Tercer Aniversario de la LOPSC: ¿Ha habido mordaza?

El pasado 1 de julio de 2018 se cumplió el tercer aniversario de la entrada en vigor de la profunda reforma que tuvo lugar en materia penal y de seguridad ciudadana. En el año 2015 sobresale la revisión de más de un tercio de las disposiciones del Código penal (CP) a través de la LO 1/2015 y la complementaria modificación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) operada por LO 4/2015, que acabaría conociéndose popularmente como «Ley Mordaza».

Decimos que tuvo un carácter complementario porque se intentó establecer un nuevo equilibrio entre aquellas conductas que, estando próximas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación (art. 21 CE), podían suponer, sin embargo, una lesión del orden público. Y es este nuevo equilibrio entre el derecho fundamental de reunión y manifestación y la protección de la seguridad ciudadana el que ha merecido atención y críticas por parte de amplios sectores doctrinales y de la sociedad en su conjunto.

Tres años después de la entrada en vigor de esta reforma, y con la reciente publicación del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior [1. Aclaración metodológica. Los datos utilizados se recogen en los Anuarios correspondientes a los años 2012 a 2017. Conviene aclarar que antes de la reforma de 2015 la desobediencia leve coexistía como falta en el CP e infracción leve en el art. 26.h de la LOPSC. Desgraciadamente, el Anuario del Ministerio del Interior no especifica el número de sanciones en virtud de este artículo, cifra que debería ser sumada a las faltas para evaluar el incremento. No obstante, también ha habido un simultáneo ascenso en el número de sanciones por otras conductas no previstas con anterioridad en la LOPSC, como la falta de respeto y consideración debida a la autoridad, lo que puede ser tenido en cuenta, al menos, como indicio de lo ocurrido con la desobediencia leve] correspondiente a 2017, podemos hacer balance de sus efectos. Así, recordaremos brevemente cómo está articulada la protección del orden público entre CP y LOPSC para, seguidamente, analizar los recientes datos en busca de la denunciada «mordaza».

Hasta 2015 el grueso de las conductas que atentaban de manera leve contra el orden público se recogía como faltas en el CP. La reforma de 2015, alegando los principios de intervención mínima y racionalización del uso de la Administración de Justicia, descargó mayoritariamente estas infracciones en la LOPSC. Este es el esquema resultante:

– La perturbación leve del orden en la audiencia de un tribunal o en actos públicos (art. 633CP, actual art. 36.1 LOPSC).

– La desobediencia leve (art. 634CP, ahora art. 36.6 LOPSC).

– La falta de respeto y consideración debida a la autoridad (art. 634CP, actualmente art. 37.4 LOPSC).

– La ocupación o mantenimiento en propiedades privadas contra la voluntad de su titular, pensemos en el movimiento «okupa» (art. 635CP, ahora art. 37.7 LOPSC).

– El uso público e indebido de traje o uniforme (art. 637CP, actual art. 36.14 LOPSC).

La paradoja de esta nueva regulación es que pese a abandonar el ámbito penal, estos comportamientos están sometidos a un nuevo régimen administrativo que parece, desde el punto de vista sustantivo, más oneroso para el ciudadano, y desde la perspectiva procesal, menos garantista en una materia próxima al ejercicio de derechos fundamentales.

Con carácter general, podemos señalar que la vigente LOPSC contiene sanciones pecuniarias más onerosas que en su anterior regulación y que la señalada en el CP para las faltas. La gradación de estas sanciones se recoge en el art. 33.2 LOPSC, debiendo destacar la amplitud con la que se valorará la reincidencia, pues mientras en el CP los nuevos delitos leves no se computan a estos efectos, en el ámbito de la LOPSC la reincidencia en un plazo menor a dos años puede suponer el ascenso de grado de la sanción. Así, si lo normal en infracciones graves y muy graves es que la multa se imponga en su grado mínimo, el ascenso a grado medio por reincidencia en una infracción como la desobediencia leve conllevaría que la multa no bajase de 10.401€.

Asimismo, a diferencia del CP, la capacidad económica del infractor solo se tendrá en cuenta para la individualización de la multa dentro del grado correspondiente. Y ello debemos conectarlo con la inexistencia en la LOPSC de una figura análoga al denominado «aplazamiento» regulado en el art. 50.6CP, que con vocación de atender a las circunstancias personales del infractor favorece el cumplimiento de la sanción.

Otro elemento que influye en la situación del presunto infractor es que el artículo 52 LOPSC contiene una presunción iuris tantum de veracidad de las denuncias o declaraciones de los agentes de la autoridad, lo cual contrasta con el valor que se atribuye al atestado en el ámbito penal donde ostenta la condición de prueba testifical, aunque pueda tener una especial consideración.

Por tanto, este nuevo punto de equilibrio entre ambos bienes dignos de protección pareciera otorgar un carácter preferente al orden público. La única esperanza de que esta regulación no se convirtiera en una verdadera limitación del ejercicio del derecho de reunión y manifestación procedía de una aplicación prudencial que fuese continuadora de la previa línea jurisprudencial, en cuanto apreciación solo de los supuestos verdaderamente generadores de desvalor. Sin embargo, las recientes estadísticas nos hacen pensar lo contrario.

Como se observa en la gráfica, el número de sanciones por comportamientos hoy constitutivos de infracción administrativa es mucho mayor que el existente cuando tales conductas se tipificaban como faltas. Y ello, pese a que el número de manifestaciones y, por tanto, de escenarios donde pueden tener lugar estos comportamientos, ha disminuido un tercio desde los años de mayor conflictividad social durante la crisis económica. Mientras en 2012 hubo 44.233 manifestaciones, en 2017 la cifra se redujo a 29.091.

Durante este periodo, en los años de mayor número de manifestaciones las faltas contra el orden público sancionadas nunca llegaron a superar la cifra de 10.000. Por el contrario, tras la reforma, y con el matiz de que en 2015 la nueva normativa solo estuvo en vigor seis meses, se ha elevado significativamente el número de infracciones administrativas.

Sin duda, son dos las infracciones que se están utilizando de manera más habitual. Por un lado, a título de desobediencia (leve) a la autoridad (art. 36.6), cuya sanción oscila entre 601 y 30.000€ frente a la derogada pena de entre 20€ y 12.000€, se impusieron 13.033 multas en 2017. Por otro lado, la falta de respeto y consideración debida a la autoridad (art. 37.4), cuya multa puede ser de hasta 600€, ha aumentado hasta las 21.122 sanciones en 2017. Esto es, la misma conducta hoy infracción administrativa merece una mayor atención que la que recibía en el ámbito penal.

Conclusiones

Cuando hablamos de la protección del orden público debemos tener muy presente que no se trata de un valor absoluto, debe ser puesto en relación con otros derechos fundamentales. En concreto, el derecho de reunión y manifestación es un derecho de configuración preferente, es decir, es medio y fin en sí mismo. Medio porque contribuye a generar un estado de opinión que invite a los poderes públicos a tomar en cuenta las demandas sociales y es, también, fin, porque satisface la necesidad de desahogo que pueden sentir miles de ciudadanos ante el pesimismo y desasosiego propio de coyunturas personales o sociales adversas.

Teniendo en cuenta que la protección que ofrecían las faltas no se había criticado por «permisiva», precisamente se alega el principio de intervención mínima en esta reforma, y el deseo de un ius puniendi cuyos límites materiales sean reflejo de una prudente evaluación de los bienes jurídicos en liza, entendemos criticable la actual regulación. El efecto desaliento que puede provocar en el ejercicio de este derecho fundamental y la necesaria proporcionalidad de las penas y sanciones, ante las inasumibles cuantías previstas en la LOPSC, exigen una profunda revisión en materia de orden público. En definitiva, tal y como nos preguntamos en el título: sí, ha habido mordaza.

Sobre ética, política y periodismo.

 

“En consecuencia, sostenemos que nunca se ha mentido tanto como en la actualidad, ni se ha mentido de manera tan masiva y tan absoluta como se hace hoy en día”
(Alexandre Koyré, La función política de la mentira moderna, Pasos Perdidos, 2015, p. 37)

“Cuanto más vacuas sean sus bobadas más seguidores tendrá, a saber, todos los estúpidos e ignorantes”
(Erasmo de Rotterdam, Alabanza de la estupidez, Penguin, 2016, p. 85)

Semana convulsa esta del 17-S. Todo ha estado muy revuelto con las cualificaciones académicas de los políticos. La política en España, más aún con el incendio catalán siempre vivo, era ya hiperbólica. La exageración en los epítetos y descalificaciones es mayúscula. No hay sosiego. Ahora no existe ni un momento de paz. La guerra parece abierta. La ignorancia es atrevida y la estupidez vuela por doquier (como ya nos advirtió Cipolla), pero en estos tiempos de fakenews al parecer todo vale. Ahora a la hipérbole se suma la política carroñera. Sucia y descuidada. Mientras tanto andamos buscando políticos impolutos en un país de pícaros, rufianes e infractores por doquier: ¿quién se salva? Olvidamos con frecuencia que la política es el espejo de la sociedad.

Las reglas en esta España desquiciada las marca formalmente el Derecho. Pero donde el Derecho no llega, comienza el evanescente estándar de moralidad pública que se pretende aplicar a las conductas pasadas de los cargos públicos. Como sigamos así se terminará removiendo la adolescencia turbia de algunos o los deslices pueriles de la primera etapa universitaria de otros. Como el cinismo político imperante o, en su defecto, la ignorancia mayúscula, impiden codificar valores y normas de conducta en las instituciones públicas, lo que es éticamente correcto lo define el oportunismo político del momento o las “investigaciones”, nunca neutrales, de unos medios alineados con uno u otro bloque, pues en esto nadie se queda en medio. Y aquí empieza el desbarajuste. Con una simple norma de conducta en el marco de un sistema de integridad sobre las consecuencias de mentir en el curriculum nos hubiésemos ahorrado un sinfín de tormentas políticas, ríos de tinta y miles expresiones de palabrería vacua.

Hace algunos meses escribí sobre los masteres ahora pensaba hacerlo sobre los doctorados. Pero, en verdad, no conviene desestabilizar más a la frágil Universidad española. Bastante tiene con la que le está cayendo. Con tanto oportunismo político y mediático la institución acabará por ser convertida en mero despojo. Una fábrica de titulaciones hasta ahora de escasa utilidad, corre el riesgo de ser derruida como consecuencia de los pésimos comportamientos de algunos de sus prebostes con moral laxa, cuando no delictiva (rectores, catedráticos, profesores o funcionarios, que de todo ha habido). La ensalzada imagen del mundo académico-universitario se enturbia. Y mejor no seguir escarbando en sus miserias, que no son pocas. Siempre ha habido tesis doctorales excelentes, buenas, regulares y malas. Que nadie se rasgue las vestiduras, pues por la propias y envenenadas reglas marcadas del juego, siguen siendo escasos los supuestos en los que las tesis doctorales -más aún si el doctorando “es de la casa”- no se adornan con la máxima calificación, aunque ahora el pretendido anonimato “del sobre” permita esconder aparentemente quién ha sido el malhechor miembro del tribunal que ha roto la unanimidad requerida.

No me interesan estas cosas que ahora están en la boca de todos. La sarta de sandeces que he escuchado en los medios estos días (particularmente en las tertulias) sobre los doctorados y las tesis doctorales, darían para escribir varias páginas. El problema no es lo que dicen o escriben, lo grave es el daño institucional que hacen. Y a ello voy con un caso concreto, aunque sea sobre un tema aparentemente distinto.

El Gobierno Vasco presentó este pasado jueves la Memoria de la Comisión de Ética 2017 , que identifica los casos conocidos por ese órgano durante ese año de acuerdo con las previsiones del Código Ético y de Conducta de altos cargos. Dentro de esa Memoria se incluyen una serie de Conclusiones y la primera de ellas traslada la idea, por lo demás totalmente acertada, de sugerir que –dentro de ese sistema de integridad institucional que está construyendo el Gobierno Vasco- se promueva un Código del Empleo Público que recoja los valores y principios de la institución establecidos en el Código de altos cargos y en la Ley vasca 1/2014 de conflictos de intereses, pero incorporando, previa negociación sindical, unas normas de conducta que fueran adecuadas a las funciones propias de los servidores públicos. La diferencia entre valores y normas de conducta es muy importante, aunque algunos no la entiendan.

Al igual que ya ha sido hecho por la Diputación Foral de Gipuzkoa, la iniciativa del Gobierno Vasco es trascendental: con ella se pretenden reforzar los valores y los comportamientos éticos en la actividad profesional del empleo público. Una función pública anoréxica en valores no puede prestar nunca buenos servicios a la ciudadanía. Una institución que no preserve la ética de sus gobernantes y servidores públicos difícilmente puede disponer de calidad democrática, como estudió atentamente el profesor Rafael Bustos Gisbert. Y estas son cosas que habitualmente se hacen en las democracias avanzadas (vean por ejemplo el caso del Código de Valores del Servicio Civil de la Administración Federal de Canadá:  un ejemplo, por lo demás, de coherencia y sencillez).

Pero en este país de cínicos resabiados todo el mundo cree que con el Derecho (la Ley) ya es suficiente. Sin embargo, las leyes se publican pero no se aplican. Peor aún, cuando entra en juego el Derecho Penal o el Derecho Administrativo Sancionador el mal ya no tiene remedio y la imagen de la institución está ya rota en pedazos. Los sistemas de integridad institucional (y entre ellos los códigos de conducta) pretenden prevenir y preservar la infraestructura ética de las instituciones. Algo que muchos no entienden o simplemente no quieren ver.
Sorprende así que, frente a esa iniciativa pionera que homologa a las instituciones vascas con las democracias más avanzadas, se responda groseramente con una serie de informaciones públicas falsas o meridianamente no contrastadas lanzadas por algunos medios de comunicación. Así, se ha dicho torticeramente que a 100.000 empleados públicos vascos se les iban a aplicar las normas de conducta aplicables a los altos cargos del Gobierno de Euskadi (entre ellas la imposibilidad de opinar públicamente contra las políticas del Gobierno o la de no mentir en el curriculum).

He sido invitado a escribir sobre ello y he respondido de inmediato que esa información es sencillamente falsa de solemnidad. Una mentira política. Que se apliquen los valores y principios comunes al conjunto de la institución (como lo ha hecho por ejemplo la Administración Federal canadiense) no quiere decir, en ningún caso, que se trasladen las exigencias de normas de conducta de los altos cargos a los empleados públicos. Mientras unos sean de designación política y otros profesionales del empleo público, la modulación de las conductas y la existencia de códigos distintos está fuera de toda duda por lo que a la función pública respecta, donde la garantía de imparcialidad es una de las notas distintivas de su ADN.

Exijamos, por tanto, más diligencia profesional a los periodistas que se ocupan de estos temas. Si hubiesen contrastado la información a través de la fuente que tenía a su alcance (Conclusión 1ª de la Memoria 2017 de la Comisión de Ética Pública antes citada), no hubieran metido la pata de forma tan estrepitosa. La imprecisión, la falsedad o la manipulación están tomando carta de naturaleza en diferentes medios que por lo demás se mueven en trincheras políticas muy identificadas. Lamentable espectáculo. Lo realmente triste es lo mucho que padece nuestro ya bastante roto sistema político-institucional. Todos creen a los medios y desconfían del mensaje de las instituciones. Seguimos jugando a la ruleta rusa. Hasta que el tiro definitivo nos levante la tapa de los sesos.

VER LA MEMORIA 2017 ÍNTEGRA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO EN PDF: Memoria_Comision_Etica_2017_DIG(3)

bloqueo-politico-institucional

Bloqueo político, postulados sociológicos y fallas institucionales

Tunel1En febrero hablaba en este post (Zugzwang) de la situación de bloqueo en la que nos encontrábamos y apelaba a los valores democráticos. Pasados unos cuantos meses el enfermo no ha mejorado.

Por supuesto, puede alegarse que por la novedad de la situación no hay un protocolo claro de cuáles son los valores aplicables. También que puede ser razonable tomarse un tiempo para pactar e incluso –concedámoslo- aunque se reiteren una vez las elecciones por imposibilidad de llegar un pacto. Pero entre eso y encontrarnos sin gobierno casi un año, e incluso más si nos vemos abocados a unas terceras elecciones,  hay un largo trecho. Parece obvio que esta situación no puede ser buena para el país, no tanto por la falta de dirección en los asuntos corrientes sino porque quedan paralizados muchos proyectos, por la incertidumbre económica que genera, y por la magnitud de los retos que tenemos sobre la mesa, como el del separatismo. Es cierto que para los juristas un año sin leyes es una bendición y que Bélgica estuvo 541 días sin gobierno y al parecer tampoco fue una tragedia, pero no parece que esta deba ser la regla general.

Pero ¿por qué se produce esta situación? ¿No sería más razonable asumir la situación y pactar unas cuantas cosas en las que esté la mayoría de acuerdo, que las hay como lo prueban la existencia del pacto entre el PSOE y Cs y entre este y el PP, con gran coincidencia entre las propuestas? ¿Por qué no una abstención que simplemente permitiría la formación de gobierno, cuando ese gobierno estaría en tus manos porque no tendría mayoría? La ciudadanía no lo comprende y se genera en ella una gran indignación paralela al descrédito de los políticos.

Pero la respuesta es, en realidad, obvia: no pactan porque eso es lo que conviene a los intereses personales de quienes tienen que tomar esa decisión, y esa conveniencia se pone por delante de los intereses de quienes representan. Frente a la hipocresía de discursos en los que se apela a España y  al interés general, se impone el mensaje subyacente de que los ciudadanos hemos hecho mal el examen que constituyen las elecciones y que, por tanto, hemos de ir a la recuperación hasta que el resultado correcto –el que les convenga a ellos- se imponga. Algo así decía Rivera el otro día en su discurso e incluso pedía perdón a los ciudadanos en nombre de toda la cámara; y tenía toda la razón, aunque quizá pecara de exhibir una demasiado explícita superioridad moral.

Y digo esto último porque la naturaleza humana es la que es y nadie –o muy poca gente- hace las cosas por amor al arte, reconozcámoslo. Salvador Giner tiene publicados unos postulados sociológicos sobre la naturaleza humana (“Sociología”, Península, 2010, pág. 49) que conviene tener siempre presentes. Dice, por ejemplo, que los seres humanos están dotados de una fuerte tendencia a maximizar su dicha y bienestar subjetivos según se lo permitan los recursos físicos y sociales disponibles, la estructura social y moral del mundo en que cada uno vive, y ello a menudo en detrimento de su propio bienestar físico objetivo así como en detrimento del bienestar físico y moral de sus  congéneres. Afirma, además, que, con intensidad variable, los hombres poseen también una tendencia hacia la conducta altruista, que se manifiesta en su solidaridad efectiva con la condición de los demás. En caso de incompatibilidad entre egoísmo y altruismo, el primero gana al segundo, salvo que el segundo incremente el prestigio, poder o autoridad.

La cuestión, vista así, le quita un tanto el dramatismo propio de la lucha entre buenos y malos o de la vistosidad de la confrontación ideológica. Todos los políticos –como todos los seres humanos e incluso los blogueros- buscan su propio poder, riqueza y prestigio y, secundariamente, el de los demás. Y lo van a hacer –y esto es importante- siempre que no haya algo que se lo impida (esa “estructura social y moral” de que habla Giner). Cuando Sánchez dice “no” al PP no es porque piense que eso es lo mejor para España, sino porque estima que es lo mejor para mantener su propia posición como secretario general y, secundariamente, porque es mejor para su partido, porque el “sí” convertiría a Podemos en la única oposición al gobierno, comprometiendo su viabilidad futura. Rajoy dice que “no” al previo pacto del PSOE con Ciudadanos después de haberse escaqueado de la investidura, no porque considere que es lo mejor para España sino porque piensa que es la mejor forma de conservar el poder, y lo cierto es que le fue más o menos bien la jugada, a decir del resultado de las segundas elecciones. Incluso aunque que nos encontráramos con un postureo temporal, para pactar tras elecciones vascas y gallegas una vez hechos unos pocos aspavientos, también eso supondría anteponer sus intereses personales y de partido a los generales, apoyados en la malísima memoria y presunta estulticia del ciudadano.

El problema verdadero, si enfocamos la cuestión “científicamente”, no es tanto si los políticos son buenos o malos sino cómo conseguir que los intereses de los políticos se alineen con los intereses de los ciudadanos, o sea, lo que en Economía constituye el clásico problema de agencia que trataron mis coeditores Rodrigo y Elisa aquí: los “propietarios” desean que los “agentes” trabajen en beneficio de la empresa-país maximizando sus intereses; pero siempre cabe el oportunismo, el riesgo moral: que el agente (político o directivo empresarial) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista) apoyado en las asimetrías informativas y de poder que se dan en estas situaciones; riesgo mayor cuando la responsabilidad de sus decisiones no recae sobre los agentes.

Pues bien, en la Teoría de la Agencia se suele decir que estos problemas pueden mitigarse con una combinación de control e incentivos. Por supuesto, si se consigue que con educación y ética que los políticos tengan asumido que el interés general debe prevalecer sobre el particular, el trabajo está hecho. Pero la experiencia te demuestra que eso no fácil, y menos en la lucha política, y menos todavía cuando nuestro sistema de selección de elites políticas no prima el mérito sino la lealtad y la adulación. Por eso es conveniente reforzarse con un buen funcionamiento de las instituciones, definidas al modo de Fukuyama en su reciente libro “Orden y decadencia de la política” como “pautas de conducta estables, apreciadas y recurrentes que perduran más allá de cada gobierno de líderes individuales”, es decir, “reglas permanentes que forjan, limitan y canalizan la conducta humana”.

En efecto, si somos realistas, a lo que podemos aspirar como ciudadanos es que esas normas –no sólo jurídicas sino también sociales- estén bien diseñadas para conseguir que el interés de los políticos se acerque lo más posible al nuestro. En este blog hemos hablado cientos de veces sobre este asunto, pero ahora me gustaría señalar algunas fallas institucionales que se ponen especialmente de manifiesto como consecuencia del bloqueo político y que sería conveniente mejorar para el futuro:

  • El proceso de investidura regulado en el artículo 99 de la Constitución ha permitido el uso torticero y partidista por Rajoy de la letra de la ley primero para escabullirse de la designación real por entender que le convenía, y luego para aceptarla pero sin especificar si se iba a someter a la confianza de la Cámara, permitiendo así una prolongación indefinida del plazo de dos meses desde la primera votación para las siguientes elecciones.
  • La actuación de la presidenta del Congreso plegándose a las conveniencias del presidente del Gobierno para establecer un calendario que podría concluir con unas elecciones el día 25 de diciembre no parece sino revelar que la tercera autoridad del Estado está sometida a los designios de la segunda.
  • La rigidez y monolitismo de los partidos, que hace no exista contestación interna que permitiera encontrar soluciones más flexibles e inclusivas al producirse la contraposición con otros intereses. Sin duda es preciso un equilibrio entre la eficacia que resulta de la unidad de mando y la disciplina y la rendición de cuentas que deriva de la existencia de otros poderes, pero no es comprensible este silencio de los corderos en los dos grandes partidos, ambos con sonoras bajadas electorales.
  • Derivado de lo anterior, el secuestro del Parlamento con la disciplina de voto convierte los debates en ataques hueros y sin significado para el ciudadano, desconectados de sus intereses, una representación teatral, que esconde la búsqueda de los intereses de la cúpula del partido.
  • La normativa electoral: por supuesto, ningún sistema electoral es inocente, pues todos tienen sus sesgos y según sea mayoritario o proporcional, o el tamaño de las circunscripciones, el prorrateo o la varianza se favorecerá más la rendición de cuentas o capacidad de reemplazar a un gobierno o la representación del pluralismo social y se dará mayor relevancia a la figura del candidato o a su partido. Y a un partido o a otro. Dicho eso, cabe señalar que nuestro sistema es excepcional: un sistema proporcional con sesgo mayoritario y conservador y listas cerradas y bloqueadas, que busca la estabilidad, y consigue un bipartidismo imperfecto pero sin la flexibilidad y rendición de cuentas propias de los países anglosajones. El ejecutivo tiene un gran poder y no sufre los cambios programáticos o decisiones impopulares y como designa los diferentes órganos reguladores su poder no tiene cortapisas.

En definitiva, tenemos los políticos que tenemos, y probablemente no mucho peores que la sociedad de donde surgen; pero nos queda la opción de mejorar las reglas y exigir su cumplimiento.

Paraísos fiscales: Panamá no es el (único) problema

IMG-20160409-WA0000El psicólogo Daniel Kahneman obtuvo el premio Nobel de economía por sus estudios sobre los sesgos cognitivos, que son mecanismos psicológicos que nos llevan a sacar conclusiones erróneas y tomar decisiones irracionales. En el caso de los “Panamá papers”, estamos siendo víctimas del que el autor denomina como  WYSIATI (What You See Is All There Is, en español, lo que ves es todo lo que hay), que consiste en llegar a conclusiones con la información que tenemos, sin tener en cuenta su fiabilidad o su carácter parcial.

Parece, por una parte, que las revelaciones son sorprendentes porque no conocíamos que determinadas personas tenían sociedades en paraísos fiscales. Sin embargo, la existencia de países que ofrecen a los no residentes baja tributación y opacidad facilitando así la evasión fiscal y actuando como parásitos fiscales no es algo sobre lo que falte información. Existen organizaciones como Tax Justice dedicadas casi exclusivamente a su denuncia, e importantes ONGs llevan años llamando la atención sobre la gravedad del problema (vean este reciente informe de OXFAM). En septiembre de 2015 se publicó un extenso estudio del economista Zucman (aquí) que respondía a la difícil pregunta de la cantidad de riqueza escondida en estas jurisdicciones y su coste para las Haciendas estatales. Pero tampoco hace falta ser un activista o un catedrático de economía para saber de qué estamos hablando: busquen por ejemplo “offshore finance” en google y verán qué mundo de posibilidades se les ofrece… La enorme importancia de estos centros tampoco es un secreto:  Zucman calcula que cerca de un 8% de toda la riqueza financiera mundial está en este tipo de países, pero hay que tener en cuenta que eso no incluye otros bienes (barcos, inmuebles, obras de arte) ocultos tras complejos esquemas societarios, y que por este medio se evaden alrededor de 200.000 millones de euros anualmente.

El segundo error es pensar que la solución es perseguir a los protagonistas de las revelaciones que nos van suministrando en un hábil goteo. La reacción inmediata de la opinión pública ha sido la exigencia de dimisiones o responsabilidades a los protagonistas, y los Estados y la OCDE se han apresurado a criticar a Panamá, o a investigar al concreto despacho de abogados cuyos archivos han sido robados. El WYSIATI es evidente: Mossack Fonseca solo es uno de muchos despachos abiertos en Panamá que se dedican a este tipo de operaciones, y Panamá es solo una entre decenas de países que ofrecen ese tipo de facilidades -ni siquiera uno de los peores según el último informe de la OCDE como pueden ver aquí-. De hecho, de los propios Panama papers resulta que la mayoría de las sociedades creadas por el despacho no estaban en Panamá como se puede ver en estos gráficos.

Por tanto, lo que vamos a saber a través de esta macro-filtración será con toda probabilidad menos de una centésima parte de lo que se mueve en este tipo de operativas. Es decir, que por cada político, futbolista o artista que veamos aparecer en los archivos de Mossack-Fonseca hay por lo menos otros 99 que no conoceremos porque están en otros despachos y en otros países. En consecuencia, el problema no está en que este país, estos abogados y este futbolista sea malvados e insolidarios, y puede que algunos, como dicen, hayan actuado dentro de la legalidad. El problema es que en este momento existe un sistema que permite y facilita a escala mundial la ocultación de patrimonio y de ingresos, y que la globalización la libre circulación de capitales lo ha alimentado en los últimos treinta años hasta convertirlo en un monstruo que devora una gran parte de los ingresos fiscales de los estados. Un ejemplo de nuestra ceguera es que la prensa apenas habla de que el mayor perjuicio en la actualidad no proviene de que los particulares evadan sus impuestos u oculten su riqueza, sino que son un instrumento de evasión fiscal para la práctica totalidad de las multinacionales. En esta breve noticia de Reuters (aquí) pueden ver como con una sencilla estructura que incluyen sociedades en Irlanda, Holanda y Bermudas, Google prácticamente no paga impuestos sobre los beneficios generados fuera de EE.UU. Más del 90 % de las 100 mayores empresas del mundo tienen filiales en paraísos fiscales, y solo Apple acumula en ellos más de 200.000 millones US$ de beneficios. Que esto está al servicio de la evasión fiscal es evidente: según el informe de OXFAM en el año 2012 las multinacionales de EE.UU  obtuvieron el 3,3% de sus beneficios a través de sus filiales de Bermudas, cuando trabajan en ellas menos del 0,02% de sus empleados. Puede que los Bermudeños sean 150 veces más productivos que los demás trabajadores (o que trabajen 1200 horas al día), pero parece más probable que gracias al maquillaje contable se estén localizando fraudulentamente en Bermudas los beneficios que se obtienen en otros países (como expliqué aquí).

Las consecuencias de la utilización generalizada de este sistema son gravísimas. Se reducen los ingresos del Estado, lo que lleva a la reducción de los servicios públicas y a concentrar la carga impositiva en PYMES y la clase media, castigando las rentas del trabajo frente a las de capital. Pero es que además las multinacionales obtienen una ventaja competitiva desleal frente a las empresas medianas -que no tienen tamaño suficiente para rentabilizar las estructuras fiscales transnacionales-, y las más “agresivas” se benefician frente a las más prudentes. La opacidad y secretismo en las empresas favorecen la falta de control y la corrupción pública y empresarial (Gurtel, Enron), el fraude de acreedores (Ruiz Mateos, Conde) y el crimen.

La conclusión es que la solución no es la dimisión de los ministros (primeros o a secas) y que deberíamos dirigir preferentemente nuestra indignación a los que permiten la perpetuación de este sistema perverso. En primer lugar porque es perfectamente posible cambiarlo: las iniciativas tomadas por la OCDE a partir de 2008 han llevado a que todos estos países se hayan comprometido al intercambio de información, lo que explica que la lista de paraísos fiscales de la OCDE esté hoy vacía. Las sanciones tomadas en 2001 contra la pequeña isla de Niue supusieron el fin de ese nuevo refugio, igual que la intervención de las islas Turks y Caicos unos años más tarde acabó con las facilidades para el blanqueo que ofrecían. La reforma de un impuesto de sociedades cuyas costuras hace tiempo que se han roto es más complicada pero no imposible, como prueban las propuestas del programa BEPS de la OCDE y las propuestas del citado Zucman. La cuestión no es si se pude sino si se quiere, y eso es lo que no está claro. EE.UU aplica en esta materia una vieja ley (la del embudo), y mientras persigue a sus contribuyentes en el extranjero a través del FATCA, permite que varios estados (Nevada, Wyoming, Delaware) funcionen con mucho menos rigor que países con peor fama (vean este estudio). En Europa, ni con la presión de los famosos papeles los gobiernos son capaces de ponerse de acuerdo en para imponer el “country by country reporting”, es decir que las grandes empresas declaren que impuestos pagan en cada país, como se puede ver aquí.

Kahneman también explica que nuestro cerebro responde mejor a relatos con personas que a números y estadísticas. Pero si queremos sacar algo realmente en claro de este último escándalo, vamos a tener que ir un poco más allá de la historia de buenos y malos, examinar datos que no dan titulares, y exigir a los gobiernos que exhiban cambios en el sistema y no cabezas de turco.

 

 

 

 

Las bases quietas: no hay que preocuparse

Esta  colaboración pretende provocar al lector. Obligarle a hacer una pequeña reflexión, que le indique si es capaz de pensar por si mismo. Si puede reflexionar acerca de lo que es mejor para nuestro país, y no para su opción política, y hacerlo, sin decirse -a sí mismo-, ni uno sólo de los argumentos que en forma de barra libre, se le facilitan por los medios de comunicación.

Si eres de los que así lo hace y has considerado las distintas posibilidades desde esa perspectiva de libertad, deja de leer, lo que leerás a continuación no te aportará nada.

Si no es así, pero te tienes por una persona dialogante o simplemente tolerante, continúa por favor, me ayudarás a cumplir mi pretensión.

Desde que abandoné la Universidad, y con ella la Escuela ius naturalista que tantas aparentes respuestas me dio a lo largo de mi carrera, y deseché el positivismo que como trampa agazapada detrás de la crítica al Tomismo esperaba de modo oportunista a modo de  enciclopedia de respuestas a cualquier tipo de interrogante, vivo en un auténtico frenesí de dudas, y cada vez estoy mas cerca de la duda absoluta.

Ahora, mientras escribo esta colaboración, me pregunto si hago bien o hago mal, y si no sería mejor no escribir nada, o por el contrario es preferible opinar.

Me pasa lo que le pasa a Rajoy, que tuvo que hacer aquello que había que hacer, porque no había más remedio que hacer eso y además,  había que hacerlo, y por lo tanto hizo lo que había que hacer, y pobre,  ¡nadie le comprende!

Pero yo, a diferencia de él, quiero decirlo.

Seguramente estemos todos de acuerdo en que nuestro sistema político ha derivado hacia un sistema corrupto, clientelar e ineficaz. En lo que, seguramente, ya no coincidiremos, es en el como y en el quien ha tenido mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros habrá expedido su particular certificado de culpas y responsabilidades,  y habrá elaborado su propio balance.

Lo cierto es que una vez que los partidos políticos descubrieron que si ocupaban los centros de control, no pasaba absolutamente nada, perdieron incluso el pudor. Hoy cualquier ningundingui que pertenezca a un partido de los del binomio, puede estar por la mañana dictando sentencias en el Tribunal Constitucional y por la tarde en una tertulia de radio opinando acerca del partido que presenciará en la tribuna de honor al lado de Florentino.

La ocupación de los órganos de control y de las instituciones de la sociedad civil es total y absoluta. Ha llegado al extremo de que, sólo los mas inseguros, cuando hacen ejercicios espirituales y se arrepienten, se permiten durante unos minutos, hacerse la autocrítica.

La desvergüenza se ha atrincherado en los portavoces de los partidos y en los portavoceados. Buscaron el poder y se lo encontraron lleno de vacíos y cosas por hacer, descubrieron que lo tenían otros y que no estaba allí. Se pusieron a darle contenido, y lo hicieron mal, muy mal. Y descubrieron que la mejor manera de disimularlo era la de crear un Estado clientelar que favoreciera a unos, unas veces, y a otros, otras veces, y así, casi  todos contentos. Alcanzaron unos niveles impensables: leyes para favorecer a ciertos grupos, ocupación de las  cajas de ahorro, apropiación de los medios de extracción de riqueza que se franquician a cambio de un puesto el día de mañana o de una comisión el día de hoy; defensa de la inmoralidad con razones ideológicas, etc.

Han puesto a España en el riesgo de convertirse en un Estado fallido. Todavía no tenemos instalado el crimen organizado –excepto en Valencia, según dice el fiscal-, pero pronto lo conseguiremos. Las leyes, numerosas y defectuosas, no se cumplen por la propia Administración, los partidos políticos jalean a los suyos, alardeando de que tan pronto lleguen al poder las derogarán y cambiarán. Y es que la pobre España jamás ha tenido una sociedad civil organizada y potente. Jamás ha tenido una sociedad civil vertebrada. No estoy hablando de los coros y danzas, de las sociedades taurinas o de las parroquias, que, sin duda alguna, organizan actividades enormemente válidas y eficaces. No, estoy hablando de la ausencia de organizaciones sociales que acometan acciones disruptivas que consigan avances o cambios sociales.

La frase que más se pronuncia en España es: “no te metas en líos”, que ocupa el primer puesto del ranking seguida a poca distancia por la de “todos los políticos son unos ladrones y unos sinvergüenzas”.

Este es el caldo de cultivo en donde ha de crecer, desarrollarse y vertebrarse una sociedad civil potente y con criterio, que sepa hacia donde quiera caminar y de que modo quiere hacerlo.

La democracia nos ha devuelto, durante unos años, unos medios de comunicación que describían la realidad del país con transparencia y responsabilidad. La sociedad civil española no estaba preparada para asumir esa descripción y asumir la tarea del cambio. Aplaudió siempre, la tarea de las élites. Ellas son los que conducen la sociedad. Las que sustituyen al Caudillo.

Por otro lado, el realismo de los medios se convirtió en evasión del lector que pensaba que ya estaba la prensa para conseguir el cambio. Pronto descubrimos que la denuncia no bastaba. Era evidente.

Pero a pesar de todo lo que hemos pasado, todavía no ha sido interiorizado por la anoréxica sociedad civil española.

¿Bipartidismo equivale a calla que mañana te toca a ti? Eso ha parecido durante bastante tiempo.

Si acudimos al Génesis leeremos que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, si acudimos a nuestra historia reciente comprobaremos que Podemos fue creado por el sistema.

Las deficiencias político-financieras, la corrupción y la enorme desigualdad,  imperantes en España  crearon un movimiento social que vino a ser después, un movimiento político asambleario, hoy férreamente organizado por el principio estalinista del centralismo democrático y por las intuiciones de su secretario general.

Podemos decir que Podemos es una excrecencia del sistema. La mejor manera de combatirlo es acabar con las razones que le dieron impulso.

Pero mientras tanto:

¿Es lícito marginar a ese porcentaje de españoles, muchos de los cuales no quieren perder lo último que les queda, que es la dignidad, de la organización política de nuestro futuro inmediato?

¿Es inteligente excluir de nuestro entorno político, una opción que nos recuerda que hemos convivido con la injusticia, la desigualdad, y la corrupción?

¿No sería más democrático e integrador desarrollar un programa de cambio que agrupara –en las medidas a tomar y no necesariamente en una acción de gobierno-, a todos aquellos que desean poner punto final al Estado clientelar, corrupto y fagocitador que hoy tenemos?

España hoy no es fiable. Pueden decir –los que lo dicen-, lo que quieran. Pueden insultar, entornando los ojitos con entrenamientos superfragilísticos, a quien discrepe de esa mentira oficial que han convertido en eslogan electoral, pero lo cierto es que solo nosotros, la sociedad civil organizada y vertebrada, podemos impulsar el cambio.

El equilibrio que produce nuestro actual Estado clientelar está a punto de quebrarse, la desigualdad se ha instalado en todos los estamentos y organizaciones civiles: ya no destaca el que mejor trabaje o mas investigue, sino el que es más amigo de fulanito o de la amante o marido de menganita. La desigualdad ha llegado a los estamentos privilegiados de la sociedad y está a punto de desequilibrarla. Ese frágil equilibrio del que hablaba Fukuyama, de muy baja calidad, en el que los operadores sociales callaban lo injusto porque en ocasiones les favorecía, ya no puede seguir manteniéndose. La regla de la compensación se ha quebrado. Ha llegado la hora de un pacto social por el cambio que nos dé impulso por otros cincuenta años, hasta que volvamos a hablar de lo mismo.

Relecturas de agosto: ¡Ay, Derecho! ¿Compraría usted un coche usado a Trillo o Martínez-Pujalte?

Según se acaba de conocer por investigaciones de la Agencia Tributaria, Federico Trillo ha podido cobrar una cantidad de aproximadamente 355.000 euros por “asesoramiento general y jurídico” de una empresa radicada en Castilla y León, durante los años 2006 a 2008. De ese asesoramiento, a razón de 9000 euros al mes, no existe ninguna documentación escrita. Hacienda constata que no hay ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas. Es decir, que según se argumenta se trata de un asesoramiento verbal, a lo largo de tres años.

La empresa asesorada fue una de las beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos en Castilla y León, adjudicaciones respecto de las cuales Hacienda ha detectado el pago de comisiones. En concreto, según la noticia enlazada, cree en la “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.”

 Por su parte, Vicente Martínez-Pujalte hizo lo mismo y con la misma empresa que Trillo, cobrando 75.000 euros, también por asesoramientos verbales, según dice. Y añade que la empresa por medio de la cual facturaba, no tiene relaciones con las administraciones públicas.

Ante esto, solamente caben dos posibilidades. Que estén diciendo la verdad o que estén mintiendo. Si lo que dicen es cierto, entonces el asunto se debió sustanciar más o menos así: una empresa de Castilla y León considera que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte son las personas adecuadas para orientarla en “una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”. Es decir, que de todos los seguramente numerosos despachos y empresas especializadas dedicadas a esta labor, entiende que los más adecuados son los que pertenecen a estas dos personas, a la sazón diputados del Partido Popular (el cual también gobernaba en Castilla y León). Esta labor de asesoramiento ha de ser sin duda compleja, puesto que las cifras de honorarios que se manejan son altas, pero la empresa no considera necesario que nada del mismo se plasme por escrito, ni un solo informe, plan o estudio. Basta con que se comuniquen verbalmente, incluso –es un suponer- por teléfono en ocasiones, para que las ideas de este asesoramiento sean recibidas correctamente por parte de la empresa, y trasladadas a aquellas personas dentro de ella encargadas de ponerlas en marcha. Ni un simple correo electrónico, a pesar de la dificultad que debe suponer un asesoramiento que merece unos honorarios tan relevantes. Y aunque tampoco se puede acreditar que esos “consejos verbales” hayan producido unos efectos tangibles y demostrables para la empresa, que pudieran argumentarse como fruto de ese asesoramiento, la empresa creyó justo abonar en un breve plazo de años una cantidad cercana a los 500.000 euros.

La segunda posibilidad es que todo eso sea falso. Que los pagos no respondan a asesoramientos verbales que no han existido nunca, que los contratos sean una tapadera, que los despachos de Trillo y Martínez-Pujalte no se hayan elegido por su competencia para asesorar, y que la razón real de esos pagos sea otra. Si es así, entonces, aparte de ocultar oscuros intereses, estas personas habrían mentido. Algo que resultaría de extrema gravedad.

Usted decide cuál explicación le convence más.

nixon

En la campaña para las presidenciales Nixon-Kennedy de 1960, un publicista demócrata tuvo una idea genial: en una foto muy poco favorecedora de Nixon en la que aparece con cara de querer estafarte, añadió este texto: ¿compraría a este hombre un coche usado?

¿Lo compraría usted si se lo vendieran Trillo o Martínez-Pujalte?

Tiempos muy difíciles nos esperan

Volvemos, en cierto modo a la alta Edad Media donde tuvieron lugar las Cruzadas, con la diferencia de que las convicciones de Occidente en aquel entonces se basaban exclusivamente en la fe cristiana. Sin embargo, a partir de la secularización de las sociedades liberales, el dogma religioso no representa nuestro sustento moral fundamental. Desde 1776 la defensa de las libertades, el imperio de la ley y la democracia, se impusieron progresivamente en Norteamérica y Europa Occidental, hasta representar el fundente principal de carácter laico, civilista y moderno, para aglutinar a los países del mundo libre, con los Estados Unidos como líder indiscutible. Empero, tales fundamentos se han deteriorado sensiblemente tras la Gran Recesión, al pensar que la única salida a una crisis provocada en gran medida por las propias instituciones públicas, pasaba una vez más por fortalecer el poder del Estado en la sociedad.

Nuestros gobernantes de ambos lados del Atlántico e incluso Japón, espoleados por el recuerdo del pánico de 1929 y animados de una equívoca voluntad de “refundación del capitalismo”, decidieron adoptar sin vacilación las vetustas políticas monetarias expansivas para detener la caída a plomo de las economías más desarrolladas del planeta. De tal suerte, se optó por rescatar con dinero público a instituciones financieras y otras de carácter privado, público o semipúblico –típico procedimiento del capitalismo clientelar- cuya bancarrota era un hecho, lo cual impulsó al máximo un proceso socialización de pérdidas que afectaba directamente así al sufrido contribuyente. Todo ello frustró el mecanismo natural de destrucción creativa mediante el cual el propio tejido económico dañado se renueva al ser rescatado por sus accionistas quienes asumen la responsabilidad de las pérdidas, dando paso a su liquidación definitiva y con ello al origen de nueva savia empresarial y de negocios.

Ocho años después del estallido de aquel conmovedor crash y a tenor de una nueva magnificación del paradigma keynesiano, en las democracias occidentales se ha trocado la economía libre de mercado y la competencia por un “crony capitalism”, dando lugar a macro-estados asistenciales sustentados por elites políticas extractivas, interesadas más en parasitar al sector privado por vía fiscal, que en reducir el tamaño y el gasto del leviatán estatal. Tales elites han diversificado sus clientelas y bajo el atractivo slogan de “Estado de bienestar” se han especializado en fidelizar voto cuando precisamente lo que persiguen es el bienestar del Estado. Tales oligarquías, mediante su acción liberticida, lo que han logrado es la desaparición de las clases medias, la quiebra de las instituciones, el desánimo civil; la vertiginosa disolución de nuestras sociedades, cuando no el envilecimiento de estas, como ocurre especialmente en los países de la cuenca sur del Mediterráneo.

De tal suerte el Estado, devenido ahora en aparente salvador de la crisis, al extender su intervencionismo coarta nuestras libertades, cuando justamente las libertades siempre han sido la gran baza y la gran fuente de legitimidad del poder de Occidente sobre los pueblos esclavos; fuesen presa del estatismo totalitario, o del islamismo más feroz e intolerante. Si admitimos que el gobierno injerencista por antonomasia constituye la antesala de la socialización absoluta y que fue precisamente la demostrada ineficacia del modelo megaestatal y liberticida lo que condujo a la desaparición del comunismo en Europa oriental y la URSS, pues evidentemente mientras más nos acerquemos a ese patrón de funcionamiento, más nos debilitamos y más cerca estamos del peligro de nuestra desaparición como sociedades libres.

Esta creciente debilidad de Occidente es advertida por legiones de aprendices de oligarcas con una inmensa ambición de poder dispuestos a instrumentalizar al estilo populista todo el malestar en un numerosísimo sector de la población, adicta además a la beneficencia gubernamental. Todo ello con el claro propósito de tomar el poder y proceder a la completa demolición de todo vestigio de sociedad liberal. Desgraciadamente, muchos de nuestros líderes parecen ignorar que han sido precisamente esos valores los que hasta hace poco eran el primer baluarte de Occidente contra las embestidas totalitaristas y ahora también islamistas, y que solo la resuelta defensa de ellas garantizará la supervivencia de nuestro modelo de libertad y democracia.

La causa de la descomposición del Partido Popular

El partido Popular no es que esté tocado sino que está prácticamente hundido. Diariamente salen nuevos casos de corrupción y de idiocia política en los medios de comunicación. Pero toda esta ristra de nombres que sólo han comenzado a aflorar no son la verdadera causa del hundimiento sino el efecto más visible de un partido que heredó todos los vicios del franquismo y ninguna de sus virtudes. Los efectos son, sin duda, devastadores pues si se investigase el patrimonio y forma de vida de los ex ministros, ministros, diputados nacionales, autonómicos o europeos, concejales y demás cargos del PP, saldrían decenas y decenas de presuntos implicados en casos de corrupción o de corruptelas. Como en las competiciones motociclistas los habría de cuatro clases: los de 50 y 125 c.c. (corrupción “c” minúscula o sea casos que pueden calificarse de corruptelas, que bordean el delito sin incurrir en el); los de 250 c.c. (corrupción “C” mayúscula, es decir los que además sí han cometido, por lo menos, un delito); y, por último, la competición estrella, la Moto GP (corrupción “GC”,los que cometen, por lo menos dos, tres o cuatro de los delitos posibles).

La causa procede del origen del PP, es decir de AP y de su fundador Fraga Iribarne. Se rodeó de aquellos (entonces) chicos de mi edad –que ahora rondamos entre los 55 y 65- que por educación familiar o negocios se quedaron atrapados en lo más rancio de la derecha: AP o Fuerza Nueva, aunque estos últimos, al derivar sus jefeshacia el crimen organizado, prefirieron reciclarse en AP. De ahí procede el núcleo duro que luego se refundaría con las siglas del PP con el camelo, que nos convenció a muchos que de otro modo jamás hubiésemos recalado en AP, de la regeneración democrática para reforzar las instituciones. La renuncia de Aznar a un tercer mandato nos pareció, incluso, una medida higiénica. Pero, ay, el PP obtuvo mayoría absoluta en el año 2000 y Aznar creyó que podría llegar a ser algo así como una especie de co presidente de los Estados Unidos. Con el partido completamente patrimonializado en sus manos y la servil complacencia de otros pocos, en un acto de soberbia sin precedentes, señaló a su sucesor, probablemente el que creyó mas incapacitado para el cargo yde este modo susceptible de mayor manipulación. A partir de ahí, de un partido político que designa a su mas alto cargo en el más puro estilo franquista, todo es posible. Ahora se habla, ante la inminente catástrofe, del retorno de Aznar, pero eso no parece posible pues en España ya hay, afortunadamente, soluciones de recambio para una inmensa cantidad de votantes populares en Ciudadanos y en UPyD.

Fraga Iribarne, que no era una bestia política sino humana, pensaba –con razón- que el dinero corrompía. Y él no quería corromperse. Pero entonces, ¿cómo ganar las elecciones? Fraga creía en la división del trabajo. O sea, era de la opinión de que los trabajos sucios debían hacerlo aquellos que entendían de eso pues de eso vivían. Empresarios medianos y ambiciosos pues los grandes ni en broma estaban dispuestos a meterse en estos líos. Ese ha sido el perfil de todos los tesoreros del partido popular, exceptuando la actual tesorera y a su antecesor. El último, Luis Bárcenas, gozaba de la máxima confianza de Rajoy con quien llevaba colaborando desde hacía casi treinta años y lo colocó personalmente él a dedo. Ahora que nadie se extrañe de lo que está ocurriendo en el PP pues incluso la vicepresidenta –“que cada palo aguante su vela”- que hubiese podido ser una solución de recambio lo primero que hizo al ser designada, probablemente para completar su sueldo, fue colocar al marido en Telefónica. “Yo soy un hombre limpio” le espetó un secretario general del PSOE a un presidente acorralado en el debate sobre el estado de la Nación. Y tenía razón: Sánchez y el resto de candidatos son hombres limpios. De Rajoy y de muchos de los suyos existen serias dudas

¡Ay, Derecho! ¿Compraría usted un coche usado a Trillo o Martínez-Pujalte?  

Según se acaba de conocer por investigaciones de la Agencia Tributaria, Federico Trillo ha podido cobrar una cantidad de aproximadamente 355.000 euros por “asesoramiento general y jurídico” de una empresa radicada en Castilla y León, durante los años 2006 a 2008. De ese asesoramiento, a razón de 9000 euros al mes, no existe ninguna documentación escrita. Hacienda constata que no hay ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas. Es decir, que según se argumenta se trata de un asesoramiento verbal, a lo largo de tres años.

La empresa asesorada fue una de las beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos en Castilla y León, adjudicaciones respecto de las cuales Hacienda ha detectado el pago de comisiones. En concreto, según la noticia enlazada, cree en la “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.”

 Por su parte, Vicente Martínez-Pujalte hizo lo mismo y con la misma empresa que Trillo, cobrando 75.000 euros, también por asesoramientos verbales, según dice. Y añade que la empresa por medio de la cual facturaba, no tiene relaciones con las administraciones públicas.

Ante esto, solamente caben dos posibilidades. Que estén diciendo la verdad o que estén mintiendo. Si lo que dicen es cierto, entonces el asunto se debió sustanciar más o menos así: una empresa de Castilla y León considera que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte son las personas adecuadas para orientarla en “una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”. Es decir, que de todos los seguramente numerosos despachos y empresas especializadas dedicadas a esta labor, entiende que los más adecuados son los que pertenecen a estas dos personas, a la sazón diputados del Partido Popular (el cual también gobernaba en Castilla y León). Esta labor de asesoramiento ha de ser sin duda compleja, puesto que las cifras de honorarios que se manejan son altas, pero la empresa no considera necesario que nada del mismo se plasme por escrito, ni un solo informe, plan o estudio. Basta con que se comuniquen verbalmente, incluso –es un suponer- por teléfono en ocasiones, para que las ideas de este asesoramiento sean recibidas correctamente por parte de la empresa, y trasladadas a aquellas personas dentro de ella encargadas de ponerlas en marcha. Ni un simple correo electrónico, a pesar de la dificultad que debe suponer un asesoramiento que merece unos honorarios tan relevantes. Y aunque tampoco se puede acreditar que esos “consejos verbales” hayan producido unos efectos tangibles y demostrables para la empresa, que pudieran argumentarse como fruto de ese asesoramiento, la empresa creyó justo abonar en un breve plazo de años una cantidad cercana a los 500.000 euros.

La segunda posibilidad es que todo eso sea falso. Que los pagos no respondan a asesoramientos verbales que no han existido nunca, que los contratos sean una tapadera, que los despachos de Trillo y Martínez-Pujalte no se hayan elegido por su competencia para asesorar, y que la razón real de esos pagos sea otra. Si es así, entonces, aparte de ocultar oscuros intereses, estas personas habrían mentido. Algo que resultaría de extrema gravedad.

Usted decide cuál explicación le convence más.

nixon

En la campaña para las presidenciales Nixon-Kennedy de 1960, un publicista demócrata tuvo una idea genial: en una foto muy poco favorecedora de Nixon en la que aparece con cara de querer estafarte, añadió este texto: ¿compraría a este hombre un coche usado?

¿Lo compraría usted si se lo vendieran Trillo o Martínez-Pujalte?

¿Recuperar la confianza en las instituciones o recuperar la confianza en nosotros mismos?

Hasta el partido del Gobierno admite a estas alturas que tenemos una crisis institucional grave, puesta de manifiesto en la creciente desconfianza ciudadana hacia todas y cada una de nuestras instituciones quizá con la única excepción de la renovada Jefatura del Estado. Dato que demuestra que el cambio generacional funciona, sobre todo si va unido al cambio de actitudes y valores. Pero dada la lógica resistencia de los que todavía ocupan el poder a hacerse el “harakiri” en beneficio de sucesores más jóvenes y con menos hipotecas ¿Existe algún otro mecanismo para recuperar la confianza institucional de forma razonablemente rápida?

A mi juicio la clave es recuperar la confianza antes en nosotros mismos. Es preciso valorar la confianza en el individuo y en la sociedad por encima de la confianza en la “tribu”, ya se encarne en el partido, la familia, los amigos o los compañeros de pupitre. La confianza en personas que uno no conoce es precisamente la característica de los países más avanzados y de las democracias más consolidadas. Se deriva del respeto al Estado de Derecho y a los principios de meritocracia, profesionalidad y neutralidad, que son senciales para el buen funcionamiento de cualquier institución pública (y de muchas privadas). Las buenas noticias son que para conseguir este objetivo no es preciso abordar grandes reformas normativas ni alcanzar pactos de Estado entre las distintas fuerzas políticas: en España nuestras leyes, empezando por la Constitución, ya proclaman la vigencia de la independencia de nuestros organismos reguladores y de supervisión, la del Poder Judicial o la exigencia del mérito y la capacidad para el acceso y la promoción profesional en el empleo público. En cuanto a la neutralidad como requisito esencial para el buen funcionamiento de cualquier organismo público está implícita en el término “interés general” cuya búsqueda es, en definitiva, el fin último que legitima su existencia. El interés general, da un poco de vergüenza tener que recordarlo, no se confunde con el interés del partido gobernante sino que es el interés de todos los ciudadanos.

El problema, para variar, es que si se incumplen estas previsiones –y se incumplen constantemente- no pasa absolutamente nada, porque nosotros lo toleramos y hasta lo consideramos “normal”. Y si la ciudadanía lo consiente, es difícil que los políticos y los gestores públicos entiendan la necesidad de actuar de otra manera, lo que les resultaría bastante más incómodo. Al final siempre es más fácil para un gestor montar un equipo eligiendo amigos, por incompetentes que sean, que eligiendo gente muy preparada pero a la que no se conoce de nada. Sobre todo si al final paga el contribuyente, claro.

Para recuperar la confianza en nosotros mismos creo que es fundamental recuperar dos valores clave: el de la meritocracia (en todos los ámbitos de la vida pública y privada) y el de la de rendición de cuentas. Solo la meritocracia y la rendición de cuentas son capaces de garantizar la neutralidad y la profesionalidad de las instituciones y de las Administraciones Públicas. Y sin meritocracia y sin rendición de cuentas es muy difícil, por no decir imposible, controlar la corrupción y el despilfarro públicos.  Sin criterio técnico, sin independencia y con sensación de impunidad es poco probable que un equipo humano funcione bien, por buenas que sean sus intenciones.

Seamos claros: en España lo que tenemos hoy, cubierto apenas por el manto formal de nuestras normas, es una especie de “spoils system” castizo, de manera que cada partido cuando gana las elecciones se siente legitimado para ocuparlas de personas afines, afiliados, familiares o simpatizantes, aunque a veces el círculo esté limitado a un conjunto de personas que reúnen algunos requisitos particulares (ser funcionarios o pertenecer a un determinado Cuerpo de la Administración por ejemplo). Son personas cuyo principal valor es el de la “confianza” que han depositado en ellas los líderes del partido. Esto provoca el fenómeno del llamado “dilema del techo de cristal del funcionario neutral”: los funcionarios más independientes y más capaces profesionalmente se verán apartados de los puestos más relevantes del sector público a favor de aquellos más próximos a los políticos de turno. Eso cuando los puestos están reservados a funcionarios, que no es siempre ni muchísimo menos.

Porque conviene no olvidar que a los puestos más importantes de las instituciones y de las Administraciones Públicas se accede por sistema de libre designación, lo que implica el libre nombramiento –y el libre cese- de las personas que van a ocuparlos. Las personas que resultan demasiado “incómodas” para sus superiores políticos no lo van a tener fácil para acceder a este tipo de cargos, por relevante que sea su desempeño profesional. Por el contrario, las que estén dispuestas a ser más “flexibles” pueden contar con una promoción rápida, e incluso a veces con el salto a la política. Esto es particularmente grave cuando hablamos de puestos de supervisión y control en el que el controlador pasa a depender del controlado. Peor todavía: tenemos una miríada de organismos públicos de toda índole donde para ocupar puestos directivos –muchas veces mucho mejor remunerados que los de las Administraciones- no se requiere ningún tipo de requisito previo, ni de formación, ni de experiencia, ni de nada. El presidente de la SEPI, por poner ejemplo, no tiene titulación de grado superior, pero si un amplio expediente de servicios al partido que le ha nombrado. Hay muchísimos casos más a todos los niveles.

De la misma forma hoy en España se siguen repartiendo por cuotas partidistas los cargos en los organismos reguladores y supervisores ya se trate de la CNMV, del CGPJ o del Tribunal de Cuentas. Pero hay que empezar a ser conscientes de que llegar a Consejero de un organismo regulador no puede ser un premio para los fieles o la culminación de la carrera política de nadie, por un problema básico de falta de independencia, al que se suele unir el de la falta de competencia profesional para el cargo. Si queremos que no vuelvan a fallar instituciones tan críticas como la CNMV, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas tenemos que tomarnos esto en serio. Es imprescindible nombrar a personas independientes con una trayectoria profesional sólida y un prestigio previo en el sector que avale su nombramiento por razones objetivas, con transparencia y en procedimientos de concurrencia abiertos para elegir a los mejores que estén disponibles.

En definitiva, hay que revitalizar de forma decidida el principio de mérito y capacidad, tan de capa caída en nuestro país.

Pero todo esto siendo muy importante no servirá de nada si no hay rendición de cuentas. Una democracia sin rendición de cuentas o en la que la única rendición de cuentas factible es la judicial penal es una democracia de muy baja calidad, que inevitablemente tiende a extremar presión política sobre los jueces y a incrementar la politización de la Justicia, deteriorándola cada vez más en un círculo vicioso muy peligroso. Pero no solo eso, la falta de rendición de cuentas es síntoma seguro de mal gobierno. Aunque consigamos elegir a los mejores, si saben que  nadie les va a exigir ninguna responsabilidad lo que obtendremos será un comportamiento parecido al de los alegres consejeros de Bankia. Claro que siempre habrá personas justas que cumplirán con sus obligaciones por su propia voluntad pero serán la excepción.

Lo que nos lleva de vuelta al principio. Si no hay meritocracia y no hay rendición de cuentas es porque los ciudadanos no hemos confiado suficientemente en estos valores. Hemos pensado que, pese a lo que proclaman las leyes, era más seguro confiar en nuestros contactos a la hora de conseguir contratos o puestos en el sector público (o incluso en el privado) que en nuestras propias capacidades. Y que es mejor no molestar a nadie importante exigiéndole cuentas. Así hemos conseguido que cada vez importe más el contacto y menos el mérito y la profesionalidad, o que los gestores se sientan casi insultados cuando alguien se atreve a exigir responsabilidades. Lo en el fondo, revela una falta de confianza muy notable en nosotros mismos.

 

.

Tú di que la culpa es del profesional (y a ver qué pasa)

En una entrada aquí publicada a finales del pasado mes de diciembre, que fue muy ampliamente comentada, me preguntaba a mí mismo y a los amables lectores del blog, a raíz de una anécdota que viví relacionada con una conocida marca de cápsulas de café, si los españoles tenemos en nuestro comportamiento cívico y social un cierto déficit ético. Pues bien, una serie de sucesos repetidos en los últimos tiempos en mi despacho profesional me han llevado a replantearme y corroborar buena parte de los argumentos y de la tesis entonces sustentada. Paso sin más dilación a contárselos.

Todos somos conscientes de los problemas que han existido en los últimos años con la Banca española, y de las dificultades económicas por las que hemos atravesado la mayoría de las familias de este país. Vaya, en primer lugar y sin reparo alguno, mi comprensión, solidaridad y absoluto apoyo personal y profesional hacia quienes han tenido problemas económicos debidos a la crisis y, especialmente, hacia quienes han sufrido los abusos de algunas entidades financieras que todos hemos podido conocer, y que ya han sido en este blog abundante y certeramente comentados. Pero esa situación de abuso, por criticable y extendida que haya podido ser, no debe permitir, ni para los particulares ni para ciertos aparentemente poco escrupulosos  asesores legales, el “vale todo” con tal de liberarse de una enojosa o inoportuna deuda, por mucho que ésta pueda estar asfixiando alguna economía familiar. Lo digo porque en el último año  se me ha repetido dos veces en el despacho, con unos meses de diferencia, un fenómeno similar: recibo la llamada de quien me dice ser un abogado (varón la primera vez, mujer la segunda) quienes me anuncian que han sido contratados por un solo cliente (mujer de cierta edad en ambos casos) que les ha contado que alguien ha firmado en mi oficina notarial, a la que ninguna de las dos clientas “habían acudido nunca ni siquiera sabían dónde estaba”, un préstamo hipotecario en su nombre, en un caso hace unos cuatro años y en otro casi seis, se supone que suplantando su identidad y falsificando su firma. En el segundo caso, incluso añadiendo la letrada que la supuesta escritura de hipoteca se había firmado ante mí en el mes de agosto del año 2009, lo cual era manifiestamente imposible porque agosto era un mes “inhábil a efectos notariales” (sic).

Yo, lógicamente alarmado, reacciono igual en ambos casos, superada mi perplejidad (aunque tengo que confesarles que más en el primer caso que en el segundo, que ya me pilló algo más curado de espantos): comunico a ambos letrados que tengo que consultar mi protocolo y la documentación que guardo en mi notaría, y que a la mayor brevedad les daré cumplida información de lo que encuentre al respecto. Y ¿qué encuentro? Pues, en ambos casos, una situación parecida: una escritura firmada por la presunta “ausente”(que era una sola prestataria en ambos casos) y por los apoderados de la respectiva entidad de crédito, una oferta vinculante de cada préstamo protocolizada con la escritura y también firmada por cada prestataria, sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, cuyas firmas eran casi idénticas en ambos casos a las que aparecían estampadas en las dos escrituras matrices, ambos escaneados y conservados en los archivos de la notaría (como manda la Ley) y, -oh sorpresa- que a la segunda prestataria “ausente” le habíamos cancelado el mismo día de su “presunto préstamo” -se supone que en un acto de máxima generosidad notarial-  y con un cheque bancario procedente del banco prestamista, una hipoteca anterior que tenía contratada otra entidad de crédito.

Ante tal apariencia de veracidad y acumulación de información, en ambos casos telefoneé a los letrados anunciantes de una supuesta denuncia contra mí. Tras explicarles exhaustivamente toda la documentación que conservamos en la oficina notarial y ofrecerles el testimonio adicional de los apoderados de las respectivas entidades bancarias y de los oficiales de mi despacho que habían preparado las escrituras, pasé a preguntarles cómo era posible que sus respectivas clientas llevaran en ambos casos pagando durante más de cuatro años en un caso y casi seis años en el otro unos préstamos hipotecarios que, presuntamente, nunca habían solicitado ni firmado y justo ahora caían de repente en la cuenta de una eventual suplantación, que cómo se explicaban que en mi oficina estuvieran escaneados los DNI de sus respectivas clientas si “nunca la habían pisado” como ellas decían y, en el segundo caso, además, que por qué caritativa razón iba yo a pagar y a cancelar una hipoteca anterior de una señora a la que no tenía el gusto de conocer, y que, además, no cayó tampoco en la cuenta de que repentinamente se le había dejado de cobrar por su banco. Y en ambos casos, con pequeñas variaciones de “estilo”, la reacción de los dos letrados fue similar. Bajo una actitud respetuosa en las formas, en ambos casos aparentaron cierta sorpresa –yo creo que más o menos impostada- con mi batería de respuestas, aventuraron una cierta disculpa del tipo “ya sabe usted, cosas de los clientes” y acabaron ambos su explicación con parecida y enigmática frase: “… lo cierto es que todo lo que usted me cuenta, señor notario, tiene apariencia de ser real, y probablemente lo sea, pero, en cualquier caso, tal como están en España las cosas de los bancos y la protección de los consumidores en los últimos tiempos…. ¿a su despacho no le convendría tener un escándalo público, verdad?”…. Y la segunda de ellos añadió la coletilla final de que “en el caso de que mi clienta hubiera firmado algo en su despacho, fue engañada y no se le explicó nada de lo que firmó”.

Imaginen ustedes en ambos casos mi reacción. Le anuncié a ambos letrados una inmediata querella contra sus respectivas clientas, les abochorné el hecho de que, mintiendo para liberarse de una deuda, estaban imputando uno o varios delitos a un funcionario público, cosa que me parecía muy grave y, además, profundamente inmoral y contrario a cualquier ética profesional, y les dije que, de seguir con sus intenciones, ya nos veríamos en el Juzgado sin ningún problema. Por ahora no he vuelto a tener noticias ni de ellos ni de sus “desmemoriadas” clientas, pero ahí está descrita la funesta estrategia para librarse de una seguramente molesta deuda bancaria. Desconozco si las mentirosas en ambos casos eran las clientas o habían sido “alentadas” para mentir, pero contra la crisis y los problemas económicos de la gente no debe “valer todo” aprovechando la actual hipersensibilidad social, y también de los Tribunales de Justicia, frente a todos los contratos de origen bancario. Esto que me ha sucedido a mí sería probablemente impensable en otros países, pero en España sucede, y no de forma aislada. Acabo esta entrada como terminé mi anterior post relacionado con este tema y al principio mencionado. Está muy bien que todos deseemos, especialmente en año electoral, un cambio a mejor en España y en nuestros políticos. Pero antes tenemos que empezar por cambiar bastantes cosas nosotros.

 

Abusos sexuales a menores y responsabilidad de la Santa Sede

Las actuaciones contra el “clan de los Romanones”, así como la primera reunión mantenida por la Comisión Pontificia para la Protección de los menores, vuelven a poner sobre la mesa los horribles casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. La cultura litigiosa de Estados Unidos, así como la abundancia de casos de abusos en ese país, han hecho que sea allí donde haya tenido lugar un mayor número de procesos judiciales, no sólo contra sacerdotes, sino contra las diócesis donde éstos estaban incardinados. En muchas ocasiones, se ha condenado como responsables civiles a dichas diócesis por lo que habían hecho sus sacerdotes, aplicando la doctrina del respondeat superior.
Sin embargo, también se está tratando de llevar al banquillo de los acusados a la Santa Sede e incluso al mismo Papa, tanto como responsables de lo que han hecho sacerdotes y obispos como en cuanto responsables de sus propias actuaciones, ya fueran negligentes (no impedir los abusos mediante un mayor control) o dolosas (supuesto encubrimiento de lo que estaba ocurriendo en los distintos países). Las actuaciones legales contra la Santa Sede y el Papa se han llevado a cabo tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel nacional, la inmunidad soberana de que goza la Santa Sede, así como la “inmunidad del Jefe del Estado” han impedido que los casos iniciados en Estados Unidos prosperaran. Para ser aceptada en estos casos, la inmunidad soberana de la Santa Sede debe descansar, entre otras cosas, sobre la prueba de que los sacerdotes y obispos no pueden ser considerados “empleados” de la Santa Sede, a los efectos de la Foreign Sovereign Immunities Act, lo que a su vez planteaba la cuestión de la relación, conforme a Derecho canónico y en la práctica, entre el Gobierno de la Iglesia y los sacerdotes y obispos en sus diócesis, relación que la doctrina canónica denomina de “comunión jerárquica”.
En realidad, la correcta relación entre Iglesia y fieles también podría estar en el fondo de los ataques a la Santa Sede, realizados a nivel internacional. Dejando de lado varias peticiones al Tribunal Penal Internacional, para que investigue los abusos, las críticas han partido de varios órganos de las Naciones Unidas (Comité contra la tortura y Comité de los derechos del niño), por supuestos incumplimientos de sendas convenciones sobre la tortura y los derechos del niño. No es ningún secreto que la Santa Sede no goza de buena prensa en dicho organismo internacional, y en este caso se han despachado a gusto contra ella.
Se puede afirmar que la Iglesia Católica es percibida con frecuencia como una institución muy jerarquizada y centralista, por ejemplo, frente a la multitud de iglesias nacionales y autónomas que existen entre protestantes y ortodoxos. Una interpretación superficial del Código de Derecho Canónico de 1983 (por ejemplo, de los cánones 331, 332 y 333), que confieren al Papa, cabeza de la Santa Sede, potestad plena y suprema sobre toda la Iglesia, pueden hacer pensar que, en efecto, los sacerdotes pederastas y los obispos “encubridores” son lo equivalente a los funcionarios de cualquier Estado secular y por tanto sus actuaciones, en el ejercicio de sus funciones, son atribuibles a la Administración Pública, que sería la Iglesia Universal.
Sin embargo, de entrada, se olvida que el Papa también goza de la mencionada potestad (que podríamos traducir como jurisdicción, en términos no eclesiales) sobre los laicos, y se podría caer en el absurdo de atribuir a la Santa Sede cualquier actuación de un católico sobre la tierra. Además, una mala comprensión de la naturaleza de la Santa Sede, como sujeto soberano de Derecho internacional, puede llevar al error de pensar que la jurisdicción de la Santa Sede sobre sus fieles es del mismo tipo que la soberanía de un Estado sobre sus súbditos, y esto no es así. En primer lugar, porque si lo fuera, todos los católicos del mundo estarían divididos, en su lealtad y en sus obligaciones, hacia la Iglesia y hacia su propia patria. No obstante, desde el principio de su historia, la Iglesia trabajó para establecer dos ámbitos distintos de autoridad, el terreno y el espiritual (dad al César lo que es del César…, Marcos 12:17). En segundo lugar, porque la Iglesia no cuenta con el poder de coacción física propio del Estado.
En cuanto a los fines de la Iglesia, difieren enormemente de los fines de un Estado, pues son espirituales, aunque utilice medios humanos para llevarlos a cabo. Por otro lado, la Santa Sede no es un Estado, ni pretende serlo. Sí ha mantenido siempre que es un sujeto de Derecho internacional y como tal la aceptan la práctica totalidad de los Estados del mundo, que mantienen con ella relaciones diplomáticas y hasta concluyen acuerdos internacionales. El Estado de la Ciudad del Vaticano sí es un Estado, pero no es él el que es aceptado por la comunidad internacional como autoridad que gobierna la Iglesia Católica. Así, el reconocimiento internacional de la Santa Sede no es más que una manera de garantizar la libertad religiosa de 800 millones de personas en todo el mundo. Es necesario, por tanto, estudiar bien la naturaleza y acciones de las partes implicadas para poder determinar correctamente sus responsabilidades.

Verdades y mentiras de la lista falciani

Una cosa es la lista Falciani y otra, muy distinta, la utilización partidista o periodística que se hace de ella. Cuando un nombre aparece en la lista, el individuo queda ya estigmatizado y obligado a dar explicaciones sobre si su actividad financiera o su relación con la entidad bancaria HSBC se ha ajustado a la legalidad. Es decir, el mero hecho de aparecer en la lista implica una presunción de culpabilidad. Esto es algo que el Sr. Falciani y las autoridades tributarias que han utilizado, a veces de forma ilegítima, esa lista con fines recaudatorios, hubiesen debido tener en cuenta. Es probable que determinadas personas puedan solicitar responsabilidades por ello.

Cuando a esto se le añade la difusión periodística, el daño que puede producir, de no ser ciertos los datos, o incluso por el mero hecho de salir publicitado, puede llegar a ser inmenso. El diario El Confidencial viene ofreciendo por entregas una serie de nombres con el mensaje explícito que se trata de defraudadores, por tener, o haber tenido, cuentas fuera de España. Pueden dar las explicaciones que quieran, pero el mero hecho de salir en la lista, junto a verdaderos defraudadores o incluso delincuentes, provoca un daño irreparable.

Mi nombre ha salido publicado por ese diario y, al día siguiente, publicitado por ABC. Es cierto que El Confidencial ha publicado una nota aclaratoria mía –incompleta- que en nada palia el daño producido. El diario ABC, como era de esperar, se negó a aclarar nada. Este es el periodismo que ahora se estila en algunos medios. La noticia fue amplificada por la Cuatro y por la Sexta, especialmente en el programa El Intermedio.

¿Y qué se puede hacer cuando te encuentras en medio de una situación así? Desgraciadamente, nada. Si demandas judicialmente, lo más probable es que las acciones judiciales, al tratarse de personas públicas como es mi caso, no prosperen. En cualquier caso, dependerá de la “suerte” con el juez o magistrados que te toquen para enjuiciar los hechos. Si se trata de jueces o magistrados honestos es probable que, si además son diligentes, se miren el asunto y juzguen con cordura. Pero también es muy probable que el juez sea partidista, o que las carreras de los magistrados dependan de políticos que miraran con lupa lo que hicieron o dejaron de hacer, a quien han favorecido y a quien no. Esta es la justicia “ad hominem” que en tantas ocasiones se imparte ahora en España.

La única solución es dedicarle tiempo y paciencia, en sitios como “¿Hay Derecho?”, para hacer pedagogía y explicar lo evidente. Y esto es lo que voy a intentar hacer a continuación. Se refiere El Confidencial a la aparición de mi nombre en la lista Falciani por una cuenta que, según una información filtrada, mantuve entre los años 1992 y 1994 en el banco HSBC. La noticia viene aderezada con referencias al caso Gürtel del que he escrito en varias ocasiones, por un lado; y a Guillermo Luca de Tena, del que fui abogado, por otro, que al parecer tenía una cuenta en ese banco. La consecuencia que extrae el lector es obvia. Pero los hechos no son como se dan en la noticia.

Así, resulta que nunca he tenido abierta cuenta alguna en el banco HSBC. Sí la tuve, en cambio, en National Republic Bank of New York, sucursal de Ginebra, que fue vendido por su propietario Edmond Safra –al que conocí- a HSBC en 1999 cuando yo ya no tenía relación alguna con esa entidad. Abrí esa cuenta para poder percibir unos honorarios profesionales, 30.000 €, (cinco millones de pesetas al cambio), derivados de mi actividad profesional como abogado hace 23 años. Dichos emolumentos fueron traídos y declarados oportunamente en España. ¿Dónde está la ilegalidad?

También debo aclarar que, al contrario de lo que se afirma en El Confidencial, yo no he sido nunca abogado de Luis Bárcenas. En las actuaciones derivadas del caso Gürtel intenté colaborar con mi partido entonces, el PP, por petición expresa de su presidente, y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que siempre aconsejé trasparencia y colaboración con la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la lista Falciani?

Referente a Guillermo Luca de Tena,  del que como también se dice en la noticia que fui abogado, eso sí es cierto. Fui su abogado y, sobre todo, amigo a lo largo de más de treinta años. Creo que su honestidad, que le llevó a situaciones patrimoniales muy difíciles para salvar ABC, está fuera de duda. A él, que murió hace años, si se le relaciona con una cuenta en el HSBC, pero no se menciona, o se hace muy de pasada, que regularizó esa situación anómala. Ni se investiga sobre el origen de esos fondos que, por lo que yo conozco, procedía de su padre, Juan Ignacio Luca de Tena, que lo llevó a Suiza al caer la Monarquía en 1931.

Y puestos a aclarar, quiero que sepan los lectores de ¿Hay Derecho? que he hecho mis declaraciones de Renta cada año, incluyendo los honorarios que por imperativo de clientes internacionales me han sido abonados en otros países. Y a mis declaraciones me remito. Por último, puedo afirmar que siempre que se ha solicitado, por el Congreso de los Diputados, partidos políticos, jueces o fiscalía anticorrupción, mi colaboración en determinadas investigaciones escandalosas de corrupción, o para cualquier tema, he prestado mi desinteresada ayuda y lo seguiré haciendo.

Se atribuye al almirante Méndez Núñez esa frase que procuro tener como divisa: “Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra”. Como consecuencia de ello a veces he salido hecho añicos del empeño.

Ni apolíticos, ni antipolíticos: sólo políticos

En este blog hemos tratado desde el principio cuestiones jurídicas puras y también jurídico-políticas, o sea, políticas pero desde la perspectiva del Derecho y, más concretamente, desde el Estado de Derecho, pues lo que básicamente propugnamos es que el juego de la política debe realizarse siempre dentro de las normas y que el poder, el gran Leviatán, ha de someterse a las mismas reglas que nos impone a los demás y debe estar permanentemente controlado para evitar que se desmande, algo a lo que por naturaleza es bastante propenso, como lamentablemente nos han demostrado los gobernantes de nuestra partitocracia, aunque formalmente no se les caiga de la boca el Estado de Derecho. Lo malo es que las estrellas rampantes de la política ya no se molestan en disimular y así Pablo Iglesias en su libro “Disputar la democracia (el bloguero responsable ha de leer de todo) afirma paladinamente –parafraseando a Joaquín Abellán- que él defiende “el poder de la política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de ciudad o república como gobierno de la ley”. Ya saben lo que eso significa, amigos. Y está negro sobre blanco en un libro de 2014.

Pero volviendo al hilo principal, lo que quiero decir es que en el blog hemos hablado básicamente de las reglas del juego, pero no del juego mismo. Hemos defendido que el árbitro no esté comprado, las normas sean claras y se apliquen y que quienes las elaboren lo hagan sujetándose a los procedimientos y de una manera democrática. Pero no nos hemos metido demasiado en políticas concretas, ni hemos preguntado por ellas a quienes editan o colaboran, porque lo fundamental en este blog ha sido defender el marco donde esas ideas (o incluso intereses porque, como dice Savater, hay intereses perfectamente legítimos e ideales abominables) luchan y se desarrollan. Algo, en definitiva, prepolítico y no partidista.

Quizá ello ha sido así porque en una buena parte somos juristas y entendemos que estas cuestiones de organización son básicas, pero también que, por su grado de abstracción, son relativamente difíciles de transmitir al ciudadano porque no afectan de una manera aparente -sólo aparente- al día a día del ciudadano. Por eso precisamente se monta este blog y la Fundación: para dar a conocer la importancia que estas cuestiones tienen en nuestras vidas. Pero, dicho eso, lo que sí me sorprende es el relativamente poco relevante debate que hay en el espacio público nacional acerca de las ideas, de los intereses o de las políticas concretas, dejando de lado, claro, mareas blancas, acampadas de indignados, uves o Vias catalanas, tertulias de la Sexta y otros canales generalistas, ni tampoco aprecio un verdadero interés en los partidos por hacernos razonar acerca de lo que más nos conviene en un asunto u otro, más allá de comulgar con las ruedas de molino habituales. Faltan foros de discusión, libros blancos, reflexión sobre proyectos que han de durar más de los cuatro años de una legislatura política. Y puedo entender que la gente no se interese demasiado por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol o las vicisitudes del Comité de Competición, pero me extraña que la gente se despreocupe del fútbol.

 ¿Estoy en lo cierto? En este caso, ¿a qué se debe eso? He robado al respecto un par de ideas muy interesantes. Dice Savater (esta cita y la anterior son de ¡No te prives!) que antes de la crisis la gente no se interesaba por la política y después de su estallido muchos salieron para proclamar las fechorías de los políticos. O sea, antes, políticos, después antipolíticos, pero ciudadanos políticos (es decir, auténticos ciudadanos), que son los que hacen falta, eso por lo visto es más difícil de conseguir en número suficiente. Y los Politikon, en La Urna Rota, destacan que los españoles no estamos familiarizados con los aburridos pormenores del trabajo asociativo a medio y largo plazo y somos inconstantes en el compromiso con las causas y nos cuesta salir de la “zona de confort” mental eligiendo opciones distintas de las que estamos acostumbrados. Además, preferimos la reacción a la anticipación y al trabajo proactivo. Somos un pueblo capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo contra algo, pero poco orientada al compromiso y el trabajo organizado, a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados. Eso lleva a una cierta tendencia a difuminar los objetivos en discursos ideológicos generales y a menudo grandilocuentes y a plantear los debates en términos morales, lo que dificulta muchas veces cualquier compromiso.

Pero parece que nada incita a hacer una reflexión mínimamente seria sobre el mundo que nos rodea y la situación en que nos encontramos, cuando cada vez esto es más necesario habida cuenta de que progreso democrático ha ido haciendo al Estado cada vez más abstracto y por tanto más necesitado de comprensión reflexiva y educación. De hecho, cabe decir –como he hecho en otro post- que es cierto que fórmulas antiguas no nos valen porque a muchos nos pasa como al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Las ideologías omnicomprensivas y solucionalotodo se encuentran en decadencia y cada vez más se necesitan remedios a medida; y de hecho, los tradicionales partidos de masas que representan intereses de clase e ideológicos, conscientes de ello, han dado paso a los partidos que Politikon llama “atrapatodo”, catch-all parties, porque abandonan los objetivos máximos y se centran en mejoras incrementales y en temas concretos, buscan el centro y se basan en el liderazgo y en la profesionalización de sus líderes, incurriendo  demasiado frecuentemente en el olvido de los principios y en la búsqueda en los propios intereses, que es lo que probablemente quería decir Pablo Iglesias cuando hablaba de que lo de izquierdas y derechas es un juego de trileros.

Y  lo malo es que quizá tenga alguna razón. Es evidente que el tradicional debate entre liberales y comunitaristas sigue ahí, en el ámbito intelectual, quizá ahora reflejado en el pensamiento de Piketty sobre la riqueza del capital y las recetas liberales, pero lo que parece evidente es que los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, son bastante incapaces de explicar ese debate y tomar una verdadera posición que permita orientarse en el marasmo vital en el que estamos y que no esté en contra de su actuación concreta una vez que se encuentran en el gobierno. De hecho, para mí, una de las causas de la debacle socialista y popular se encuentra no sólo en la corrupción sino también en las constantes incoherencias entre lo dicho y lo hecho, la presunta ideología y los intereses y acciones a corto plazo que han mantenido los partidos predominantes los últimos tiempos. No se puede ser español e independentista al mismo tiempo, liberal y subir los impuestos disfrutando, antiabortista y cabrear a los antiabortistas, etc, etc.

Evidentemente, el debate es ahora más complejo y no vamos simplemente a adscribirnos a un pack completo de ideas sin discusión pues, como decía al principio, cabe que cada problema precise una dosis diferente de liberalismo o de comunitarismo (no es una cuestión de dogmas, sino de dosis, me gusta decir). Pero ello no debe hurtar un debate sereno, objetivo, y basado en evidencias y en resultados –y no sobre emociones y prejuicios- sobre la Sanidad (privada-pública), sobre la Enseñanza (modelos de futuro estables), sobre Fiscalidad (presión fiscal admisible, directa o indirecta), o sobre otras cuestiones más amplias, como por ejemplo hasta qué punto la desregulación y el liberalismo que ha imperado desde los años ochenta no ha tenido nada que ver con la situación de crisis en la que hoy nos encontramos. Michael Sandel, al que cité profusamente aquí, se pregunta en “Lo que el dinero no puede comprar”, cómo puede ser que la crisis financiera no haya incitado a una reconsideración fundamental del papel de los mercados, respondiéndose que quizá los ciudadanos se sienten frustrados por un sistema político que es incapaz de actuar por el bien público o de tratar las cuestiones que más importan y ese lamentable estado del discurso público impide poner límites al mercado o de tomar otras decisiones trascendentales,

Pero, entonces, si la sociedad civil no funciona, los partidos no trasladan las inquietudes y el sistema político no da soluciones válidas ¿qué salida tenemos? ¿Hemos de resignarnos a optar entre las propuestas simplistas, reactivas y antisistema de los partidos populistas y las consignas vacuas de los partidos tradicionales? Creo que no. Aparte de que hay otras opciones diferentes en el “mercado”, hemos de confiar en que la crisis produzca una concienciación de la necesidad de ser ciudadano, no apolítico o antipolítico, sino ciudadano político concernido por las reglas del juego que defendemos en este blog y en la Fundación ¿Hay Derecho? pero también por las políticas concretas que permitan un sociedad más justa y avanzada. Por supuesto, puede considerarse mi confianza una propuesta ilusa o voluntarista ante la magnitud de las fuerzas económicas o sociales que están en juego. Pero también se ha visto que muchas veces -no siempre- el ser humano se apercibe de las circunstancias y aprende de la Historia. Veremos.

La meritocracia de pega: artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli

 

En España se está produciendo últimamente un fenómeno muy curioso, y que revela una vez más este fenómeno tan actual de la “disonancia cognitiva”. A mi juicio, esta disonancia cognitiva es el resultado de contemplar la realidad con unas gafas tan mal graduadas -ya sea por el populismo, el fatalismo, el victimismo, la partitocracia o la autocomplacencia según los barrios- que la imagen que se recibe no se parece en nada a la que vemos el común de los mortales

Quizá uno de los aspectos donde es más visible esta distorsión es en el concepto del mérito. Según lo que vamos averiguando buceando en portales de transparencia, tesis doctorales,  departamentos universitarios e incluso instituciones centenarias como las Reales Academias en España el mérito –básicamente el académico y  el profesional- más que tenerlo hay que aparentarlo. Así se explican fenómenos como los plagios incesantes y por supuesto impunes por parte de políticos o de altos cargos que quieren adornar su cv con doctorados a costa de las tesis de los demás como el caso de Federico Trillo, según la noticia publicada aquí  o del actual Director del Instituto de Estudios Fiscales, Jose Antonio Martinez Alvarez, cuya tesis la dirigió nada menos que Juan Iranzo, el de las tarjetas “black” de Caja Madrid. De la misma forma, se manipulan tranquilamente los cvs para hacer constar títulos que solo existen en la imaginación de quien los redacta, aunque sí se les pilla siempre está eso tan socorrido de echarle la culpa a la pobre secretaria por un problema de transcripción, como hizo la vicepresidenta del Parlamento catalán Joanna Ortega cuando se descubrieron los “errores” consistentes en atribuirse un título de licenciada en Psicología pese a que le faltaba alguna asignatura para conseguirlo.

Mejor todavía, en estos casos también se puede atribuir la culpa a unos conspiradores  que pretenden acabar con la carrera del líder ungido por el dedo divino hurgando en sus supuestos masters, como en el caso del candidato del PP a la Junta Andalucía, Moreno Bonilla cuyos misteriosos títulos fueron desentrañados en el blog  con tal éxito de público que se nos cayó el servidor. Tampoco está de más recordar los colaboradores que se prestan a auxiliar en estas lides a políticos y cargos públicos dada la posibilidad de que se devuelva el favor, quizá con un apetecible puesto en el sector público. Ciertamente lo que está muy mal pagado y puede traer “consecuencia desagradables” -que diría el ínclito rector de la Universidad Rey Juan Carlos- es denunciar estas corruptelas o fraudes, aunque sea por parte de las víctimas intelectuales. Dicho en plata: la gente de a pie no se atreve a demandar a la gente de a caballo por un quítame allá unos párrafos fusilados.

Claro que entonces la pregunta es ¿Cómo distinguir entre el mérito verdadero ya sea profesional o académico y el fingido o simplemente aparente? Pues no es nada fácil, ya que requiere una investigación casi detectivesca porque todavía a día de hoy nuestras beneméritas instituciones no distinguen el grano de la paja, y tanto monta, monta tanto, tesis plagiada como tesis original, todas van a tener un “cum laude” por igual, especialmente con un Director de tesis dispuesto a hacer favores a gente importante. De manera que en la España oficial nadie se molesta en analizar si los cvs de los políticos o cargos públicos están o no amañados, ya se sabe que aquí rige el principio de la confianza y que los ciudadanos escépticos que preferimos creer a nuestros propios ojos antes que el papel oficial estamos en minoría.

Pero conviene no olvidar que en otros países más serios se da por sentado que si alguien dice que tiene el título de doctor es porque ha hecho una tesis con rigor y sobre todo con mucho esfuerzo personal, y no en sus ratos libres compatibilizándola con una vicepresidencia del Gobierno o con la Presidencia del Congreso. Por eso le dan tanta importancia –no solo jurídica sino también política- a que alguien presuma de unos méritos que no posee o que  cometa este tipo de fraude. No se trata de excesos calvinistas, contra lo que muchos podrían pensar, se trata pura y simplemente de honestidad intelectual, sin la cual es muy difícil que exista la honestidad pura y simple.

Mientras tanto aquí y ahora en España lo razonable es desconfiar y mucho. Gracias al portal de la transparencia y a la labor de los periodistas vamos enterándonos de algunas cosas interesantes, como que Pilar Platero, subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prefiere no hacer constar en su cv la etapa que compartió con su jefe el Ministro Montoro en el famoso despacho Equipo Económico, del que también hemos hablado muchas veces, porque lo merece. También averiguamos –con cierto retraso, porque les costó facilitar la información- que el Presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, no tiene titulación superior aunque es el cargo mejor pagado de la Administración General del Estado , aunque sin duda la hoja de servicios al Partido (en este caso al PP) es envidiable, y  ese es al fin y al cabo el cv que realmente cuenta, aunque otra cosa se nos diga.

Otros pueden tener un cv más aceptable (o así se considera al menos en la política española si se tiene una buena oposición, dada la gran cantidad de funcionarios metidos a políticos) pero que puede no ser el más adecuado para el puesto en cuestión; pero pelillos a la mar, que si alguien ha sacado una oposición difícil, aunque sea de jurista o economista, ya ha acreditado que lo mismo vale para presidir RTVE que para presidir Renfe o lo que le echen, especialmente si es “de los nuestros”. Por no hablar de la infinidad de cargos públicos cuyos cvs –sin retocar o incluso retocados-no darían ni para un puesto de dependiente o cajero de supermercado. Eso sí, a ningún político en activo –especialmente del PP- se le cae de la boca la palabra “meritocracia” utilizada como una especie de talismán o “detente bala” . ¿Se acuerdan de aquello del “gobierno de los mejores”? Pues si no se tienen los mejores a tiro, nada como la cosmética para intentar aparentarlo.

Y esto nos lleva a una última conclusión: nos estamos enterando también de que esto de los sueldos públicos es un auténtico desbarajuste, por no decir un disparate total. Pero en una meritocracia de pega ¿Cómo saber si los políticos y altos cargos están bien o mal pagados? Porque al final para entender si un determinado cargo público está bien o mal retribuido sería imprescindible no solo hacer comparativas con puestos similares en países de nuestro entorno, sería hacerlas también sobre la experiencia profesional y la formación que se exige para ocuparlos, las funciones que efectivamente se realizan y ”last but not least” la responsabilidad que se asume por los errores o por la mala gestión. Porque no nos olvidemos que cuando un cargo determinado tiene una retribución importante suele ser porque a) no es fácil acceder al mismo b) las funciones son muy relevantes c) la responsabilidad es muy grande.

Porque la meritocracia será de pega, pero lamentablemente las retribuciones, las funciones y las responsabilidades son muy reales.