuestión. No es menos cierto que la proliferación de Universidades a lo largo de la geografía española ha facilitado el acceso a la educación superior a aquéllos que tenían más cortapisas para desplazarse y merced a esa atomización han podido estudiar en el ámbito universitario. En el otro lado del salón, se encuentra la ingente cantidad de centros universitarios. Tan sólo basta con otear el horizonte hacia Alicante. Dos universidades públicas, la de Alicante y la Miguel Hernández de Elche, en menos de treinta kilómetros con grados duplicados. Pero la oferta de educación superior no se reduce a este círculo, todavía se puede acudir al CEU en Elche (centro privado) si no hemos podido –o querido- entrar en la UA o UMH –por ejemplo- en Derecho. Si piensan que el cupo de oferta ya ha terminado en la provincia de Alicante se han equivocado. Otra Universidad privada se implantará en San Juan. A mí los ojos me hacen chiribitas. Ya con las tres universidades anteriores se alcanzaban, por poner un ejemplo que conozco de cerca,  la desorbitante cifra de 600 plazas de oferta en el Grado en Derecho en la provincia.

 

 

Como eludir un ERE en el sector público: el modelo UNED

 

Mientras el Gobierno, en las alturas, se esfuerza en elaborar planes para la mejora en la gestión de las diferentes administraciones públicas y racionalizar el gasto, en el nivel intermedio de la administración local, autonómica o universitaria se intenta destejer de noche lo realizado por la Administración central durante el día. Lo hemos visto recientemente cuando, presionados por sus redes clientelares, varias administraciones autonómicas con independencia del color del gobierno de turno han puenteado por diversos medios la supresión de la paga extra a los funcionarios públicos.

 

En ocasiones, la realidad de una disminución en la financiación pública impone, aunque sea a regañadientes tener que realizar recortes. En estos casos,  el gestor público debe tomar decisiones que suponen tener que elegir entre unas opciones u otras. Sin embargo en ese proceso no siempre tienen por qué regir el sentido común y una vocación de mejora del servicio sino que pueden priorizarse otros criterios.

 

Un ejemplo de cómo se pervierten las intenciones de buen gobierno, en principio postuladas desde lo alto, podemos encontrarlo –aunque seguro que existen otros muchos semejantes- en una administración que aunque cuelga directamente del Estado, goza de gran autonomía de gestión en virtud de la denominada “autonomía universitaria”. Nos referimos a las recientes iniciativas en materia de recursos humanos aprobadas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

En los Boletines Internos de Coordinación Informativa (el BOE de la Universidad) se han publicado en fechas 3 de diciembre de 2012 y de 21 de enero de 2013 (ver los enlaces), las aprobaciones de sendas reformas de la Relación de puestos de trabajo (RPT) del personal funcionario y laboral no docente de la casa que es una muestra de la manera en la que algunas instituciones que escapan del férreo control de la administración central, aprovechan las oquedades del sistema para desvirtuar los principios de austeridad marcados por el Gobierno.

 

La UNED, como todo el mundo sabe, es una universidad pública especializada en la educación a distancia, caracterizada por la necesidad de incorporar a su forma de actuar las tecnologías más novedosas para el tratamiento de la información y la transmisión del conocimiento, así como por diversas circunstancias como, entre otras, tener un gran número de estudiantes matriculados pero que, prácticamente, nunca están presentes en los campus de su sede central y llevar la coordinación de una red de centros asociados tanto en España como en el extranjero que, aunque tienen personalidad jurídica propia, dependen de la sede central.

 

En principio, una organización de esas características se supone que requeriría, además de un personal docente ducho en la metodología de la educación a distancia, de un personal de administración y servicios (PAS) altamente cualificado para resolver las cuestiones técnicas, organizativas, jurídicas y económicas que exige tanto la gestión diaria de esta naturaleza, como la constante necesidad de innovar para estar al día en los últimos avances tecnológicos y metodológicos aparecidos en la educación superior a distancia, lo que teóricamente debería suponer que la proporción de cuadros pertenecientes a los grupos A1 y A2 de la función pública sería relevante respecto del total de la plantilla.

 

Sin embargo, lo cierto es que de las aproximadamente 800 personas que trabajan como PAS en la UNED, no alcanzan a un 10% del total de la plantilla los que son funcionarios del Grupo A1 y la mayor parte de ese personal pertenece a una escala facultativa de archivos y bibliotecas. La gestión directiva y predirectiva se realiza, al igual que en el resto de las universidades españolas- a través de una pléyade de gestores amateur denominados “cargos académicos” elegidos libremente por el rector entre el personal docente, que compaginan sus labores académicas con cargos denominados vicerrectores, vicerrectores adjuntos, vicesecretarios, vicedecanos, etc; a ellos se unen una decena de vicegerentes y otro personal directivo de origen ecléctico, algunos funcionarios, otros contratados laborales que en la mayoría de  los casos fueron nombrados sin haber tenido que participar en procesos selectivos con concurrencia competitiva; de estos dependen apenas unos cuarenta técnicos intermedios de diversa procedencia. El resto, más de 700 personas, son una legión de administrativos, auxiliares, ordenanzas, limpiadores, personal de oficios, mozos, etc… de los que más de la mitad están vinculados a la UNED mediante contratos laborales de distintos tipos y que, seguramente, realizan una función vital, pero que nadie conoce demasiado bien pues, a pesar de disponer de una plantilla tan grande, la falta de personal cualificado obliga a externalizar a través de contratos de servicios, entre otras cosas, la mayor parte de las necesidades de los servicios informáticos de la universidad, las producciones audiovisuales que realiza la institución, la librería virtual, parte de los servicios de atención al estudiante, parte de la asistencia jurídica, etc…

 

En este estado de cosas, si se observan las reformas que ahora comentamos, podemos ver que la gerencia de la Universidad propone y tanto el Consejo de Gobierno como el Consejo Social –integrado por insignes directivos de empresas privadas punteras- aprueban por unanimidad unas asombrosas reformas de la RPT en la que, mediante la amortización de diversas plazas de personal funcionario de Grupo A1 se financia parcialmente la funcionarización de 40 puestos de trabajo de contratados como personal laboral fijo con la categoría de Ordenanza del grupo profesional IV en 40 puestas de trabajo de la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED.

 

También pueden sorprender al lector no avisado (si es funcionario de la administración general del Estado) algunos otros datos que se desprenden de los documentos enlazados, en particular el importe de los complementos específicos de los puestos de trabajo allí recogidos. Así, un “Coordinador de campus”, con nivel de complemento de destino 26, y con un grado de responsabilidad reconocido en el propio documento de 4 sobre 5, tiene (productividad aparte) atribuido un complemento específico de 21.868€, equivalente al de la mayoría de los  subdirectores generales en el resto de las Administraciones públicas.

 

Aunque para algunos la cuestión puede reducirse a una simple cuestión de prioridades al fin y al cabo legítima para conseguir la finalidad de preservar la estabilidad en el trabajo de la mayor cantidad de trabajadores de la “casa” a costa de unos pocos puestos directivos que fácilmente pueden recolocarse,  desde una lógica de gerencia moderna y eficaz, puede resultar más difícil de comprender.

 

En cualquier caso, como mejor se entiende esta reforma es ubicándola dentro de las dinámicas clientelares y cortoplacistas tan frecuentes en la universidad pública española: ante los recortes acaecidos en la financiación que llega del Ministerio, la UNED puede verse abocada a corto o medio plazo a realizar un expediente de regulación de empleo que puede afectar a una plantilla tan sobredimensionada en sus escalones inferiores. La funcionarización de esos cuarenta elegidos, garantizará su estabilidad laboral y, previsiblemente, constituirán cuarenta votos seguros para la candidatura continuista que se presentará a las próximas elecciones a rector que previsiblemente se celebrarán (oh, casualidad) coincidiendo con la culminación de dicho proceso de integración.

 

El descrito es un ejemplo más de los muchos que, seguramente, están intentándose por lo bajo en múltiples ámbitos. El Gobierno deberá estar vigilante para evitar que los recursos que se recaudan esquilmando a la clase media, no se malbaraten con modelos de gestión tan perversos como mediocres.

Lecciones de Harvard. La formación en nuestra Universidad

En el pasado mes de septiembre tuve la fortuna de asistir al congreso anual Harvard-Complutense que el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, junto con el Real Colegio Complutense y la Universidad de Harvard, organiza en las instalaciones de la Law School de esta última. Fue muy interesante para mí preparar y exponer allí, en ese fabuloso centro académico, una lecture sobre el arbitraje y la mediación en el comercio internacional. Lo mismo que conocer “in situ” las instalaciones, el campus y su sistema formativo. Pero quizá lo más valioso de todo fueron las cuatro lectures de prestigiosos profesores de la Universidad a las que tuve la oportunidad de asistir.

 

Tuve así conocimiento directo del mejor sistema educativo universitario del mundo, nacido allí y exportado luego en parte a otras muchas universidades de todos los continentes. Entonces y después he planteado a diversos profesores universitarios españoles, o incluso a alumnos, el por qué todas las universidades españolas, hasta donde llegan mis conocimientos, han sido refractarias a introducir este sistema que tan eficaz se ha demostrado. La respuesta, incluso entre los que conocen y admiran este sistema, ha sido frecuentemente que tal cosa no sería posible en España. Este post me da la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la enseñanza universitaria española en general, y la del Derecho en particular.

 

El “sistema Harvard” de enseñanza. Una clase.

 

Lo mejor para conocerlo puede ser referir una de las clases, tal vez la que más me gustó, la que nos dio el profesor de “Law & Business” de origen indio, Guhan Subramanian.

 

La clase consistía en el análisis de diversos casos. De todos ellos se nos había enviado previa documentación y debíamos llevarla estudiada y analizada. En uno de ellos, por ejemplo, la documentación consistía en las noticias reales aparecidas en ediciones electrónicas de periódicos económicos sobre un caso de posibles sobornos de una importante empresa comercial norteamericana para favorecer su expansión en México. Allí nos enteramos que la legislación norteamericana persigue y sanciona esta forma de corrupción a las autoridades, no sólo cuando tiene lugar en los Estados Unidos, sino incluso cuando las empresas norteamericanas utilizan este “instrumento” en el extranjero. No me cabe duda de que esta amplia consideración de la responsabilidad de los individuos y empresas, paralela a la confianza que “de entrada” se concede a los integrantes de la sociedad civil, y que tiene su origen probablemente en su originario espíritu protestante, tiene mucho que ver con el grado de desarrollo económico alcanzado por esta nación.

 

La clase, debidamente preparada por los que éramos alumnos, rápidamente empezó a ser participativa. Se disputaba, sobre todo, si los Administradores de la empresa matriz en los Estados Unidos, que además habían cambiado a lo largo del periodo en el que se produjeron los sobornos, sabían o habrían tenido la obligación de conocerlos aplicando la debida diligencia exigida por el caso. Sin embargo, en un momento dado, el professor nos animó a profundizar en los antecedentes, para luego plantearnos una cuestión trascendente: si no había responsabilidad en la elaboración de un plan de expansión y apertura de centros en tan poco tiempo. Si un exigible conocimiento de la situación de hecho en México pasaba por haber sabido que la realización de ese plan con esos objetivos temporales era imposible sin acudir a sobornos. Y si los responsables en México de tal expansión no se habían forzado a utilizarlos para poder cumplirlos.

 

Un análisis interesante, por tanto, del posible alcance de la responsabilidad de los administradores, que partíadel conocimiento de la teoría y del caso por los alumnos, en que los alumnos participaron y aprendieron mucho. Algo que no existe en las Facultades de Derecho en España.

 

Las causas de nuestra resistencia a incorporar estos sistemas.

 

La cuestión es la siguiente: si este sistema de preparación previa de la clase por los alumnos, tanto desde el punto teórico como práctico, se ha revelado tan eficiente en resultados, tan estimulante para los alumnos, y no supone especiales costes, pues incluso las clases al ser tan provechosas pueden reducirse en número: ¿Por qué la Universidad española, al contrario de otras muchas, no ha sido capaz de adoptarlo? ¿Por qué nuestro sistema castizo en el que el profesor cuenta la materia a una audiencia virgen en ella, de alumnos aburridos e incapaces de sacar el provecho debido, a pesar de la reforma de Bolonia, muestra tanta resistencia al cambio?

 

Son varias las posibles respuestas que he ido recogiendo. Éstas son algunas de ellas:

 

-“El sistema del caso es adecuado para el Dº anglosajón, basado en precedentes jurisprudenciales, pero no para nuestro sistema latino-germánico que tiene como fundamental fuente la ley”. No creo que este argumento pueda sostenerse. La diversidad de fuentes sólo afecta a lo que el alumno debe preparar, no a la virtud de esa previa preparación. Tengo un hijo estudiando en una universidad suiza y simplemente no concibe no preparar previamente las clases, incluso las de Derecho. En innumerables universidades con un sistema legal semejante al nuestro se exige a los alumnos esta preparación previa.

 

-“Los alumnos llegan tan mal preparados y mentalizados de la educación secundaria que es imposible reconducirles por esa vía”. Tampoco creo admisible este argumento. El sistema general de educación secundaria norteamericano, que con auténtico y acrítico entusiasmo copiamos después en España y otros países europeos, es bastante deficiente. Y ello no impide a sus alumnos adaptarse a las nuevas exigencias de las universidades de prestigio. En realidad el alumno, por mucha tendencia al mínimo esfuerzo que tenga, siempre va a adaptarse a lo que en cada caso le exijan. Pero hay que tener el coraje de exigirlo.

 

“Este sistema no es posible en nuestras masificadas facultades de Derecho”. Al margen de que no es un problema general, sí es cierto que los estudios de Derecho son como una especie de coche escoba para todos aquellos a los que, sin tener especial interés, una extraña inercia social les lleva a “tener” que ir a la Universidad. Sin entrar en este problema, que también y como casi todos podría tener solución, les puedo contar que en ciertas universidades centroeuropeas los primeros cursos son masivos y selectivos, y que eso no impide la exigencia de la preparación previa de la clase. Tal vez precisamente la falta de esa o de otras exigencias puede tener mucho que ver con esa masificación.

 

-Aún menos admisibles me parecen los que se amparan en la existencia de presuntas barreras culturales. Tales argumentos me huelen a racismo, y los creo contrarios al concepto mismo de “Universidad”. Si hemos conseguido manejar ordenadores, construir trenes de alta velocidad e incluso dejar de fumar en los bares, ninguna mejora en sistemas de enseñanza debe ser para nuestras Universidades inaccesible.

 

Las verdaderas razones pueden estar más bien en prejuicios y mecanismos de resistencia a los cambios que se estudian en psicología social.

 

La teoría de la “disonancia cognitiva” (Fertinger, 1957) considera que para evitar la incongruencia entre ideas y actos, que nos resulta molesta, se tiende por ser más fácil y cómodo más a modificar las ideas que las conductas. Si los docentes y los dirigentes de la Universidad admitieran que se puede cambiar para mejorar el sistema de enseñanza, ello les llevaría a admitir lo inapropiado de no haberlo hecho antes y haber seguido rutinariamente con un sistema peor. Ante la dificultad de aceptar estaidea se prefiere encontrar justificaciones que explican el mantenimiento de lo tradicional.

 

La teoría del análisis atributivo (Ben) considera que las ideas sobre una determinada situación se construyen de una forma muy subjetiva, en virtud de cómo se siente en ella el individuo. Quien se sienta cómodo y seguro en su rutina docente tradicional será reacio a novedades que puedan poner esa situación en riesgo.

 

Estos anclajes conservadores se refuerzan además por la presión grupal, que favorece la homogeneidad de respuesta. Ante la nuevas propuestas se comparten, expanden y cultivan críticas y recelos. Y las personas de más edad, que pueden ser más resistentes a los cambios, frecuentemente actúan por su prestigio como modelos y guías de opinión.

 

Aunque estos prejuicios se dan incluso en el mundo profesional (basta ver la dificultad de muchos operadores jurídicos para aceptar soluciones nuevas y eficaces, como la mediación), sin duda se ven potenciados en ámbitos públicos por su específico sistema de incentivos y responsabilidades. La tal vez excesiva funcionarización de nuestra Universidad pública, a salvo hasta hoy de las amenazas de la competencia, y controlada además por grupos cerrados oligopolistas liberados de cualquier rendición de cuentas al amparo del mito de la autonomía universitaria, son factores que refuerzan el actual e ineficiente status quo. El mérito como criterio de valoración del docente se ha difuminado, y la movilidad del profesorado entre diversas universidades se ha reducido al mínimo. Nada de todo esto impulsa la excelencia.

 

¿Tiene solución esta situación?

 

Sin duda es la gran pregunta. Ciertamente, esa tendencia a la inmovilidad, esa actitud fatalista y resignada ante lo que hay aunque se considere malo, no es exclusiva de nuestra Universidad, sino que afecta a grandes sectores de la sociedad española. No hay más que ver, por ejemplo, tantos resultados electorales.

 

Pero también tenemos en nuestra sociedad y en nuestra Universidad elementos inconformistas y dinámicos. Gente que no se conforma con instalarse en la mediocridad y la rutina, y que aspira a la calidad e incluso a la excelencia. Las redes sociales, los medios y blogs en internet, y las ideas que bullen en ellos son un buen ejemplo de ello.

 

Sólo si estos elementos son capaces de cobrar suficiente protagonismo, si consiguen desarrollar ideas y proyectos que pongan de manifiesto que se pueden hacer mejor las cosas, que se puede escapar de la rutina y conseguir que profesores y alumnos se involucren en una dinámica diferente y estimulante. Si se consigue por esta vía empezar a cambiar el sistema de incentivos y crear un verdadero y justificado “orgullo de Universidad”. Aunque ese cambio comience sólo en unos pocos departamentos y universidades. Y si se rompen así los prejuicios y los anclajes a la mediocridad. Sólo en este caso las Universidades españolas, y dentro de ellas el estudio del Derecho, tendrán la posibilidad de alcanzar un rango internacional de calidad.

 

¡Que innoven otros!

Uno de los temas recurrentes que contribuye  a entristecer el panorama de nuestro país es el de la innovación. Estamos en un país que innova poco y esa es la principal causa de la terrible destrucción de empleo que venimos padeciendo.

 

Y para demostrarlo nada más elocuente que este informe de la Fundación Kauffman, “ The Foundation of Entrepreneurship” americana. Aunque el informe es un poco antiguo, del año 2009, creo que sus conclusiones son plenamente vigentes. Y el informe es muy claro, y viene a decir, que en Estados Unidos, prácticamente toda la creación neta de empleo desde 1980 proviene de empresas de menos de 5 años de antigüedad. Eso puede explicar en gran medida lo que nos está pasando en España, donde en los últimos años, no solo no creamos empresas, sino que las destruimos a millones. El informe incluye una gran novedad respecto a otros estudios porque no analiza la aportación al empleo total o la creación de empleo en proporción al tamaño de las empresas sino en función de su antigüedad. En España hablamos mucho de las PYMES porque suponen una parte sustancial de nuestra economía y suele ser un tópico el pensar que las PYMES son las que, a la postre, acabarán generando empleo. Pero no son las PYMES sino las nuevas empresas (es cierto que en general son PYMES) las que pueden crear empleo. El informe analiza diferentes factores pero siempre llega a la misma conclusión: las compañías jóvenes son el motor de la creación de empleo. En la siguiente gráfica se ve el porcentaje de empleo creado por cada tamaño de empresa en el año 2007. Muy elocuente.

 

 

 

Y fíjense en lo que pasa en España. Según un demoledor informe de la OCDE sobre el nivel de formación de nuevas empresas en distintos países miembros, España, una vez más, destaca tristemente por el tremendo descenso en creación de nuevas empresas con respecto a los países más avanzados.  La mezcla de ambos factores es muy negativa para nuestra sociedad. Si son las nuevas empresas las que crean empleo y la tasa de creación de nuevas empresas en nuestro país se ha desmoronado es normal que tengamos la tasa de desempleo que tenemos.

 

 

 

Eso contrasta enormemente con las reuniones que mantiene nuestro monarca con su queridos amigos de las grandes compañías españolas para pedirles que “arrimen el hombro” para crear empleo. Mal va por ahí, posiblemente esas grandes y establecidas compañía, nunca crearán empleo y, si acaso, lo destruirán. Y como muestra la cantidad de EREs de los sectores de las telecomunicaciones, utilities, banca, etc. No quiero entrar a valorar si es razonable o no que esas empresas establecidas reduzcan su personal para poder seguir siendo competitivas, pero lo que es obvio es que no van a ser ellas las que nos saquen del atolladero en que nos encontramos.

 

Y la verdad es que tiene sentido. Las empresas viejas, establecidas compiten en mercados maduros donde lo que se busca es la máxima eficiencia. Los procesos se mejoran, se automatizan y eso conlleva que mucha gente sobre. Son incapaces de generar nueva riqueza porque su propia inercia les lleva a acomodarse en los modelos de negocio que conocen. Por más que lo intenten jamás conseguirán crear nuevos modelo innovadores. Son las empresas nuevas, jóvenes las que pueden generar y desarrollar nuevas y revolucionarias ideas que creen riqueza. Son esas empresas innovadoras las que hacen que el país crezca.

 

¿Y por qué en España no creamos nuevas empresas, empresas innovadoras capaces de generar empleo? Pues porque tenemos una mezcla de factores culturales, educativos, financieros y de confianza que hacen que eso sea muy difícil, tenemos un “entorno de innovación” anquilosado.

 

Voy a explicárselo con un par de ejemplos. Empecemos con  Coursera. Coursera (acuérdense de esa palabra porque la van a oír mucho a partir de ahora) es una iniciativa de educación virtual gratuita nacida en octubre de 2011 con el fin de educar masivamente a la población mundial.

 

Coursera forma parte de una revolución que se está produciendo en la educación superior.  No ha sido la primera en llegar (en este enlace pueden ver una cronología) pero es la que está convirtiéndose en la referencia. Como ellos mismos dicen, su visión es que las mejores universidades no eduquen solo a miles de estudiantes sino a millones en todo el mundo gracias a que la tecnología permite acceder fácilmente a los mejores profesores. Es una verdadera revolución que no sabemos hasta donde nos puede llevar.

 

La idea es, sumamente simple. ¿Por qué asistir a clases magistrales presenciales de profesores mediocres cuando puedo acceder virtualmente a las clases de los mejores profesores del mundo?

 

Como todas las innovaciones disruptivas a las que venimos asistiendo en los últimos años la idea que subyace es sumamente sencilla y se resume en pocas palabras. Google es “buscar”, Facebook es “contactar”, Twitter es “difundir”,  Coursera es “educar”. Asi de simple. Las grandes innovaciones del mundo actual, las que permiten crear las grandes empresas del futuro se basan en ideas extremadamente simples. Eso difiere notablemente del entorno innovador europeo donde se pretende que las grandes innovaciones surjan de complejísimas ideas tecnológicas. Echen una ojeada al VII programa marco y se darán cuenta de lo que estoy hablando.

 

Pues bien, esa idea tan simple, convertida en cifras, nos lleva a que en la actualidad, con apenas un año de vida,  Coursera cuente con 1.2 millones de estudiantes y 121 cursos, prácticamente los mismos estudiantes que todo el consolidado sistema universitario español.

 

Y ¿saben ustedes por qué Coursera ha sido posible? Por una conjunción de factores que en España sería difícil que se dieran.  Coursera se autodenomina una “social entrepreneurship company” a “for-profit organization”, muy preocupados por el impacto social de su actuación pero también preocupados por la sostenibilidad económica del modelo. Coursera es el fruto de la iniciativa de 2 profesores de informática de Standford, Daphne Koller y Andrew Ng que consiguieron levantar 16 millones de dólares de 2 fondos privados (Kleiner Perkins Caufield & Byers and New Enterprise Associates) y otros 6 de Caltech.

 

Han optado por un modelo típico de start-up: “build-first, monetize-later” que puede salir bien o no, pero de momento, van como un tiro. Los cursos son gratuitos y por tanto los modelos de negocio están por explorar pero ya apuntan algunos que se heredan de los modelos de juegos y contenidos digitales, el “freemium”, el “value-add”, que es una variante del “freemium” y los patrocinios:

– certificaciones y muy ligado a ello los exámenes presenciales

– servicios para empresas que quieren reclutar gente

– tutorías de apoyo

– “corporate learning”

– patrocinios

– pago de cuotas de los alumnos para los cursos avanzados

 

Ninguna idea es revolucionaria en sí misma. Es lo que a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir si reflexionamos un rato sobre el tema. Porque las diferencias con el entorno español no residen en la capacidad de tener ideas sino  en el coraje y la capacidad de llevarlas adelante.  ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros?

 

Tienen unos profesores de Universidad emprendedores, unos campeones, con prestigio, con ganas de poner en marcha una idea simple y revolucionaria (que ni siquiera partió de ellos porque ya había otras iniciativas similares) y que generan la confianza suficiente para conseguir millones de dólares de financiación.

 

Tienen unas instituciones sumamente prestigiosas (como la Universidad de Stanford) que ponen la marca y consiguen atraer a otras 16 universidades de prestigio de todo el mundo para crear la masa crítica que hace que el modelo crezca exponencialmente.

 

Tienen un producto de calidad reconocida (la educación universitaria americana).

 

Tienen un entorno de financiación privado y público que les apoya y que les exige.

 

Todo esto, en España, sería muy difícil de tener, por no decir imposible. En España tendríamos una increíble oportunidad de hacer el Coursera en español. El mercado es inmenso y contribuiría notablemente a difundir nuestro idioma y a ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a mejorar sus vidas. Podríamos aliarnos con las mejores Universidades latinoamericanas y construir la gran plataforma de formación en Español. Coursera todavía no ha entrado en este ingente mercado pero, por desgracia, seguro que lo hará antes que nosotros.

 

En España las cosas funcionarían de manera muy distinta. Seguramente no habría ningún profesor emprendedor, un campeón, con ganas y capacidad de liderar una iniciativa así. Seguramente se podría lanzar una iniciativa institucional con fondos públicos (posiblemente en este momento ni con eso), se haría un chiringuito donde los políticos colocarían a sus amiguetes, preferiblemente profundos desconocedores de la materia pero leales, viajarían, comerían, colocarían a más amiguetes hasta que el dinero se desvaneciera sin ningún resultado tangible.  Y después a llorar y pedir más dinero público. Hasta que el dinero público se ha evaporado y con la deuda nos hemos quedado.

 

Y para terminar otro ejemplo.  Socrata, un start-up americano de 5 años de antigüedad (de los que generan empleo) que fue seleccionado por el Gobierno Americano para desarrollar su nueva plataforma de “open data”. El Gobierno Americano es, con muchísima diferencia, la referencia en “open data” en el mundo con cerca de 400.000 datos publicados, frente a los 8.000 de los ingleses, los 2.000 del gobierno vasco o los exiguos 659 de la AGE. Es una apuesta firme y clara de la Administración Americana. Y estos señores han decidido contratar el desarrollo de la “plataforma de nueva generación” del open data a una empresa de pocos años de antigüedad. En España se habla mucho del efecto tractor de la Administración Pública pero, aquí, Socrata, seguramente no habría pasado ni los requisitos de solvencia. Nuestra cortoplacista administración prefiere no meterse en líos y contratar los proyectos innovadores a las poco innovadoras empresas asentadas (esas que no crean empleo) y destrozar con requisitos absurdos de solvencia, cuando no con expulsiones flagrantes de los procedimientos de contratación, a las peligrosas jóvenes empresas innovadoras (las que crean empleo). Ese cortoplacismo es, entre otros factores, el que nos ha sumergido en la situación insostenible en que nos encontramos.  Qué falta de visión y de arrojo.

 

Termino ya. Es evidente que la única salida sólida que tenemos para mejorar las alarmantes cifras de desempleo que padecemos vendría de la creación de nuevas empresas, empresas innovadores que generasen nueva riqueza. Pero el entorno español nos pone las cosas muy difíciles. Nuestros miedos, nuestra visión cortoplacista, nuestra falta de arrojo para abordar nuevos proyectos y muchas veces nuestra picaresca,  son nuestro principal enemigo. Sin un profundo cambio de actitud de todos nosotros: ciudadanos, empresarios, docentes, funcionarios, políticos para asumir riesgos, para afrontar nuevos proyectos, en definitiva para cambiar, lo vamos a pasar muy mal.

El último que apague la luz: los recortes en las Universidades públicas españolas (El caso de la Universidad Rey Juan Carlos)

Es un secreto a voces que las Universidades públicas españolas tienen una gestión muy poco profesional y que bajo el sagrado manto de la autonomía universitaria se esconden muchas corruptelas, abusos, despilfarros y disparates varios, propios de un gestor que no tiene que rendir cuentas  a los ciudadanos que pagan con sus impuestos todo el montaje, ya sea vía impuestos generales o vía tasas universitarias sino que tienen que ganarse a unos electores con intereses bien distintos.  Y tampoco rinden cuentas a su “supervisor”  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de turno, que distribuye la financiación sin tener en cuenta ni la buena ni la mala gestión –o lo hace de forma casi testimonial- aunque la financiación sí depende del al número de alumnos, puesto que las tasas académicas que éstos pagan se transfieren directamente a las Universidades públicas. Por eso puede ser un buen negocio tener muchos alumnos bajando la nota de corte, es decir, primando cantidad sobre calidad. En cualquier caso, como es sabido, la financiación vía tasas académicas es totalmente deficitaria, pese a las recientes subidas.

 

Del tema hemos hablado bastante en este blog y todavía más han hablado en NeG.  Los datos de las Universidades españolas los tienen en este  informe.

 

También hemos hablado en este blog y en otros muchos de la endogamia endémica de la Universidad pública española,  que favorece la existencia de auténticas sagas familiares en algunos Departamentos, del desastre burocrático de la evaluación de la ANECA de las quejas de los Consejeros de Educación (siempre en privado, claro está) sobre la nefasta gestión de la mayoría de los Rectores, en especial de los que no son políticamente afines, de la contratación masiva de profesorado que se ha producido en paralelo a la disminución constante del número de alumnos, de las numerosas posibilidades de contratación de profesores al amparo de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades  utilizando figuras jurídicas previstas para otra cosa, como la de profesores asociados (en principio, para profesionales o especialistas a tiempo parcial) o funcionarios interinos (en principio con carácter temporal y para realizar sustituciones) de forma indiscriminada y dudosamente legal. Aunque, todo hay que reconocerlo, hay Universidades públicas más serias que otras y no en todas se han producido estas corruptelas. Si miran los números del informe de la CRUE allí se recogen con claridad los tipos de personal que tiene cada Universidad pública española.

 

Hemos hablado menos de la increíble y variadísima oferta de la inflación de títulos universitarios en España (muchos de ellos bilingües, faltaría más, será por inglés, y eso que, según este artículo, las competencias de nuestros estudiantes de bachillerato en inglés dejan bastante que desear. Y del asombroso número de alumnos universitarios  Pero ahora la verdad es que ya da bastante igual, porque como decimos en el título,  han llegado los recortes. Eso sí cada Universidad pública, como es autónoma y soberana, los aplica como Dios (o al rector, que a estos efectos es lo mismo) le da a entender.

 

Y como era previsible en este sistema irracional o cuya racionalidad, para ser más exactos, responde a una lógica clientelar, los recortes están empezando por los eslabones más débiles (sí, igual que con los recortes del sr. Rajoy) y no por los más improductivos. No se trata de ver quien funciona y quien no, quien trabaja y quien no, o quien da mejor las clases o es mejor investigador, quien sabe inglés o no (criterio del mérito) quien cobra más o menos dinero (criterio económico) o quien simplemente es más necesario desde el punto de vista de la “oferta” de titulación a los estudiantes porque las clases o el grado que imparte tiene más demanda (un criterio de libre mercado, al fin y al cabo). Nada de eso. Se trata de ver a quien es más fácil echar, tanto desde el punto de vista jurídico (por la modalidad de su contrato) como desde el punto de vista “político” (porque tiene menos coste para el equipo gestor) como desde el punto de vista de la afinidad (porque no es familiar directo, indirecto o “cliente” valga la expresión, usada en su acepción originaria del Derecho Romano) de quienes mandan.

 

Así nos estamos encontrando con esperpentos del tipo de que si hay grados bilingües y no hay profesores que sepan o puedan hacerlo porque ya no se les ha renovado el contrato no se suprime la oferta correspondiente, sino que sencillamente se le encarga a otro profesor (preferiblemente de los que vean en peligro su puesto de trabajo con la siguiente tanda de recortes) y se le encargan las clases aunque no sepa mucho inglés, ni ya puestos tampoco demasiado de la materia a impartir. Ya ha habido protestas de los alumnos ante la Comunidad Autónoma correspondiente por este motivo, por ahora sin ninguna respuesta oficial.

 

Por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad Juan Carlos I de la Comunidad de Madrid.El recorte que “le toca” a la universidad (ya saben que en este país los recortes son lineales) es de 3,5 millones de euros para profes y 1,5 millones de euros para PAS (personal de Administración y Servicios) La reducción prevista del presupuesto de la Universidad para este año son 16,5 millones de euros pero se prevé que aumenten hasta el año 2013 hasta 24 millones de euros, todo según esta noticia.

 

Y para acabarlo de arreglar en esta Universidad –donde de forma tan ejemplar podemos ver las “disfunciones” de las Universidades públicas españolas más “jóvenes” es decir, de las creadas al amparo de las alegrías presupuestarias y autonómicas en los últimos 20 años.

 

tiene un Rector, D.Pedro Gonzalez- Trebijano  con un pequeño problema jurídico, dado que los Tribunales de Justicia consideran que se presentó de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en las elecciones convocadas en 2005 “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos por lo que declara en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”.

 

Por tanto, en una resolución firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”.

 

Por supuesto a los lectores habituales a estas alturas no les sorprenderá saber que el Rector sigue sentando en su silla. En su momento (hace más de un año ya) la Universidad Rey Juan Carlos anunció que recurriría la sentencia que “contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad” y que “atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria”. Efectivamente, el Rector ha interpuesto un recurso de amparo, no hay otro posible, porque la sentencia es firme, y la interposición del recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia firme salvo que así lo acuerde el Tribunal. El rector tiene suspendida la ejecución de la sentencia de instancia,  y ya es suerte, teniendo en cuenta el retraso que lleva el TC con respecto a los recursos de amparo, y que el del Rector lleva el número 5714/2011. El número de recursos de amparo pendientes simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC porque no es nada fácil que te admitan un recurso de amparo, tras la modificación de la LOTC para impedir el aluvión eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. Esto si que es llegar y besar el santo.

 

Pero no solo el TC se ha volcado con el Rector. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había emitido -según la contestación a la demanda de los abogados del Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trebijano”-  Yo no sé en Derecho administrativo que es esto de un “dictamen vinculante previo” que pretende garantizar nada menos que la inmunidad frente a una sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo encargado de revisar los actos de la Administración. Esta figura no venía en mi temario de oposiciones a la Abogacía del Estado, los dictámenes eran preceptivos y no preceptivos y vinculantes y no vinculantes. Tampoco en la Ley 30/1992, cuyo artículo 71 recuerda que con carácter general y salvo disposición expresa en contrario los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes. Dictámenes preceptivos hay algunos, preceptivos y vinculantes no sé si quedan además de los de la Consejería de Educación, por no serlo no lo son ni los del Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado, por si no se acuerdan) salvo que una Ley disponga lo contrario. Y desde luego, a los Tribunales de Justicia que controlan la legalidad de los actos administrativos no les vinculan nada de nada.

 

Por último, al señor Gonzalez- Trebijano le acaban de nombrar a propuesta del PP vocal de la Junta Electoral Central. ¿Casualidad?

 

Y el otro día compareció el Rector en la Asamblea Regional de Madrid para hablar de su gestión y los recortes. El único, por supuesto, que le hizo preguntas un poco incómodas acerca de la situación de la Universidad y de la suya propia fue el representante de UPYD. Aquí tienen la transcripción completa de la comparecencia del Rector. Conclusión: todo fenomenal, muy buena gestión, ningún problema. Que se lo digan a los buenos profesores  de la Rey Juan Carlos I (que también los hay, incluso los que se pagaron de su bolsillo los cursos de inglés para dar las famosas clases bilingües).

 

 

Y el último, por favor, que apague la luz, que ya es un dineral.

 

 

Ritos y Susurros. El vascuence en la Universidad del País Vasco.

La noticia de la propuesta de modificación del Plan Director del Euskara en la Universidad pública vasca (UPV) ha sorprendido con diversas medidas. Se propone señalar con un distintivo a los docentes que dominen esta lengua vascuence (¿en forma de medalla por méritos a la patria?), se “ordena” que todas las comunicaciones, e incluso conversaciones habituales entre los trabajadores, se desarrollen preferentemente en esa lengua, y se quiere introducir la figura del “susurrante”, especie de traductor simultáneo de andar por casa para ayudar (¿y señalar?) a los que, descarriados recalcitrantes, no puedan entender la lengua vasca por sí solos. Tal vez de susurrar se pase luego a regañar, o incluso a multar.

 

La cosa sorprende aún más cuando nos enteramos de que, a pesar de todos los esfuerzos de discriminación positiva en favor de los vascoparlantes, nada menos que un 55 % de los docentes, es decir una mayoría de ellos, no puede comunicarse en vascuence. Y eso según estadísticas oficiales, siempre sospechosas dado que declarar tal falta de habilidad hace años que se ha convertido en algo vergonzante.

 

Para entender cómo normativas como éstas son aprobadas y aceptadas por sus destinatarios en diversos sectores de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), me van a permitir hoy una breve excursión metajurídica, para tratar de explicar, de forma necesariamente rudimentaria en estas breves líneas, cuál es el sustrato ideológico y social que produce tales frutos. Tengo para ello algún título, pues he vivido, disfrutado y trabajado muchos años en Guipúzcoa. Aunque ello no excluya el subjetivismo de mi percepción.

 

Una de las cosas que me sorprendieron cuando llegué fue la idea tantas veces repetida, casi como una consigna, de estar en un proceso de “construcción” del país. En ese concepto participaban los partidos nacionalistas, con diversas denominaciones del objeto a construir (nación, Euskalherria, Euskadi, etc), pero también los socialistas. Seguidismo que éstos hacen también en otras materias, tal vez por la confusión (que se resiste a desaparecer) de querer ver una aureola de progresía en todo nacionalismo (excepto el español, claro), o quizá por la también errónea creencia de que para llegar a ocupar una posición de centralidad en la región (empeño nunca logrado por el PSE) es más útil mimetizarse con los adversarios predominantes que desarrollar un discurso diferente y coherente.

 

Si oyéramos a alguien hablar de la “construcción de Madrid”, por ejemplo, uno pensaría en las innumerables obras públicas de Gallardón, que tanto han costado a las arcas de la Villa y Corte. Pero allí ese empeño “arquitectónico” tiene un significado diferente. Como en todo nacionalismo hay una raíz totalitaria, de lo que se trata ya no es de que el poder político dirija a la sociedad para que ésta pueda obtener los mejores servicios públicos, y mejorar su progreso económico. De lo que se trata es de transformarla, de que se vaya pareciendo cada vez más a un determinado modelo ideal, por supuesto fuertemente condicionado por esa ideología mítica. En definitiva, de lo que se trata básicamente no es de adaptarse a la sociedad, sino de adaptar ésta a lo que “debe de ser” según el ideario nacionalista.

 

De ahí ese otro término, tan caro al ideario nacionalista, y que también tiene un significado diferente al usual en otras latitudes: la “normalización”. La misma no supone un regreso o “descenso” a lo normal, a lo que en otros sitios se entiende como cotidiano, sino, muy al contrario, un “ascenso” hacia ese modelo ideal del imaginario nacionalista. Con martillo y cincel en mano, el líder nacionalista arrancará de la roca las partes sobrantes, hasta que su escultura vaya tomando la forma que debe tener. Eso es el proceso de “normalización”.

 

Por supuesto, uno de los campos en que esa normalización es más necesaria es el de la lengua. Si tan solo un tercio de la población es capaz de expresarse correctamente en vascuence, sin que por cierto se encuentren entre ellos gran parte de los políticos incluso nacionalistas, en su explicación ello no ha sido por un proceso histórico y cultural natural, sin perjuicio de la ayuda de las políticas dictatoriales en concretos periodos históricos. La lengua vasca, en ese imaginario nacionalista, no es una lengua “minoritaria”, sino “minorizada” por una persecución histórica que ha de ser reparada. Si, con muy pocas excepciones, a lo largo de los últimos siglos ha sido esencialmente una lengua popular y rústica, no cultivada por la burguesía urbana, eso se debería a que la opresión de “el enemigo” ha llevado a ésta a la traición a este pilar de la nación.

 

Esa reparación y restablecimiento de lo que, a pesar de su carácter minoritario, debe considerarse como la lengua nacional, en contraposición a la enemiga, justifica todo un despliegue de políticas públicas.

 

No es preciso describir aquí el grado de hegemonía que el nacionalismo ha alcanzado en la región a través de diversos instrumentos, entre los cuales el terror y la coacción no han tenido una importancia menor. Una de las consecuencias ha sido la imposición a la generalidad de la población de algunos de los símbolos (bandera e himno entre ellos) que en origen tuvieron un carácter partidista. El vascuence es también un tótem sagrado, al que todos deben devoción, y al que hay que rendir honores en diversas ceremonias, en las que encontramos eso que algunos han descrito como una transferencia de sacralidad hacia esos elementos profanos, en una sociedad en la que el proceso de secularización ha sido especialmente rápido e intenso. No escasean, por ejemplo, los discursos públicos en vasco, frecuentemente pronunciados por alguien que maneja torpemente esa lengua, dirigidos a pacientes grupos ciudadanos que mayoritariamente no la entienden. De lo que se trata es de cumplir con la ofrenda y aparentar normalidad. Matías Múgica, con agudeza, lo ha comparado a esos largos requerimientos que Hernán Cortés dirigía en castellano a indios que no le entendían, para explicarles por qué tenía derecho a conquistarlos.

 

Esa sacralidad dota a la lengua, y a las políticas de apoyo a la misma, de un manto de inmunidad, entre otros atributos. Incluso su denominación correcta en castellano, “vascuence”, que yo siempre utilizo (fuera y dentro de la CAV) se ha vuelto políticamente incorrecta. Lo correcto es precisamente lo incorrecto, es decir, referirse a ella en su nombre vasco cuando se habla en castellano.

 

En ningún lugar puedes ver publicada la idea de que no debe haber políticas lingüísticas públicas, que las personas deben poder expresarse en la que quieran, y que la composición lingüística de la población debe dejarse al resultado de una libre evolución. Esa es una idea tabú y subversiva, y su debate sería perseguido como delito de lesa patria. Sería como predicar contra el Corán en el corazón de la Medina. Todo lo cual no impide, por cierto, que la mayoría de la población, tras mostrar los habituales ritos de respeto, hagan caso omiso a las campañas y se sigan comunicando en la “lengua opresora” sin que las autoridades puedan hacer nada contra ello. Al cabo, es una sociedad al menos formalmente democrática.

 

Sin embargo hay dos ámbitos en que el nacionalismo sí ha podido desplegar su fuerza coactiva para la imposición del vascuence: el educativo y la Administración pública. Como ha señalado Múgica, la enseñanza  siempre es el escenario preferido del reformador social. Los escolares y estudiantes, en efecto, no pueden salir corriendo cuando asoma el reformador, como tienen por costumbre los adultos. Lo que les deja a merced de cualquier experimento sin que haya que pedirles permiso.

 

Las diversas administraciones controladas por ellos han puesto también como requisito casi imprescindible de entrada a la función pública el dominio del vasco. Incluso para desarrollar actividades para las cuales éste no es útil en absoluto. Sin duda que eso no deja de tener influencia en la calidad de los servicios ofrecidos. Como pasa con cualquier discriminación  positiva basada en motivos ideológicos en las que tales requerimientos se anteponen al mérito y habilidades para el puesto. También aquí la inmunidad consigue que estas políticas de ofertas de trabajo público hayan sido suficientemente cuestionadas. Como señaló Múgica, si admitimos esta forma de torcer la voluntad social, podría contarse también el euskera como mérito para la adjudicación de viviendas públicas o cosas similares. ¿Cuál es la diferencia?

 

En la UPV confluyen ambos campos: educativo y función pública. Es verdad que en ella no se ha podido imponer hasta ahora una política lingüística tan eficaz como la que han sufrido la educación primaria y secundaria. Y su cúpula, por supuesto nacionalista, ha debido decidir que es hora de dar nuevos pasos.

 

En realidad en esa Universidad ya venían desarrollándose desde hace muchos años intensas políticas de fomento del vascuence, pero con resultados que supongo que no deben dejar muy satisfechos a los profetas de la cosa. Con la lengua por bandera se han contratado como profesores a auténticos mendrugos, eso sí, perfectamente “normalizados”. Sin embargo, los cursos en la lengua sagrada no tienen, en general y con honrosas excepciones, lo que se dice mucho prestigio científico. En ellos los libros escasean casi tanto como el pensamiento crítico, y alumnos y profesores suelen rivalizar en su grado de intoxicación ideológica. Eso sí, con la ventaja de que, dada la escasez de gente que pueda analizar con fundamento los resultados científicos, las fechorías se quedan en casa.

 

En realidad lo mismo ocurre con otro sector muy relacionado con el universitario, también fuertemente subvencionado, y en el que ha encontrado acomodo mucha gente que lo tendría difícil fuera: la cultura en vascuence. Con unas cuantas excepciones, y como siempre ocurre con la cultura subsidiada, el resultado es tan extenso en producción como pobre en calidad.

 

No cabe duda de que los distintivos a los vascoparlantes y los susurros a los no alfabetizados (pues llamarles así, analfabetos, es una forma allí frecuente y tolerada de dirigirse a ellos) son nuevos instrumentos de imposición. Claro es que con todo ello puede llegar a producirse una huída de talento, una emigración lingüística (¿o política?) de alumnos y profesores. Pero eso, de verdad, en el fondo nunca ha preocupado al nacionalista puro. Una sociedad más homogénea es, en el fondo, su objetivo.