¿Es la ley solo para los tontos?

Aunque éste sea un blog esencialmente jurídico y frecuentado habitualmente por excelentes juristas, hay ocasiones, como la que me hace aparecer hoy ante ustedes, en las que no queda más remedio que realizar un poco de pedagogía jurídica al alcance de todos, y plantear unas reflexiones generales sobre lo que significa la Ley y el respeto a la misma en un Estado de Derecho como el nuestro. Viene esto a cuento después de ver las reacciones de algunos variopintos personajes ante la exclusión de Arnaldo Otegui por parte de la Junta Electoral de Guipúzcoa a la posibilidad de presentarse como candidato de Bildu a las elecciones vascas, por haber sido condenado a dos penas de inhabilitación para empleo o cargo público hasta el año 2.021. Algunos dirigentes de Podemos, de otros movimientos de la izquierda radical y de los jornaleros andaluces han manifestado su discrepancia con esa decisión de la Junta Electoral, invocando argumentos tan facilones y peregrinos jurídicamente como ser “un atentado a la democracia”, “ir contra el derecho de los vascos y las vascas” o incluso calificando tal decisión como de “terrorismo de Estado”.

Aparte de la miseria moral -con cierto tufillo electoralista, dada la proximidad de las elecciones vascas- que trasluce apoyar de esta manera a un personaje como el susodicho, resulta que para algunos lenguaraces personajes públicos el cumplimiento de la Ley debe exigirse sólo a los tontos, esto es, a todos los que no son de su cuerda, mientras que ellos -los “listos oficiales”- creen estar muy por encima del cumplimiento de aquellas Leyes que no les gustan simplemente por haber sido elegidos “democráticamente”. Como si cualquiera de nosotros, amigos lectores del blog, pudiéramos decidir no pagar el IRPF o el IBI de nuestra casa alegando que no nos gustan esas Leyes tan feas y desagradables. En definitiva, todos estos iluminados, investidos de su mesiánica y particular visión de la “democracia”, se atribuyen la posibilidad de decidir a quién se aplica la Ley y a quién no. Y cuando la Ley no les mola siempre sale que no.

Vista la situación, no queda más remedio que explicar brevemente y al alcance de todos lo que significa vivir en un Estado de Derecho. He aquí unas breves lecciones veraniegas de recuerdo:

– La primera lección es que no hay democracia sin Leyes. La democracia es un sistema de organización política de un país, mientras que la Ley es el instrumento mediante el cual se concretan y desarrollan sus instituciones. Si no tuviéramos Leyes cada uno haría lo que le diera la gana y la sociedad sería una selva ingobernable, sin orden público, servicios públicos ni estado del bienestar. Las Leyes emanan de un Parlamento democráticamente elegido y garantizan la existencia de un Estado democrático. A partir de ahí se cumplen, no se discuten o se desobedecen. Y si no gustan, o quedan desfasadas o anticuadas, se cambian, pero siempre por los mecanismos previstos legalmente para ello, y con apoyo de la mayoría. Lo democrático es cumplir la Ley, no incumplirla. La democracia no consiste en que cada uno decida qué Ley cumple y cuál no. Eso lleva al totalitarismo.

– La segunda lección es que la democracia no es un concepto de aplicación universal. Que un Estado sea democrático no significa que tenga que someterse a referéndum o a votación popular cualquier decisión que afecte a la convivencia de sus ciudadanos. Lo democrático es el origen de las instituciones, no las decisiones que éstas toman. Quien gobierna democráticamente elegido tiene que mandar y dictar normas que los ciudadanos tenemos que cumplir. No podemos discutir y votar cada día si aceptamos respetar los semáforos en rojo, si nos casamos con dos señores o señoras a la vez, o si llevamos pistolas en los aviones. Cumplir las normas es un seguro de convivencia y de democracia. Porque el problema gordo viene después: si nos saltamos las Leyes, ¿quién decide qué Leyes son las “saltables” y quién se las puede saltar? ¿Algunos iluminados que abundan en la nueva política? No, gracias.

– Y la tercera lección, muy necesaria especialmente en España, es que no se pueden disociar los derechos de las obligaciones. Una de las bases de la convivencia es que todo derecho implica también su correlativa obligación. Y si no se cumplen las obligaciones no pueden existir derechos. Yo no puedo reclamar la devolución del IRPF si antes no me han hecho retenciones. No puedo pedir una pensión si no he contribuido antes (salvo casos excepcionales de pensiones no contributivas). No puedo ir a votar si no me empadrono y me incluyo en el censo electoral. No puedo pedir que me curen una enfermedad si no me afilio a la Seguridad Social. No puedo pedir que me paguen un sueldo toda la vida si no trabajo. Todo esto, que parece sencillo, le cuesta bastante entenderlo a bastantes españolitos y a otros que viven en nuestro país. Aquí todo el mundo conoce sus derechos y nadie quiere saber nada de sus obligaciones. Y eso no puede ser. Un país no es la sede de una gran máquina de imprimir billetes de euro para ser repartidos alegremente. Si la gente no cumple con sus obligaciones no hay dinero para que podamos reclamar derechos. Esto debe funcionar como una gran vivienda familiar, en la que hay que gastar más o menos lo que se ingresa, y no se puede pedir a los padres que se endeuden continuamente.

Y aquí acaban estas breves y elementales lecciones jurídicas veraniegas que algunos necesitan en España con urgencia. Creo que no es tan difícil entenderlas. ¿O es que para los no siempre manifestados fines de algunos no interesa? ¿Es todo esto sólo para los tontos?