What else?….. O, ¿tenemos los españoles un déficit ético?

Tengo frente a mi despacho profesional, al otro lado de la calle, una concurridísima tienda de una marca de cápsulas de café, de gran éxito, que ha sido popularizada hasta el último confín de la tierra por los famosos anuncios de George Clooney. “What else?”se pregunta en una pantalla plana de televisión el elegante galán ante la derretida mirada de todas las clientas femeninas, mientras yo me encuentro tramitando mi pedido. Con estos datos, creo que ustedes pueden identificar perfectamente de qué marca se trata. Pues bien, dado que yo también he sucumbido a los encantos del Sr. Clooney, o más bien del producto que tan convincentemente nos vende, hablando un día con el encargado de la tienda me contó una anécdota sorprendente. La marca, perteneciente a una conocida multinacional del mundo de la alimentación, comercializa en España y en algunos pocos países más unas cápsulas para consumo doméstico, de formato semicircular (las más conocidas) y otras diferentes para su uso en oficinas y despachos, de un formato ovalado, semejante a una gran píldora, y también dos tipos diferentes de cafeteras, cada uno de ellos preparado para su uso con uno de dichos formatos e incompatible con el otro. El motivo de esa duplicidad es bastante triste, y es el que constituye el eje de la reflexión que quiero plantearles a todos ustedes en este post. …“Es para que la gente no se lleve a su casa las cápsulas de la oficina”… me explicó el amable encargado, …”pero ésto sólo se comercializa en España y en pocos países más del sur de Europa, ya que de Francia para arriba no es necesario”

Visto lo anterior, y vistas también otras muchas cosas que todos estamos conociendo de forma abrumadora en los últimos tiempos, considero necesario preguntarnos si los españoles tenemos, por nuestro carácter, por nuestra genética o por cualquier otro inextricable motivo un déficit ético, cívico o moral que nos relaja nuestros hábitos y costumbres a la hora de manejar bienes ajenos.  Y esa cuestión la formulé verbalmente a los tres allí presentes editores de este blog el jueves 20 de noviembre por la noche, durante el turno de preguntas tras la presentación en Palma de Mallorca del libro “¿Hay Derecho?”, recibiendo una contundente y rápida respuesta del amigo Ignacio Gomá: “pues escribe un post sobre ello”. Y yo, obediente y disciplinado, aquí estoy.

En las múltiples conversaciones que ha generado esta situación de desasosiego general que vivimos en los últimos tiempos los españoles he oído varias veces decir, y por personas muy diferentes, que nuestros denostados políticos no son más que el fiel reflejo de nuestra propia sociedad, puesto que hemos sido históricamente muy laxos en ciertos conceptos éticos y de puro civismo. De todos es sabido que en España se han tolerado alegremente, e incluso a veces jaleado, muchos hábitos y conductas que en otros países son socialmente repudiados. Aparcar sobre la acera o en doble fila, pedir facturas sin IVA, pavonearse de cobrar honorarios en negro o de conducir colocado, engañar a las compañías de seguros, a Hacienda o a la Seguridad Social, cobrar el paro cuando se está trabajando en “B”, lanzar colillas, papeles o botellas al suelo, y una larga retahíla de irregularidades o muestras de incivismo son muy típicas de los españoles, e incluso, durante mucho tiempo, han parecido hasta “quedar bien”. Por ello, algunos contertulios míos, en diferentes conversaciones, han mantenido la triste tesis de que en nuestro país el que puede poco se lleva a casa unas cápsulas de café o los folios de la oficina, y el que puede más, por su cargo o por el puesto que desempeña, se lleva el dinero, los viajes, las visas oscuras u otros chanchullos varios, siendo todo ello reflejo de una misma degradación ética o moral bastante generalizada, que alcanza a todos los estratos de nuestra sociedad.

Reflexionando sobre todo ello, no cabe duda que los países de raíz protestante o calvinista nos sacan bastante ventaja en cuanto a ética social e incluso ética pública, pero que otros, más próximos a nuestro entorno latino, católico y mediterráneo, son prácticamente nuestros primos hermanos. Y podemos preguntarnos ¿qué nos diferencia a los del sur de los “países buenos”? ¿Nuestra raza? ¿nuestro carácter? ¿nuestra cultura? ¿nuestras costumbres? ¿Llevamos grabada a fuego en nuestros carpetovetónicos genes, todavía en el siglo XXI, la picaresca de “El Lazarillo de Tormes” o  de “El Buscón”?

Resulta difícil encontrar una sola respuesta a todas estas preguntas, pero yo me resisto, no sé si de forma fundada, a contestarlas de forma afirmativa. Sinceramente creo que genética o culturalmente no somos muy diferentes de nuestros vecinos del norte, lo que me lleva a concluir que, a estas alturas, siendo una sociedad bastante más culta e informada de la que fuimos en tiempos pasados cuando se gestó el literario modelo del “pícaro” español, lo que nos falla en la actualidad, y además de forma estrepitosa, es nuestra educación. Y no me refiero solamente a la educación personal, entendida como la cultura o la formación individual de cada uno de nosotros, sino especialmente nuestra educación colectiva o comunitaria.

Los españoles tenemos que aprender mejor, desde nuestras casas y nuestras escuelas, a vivir en sociedad, y a respetar, cuidar y proteger los bienes y los dineros comunes como hacemos con los nuestros propios. Algunos han creído, y hasta han manifestado públicamente, que el dinero público “no es de nadie”, por lo que su uso indebido es hasta justificable. De esta forma han acabado apropiándose, sin el menor rubor, de lo que han podido. Pero ese es, justamente, el gran “chip” que debemos cambiar: el dinero público, al igual que el mobiliario urbano del paseo, la marquesina que protege la parada del autobús, la farola que ilumina el parque o la acera de nuestra calle son de todos nosotros. Piensen que los hemos pagado nosotros, señoras y señores! Por ello, debemos cuidarlos con el mismo esmero con el que cuidamos nuestros ahorros, o nuestros muebles, o los objetos o enseres que tenemos en casa. Con un sueco que no paga correctamente sus impuestos o que deteriora un bien público sus conciudadanos no quieren salir a tomar una cerveza, ni le invitan a su casa a cenar. Les da vergüenza que les vean con él, y le afean socialmente su conducta. Yo no digo que en España hagamos eso de un día para otro. Pero si queremos que cambien nuestros políticos no basta con reclamarlo de forma pública, generalizada y cada vez con más intensidad. Tenemos que empezar por cambiar también nosotros.

 

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.

Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, “es dimitido” a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.

Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, “el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.

No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:

Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.

Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un “colchón de confianza”. A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.

Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.

En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.

Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.

El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.

De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.

 

 

De nuevo sobre las novatadas

El Senado aprobó recientemente una moción por la cual insta al Gobierno a adoptar ciertas medidas (colaboración, sensibilización, fortalecer la normativa, asistir a las víctimas) en el entorno universitario frente a las llamadas “novatadas”, así como a respaldar el manifiesto que aboga por eliminarlas. El tema fue analizado con anterioridad en este blog por Álvaro Delgado Truyols (aquí). Es un tema más complejo de lo que parece, y que merece ser profundizado, pues se aprecian muchos matices a tener en cuenta y quedarse en un análisis simplista referido sólo a los casos extremos (demasiado abundantes por desgracia) o al escándalo que generan las peores prácticas puede ser dañoso e incluso injusto.

Lo primero que cabe decir es que debemos considerar positivo que los poderes públicos asuman su papel respecto a las víctimas. He conocido excolegiales con heridas psicológicas procedentes de las novatadas, y casi les dolió más que quien debía preservar la Justicia (la Dirección, el Estado), no los protegiese, que el daño de sus compañeros en sí. Ahora bien, para que haya una acción eficaz sobre el fenómeno, hay que valorar la realidad, y los medios de Derecho disponibles.

Para juzgar el fenómeno de las novatadas, se debe partir primero de la realidad sociológica en que se producen. Al estudiar las formas de dominación, Max Weber (ver Economía y sociedad) señala que hay tres tipos: legal, tradicional y carismática. ¿Dónde situaríamos la dominación de los colegiales mayores sobre los aspirantes o “novatos”? Evidentemente en la tercera, pues los veteranos ni tienen poder por ley, ni han recibido la legitimación tradicional que tiene, por ejemplo, un parterfamilias (aunque las novatadas se hagan por tradición). Lo que si que han recibido es lo que Weber llama el “carisma”: en atención a sus cualidades (perseverancia en un Colegio Mayor con ciertas exigencias de camaradería, fraternidad, implicación, sociabilidad, capacidad de liderar a los universitarios más jóvenes…), se les respeta y sigue.

Las situaciones de dominación carismática llega un momento en que se “rutinizan” dando lugar a una institución, a la que sólo son admitidos quienes portan el mismo carisma. Un carisma que en opinión de Weber no se aprende, ni se inculca, sino que se despierta a base de pruebas que permiten acreditar que se tiene. Como ejemplo pone Weber precisamente las “casas de varones” o androceos, donde se prueba a sus miembros para que no permanezcan en ellas si no portan el carisma propio de la casa. Dichos androceos eran casas de guerreros de la antigüedad, pero su fundamentación vive hoy en Colegios Mayores masculinos y también femeninos y mixtos (con ciertos problemas como la inercia a veces machista en la inter- actuación de chicos y chicas en las novatadas, y la asunción a veces de roles masculinos por las jóvenes –lo cual hace pensar que hay una feminización pendiente en las novatadas-). En los Colegios Mayores, por debajo del poder legal (Dirección, Estado) está el poder de los mayores sobre los pequeños, que comienza por la experiencia de las novatadas (un poder que a veces se ejerce mal o por quien no es digno del carisma, y de ahí los problemas).

Para poder dar Derecho a esta situación (da mihi factum, dabo tibi ius) hay que partir de esta realidad. Considerada la misma, ¿qué decir con el Derecho? En primer lugar que por muy carismática que sea la experiencia, la legitimidad legal está por encima. Lo que es delito en Julio, lo es también en Septiembre, por muy novatadas que sean (y ello sin necesidad de que se contemplen tipos penales específicos referidos al fenómeno). Del mismo modo, determinados comportamientos como hacer destrozos, gritar por las calles, etc deben multarse. Frente a estos comportamientos, debe actuar el Estado, deben denunciar las víctimas o cualquier ciudadano (todos tenemos el deber, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal), deben imponerse las sanciones que correspondan, y deben funcionar las Direcciones de los Colegios Mayores (cosa que no siempre pasa: en algunos Colegios, a ciertas horas del día, el único adulto en condiciones de moderar comportamientos es el portero).

Los propios ofendidos pueden actuar, denunciar, ejercer sus derechos. Es más, según he podido indagar (yo no padecí novatadas), el límite lo suele poner el “novato”: conozco uno que logró evitar ciertas agresiones a base de amenazar al veterano con que lo iba a denunciar, lo cual bastó para lograr unas novatadas no violentas en su caso. El “novato” es un ciudadano y bien está que aprenda a defenderse, también legalmente, y a hacer uso de su legal autonomía de la voluntad. El entorno dominado por el carisma, como es el Colegio Mayor, no debe quedar al margen de la ley. Al igual que en cualquier otro ámbito es delito someter a alguien a conducta degradante (Art. 173 Código Penal), lo es en un Mayor (y debe denunciarse). Del mismo modo, debe ser el consentimiento informado del afectado el que juegue respecto a las conductas no penadas (lo cual plantea un problema con los universitarios que en el Septiembre de primero de carrera son todavía menores). Ahora bien, el hecho de que haya un mínimo indisponible (como lo tienen el consumidor, el trabajador por cuenta ajena o el arrendatario como contratantes “débiles”), no implica la prohibición total de contratar (reservada ésta a casos excepcionalísimos).

Por otro lado, hay que tener claro el sistema de fuentes. La ley rige hasta donde rige: prohibiendo ciertos comportamientos, pero permitiendo los demás. ¿Y en este resto, rige alguna norma? En lo demás entiendo que rige la costumbre, cuyo papel se subestima normalmente: se olvida que es la costumbre la que permite a la ley desarrollarse (como explica Joaquín Costa en El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones: el status individual, el referéndum y la costumbre. Cap. IV), y la misma es imprescindible para la ejemplaridad (vid. Javier Gomá, Ejemplaridad pública, quien señala que “el único programa republicano viable…sería un republicanismo de mores, es decir, uno que no ponga tanto el énfasis en la actuación estatal y en sus intervenciones coactivas en la vida moral de los ciudadanos como en la consolidación de aquellas costumbres que inducen a la virtud por persuasión y sin menoscabo de la libertad individual”). Y la costumbre (no podemos negarlo) admite las novatadas que no sean contrarias a la moral colectiva o al orden público (Art. 1 CC).

Por ello, pretender una prohibición total y demonizar el fenómeno en su conjunto (con el injusto descrédito de quienes “novatean” -verbo no incorporado al diccionario, pero usadísimo en el ambiente universitario- de acuerdo con la moral social y el orden público), no sólo no va a evitar que se produzcan (pues las bases sociológicas ahí están), sino que además puede causar un daño a la construcción de la Universidad en España. No se nos puede escapar a este respecto que todos cuántos han teorizado sobre la Universidad (Scheler, Heideguer, Giner de los Ríos, Newman, entre otros) reconocen la importancia de la Universidad residencial para la fraternidad y de la convivencia, para superar la masificación que caracteriza nuestras Universidades. Y para ello hacen falta estructuras como los Colegios Mayores. Si se limitan las novatadas en lo que la ley, la costumbre y la moral no prohíben, es probable que lo poco que queda de Universidad “convivencial” en nuestro sistema (los Colegio Mayores, institución algo herida por diversos factores), termine por desaparecer.

 

El imposible indulto de Carlos Fabra, artículo de Elisa de la Nuez en Vox Pópuli

Recientemente el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón y del PP, Carlos Fabra, ha solicitado su indulto mediante carta dirigida al Ministerio de Justicia en la que manifiesta su convicción de merecerlo porque su condena no tiene fin resocializador alguno y con el indulto no se haría daño a nadie. A nadie, añado yo, salvo al Estado de Derecho ya que un indulto a Carlos Fabra equivale pura y simplemente a un torpedo en su línea de flotación.

Como es sabido, la condena del sr. Fabra no ha sido precisamente fácil de conseguir. Entre jueces que pasaban por el juzgado de instrucción de Nules como alma que lleva el diablo y billetes premiados de lotería, la sentencia del sr. Fabra ha tardado muchos años en llegar (en concreto, nueve años ha durado la instrucción) durante los cuales el ex Presidente de la Diputación ha seguido con su “bussiness as usual”. Es decir, con obras como el Aeropuerto de Castellón sin aviones con estatua del prócer incluida. Lo más curioso es que en la carta en que solicita el indulto se queja, precisamente, de lo larguísima que ha sido la instrucción como si él no hubiera puesto todos los obstáculos posibles, jurídicos y no jurídicos para que fuera así. Esto no lo digo yo, lo dice la sentencia que le condenó. Es lo que suele pasar cuando se investiga a gente poderosa, como por ejemplo al sr. Alfredo Saenz. Las instrucciones se dilatan hasta el infinito y más allá y los que las dilatan (gracias a los servicios de sus abogados)se  quejan después de su calvario judicial e incluso ven reducida la pena por la duración del procedimiento.   Es lo que ocurrió en el caso de Alfredo Saenz, como comentamos en su día aquí 

Alega también el sr. Fabra que habiendo transcurrido tanto tiempo desde la comisión del delito cumplir la pena ya no tiene ningún sentido. Y para no dejarse nada en el tintero, recuerda que al final ha sido absuelto de las acusaciones de corrupción, dado que –como es habitual en estos casos- no se han podido probar. Pero como al final la corrupción tiene que ver con el dinero como explica Francisco de la Torre en este artículo siguiendo el rastro del dinero (y en particular del dinero negro) se pueden extraer algunas conclusiones de sentido común aunque no sean suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que rige en el Derecho penal. Porque teniendo presente que D. Carlos Fabra era el todopoderoso cacique local en su doble condición de Presidente de la Diputación de Castellón y Presidente del PP de Castellón ¿de dónde puede sacar dinero negro una persona que está a sueldo de una Administración o/y de un partido?  Pues imagínenselo.

Eso sí, se trata en todo caso de evitar la cárcel mientras se decide sobre el indulto. Ya ha manifestado el Fiscal General del Estado en una reciente entrevista en la Cadena Ser que él no es partidario de que alguien que puede ser indultado ingrese en prisión. Pero ¿cómo se sabe si alguien puede ser indultado o no? Pues porque el indulto lo concede materialmente el Gobierno (aunque lo firma el Jefe del Estado) y el Fiscal General depende del Gobierno.

Efectivamente, el indulto es un residuo del derecho de gracia que tenían los monarcas absolutos en el antiguo Régimen y que ha sobrevivido  en las democracias modernas porque cumple una función necesaria como elemento de cierre del sistema. Se trata por esta vía de corregir situaciones particulares en las que la aplicación estricta del Derecho penal en un caso concreto puede producir una injusticia a la luz del contexto social en el que se debe aplicar la pena. Sería el caso de condenas tardías, desproporcionadas o que se impongan a personas que hace tiempo que están resocializadas o rehabilitadas. Pero como excepción a la regla general de que la persona condenada por un delito debe de cumplir la pena impuesta su utilización debe de ser extremadamente cuidadosa. Efectivamente, hay que impedir a toda costa que el indulto se convierta pura y llanamente en una medida arbitraria para “rescatar” de las manos de la Justicia penal a determinadas personas  que han prestado servicios o tienen buenas relaciones con el Poder político, ya se llamen Barrionuevo o Fabra. O simplemente para evitar que se utilice sin ninguna razón objetiva –aunque puede haber sospechas de que sí las había subjetivas- como ocurrió en el famoso caso del kamikaze cuyo indulto fue finalmente anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Pues bien, la utilización que se ha hecho del indulto en estos últimos años ha sido muy bien documentada en la web de la Fundación Civio “el indultómetro” cuya lectura es muy recomendable. A estas alturas no les sorprenderá saber que el número de indultados por delitos de corrupción es muy alto. Aunque quizá más les sorprenda saber que desde que la opinión pública ha puesto su foco de atención en los indultos, su número ha disminuido sensiblemente.

Para que se hagan una idea, la ley reguladora del indulto data nada menos que del 18 de junio de 1870 aunque haya sido modificada –y no precisamente para mejorla- por la ley 1/1988 de 14 de enero, que redujo los controles que existían en la ley original para su concesión. Urge por tanto una nueva Ley para reconducir la institución a unos términos compatibles con los de un Estado de derecho moderno. Y a la vista de lo que está pasando en España puede no ser una mala idea excluir del indulto determinados delitos –tal y como sucede en otros países- entre los que se encuentran los que causan una gran alarma social, como por ejemplo los relativos a la corrupción. En todo caso lo que parece imprescindible es que esta decisión pueda ser sometida a controles formales y materiales, en la línea apuntada en la importante sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2013 en el caso del kamikaze a la que ya nos hemos referido antes y que hemos comentado aquí

Parece también más que razonable que las víctimas del delito tengan al menos que ser oídas y que los informes de los jueces o tribunales sentenciadores sean vinculantes, es decir, que si son desfavorables, el indulto no puede concederse. Y por último, tiene que ser excepcional que la posibilidad más o menos lejana de un indulto impida la entrada en prisión, al contrario de lo que propone el Fiscal General del Estado.

Por último, conviene recordar que obtener un indulto no solo es relevante para evitar el ingreso en prisión (algunas personas condenadas, por su edad, no lo harán) sino porque “borra” los efectos negativos que tiene una condena judicial, por ejemplo, para ser banquero (ahí tenemos el caso de Saenz) o la prohibición de contratar con la Administración Pública. Creo que no es casualidad que la empresa Seguridad Integral Canaria de un empresario canario indultado (Miguel Angel Ramirez) haya recibido importantes contratos de distintas Administraciones como denuncia la web el BOE nuestro de cada día, también de la Fundación Civio /

Es cierto que al final en el caso Fabra –lo mismo que sucedió con Al Capone- solo se ha conseguido una condena por fraude fiscal, pero también -como en el caso del gángster- los ciudadanos podemos legítimamente considerar que su principal actividad no era defraudar dinero al Fisco, aunque esta fuera su consecuencia inevitable. Y que indultar este tipo de comportamientos, por extendidos que hayan estado entre nuestra clase política, resulta sencillamente intolerable no solo desde un punto de vista jurídico sino sobre todo desde un punto de vista moral.

 

¿Encontrar un buen trabajo en España? Mejor con contactos

Reconozco que el ferragosto no es el mejor momento para publicar posts, como bien dicen mis coeditores, pero el caso es que me apetecía hablar de un tema que debería ser objeto de un proyecto de investigación de esos que financian nuestras Administraciones Públicas muchas veces con tanta rumbosidad y sin excesivo criterio. Hemos hablado mucho en este blog de nepotismo en el sector público, y también de las “revolving door” con las empresas reguladas o dependientes del favor político. La lista de políticos o de familiares de políticos colocados en organismos públicos o en este tipo de empresas es muy larga, y hay gente que ha hecho el esfuerzo de recogerlas de forma ordenada, por ejemplo aquí.

Pero hoy me gustaría centrarme más en el fenómeno de la colocación de los “hijos de” quizá porque mi hija mayor está buscando trabajo en UK y ahí lo del “hijo de” funciona bastante peor, de lo que por cierto me alegro por mí y sobre todo por ella, dado que indica que las reglas del juego son limpias. Además me parece que una de las mayores satisfacciones personales  que puede dar la vida es conseguir las cosas por uno mismo y no porque alguien le hace (o le debe) un favor a tu padre o a tu madre. En España a muchos jóvenes se les evita esta satisfacción y  no hablo solo de los casos más obvios, de los hijos de Ruiz Gallardón, Aznar. Felipe Gonzalez, etc, etc, todos muy bien colocados dado que incluso aunque se dediquen a la fotografía acaban trabajando en Indra, que ya tiene mérito. Me refiero a un fenómeno más amplio y más preocupante en el que muchos profesionales o directivos de empresas piensan que si no “tiran”  de contactos los chicos no lo van a tener fácil. Lo que probablemente es cierto pero distorsiona las reglas del juego en la búsqueda de trabajo en la medida en que no va a primar tanto el mérito y la capacidad de los aspirantes sino los contactos paternos. Por otro lado favorece la endogamia, en el sentido de que es mucho más fácil “colocar” a los hijos si se dedican a la misma actividad o al menos a alguna actividad cercana a la que desarrollan sus padres.

Para ser justos, es cierto  que en muchas ocasiones el “hijo de” suele tener un cv bastante apañado, idiomas, una Universidad razonable (no siempre pública, especialmente para los de “letras”) un máster o varios-preferiblemente en el extranjero o en una escuela de negocios prestigiosa en España- pero lo más importante es lo que viene en la parte de arriba del curriculum: los apellidos del aspirante que indican si  tiene, o no, unos padres que son capaces de apreciar los favores y sobre todo que están en condiciones de devolverlos.  Por esa razón los chicos pueden pensar -lo que también es muy gratificante, para que nos vamos a engañar- que si han accedido a un puesto de trabajo en un gran despacho o en una gran consultora es por sus méritos y no por sus padres. Aquí no estamos muy acostumbrados a la tarea de reflexionar sobre estas cuestiones, o como dirían los anglosajones a  “check your own privileges”. Por otro lado, el problema es que tal y como están las cosas en España conseguir un cv así de aseado no es tarea fácil para muchos jóvenes, empezando por los idiomas (salvo que nos creamos lo de los colegios públicos bilingues con profesores españoles que han hecho un curso de inglés en Irlanda) y terminando por los masters buenos de verdad que suelen ser bastante caros y no están al alcance de todo el mundo. Pero es que incluso aunque a base de mucho esfuerzo se consiga, al final en igualdad de condiciones es más probable que entre el “hijo de” que el desconocido.

Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, que todo sea enchufe y contactos en el sector privado español (en el público en cambio casi se puede afirmar lo contrario) y menos en el que está más alejado del favor político. Pero hay mucho de eso, bastante más que en otros países serios, y lo preocupante es que cada vez hay más, dado que conseguir un buen puesto de trabajo en España es un premio gordo, y por tanto un favor muy importante . No es infrecuente precisamente que ese “colocame al chico” sea precisamente el mayor favor que se le puede a hacer a alguien con influencia. En ese sentido cada vez nos acercamos más a Italia y a los países sudamericanos y nos alejamos más del norte de Europa. Es bastante curioso asistir a cenas de amigos y ver como los hijos se cambian como cromos, valga la expresión; yo mando al tuyo a hacer prácticas a tu despacho y yo contrato al tuyo como becario. Todos contentos.  La red de favores se va haciendo cada vez más tupida, eso sí en perjuicio de los chicos cuyos padres no están en condiciones de  hacerlos.

En este entorno, no es sorprendente que crezca la desigualdad y que los jóvenes  preparados y sin contactos (o los que simplemente prefieren no depender de las redes familiares) se vayan de España. Y ojo que cuando hablo de jóvenes preparados no hablo de los que acumulan títulos universitarios múltiples sin mucho valor o de chicos que después de terminar la universidad (especialmente en carreras de letras y en Universidades que han jugado a llenar las aulas sin muchos miramientos)  tienen una formación equivalente, con suerte, a la del antiguo BUP. Y con suerte un trabajo que requiera ese tipo de formación será precisamente el que puedan llegar a conseguir, uno que requiera tener una formación básica. Pero de este tema hablaremos a la vuelta del verano con más detenimiento y con más datos.

Por ahora, disfruten del puente de agosto..

 

Flash Derecho: documental sobre la corrupción, últimos días para el mecenazgo

Nos hemos referido en dos ocasiones a un proyecto de documental sobre la corrupción (“Corrupción, el organismo nocivo”), cuya financiación está basada en el mecenazgo: ver aquí y aquí. Pues bien, a muy pocas horas de cerrarse el plazo, queda una pequeña cantidad para conseguir recaudar los 45000 euros presupuestados. Ver en la página del proyecto.

Desde aquí queremos animar a nuestros lectores a acompañar a los promotores a dar los último pasos,  a alcanzar el primer objetivo como es la financiación, y, pese a quien pese (y parece ser que hay gente a la que le pesa), conseguir que el documental sea finalmente una realidad.

 

Actualización viernes 13 a las 10,00 horas: ¡Objetivo conseguido! Enhorabuena a los promotores y ahora a realizar un buen documental.

Teoría étnica de los naufragios…y de la política

El naufragio el pasado día 16 de abril del ferry surcoreano Sewol ha dado lugar a una serie de noticias que me han dado que pensar. No me refiero al naufragio en sí mismo, aunque esto ya de por sí ha dado que hablar por las imprecisiones que se han publicado, ni al enorme número de víctimas , casi 250, entre las que se encontraba un gran número de estudiantes que iban en viaje escolar, aunque añade un punto más de dramatismo al asunto. Ni tan siquiera por el lamentable espectáculo de la huida del capitán arrastrando por los suelos ese rasgo deontológico de ser el último que abandona el barco que todos nos presuponemos en un personaje tan representativo nos sorprende pues no ha mucho el capitán Schettino le precedía.

No, lo que me ha intrigado han sido varias cosas: que el primer ministro haya dimitido a los 12 días del naufragio “asumiendo sus responsabilidades por la mala gestión del naufragio”, dimisión que, por cierto, no ha sido bien recibida por los allegados de los desaparecidos ni por el principal partido de la oposición, que han tachado la decisión de precipitada, porque “podría haber continuado en su cargo hasta que terminaran las labores de rescate”. Y días después ¡ha sido detenido el presidente de la naviera! Desde otro punto de vista, me ha llamado la atención que hubo una tajante orden de los responsables del buque a los pasajeros en el sentido de que no se movieran de sus camarotes; orden que, acatada puntualmente condujo a los trágicos resultados que conocemos (véase la noticia en “Cumplir hasta la tumba”)

Huelga decir que ambas cuestiones me impresionan por contraste. Porque, ¿qué hubiera hecho el primer ministro coreano si le ocurre lo de Bárcenas? ¿Seppuku en plaza pública? Y es que por estos lares hispánicos no se estila la dimisión responsable: buscando en Google, por ejemplo, “Prestige dimisión”, lo que obtengo es que Zapatero estaba muy orgulloso porque con lo del Prestige nadie del PP dimitió y en cambio por el incendio de Guadalajara sí lo hizo una consejera autonómica ; que si que dimitió un consejero autonómico del PP, pero porque se lucraba vendiendo material para la limpia del chapapote; o que el diputado autonómico Carmona dimitió porque entre bromas decía que el PSOE tenía suficientes votos y si hacía falta “hundían otro barco”. Es lo malo que tiene Google, que te enteras de todo, incluso de estas miserias.

Pero, de otro lado, también me impresionó mucho esa docilidad de los estudiantes que se someten a las órdenes de los superiores sin cuestionamiento alguno, como al parecer es lo propio en una sociedad fuertemente jerarquizada como la coreana. ¿Hubiera ocurrido lo mismo por aquí? No estoy yo muy seguro de la obediencia de los jóvenes mediterráneos de 16 o 17 años , y más bien me inclino por pensar que habrían subido al puente “a ver qué pasa”.

Me recordaba el otro día en Twitter la periodista Berta González de Vega las concomitancias de este caso con el que Malcolm Gladwell cuenta en “Outliers” (Fueras de Serie). El libro trata de por qué unas personas tienen éxito y otras no y es francamente interesante (recomiendo el capítulo de “La regla de las 10.000 horas”, que explica como para ser maestro en cualquier cosa se precisa echarle ese tiempo) y desde luego nos viene al pelo: en el capítulo titulado “Teoría étnica de los accidentes aéreos” cuenta que en los años 90 la Korean Air tenía un porcentaje de accidentes muy superior a la media (17 veces superior a la de United Airlines) y que aunque ello se debía normalmente a una concatenación de errores, lo cierto es que había un factor muy significativo: la llamada “mitigación”, muy propia del legado cultural coreano.

La “mitigación” o el “discurso mitigado” se refiere a cualquier tentativa de minimizar el significado o el sentido de lo que se dice, como cuando queremos ser corteses con alguien o respetuosos con la autoridad, a quien no se le dice “quiero que vea esto” sino “quizá no le es mucha molestia echarle un vistazo, no me urge”. Este discurso mitigado no es apto para las comunicaciones entre copiloto y piloto de un avión y menos en situaciones de riesgo. Pero es lo que ocurre en aquellos países que tienen un muy alto “Índice de Hofstede de Distancia al Poder” -cuánto se respeta y valora la autoridad en una cultura determinada-, como es el caso de Corea del Sur (y no quiero pensar cuál será el del Norte).

Al parecer, en las tripulaciones coreanas se esperaba que los oficiales más jóvenes atendieran al capitán hasta el punto de hacerles la cena o comprarles regalos, y la palabra de éste es la ley al punto de que no era extraño que le cruzara la cara al novato si cometía algún error. En el lenguaje coreano hay hasta seis niveles diferentes de tratamiento según la jerarquía o familiaridad, y la relación piloto-copiloto está fuertemente jerarquizada. Claro que eso tiene un doble camino: mientras en el mundo occidental es obligación del emisor comunicar sus ideas de una manera clara e inequívoca, en esta sociedad coreana tan rigurosa, es el receptor de mayor categoría el que tiene la responsabilidad de descifrar el mensaje, que se ha adaptado a su categoría.

Eso explica que cuando el copiloto en el accidente del vuelo 801 observó que venía una enorme tormenta, que no había visibilidad y que el piloto no reaccionaba debidamente, sólo se atrevió a decir a su superior: “Capitán, el radar meteorológico nos ha ayudado mucho”. El capitán, muy estresado, no entendió lo que pasaba y se dieron con una loma, pereciendo todos.

Parece ser que el legado confuciano, recibido de China y predominante en el sistema de valores de Corea durante siglos bajo la dinastía Joseón (1392-1910) sigue muy presente en la sociedad coreana actual, aunque haya disminuido algo en las últimas décadas: principios como la jerarquía, la lealtad a la familia o un grupo social, la importancia de la educación y al respeto a los demás siguen vigentes en la psique del coreano y se manifiestan en la importancia que se concede al status social. 

O sea, que es indudable que el legado cultural es importante tanto para los accidentes aéreos y los naufragios como para la política. No conozco bien la sociedad coreana, pero desde luego suena que es un país muy organizado y eficiente, con altos niveles de educación y de innovación (ver conclusiones del enlace) pero quizá pone excesivo énfasis en la disciplina y tiene poca creatividad, lo que les lleva a fracasar en las universidades extranjeras (ver aquí). De la idiosincrasia hispánica, con sus cosas buenas y malas, no me molesto en ilustrarles.

Ahora bien, ese legado ¿es inmutable? ¿Tenemos que resignarnos a ser como somos y los coreanos a ser como son? O dicho de otra manera ¿tenemos que quedarnos el paquete entero? ¿No podemos ser individualistas en aquellas cosas en las que es importante tener iniciativa y ser responsables cuando procede? Porque quizá tampoco sería de mi gusto que el presidente del gobierno dimitiera cada vez que hay un accidente gordo porque probablemente no todo siempre culpa suya y no compensa, pero sí que lo hiciera él o alguien importante cuando realmente la tragedia podría haberse evitado o gestionado de otra manera. Y tampoco me gusta la falta de civilidad o de educación, pero no hasta el punto de cargarse la iniciativa individual y el criterio propio.

Mi respuesta puede ser tachada de voluntarista o ingenua pero creo que sí, se puede cambiar. Hace algún tiempo defendía en el ABC (reproducido aquí en el blog) que la tradición cultural española no es insoslayable y que la leyenda de un país sin remedio no es cierta, y lo mantengo. No hay más que ver cómo han cambiado nuestros hábitos al volante en los últimos 20 años o qué poco se fuma ahora para percatarse de que cosas que parecían intangibles  pueden cambiarse.

Pero claro, las cosas no se cambian solas, hay que empujar un poco cambiando nuestra conducta personal y haciendo que cambie la de los demás, mediante la exigencia de responsabilidades (y, no se olvide, a través del voto responsable, valiente  y escéptico con las encuestas el CIS) y del imperio del sentido común. Si hay alguna idea que destacara de mis posts en este blog es esa: hay que tener ese valor civil cotidiano, lento y tenaz de intentar modificar nuestras instituciones y nuestras costumbres, aunque no se vea el éxito en el horizonte.

NOTA: La compañía Korean Air contrató a un director de operaciones americano que no desesperó ante la tradición coreana sino que, sabiendo que ese legado cultural es importante y perdura mucho después de que su utilidad cultural haya desaparecido, logró, mediante el uso del inglés como lengua básica y sin despidos masivos, que el personal se adaptara a las circunstancias. Hoy la compañía tiene estadísticas de seguridad intachables.

” La corrupción engendra corrupción”, tribuna en El Mundo de la coeditora Elisa de la Nuez

Ahora que la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción -muy especialmente la transparencia- pero por otro lado quiere hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo, luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y sobre todo a sus responsables.

Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9 de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre corrupción de febrero de este año.

Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.

En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la toma de decisiones + discrecionalidad – rendición de cuentas.

La llamada teoría política del agente y el principal considera que los problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes en el gasto político, muy sensibles para el político.

Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la información sobre la actuación de su representante político. Una cultura política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no la regla general.

Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que vemos a diario.

Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.

Sin embargo, en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos. El ciudadano piensa que «todos son iguales» y que por tanto se van a compartar como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos, que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más eficiente -que por definición no existe- sino por el más próximo.

Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo (Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.

Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos, familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.

No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

Puntos de aprendizaje

 

El frenesí de nuestro tiempo y la saturación  de información   conspiran   contra ese  “pararse a pensar”, siquiera unos minutos al día, que es la manera que tiene la inteligencia humana de aprender individual y colectivamente.  Y de  conducirse a partir de ahí por el bosque  de la realidad, también de la política cuando esta hace aguas como ahora. Son precisamente estas actividades–pensar y aprender- las que distinguen la polis de la caverna platónica en la que  los prisioneros  no salen de la mera impresión de imágenes inmediatas  e inconexas. Pensar, nos enseña Platón, sería entonces un  “salir a ver” que en sí mismo es ya un aprender. Un viaje de comprensión que se aplica también- y en grado sumo-  a la realidad política.  De ahí que uno de los peligros de nuestra crisis sea precisamente no “darla por pensada” sin aprehender de ella personal y socialmente las muchas lecciones que encierra.  A dicho peligro contribuyen  tanto los afanes que consumen al español  medio para  llegar a fin de mes o buscar barojianamente trabajo o ver de no perderlo,  cuanto al inmenso cansancio personal y colectivo desde 2008 a esta parte.

Para conjurar todo ello salgamos de la vorágine que nos ocupa  y alcemos la mirada inteligente para determinar algunos descubrimientos y aprendizajes que nos  deparan  estas horas  nuestras:

1.  La consustancial fragilidad de nuestro sistema político: Pensábamos que nuestro sistema democrático, basado en el “turno”  y en el clientelismo de la Restauración de Cánovas era, como aquella, indeleble y eterno, bien afianzado. Justo el mismo error de apreciación que precipitó su súbita desaparición en 1923. Así,  los primeros deterioros graves de nuestra calidad democrática se achacaron a la tendencia hegemonista y propensa a la corrupción del partido socialista.  Pero se contrarrestaba –al menos en teoría para una gran parte de votantes- con la mayor pureza y liberalidad de nuestro partido conservador.  Mas los graves  affaires de corrupción del Partido Popular-que dejan en anécdota el caso “estraperlo” que hundió al Gobierno Lerroux-  han finiquitado la “estabilidad correlativa” de nuestro sistema. Y ello a falta de lo que los ciudadanos conozcan en breve nuevos escándalos de largo alcance que afectan a la propia jefatura de  la Comunidad de Madrid. La consabida ausencia  de una real división entre  poderes, la falta de los mínimos “checks and balances” de control y transparencia explican el retorno de la  desconexión orteguiana entre la España oficial y la real. No es casual-y sí bien grave-  que un indicador del CIS, el “Indicador de confianza del sistema gobierno/oposición” (que miran con especial atención  los dos grandes partidos  ya que   mide precisamente el grado de  solidez de nuestro sistema) muestre su nivel más bajo desde  las primeras elecciones democráticas (23,7 puntos en enero 2014 frente al 31, 9 de abril 2012).Así de grave es el declive y así de frágil nuestra situación.

2.  Una  errónea presunción sobre la naturaleza humana: Ha subyacido en nuestro país  un error grave que explica parte del colapso al que asistimos: La exaltación en  los últimos decenios de una visión muy superficial sobre  la  humana naturaleza, que era  tan buena que no hacía falta moral alguna. Y por tanto ningún control de lo público.  Al respecto, pocos países han soportado una erosión tan brutal y en  tan breve tiempo de los valores privados y públicos, sin los cuales como señalaba Allport, “no se puede sobrellevar la pesada carga de toda democracia”.  Volviendo a Platón,  hemos pensado que la  polis se podía construir sin virtud,  de la que  quedan exentos  tanto el gobernado cuanto el gobernante.  Así, de aquel  “bon citoyen”  ilustrado hemos pasado aquí a su  caricatura  situada más allá de lo bueno y de lo malo  y  encaramada a nuestras instituciones fundamentales (partidos, sindicatos, magistraturas, parlamentos, realezas, Ibex 35, etc.),  sin inquirirse nadie ni por sus  currículums vitae ni por su  “ethos” moral. Cualquier regeneración del sistema tendrá, pues, que rehabilitar  el concepto  de “naturaleza falible” del ser humano – y por tanto de la arquitectura política –  que está en la base de la sabiduría  de los grandes  pensadores  políticos clásicos, incluidos los más señeros  del siglo XX (Ortega, Voegelin, Arendt y  Strauss, por ejemplo).  Y deducir los mecanismos de control e intervención correspondientes.

3. Una  percepción  ingenua sobre el poder político: Lo anterior no se explica  sin percatarse de  que hemos confiado cándidamente  en el poder de nuestro  partido ante  el que se ha realizado una auténtica  “dejación de funciones” y abdicación de nuestro yo, cayendo  en aquella “mansedumbre lanar”  que denunciaba Ortega. La Crisis está sirviendo  para descubrir, en esta hora de la verdad,  el rostro verdadero de la naturaleza de los poderes políticos instalados y su profunda desconexión del bien común. El ejemplo más palmario y agresivo, amén de la corrupción campante, es el expolio fiscal “sin contemplaciones” con que dicho poder está asolando a la clase media, no digamos a  los autónomos. Todo ello compatible con que ninguno de los partidos nos haya ofrecido relato alguno de cómo y por qué hemos llegado a este estado de bancarrota nacional ante la que  se despacha  un silencio administrativo tan desdeñoso como implacable.  Urge un movimiento de “ciudadanía vigilante” que parta del principio de que el poder no es bueno por naturaleza y necesita de continúa fiscalización. Un poder  que no muestra ninguna intención de irse, acuciado por el miedo a acciones judiciales que explican  muchas de sus resistencias al cambio. Por eso, ante la merma previsible de votos, sea plausible pensar que  en el 2015 se forme una “Gran Coalición” PP-PSOE como  la solución de defensa del statu quo que agoniza.

4. La índole corrosiva de la mentira: Tal vez sea la auténtica “ley de hierro” que hemos de asimilar en este viaje purgativo: Cómo  la muerte de la verdad y veracidad  ponen en peligro la pervivencia misma de todo un sistema democrático y su correlato económico-financiero. Hemos llegado a un punto de nuestra vida pública y económica donde es tal la falta de transparencia – hay tanto que ocultar- que las elites se conducen  según aquella confesión de Maquiavelo: “Llevo algún tiempo en que nunca digo lo que creo y nunca creo lo que digo; y si a veces me ocurre que digo la verdad, la escondo entre tantas mentiras que es difícil hallarla”. Un dato elocuente de esta  “institucionalización de la mentira” es  su aceptación social y jurídica como estrategia de defensa  según comprobamos abochornados en las comparecencias judiciales de nuestros personajes públicos. Ante ello, hay que rehabilitar urgentemente ese “afán de verdad” que  es  inherente a toda democracia.

Todo aprendizaje, Platón nos lo avisó, tiene algo de doloroso. Y a veces de traumático.  Pero solo podremos salir de la caverna oscura en la que nos hallamos poniendo en práctica personal y colectivamente las enseñanzas debidas.  Porque de lo contrario, mucho me temo,  descenderemos  de la caverna  a “la caverna de la caverna”. Por nosotros que no quede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Derecho: de nuevo, mecenazgo para el documental “Corrupción, el organismo nocivo”

Hace unos meses nos hacíamos eco de una iniciativa de captación de fondos (micro mecenazgo) para la realización de un documental sobre la corrupción. Y decíamos entonces, sobre la verdadera naturaleza de la corrupción: no se trata de algo pasivo, inerte, de cuya influencia pudiera librarse el ciudadano que no quiera degradarse con estas prácticas, simplemente no participando en ellas. Por el contrario, la corrupción es, como bien dice el título del documental, un organismo nocivo, agresivamente vigilante, atento a su propia supervivencia, dispuesto a neutralizar a todo aquél que se oponga a ella. La corrupción es un enemigo viscoso, informe, peligroso.

Este primer intento de producir el documental no llegó a buen puerto por razones económicas, pero sus impulsores han vuelto a la carga una segunda vez. Aquí está la web que lo explica todo, quién participa, cómo se pueden efectuar aportaciones hasta el total necesario de 42.000 euros, las razones para hacer el documental (aunque esto se lo podrían incluso ahorrar, habría miles de ellas), cómo se difundirá, etc.

Es una iniciativa muy saludable, como encomiable es el tesón que demuestran sus responsables en conseguir finalmente que vea la luz, porque no lo hacen sin dificultades, presiones o censuras, como se recoge en esta noticia de eldiario.es.Y no solamente ellos, ayer mismo en el diario El Mundo se contaba cómo una serie de personas que han querido hacer frente a la corrupción han sufrido amenazas, insultos, coacciones y agresiones por parte de los que no quieren que nada cambie.

Aquí está el tráiler, que enlazo de nuevo y cuya visión es muy recomendable. La primera en hablar es Maite Carol. Entre 2006 y 2010 fue interventora interina del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. En 2010 denuncia las presiones del ex alcalde, implicado en el “Caso Pretoria”. A ella pertenecen los informes que alertaban de las inversiones ilegales entre el Ayuntamiento de Santa Coloma y la empresa Gramepark. Maite Carol pronuncia en el video una frase impactante: “aunque me cueste muchos sinsabores, personales y profesionales, yo no cruzaré la línea”. Es lo que yo llamo heroísmo cívico. Merece la pena apoyar a este tipo de personas, ¿no les parece?

 

 

 

Mejor plagiar que citar

A algunos “intelectuales” el verbo “citar” parece provocarles la misma reacción que el verbo “dimitir” a los políticos españoles: ¡lo último, por favor! Y seguramente por las mismas razones. En este blog acabamos de comprobar que también ocurre con algún magistrado, como Alfonso Villagómez Cebrián. Claro que, si como pasa aquí, unes las tres cosas en una -magistrado, articulista y político (en el gabinete de López Aguilar y Bermejo)- entonces todo se entiende mucho mejor.

El tema viene a cuento de un artículo de opinión firmado por este señor ayer domingo en el diario El País (aquí), acompañando a una extensa crónica de dos páginas sobre el tema de los aforamientos. Como pueden comprobar fácilmente, ese artículo plagia párrafos y frases completas del post que publiqué en este mismo blog hace casi un año (aquí).

La verdad es que la historia de la actual repercusión en muchos medios de comunicación de este asunto de los aforamientos merece ser contada, porque nos puede ilustrar sobre bastantes cosas, entre ellas sobre la repercusión del trabajo aparentemente inútil de mucha gente, para bien y para mal.

Un buen día de principios de abril de 2013 me encontré por ahí con dos amigos de UPyD, Andrés Herzog y Francisco Jerez, y me preguntaron si tenía tiempo para investigar algo sobre este tema del aforamiento en España.  A simple vista y por encima les parecía un poco chocante, y me sugirieron escribir algo sobre ello en el blog, especialmente sobre cómo se resolvía este asunto en otros países, siempre, eso sí, que considerase al final que la cosa valía la pena.

Como pueden fácilmente imaginar yo no tenía ni pajorera idea de qué me estaban hablando, y menos todavía tiempo para ponerme a estudiar un asunto tan alejado de mi disciplina. Así que por supuesto les dije que sí.

Llegué a la oficina y lo primero que hice fue mandar un email a Urbano Blanco Cea, letrado bibliotecario de la Biblioteca del Colegio Notarial de Madrid, una persona excepcional por muchos motivos, cuyo trabajo ha contribuido a convertir esa biblioteca en una de las mejores de Europa en Derecho privado (aquí). Lo envié con poca esperanza, la verdad, porque ¿qué podía tener una biblioteca de Derecho privado sobre aforamientos?

Por supuesto, tenía lo que tenía que tener, la Biblia sobre la cuestión: el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, escrito en 2009 y que cuenta con la friolera de 1077 páginas.

Cogí la moto y me fui para allá. Cargué el libro (un verdadero adoquín) y me lo leí. La verdad es que está bien escrito y estructurado, por lo que uno puede ir rápidamente a lo fundamental leyendo bastante en diagonal.

Una vez redactado el post (en el que se cita expresamente esa obra, por supuesto), se lo envié a Herzog y a Jerez, y lo publiqué en el blog. Sobre esa base ellos comenzaron a elaborar la estrategia del partido en relación al tema y a meter mucho ruido denunciado el escandaloso asunto. Pueden ver aquí la intervención al respecto de Rosa Díez en el Congreso. Es de junio de 2013. Poco a poco todos los medios de comunicación empezaron a replicarlo (aquí El Confidencial) hasta llegar a estos artículos del domingo en el principal periódico de la nación.

Todo esto es interesante porque demuestra que el trabajo serio de mucha gente (y no me incluyo yo, que hice lo más sencillo) al final produce ciertos frutos. Gómez Colomer e Iñaki Esparza dedicaron mucho tiempo a analizar científicamente un tema, a primera vista marginal, y escribieron un enorme tocho cuyo destino parecía ser una condena a perpetuidad en alguna biblioteca de universidad destinada a especialistas. Un bibliotecario especialmente competente de un Colegio Notarial ve interés en la obra y la adquiere. Unos abogados luchadores de un pequeño partido casi marginal quieren investigar y denunciar el asunto. Unos políticos de ese mismo partido arriesgan la inquina generalizada del establishment denunciando el privilegio. Y, por último, un humilde blog prende la mecha.

Que la crónica del periódico no nos cite, casi lógico, aunque al menos una referencia a UPyD hubiera sido de justicia. Pero que el artículo del Sr. Villagómez no solo no nos cite, sino que ya directamente nos plagie, parece el colmo. Habría que inventar un nuevo término –quizás espablishment– para incluir a todos esos espabilados del establishment que quieren aprovecharse hasta de la mismísima necesidad de regeneración del país para seguir viajando gratis.

Pero es que, además, resulta que esto no ocurre primera vez, por supuesto, sino que este señor ya es famoso por la liberalidad con la que plagia los post de la blogosfera. Hace apenas dos meses y medio le plagió íntegro un post a Sevach de su magnífico blog (Contencioso) y lo publicó con su nombre en el Diario La Ley. Toma esa, un señor magistrado. Siete paginitas fusiladas línea a línea. Sevach se quejó al diario La Ley en una carta que, afortunadamente, ha conservado esta página (en la red nada muere para siempre) porque él, haciendo gala de una elegancia que el interfecto a las claras no merecía, una vez que éste se disculpó borró el post de queja de su blog (aquí).

Ya advertimos que nosotros no vamos a borrar nada, porque precisamente el problema que se esconde detrás de estas conductas, como tantas veces hemos denunciado, es la absoluta impunidad. En las universidades anglosajonas te expulsan del claustro y del alumnado, en  Alemania dimiten los ministros, pero aquí los magistrados siguen copiando. ¿Por qué? Porque aquí, amigos, nunca pasa nada.

¡Ay, Derecho!: Esperanza, Thelma y Louise

Lo malo de estos pequeños incidentes es que a veces dicen mucho de nosotros. A veces más de lo que pensamos. La fuga motorizada de Aguirre creo yo que es uno de estos incidentes. Como en todos los sucesos en los que pueda haber involucrado algún interés político, por lejano que sea, las versiones son enormemente diferentes. En algunos sitios se dice que Esperanza Aguirre huyó inmediatamente, que arrolló a un guardia; en otros, que la retuvieron quince minutos, o incluso que todo es una chulería de los policías para darse importancia y hacerse una foto, y que el comunicado de UPyD, exigiendo el cumplimiento de la legalidad y el principio de igualdad de trato, es vomitivo.

Pero, en fin, tampoco hace falta dar tantas vueltas, que se embrollan las cosas. Los hechos que se conocen con seguridad son suficientes. Yo, desde luego, no tengo lo que hay que tener para parar a las cuatro y media de la tarde en el carril-bus de la Gran Vía, detrás de un taxi del que se está bajando un pasajero, e irme a sacar dinero de un cajero. Los cajeros estos se lo piensan bastante y se toman su tiempo para darte el dinero, preguntarte si quieres recibo, si vas a hacer alguna operación, etc, etc. De un minuto, nada. En un minuto no te da tiempo ni a bajarte del coche y sacar la 4B de la cartera.  Y mientras llegando autobuses y taxis tocando el claxon. Yo me pondría amarillo de tensión. Pero, claro, es que yo no valgo para político, no tengo esa capacidad de pasar de la normativa vigente, bastante severa en materia de carril-bus, aun a sabiendas de que si me pillan se va a montar gorda por ser conocido.

Ese detalle ya es de por sí significativo, porque revela capacidad para desarrollar una conducta irregular que la mayoría de la gente no tiene. Al menos en la Gran Vía de Madrid. Y es, por tanto, un mal ejemplo, lo que para una persona con aspiraciones políticas a la alcaldía, al menos como rumor, es importante.

Pero si encima después de pillarte en falta, lo que haces es irte –rápidamente o después de esperar un rato, estén abusando los agentes o no- arrollando una de las motos policiales, estás mostrando una grave falta de prudencia, muy necesaria en situaciones críticas. Y si, además, después de todo ello, cuando ocurre la previsible revolución mediática, te defiendes atacando a los agentes (“si tiene un ataque de ansiedad hay que ver si puede ser agente”), haciendo comparaciones con Bolinaga, diciendo que la moto estaba muy mal aparcada, y hablando de machismo (ver aquí y aquítambién revelas una carencia de criterio y olfato muy grandes. O quizá no, es que sabe que sus enemigos le van a atacar siempre y sus amigos le defenderán en todo momento.

Esperanza Aguirre tiene un estilo espontáneo y directo, sin pelos en la lengua, que es del agrado de mucha gente. Pero eso no es suficiente: los políticos han de tener, como figuras públicas, más respeto a la ley que los ciudadanos que han de gobernar. Y si se equivocan, han de dar también ejemplo de arrepentimiento y contrición, porque eso es también que es lo que se nos pide a nosotros.

¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?

Seguro que no poca gente se pregunta qué es lo que ocurre tras el supuesto final feliz en que acaba el drama humano de la inmigración, qué ocurre con esos subsaharianos que vemos en la televisión correr por las calles de Melilla exhaustos de alegría tras haber conseguido acceder a la Ciudad Autónoma, por fin, objetivo conseguido. Qué, en definitiva, pasa con la princesa y el príncipe del cuento tras haberse dado un beso y galopar juntos hacia el horizonte ¿Qué hay después de ese horizonte? ¿Qué es lo que esperan conseguir esas 80.000 personas que, según Delegación de Gobierno de Melilla, están esperando para entrar en la ciudad?

Pues bien, ahora que los asaltos a la valla de Melilla están tan de actualidad, quiero aprovechar este espacio para tratar de acercar al público en general, desde mi posición de magistrado que ejerce sus funciones en esta ciudad, la respuesta a la pregunta del título, que en su versión más corta se resume en la siguiente frase:

En su inmensa mayoría, estos inmigrantes acaban en la península ibérica y el resto de Europa.

Me explico.

Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura.

Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel.

Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE.

Pues bien, aquí se da la increíble circunstancia de que los inmigrantes están deseosos de estar entre esos 30 ó 50 que cada semana la policía lleva(ba) al juzgado para ingresar en un CIE ¿La razón? Pues que en Melilla no hay CIE, sino que están en su mayoría en la península (Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia), y es ahí donde quieren ir los inmigrantes. Porque no hay que perder de vista que cuando un ciudadano del África subsahariana cruza el desierto, atraviesa la selva, se enfrenta al hambre, supera enfermedades, sobrevive a los ladrones y luego tiene que lidiar con las mafias, no lo hace porque quiera ir a Melilla, no. Melilla es la seguridad, el techo y la comida, pero sobre todo, es la inminente y real posibilidad de cruzar a la Europa sin fronteras. Para qué va a querer quedarse en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados cuando tiene a su alcance todo un vasto y civilizado continente.

¿Y qué dice el juez de guardia cuando el Gobierno le pide autorización para llevarse de golpe unos cuantos inmigrantes a un CIE de la península? Lo que siempre contestamos los jueces, salvo supuestos muy excepcionales, es que adelante con el internamiento. El Gobierno desea el internamiento porque quiere asegurarse que va a poder notificar al inmigrante la resolución de expulsión, y como no tiene la certeza de dónde va a estar éste cuando termine el procedimiento, pide que quede privado de libertad para garantizar su localización y tenerlo a mano cuando, por fin, se haga efectiva su expulsión. Y los jueces de Melilla, conscientes de que esta gente no tiene arraigo alguno en España y de que van a intentar por todos los medios posibles acceder a la península y evitar su expulsión, autorizamos su internamiento en un CIE.

Para alegría de ellos, como decía.

Porque lo que ocurre, y lo que ellos saben, es que el periodo máximo por el cual van a estar en un CIE es de sesenta días, porque así lo dice la Ley. Imposible retenerlos por más tiempo. Pero sobre todo, lo que ellos saben y con lo que cuentan es que el procedimiento de expulsión no va a culminar antes de que pasen esos sesenta días. Y es verdad, es muy difícil entrar dentro de ese plazo puesto que hay que averiguar de qué país es cada uno (lo que ellos suelen dificultar mucho al venir indocumentados y/o mentir sobre el lugar de su procedencia), hay contactar con las autoridades de dicho país, esperar que éstas lo reconozcan efectivamente como ciudadano suyo y, finalmente, que dichas autoridades consientan la devolución.

Resultado: en un elevadísimo porcentaje (muy alto) transcurren los sesenta días y aún no han terminado los trámites de expulsión, por lo que automáticamente quedan en libertad, pero ya en suelo peninsular, pudiendo ir donde les plazca. Sí, siguen incursos en un procedimiento de expulsión, pero en una Europa sin fronteras y con toda una sociedad de desarrollo a su alrededor, saben que va a ser casi imposible volver a dar con ellos.

Así que, de Melilla, los inmigrantes pasan a la península, y a partir de ahí el cielo es Schengen (España, Portugal, Francia, Bélgica, Grecia, Holanda, Alemania, etc.) Y luego Europa hace oídos sordos a este problema, no se entiende.

Por eso, cuando la policía nos trae al juzgado de guardia una tacada de subsaharianos para su internamiento en un CIE, éstos, irremediable y (no tan) sorprendentemente, siempre contestan que sí a la pregunta “¿estás de acuerdo con tu internamiento?”. Claro que sí quieren que les prives de libertad, cómo van a decir que no a ir a la península con altas probabilidades, tras un periodo de confinamiento, de quedar en libertad pero ya en suelo europeo, que es lo que de verdad quieren.

Dos precisiones. La primera es que el ritmo de internamientos en un CIE había bajado mucho con la crisis económica. Antes, como decía, cada semana nos pasaban por el juzgado de guardia entre 30 y 50 inmigrantes para su internamiento. Pero de un tiempo a esta parte, como ya no hay dinero para fletar tanto avión, hay semanas que no pasan ninguno, y muchas semanas nos presentan tan sólo unos pocos.

La segunda es que eso de que los inmigrantes no se quedan en Melilla es relativo. Por lo acabado de decir, que ya no internamos (o internábamos) a tantos. Y porque, bueno, desde hace unos meses entran en Melilla a un ritmo muy elevado. Mucho. Escribo esto cuando antes de ayer entraron unos doscientos inmigrantes y hoy mismo más de quinientos, en lo que es el mayor salto a la valla de la historia de la Ciudad Autónoma. Según datos oficiales, en dos meses y medio ha entrado en Melilla la mitad de “sin papeles” que en todo el año pasado, y ello sin contar estos últimos asaltos masivos. El CETI de Melilla da cobijo ahora mismo a 1.900 extranjeros, cuando su capacidad máxima es de 480 personas, el Ejército ha tenido que montar tiendas a su alrededor para subsanar relativamente esta falta de espacio y recursos, e incluso la Cruz Roja ha visto la necesidad de levantar un hospital de campaña.

Aquí en Melilla cada vez somos más, con todo lo que ello significa desde el punto de vista social, económico y humano. Y claro, entran tantos y tan deprisa que no es posible darles salida por los trámites normales.

Así que, para paliar en lo posible esta aglomeración de inmigrantes en Melilla y las consecuencias negativas de tener a miles de subsaharianos en una ciudad tan pequeña, no sólo se ha recuperado el ritmo de internamientos en CIEs de antaño (hemos vuelto a los 50 inmigrantes por semana), sino que me consta que se están haciendo traslados de extranjeros a la península sin seguir ningún tipo de procedimiento, ni de la Ley de extranjería ni, mucho menos, judicial. Quiero decir que directamente los están cruzando a la península porque aquí no caben, y supongo, seguro que sí, que una vez allí ya se siguen todos los trámites legales correspondientes, los mismos que se hacían en Melilla, pero ahora en territorio continental. Por supuesto, que nadie dude que los inmigrantes se van encantados.

¿Y las llamadas “devoluciones en caliente”? Bien, lo que se vio por la televisión (cruzan, les abrimos la puerta de atrás de la valla, y automáticamente otra vez en territorio marroquí) y que se da dado en llamar así, no está contemplado en la Ley. Sí es cierto que existe un convenio hispano-marroquí de 13 de enero de 1992 (que entró en vigor en diciembre de 2012) por el cual Marruecos se obliga a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o Melilla desde su territorio, pero ello debe hacerse a través de un procedimiento, que aunque rápido y breve, exige el cumplimiento de una serie de requisitos tales como solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportación de datos referidos al modo en que entró y cualquier otra información sobre el mismo de que se disponga, sin que, además, se pueda olvidar cumplir con la Ley que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que estos inmigrantes pidan asilo. Entonces, cumplido todo esto, sí se puede conseguir que, de forma muy rápida y siempre que Marruecos los acepte, estos inmigrantes estén de vuelta al otro lado de la valla, un entrar y salir. ¿Cuál es la trampa? Pues que Marruecos casi nunca admite que estos inmigrantes hayan llegado a Melilla desde Marruecos (¿?), obligando a seguir los trámites ordinarios de expulsión ya señalados.

Ahora suenan cantos de sirena reformadores de la Ley, como respuesta a estos problemas. Como obra humana que es, toda ley puede mejorarse, por supuesto, y la Ley de Extranjería no lo va a ser menos. Pero me genera cierta intranquilidad que sean los titulares de los periódicos los que animen estos propósitos legislativos. Veremos a ver.

En fin, confío haber arrojado algo de luz sobre este controvertido y actual problema, que mezcla política interior, exterior y derechos humanos en un cóctel nada glamuroso.

El curioso “síndrome de Robin Hood” que afecta a algunos juristas

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.

 

Pobreza argumentativa: a propósito del artículo de un secretario de Estado

El deterioro que estamos experimentando en la calidad del debate público es cada vez más notable. Esto es así porque el debate público se sustenta en las argumentaciones sólidas, y éstas han sido sustituidas por un mal sucedáneo: las apelaciones sentimentales.

En un caso reciente el secretario de Estado para el Deporte, señor Miguel Cardenal, se valía de una tribuna en el diario El País para ilustrarnos sobre sus particulares puntos de vista en relación con un prestigioso club deportivo radicado en Barcelona.

Analicemos el artículo en cuestión. Contaba con diez párrafos:

1) El primero glosaba destacados momentos deportivos protagonizados por deportista enrolados en las filas del mencionado club vistiendo la camiseta nacional. [OK.]

2) El segundo se apoyaba en una serie de virtudes del club (apuesta polideportiva, apoyo a la cantera, defensa de la igualdad de género, impulso a la integración) para ensalzarlo y otorgarle rango de activo fundamental de eso tan amorfo y sospechoso llamado ‘Marca España’. [Bueno, vale.]

3) En el tercero el autor, encuadrado en el Ejecutivo, no olvidemos, declaraba su obligada rebeldía frente a la desmesura de unos impersonales acosos y acusaciones experimentados por un club considerado patrimonio del deporte español. [¿Cómo? ¿Qué acosos y acusaciones, exactamente? ¿Por qué es obligada la rebeldía frente a ellos?]

4) El cuarto párrafo es un autoelogio de la labor realizada al frente del Consejo Superior de Deportes. [Ruido argumental.]

5) En el quinto el autor se autoasigna encomiables méritos pro transparencia en su desempeño y formula la hipótesis de que el club en cuestión pueda ser el equipo de fútbol que más impuestos genera en el mundo.  [¿Relevancia? ¿Hay algún motivo por el que debería no serlo? ¿Dónde están los datos?]

6) En el sexto comienzan los problemas importantes. Con la manida fórmula de ‘no me corresponde opinar, pero…’, el señor Cardenal formula una serie de juicios de valor espeluznantes sobre un asunto sometido a escrutinio judicial. [Esto ya no es serio.]

7) El séptimo incluye una introducción a la fiscalidad en el ámbito de las compraventas de derechos federativos, con un guiño a lo extendido de unas prácticas concretas bajo investigación ahora. El párrafo concluye que la casuística fiscal es diversa. [Insinúo algo, pero no digo nada.]

8 ) En el octavo párrafo Cardenal lamenta la gran repercusión mediática adquirida por el caso y relaciona el asunto judicial con una tendencia española al enfrentamiento enfermizo. [¿A entre jueces y políticos, se refiere?]

9) En el noveno se especula con el grado de orgullo que en opinión del autor los españoles podemos continuar sintiendo respecto al club y, de propina, se ofrece una posible línea argumental de defensa. [¿Es ese el rol de un miembro del Ejecutivo?]

10) Como colofón se reclama la desaparición del “juicio paralelo” que se está llevando a cabo “en beneficio del deporte español”. [Por fortuna no se pide directamente la desaparición del juicio original…]

¿Qué sucede tras la publicación de la tribuna? Pues que la Fiscalía se queja y, tras el consiguiente escándalo, el señor Cardenal recalca su absoluto respeto por las actuaciones de la AEAT y de la justicia. A continuación, eso sí, se marca una ronda por distintos medios radiofónicos para hablar de cualquier cosa menos del núcleo real de su argumentación precedente.

En una democracia no debería resultar aceptable una mezcla de argumentos tan grosera bajo el puño y letra de un representante público. Cualquier guía para falacias permite desnudar la pobreza de la argumentación empleada por nuestro secretario de Estado para el Deporte en esta ocasión –aunque el ejemplo elegido podría haber sido cualquier otro–. Tampoco una reacción tan poco rotunda.

En su informe anual más reciente la singular organización estadounidense Code for America incluye una cita de Alec Ross, Senior Adviser de Hillary Clinton en la Secretaría de Estado dentro de la primera legislatura de la administración Obama.

La frase traducida viene a decir: “La tensión principal del siglo XXI no es izquierda o derecha, sino abierto vs. cerrado”. Estoy muy de acuerdo. En un artículo publicado en julio 2012 defendí un punto de vista similar, sustituyendo los términos abierto y cerrado por los sustantivos más definidos –y equilibrados–transparencia y privacidad, respectivamente.

¿Qué propicia lo cerrado? Lo cerrado, por mantenerse fuera del alcance del escrutinio público, da cobijo a un mundo opaco de justificaciones y de confusión de roles. Ahí es donde surgen esas actitudes propias de quien se cree ungido de un poder que le mantendrá indemne frente a las consecuencias de sus –bienintencionados incluso– despropósitos argumentativos.