Hace unas semanas, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, en una conferencia en Valencia nos recordaba con unos datos muy expresivos la distancia que media hoy entre nuestros representantes políticos y la ciudadanía, y no solo en España aunque quizá aquí el fenómeno, por lo brusco y relativamente reciente, sorprende más. Sobre todo a la clase política. El caso es que de las encuestas del CIS resulta nada más y nada menos que tres de cada cuatro españoles creen que el Parlamento no les representa, el 80% desaprueba el trabajo del Congreso y el 85% consideran que los diputados no trabajan con honestidad.  Vamos, que no nos representan.

Pero quizá lo más curioso es comparar estos resultados con los de otra encuesta (que sirvió de base a un estudio del CIS del año 2005) hecha a los propios diputados. Resulta que es otro mundo. El 93% de los diputados contestaron que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los ciudadanos de su circunscripción al tomar sus decisiones (frente a un 38,8 % de ciudadanos que pensaba así) y el 85,8% afirmaron que sí tenían en cuenta bastante o mucho la opinión pública a la hora de tomar sus decisiones (solo un 34% de los ciudadanos pensaba así). Eso sí,  el 83% de los diputados reconocía que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los miembros de sus partidos al tomar las decisiones. Por el contrario y de forma harto sorprendente, los ciudadanos solo pensaban así en un 50%.

Vistos estos datos (probablemente de repetirse ahora la encuesta arrojaría todavía una divergencia todavía mayor) a nadie le puede sorprender que nuestros representantes anden tan despistados a la hora de planificar sus campañas electorales. O lo que es casi peor; parece que lo único que le preocupa de verdad es la confección de las listas, confirmando así el sentir ciudadano de que  los políticos y los partidos van “a lo suyo” (es decir, a repartirse cargos y puestos más o menos lucrativos) y que “pasan” de los problemas que agobian a los ciudadanos. Véase el caso de la reciente decisión sobre el adelanto de las elecciones catalanas donde las grandes discusiones han versado sobre lista conjunta sí o lista conjunta no. Hasta “el procés” parecía algo secundario frente a la urgencia de saber a cuantos escaños se toca. Así las cosas, parece complicado venderle a la gente que los políticos se interesan de verdad por los intereses generales, o que están dispuestos a reflexionar y a debatir con seriedad sobre las grandes cuestiones que van a marcar nuestro futuro, ya se trate de paro, educación, sanidad, corrupción, organización territorial, etc, etc.

El problema es que debatir con honestidad y rigor sobre estas cuestiones no es tarea fácil. De entrada hay que hacer un diagnóstico que supone reconocer la parte correspondiente de responsabilidad. Y luego hay que ponerse a buscar gente preparada, que sepa del tema y que proponga soluciones realistas, y estos perfiles no abundan en nuestros partidos, para qué nos vamos a engañar. Así que es bastante más sencillo reducir las discusiones a quien va a ir de candidato y en qué puesto. Lo de menos es qué piensa o qué dice el candidato sobre estos grandes temas; probablemente porque ni dice ni piensa nada más allá del argumentario que tenga a bien proporcionarle el partido

Es verdad que hasta hace relativamente pocos años las épocas electorales, pese a todo, daban lugar a una cierta reflexión en el seno de los partidos – incluso con colaboración de expertos externos e independientes- sobre  temas importantes, reflexiones que se volcaban normalmente en un programa electoral más o menos sesudo. Pero ya hemos comprobado que a la hora de gobernar los programas electorales son papel mojado  para el líder político que se enfrenta con la dura realidad -con la que la parecer no se contaba cuando se realizaban esos ejercicios teóricos- como explicó nuestro actual Presidente del Gobierno antes de tirar el suyo a la basura. Así  no hay que extrañarse de que la gente desconfíe de programas y promesas electorales. Así que previsiblemente el periodo electoral se centrará más en las personas que en las ideas.

No parece muy difícil entender entonces que haya pocos ciudadanos (más allá de los afectados directamente, claro está, y de los periodistas de salón a los que les gustan las intrigas cortesanas) que estén interesados en esta laboriosa tarea de elaborar las listas electorales dado que, aparte de votarlas o no, no se puede gran cosa con unas listas bloqueadas y cerradas. Las ideas sobre qué hacer con España, que diría Cesar Molinas, dan bastante más de sí pero suponen también un riesgo, especialmente para los que no las tienen o para los que incluso teniéndolas temen que las suyas no coincidan con las del líder de cuyo dedo dependen.

Los motivos por los cuales nuestros viejos partidos están tan lejos de las preocupaciones de la ciudadanía son múltiples y variados y van desde la falta de la democracia interna hasta su conversión en agencias de colocación a costa de las instituciones, pasando por la falta de mecanismos de participación de afiliados y simpatizantes, la falta de transparencia y la financiación irregular. Pero a mi juicio es en su incapacidad para servir como cauce de participación y de reflexión política sobre los grandes temas que tanto nos preocupan donde encontramos el síntoma más preocupante de su creciente falta de representatividad.

No en vano en su magnífico libro “Ruling the void”  (subtitulado “The hollowing of western democracy”)  su autor Peter Mair, ya desaparecido, subraya que el fracaso de los partidos políticos es el propio fracaso de las modernas democracias representativas.

En la primera entrega de esta serie analizamos algunos problemas derivados del carácter abierto y participativo de los nuevos partidos. En éste de ahora voy a examinarlos con más detalle sobre el banco de pruebas de un partido en funcionamiento: UPyD.
Precisamente, los problemas que han terminado por provocar la salida del partido de Francisco Sosa Wagner tienen su origen en algunas de las cuestiones que analizamos en el post anterior. Concretamente, en las dificultades de armonizar la lógica autonomía política de determinados candidatos elegidos en procesos de primarias abiertos y democráticos, con las también lógicas responsabilidades de dirección y coordinación de las cúpulas de los partidos. En fin, cosas que no pasan en los partidos tradicionales. Estas dificultades se aprecian especialmente cuando uno desciende a los detalles.
A nadie se le escapa que el caso Sosa Wagner  se inicia antes del verano con la votación de Juncker como Presidente de la Comisión Europea. Sin duda se trataba de una decisión muy relevante desde el punto de vista político, con importantes lecturas tanto para el consumo nacional como europeo. ¿A quién le corresponde entonces tomar esa decisión? ¿Al candidato elegido en primarias por los afiliados para ejercitar ese cargo institucional, o al Consejo de Dirección?
El problema concreto se planteó desde el momento en que existía una discrepancia política en este punto: el Consejo de Dirección (CD) proponía la abstención mientras que Sosa se inclinaba por el voto afirmativo. No viene al caso examinar los argumentos en liza, puesto que todos son respetables. La cuestión interesante es analizar cómo resuelve el partido estas divergencias. Pues bien, en el caso de UPyD los estatutos del partido dicen que sin perjuicio de la autonomía de los cargos institucionales, el CD se reserva ciertas decisiones fundamentales. Así, el art. 30.2 b) le atribuye la competencia de “Definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales, garantizando su actuación coordinada, reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa del partido y los programas marco aprobados.”
¿Es esto razonable? A favor cabría alegar que no sería lógico que a la hora de la investidura de Rajoy, por ejemplo, todos o algunos de los diputados elegidos en las listas del partido alegasen que van a votar a favor porque es bueno para España. Una actuación semejante desmontaría toda la estrategia política diseñada por el partido y parece natural que el CD tenga la última palabra al respecto. Además, si no hay algún tipo de control, se pueden plantear otras cuestiones no menos problemáticas, derivadas de la manera en que se eligen las candidaturas por medio de primarias (arts. 55 y ss.). Y es que en las primarias no se vota a una lista, sino únicamente al primero de ella. Es decir, se vota al candidato a alcalde, a Presidente de Comunidad, a Presidente del Gobierno y al primero de la lista al Parlamento europeo, pero no a toda la lista de posibles concejales o diputados, lo que haría el proceso mucho más complicado para el candidato –si tuviera que presentarlos antes- o peligroso –si pudiera elegirlos después sin control alguno-. Esa lista la elige el otro órgano democrático competente (el CD, el consejo territorial o el consejo local, según los casos) oído, eso sí, el candidato vencedor. Con lo cual, en la lista vencedora hay realmente una doble legitimidad, que llega por distintos lados. En la legislatura pasada Sosa estaba solo en Europa, pero ahora hay cuatro parlamentarios en Bruselas. ¿Podría entonces el cabeza de lista elegido en primarias imponer el sentido del voto a los demás parlamentarios de la lista seleccionada por el CD? ¿O cada uno vota como quiere?
Ahora bien, reconociendo en línea de principio el peso de estos argumentos, previamente habría que solucionar ciertos problemas conexos igualmente difíciles. Así, ¿qué se entiende por votación estratégica? ¿Ésta lo era? Y, sobre todo, ¿quién decide qué es estratégico y cómo lo decide? ¿Sólo una de las “partes” en “conflicto”?
Continuemos con el caso práctico, porque a medida que avanzamos la complejidad aumenta. El CD, en base al artículo citado, adopta su decisión y se la comunica a Sosa que, en contra de esa directriz expresa, vota a favor de Juncker (al igual que otro europarlamentario, mientras que el resto de los integrantes del grupo se abstienen). Ya con esto apreciamos otra singularidad de estos partidos nuevos, y es que sus cargos se atreven a desobedecer abiertamente a la dirección, algo impensable en los partidos viejos, como el PSOE se ocupó de demostrar de manera contundente en esa misma votación.
Pues bien, en los casos como este, en los que se ejercita el voto en un sentido contrario al indicado, ¿qué ocurre? ¿Cómo pueden resolver los partidos nuevos estas crisis? ¿Acaso no debe existir ningún tipo de “sanción” al cargo elegido en primarias que en estas votaciones desobedece la indicación referida? El que no la haya recorta el poder de la cúpula y “abre” el partido, sin duda alguna, pero por otra parte no podemos desconocer que si no hubiera ningún tipo de sanción el incentivo del cargo para hacer de su capa un sayo e independizarse completamente de cualquier control sería enorme.
¿Qué disponen los estatutos de UPyD al respecto? Conforme a ellos, la única sanción posible hubiera sido declarar la pérdida de la condición de afiliado del desobediente (art. 9.1.g). Nada más y nada menos. Es decir, el CD hubiera podido declarar la pérdida de la condición de afiliado de Sosa Wagner, éste hubiera podido recurrir a la Comisión de Garantías (con el argumento de que no se trataba de una votación de especial relevancia o estratégica), y ésta última hubiera decidido en última instancia (sin perjuicio del ulterior recurso judicial, por supuesto).
No cabe duda de que, al menos desde un punto de vista político, aplicar semejante procedimiento resulta desproporcionado. Pero lo que está claro es que el CD no dispone jurídicamente de más medios de reacción en estos casos que el indicado, al margen de instar un expediente disciplinario de difícil encaje y que tampoco parece políticamente adecuado. La cuestión disciplinaria es también muy interesante porque los estatutos no contienen otras sanciones para las faltas graves o muy graves (art. 13) que la expulsión, la inhabilitación para ejercer cargos y la suspensión de militancia, con lo que ello implica. Lo normal, entonces, es que en supuestos como estos no se acuda a estas vías y no se haga nada. Pero el inconveniente es que esa falta de reacción facilita que las tensiones de las que hablábamos en el post anterior no se resuelvan satisfactoriamente. Como cada parte considera que debe mantener la tensión y/o no ceder un ápice para no crear un precedente perverso desde su punto de vista, la crisis larvada tiende a mantenerse, con efectos siempre potencialmente peligrosos.
Efectivamente, en este caso la situación de tensión no se resolvió satisfactoriamente y, como los fuegos en boscajes propicios, pasó del ámbito interno al externo con el artículo de Sosa en El Mundo. Pese a que el tema principal del artículo era la cuestión de un posible pacto con Ciudadanos, no cabe desconocer que la mención a que “UPyD debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno”, encuentra su probable explicación en el desencuentro anterior.
Nadie puede discutir que el que el asunto saliese del ámbito interno no ayudó nada a mejorar las cosas. Menos aún que el artículo incorporase acusaciones dañinas para la imagen del partido. Pero tampoco lo hicieron las reacciones excesivamente viscerales que se desataron como respuesta, y que traspasaron la línea de lo deseable en una confrontación política hasta llegar a la ofensa personal. En cualquier caso, me parece necesario insistir en que el núcleo del conflicto interno no era la cuestión del pacto con Ciudadanos (aspecto muy debatido en el partido), sino la enorme tensión derivada de una lucha de legitimidades que no llegó a resolverse satisfactoriamente y que a medida que pasaba el tiempo se fue enquistando.
Una vez que nos encontramos con un escenario en el que esa crisis ha aflorado violentamente al exterior (cosa, por cierto, nunca vista en un partido “viejo”), ¿con qué recursos cuenta un partido nuevo para solucionarla? De nuevo apreciamos las dificultades que presenta un régimen disciplinario excesivamente riguroso -y que por ello resulta políticamente poco adecuado- sin perjuicio, además de que estos procedimientos conllevan de manera inevitable un tiempo excesivo. La cuestión tenía que resolverse de otra manera.
Cuando la tensión salta al ámbito público, la portavoz del partido, Rosa Díez,  convocó al Consejo Político con la finalidad de reconducir la situación. El art. 32, 1 de los estatutos lo define como el órgano encargado de la deliberación política y del control de los órganos del partido, incluidos los cargos públicos. Si los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, la decisión parece completamente lógica. Es verdad que ciertas personas abogaron por un Congreso extraordinario, pero tal petición no tenía mucho sentido. Si a cada problema político que se plantea en un partido la reacción es convocar un Congreso, con lo que ello supone, el partido no saldría de una permanente situación de crisis, que es lo que se supone que se pretende evitar.
Ahora bien, siendo esto cierto, es discutible hasta qué punto la configuración de un órgano como el Consejo político, integrado por 150 miembros, puede ayudar a solucionar estos problemas.  Es verdad que en este concreto caso se solucionó de manera muy efectiva el asunto del pacto con Ciudadanos, aprobando la hoja de ruta presentada por la dirección, pero para tratar de solventar los “conflictos de legitimidades”, como el planteado por Sosa, su propio diseño y su sistema de funcionamiento es inadecuado. Por un lado, tiende a llegar demasiado tarde al asunto, cuando el problema político ya no es la relevancia estratégica de una determinada decisión y quién tiene la competencia para adoptarla, sino el conflicto ya enconado, por lo que no resulta fácil elaborar una propuesta para someterla a votación ni, en su caso, cabe apreciar su utilidad. Por otra parte, la intervención pública de todos aquellos que desean tomar la palabra, da lugar a que la natural irritación con lo acontecido de muchos de ellos –en ocasiones no adecuadamente contenida- más que ayudar a apaciguar las cosas las agrave, como efectivamente ocurrió, al desviar la atención hacia argumentos ad hominem y no hacia el fondo real del problema.
Por todo ello la tensión no solo no se resolvió, sino que se incrementó. La falta de colaboración del europarlamentario a las peticiones directas del partido, según el CD, y la necesaria autonomía derivada de la propia legitimidad, defendida por Sosa, convertía la coordinación entre Madrid y el grupo europeo en un asunto complejo y difícil. ¿Con qué recursos jurídicos cuenta el partido en estos casos? ¿Podía el CD sustituirle como portavoz y coordinador del grupo? ¿Es lógico atribuir esta competencia al CD?
Son dos cuestiones distintas. En cuanto a sus facultades para ello, el CD entendió que se encontraba amparado por el art. 10,2 del Código de Buenas Prácticas, aprobado ese mismo día por el Consejo Político en ejecución del mandato contenido en los art. 58 de los estatutos, y también en base al art. 30.2.b antes citado y especialmente al art. 51 -que prevé que la portavocía pueda no corresponder al cabeza de lista- en coordinación con el art. 30.1.z. Hay opiniones jurídicas discrepantes, pero al objeto de este post es mucho más interesante la otra cuestión: si es conveniente hacerlo desde un punto de vista político.
En realidad, la respuesta se deduce de todo lo expuesto en estos dos post que hemos dedicado al tema. Los nuevos partidos deben cambiar su sistema de actuación en estos casos para evitar llegar a ese punto y tener que adoptar estas decisiones. Porque el verdadero problema no está en su fundamento jurídico u organizativo, sino en su coste mediático. La sustitución como portavoz de una persona elegida en primarias, máxime de tanto prestigio como Sosa, produce al partido un daño innegable.
Termino. Lo que he pretendido defender aquí es que estas crisis de los nuevos partidos no son síntomas de anticipada decrepitud, sino todo lo contrario, de vitalidad. Son crisis de crecimiento derivadas de apostar por fórmulas nuevas, verdaderamente abiertas y democráticas. Y como ocurre con los adolescentes a los que de improviso la ropa les queda pequeña, los procedimientos estatutarios al uso no son los adecuados para solucionar eficazmente estos problemas.
En definitiva, los nuevos partidos necesitan mecanismos ad hoc de resolución de este tipo de conflictos, cuyo número tenderá a crecer a medida de que las primarias sean cada vez más abiertas y la representación institucional aumente. Se necesitan mecanismos de mediación con intervención de personas no afectadas directamente por la controversia, procedimientos más flexibles, y un régimen de sanciones mucho más ajustado a las circunstancias. Estas reformas pueden ayudar al imprescindible cambio de “cultura” que necesitamos, a romper de una vez con el síndrome de UCD, que tanto daño ha hecho a la política española. Pero en cualquier caso debe admitirse con naturalidad -tanto dentro como fuera de los nuevos partidos- que los conflictos políticos son normales y que obedecen a la dinámica lógica de los partidos abiertos y democráticos. Apreciar su normalidad es ya el primer paso para resolverlos.

Creo yo que a muchos de los lectores de este blog les pasa lo que a mi y al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Es lo que tiene la caída de las ideologías y de los metarrelatos en general: ya no se llevan las explicaciones monolíticas e inflexibles de la realidad que solo pueden tomarse enteras o rechazarlas en su totalidad; en una realidad compleja como la actual no caben ruedas de molino.
Si a ello se le añade que el sistema político vigente ha conducido a una colonización por los dos grandes partidos de todas las instituciones del Estado, incluso las que operan como contrapeso del poder, olvidando que no cabe Democracia sin Estado de Derecho, es lógico que comiencen a proliferar partidos que como prioridad a cualquier acción política concreta (y por tanto sin importar si prevalece más una u otra) prediquen el restablecimiento del pack Democracia-Estado de Derecho (no uno sin el otro),  pues en un país avanzado no basta que haya votaciones y que “gobierne” el pueblo, sino que ese gobierno se imponga por el procedimiento correspondiente y que esté sometido a la ley y a unos límites, a unos checks and balances y a la separación de poderes de toda la vida. Para entendernos, no merece la pena echar la carrera a ver qué política gana, si los jueces de la carrera están comprados y el reglamento es violado sistemáticamente en favor de ciertos corredores. Entre esos partidos, sin olvidar a otros que también han surgido últimamente (no Podemos, que pide más “democracia” con  todavía menos Estado de Derecho), cabe citar desde luego a UPyD y Ciudadanos, ambos una esperanza de que las cosas vuelvan a si sitio, obligando a los grandes partidos, por otra parte en una pendiente autodestructiva memorable, a rectificar.
Pero hete aquí que al terminar la canícula nos encontramos con la explosión de una cuestión que estaba latente en la mente de muchos: la posible alianza entre UPyD y Ciudadanos, cerradamente rechazada por el aparato del primero desde hace tiempo y ahora puesto de manifiesto con la carta pública de Sosa Wagner y la airada contestación de Irene Lozano, que posteriormente rectificó (ver aquí enlaces), con tal alboroto que ha motivado la convocatoria de un consejo extraordinario del partido. Creo que la cuestión merece algunas observaciones realizadas desde la perspectiva de uno que cree imprescindible la regeneración y, al mismo tiempo, no está en el fragor del combate político ni tiene ganas de votar a PP o PSOE y, mucho menos, a nacionalistas. Pues pienso que hay muchos como yo. Y votan.
Me valdré como muleta de un libro de ensayo que he leído este verano: Fuego y cenizas, de Michel Ignatieff (Taurus, 2014) un profesor universitario en Harvard que se mete en la política de su país, Canadá, y nos cuenta cómo es la política real, emulando como puede a Maquiavelo –“había dado clases de Maquiavelo, pero no lo había entendido”, nos dice (p.51)- aunque logra darnos alguna enseñanza útil.
En primer lugar, haría alguna observación de tipo interno, o más bien, de la coherencia entre lo interno y externo que es algo que tiene bastante importancia, porque revela hasta qué punto lo que nos estas vendiendo es verdad o no. En este sentido, no dudo, pues así se ha dicho, que la voluntad de no realizar algún tipo de alianza con Ciudadanos está aprobada por los órganos del partido y por los correspondientes consejos, etc. Es decir, que es ¨legal”. Bien, pero no es suficiente porque lo que UPyD está “vendiendo” es precisamente lo que está faltando de la política nacional: apertura, flexibilidad, escuchar a las bases, diálogo, confrontación de ideas, partidos abiertos y democráticos. En ese pack Democracia-Estado de Derecho no debe faltar éste último (que es lo que criticamos a partidos como Podemos) pero tampoco la primera: cumplamos reglamentos, pero no debemos olvidar que como dice Ignatieff,  “de todas las cualidades, la capacidad de escuchar, de prestar atención es la menos apreciada en política. La gente entenderá que no puedes solucionar sus problemas si le prestas toda tu atención” (p.78).
Como dice Politikon en “La Urna Rota”, la explicación clásica del funcionamiento de los partidos sigue respondiendo a la llamada “ley de hierro de la Oligarquía”, de Michels, en cuya virtud con el crecimiento es inevitable que una organización se vuelva jerárquica y profesionalizada y, de manera inevitable, poco democrática y conservadora, quizá alejándose de las bases. En UpyD se puede estar produciendo una lucha entre “pragmáticos” e “ideólogos” y lo que esperamos de UpyD es que, haciendo honor a sus ideales, derogue la ley de Michels y escuche al votante; que no se convierta UpyD, como dice Ignatieff, “en una caja de resonancia que sólo oiga su propia voz” (p.95), rechazando otras opiniones. Nos recuerda Ignatieff a Abraham Lincoln: “¿Por qué no debemos confiar pacientemente en la justicia de la gente en última instancia? ¿Existe una esperanza igual o mejor en el mundo?” (p.166).
Y probablemente confiando no sólo seremos más coherentes, es que tendremos mejores resultados. Estamos hablando de la lucha por poder y ésta no depende tanto de congresos como de oportunidades. Como acertadamente dice nuestro intelectual político, “la política no es una ciencia sino mas bien el intento incesante de  unos avispados individuos por adaptarse a los acontecimientos que Fortuna va situando en su camino….pues el medio natural de un político es el tiempo y su interés reside exclusivamente en saber si el tiempo para una determinada idea ha llegado o no. Cuando llamamos a la política el arte de lo posible nos referimos a lo que es posible aquí y ahora” (p. 50). Y este asunto se ha planteado aquí y ahora, y se volverá a plantear, por mucho Congreso que haya habido, tantas veces como sea necesario, si ello facilita el acceso al poder, o algún poder, pues estamos hablando de partidos, que quieren conseguir resultados en la conquista por éste. Dijo nuestro autor cuando perdió ciertas elecciones: “Esa noche aprendí la lección más sencilla de la política: demuestra que realmente deseas la victoria” (p.64).
La segunda observación es respecto a la conveniencia de un posible acuerdo en sí misma. Para los legos en esta cuestión, los razonamientos de UPyD para negarse no son demasiado explícitos y claros. Irene Lozano sigue pensando que el partido ha de seguir siendo independiente. Javier Nart dice que el obstáculo es personal, cosa de Rosa Díez. Se pueden ver aquí los extensos argumentos de Sergio Acedo, casi morales: la poca transparencia y la baja calidad moral y sospechosa conducta de muchos integrantes de Ciudadanos. Pero los que básicamente leemos el periódico para enterarnos de estas cosas intuimos que las diferencias aparentes, aparte de las personales, son pocas y que algún tipo de acuerdo entre ambos partidos produciría importante efectos prácticos.
Pero aceptemos, como hipótesis de trabajo, que efectivamente haya una cuestión ideológica o moral que dificulte un acuerdo: ¿qué ha de hacer un partido en este dilema moral? Ignatieff nos recuerda la distinción de Max Weber, en su trabajo “La política como vocación”, que hay una ética de fines últimos y una ética de la responsabilidad. Si la respuesta a la pregunta “¿ante quien respondemos?” es “ante los votantes”, no puedes lograr nada para ellos si valoras más tu conciencia que sus intereses. (p.183). Por ello, nos dice “aprendí que uno no puede refugiarse en la pureza moral si quiere lograr algo pero, de igual modo, si sacrificas todo principio, uno pierde la razón por la que entró en política para empezar” (p.185). Es decir, si queremos resultados, si queremos servir para algo, tenemos que llegar a compromisos. No debemos – nos dice- convertir a un adversario en enemigo, pues ello define los compromisos como una traición. Por supuesto, hay limites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la linea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso (p.188), pero sabiendo que el político que que no pueda montar dos caballos a la vez “no tiene un derecho a trabajo en este maldito circo” (p. 185).
La tercera observación se refiere a los aspectos externos, a la imagen de UpyD. Nos recuerda nuestro autor canadiense que “los votantes saben que los problemas son complicados y que si las soluciones fueran fáciles ya habrían desaparecido” (p.163), pero la realidad es que aquellos te pueden dedicar 90 segundos y muchas veces funcionan con estereotipos o intuiciones porque, como dice el estudioso del conocimiento Kahnemann, la información racional es mucha y muy difícil de asimilar y el votante instintivamente “salta” a aquellas cuestiones que le resultan más fáciles. Y, cuidado, ese juicio intuitivo no es siempre desacertado. La imagen de Rosa Diez molesta porque le vuelven a preguntar sobre Ciudadanos, el artículo de Irene Lozano o ciertos tuits de Martínez Gorriarán pueden decirnos mucho mas de UPyD que todos los argumentos racionales que se hayan podido dar. Es considerar a Ciudadanos unos apestados y eso no se comprende.
La conclusión de este post no es una conclusión: es una petición. Estamos en un momento político crucial, en el que la progresión de UPyD no ha sido la esperada; hay un bipartidismo anti-Estado de Derecho rampante, un desafío soberanista y un partido “regenerador” antisistema como Podemos encocorado. Apoyado en este autor canadiense, pero podría haberlo hecho en otros, pido a UPyD que sea coherente, racional e inteligente emocionalmente: que tome sus decisiones escuchando y aplicándose lo que predica; que prescinda de individualismos por muy duro que sea esto en un partido; y que sea consciente de que responde ante el votante que quiere que las promesas –al menos algunas de ellas- se conviertan en realidad; que no desaprovechen su “oportunidad” política, la de valorar si ha llegado el tiempo de esta idea: nadie pide una fusión pero sí que agoten todas las vías que sean posibles para que la regeneración pueda conseguir resultados. Ellos sabrán cómo hacerlo, mejor que nosotros. Y también que, resulte lo que resulte, nos lo expliquen, pues como dice nuestro autor canadiense, “sin una narrativa que defina al mensajero como parte del público, el mensaje no llegará” (p.164).
Y finalmente, también patriotismo, patriotismo del bueno: “dejar claro que puede llegar un momento en que tengas que poner tu país por encima de todo lo demás” (p.220).