Qué pena de Parlamento

«Que se jodan», Andrea Fabra, diputada del PP, el 11 de julio de 2012 en el Congreso de los Diputados.
 
Hay anécdotas personales que tienen por sí mismas gran expresividad de una idea o realidad. Sobre el actual deterioro del valor del Congreso, –del que hace ya bastantes años formé parte–, en dos artículos publicados en EL MUNDO, relataba alguna experiencia. En ¿Para qué sirve el Parlamento? (30 de julio 2012) contaría el reproche de un alto dirigente de mi grupo en 2003 recriminándome en el hemiciclo: «Jesús, aplaudes poco». En Políticos honestos pero silentes (3 de marzo de 2013), relataba cómo en las reuniones internas era imposible que un compañero, amenazado por los oídos del Gran Hermano, pudiese compartir, ni tampoco en privado, una reflexión crítica y leal sobre un asunto de actualidad. Ya entonces empecé a mostrar públicamente distancias.
 
Ahora quiero compartir otra experiencia muy reciente. Para la Revista de las Cortes Generales, una publicación sobre Derecho Político-Constitucional (donde antaño me editó cuatro trabajos académicos), envié el texto de una conferencia que impartí en la prestigiosa ICADE. El título era Calidad normativa-Calidad democrática. Era una reflexión sobre el modo defectuoso de hacer leyes, apresurado, donde la virtud de la rapidez es sustituida por el defecto de la prisa, donde el Parlamento es solo un trámite o una apostilla a lo remitido por el Gobierno o, como sucede ahora, ya ha aprobado previamente, arrogándose la potestad legislativa y donde el debate no existe y no se da la cara, confundiendo una mayoría absoluta legítima en origen con una mayoría absolutista ilegítima en su ejercicio.
 
El trabajo tenía carácter técnico, con citas de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero también estaba inserto en una reflexión de que esa merma de la calidad normativa se está intensificando y, al mismo tiempo, está generando una aguda crisis de la calidad democrática. Me pidieron en dos momentos que corrigiese seis o siete puntos, algo poco frecuente pero lo hice. Algunas sugerencias mejoraban el texto, otras no pero las recogí. Pregunté semanas después por el artículo y me comunicaron que saldría en el siguiente número de inmediata aparición.
 
Pero, y ahí surge la anécdota, días después me llaman para trasmitirme que «no se considera oportuna su publicación». Tras 65 artículos publicados en las revistas jurídicas más variadas y prestigiosas de España y de carácter internacional, por vez primera padecía tanto por mi persona, como por el contenido y por quien lo promovió, un acto de censura grave. Y por razones políticas. El estupor era un motivo más de indignación por cómo el Congreso evitaba, incluso en una revista jurídica de éste, cualquier reflexión leal con el sistema pero crítica sobre el funcionamiento del Parlamento.
 
El deterioro de la clase política es inmenso. El divorcio con la ciudadanía es total. No es solo la corrupción y el consentimiento y complicidad con ella (la de los vividores de sobresueldos gracias a favores a contratistas y especuladores a través del cobrador es indisoluble) sino cómo su atrincheramiento está afectando muy negativamente a las instituciones. Y cualquier reflexión, aunque sea técnica sobre esto último, es reprimida. Es grave ese retroceso democrático.
 
El inmenso daño no les preocupa. Solo quieren seguir viviendo de lo público como llevan haciendo, no pocos de ellos (Rubalcaba y Rajoy los primeros) incluso más de 30 años y donde cada vez el hemiciclo se ha ido okupando progresivamente de sumisos vividores profesionales que no han hecho en su vida otra cosa. Se les ocurrió fichar a un galáctico, Manuel Pizarro, que salió corriendo cuando pudo. Fue el último patriota ingenuo.
 
Es lamentable que no les preocupe el descrédito de las instituciones. Es más, les molesta tanto la crítica, que la desvían como si fuesen críticas a las instituciones y casi al modelo democrático. Pero no somos antisistema muchísimos de los millones de ciudadanos de todas las tendencias que estamos decepcionados por el secuestro de las instituciones. Se atrincheran en sus escaños, están muy alejados de la realidad y siguen bunkerizados respecto una realidad social que cada vez más les desprecia.
 
El actual Congreso, por vez, primera ha sustituido la histórica jornada de puertas abiertas por la de puertas cerradas. Rompieron, miedosos, una tradición de que el pueblo pudiese visitar el Parlamento en diciembre. Las concentraciones en Neptuno les aterraban y luego a los manifestantes les imputaban delitos casi de subversión que los jueces rechazaron con nitidez. Como un equipo futbolístico que no quiso ceder su estadio para una final de copa, se «promovieron» unas obras y todo cerrado.
 
Hace ahora justo un año, se exclamó en el hemiciclo, en el mini-debate sobre los mayores recortes sociales en 35 años de Historia constitucional, la frase de arriba. Si eso fue grave, también lo es que en este tiempo ni pidiera disculpas ni que ningún dirigente de su grupo le reprochara públicamente esa ofensa a millones de españoles sufrientes. Esa frase nunca será olvidada y formará parte de la degradación y la infamia parlamentaria, consentida, además, por sus jefes. ¡Los mismos que culpan a la oposición de encubrir a su propio tesorero!
 
El aislamiento del Parlamento se refleja en que pese la gran tormenta siguen viajando en primera clase. Muchísimas son las empresas, entidades e instituciones públicas y privadas cuyos altos dirigentes viajan ahora en turista. Tanto por ahorro como por imagen. En cambio, ellos no, salvo los pocos que voluntariamente renuncian a ello. En rutas nacionales cuyos vuelos son de 45 minutos o una hora, cuyos asientos son iguales (se desplaza la cortina separadora) y solo varía el aperitivo gratis, es frecuente ver sólo sentados a parlamentarios. Claro, son de otra pasta los de la casta.
 
Lo de los gin tonics subvencionados que generó amplios comentarios hace poco parece una tontería pero no lo es. La falta de sensibilidad de sus altos mandatarios y sus mandarines serviles les hace cometer esos errores. Están en otra galaxia y ausentes de una realidad que, más allá de una propaganda edulcorada (cualquier día repiten el «España va bien»), es la de un país en enorme crisis institucional, social y ética. Aplican la frase de Voltaire: «El optimismo consiste en insistir que todo va bien cuando todo va mal».
 
El sistema constitucional español se define como «parlamentario» pero la realidad es muy distante de ello. Con los dos partidos principales cuyo gran desgaste, desprestigio y falta de credibilidad están dañando a la institución, tenemos que seguir urgiendo una regeneración frente a esa casta política decadente.

La “ley de galleguidad” como contribución al esperpento legislativo nacional

¿Cuántas veces habremos comentado en el blog que en España se tiende a legislar – muy especialmente por parte de las CCAA- de manera ampulosa, burocratizada, antieconómica e ineficaz? En no pocas ocasiones. Muy bien. Pues, con todos ustedes… la ley de galleguidad.
 
El ocuparse del bienestar de los naturales de una comunidad autónoma que viven en el extranjero es sin duda un deber natural, podríamos decir, de aquélla, y en el caso de Galicia ese deber tiene un matiz especialísimo, dado que la condición de emigrante ha formado parte del ser gallego a lo largo de toda su historia.
 
Ahora bien, esta loable tarea puede sin especiales problemas desarrollarse por medio de una encomienda a una dirección general autonómica, con un número adecuado de funcionarios dedicados al tema (no hace falta que sean muchos) y unas buenas herramientas de gestión, dirigidos en cuanto a los objetivos y actividades por las pautas que marque el consejero correspondiente. No hace falta más para verificar una actividad eficaz y económica.
 
No es lo que ha ocurrido, obviamente. Parafraseando la desternillante película Aterriza como puedas, el proceso mental a la hora de redactar esta norma debe haber sido: ¿Legislar de manera sensata y eficaz? ¡No! Eso es lo que esperan que hagamos… (los que han visto la película saben a qué me refiero, y los que no lo hayan hecho, tienen una tarea pendiente).
 
La Ley de galleguidad, de junio de 2013, es un exceso compuesto de 62 artículos y demás disposiciones, y que ocupan nada menos que 28 páginas de BOE, lo cual parece no ser suficiente puesto que se prevé además un desarrollo reglamentario. Dentro de ella encontramos de todo: “carnés de galleguidad”, registros de galleguidad o un bonito Consejo de Comunidades Gallegas, repleto de representantes políticos. Pero sobre todo encontramos humo, mucho humo.
 
Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia (art 2).  Vaya, según esta ley (y el propio estatuto de autonomía gallego), una comunidad, una asociación de gallegos cualquiera  instalada fuera del territorio, en teoría no tendría derecho a participar en la vida cultural gallega… ¡mientras la administración no le dé el certificado de galleguidad! Es decir, que una, pongamos por caso, Asociación de Vigueses en Alemania, no tendría derecho a hacer el Camino de Santiago, participar en un festival de baile regional o disfrutar de las fiestas de Vigo (evidentes ejemplos de vida social y cultural) hasta que la administración no certifique que es suficientemente gallega.
 
Obviamente, no es posible tomarse jurídicamente en serio este artículo 2. Ni siquiera un político autonómico en estado de máxima ofuscación podría pretender que algo tan básico como relacionarse con los demás miembros de su propia comunidad autónoma dependa legalmente de que el gobierno le dé su visto bueno (por ahora al menos, porque hay iniciativas tanto o más esperpénticas que ésta y con un carácter claramente antidemocrático, como el propuesto “fichero del buen catalán” que podrían ir en  esa dirección, y del que tendremos que tratar en algún momento).
 
Entonces ¿cuál es la vida social y cultural a la que se refiere el artículo 2 y a la que se tendría derecho a disfrutar cumpliendo la ley? Pues a la que es organizada y subvencionada por los políticos y las administraciones, a la cultura y sociedad “oficiales”, que son confundidas e identificadas con la cultura y sociedad “reales”. Por ello, este artículo de la ley es muy revelador de cómo en España la clase política suele creer, encastillada en sí misma, que no hay más vida que la oficial, y es incapaz de ver más allá de ella.
 
Si se está interesado en obtener el reconocimiento de la galleguidad, hay que seguir un concreto procedimiento administrativo del que luego hablaremos. Ahora bien, lo que es realmente sorprendente es qué efectos tiene ese reconocimiento, según la propia ley, porque la mayor parte de ellos son un ejemplo perfecto de legislación para la foto, pura “nada” para rellenar páginas de boletines oficiales. Algunos de los “derechos reconocidos” son francamente sonrojantes:
 
El derecho a compartir la vida social gallega y colaborar en su difusión, en el ámbito territorial en el que estén asentadas.  El derecho a su participación en el conocimiento y estudio de la realidad cultural del pueblo gallego.  El derecho a conocer y difundir la lengua gallega en el ámbito de sus comunidades.
 
El derecho al acceso a las bibliotecas, recursos y archivos dependientes de la Comunidad Autónoma (¿si eres una asociación que no tenga reconocida la galleguidad, o, aún peor, un señor de Soria, no puedes acudir a una biblioteca pública de Galicia?).
 
El derecho a preservar y difundir el patrimonio de la galleguidad en su ámbito territorial. El derecho a recibir información sobre la realidad económica de Galicia. El derecho a mantener contacto con los agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad...
 
Para obtener estos y otros estupendos beneficios hace falta seguir un expediente en el que se aportan unos cuantos documentos, de sencillo análisis por parte de la administración. Pues bien, para decidir si se reconoce o no la galleguidad de la entidad solicitante, la administración tiene un plazo de ¡un año! (art. 9). Es un plazo casi irreal, hay que leerlo dos veces para cerciorarse de que es así. Desde luego, esto lo lee Larra y saca una docena de artículos.  Pero tampoco es de extrañar, porque para resolver este simple expediente, y en un homenaje a la burocracia,  hacen intervenir al propio Consejo de Gobierno de la Xunta en pleno.
 
A ello se añade la regulación de un “registro de galleguidad”, en el que podrán inscribirse las comunidades que les hayan reconocido esa condición. La ley regula de manera muy minuciosa este registro (arts. 30 a 34), pero lamentablemente se ha olvidado de dotar a la inscripción de algún efecto práctico. El hecho es que el registro de galleguidad no sirve en realidad para nada. Toda su actividad podría perfectamente ser hecha por medio de una base de datos y un funcionario encargado de todo el tema.
 
Y llegamos por fin al Consejo de Comunidades Gallegas (art 35 y ss), órgano colegiado compuesto de como mínimo 18 miembros, de los cuales 13 son de la administración autonómica, con un presidente (nada menos que el de la Xunta), un vicepresidente, una secretaría y una comisión delegada. Con esta infraestructura uno esperaría que sus funciones fueran variadas y complejas. Pues atentos que estas son todas sus atribuciones, según la ley:
 
Elaborar y presentar informes, propuestas y recomendaciones en materia de emigración y galleguidad a la Comunidad Autónoma de Galicia.
 
Canalizar las propuestas que, en materia de emigración y galleguidad, surjan de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia  (?) Es decir, pongamos que una asociación gallega de Argentina envía por correo electrónico una propuesta a la Xunta. En ese momento el Consejo, con sus 18 integrantes, su presidente, comisión y pleno, la “canalizará” (se supone que por medio de reenviar el correo a quien corresponda de la administración).
 
Conocer e informar a las comunidades gallegas de las disposiciones normativas que en materia de emigración y galleguidad les afecten, en especial de las elaboradas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
 
Establecer cauces de colaboración con otros órganos de participación de emigrantes similares existentes en el Estado español.
 
Como pueden ver, todo esto no es, de nuevo, nada más que humo. El pomposo Consejo de Comunidades Gallegas carece de sentido. Su utilidad fundamental (no explícita, comprendan ustedes) es figurar y dar carguitos a muchos amigos. Pero eso sí, ese humo no será gratuito porque es evidente que este Consejo no saldrá barato al contribuyente gallego.
 
Esta norma, ejemplo (uno más) de legislación hipertrofiada, ineficaz y vacua, de política de imagen y titular de periódico, contiene muchas otras sorpresas que seguro deleitarán al lector, de modo que les vuelvo a poner el enlace, y como diría Cayetana Guillén Cuervo en televisión, señalando a la cámara: ¡que la disfruten!
 

Comisiones de investigación ¿o de ocultación?

 

Este año que concluye es para despedirlo políticamente como un “hasta nunca”. En treinta y cuatro años de historia constitucional reciente nunca se había producido tanta regresión de nuestra democracia. Cierto es que algunas prácticas no son solo de ahora sino que se vienen gestando desde hace un tiempo, pero se ha ahondado en algunas de ellas y además ahora se han producido unos hechos que llevan a  encender todas las luces rojas. El absoluto desprecio a la noción de que  la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1.2 de la Constitución) plasmado en el seguidismo a lo que toque llámese troika o “los mercados”, el inaudito uso abusivo del Decreto-ley como forma normal y preferente de legislar todos los viernes , el abordaje de todas las instituciones de control (Defensor del Pueblo, Comisión del Mercado de Valores, etc) por personas con nula independencia política son algunos de los abundantes ejemplos que nos deja este aciago año.

 

Pero decía que hay vicios que vienen de hace tiempo, aunque su consolidación y su “normalización” está golpeando con fuerza  la democracia, provocando la aparición  (aunque los intelectuales orgánicos siguen bastante silentes) de muchas voces regeracionistas. Uno de esos vicios es la corrupción que continúa creciendo y que sigue siendo promovida y consentida, casi como si estuviese institucionalizada, por los principales partidos políticos como PP, PSOE y CIU. Pero nada sucede.

 

Muy vinculado a este fenómeno, es el que quería tratar en este post y que se refiere a uno de los teóricos mecanismos (ya que los judiciales se atascan y si no, ahí está el indulto para arreglarlo todo) para reaccionar frente a esto: las Comisiones de Investigación. Este año ha habido tres muy relevantes que ponen en evidencia la mentira del Sistema.

 

La primera comisión de investigación en el Parlamento se refiere a Bankia. Es esta la mayor estafa institucional que ha sucedido en toda la historia de España, de una Caja de Ahorros que, como todas, estaba dirigida por okupas políticos que alejados de criterios profesionales e imbuidos de amiguismo y arbitrariedad, crearon un agujero inmenso que ha provocado que nuestra crisis tenga tanta profundidad. El estallido de Bankia ha causado un daño muy intenso que ha provocado que miles de clientes perdiesen millones y millones de ahorros a través de ofertas engañosas y fraudulentas. Como además del Presidente de la entidad, estaba todo ocupado (no solo el Consejo de Administración sino todos los niveles) por políticos del partido en el poder (acompañados como tontos útiles de un puñado de dirigentes de la oposición y, como no, sindicalistas vividores) la oposición para evitar la investigación y la verdad ha sido una constante de los últimos meses.

 

Así, se solicitó en mayo una comisión de investigación en el Congreso, petición que fue rechazada por el PP y CIU . Sin embargo, tanta indignidad se corrigió levemente constituyendo una Comisión no sobre la entidad financiera madrileña sino, en general, sobre el sistema financiero, para diluir el caso Bankia. Por ahí pasarían en julio algunos dirigentes de diversas Cajas (también gobernadas por el PSOE) pero lo harían de forma muy “light”. De hecho, cuando comparecieron en pleno verano, la presencia del principal protagonista, Rodrigo Rato, quedaría casi difuminado pues ese mismo día harían presencia otros tres comparecientes más. La resonancia fue muy limitada, los tiempos de intervención, muy escasos y todo quedó muy tapado. Además, aunque en este caso el escándalo era del PP, la oposición socialista tenía también mucho que perder (caso de la Caja de Castilla la Mancha en la cual, por supuesto por sus méritos profesionales, estaba en el Consejo de Administración el marido de Maria Dolores Cospedal, presidenta de la Comunidad). Muy pronto decidieron cortar por lo sano y después de un merecido descanso, así que los clientes defraudados (y no solo moralmente) y los españoles que con nuestros impuestos estamos tapando el agujero vimos cómo en septiembre la Comisión no se reanudaba. Vergonzoso.

 

Otra comisión de investigación (perdón, de ocultación) famosa de este año ha sido la de los ERES andaluces. Ha sido también otro escándalo esta práctica de nepotismo y corrupción instalada en la Junta de Andalucía. La inclusión indebida de personas en los ERES, la ayuda a empresas sin tener derecho por razones políticas, la falta total y absoluta de procedimiento , etc, etc eran prácticas muy frecuentes en la Administración socialista andaluza. Muchas cosas se destapan (así fue en este caso) cuando un magistrado actúa con rigor e imparcialidad. Así se pusieron de manifiesto unas prácticas viciosas en la que, contra lo que se pretende hacernos creer, no era cosa solo de una o dos personas, sino que estaba instalada en numerosos estamentos de la Comunidad Autónoma, siendo su conocimiento bastante generalizado. A pesar de eso, con el escaso valor que los españoles dan a la dimensión ética cuando votan, los socialistas andaluces continuaron en el Gobierno, aunque en esta ocasión con el apoyo de IU. La Comisión de investigación de los ERES, que no pudieron evitar en este caso, al menos duró más tiempo y si bien los socios de gobierno empezaron con fuerza, lo cierto es que ésta se ha ido apagando.  Eran los pactos a los que habían llegado. Y ¿qué decir de la intervención de los parlamentarios socialistas en la Comisión? Se puede mentir, se puede manipular, se puede ser cínico, pero ¿todo a la vez y con tanto descaro?

 

El tercer caso de comisión de ocultación de este año ha sido la constituida  en el Ayuntamiento de Madrid con ocasión de la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento. En este caso, las primeras informaciones ya revelaban un cúmulo de irregularidades, disparates, nepotismo y corruptelas en la gestión de estos eventos. Se ve que los empresarios tipo GURTEL que encontraron multitud de socios bienhechores en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid, tenían clones que, dedicados igualmente a eventos festivos, encontraron gran receptividad en el ayuntamiento capitalino. Solo desde esa perspectiva se puede entender el cúmulo de despropósitos que rodearon y rodean el caso. Sobre el caso, ya se ha hablado aquí en el blog.

 

Pues bien,  la Comisión de investigación fue tan laboriosa que hizo su tarea –la ocultación- en solo una semana. No pudieron comparecer ninguno de las personas -incluidas funcionarios y técnicos de alto nivel- propuestos por los partidos de la oposición, gracias a la mayoría absoluta del PP, a cuyos dirigentes y gestores se supone que había que investigar. Aun siendo todo tan burdo, la actuación seguida por el Ayuntamiento en este asunto era tan desastrosa que aún sin comparecencias o con comparecencias de escaso perfil no han impedido que se filtren las numerosas irregularidades cometidas, algunas dignas de un esperpento, si no se hubiera producido una tragedia. El informe final, sustentado por la mayoría absoluta del PP, seria por supuesto, exculpatorio para el Ayuntamiento, lo cual se compadecía mal con la adicción de nada menos que 14 recomendaciones. Esta Comisión ha sido algo de lo más vergonzoso e indigno acontecido en el año en nuestro país (y ha habido mucha competencia). Además la forma de gestionarlo políticamente por su máxima autoridad, la Sra Botella, tanto en su viaje y fuga como en su patético discurso navideño, revelan algo más que ineptitud.

 

En fín, en países serios, hay algo que se llama responsabilidad y que aquí es conocido más bien como su reverso, la impunidad. En ninguno de estos tres casos relatados, Bankia, ERES andaluces y Ayuntamiento de Madrid ha surgido de las Comisiones de Investigación ninguna exigencia de responsabilidad. Las comisiones constituidas supuestamente para investigar, han servido, como siempre ha sucedido, para tapar, para ocultar, para exculpar.Este tipo de Comisiones se van consolidando y la verdad es que para lo que hacen acaso haya que propugnar directamente su desaparición. Por lo menos, que no hagan teatro y no insistan en engañarnos. Si en algún momento tenemos unos gobernantes que se toman en serio eso de la regeneración democrática (¡SR Rajoy, usted llevaba también esto en su programa!) había que introducir cambios notables, entre ellos, evitar la mayoría absoluta de un grupo, la imposibilidad de vetar las propuestas de comparecencias por las minorías, la incorporación de personalidades y expertos independientes, etc. Aunque la más importante, sería la de tener la voluntad de que estas Comisiones funcionen verdaderamente como de investigación y no de ocultación. Pero esto, hoy por hoy, exigiría un milagro.

Políticas sin criterio o la reducción de diputados regionales en Castilla-la Mancha

La presidenta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal ha propuesto que se recorten a la mitad el número de diputados de esa comunidad por razones de austeridad. No deja de ser chocante que esta propuesta la haga cuando aún no han pasado cuatro meses desde que en ese parlamento con su voto, por iniciativa del PP, se aprobará la Ley 4/2012, de 17 de mayo,  por la que se pasaba de 49 diputados a 53 en esa misma comunidad. Una Ley que en su exposición de motivos se justifica así:

 

“Es un hecho contrastable objetivamente que el crecimiento de población en la región no se ha detenido desde la última reforma de la Ley Electoral, ya que entre enero de 2007 y enero de 2011, esta ha pasado de 1.977.304 habitantes a 2.115.334, respectivamente, es decir, un incremento del 7,0%, muy superior a la media nacional (4,4%).

La presente modificación se realiza manteniendo un criterio de austeridad, con un número de diputados suficiente para cumplir los criterios de proporcionalidad, territorialidad y realizar de manera adecuada las funciones que están previstas en la legislación vigente.

Si comparamos el nuevo número de escaños, Castilla-La Mancha con la reforma propuesta alcanza una representación proporcional respecto al resto de Comunidades Autónomas, que cuentan, con carácter general con un número superior de diputados para poblaciones muy similares a las de nuestra región, como por ejemplo Castilla y León, País Vasco, o casos como los de Extremadura en la que con la mitad de población, cuenta con un número muy superior de diputados en su Asamblea Legislativa.”

 

Frente a lo que dicen esos párrafos de la Ley, esta reforma está motivada realmente por la queja del PP ante una anterior del PSOE del año 2007 –Ley 12/2007, de 8 de noviembre-. En la que pasó el número de diputados de 47 a 49 otorgando uno más a Toledo y Guadalajara. Ya que pensaban que no les favorecía y que el PSOE la hacía para dificultar su futura mayoría al no subir el número de escaños de Toledo y Ciudad Real. Por ello interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, quien no les dio la razón (http://www.jccm.es/contenidos/portal/ccurl/450/963/2008-00270STC.pdf). En la actual, el PP  aumenta el número de diputados en cuatro que se reparten entre Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Toledo, manteniendo a Albacete con los mismos. Un nuevo reparto, que viendo los restos de las últimas elecciones en esas provincias, les favorecería para dificultar la victoria del PSOE.

 

Si la Ley de hace tres meses era la plasmación de años de disquisiciones en el PP de Castilla la Mancha para determinar qué número de diputados por circunscripción les favorecería más  para ganar al PSOE, hay que preguntarse por qué ahora la Presidenta Cospedal apuesta por reducirlos a la mitad y que no cobren sueldo los diputados, aunque sí dietas. La respuesta a esta pregunta no es difícil de encontrar y tienen que ver con los hondos cambios de nuestra sociedad.

 

En primer lugar han visto que se está produciendo un declive importante de los dos partidos mayoritarios y un crecimiento de nuevos partidos. Un crecimiento que se puede limitar si se reducen los diputados y se mantiene la Ley electoral sin corregir su falta de proporcionalidad. De esa forma, en Castilla la Mancha para tener un diputado por circunscripción habrá que lograr porcentajes superiores al 10 por ciento y en las más pequeñas del 15 por ciento. Lo que conllevará que los partidos con porcentajes inferiores no entren en el parlamento y todos los escaños se repartan entre los dos mayoritarios. Esto es, entre el PP y el PSOE, aunque tengan un importante descenso de votos.

 

En segundo lugar, esta medida y la eliminación del sueldo es popular ya que da la imagen de reducir cargos políticos. Ahora bien, al suprimir el sueldo de forma generalizada de los diputados y reducir la representatividad de los ciudadanos, lo que realmente logran es reducir aún más el control del gobierno. El que, por otra parte, seguirá con sus enchufados y demás mandagas, sin reforma alguna. Lo que justifica Cospedal diciendo que no es lo mismo la tarea legislativa que “el encargo hecho a un partido para que administre” Como si los ciudadanos en lugar de votar diputados votaran la ocupación de la administración por un partido político. Una declaración que descarnadamente justifica nuestra partitocracia y la muerte del parlamentarismo.

 

Si estas propuestas -que también defienden otros “barones del PP”- salen adelante, conseguirán sancionar el modelo institucional que tan perversos incentivos ha creado al permitir que una partitocracia controle el país sin responder ante nadie. Los problemas de Castilla la Mancha  se acentuaran, en lugar de resolverse. Hay que reducir parlamentarios autonómicos pero no así.

 

Frente a esta política alicorta e interesada, que no tiene otro rumbo que mantener el estatus quo, nuestro país necesita un profundo cambio de su sistema institucional que redefina el modelo de estado abriendo un nuevo proceso constituyente. En el cual se fije un modelo federal con competencias claras entre el Estado, un número reducido de comunidades y de municipios; un sistema electoral justo e igualitario; y un incremento de la transparencia y la responsabilidad política. Solo así se crearan los incentivos para crear riqueza y que está este justamente repartida.

La comparecencia en el Congreso de los responsables de la crisis financiera española o el Congreso de los irresponsables

Reconozco que el título de este post puede inducir a error. En primer lugar, porque de la crisis financiera española nadie es responsable. En segundo lugar, porque no han comparecido más que unos pocos, cuando la responsabilidad por este estado de cosas es universal. Reconozco también que estas dos aclaraciones parecen contradictorias, pero no lo son, ni muchísimo menos; son perfectamente armónicas, porque, como afirmó con su habitual agudeza Hanna Arendt al hablar dela Alemanianazi, cuando se dice que “todos somos culpables” -lo que de entrada suena muy noble- lo que en realidad se está diciendo es que nadie es culpable. Al afirmar que nadie se salva por un motivo o por otro, lo que en el fondo se está afirmando es que lo que ha sucedido es un lamentable efecto derivado de la naturaleza de las cosas, tan inevitable como el granizo en primavera.

 

 

Así lo ha dejado meridianamente claro el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordoñez, al final de su comparecencia: “En una situación así resulta contraproducente buscar chivos expiatorios, a los que endosar todas las responsabilidades. Porque, como he mostrado, no los hay. Es más, esa pretensión ilusoria mina todavía más la confianza en las instituciones y obstruye el diálogo y la cooperación que tanta falta  nos hacen.” En un sentido parecido (aunque con otra letra, claro) se ha pronunciado el Sr. Rato, un verdadero especialista en aceptar y abandonar responsabilidades por capricho y/o interés, sin el más mínimo sentido de la responsabilidad personal (¿se acuerdan de su increíble salida del FMI?, pues en otro país tal cosa le hubiera condenado al ostracismo de por vida, mientras que aquí se le premió con Bankia). Tanto uno como otro han buscado difuminar y extender las culpas hasta hacerlas desaparecer, especialmente de su proximidad. No comento a los ex presidentes de Cajas que afirman que de la gestión se ocupaba el Consejo de Administración (sic.), porque este nivel se aproxima a lo grotesco y carece de precedentes. Durante el nazismo algunos se escudaban en que obedecían órdenes, pero por muy presionado que estuviera a ningún líder se le ocurrió una excusa tan idiota.

 

 

Ocupémonos entonces de los dos primeros, un poco más listos, porque sobre su argumentación se construye el discurso que caracteriza este moderno fenómeno de la huida de la responsabilidad a todos los niveles. Sostienen, en definitiva, que vivimos en un sistema complejo estrechamente interconectado cuyas puntuales disfunciones (la crisis internacional y el excesivo endeudamiento español) –a las que son totalmente ajenos- desencadenaron evoluciones de difícil previsión. En la gestión de esos desarrollos se pueden cometer puntuales errores –los cometen además los otros, por supuesto- pero aún así esos errores apenas marcan la diferencia.

 

 

Es cierto que esta argumentación no se sostiene y que está plagada de contradicciones, especialmente cuando se contraponen los detalles de las diferentes versiones, pero el problema es que nadie tiene interés en apuntar esas contradicciones y rebatir el fundamento sobre las que descansan. Al menos no tienen interés nuestros partidos mayoritarios, cómplices en el actual estado de cosas; aunque quizá habría que denominarles dirigentes últimos, pues ellos son los que se han aprovechado de nuestro sistema financiero poniéndolo a su servicio particular con grave detrimento de su solvencia y buen funcionamiento. La comparecencia, por tanto, estaba diseñada, no para pedir cuentas a estos responsables (perdón por la palabra) sino para permitirles argumentar en contra de su responsabilidad. No me extraña en que insistieran en comparecer, aunque quizá con otro formato se lo hubieran pensado un poco más.

 

 

Pero aquí no se acaba la historia, afortunadamente. A falta de política existen varios procedimientos judiciales en marcha que, si no terminan condenando a prisión a estas personas tan reacias a asumir responsabilidades, al menos servirán para suplir el trabajo que no quieren hacer nuestros políticos. Las cuestiones criminales y las morales no son en absoluto las mismas (tienen una diferencia de grado que no cabe desdeñar) pero tienen en común el hecho de que tienen que ver con personas y no con sistemas. No me resisto a terminar con otra cita de Hanna Arendt que lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo jamás:

 

 

“La innegable grandeza del procedimiento judicial radica en que debe centrar su atención en la persona individual, y ello incluso en la época de la sociedad de masas, en que todo el mundo siente la tentación de considerarse a sí mismo como una simple pieza de engranaje en algún tipo de maquinaria, sea en la maquinaria bien engrasada de alguna gigantesca burocracia, social, política o profesional, sea en el casual cúmulo de circunstancias caóticas y mal ajustadas en que transcurren nuestras vidas. El desplazamiento casi automático de responsabilidades que habitualmente se produce en la sociedad moderna se detiene bruscamente en el momento en que uno entra en la sala del tribunal. Todas las justificaciones de naturaleza abstracta y no específica (…) que indican que uno no es un hombre, sino una función de algo, se desvanecen (…) La institución misma desafía todo eso, y debe hacerlo o dejar de existir.”

 

Roguemos porque nuestros tribunales, pese a todos los intentos de nuestra partitocracia, no dejen de existir. Ora pro nobis.

 

PD: Les dejo algunos links a las comparecencias de los no-responsables y a las preguntas de Irene Lozano, diputada de UPYD y periodista de profesión.

 

Ex Gobernador del Banco de España

 

Rodrigo Rato

http://www.expansion.com/2012/07/26/empresas/banca/1343305387.html?a=c0e73b95e6abfa6d62bc4a59a688655a&t=1343562501

 

 

La de la diputada de UPYD Irene Lozano

 

 

 

 

 

 

“¿Para qué sirve el Parlamento?” artículo de nuestro colaborador Jesús López Medel en El Mundo

Hoy se publica este artículo en el diario El Mundo en el que el abogado del Estado Jesús López Medel, que fue diputado en el año 1996, habla del seguidismo partidista que vivió en esa etapa en el Congreso.

Juramento o promesa de la Constitución

Hace unos días, un comentario al post de Ignacio Gomá “Juro….pero por imperativo legal” me sugería que ampliara la cuestión, como letrado de las Cortes que a la sazón (en el momento de la sentencia del Tribunal Constitucional) era. Y recogiendo esta sugerencia, lo hago hoy, con las limitaciones derivadas precisamente de mi condición.

El disfrute de las prerrogativas parlamentarias se encuentran sometidas a la condición de que los diputados y senadores adquieran la condición de parlamentarios, lo que se obtiene mediante un proceso en el que se encuentran la proclamación como candidato antes de la celebración de las elecciones, la proclamación provisional y definitiva del candidato electo, la verificación por la propia Cámara de las posibles causas de incompatibilidad o inelegibilidad, y finalmente, prestar juramento o promesa de acatamiento constitucional.

Es este último requisito el que plantea mayores problemas dada la forma con la que algunos parlamentarios han emitidos su juramento o promesa de acatamiento constitucional. A esta cuestión dedicaremos una breve reflexión en el punto siguiente.

El juramento o promesa de acatamiento constitucional debe expresarse claramente, bien en el acta de la constitución definitiva, o bien, en el caso de enfermedad o imposibilidad física, en una sesión posterior o mediante documento fehaciente dentro de los tres meses siguientes de la presentación de la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.

Es este un requisito constitutivo para adquirir la condición plena de parlamentario, sin cuyo cumplimiento no se perfecciona jurídicamente tal condición de diputado o senador.

La cuestión que se ha planteado estriba en que algunos parlamentarios en vez de someterse a la fórmula de promesa o juramento constitucional, añaden por su cuenta coletillas tales como “juro y/o acato por imperativo legal” o fórmulas similares a éstas. En este sentido no debemos perder de vista que el Estado de Derecho esta arropado por una suerte de exigencias formales, que no formalismos, precisamente para da carta de naturaleza a la clausula de que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico con mayor razón que los ciudadanos, tal como tiene reconocido el Tribunal Constitucional.

Hasta aquí no parece plantearse ningún problema importante. Sin embargo en la práctica parlamentaria española los parlamentarios pueden separarse de la fórmula reglada del juramento porque así se les ha reconocido en dos sentencias del TC. Esta práctica se ha visto favorecida por el dispar tratamiento que el Reglamento del Congreso y del Senado dan a la promesa o juramento de acatar la Constitución. El art.20 RC, establece que para adquirir la condición plena de diputado, se exige además de la credencial expedida por la Administración Electoral, prestar en la primera sesión del pleno a que asista, el juramento o promesa de acatar la Constitución. En tanto que el art. 12 RS presenta alguna diferencia, pues, en vez de hablar de la adquisición de condición plena de parlamentario utiliza la expresión “perfección de su condición”, remitiéndose a una fórmula concreta que aparece regulada en su art. 11.3 que dice literalmente: “ <>. Por tanto, consignado este dato de gran relevancia, se ha de añadir que en el Reglamento del Congreso no contiene una fórmula expresa y ésta se adopta por acuerdo de la Mesa. Esta diferencia de criterio ha planteado importantes problemas.

En primer lugar estaría la cuestión del idioma. Para el caso del Senado esta cuestión ha dejado de tener relevancia dado que ya está admitido que pueden jurar o acatar la Constitución en alguno de los idiomas recogidos en el art. 3 CE. El segundo problema es de mayor enjundia, ya hemos dicho que el requisito de juramento o promesa es constitutivo, al menos, en mi opinión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una primera Sentencia, la 8/1985, de 25 de enero, debatió la validez de la fórmula de promesa o acatamiento a la Constitución impuesta por simple Decreto; en este caso, el Supremo Intérprete de la Constitución otorgó amparo a los concejales que se aparataron de la fórmula oficial de la promesa precisamente porque se encontraba regulada por decreto, y según el TC el rango requerido debía ser norma con jerarquía de ley. En otra sentencia, la 101/83 de 18 de noviembre, el Tribunal declaró que el acceso al cargo público implica un deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la Constitución, lo que no supone necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a su total contenido. Ahora bien, cuando se presentó la cuestión más frontalmente fue en la sentencia 119/1990, de 21 de junio, en la que el Tribunal Constitucional acogió las alegaciones de los diputados electos de Herri Batasuna que habían interpuesto recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que declaró nula y sin valor la fórmula de juramento o promesa en la que esos diputados electos añadieron por su cuenta la coletilla “por imperativo legal”. En esa sentencia el Tribunal declaró válida a todos los efectos la formula de promesa de los diputados electos de HB.

La cuestión volvió a plantearse en el recurso de Amparo Nº 2954/90 promovido por D. Jose Luis Elcoro Unamuno y dos senadores electos más, contra el acuerdo del Presidente del Senado de 2 de octubre de 1990. El Tribunal, en su Sentencia de 8 de abril de 1991, volvió a declarar válida la fórmula de promesa de los senadores electos de HB que habían utilizado también la coletilla “por imperativo legal”.

Si bien, en el primer caso, al no existir una fórmula expresamente recogida en el RC podría mantenerse, aunque con dudas, la tesis del Tribunal Constitucional, en el segundo caso, y siempre desde nuestro juicio, el Tribunal fue demasiado lejos, pues aquí, como hemos visto, el art. 11.2 RS contiene una fórmula inequívoca y literal, a pesar de lo cual el TC consideró que el aditamento por imperativo legal, no violentaba ni conculcaba el art. 11.3 RS. No puede ignorarse que la naturaleza y jerarquía del Reglamento de las Cámaras por estar directamente conectado con la Constitución tiene rango de Ley.

La consecuencia de todo lo expuesto es que para el TC la formula sacramental del juramento o promesa no es una formalidad constitutiva en el acceso de los parlamentarios a su condición plena de diputados o senadores, lo cual a nuestro juicio violenta el art. 108.8 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General; además de haber dado lugar a proteicas manifestaciones de los parlamentarios en su jura o promesa constitucional.

La fórmula del Juramento de las Constituciones occidentales es siempre solemne e intangible, por lo que su incumplimiento supone la pérdida de la condición de parlamentario.

Fraude de Ley en el Congreso de los Diputados

La mujer del César no solo debe ser honrada sino, además, parecerlo. Extrapolando la cita de Plutarco, el servidor público no solo debe desarrollar una conducta ejemplar sino también proyectar una imagen acorde a la misma. Guarda ello relación con la ejemplaridad, la igualdad ante la ley o la proactividad en el cumplimiento de la norma que, a veces, se asocia a “formalismos” o “ritos” innecesarios, siendo que, sin embargo, en el mundo del derecho, el fondo importa, pero las formas también. Y he aquí que comienza la X Legislatura y ya se repiten errores pasados al constituir los Grupos Parlamentarios, pues, acaban de tomar posesión nuestros representantes y presenciamos una falta de respeto a la voluntad de la Ley o, si se prefiere, un interesado uso de la norma mediante interpretaciones que exceden de la prudente flexibilidad e incurren en su contravención. Llegados este punto, podrá pensarse que estamos ante una cuestión política, pero, en realidad, no es así.

 La cuestión es totalmente jurídica: se trata de la aplicación e interpretación de la norma reguladora de la constitución de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Así, cuando los juristas nos enfrentamos a la (apasionada y preciosa) operación de aplicar la norma, para evitar dislates, interesadas o erróneas interpretaciones y manipulaciones de la misma, y, por el contrario, quedar sujetos –única y exclusivamente- al imperio de la Ley (arts.1, 9.1, 9.3 y 117 CE), el propio ordenamiento jurídico señala cómo debe realizarse la misma: mediante el uso de determinados criterios o cánones hermenéuticos (art. 3 CC) y principios generales del derecho. Entre éstos, se encuentra la tradicional prohibición del abuso de Derecho (art. 7.2 CC) y del fraude de Ley (art. 6.4 CC) por el que se pretende evitar que, mediante la artificiosa construcción jurídica, por ingeniosa que ésta sea, se obtenga un resultado prohibido o contrario al que el ordenamiento pretende de modo que, en realidad, se aplique la norma eludida.

Y tales preceptos ahora no son respetados en la constitución de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En efecto, el fraude de ley, para su apreciación, requiere de:

a)                  Un hecho o acto –aparentemente- lícitos por ampararse en norma jurídica (norma de cobertura) que -en principio- permite dicho acto: aquí, la constitución de un Grupo Parlamentario propio al amparo del art. 24 del Reglamento del Congreso de los Diputados por el que es preciso un mínimo de 15 Diputados o, en su defecto, de 5 siempre y cuando, en éste supuesto, se haya conseguido un 15 por ciento de votos en aquellas circunscripciones en las que concurrió dicha formación política o se hayan obtenido, al menos, el 5 por ciento de los votos del “conjunto de la Nación”.

b)           Un fin o resultado en realidad no permitido por la norma que se consigue: en este caso, una excesiva fragmentación y la constitución de grupos parlamentarios de escasa cuantía representativa o al margen de intereses afines, que, ahora, queda acreditado no por indicios sino por un público reconocimiento. En efecto, dado que el fraude debe probarse, los elementos objetivo y subjetivo del dato pueden consultarse aquí, aquí o en este sitio y en este otro también; y la fuente oficial que nos permite sostener nuestra opinión, se encuentra aquí (en su primer acto a fecha 20 de diciembre de 2011), aquí (en el segundo acto a fecha 27 de diciembre) y, acreditando las concretas bajas del Grupo y su fecha (23 de diciembre), en esta página también del Congreso de los Diputados.

En el fondo, se trata, pues, de un acto fraudulento pues se consigue un resultado prohibido por el ordenamiento, pues, de un modo ciertamente sonrojante, acontece la intención de que la presencia de unos Diputados en un determinado Grupo Parlamentario durante un solo día obedece a una mera finalidad lucrativa y no a la conjunta defensa y expresión de discursos afines entre los diputados integrantes de dicho Grupo. Cierto es que la norma permite la agrupación de miembros de diversas formaciones en Grupo propio, pero resulta elocuente que dicha legítima agrupación es dejada sin efecto por sus miembros tan solo 3 días después de su producción en lo que consideramos constituye el elemento subjetivo del acto cometido en fraude de ley.

La cuestión, no por frecuente o poco trascendente para el pluralismo político, deja de ser grave pues, en conclusión, presenciamos cómo se comportan determinados representantes de la soberanía popular ante la disyuntiva de atenerse al mandato conferido por los electores o de obtener determinados beneficios legales, optando por una inclusión y exclusión cuasi simultáneas del mismo Grupo Parlamentario.

No obstante, como la buena fe es otro principio general y siempre debe ser presumida, bien pudiera haber ocurrido que hayamos errado en nuestro juicio y, en realidad, tales Diputados, en pro de la igualdad de prestatarios y el beneficio del interés general, con tal acción estuvieran prefiriendo tal método financiero antes que tener que acudir a anteriores condonaciones de deuda (o aqui) en la demora en el pago de los diversos préstamos recibidos para el funcionamiento de su partido político. Lo que no es baladí pues, en el fondo, tales ingresos se hayan sometidos al control de un órgano cual el Tribunal de Cuentas que, ahora, es traído a colación pues no debe olvidarse que es el competente para exigir la responsabilidad por alcance prevista en el art. 49 LFTC para quien, por acción u omisión contraria a la Ley, originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos tanto de modo directo como indirecto por aquellos que, conociendo de todas las circunstancias de dicha disposición, no se opusieran a dicho alcance fraudulento facilitando, con ello, la obtención de fondos públicos (art. 38 LOTC).

Sin tiempo para la euforia

Han ganado. Lo han hecho por mayoría absoluta. Era lo previsible. Las encuestas lo venían señalando desde hace más de un año. Victoria del partido popular contundente. Las elecciones de mayo no sólo situaron al partido popular en el cenit de su apoteosis de poder, sino que además no significaron el castigo decisivo para los socialistas. Este se ha producido ahora. Un resultado desastroso, sin paliativos, debacle socialista, el peor resultado en democracia. Pagan los errores, la ineficiencia de gobierno, la contradicción de discursos y medidas, la falta de reacción y realismo, la pérdida absoluta de confianza y el castigo por las nefastas consecuencias que ha supuesto la crisis a nuestro país, nuestra economía y sociedad. No supieron en abril hacer los cambios. Viejas guardias, cortocircuitos a nuevas generaciones.
Pérez Rubalcaba hizo lo que pudo para un partido que debe renovarse de verdad y no aparentarlo simplemente. Mariano Rajoy lo tenía cada vez más accesible, hasta el punto que en septiembre su discurso se hace ya más serio, más riguroso, consciente de las enormes dificultades a las que tendrá que hacer frente. La estrategia era clara. No bajar al ring mediático en una confrontación dialéctica que podía hacerle perder votos, toda vez que sigue sin dar ruedas de prensa ni admitir preguntas de los periodistas, ni enzarzarse en ninguna disputa con el candidato socialista. Perfil plano, sencillo, sin aristas, sin entrar en nada. Esperando simplemente a que este anodina y alicaída campaña electoral pasase. La misma no ha movido votos. Ojalá hubieran dado una verdadera lección de austeridad todos reduciendo a la mínima expresión la misma.
Cambio y cinco millones de parados, eran el nervio mismo de esta campaña. El viejo dicho de que las elecciones nos la gana la oposición sino que las pierde el gobierno, cambian ahora por el voto de cinco millones de parados. Dos cifras, en marzo de 2008 un 8,5 % de paro y la prima de riesgo en 27 puntos. El viernes pasado, 22 % de paro y más de 500 puntos. Dos realidades tautológicas que mueven el voto, por un lado, el comportamiento férreo, disciplinado, movilizador y rocoso del partido popular, todos acuden a las urnas. Por otro, el desánimo y desazón de quién votaron en 2008 a los socialistas que han optado por dispersar el voto, entre derecha e izquierda, también UpyD y la abstención. Voto fragmentado de la izquierda.
Empieza la hora de la verdad para Rajoy y su partido. Los mercados no esperarán ni darán tregua. Ya descontaban la victoria de los conservadores españoles. La hora de la austeridad, el rigor, la seriedad y las reformas. Ahora será él quien tenga que imprimir su acción de gobierno, gestionar una época de enorme crisis e incertidumbre, adelgazar el gasto, recortar, reformar, enderezar un rumbo cada vez más desorientado y rehén de una intervención que de facto ya se está produciendo toda vez que el Banco central tiene que amortiguar la deriva de la prima de riesgo. No habrá concesión temporal graciosa para aguardar la crítica. No hay tiempo que perder sabedor como es, que en caso de acertar con las medidas, estas no mostrarán sus resultados hasta dentro de muchos meses. Nunca un gobierno lo tendrá tan difícil. Y ahora sí, aun con mayoría absoluta debe buscar consensos, apoyos colectivos para afrontar la tarea hercúlea en lo económico que hay que desarrollar. O mucho nos equivocamos o veremos cómo la calle se moviliza, como se elevará la tensión, crispación en las calles, juego sucio. Lo veremos. Veremos movilizaciones y huelgas que hasta ahora, en lo que ha sido el peor gobierno de la democracia, no las habíamos contemplado.
Los suyos lo han celebrado. Llegan al poder, ya lo tienen, pero hay que gestionar una herencia en déficit, envenenada y entreverada de conflictividad y recortes del estado de bienestar. Con una ciudadanía molesta con sus políticos, con una España donde la corrupción es tolerada y aceptada por todos. Los retos que tiene frente así Mariano Rajoy son tremendos. Europa vigila y espera, tutela y exige. Es la hora de ser líder, de afrontar con realismo y decisión, convicción y audacia, rigor y cintura política los problemas. El fin del zapaterismo deja una España mermada y una auténtica debacle histórica en su partido. La herencia enrevesada de una sorpresa que surgió en 2000.
Sube CiU que se consolida en tercera fuerza política, sube espectacularmente IU que recibe voto socialista, UPyD con más de un millón cien mil votos, que sin embargo se ven subrepresentados si se comparan con votos recibidos y escaños otorgados a los partidos nacionalistas, y una sorpresa que se veía venir en detrimento del PNV y que al saberse los datos de participación en el País Vasco eran ya creíbles, la irrupción fortísima de Amaiur, la izquierda abertzale que arrasa con el voto nacionalista y que resitúa al nacionalismo vasco.

“Revolving door” entre política y justicia

El pasado día 23 de septiembre el BOE publicó una modificación de la LOPJ de carácter exclusivamente técnico, en apariencia. En ella se varía el régimen vigente de los jueces, fiscales y secretarios que ocupen cualquier puesto de designación política o de confianza o simplemente se presenten como elegibles para alcaldías o parlamentos. Hasta ahora era el de excedencia voluntaria, y a partir de la ley pasa a ser, si así lo solicita el interesado en cuestión, el de servicios especiales.

 

Dicho así, el asunto no parece de mucho interés salvo el meramente corporativo. El cambio, sin embargo, tiene su importancia. Si se está en excedencia, no se acumula antigüedad en la carrera ni se le reserva la plaza que tenía anteriormente. En situación de servicios especiales, por el contrario, se siguen acumulando años y se tiene derecho a regresar a la plaza que se ocupaba anteriormente. Además, esta reforma se hace con efecto retroactivo, de modo que pueden acogerse a esta posibilidad los que en este momento se encuentren en excedencia voluntaria. Eso significa, en definitiva, que los jueces, fiscales y secretarios que ahora mismo estén en política podrán retornar a su profesión con toda la antigüedad y con derecho preferente a su antigua plaza, expectativa que no tenían hasta el día 22 de septiembre de este año, fecha de aprobación de la ley.

 

Vaya, el frío tecnicismo administrativo de la ley pareciera transformarse en un cálido favor que los políticos hacen a algunos de los nuestros: los jueces, fiscales y secretarios en cargos políticos en la actualidad, y por cierto en perjuicio del resto de los integrantes de estas profesiones, puesto que ven cómo les van a adelantar en el escalafón los que regresen de la política, siendo así que al irse a ella y pedir la excedencia habían aceptado la pérdida de antigüedad que ésta suponía (con lo que no seria descartable que alguno de los perjudicados la impugnara judicialmente).

 

Beneficiarios de esta nueva situación son, por ejemplo, José Antonio Alonso, el ministro Antonio Camacho, o el ex ministro Fernández Bermejo, pero no se trata de una ley impulsada únicamente por el PSOE. Es ciertamente sorprendente el que en el Senado haya sido apoyada por todos los grupos representados, sin excepción, y que después haya sido aprobada en el Congreso por nada menos que 343 de los 350 diputados, y con una sola abstención (Véase, en la página 38).

 

Es posible que la razón de esta enorme e infrecuente concordancia de posturas en el parlamento no tenga nada que ocultar sino que obedezca a la creencia general de que es bueno incorporar a la vida política y a todos los partidos a personas de valía procedentes del mundo de la justicia, y que con esta nueva situación administrativa, que les deja las espaldas cubiertas, va a ser más sencilla esa incorporación. Es posible, sí, pero lo cierto es que la manera que ha sido tramitada no facilita esa impresión: se introduce en el último momento de la legislatura en el Senado, como disposición adicional de una ley ordinaria que nada tiene que ver con ésta, se prescinde del preceptivo informe del CGPJ (el cual por cierto no ha protestado, como debería),  la ley sale sin exposición de motivos que justifique su promulgación y además entra en vigor al día siguiente a su publicación. No son buenos indicios, como tampoco lo es su grosera retroactividad. El hecho de que la justificación esgrimida en el Senado sea la de una “mejora técnica de la LOPJ” (véase página 112), cuando es evidente que tiene efectos que van más allá de lo puramente formal, no contribuye a mi tranquilidad de espíritu (entre otras cosas porque, como en este blog se ha dicho muchas veces, de lo que menos se preocupan los actuales parlamentos es de la calidad técnica de las normas).

 

Se denomina en el mundo anglosajón “revolving door” al movimiento de personas que pasan de trabajar en la administración pública o en los órganos reguladores, a hacerlo en las industrias que han sido afectadas por la regulación que ha salido de aquéllas, o que hacen el camino inverso. Aunque se señalan algunos posible efectos positivos de esta situación –esencialmente, la experiencia acumulada- no se dejan de destacar los obvios peligros de una práctica como ésta para el interés público, como tan descarnadamente mostró el documental “Inside job”, tratado en un anterior post del blog. Pues bien, prescindiendo de la intención, pura o impura, del legislador, la realidad es que esta ley introduce un “revolving door” entre política y justicia que lo mínimo que se puede decir de ella es que no contribuye a fortalecer la independencia judicial frente a los poderes políticos ni la propia imagen de la justicia en España, tan mal valorada en las últimas encuestas, y así lo han denunciado todas las asociaciones judiciales, que han coincido en criticar duramente la norma.

 

La reforma operada no evita la ocasión para evitar el peligro, sino que crea el peligro de la ocasión, y con ello alimentará la sombra de la sospecha en la ya de por sí politizada percepción ciudadana de la justicia. No se trata de denostar al juez o fiscal que pase a la política y luego regrese de ella a su profesión, ni de suponerle un comportamiento incorrecto. Se trata de que para el sistema en su conjunto no es buena tanta facilidad para ir y venir; los jueces y fiscales tienen que mantener una neutralidad y una asepsia en el ejercicio de sus funciones, y la política fomenta los conflictos de intereses, las ambiciones particulares, los favores recibidos o solicitados, las amistades y enemistades o, simplemente, la corrupción. Y cuando hablamos de sanidad democrática toda precaución es poca, ya se sabe que lo único verdaderamente irresistible es la tentación.