El jurista complaciente (o nuestro hombre en el Consejo)

En el post de hoy, amigos lectores, quiero glosar un fenómeno muy nuestro y extraordinariamente castizo: el del jurista complaciente. En pocos países del mundo cabe apreciar con tal pureza de rasgos este espécimen, profundamente imbricado en nuestro hábitat partitocrático. En ¿Hay Derecho? hemos hablado hasta hartarnos de la captura de nuestros organismos reguladores supuestamente independientes por el actual establishment extractivo, y sus perniciosos efectos, pero tal cosa no sería posible sin la entregada colaboración -porque no podemos calificarla precisamente de desinteresada- del jurista complaciente. Para ilustrarlo, vamos a escoger dos ejemplos muy interesantes: el de Vicente Guilarte, actual consejero del CGPJ, y el de Fabio Pascua Mateo, Secretario General de la CNMV.

Vicente Guilarte, Catedrático de Derecho Civil, comenzó su carrera política al fichar como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad. Era el encargado de defender en los juzgados las posturas de la Corporación, impugnando resoluciones de la Dirección General de los Registros cuando convenía o defendiendo de la impugnación calificaciones registrales. Fue una época muy movida corporativamente hablando, pues la Dirección General pensaba, en su ingenuidad, que era el superior jerárquico de los funcionarios a su cargo (notarios y registradores) y que podía sancionarles cuando no obedecían sus mandatos. En fin, recordarlo hoy da casi ternura.

Bueno, el caso es que uno de los muchos sancionados fue nada menos que Enrique Rajoy Brey, un hombre muy implicado en la defensa de los intereses corporativos. El Sr. Guilarte se encarga activamente de la defensa del Sr. Rajoy y consigue levantarle las sanciones en los tribunales. Es el comienzo de una gran amistad. Sin duda complacido por su actuación, el propio Rajoy la recuerda públicamente en esta carta (aquí) enviada a todos sus compañeros en diciembre de 2013, en donde glosa la persecución a la que fue sometido y agradece “el impagable apoyo de Vicente Guilarte Gutierrez”.

Es una carta muy emotiva cuya lectura recomiendo encarecidamente. En su parte final realiza una advertencia que interesa retener por lo que luego veremos y que transcribo seguidamente: “casi nos hemos olvidado de que el riesgo que entonces estuvo a punto de acabar con nuestro status todavía permanece y no sólo permanece sino que se agranda cada día que pasa y, en lugar de aprovechar el tiempo para mejorar nuestro sistema de seguridad jurídica, para modernizarnos, para aumentar nuestra eficiencia y acrecentar así nuestro valor añadido, lo utilizamos para cazar musarañas, proponer cambios tan urgentes y candentes como la pre-horizontalidad y difundir insidiosos e interesados rumores sobre la ruina a que las reformas propuestas por el Ministerio nos abocarían o la ‘contaminación’ que implicarían para nuestra función.”

El caso es que el Sr. Guilarte, poco a poco y sin olvidar sus encargos judiciales, fue promocionado a otros menesteres. El 2012 se le incorpora al consejo de redacción de la revista del Consejo General de la Abogacía en representación de los registradores y desde allí comienza a publicar (en ese y en otros medios) una serie de artículos en defensa de la profesión (tal como él entiende la defensa de una profesión, claro, que es denigrando a las demás). Pueden leer uno de esos interesantes artículos aquí (tampoco tiene desperdicio).

Tantos méritos no podían quedar desatendidos. Si Enrique Rajoy había sido capaz de nombrar medio Ministerio de Justicia, estaba claro que podía ayudar a un amigo (y a la Corporación, claro) colocando al Sr. Guilarte en el CGPJ. Sin duda resultaba muy interesante para todo el mundo (recordemos esa advertencia sobre los riesgos para “nuestro status” y la necesidad de defender las reformas propuestas por el Ministerio). Dicho y hecho, Guilarte es nombrado consejero en la última renovación por la cuota del PP y desde el primer momento se pone manos a la obra, sin por ello dejar sus tareas anteriores, al menos las principales, pues en enero y febrero de 2014 Guilarte sigue firmando un buen número de escritos procesales en representación de los registradores (concretamente escritos de personación, lo que significa que lleva la dirección letrada en su conjunto). Suponemos que sigue cobrando por ello, naturalmente. Quizás la reforma del CGPJ propulsada por el PP -permitiendo compatibilizar la actividad de consejero con el ejercicio profesional- buscaba precisamente esto, quién sabe.

En cualquier caso, el resultado final era el previsible (al fin y al cabo para eso le han nombrado) en un frente y en el otro. En el frente de los Juzgados, ¿se imaginan la presión para un juez de Primera Instancia que tenga que decidir sobre un asunto de interés para los registradores cuando se entere que el abogado de esa parte es un consejero del CGPJ? En el frente del Consejo, se propone él mismo como co-ponente en el informe del CGPJ sobre jurisdicción voluntaria, en el que tanto interés tiene los registradores (en eso sí que se juegan el status y no en la pre-horizontalidad, como nos ilustraba Rajoy) y ya se pueden ustedes imaginar el desenlace: la propuesta de informe deja pequeños a los mismísimos artículos de Guilarte anteriormente mencionados. Y lo que te rondaré, morena. Definitivamente, nuestro hombre en el Consejo (pero todo legal, eh, aunque otra cosa es que ética y estéticamente resulte sencillamente asombroso).

Pasemos ahora al otro caso, que no es menos divertido. Fabio Pascua Mateo es Letrado de las Cortes. Comienza su andadura política en Madrid a la sombra de Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien le designa Secretario General de la Asamblea. En la siguiente legislatura la Sra. Rodríguez se va al Congreso de diputada y el Sr. Pascua continúa con el nuevo Presidente, Ignacio Echevarría. Pues bien, al poco tiempo estalla el escándalo BFA-Bankia y la oposición, en su ingenuidad y a la vista del desaguisado, quiere debatir las posibles responsabilidades políticas en las que han podido incurrir los gestores autonómicos en una comisión de investigación.

La pretensión sobre el papel parece lógica, puesto que  la Ley 4/2003 de 11 de marzo, reguladora de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid,  establece una serie de responsabilidades administrativas para quienes ostenten cargos de administración y dirección que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito,  correspondiendo la competencia para exigirla y sancionarla a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su caso, a su Consejo de Gobierno, aunque en determinados casos se requiere informe del Banco de España.

Quizás sobre el papel de la ley, sí, ¡pero menos mal que tenemos juristas complacientes para interpretarlas! Si no estaríamos perdidos, desde luego. Se encarga urgentemente un informe a la Secretaría General de la Asamblea para que emita su opinión (institucional e imparcial, naturalmente) y el Sr. Pascua se descuelga en mayo de 2012 con uno, que pueden consultar aquí, en donde afirma que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna competencia en materia de Cajas de Ahorro.

Como lo leen. Pese a que la Ley de la Comunidad de Madrid establece claramente que  el órgano responsable dentro de la Comunidad de Madrid de ejercer las funciones de disciplina y sanción es la Consejería de Economía y Hacienda, el informe supuestamente independiente, en base a argumentos de tipo formal y temporal, y con abundante retórica, afirma que el único responsable es el Estado y el Banco de España.

El informe cumplió su cometido: por supuesto que no hubo Comisión de investigación –tampoco es que hubiera servido para mucho, visto el paripé que se montó en el Congreso por el mismo tema- pero, sobre todo, el jurista complaciente es en la actualidad Director del Servicio Jurídico y Secretario General de la CNMV, de nuevo bajo las órdenes de su jefa de siempre, Elvira Rodríguez. Estamos seguros de que sus informes en ese órgano serán del mismo tipo al que ya estamos acostumbrados, para tranquilidad de su presidenta… e intranquilidad de los ciudadanos, lamentablemente.

 

Hollande y la falacia de la zapatilla

Se ha aireado mucho en los medios que el Presidente francés, François Hollande, podría haber mantenido una relación con una joven actriz y que, ante la noticia, su compañera sentimental se ha llevado un buen disgusto, hasta el punto de tener que ser ingresada en un hospital.

¿Qué juicio merece esta información, desde un punto de vista jurídico? Pues para mí no ofrecía dudas. Hace años comenté una Sentencia de nuestro Tribunal Supremo sobre un caso similar. Luego mi vida profesional ha tomado otros derroteros, pero creo que no me equivoco si digo que nuestros Jueces y probablemente también los franceses condenarían este tipo de intromisiones. La vida de un ciudadano es un santuario, que solo se puede profanar por razones poderosas, y el caso de los personajes públicos no es una excepción. Ser artista o político no equivale a una renuncia a la privacidad, salvo en la medida en que el sujeto lance, con su propia conducta, el mensaje contrario. Es el caso del famoso que vende las vicisitudes de sus amoríos. O el del político que predica un programa que luego conculca en privado.  Verbigracia, el anti-abortista que manda a su hija a Londres a interrumpir su embarazo o el revolucionario que explota a su empleada de hogar. Mas la libertad de información no es una patente de corso para husmear en cualquier aspecto de la vida de los personajes públicos. El interés público no debe confundirse con el interés o la curiosidad, más o menos sana, del público. En particular, en el caso de los gobernantes, solo está justificada la intromisión cuando el asunto que se desvela está relacionado (normalmente choca) con la tarea de gobierno del personaje en cuestión, pues de esta manera se pone de manifiesto que el tipo está engañando al electorado.

Ahora bien… ¿y si el político no ha engañado directamente a sus votantes, sino a su profesor o a su socio o, como Hollande, a su pareja? Pues me ha sorprendido la tesis de este artículo de EL PAÍS, que he leído con mucho interés. Según el autor, también en ese caso puede y debe la prensa denunciar y, lo que es más importante, debe el afectado dimitir, pues no se puede “gobernar así”. La razón sería esta: “quien engaña (…) en lo privado, ¿por qué no va a engañar en otros asuntos más o menos trascendentes?” Debo reconocer que la idea es incisiva. Si Hollande pensaba alegar que su vida sexual no guarda relación con la pública, este argumento parece desarmarle. Viene a significar: usted “es” mentiroso y si miente, lo hará en todas partes, en la cama y en la tribuna. Una vez que alguien encaja en el concepto de “tramposo”, ya no hay vuelta de hoja: esa etiqueta le persigue a todos los efectos.

El tema tiene dos vertientes: la jurídica y la política. En cuanto a lo primero, admito que de facto, hoy en día, en un mundo globalizado, es harto difícil defenderse contra este género de ataques. Para empezar, la agresión puede proceder de un país donde sea legal.  Ciertamente, el ordenamiento francés, como el nuestro, no recoge la exceptio veritatis: si la divulgación de un hecho privado es ilegítima, será perseguible, incluso penalmente, aunque el dato sea cierto. Pero en los países anglosajones sí se admite el test de verdad y será difícil que un tribunal francés, por ejemplo, pueda actuar contra un periódico británico. En cualquier caso, a través de Internet es fácil difundir estas informaciones de modo anónimo y con impunidad.  Así pues, la de la protección jurídica es una batalla ardua, si no perdida. ¿Pero y la política? ¿Debería Hollande, contrito, renunciar a su cargo de Presidente de la República francesa?

Aquel artículo lo propugna con vehemencia e invoca en su apoyo un libro del colaborador de este Blog, Javier Gomá, Ejemplaridad pública. En este sentido, presenta el caso de algunos grandes líderes (como Churchill, De Gaulle o el propio Felipe González), que reputa ejemplares. También menciona, como era de esperar, el affaire de Clinton con la famosa becaria y apunta que en aquella ocasión lo que repelía al público anglosajón no era tanto (o solo) la inmoralidad de la relación sino el hecho de que el Presidente americano la negara. De nuevo, la mentira.

Pues bien, yo también creo, como Javier Gomá, que los titulares de cargos públicos deben ser ejemplares. Aunque suene elitista decirlo, al pueblo hay que educarlo y como mejor se enseña es con el ejemplo. Ahora bien, cuando se pide ejemplaridad, a lo mejor podemos conformarnos con que el estadista tenga alguna virtud grande, que lo haga imitable. Tampoco hace falta que reúna el surtido completo, que lo lleve al Cielo. No voy a mantener que Hollande obró bien. Si quería cambiar de pareja, podía haber manejado el tempo y las formas con más tino. Al no hacerlo, se la jugado a su chica. Pero eso no significa que sea un traidor a la patria.

Comprendo que el ensanchar el ámbito de los conceptos es tentador. Esto de buscar patrones con los que clasificar la realidad es un rasgo muy humano. Hace poco tiempo leía el magnífico libro de Leonard Mlodinov, The Drunkard’s walk, que nos advierte que el ojo humano tiende a encontrar patterns donde solo hay randomness, sentido en lo que es fruto del azar. Precisamente el autor pone como ejemplo el hecho de que veneramos a muchos personajes públicos cuando lo que les diferencia de otros tantos fracasados desconocidos es solo una pizca de suerte, que les hizo ganar el Match Point de Woody Allen. He dado en pensar que hay una razón darwiniana detrás de esa tendencia: está ahí porque representa una ventaja evolutiva, porque en nuestro devenir como especie nos fue provechosa. Y, en efecto, ayer escuchaba en la radio que nos gustan los automatismos mentales por la sencilla razón de que de esa manera ahorramos energía: al cerebro le resulta menos costoso tirar de rutinas.

Ahora bien, esta afición a los atajos, a los principios mágicos que resuelven antinomias y colman lagunas, a los grandes “sistemas” (que por cierto algo tienen que ver con las religiones y las ideologías),  con ser útil, no se debe llevar al extremo. Eso es lo que llamo “la falacia de la zapatilla”. Sabido es que no es oro todo lo que reluce, ni es Cenicienta todo lo que se calza la zapatilla que apareció en las escaleras de palacio, ni deja de serlo quien no se la puede calzar. ¡A lo peor su hermanastra se ha recortado los dedos o igual Cenicienta ha engordado! Precisamente, si queremos madurar como especie, debemos poner los conceptos en cuarentena y no ser sus esclavos cuando aquellos, como tantas cosas que nos ha legado la evolución, son contra-producentes. Habría que dejar de ser Homo Conceptualis y empezar a ser de verdad más Sapiens.

Volviendo al tema, la máxima de “lapidemos (civilmente) al infiel porque nos mentirá a todos” no resiste el stress test de confrontarla con la historia. Por poner un ejemplo,  he “googleado” para saber algo de la vida privada de uno de los líderes antes mencionados, Winston Churchill. No le he encontrado renuncios en su rol de marido, pero sí en el de padre.  Se dice en esta biografía que descuidó a sus hijos. Y no en vano, de cuatro que tuvo, tres llevaron vidas torcidas: una se suicidó y dos anduvieron enzarzados con el alcohol. De haber trascendido este defecto, los británicos podrían haberse preguntado: “¿cómo va a cuidarnos quien ni siquiera saca adelante a sus propios retoños?” Afortunadamente no lo hicieron. Churchill sería mal padre, pero gobernó bien. En cuanto a Hollande, habrá que juzgarle por su desempeño en economía y política y no por sus correrías nocturnas. Más bien, cuando se pierde el tiempo con esas historias, se esconde el verdadero debate. Hay que estar en guardia contra el peligro de convertir la política en el arte de descubrirle al otro los trapos sucios de su vida íntima, que no vienen a cuento.  Si no, nos gobernará el que arme un mejor ejército de espías y cotillas, en lugar del más apto.

 

 

Flash Derecho: micro-mecenazgo para el documental “Corrupción: el organismo nocivo”

Se está desarrollando una campaña de captación de fondos para hacer un documental sobre la corrupción en España.  Nos gusta mucho la iniciativa, que estimamos muy necesaria.  Este es el tráiler:

 

Los que hablan en él retratan certeramente la verdadera naturaleza de la corrupción: no se trata de algo pasivo, inerte, de cuya influencia pudiera librarse el ciudadano que no quiera degradarse con estas prácticas, simplemente no participando en ellas. Por el contrario, la corrupción es, como bien dice el título del documental, un organismo nocivo, agresivamente vigilante, atento a su propia supervivencia, dispuesto a neutralizar a todo aquél que se oponga a ella. La corrupción es un enemigo viscoso,  informe, peligroso .

El sistema de obtención de fondos para la realización del documental es el de micro-mecenazgo, tal y como se explica en su web, de visita muy instructiva, en la cual se encuentra toda la información. Se puede colaborar económicamente desde 10 euros.  Los editores del blog hemos hecho nuestra aportación.

Una de las participantes del tráiler interventora municipal, dice que aunque le cueste muchos sinsabores, personales y profesionales, ella “no cruzará la línea”. En España se ha cruzado la línea tantísimas veces que hemos llegado a creer que no existía. Pero existe, está ahí y es el momento de repintarla.

Colaborar con lo que se pueda para la producción de este documental es ayudar a comprar un poco de pintura.

 

Un año de la tragedia del Madrid Arena

 

Hoy hace un año murieron unas chicas en una fiesta de Halloween en una tragedia no solo previsible, sino probablemente evitable. La vida de sus familias ha cambiado para siempre pero ¿ha cambiado algo la forma de hacer las cosas del Ayuntamiento de Madrid cuyo equipo de gobierno es el responsable político último de esta tragedia? Pues parece que poco.  Aparte de las dimisiones y/o ceses casi siempre ligados a las imputaciones penales (y seguidas normalmente de “recolocaciones” de los cesados o dimitidos afines o afiliados, considerados más como una especie de víctimas de la instrucción que como responsables de nada) la vida política sigue como siempre, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nadie responde  nada, ya sea –a nivel local- esta tragedia,  la candidatura olímpica, la degradación de las calles de Madrid o el último escándalo de nepotismo o corrupción.  En España no se depuran más responsabilidades que las penales y eso con mucha suerte y muy tarde, aunque eso sí, se montan hasta Comisiones de Investigación supuestamente para depurarlas. Como en este caso.

Aquí tienen un resumen de las comparecencias que se permitieron (el PP vetó muchas otras pedidas por la oposición pero que podían resultarle incómodas)   donde la tónica general fue la autoexculpación y el echar balones fuera. La conclusiones finales también se las pueden imaginar  Aquí tienen el dictamen de la Comisión. 

Por si los lectores no tienen paciencia para leer todo el documento, les copiamos algunos párrafos que no tienen desperdicio: “La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena puesta de  manifiesto en la Comisión de Investigación ha sido la intolerable e  injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores,  propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo  máximo permitido en el recinto del Madrid Arena. Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente.  Así, se produce una trágica situación que se debió también, de acuerdo con los testimonios recabados en la Comisión, al incumplimiento por parte del personal de la empresa Kontrol 34, contratado por Diviertt, S.L, de su deber a la hora de limitar la circulación de los asistentes entre los diferentes niveles del recinto.”

Es decir, menos mal que hemos encontrado el chivo expiatorio perfecto. El Ayuntamiento dueño de las instalaciones y de la empresa pública que le contrató  no tiene nada que ver, ya nos aclaran que “El pabellón Madrid Arena lleva funcionando más de diez años, y en todo este tiempo se han celebrado eventos muy diversos, muchos de ellos de similares características al del 1 de noviembre objeto de esta Comisión. Estos datos avalan la seguridad de la instalación, pero es obvio que en esta ocasión algo falló.”  Y tan obvio, nada menos que cinco chicas muertas.

Por supuesto, toda la contratación era legal.  “A estas alturas se ha demostrado que las cláusulas del contrato eran las correctas. También sabemos que se habían previsto los correspondientes procedimientos de seguridad, y que los servicios de emergencia del Ayuntamiento desarrollaron su labor con eficacia una vez tuvieron conocimiento de lo sucedido.”

Es decir, todo se hizo dentro de la legalidad más absoluta, pero como es evidente que algo falló –más bien todo- hay que concluir la culpa fue del malvado empresario en solitario.  Claro que entonces no se entienden mucho las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación para que una tragedia así no vuelva a suceder, ni siquiera la de destituir a los gestores de Madridec que, aunque contrataron legalmente a la empresa de Miguel Angel Flores, algo debieron de hacer mal. Hasta tenemos un responsable político, el Concejal D. Pedro Calvo que era el superior de los gestores de Madridec -aunque en realidad no mucho, porque no tenía funciones ejecutivas- pero cuya autoexigencia ética le lleva a dimitir sin que eso tenga nada que ver por supuesto con que el Juez de Instrucción le haya imputado. Suponemos que a estas alturas la música y la letra de este dictamen de la Comisión de investigación ya les sonará, es una especie de cuadratura del círculo muy parecida a la del Gobierno cuando elabora medidas de regeneración para una corrupción generalizada que supuestamente no existe y que tampoco le afecta en absoluto. Resulta bastante esquizofrénico.

Por si creen que estamos exagerando transcribimos literalmente la lectura del apartado de las conclusiones sobre las “responsabilidades políticas” del caso. “La gravísima conducta del promotor del evento como causa de la tragedia no puede ser, en modo alguno, un motivo para sortear la responsabilidad de Madrid Espacios y Congresos, S.A., la empresa municipal que contrató al citado promotor. Responsabilidad asumida sin ambages ni excusas con la dimisión del Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, don Pedro Calvo Poch, era el más alto cargo del Ayuntamiento de Madrid – si bien sin funciones ejecutivas ni de gestión- en la citada empresa municipal. Dimisión que responde a la exigencia ética a que nos debemos los responsables políticos en el ejercicio de nuestra misión de servicio a los ciudadanos”  Además de a la autoexigencia ética, la dimisión parece que tiene que ver con su imputación por el Juez de Instrucción  y no le ha costado mucho -dinero al menos- dado que sigue a sueldo del grupo parlamentario municipal.

El dictamen sigue explicando que “Asimismo, las responsabilidades se han sustanciado en la destitución del Consejero Delegado de Madrid Espacios y Congresos,  S.A., don José del Rivero, y del Gerente de la misma empresa municipal,  don Jorge Rodrigo. Independientemente de que los procedimientos utilizados por “Madrid Espacios y Congresos, S.A” fueran legales, que lo fueron a la luz de lo acontecido y declarado en la Comisión de Investigación, este Grupo Municipal entiende que los espacios públicos no deben utilizarse para macroeventos como el de la madrugada del 1 de noviembre. Como ha declarado ya la Alcaldesa, nunca más van a tener ese uso”.

Es decir, el concejal políticamente responsable que dimite por vergüenza torera y no por haber sido imputado no tiene ningún tipo de función ejecutiva ni de gestión en la empresa a cuyos responsables también se les destituye pese a haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber firmado un contrato perfectamente correcto con el responsable directo del desastre. Y como corolario, ya no se alquilan más los recintos municipales para este tipo de eventos, que así lo ha decidido la sra. Alcaldesa sin necesidad de modificación normativa, procedimiento o votación alguna, que para eso es la que manda. ¿Alguien entiende esto?

Pero en fin, diga lo que diga una Comisión de Investigación controlada por el partido al que pertenecen los investigados, detrás de lo que ocurrió en el Madrid Arena no hay fenómenos naturales e inevitables, sino una serie de fallos humanos y muy previsibles, incumplimientos flagrantes de la normativa aplicable, amiguismo, desorganización y por tanto muchas responsabilidades de todo tipo, administrativas, judiciales y por supuesto políticas. Las penales ya se están investigando aunque la tradicional lentitud de la Justicia española. Según esta noticia, la causa puede alargarse todavía otros dos años. Hay 24 imputados,  entre ellos una docena de cargos del Ayuntamiento. Las imputaciones se deben a las negligencias municipales, tratos de favor a la empresa de Miguel Angel Flores y el descontrol en el área de seguridad de Madridec como responsable del recinto y en general en el área de Seguridad y policía municipal.  Nada de eso aparece  en el informe elaborado por el Ayuntamiento y en el  dictamen de la Comisión de Investigación tienen como finalidad principal exculpar a los posibles responsables, particularmente a los dirigentes políticos y elegir un culpable, en este caso el muy adecuado “empresario de la noche” Miguel Angel Flores,( que por cierto era íntimo amigo del vicealcalde, cesado a consecuencia de estas amistades peligrosas pero que sigue también como concejal.  No es sorprendente, dado que para esto, para ocultar y no para investigar es para lo que sirven en general las Comisiones de Investigación en España,  

Como comentamos en este post en este caso prácticamente no se cumplió ninguna norma ni de contratación, ni de seguridad ni de espectáculos públicos, ni de urbanismo, ni de nada. Solo de forma secundaria y una vez conseguida la principal finalidad exculpatoria se proponen medidas para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a suceder. Lo más curioso es que muchas de estas medidas ya están en la normativa vigente e incumplida, como las que prohíben superar en un recinto un determinado aforo. Da igual, se proponen otra vez. Nunca hay consecuencias graves –salvo las muy lejanas en el ámbito penal- para los que pudieron impedir los hechos por el sencillo expediente de exigir o garantizar que se cumpliera la normativa en vigor. Normativa cuya finalidad es precisamente evitar que se produzcan este tipo de catástrofes. Porque es importante recordar que el cumplimiento de las normas, fundamento básico de un Estado de Derecho también está para impedir desastres como estos. El que haya cargos públicos que incumplan la Ley o permitan que se incumpla a veces tiene también este tipo de consecuencias. Y que una tragedia como ésta salga tan barata en términos políticos en España da mucho que pensar.

Las “novatadas” universitarias: ¿rito de iniciación o gamberradas puras y duras?

El antropólogo francés Arnold Van Gennep definió, a principios del siglo XX, los “ritos de paso” señalando que, en su desarrollo social, un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones personales -entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer o pasar a pertenecer a un grupo social, entre viajar por el mundo o a la guerra y retornar a casa-, en las que se celebraban tradicionalmente determinados ritos. En las sociedades no industrializadas, tales ritos de paso constituían un componente esencial de la vida social, de modo que los cambios y peligros que suponían las transiciones humanas se celebraban no individualmente, sino de forma grupal y comunitaria.

Para Van Gennep, uno de los ritos de paso más importantes eran los “ritos de iniciación” que, en muchas sociedades, escenificaban el paso de la condición infantil a la adulta. En las sociedades antiguas, los ritos de iniciación tenían mucho que ver con la resistencia del cuerpo humano y con la madurez física, y se superaban habitualmente con determinadas marcas corporales (cicatrices, mutilaciones rituales, etc.), que manifestaban el tránsito del individuo a la edad adulta, reconociéndole a partir de ese momento los demás adultos como un igual. En las sociedades modernas, el ritual iniciático ha ido perdiendo paulatinamente importancia individual y social, y sólo ha pervivido como parte del protocolo de acceso a determinadas sectas, sociedades secretas y otro tipo de organizaciones como la masonería, las órdenes aristocráticas o militares, y los clubes rotarios y otras entidades filantrópicas o similares. Y en España, desaparecido ya por Ley el servicio militar obligatorio (la famosa “mili”), poco ámbito público o social queda ya para bromas o ritos iniciáticos generalizados, salvo el ámbito universitario en determinadas ciudades del país, como vamos a ver a continuación.

Van Gennep

Las conocidas “novatadas”, entendidas como el periodo de bromas con que se recibe a los nuevos estudiantes en las Residencias y Colegios Mayores -y también en algunas Facultades o Escuelas Universitarias- de muchas ciudades españolas, han querido ser identificadas por sus defensores, que son bastantes, como uno de esos tradicionales ritos de iniciación. Y lo cierto es que un periodo de novatadas relativamente breve y dirigido por un grupo de veteranos ingenioso, y que no traspase la delgada línea roja de la humillación personal o los castigos físicos a los novatos, puede sin duda contribuir a todo lo que sus numerosos defensores argumentan: facilitar el conocimiento, la integración y la cohesión de los diferentes estudiantes de una ciudad universitaria. Aquí tengo que dejar claro, como padre de dos estudiantes que viven en un Colegio Mayor de Madrid, que éste se ha mostrado siempre muy estricto en el control de las novatadas a sus residentes, y que buena parte de las bromas que han recibido mis hijas en el entorno de la Ciudad Universitaria (pues suelen hacerse en la calle, o en parques cercanos) han sido ciertamente graciosas, de esas que crean una verdadera y sana camaradería entre los estudiantes.

Pero todos sabemos que, a pesar de estar oficialmente prohibidas en Estatutos y Reglamentos universitarios, las novatadas se repiten todos los años y que, en determinados casos, caen en excesos poco presentables, generando situaciones de violencia, acoso, maltrato y humillación que van mucho más allá de unas simples bromas iniciáticas o integradoras de un joven grupo de estudiantes recién llegados. El pasado día 13 de septiembre saltó a los medios de comunicación que cuatro estudiantes veteranos habían sido expulsados temporalmente de un Colegio Mayor de Madrid por realizar novatadas vejatorias a los nuevos residentes de su centro. Tales novatadas fueron grabadas por una cámara oculta de Antena 3 Televisión, y en las imágenes aparecen algunos de ellos golpeando y obligando a beber directamente de varias botellas de bebidas alcohólicas a un grupo de aterrorizados novatos, uno de los cuales acabó en el hospital con un coma etílico. Debemos recordar, como aviso para aquellos “listos” a los que se les suele ir la mano en estos temas, que nuestro actual Código Penal castiga en su artículo 173.1 con la pena de seis meses a dos años de prisión, bajo el título “de las torturas y otros delitos contra la integridad moral”, al que “infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”. O sea que, según nuestras leyes penales actualmente vigentes, en aquellos casos especialmente graves y que se puedan demostrar, la cosa no va de broma….

Y ustedes se preguntarán: ¿por qué unos hombretones hechos y derechos soportan esas vejaciones que aparecieron en televisión y no se niegan rotundamente a participar en ellas? La explicación está en la convivencia posterior en sus Residencias o Colegios Mayores. Los novatos que se encierran en su habitación y se niegan a participar en las novatadas saben que sufrirán un peculiar “bullying” durante el resto del curso, y experimentarán una situación de exclusión y aislamiento social total respecto de sus compañeros que sí superaron el “rito iniciático” impuesto por sus veteranos. Ante este preocupante panorama, la gran mayoría opta por soportar cualquier cosa durante un mes o mes y medio esperando que llegue pronto la “fiesta del novato” (se celebra entre finales de septiembre y mediados de octubre), que marca el fin oficial de las novatadas y de su particular pesadilla. Pero algunos no pueden soportar la presión y abandonan precipitadamente su Residencia o Colegio Mayor, con el consiguiente disgusto de sus familias que no saben qué hacer con un estudiante que está comenzando, con no demasiado buen pie, su nueva vida universitaria. Aun así, el número de denuncias en esta materia es prácticamente inexistente.

En definitiva, esta historia de las novatadas, y pese al esfuerzo -que me consta- de los órganos de dirección de la mayoría de Colegios Mayores y Residencias Universitarias, al practicarse mayoritariamente en la vía pública, depende del buen o mal sentido y responsabilidad de muchos veteranos. Los hay con un gran sentido del humor que organizan bromas o actividades lúdicas ciertamente graciosas en las que los chicos y chicas se conocen, se integran y lo pasan realmente bien, generándose entre ellos esa especial clase de amistad que surge entre personas que viven algunas dificultades en común. Y en otras ocasiones aparecen en escena auténticos y auténticas psicópatas, que llevan años esperando hacer pasar a los demás lo que algún día sufrieron, siendo hasta capaces de anticipar su vuelta de las vacaciones de verano para amargar la vida a los novatos, y convirtiendo lo que podría ser un divertido rito de iniciación en una patochada descerebrada carente de sentido.

Al final, lo que sucede en esta materia no es más que un fiel trasunto de la vida misma, en la que, junto con personas normales, respetuosas y de buen humor, uno puede encontrarse individuos crueles o desequilibrados a la vuelta de cualquier esquina. Siendo positivos podríamos concluir que aprender a “torearlos”, dentro de unos límites racionales, puede formar parte también de la formación vital de un joven universitario, aunque en los tiempos actuales, en los que se ha desarrollado una importante sensibilidad social frente a todos los tipos de maltrato, las novatadas, que tienen su origen hace siglos, no pueden considerarse una tradición socialmente aceptable. Recientemente ha surgido una Asociación, denominada muy gráficamente “No Más Novatadas” , que trabaja para apoyar a los afectados y para exigir el cumplimiento de las normas y de los principios éticos que deben presidir la convivencia universitaria.

 

Una juez responde al artículo de Almudena Grandes sobre la Juez Alaya.

A propósito del artículo de Almudena Grandes, titulado “La mujer perfecta”, sobre la Juez Alaya, publicamos esta carta abierta de una juez, Gemma Vives.                                                                                                                                                                                                                            
A veces una anécdota puede ser reveladora. Zanjo desde ahora el posible debate acerca de la libertad de expresión y derecho a la información, por obvio y trillado. Y lo digo porque paso a responder, a reaccionar o a comentar, como ustedes prefieran, la columna de opinión de Almudena Grandes, a propósito de la juez Alaya, denominada asimismo “la juez de los ERE”.

No está en mi intención rebatirla, Sra. Grandes. Ni posicionarme en un casposo corporativismo. Eso apestaría, y además, si un mal tiene mi colectivo es su división interna y la ausencia de empatía entre nosotros cuando hay que sacar las castañas del fuego. O de la prensa.Ni siquiera pretendo solidarizarme con la maltratada compañera, que a estas alturas del desfile mediático, no lo necesita ya.

Está en mi intención aclararle un par de asuntos, en el bien entendido de que –como periodista profesional- tomará usted nota, si a bien lo tiene.

La confusión de su artículo pasa por haber mezclado dos aspectos que nada tienen que ver el uno con el otro. La juez Mercedes Alaya es mujer. Y la juez Mercedes Alaya es juez. Quiero decir: ella no puede evitar ni una cosa ni la otra. Le viene dado. Como dado le vino el caso que investiga. No elegimos los asuntos que investigamos. Estamos obligados por ley a aceptarlos si proceden del reparto general, de una guardia en particular o de una pieza separada que a su vez puede desembocar en un racimo letal (como le ha sucedido al colega José Castro con lo suyo).

Dicho lo cual, su artículo da para otros tantos artículos. Hay un doble fondo en él. Doble y peligroso. El que se lee y el que se adivina. El ataque inopinado aparentemente se queda en el vestidor de la juez Alaya. Pero dispara contra algo mucho más grave: su independencia. En suma: la juez Alaya es un incordio.

Podría quedarme en el calificativo leído últimamente (a propósito de su columna) de las mujeres machistas y demás. No entraré en ello. Allá cada cual, máxime si es un difusor de opinión en los medios de comunicación, con sus tendencias o creencias. No me entretendré calificando palabras ajenas.

Sin embargo, me llama la atención que usted afirme, rotundamente, que una mujer que cambia cada día de atuendo, hierática, casi cual estatua de sal, sin traslucir estado de ánimo alguno, no es de fiar. Bueno, también allá cada cual con sus cuestiones de confianza.

Veamos, Sra. Grandes. Ahí le ha dado usted con insana puntería a la compañera (que lo es también suya por ser mujer, no lo olvide). Ha sacado usted, creo que premeditadamente, lo de qué modelo de juez (¿jueza?) queremos. Es curioso. Un sencillito repaso a la Constitución la pondrá a usted en órbita. La justicia emana del pueblo soberano. Lo que no detalla la Constitución es que si quien se halla investigando es el juez Castro, el paseíllo diario hacia su juzgado carece de relevancia estética (lo mismo que si sube las escaleras de la Audiencia Nacional el compañero Pablo Ruz y le aseguro que ambos acuden cada día al trabajo) pero si quien arrastra su maletilla de expedientes enormes es una mujer, pongamos por caso, la juez Alaya, la cosa cambia.

Y, de verdad, ¿cambia algo, Sra. Grandes? Pues no. Cambia su percepción. Cambia la cicatería con la que se la escruta y juzga. A ella, a la mujer, y precisamente por ser juez (¿o por ambas cosas?). Entonces, dígame usted qué modelo de juez ad hoc prefiere (cuando quien investiga pertenece al sexo femenino). Deduzco que, entonces, clama usted por una juez que, a su paso, entre micros que la acechan, llore cuando se siente enferma, grite cuando se encuentre desesperada, incluso se rasge las vestiduras (esas que a usted le desagradan tanto) cual folklórica a las puertas de su propio Juzgado. Como en la tele, ¿no? Pan y circo.

Sra. Grandes…un juez (¿una jueza?) es un profesional que ejerce la autoridad del Estado. Huelga decir, aunque usted desconfíe y porfíe, que sentimos, lloramos, nos desesperamos. Tenemos hijos, divorcios, enfermedades y agobios, dolores e incluso vamos de compras. Y esto último nos encanta. ¿Sorprendida?

Le pondré un ejemplo de los fáciles, para no enredar más. Un médico (¿o una médica?)…si llevara entre manos un caso mediático (es decir, el paciente lo es, el médico, no)…. ¿sería juzgado por no mostrar públicamente su ansiedad o cansancio? ¿Le pondrían ustedes en el punto de mira por entrar maqueado (disculpe el vocablo tabernario) y con traje en el Hospital o acaso prefiere un médico con ropa deportiva porque le inspira confianza?

¿Capta lo ridículo del caso? Seguro que sí. Pues ni aún con un ejemplo tan básico, el supuesto no es el mismo. Porque aun cuando el médico y la juez (¿jueza?) son dos profesionales de quienes se espera lo mejor de su conocimiento y virtud, la segunda ejerce en nombre del Estado y el primero no ejerce autoridad estatal alguna. Con lo cual, fíjese qué disparate. Que pudiendo informarse de lo que supone una causa con centenar de imputados y perdí la cuenta de los testigos, se fije una en los vestidos de la juez, en el carrito de la juez y en que, al cabo, la juez no inspira confianza porque no la ven destrozada cuando acude a su trabajo. La verdad es que como artículo de opinión, la cosa no tiene precio.

Titula su artículo “La mujer perfecta”. Y me pregunto qué cosa es la que le ha dado tanta rabia a usted. Acaso ver a la juez infartada o deshecha, ¿cambiaría su parecer? O acaso nos está usted diciendo, a las claras, que los jueces tenemos todos que pasar por el patrón de la España rancia, desgarrada y dramática para inspirar confianza?

Afortunadamente, la colega Alaya, a quien no tengo el placer de conocer, sigue haciendo a diario su entrada (no tiene otra puerta por donde hacerlo, oiga, tampoco es culpa suya) con la máxima dignidad de la que es capaz. Ah…y desde el jueves, con escolta policial. No, no sufra. No le han puesto escolta por si le manchan su vestido de colores. Se la han puesto por si acaso alguien le parte la cara. Esa cara sin gesto que a usted la desasosiega tanto. Y le han asignado escolta no porque el CGPJ, o esa Fiscalía a la que usted alude como garantes de la ley, lo hayan pedido. Lo han pedido sus propios colegas de partido judicial, a quienes, por lo visto, les importa más que Mercedes Alaya salga viva de este trance, que su vestidor. Calculo yo que no debe ser un plato de gusto desayunarte cada día con calificativos como “franquista, pepera, lechera, gorda, fea”.

Confíe, Sra. Grandes. A mi colega, eso, no le hace mella alguna. Duerma tranquila. Me apuesto un vestido (de los buenos) a que no. Pero la marca que le va a quedar tras la exposición pública y el desgaste profesional que lleva en absoluta soledad, asimismo me juego otro vestido (de los baratos) a que le pasarán una alta factura.

La confianza pasa por el trabajo bien hecho, aunque el trabajo de mi colega Alaya pasa por poner al aire las vergüenzas de algunos que, presuntamente, se llevaron dineros de donde y adonde no debían. Créame. Para investigar semejante trama, no hay vestido que te ampare. Ni vestida como La Dolorosa se podría digerir.

Claro, que cabe también que sea esa trama la que a usted le ha dolido.

Yo también soy mujer y juez (¿jueza?) y entro en mi juzgado cada día por la misma puerta. Y, ¿sabe cuál es mi lema? salir llorada de casa, como me decía mi abuela.

Ay…la perfección…dicen que Nietzsche dijo, y dijo bien, La mujer perfecta es un tipo humano superior al varón perfecto, pero también es un ejemplar mucho más raro.

De nada, Sra. Grandes. Estoy convencida que, en realidad, lo que a usted le importa es la independencia judicial y este artículo que escribió solamente era para despistar.

Ha sido un placer.

Botín para Rato

La contratación de Rodrigo Rato como miembro del consejo asesor internacional del Banco de Santander, sumada a la contratación realizada unos meses antes por Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica,  ha generado una gran polémica en las redes sociales y en algunos medios digitales (aquí y aquí) aunque muy escasa -era tristemente previsible- en nuestra muy endeudada prensa en papel. Sobre este tema del revolving door en España y de la connivencia entre sus élites políticas, financieras y empresariales, hemos escrito mucho en este blog (aquí y aquí, por ejemplo). Es más, la contratación de Rato por Telefónica ya fue comentada en un post de enero de este año. Sin embargo, hoy no quiero tratar el asunto desde el punto de vista del ciudadano, es decir, analizar la forma en que los políticos chulean a sus representados en su propio beneficio (el “botín para Rato”), sino desde la perspectiva del accionista de Telefónica o del Banco de Santander, es decir, de la forma en que los consejeros de las grandes sociedades se ríen de sus representados en su propio beneficio (el “Botín para rato”). En definitiva, un análisis desde un punto de vista más mercantilista, como corresponde a la vocación jurídica de este blog. Lo que ocurre es que, anticipando un poco la conclusión, al final ambos temas inevitablemente vuelven a confluir, lo que explicaría a la postre el sincrético título escogido para este post: “Botín para Rato”.

Contratar como asesor a una persona cuya deficiente gestión en el mismo ramo de negocio ha costado 20.000 millones de euros al contribuyente, ha arruinado a miles de pequeños inversores, ha supuesto el despido de cientos de trabajadores y le ha valido a él una imputación penal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios varios… no es normal. Cabe presumir que su asesoramiento será erróneo y técnicamente deficiente, pero aunque fuera tan certero como el de Casandra, se mire como se mire su contratación supone un importante coste de imagen para la compañía. La explicación de que ha sido el mejor ministro de economía de la democracia resulta a estas alturas casi obscena, más o menos al mismo nivel que invocar su imborrable recuerdo en el FMI con dimisión anticipada incluida. Si se preguntase a los accionistas y clientes del Banco de Santander, su respuesta sería evidente: esa contratación les produce vergüenza propia y ajena. Cualquiera de ellos, dentro o fuera de España, podría preguntarse: ¿Qué sentido tiene gastarse miles de millones de euros de los accionistas en la Fórmula 1, cuando esa simple noticia en los medios nacionales e internacionales vuelve a colocar al Banco de Santander, no como el banco moderno, cool y globalizado que aspiraba a ser, sino como el banco rancio y casposo que sospechábamos que era?

En consecuencia, esa contratación sólo puede tener dos explicaciones:

a)      Los intereses personales del Sr. Botín, divergentes de los del banco.

b)      Los intereses espurios del banco, es decir, el banco agradece a los políticos los favores irregulares que se le hacen, cualquiera que sea la circunstancia.

Analicemos ahora la primera posibilidad. Es obvio que al Sr. Botín le preocupa muy poco la deficiente imagen moral que ofrece a la sociedad española (aunque lo cierto es que la “miseria moral”, el “ejemplo”, y la “asunción de responsabilidad” sí parece que le preocupan mucho a su hermano Jaime, aunque no sé si de esto hablan en casa y si, de hacerlo, sacan alguna conclusión). En cualquier caso, si el escándalo de los 2.000 millones de euros de la familia ocultos en Suiza, el caso Sáenz y su millonaria jubilación a costa del accionista pese a su condena en firme, y la contratación de Rato –entre otros asuntos menores- no le preocupan en absoluto, es porque no sufre ningún coste personal por ellos. Su puesto como presidente del banco está totalmente a salvo, de hecho ni se pone en cuestión. Como se ha observado por psicólogos e historiadores desde la caída de la República romana, esta invulnerabilidad frente a la responsabilidad es lo que explica el comportamiento despótico, y la consiguiente desvergüenza o indiferencia ante la opinión ajena (Tiberius ad Tiberim).

El blindaje de los consejos de las grandes sociedades cotizadas frente a sus accionistas es un tema tan clásico en el Derecho Mercantil que hasta aburre traerlo a colación. Pero sin duda aquí está la clave del asunto y conviene hacer alguna referencia al respecto.

Con el fin de salir al paso de este problema de falta de responsabilidad, por un lado, y de hacerlo de la forma menos intrusiva posible para conceder a las entidades la flexibilidad más adecuada a sus circunstancias, han proliferado en los últimos años informes y recomendaciones de gobierno corporativo. En nuestro país terminaron cristalizando en el Código Unificado de Buen Gobierno, que carece de valor normativo alguno y que constituye un mero compendio de recomendaciones dirigido a las sociedades cotizadas. No es que sea precisamente el Código de Draco –más bien es extraordinariamente “prudente”- pero contiene una serie de recomendaciones muy elementales entre las que podemos destacar, por ejemplo, la siguiente:

“32.- Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales.”

Este tipo de recomendaciones –en realidad otras mucho más serias y rigurosas- se cumplen en otros países porque allí las sociedades cotizadas operan en mercados transparentes firmemente controlados por reguladores independientes y en los que el público inversor no tolera la más mínima tontería. De hecho, es que no necesitarían ni la recomendación 32, porque en ese caso, ya sea por la presión del regulador o por la de accionistas y clientes, el consejo de turno se cuidará muy mucho de reírse del público.

Aquí, sin embargo, a la vista de que pese a la blandura del Código Unificado ni se le tenía en cuenta, se propuso por parte de la doctrina mercantilista convertir al menos algunas –sólo algunas- de las recomendaciones en obligaciones, es decir, en normas imperativas. El primer intento al respecto surgió de un conjunto de catedráticos en el seno de la Comisión General de Codificación a través de lo que se denominó una Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, en el año 2002. Entre otras propuestas interesantes podemos destacar la de limitar la edad de consejero a los setenta años, el número de consejos a los que se puede pertenecer a tres, hacer incompatible la presidencia de consejo con la de consejero delegado, etc. Como se pueden ustedes fácilmente imaginar, la propuesta no llegó a convertirse ni en Anteproyecto de Ley. Quizás podía ser muy interesante para inversores y accionistas, pero muy poco para los gestores instalados en las sociedades cotizadas que, vaya por Dios, son con los que los políticos se reúnen en el palco del Bernabéu y en los aviones privados que vuelven de Buenos Aires.

Ahora los catedráticos han vuelto a la carga –hay que reconocerles moral, como mínimo- en el actual Proyecto de Código Mercantil. No es que se atrevan tampoco con un trasvase completo y riguroso del CUBG, pero si recogen bastantes de sus proposiciones en forma de limitaciones y prohibiciones. Entre ellas destaca el citado límite de los tres consejos -aunque ya no el límite de edad (a la fuerza ahorcan)-, un régimen mucho más riguroso y serio de los consejeros independientes, expresa previsión estatutaria y mayoría cualificada para la acumulación de cargos, limitaciones a la remuneración, etc.

Me atrevo a aventurar que las posibilidades de este último intento –pese a su moderación- se aproximan mucho a las del anterior. Los Consejos de las sociedades cotizadas quieren seguir haciendo lo que les da la gana, y como a los políticos les pasa lo mismo -y, además cuando se jubilan quieren terminar en uno de ellos- ésta feliz confluencia de intereses garantiza que habrá Botín para rato (hasta los noventa y más allá) por un lado, y botín para los Ratos de turno, en forma de cargos y prebendas, por el otro.

No dudo que algo de la posibilidad b) también puede existir (Botín está premiando los favores que los políticos hacen al banco) y sin duda existe –basta contemplar la reticencia con la que se abordan en este país soluciones que contribuyan a aligerar de verdad la carga de los deudores hipotecarios y de los estafados por productos complejos y tóxicos, a diferencia de lo que ocurre en otros. Pero no seamos ingenuos: allí donde no existen instrumentos efectivos de exigencia de responsabilidades es totalmente imposible que nadie vele por intereses diferentes de los propios. Los intereses ajenos (del banco) se comparten cuando confluyen, y cuando no se desprecian. Éste de Rato es un caso más.

Por curiosidad, y reconociendo que es sólo una afortunada casualidad, ¿saben quién era ministro de Economía en 2002, cuando Emilio Botín cumplía 68 años y se presentaba la Propuesta de Sociedades Mercantiles que se decidió no convertir ni en Anteproyecto?

Sí, do ut des: Rato para Botín, y en justa reciprocidad, Botín para Rato.

La Comisión para la verdad y la regeneración ¿Un informe Nolan para España?

Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado jueves por nuestra coeditora Elisa de la Nuez en el diario El Mundo, en el que defiende la conveniencia de impulsar en España una Comisión de análisis de los males de nuestro sistema democrático al estilo de la realizada en el Reino Unido a mediados de los años noventa y que cristalizó en el informe Nolan. Si tienen interés por conocer el contenido de dicho informe pinchen aquí.

 

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Tal y como suele suceder en la vida, volvemos de vacaciones y seguimos con los mismos problemas políticos e institucionales que teníamos cuando nos fuimos. La clase política, encabezada por el Presidente del Gobierno, sigue empecinada en negar que nos encontramos ante el final del régimen iniciado en la Transición, que ya no es capaz de dar satisfacción a las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos españoles aquí y ahora. Muy especialmente a las nuevas generaciones que, habiendo nacido después de la Transición, son inmunes al discurso oficialista sobre las bondades del sistema, y perciben con claridad sus limitaciones, especialmente en comparación con otras democracias maduras donde ya viven bastantes jóvenes españoles.

Ante esta situación y siendo evidente que los viejos partidos políticos todavía mayoritarios no están por la labor de hacerse el harakiri despojándose en beneficio de la sociedad del enorme poder alcanzado (ni siquiera por la vía más modesta de reconocer las dimensiones del problema por ser muy difícil ver algo cuando tu interés depende de no hacerlo) ¿qué soluciones hay? No es una pregunta retórica, dado que este bloqueo institucional está generando una frustración enorme en la ciudadanía que puede tener consecuencias muy graves no solo a corto plazo y para los viejos partidos, sino en el medio plazo y para la democracia. Urge recuperar la confianza de los españoles en una democracia que, por maltrecha que esté, nos ha dado la época de más prosperidad y estabilidad de nuestra historia. Pero también parece claro que las iniciativas de regeneración serias –más allá de las maniobras de distracción de un Gobierno que se niega a asumir responsabilidad alguna por el caso Bárcenas- solo pueden surgir de la sociedad civil. El problema es que, más allá de la concienciación de la opinión pública sobre su necesidad y urgencia, es precisa la colaboración de los políticos para  su implantación efectiva.

El domingo pasado el director de este periódico hablaba de la necesidad de promover una “Comisión para la Verdad y la Regeneración” para intentar superar este bloqueo. Sugería también que esta Comisión, con base parlamentaria pero con participación externa para reforzar su credibilidad, podía funcionar en paralelo con un Gobierno  centrado en combatir la crisis económica. Vaya por delante que soy de los que piensan que es imposible un crecimiento sostenido sin una regeneración institucional profunda, una transformación de las reglas de juego para recuperar los principios del mérito, el esfuerzo y la capacidad y una reforma del Estado de las autonomías que lo haga viable  política y económicamente. Así que no soy partidaria de esta dualidad un tanto esquizofrénica .  Pero lo cierto es que el Presidente del Gobierno no parece dispuesto a dimitir, ni su partido a reemplazarle por otra persona  que no esté tocada por el caso Bárcenas –como podría hacer perfectamente desde un punto de vista jurídico- ni tampoco quiere adelantar las elecciones, dada la elevada posibilidad de perder muchos votantes. Tampoco la oposición parece tener ganas de plantear una moción de censura que perdería, y nuestros socios y acreedores están más interesados en recuperar su dinero que en la calidad democrática de nuestras instituciones, seguramente porque piensan,  no sin razón, que este es un problema doméstico.

Por tanto, siendo prácticos, creo que merece la pena analizar la propuesta de una Comisión  para la Verdad y la Regeneración capaz de realizar una  “auditoría democrática” y proponer las medidas necesarias para transformar nuestra actual partitocracia en una democracia madura. Afortunadamente  no se trataría de investigar y depurar casos de vulneración de derechos humanos acaecidos durante una dictadura sino de analizar el funcionamiento real de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos y su financiación, origen de gran parte de los problemas de corrupción, sin interferir por supuesto  en los procedimientos judiciales en curso. Procedimientos judiciales de los que, pese a la creencia popular, tampoco cabe esperar mucho en términos de regeneración democrática puesto que los Tribunales no están para depurar responsabilidades políticas sino jurídicas (e incluso con respecto a estas conviene no ser optimistas a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Matas, Barcina y Blanco).

Precedentes no faltan dado que  los problemas de nuestra democracia no son únicos, ni mucho menos. El más relevante es sin duda el informe Nolan, elaborado por una “Royal Commission” que se  elevó al Parlamento británico el 16 de mayo de 1995 y que se enfrentó de manera sistemática con dos fenómenos que conocemos bien en España: la partitocracia y la corrupción política que habían provocado “ansiedad” en la ciudadanía. Este informe marcó un hito en el sistema político inglés siendo su propósito declarado la reconstrucción de la confianza pública en el sistema.

¿Es posible una Comisión Nolan en España? Jurídicamente parece factible, dado que una Comisión con este objetivo tendría encaje como Comisión Parlamentaria cuyo objeto y finalidad puede ser muy variado. Efectivamente  el Reglamento del Congreso permite el establecimiento de Comisiones no permanentes para la realización de un trabajo concreto, que se extinguen cuando termina el trabajo o en todo caso cuando finaliza la legislatura. En particular, el art. 53 del Reglamento del Congreso permite a la Mesa del Congreso crear Comisiones a iniciativa propia o de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.

En cambio no considero conveniente que nuestra Comisión Nolan sea una Comisión de Investigación, dado el rotundo fracaso de este tipo de Comisiones. Por eso pienso que pedir que nuestro Parlamento actual cree una (o varias porque la tarea sería ingente) Comisiones de Investigación sobre los principales escándalos de corrupción de nuestro país puede ser hasta contraproducente, dado  que  su previsible falta de resultados podría generar una frustración y una desafección ciudadana hacia las instituciones aún mayor. Como ejemplo de su inutilidad, ahí tienen los tres últimos y sonados casos de Comisión de Investigación a nivel estatal (Caso Bankia) regional (caso ERES Andalucía) y  local (caso Madrid Arena). ¿Consecuencias prácticas de las Comisiones? Ninguna. Las únicas dimisiones y ceses producidos han sido consecuencia de resoluciones judiciales que han imputado a determinados cargos.

La razón por la que estas Comisiones no funcionan es muy sencilla: los partidos mayoritarios se las arreglan para inutilizarlas con o sin mayorías absolutas (hoy por ti, mañana por mí, ocasiones no faltan). Las Comisiones de Investigación se convierten así en un teatrillo sin mayor trascendencia o, por decirlo en términos más castizos, en un paripé. Las conclusiones se imponen o se pactan para que el partido responsable de los hechos objeto de la investigación no sufra daño político alguno.

¿Qué requisitos tendría que reunir nuestra Comisión Nolan entonces? Pues idealmente los mismos que una Royal Commission. Esta figura, como señala García de Enterría, hace referencia a una formación independiente que cuenta en su seno con expertos independientes y con representantes de los partidos  (aunque minoritarios) actuando bajo la autoridad general del Parlamento con la finalidad de efectuar un estudio objetivo de un problema determinado para proponer sobre esta base unas recomendaciones para solucionarlo que dado el prestigio de la institución suelen ser aceptadas por todos los grupos parlamentarios. En nuestro caso esta Comisión podría configurarse como una Comisión de estudios que analice el funcionamiento real de la democracia española en las tres últimas décadas, con participación de representantes de los grupos parlamentarios pero sobre todo con representantes y expertos de la sociedad civil que deberían ser la mayoría. Si para conseguir este objetivo hace falta modificar el Reglamento del Congreso, hágase, merece la pena.

La principal virtud de una Comisión de estas características sería el reconocimiento de la verdad: en España tenemos una partitocracia ahogada por escándalos continuos de corrupción, muchos de los cuales tienen su origen en la propia financiación irregular de los partidos. Nada nuevo bajo el sol, pero lo que es preocupante es que no se haga nada. Daríamos un gran paso puesto que el problema del bloqueo institucional a las reformas deriva de la negativa de nuestros gobernantes a reconocer una realidad que es evidente para todos los ciudadanos mínimamente ilustrados. Que en el seno del Parlamento se pueda realizar un diagnóstico o una auditoría democrática con libertad y rigor es esencial.

Para ello, sería preciso que esta Comisión no solo no esté compuesta exclusiva ni mayoritariamente por parlamentarios sino que no reproduzca milimétricamente la composición de las Cámaras. Es fundamental la presencia de personas independientes con experiencia profesional dilatada y sin intereses partidistas (por ejemplo, los anglosajones suelen recurrir a jueces o catedráticos jubilados) y la publicidad no solo de sus conclusiones sino también de sus debates.  Porque si este trabajo no se hace desde las instituciones se hará desde fuera de ellas, de forma desordenada, a golpe de titular y con bastantes menos garantías para todos.


 

Arte contemporáneo y compromiso político

Me he permitido durante estas semanas de agosto una desconexión total de los asuntos del blog (unos cuantos post por leer) y casi de cualquier materia jurídica, para dedicar mi tiempo a otros menesteres más lúdicos. Entre ellos, la lectura del recomendable libro ¿Qué estas mirando? 150 años de arte moderno, de Will Gompertz, en el cual se explica de manera amena pero experta el curso del arte desde Delacroix e Ingres, hasta el tiburón en formol de Damien Hirst o las performances  de Marina Abramovic.

No obstante, aún en este libro encuentro temas interesantes para el blog, como este texto sobre la ausencia de compromiso político por parte de los artistas actuales (pp. 427-428):

En la mayor parte de los casos, el arte contemporáneo no ha hecho gala de ninguna clase de contenido político real, salvo por alguna intervención ocasional que, en la mayoría de los casos, termina por parecerse más a un carro de moda al que alguien se ha subido a toda prisa.  Lo habitual es que, incluso en los casos en los que los artistas de vanguardia de nuestra era se han mostrado más agresivos o han tenido una actitud más desafiante, suelen presentar su obra con una sonrisa de frescura más que con el ceño fruncido. La tendencia general es a entretener, no a dar mítines.

 En el último cuarto de siglo, los artistas no han atendido a los grandes cambios sociales que se han producido. Apenas se ha criticado una época impregnada por el capitalismo y una moral competitiva en la que lo fundamental eran la fama y la fortuna (…) Por lo que se refiere a los problemas medioambientales, la corrupción política y mediática, el terrorismo, el fundamentalismo religioso, la desintegración del mundo agrario, las diferencias sociales cada vez mas extremas (unos ricos cada vez más ricos y unos pobres sumidos en la miseria), la codicia sin fin y la falta de sentimientos de la que hacen gala los banqueros, si uno acude a un museo y da por bueno el testimonio del arte contemporáneo es como si nada de esto estuviera sucediendo.

 Quizá los ojos y cabezas de los artistas estaban en otra parte. Es posible que se sintieran en un impasse. Una de las consecuencias que tiene ser artista-empresario, al igual que sucede en cualquier otro negocio, es que uno se volverá tan propenso a caer en la filosofía de la conveniencia como cualquiera y a veces tendrá que firmar contratos con el diablo. Una vez que uno comparte mesa con el de las orejas y el rabo en punta, es imposible evitar la hipocresía ¿Cómo se puede crear una obra de arte de honda significación anticapitalista, por ejemplo, si uno se ha pasado la noche anterior en una cena de museo, sentado al lado de un financiero, que resulta ser, además, uno de los mejores coleccionistas/clientes de uno?(…) ¿Es posible hacer un cuadro o una escultura que pretenda arrojar luz sobre una injusticia de la que uno mismo se está beneficiando en el fondo? ¿Cómo se puede criticar al establishment cuando uno pertenece a su círculo más exclusivo? ¿Quieren ustedes una respuesta? Es imposible.

 


Los enemigos (internos) de España

Ya en diciembre de 2012, escribía un post con el título “¿Quiénes son los enemigos de lo público?”, donde alertaba del peligro (ignorado) de los enemigos internos. Ahora, la lectura del libro de Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia (ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2012), me ha reafirmado en la necesidad de depurar esta tesis. Todorov menciona como enemigos “íntimos” de la democracia al mesianismo, el ultraliberalismo y el populismo. Pero creo que se puede ir más allá y sostener que todos los sistemas acaban fracasando o entrando en fase deterioro, no tanto por la presión o ataque de los enemigos o competidores externos cuanto por los elementos internos a esas organizaciones o sociedades (incluso en cada persona o familia) pues suelen pillar desprevenidos, frente al enemigo externo al que se suele tener más controlado e identificado.

Por ejemplo, si miramos a la Iglesia católica el enemigo más preocupante para su propia supervivencia no sería tanto el ateísmo, el relativismo o la mayor pujanza de otras confesiones, sino que su mayor amenaza surgiría de los curas pederastas, la permisividad interna a este fenómeno o la corrupción a gran escala que se ha adueñado del IOS y el Vaticano. Si nos fijamos en la dialéctica derecha-izquierda o PP-PSOE, podemos observar igualmente que la mayor amenaza de estas ideologías-partidos no proviene de su posible alternativa, sino de la escandalosa presencia dentro de sus filas de dirigentes incompetentes, aprovechados o simplemente corruptos. Algo semejante ocurre en la economía, donde un aparente éxito del propio capitalismo, como se consideró hasta hace poco que eran el acceso fácil al crédito y la inmediatez del consumo, se ha convertido en causa directa de una de las mayores crisis económicas que se recuerdan. ¿Por qué?  Porque destruyeron valores culturales muy importantes del propio liberalismo como eran la disciplina de la gratificación diferida, la capacidad de ahorro o el trabajo duro (ver, N. Berggruen y N. Gardels, Gobernanza inteligente para el siglo XXI: una vía intermedia entre occidente y oriente, ed. Taurus, Madrid, 2012, pp. 70, 71). Siguiendo esta línea de pensamiento puede sostenerse que el mayor enemigo del capitalismo no es quien quiere someterlo a reglas sino quien lo quiere absolutamente salvaje (pues esto lo llevaría a su auto-destrucción).

Del mismo modo, cabe afirmar que el enemigo más peligroso de lo público en general y del Estado (social) en particular, no son tanto los que proponen reducir su tamaño (pues estos al menos enseñan sus cartas) cuanto quienes, incluso bajo la bandera de su defensa, caen en el gasto excesivo y la mala gestión de las políticas públicas encomendadas, dando así argumentos complementarios a los ‘minimalistas’”. En este sentido, a veces se olvida que algunos de los que más perjudican la imagen de lo público trabajan dentro de él, pudiendo diferenciarse entre servidor público y quien intenta servirse de lo público.

¿Y qué pasa con España? Pues lo mismo. Curiosamente nuestras mayores amenazas no provienen en la actualidad de los países con los que competimos económica o políticamente, o con los que mantenemos disputas territoriales, sino de los españoles que no creen en España. De hecho, cabe afirmar que cuando nuestros competidores se atreven a atacarnos (o a expropiar nuestras empresas) es porque previamente se aprovechan de un estado de debilidad interno, que ya es público y notorio. Y ¿quiénes son los que no creen en España? La primera respuesta obvia sería los partidos y grupos nacionalistas que abiertamente proponen la secesión y por tanto la ruptura del proyecto de vida en común, pero probablemente estos grupos no hubieran podido tener tanto éxito si no hubieran contado con la complicidad directa o indirecta de muchos otros españoles que no viven en Cataluña o el País Vasco, pero que poco a poco se han ido acomodando a una situación de deterioro y de mirar a otro lado, y estos ¡ay!, probablemente se encuentran tanto en los grandes partidos supuestamente nacionales, en el profesorado de supuestas universidades de prestigio sufragadas con fondos públicos, como (incluso) en los miembros y representantes de las principales instituciones del Estado. Hace poco hablaba con un profesor catalán que había tenido que abandonar su Universidad en Barcelona, por el creciente acoso personal y profesional que estaba sufriendo a partir de declarar que había votado a Ciudadanos. Me decía que para él, como catalán resistente, le resultaba tanto o más indignante, incomprensible y sorprendente que la figura del “charnego agradecido”, la del “madrileño complaciente”, entendiendo madrileño como aglutinador del resto de españoles. Añadía que, para él, si España un día desaparecía del elenco de naciones europeas no sería tanto por la habilidad de los nacionalistas en presentarse como víctimas ajenas a todos los males españoles (que también) como por la actitud banal, displicente o complaciente del resto de los españoles.

Pero volvamos a Todorov para introducir un elemento de esperanza. César Molinas en un libro reciente sobre Qué hacer con España sostiene que el mundo de la historia de las ideas ha llegado a su fin porque occidente se muestra incapaz de superar la oferta de la Revolución francesa ─libertad, igualdad y fraternidad─ y el resto del mundo se mira al ombligo. Sin embargo de la lectura del libro de Todorov cabe sacar dos nuevos componentes a esa tríada: la responsabilidad y la ética del límite. La necesidad de asumir la responsabilidad de todos los ciudadanos respecto a lo que pasa en su sociedad y la aceptación de la mesura frente al exceso (ver sobre este aspecto: Tzvetan Todorov/Louis Valsa, “El eterno retorno de la ‘Hybris’”, Claves de la Razón Práctica, nº 229, 2013, pp. 98-105). De hecho, si miramos a España su crisis multipolar derivaría principalmente de haber incumplido esos dos principios. Volviendo al nacionalismo, por ejemplo (pero podría extenderse sin dificultades al resto), sus presupuestos se fundamentan en dos axiomas: sus problemas son culpa de España y no la responsabilidad de los  propios gobiernos nacionalistas con más de 30 años de presencia ininterrumpida, y la autonomía o el auto-gobierno debe conceptuarse sin límites, optando por romper la baraja antes que por el compromiso (que tan bien representaba el pacto constituyente).

Por último, termino con una referencia a otro libro de Todorov (El miedo a los bárbaros: Más allá del choque de civilizaciones, ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2008), donde se diferencia entre sociedades y culturas marcadas por el miedo y las que lo son por el resentimiento. Creo que podemos afirmar que España es una sociedad marcada por el miedo y Cataluña está guiada (crecientemente) por el resentimiento. Ambas emociones nos llevan al fracaso por lo que conviene sentarnos al diván, superar nuestros complejos, y mirar juntos al futuro.

 

La intervención de Rajoy: la retórica contra la confianza

Finalmente intervino el presidente del Gobierno ante el pleno para dar, en sus palabras, “su versión” de los hechos del asunto Bárcenas. Era una papeleta en principio complicada, la verdad, porque las informaciones aparecidas en los periódicos eran escalofriantes.

 

El presidente estuvo en mi opinión retóricamente bien, en modo estadista por encima del bien y del mal, y fue jaleado estruendosamente por sus huestes, tal y como había sido solicitado el aparato. Tuvo, además, la habilidad de no intentar distraer con el tema de la economía, frente a lo que se había estado sugiriendo, y se limitó a ponerla como un punto de referencia lejano hacia el que él dirige como presidente, dejando caer que este lamentable asunto detrae parte de sus esfuerzos de ese designio superior. También tuvo la astucia de no meterse directamente con los trapos sucios de los otros, el “y tú más”, aunque sí dijo que su comparecencia no iba nunca a contentar a aquéllos que se han formado ya un criterio, a modo de dogma personal.

 

Luego acometió el asunto directamente para decir:

1.- Que se ha equivocado al mantener la confianza en quien no la merecía.

2.- Que hay que creer en las personas “mientras los hechos no desvirtúen la presunción de inocencia”, reforzando el concepto con numerosas citas (culminado con el ya muy parodiado “fin de la cita”), incluso de Rubalcaba. Hizo notar las especiales circunstancias en que se inició el procedimiento, con Garzón y el ministro yéndose a cazar, insinuando que eso justificaba el escepticismo frente a las acusaciones.

3.- Que son falsas o medias verdades las acusaciones de Bárcenas.

4.- Que se han pagado remuneraciones complementarias, y que es responsabilidad de cada uno declararlas a Hacienda.

 

Para rematar la faena, le dio una elegante colleja a Pérez Rubalcaba, mostrando que amenazar con la moción de censura para hacerle venir a dar explicaciones era un “fraude constitucional”, amonestándole por la incertidumbre que eso produce dentro y fuera de España, y metiéndole a continuación el dedo en el ojo al dejar en evidencia que no hay candidato real, requisito imprescindible de la moción de censura.

 

Finalmente, aderezó todo con unas cuantas promesas: de la ley de Actividad Económica y Financiera de los Partidos políticos, otra del Tribunal de Cuentas, otra de Contratos del Sector Público, de Funciones políticas, de la LEC y Código penal.

 

Retórica, y luego dialécticamente, pienso que el presidente estuvo bien, seguro y contundente. Pero la cuestión no es si estuvo bien o no, si “ganó” a los puntos a Rubalcaba o si el “aplausómetro” dio vencedor a uno u otro. Hoy la cuestión es la de la confianza: pero no la confianza de la que habla el presidente, del mundo en España, sino la que nosotros podamos tener en él, si nos creemos lo que dice el presidente o no. “A los españoles lo que les interesa la economía”, dijo Esteban González Pons, y es verdad. Pero no a toda costa.

 

Esta es la confianza que a mi personalmente me interesa, la que sustenta las duras medidas que el gobierno ha tomado y probablemente haya de tomar y hace que lo que él ejerce no sea solo poder, sino también autoridad. Sin duda, los fríos números de la mayoría parlamentaria harán que tal cosa sea, de momento, irrelevante, pero creo que los ciudadanos nos merecemos algo más que el que dentro de cuatro años podamos cambiar el voto.

 

Hace pocos días publicaba algunas reflexiones sobre este asunto, y me parece que, lamentablemente, siguen vigentes. Por un lado, no me basta que el presidente diga que se ha equivocado y que le han defraudado. Existe también una culpa in vigilando y, como él mismo dice, ha tenido cuatro años para verificar si esa confianza era o no merecida y lo que se ha hecho es protegerle y ampararle.

 

Por otro, me importa, pero no mucho, si los sobresueldos se han declarado o no. Lo que verdaderamente me importa, tal y como señalaba en el post antes enlazado, es de dónde se ha sacado ese dinero con el que se han pagado los sobresueldos y, particularmente, si ese dinero se ha entregado al partido a cambio de favores en otros sitios. Eso sí que sería muy grave y no he oído una palabra sobre eso.

 

Lo de la moción de censura me interesa poco. Me parece fuera de lugar que afine tanto el presidente con si se está desvirtuando la Constitución amenazando con la moción pero luego se hagan trazos gruesísimos con otras cosas.

 

Personalmente, ni doy ni dejo de dar credibilidad a las acusaciones de Bárcenas pero, eso sí, no acepto en modo alguno presunción de inocencia alegada varias veces por el presidente porque ésta, como ya dije en el mencionado post, opera en el marco penal, que implica graves restricciones de derechos; pero no opera en el marco de las relaciones interpersonales ni políticas, donde no es necesaria un acta notarial para que uno se percate de lo que está ocurriendo, o se mosquee ante algunos indicios. En estos casos, o me das prueba cumplida o te borro de mi lista. Y, de ser falso lo que dice Bárcenas, habría que haber justificado mucho más ampliamente la cobertura que se le ha dado desde el punto de vista económico, social y político y las razones del la “indemnización en diferido”; habría que sacar unas “contra cuentas” reales, mostrando la falta de conexión entre donaciones y concesiones, desmontar las acusaciones de sobresueldos en B con la prueba de su correcta declaración, etc, etc.

 

Las acusaciones son graves y el que las hace tenía medios para conocer lo que dice, y eso exige una cumplida respuesta, no bastando mirar para otro lado y negarlo todo. Si con motivo de un divorcio, uno de los cónyuges acusa al otro de graves delitos, puede ser que sus razones para acusar sean non sanctas, pero el otro no se libra de la duda con alegar que el acusador le odia.

 

En definitiva, las explicaciones han estado formalmente bien construidas, pero han sido muy insuficientes, y eso no genera confianza en que el presidente no haya tenido nada que ver en el asunto. De poco nos vale, pero es así. Nos queda la confianza en los tribunales o en las elecciones. Y esperemos no acabar como  en Francia, donde se amnistiaron los sobornos.

 

Algo sacaríamos, eso sí, si las promesas de leyes que ha hecho el presidente se convirtieran en una realidad efectiva. Pero tampoco creo en ellas, pues la reforma del Consejo General del Poder Judicial me ha demostrado en qué quedan las promesas. Ya sólo nos valen hechos. Sólo hechos.

Los debates adulterados

¿Algún seguidor de este blog se atrevería a publicar su opinión crítica con el sistema nacional de trasplantes, o con que se comercialicen productos bajo la etiqueta de “ecológicos”? ¿Alguien duda de que todos los homicidios de mujeres a manos de sus parejas son manifestaciones de machismo? ¿Quién defendería en público la implantación de un servicio social obligatorio e igualitario entre sexos, o la validez civil de un matrimonio indisoluble de conformidad con la respectiva confesión religiosa? ¿Y la introducción de límites a la profesionalización del deporte, o la desaparición de todos los medios de comunicación de titularidad pública? ¿Algún partido con opciones de poder ha propuesto alguna vez la capitalización y reintegro de los derechos cotizados a la Seguridad Social, la introducción del cheque escolar o la legalización de la prostitución?

 

Los debates sociales están adulterados cuando una de las posiciones dialécticas aparece impuesta de antemano. La tesis dominante no es entonces expresión de un consenso social, sino una situación de hecho en cuyo trasfondo siempre se encuentra la inoperancia de los mecanismos de formación y expresión de la opinión pública. El vacío de ideas deja margen para que ciertas tesis aparezcan como incontestables, desde ideologías expansivas incrustadas o aliadas con el poder político, o desde lobbies de minorías sociales muy activas o de grupos de interés. Los medios de comunicación masivos se alinean con las tesis dominantes por inercia irresistible tanto como por iniciativa ideológica. En su expresión más acabada, tales tesis consiguen revestirse de autoridad científica, jurídica o internacional, lo que, más que pervertir el debate, lo sustrae del ámbito social.

 

Esta situación no sólo es propia de regímenes autoritarios; también se da en democracias de baja intensidad, como la nuestra. Los debates adulterados degradan gravemente la calidad del sistema democrático: el debate es presupuesto de la participación política y del activismo cívico. Al no haber intercambio de argumentos, la tesis dominante no necesita especial refuerzo ideológico ni intelectual; las tesis disidentes, si se atreven a manifestarse, son fácilmente manipuladas y expulsadas a la marginalidad o a la extravagancia. Lo anterior repercute en los programas electorales de los partidos y en la acción de gobierno de los vencedores, que tiende a moverse en márgenes cada vez más estrechos. La tensión dialéctica imprescindible para la renovación de ideas queda neutralizada. Puede haber alternancia política, pero no hay alternativas de proyectos sociales.

 

En Francia, el debate social se considera que forma parte del núcleo esencial de los valores republicanos. Uno de los ejercicios de la selectividad universitaria (el temido “bac”) ha venido consistiendo en proponer un tema de relevancia pública sobre el que el alumno debe redactar un planteamiento dialéctico: argumentos a favor, en contra y síntesis. No se trata de acertar, sino de saber expresar y contrarrestar opiniones contrarias a la propia. En Reino Unido, aparte de la calidad legendaria de sus medios de información públicos, el sistema mayoritario y la dimensión del distrito electoral obliga a todos los candidatos a bajar a la arena del debate casa a casa y cara a cara, tanto de los asuntos domésticos como de las grandes cuestiones nacionales.

 

Entre nosotros, es tópico decir que padecemos una propensión histórica a intercambiar tiros en vez de razones. Pero en la situación actual, estas ocurrencias no nos deben hacer perder la perspectiva. El origen de la actual adulteración de los debates públicos se encuentra en parte en las circunstancias en que se desarrolló la transición. Miedo a la involución, posibilismo y consensos forzados arrinconaron debates cuyo solo planteamiento habría herido demasiadas sensibilidades. Por todos, el relativo a la legitimidad histórica de la monarquía juancarlista, tema unido al de la forma de Estado.

 

Durante la democracia, los medios de comunicación no han contribuido a la apertura de los debates públicos. La supresión del programa “La Clave” en la campaña institucional del referendum sobre la OTAN de 1986, o el tratamiento informativo de la huelga general de 2002, por no hablar del escándalo permanente de las televisiones autonómicas, son ejemplos de la desvergüenza con que el grupo gobernante ha instrumentalizado a su favor los medios de titularidad pública. El blindaje laboral de los profesionales contratados en cada etapa no facilita que cambien las cosas.

 

Los medios privados han padecido en este período una grave asimetría ideológica, lo que ha limitado su papel en el campo de la formación de opinión. Los medios escritos, sin la competencia de los de titularidad pública desde la desaparición de la prensa “del movimiento”, y los radiofónicos, han estado en estos años muy fragmentados en el campo de la derecha, y nucleados en torno a un grupo principal en el sector de la izquierda. Los primeros han estado condicionados por su tamaño o, especialmente los de capital extranjero, por dinámicas empresariales ajenas a estas inquietudes. En cuanto al grupo mediático mayoritario en la izquierda, sus niveles de difusión y de homologación internacional le hubieran podido conferir autoridad intelectual suficiente para asumir cierta función institucional de instrumento de debate social. Pero una política empresarial ultrapersonalista y, últimamente, urgencias de supervivencia financiera, han determinado que los redactores de estos medios hayan tenido que anteponer como norma su pretendida capacidad de consigna y de presión, a la función social de la información de la que hablamos.

 

El cine, el teatro, la música y otras manifestaciones culturales, no han sabido en estas décadas acoger ni provocar debates sociales abiertos. Un sesgo ideológico demasiado explícito y actitudes gremiales exageradas han desconectado estos ámbitos de la sensibilidad general, lo que en el caso del cine alcanza desde el “no a la guerra” de los premios Goya del 2003, extremos de verdadera patología social. La transversalidad del pop de la “movida” parece haberse sustituido por el linchamiento ideológico de los no afiliados al sindicato de la ceja (Russian Red, Nena Daconte, Café Quijano…).

 

El marco institucional no favorece los debates públicos. Nada que añadir a las iniciativas de los editores de este blog en relación con las disfunciones del sistema de partidos. No hay debate ni en las bases ni en los cuadros. El sistema jerarquizado, la ausencia de primarias y de trabajos precongresuales, y las listas electorales cerradas blindan la organización contra la disidencia interna.

 

Pero tampoco los restantes mecanismos de representación política fomentan el debate abierto. La regulación constitucional del referendum es absolutamente restrictiva; su aplicación ha estado además contaminada por la falta de neutralidad institucional del gobierno de turno, apoyando con todo su aparato propagandístico la opción finalmente triunfante. Por ello son percibidos como un instrumento de refrendo plebiscitario a la iniciativa del gobierno, y las cifras de participación en los dos celebrados durante la democracia son modestas (59% en el de la OTAN de 1986, y 42% en el de la Constitución Europea de 2005). La iniciativa legislativa popular del art. 87 CE está regulada con desconfianza y racanería, y no garantiza que la opinión pública movilizada se vea reflejada normativamente.

 

Por otra parte, no existe en nuestro país un entramado de organizaciones sociales consagradas a la elaboración de ideas de debate, característico del mundo anglosajón. En el ámbito público, las universidades no han podido asumir el papel de think tanks que les habría correspondido por historia, presupuesto y dimensiones. La politización, las distorsiones del sistema autonómico, y los muy discutidos criterios de selección y promoción, son explicaciones sólo parciales de esta realidad. Las fundaciones “pensantes” de los partidos actúan como reductos de atrincheramiento ideológico de cada facción, cuando no de puro personalismo de políticos prejubilados.

 

Hay iniciativas privadas en este sector de los laboratorios de ideas, para las que las redes globales de transmisión de la información han constituido instrumento determinante de despegue. Están llamadas a ser parte fundamental de la apertura de los debates. Pero los seducidos por ellas debemos reconocer que parte de la sociedad española sigue asociando las más relevantes a intereses particulares: empresariales, corporativos, confesionales, o, en general, elitistas. Una de las más pintorescas está reservada sólo para exministros; quizá más de uno debería aplicarse el principio marxista de no aceptar nunca ser miembro de un club donde admitan gente como él.  Nuestra falta de tradición en fabricar ideas provoca más simpatía e interés hacia movimientos de debate asambleario como el 15M, víctima de su propia espontaneidad.

 

La actual crisis económica e institucional ha precipitado debates públicos esenciales para nuestro futuro colectivo: forma de Estado, distribución territorial del poder, dimensión de la función pública, cauces de representación política y sindical, extensión y límites del estado del bienestar, función social de la educación, estructura del sistema tributario, mecanismos de previsión social, disponibilidad de la vida humana, marco jurídico de la familia, etc.

 

Nos está llegando el momento de decidir, quizá sin miedo esta vez a una quiebra traumática de la convivencia, pero sin ámbitos ni mecanismos de debate social.  Debates sociales adulterados darán lugar a que lo que salga de esta crisis sea tan frágil y artificial como lo que hoy criticamos. “Las ideas tienen consecuencias”.

Edward Snowden, ¿héroe o criminal?

¿Debe Snowden ser perseguido sin descanso por toda la faz de la tierra? ¿O protegido y honrado allí donde llegue, como si fuera un verdadero héroe? Probablemente… las dos cosas. Califiquémosle de héroe trágico, entonces, como Antígona. Y ahora expliquemos por qué.

 

Uno de los aspectos que más llama la atención de este grave caso de espionaje es la general falta de sensibilidad al respecto entre la población, concretamente la norteamericana y la británica, cuyos gobiernos son los impulsores de estas actividades, pero también en la europea, lo que es todavía más chocante. El alcance de la intervención, tanto la telefónica como la realizada en la web, es formidable, pero además hay que tener en cuenta que el esquema de actuación (ordenado en regulaciones secretas, ejecutado a través de procedimientos secretos, y autorizado por decisiones judiciales secretas) era completamente desconocido para la mayor parte de la ciudadanía. Por eso mismo, en la medida en que no está sometido a debate y control público, resulta potencialmente muy peligroso. Es obvio que la seguridad nacional no puede justificarlo todo, al menos si uno quiere seguir llamándose un país libre y democrático. Y, sin embargo, la gente parece conformarse si se les dice que es por su seguridad y que el espionaje principalmente afectaba a extranjeros. En definitiva, que el americano o británico que no tenga nada que ocultar y que por ello no sea sospechoso de algo feo puede vivir muy tranquilo.

 

Bueno… siempre que no haya leído a Martin Niemöller (y no Bertolt Brecht, por cierto):

 

“Cuando vinieron a por los sospechosos

guardé silencio

porque yo no era sospechoso.

 

Cuando vinieron a por lo que hablaban en árabe

no dije nada

porque yo no hablaba en árabe

 

Cuando vinieron a por los extranjeros

no protesté

porque yo no era extranjero.

 

….

 

Cuando vinieron a buscarme

no había nadie más que pudiera protestar.”

 

(La versión es mía, claro, pero la gracia del poema es que es abierto y uno lo completa en función de las circunstancias).

 

Resulta entonces bastante natural que Snowden despierte escasa solidaridad entre sus compatriotas. Unos le llaman traidor y otros le miran con cierta indiferencia (aunque esta reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac cambia un poco la anterior impresión, al señalar que sólo es un traidor para el 34 % de los entrevistados y un whistleblower para el 55 %). Sin embargo, los que le califican de traidor no están desprovistos de cierta razón. Al igual que ocurre con el decreto prohibiendo enterrar a Polinices, el sistema de espionaje ideado por la Administración Obama es dudoso que pueda calificarse de ilegal, es decir, de contrario al Derecho. La legislación americana atribuye amplios poderes a las agencias de espionaje que, al menos en teoría, están supervisadas por el Congreso y por los Tribunales (aunque no en todos los casos). Las normas clave a este respecto son  el título II de la Patriot Act (especialmente la sección 15) y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISAAA) enmendada en 2008. Estas normas permiten interceptar comunicaciones y requerir información a los proveedores de Internet con el fin de almacenar “data” y “metadata” (contenido de los mensajes o únicamente sus parámetros). En general, metadatos de nacionales y datos de extranjeros, por simplificar, pero también datos de americanos al amparo de la sección 15.

 

En consecuencia, es evidente que con arreglo a esta legislación Snowden no es técnicamente un whistleblower, es decir, un informante de dentro de una organización que, vulnerando la normativa interna de esa organización, denuncia prácticas ilegales, corruptas o fraudulentas. Otra cosa es que esas prácticas puedan ser  “inmorales” o, por utilizar una terminología un poquito más moderna, políticamente impresentables, y que al denunciarlas se preste un servicio al interés público, lo que podría suscitar alguna duda. Pero lo cierto es que, en este caso, la práctica totalidad de los representantes políticos estadounidenses, democráticamente elegidos, no consideran que se haya prestado un servicio público a la nación con estas revelaciones, por lo que, ni por un lado ni por el otro, Snowden es un whistleblower que merezca amparo. De ahí que, con arreglo a Derecho, deba ser sancionado. Antígona no dudaba de que cometía un crimen (un “piadoso crimen” lo llamaba) y estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de su elección moral. Snowden encaja todavía mejor en esa calificación.

 

Por eso, lo primero que hay que destacar de este asunto es que revela como pocos que el Derecho no lo es todo, que existen siempre otros valores que escapan completamente del ámbito de lo jurídico, y que no tiene sentido pretender resolver cualquier cosa con normas legales, como si todo se resolviera con la ecuación:

 

Bueno = Legal

Malo = Ilegal

 

No se trata de que el Derecho positivo quede anulado por el Derecho natural, no se trata de que la orden de Creonte sea nula, técnicamente hablando, por contravenir la ley de los dioses. No, el famoso decreto prohibiendo enterrar a Polinices por traidor es Derecho (incluso entendido como valor, no como mera norma vigente), como es Derecho el decreto estadounidense de busca y captura de otro traidor, Snowden, y, sin embargo, puede ser perfectamente moral desobedecerlos. Snowden cree estar prestando un importante servicio a la democracia y a los verdaderos intereses de la ciudadanía americana (y creo que tiene razón) por lo que hay que elogiar su valor moral a la hora de afrontar el riesgo, que no es precisamente insignificante. Por eso es bastante incompresible la crítica que le hace Vargas Llosa, en este artículo de El País publicado ayer, acusándole de no optar por el camino legítimo de acudir a los tribunales o a la prensa de un país libre, como el suyo, en vez de violentar la legalidad y convertirse en un instrumento de regímenes totalitarios. Incomprensible, porque optar por el primer camino exige transitar el segundo.

 

Y en cuanto a servir de instrumento a países totalitarios, creo que los europeos tenemos cierta responsabilidad en eso. Porque lo segundo que hay que destacar es que desde la perspectiva europea la cosa varía sensiblemente, ya que con arreglo a nuestro Derecho Snowden sí es claramente un whistleblower que encaja perfectamente en esta figura y que por ello merecería protección. Es obvio que nuestro Derecho no permite que una potencia extranjera se dedique a interceptar las comunicaciones de los ciudadanos europeos y de sus representantes políticos, incluidos los de las instituciones europeas. Las revelaciones del ex espía han servido para denunciar estas actividades y Obama no las ha contradicho en ningún momento (en eso no se parece a Rajoy, será tonto). Sólo dice –con un cinismo verdaderamente impresionante- que para eso están los servicios de inteligencia, para obtener información. Muy bien, pero a la vista de esa forma de proceder, Snowden merece el amparo europeo, no sólo desde el punto de vista moral, sino también jurídico. Recordemos que el tratado de extradición EEUU-UE excepciona los delitos de carácter político, y el de revelación de secretos no está en la excepción de la excepción (art. V, A, 3 y B). La sospecha de que, precisamente, si pone los pies en nuestra vieja Europa, los tribunales estarían dispuestos a proporcionarle amparo, es lo que ha puesto histérico a los Gobiernos del continente, para su vergüenza (y para la nuestra). Seguramente porque ellos también tienen mucho que ocultar. No nos podemos quejar ahora de que otros regímenes menos presentables aprovechen la oportunidad que les hemos ofrecido de manera tan irresponsable.

 

Resulta lamentable, entonces, que pese a que Snowden merezca nuestro agradecimiento y protección, lo único que hasta ahora le hayamos ofrecido sea… el ridículo. El caso de Evo Morales es una de las chapuzas más formidables cometidas por los europeos en una época repleta de chapuzas europeas. La prohibición de sobrevolar Francia, Italia y Portugal o el patético intento de nuestro embajador en Viena por fisgonear en el WC del jet de Evo serían dignos de una tira de la Codorniz o de una noticia de El Mundo Today. Me imagino a Putin diciéndole a Evo antes de subir a su avión: “oye tío, por qué no te llevas a éste y le dejas en algún sitio en cualquiera de tus escalas, como quien no quiere la cosa, como si fuese una bolsa de palos de golf o algo así, o mejor lo tiras en paracaídas cuando sobrevueles Normandía, en plan alegoría del desembarco informativo…”. Y, mientras tanto, Margallo diciendo que tenía “información fidedigna”. Qué vergüenza.

 

 

Quizás no proceda hacer el papel de Antígona en esta farsa -Creonte es un rey muy poderoso- pero tampoco estamos forzados a hacer el papel de vigilantes del cadáver de Polinices, esos que en la versión de Anouilh iban vestidos de payasos. Siempre cabe encontrar un término medio un poquito más digno.

El denominado “escrache” ¿alternativa de manifestación pacífica o ejercicio excesivo del derecho fundamental de reunión?

La puesta en práctica del tipo de manifestación denominada como escrache (de escrachar a alguien, ponerlo en evidencia) ha supuesto la irrupción de un nuevo  y acalorado debate en el seno de la sociedad Española.

 

Aunque la versión del escrache existente en España, se podría calificar como de baja intensidad o venida a menos, dado que carece de muchas de las características que en los países donde se gestó esta práctica –Argentina y Chile- posibilitaban su calificación como manifestación de carácter agresivo o radical.

 

Esta novedosa forma de manifestación, obtuvo intensa difusión mediática a causa de su originalidad y peculiaridad, y más pronto que tarde se suscitó la polémica en torno a su legalidad. Se expuso por varios de los miembros del gobierno actual, que esta forma de expresión popular suponía una grave vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18, inciso primero, de la Constitución Española. Esta opinión fue ampliamente compartida por los medios de comunicación que.o bien se alinearon a la versión oficial o incluso elaboraron discursos más proclives a la ilegalidad absoluta de la tan cuestionada práctica.

 

Por otro lado, la puesta en práctica del escrache se enmarca dentro del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, establecido por el artículo 21, incisos primero y segundo, de la Constitución Española. Pero al estar afectando en su ejercicio –considerado excesivo para algunos- al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, el conflicto entre derechos está servido.

 

Para posicionarse a favor de una de las dos posturas que nos ofrece el conflicto –delimitar o “modular” el derecho de manifestación, o tolerar la presunta vulneración al derecho a la intimidad- es preciso realizar un análisis jurídico pormenorizado de los derechos en pugna.

 

Si nos atenemos al tenor literal de ambos derechos enfrentados y los comparamos entre sí, nos asaltan las dudas. Una argumentación recurrente de los defensores de la limitación del derecho de manifestación, es que éste no puede ser ejercitado frente a los domicilios personales de las personas que ocupan cargos políticos públicos dado que el domicilio es “inviolable”. La duda más inmediata es si dicha inviolabilidad contempla la posibilidad de no ser perturbado por unos cuantos ruidosos que exigen de manera pacífica una u otra cuestión. La literalidad del texto nos dice claramente que no. Que la inviolabilidad se circunscribe estrictamente a la entrada de facto o registro material del domicilio que se trate. Tampoco en el desarrollo jurisprudencial de este derecho, que le otorga un alcance más amplio, se consideran entre los supuestos vulneradores de la inviolabilidad del domicilio casos que pudieran encajar en la práctica del escrache.

 

Otras voces en cambio, también favorables a la anulación de la práctica, se inclinan por calificarla de “acoso”, amparándose en el supuesto carácter “hostil” que la caracteriza. Revisando minuciosamente los razonamientos que van en esta línea se puede deducir que ninguno de ellos responde a la objetividad o a un análisis más o menos preciso de la cuestión, sino que se encuadran más bien en un intento tendencioso de relacionar los escraches con la violencia, teniendo por fin último la inmediata erradicación de dicha práctica dadas las molestias que genera en ciertos sectores de la política.

 

Tampoco parece que los escraches puedan llegar a suponer una intromisión ilegítima de terceros en la intimidad personal y familiar del afectado, ya que no parece posible subsumir dicha práctica en ninguno de los supuestos que son considerados como una vulneración del derecho a la intimidad y que se establecen en el artículo 7 de la  ley orgánica que lo regula (LO 1/1982). A grosso modo, se consideran como vulneraciones de dicho derecho las acciones que logran inmiscuirse en los aspectos más íntimos de una persona y que permitan desvelar información de su personalidad, salud, relaciones o comunicaciones, entre otras. Por lo que en base a esta definición sería complicado calificar al escrache como de injerencia arbitraria o ilegal en la intimidad de una persona, y sería igualmente complicado pensar que el escrache revela, por el sólo hecho de ejercitarse, datos o información que pudiera vulnerar el derecho a la intimidad de la persona afectada en la forma antes definida.

 

Por tanto, me parece que las impresiones negativas existentes acerca de la controvertida práctica podrían estar más bien influenciadas por el posicionamiento oficial y el mediático más que por la realidad de la práctica en sí. El uso recurrente y excesivo de palabras que expresan rotundidad en las argumentaciones contrarias al escrache realmente poco aportan a un debate razonable, crítico y jurídico.

 

Descartada entonces la posibilidad de que el escrache suponga una vulneración a la inviolabilidad, un acoso o una intromisión ilegítima en la intimidad, se podría afirmar que la pretensión de acotar el derecho de manifestación en su modalidad escrache, se ajusta más a la idea del right to be alone  o “derecho a no ser molestado”, del cual el cargo público carecería, al menos en su concepción más absoluta. Justamente, la excepción a la regla de no ser molestado, vendría dada por el carácter público del “escrachado”, ya que se podría aventurar que el dirigente político al asumir su cargo decide renunciar –al menos en parte- a la protección de su privacidad personal, y por tanto no poseería un derecho absoluto a no ser importunado en su ámbito privado. Esto es, no podría rechazar cualquier intromisión en el ámbito de su intimidad, y ciertos aspectos de su privacidad serían accesibles al público en general y podrían ser objeto de información masiva y crítica aún cuando ello le resulte molesto o incómodo.

 

Puede que a primera vista un conflicto entre derechos como el expuesto pueda parecer de difícil resolución, pero la aplicación de la racionalidad jurídica convierte su dificultad en aparente, ya que realmente no habría que apelar a mayores concesiones de uno u otro derecho para que ambos coexistan en armonía. Para posibilitar la convivencia entre estos derechos, habría que apelar a soluciones prácticas basadas en la evidencia empírica que nos proporciona las varias manifestaciones de modalidad “escrache” que ya se han llevado a cabo hasta el momento. La ya vasta experiencia constata que las manifestaciones no son violentas ni tienen viso alguno de serlo. También, que éstas al realizarse cuentan con la debida autorización y que muchas veces ni siquiera afectan el tránsito público debido al civismo de las personas que integran el grupo escrachador. En ellas casi no se escuchan insultos, ni suponen una alteración significativa del orden público. Lo único que se podría compartir con los detractores de esta práctica es que las manifestaciones de escrache hacen ruido y son molestas. Como todas las manifestaciones.

 

Dichas molestias ¿merecen una limitación de un derecho fundamental o una regulación en términos prácticos? Probablemente la segunda opción sea la más conveniente, y de hecho es la que ya está en uso. Actualmente, se permite el desarrollo de los denominados “escraches” pero a una distancia de seguridad “razonable” del domicilio del escrachado. De esta manera se logra complacer ambas pretensiones en conflicto: por un lado se permite el objetivo del escrache, que no es más que el señalamiento público de un determinado cargo político fuera de su hábitat natural –congreso o sede partidista-, y por el otro se garantiza el respeto y la no vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del afectado y sus allegados, (a pesar de que entiendo que aún manteniendo la dinámica sin regulación el derecho a la intimidad tampoco se vería afectado).

 

La clara posibilidad de satisfacción conjunta de ambas pretensiones en conflicto, erradica de plano cualquier posibilidad de limitación “a futuro” del derecho de manifestación. No debería dudarse de la superioridad que ostenta una solución –el libre ejercicio del derecho de reunión- sobre la otra –la supuesta vulneración de muy escasa entidad que ocasiona a la privacidad personal-.

 

Los valores en juego exigen ser en extremo cuidadosos a la hora de contemplar la posible limitación de un derecho fundamental. Un juicio valorativo de tipo utilitarista a los propios intereses nunca podría imponerse a un balance cualitativo de los valores en juego que se desarrolle a través del razonamiento jurídico-filosófico. Un hipotético triunfo de la versión del gobierno podría llegar a causar un daño difícilmente reparable a un derecho fundamental de soberana importancia para las sociedades democráticas como lo es el derecho de manifestación. Argumentos efectistas e interesados, no basados en la legalidad y que no contemplen la totalidad de posiciones y opiniones de los actores involucrados en el conflicto, deberían de ser rechazados de plano para dar lugar a soluciones basadas en la equivalencia, que sirvan para armonizar las pretensiones enfrentadas y logren garantizar la coexistencia pacífica de los derechos fundamentales.

La coherencia, ¿vicio o virtud?

Me gusta esto de plantearme si una cosa es un vicio o una virtud, como ya hice en otra ocasión, pues es como reírse un poco de la condición humana y de uno mismo. Y voy a empezar por ahí, riéndome, pues tengo que reconocer que he sido educado en la idea de que la coherencia es una virtud irrenunciable, inalienable, imprescriptible y todas esas cosas que decimos los juristas. O sea, que me han enseñado que si pienso una cosa tengo que actuar como pienso, porque si no, acabaré pensando como actúo, que decía Blaise Pascal. Y eso significa que considero honrada mi propia conducta cuando coincide con las premisas que yo mismo me he  impuesto (o, quizá, que creo que me he impuesto) y me escandalizo cuando otros -siempre son otros, por supuesto- actúan de una forma palmariamente contraria a aquello que predican: curas que pecan, sindicalistas que se acogen a los ERES, políticos que hacen lo contrario de lo que hicieron, políticos que no cumplen sus promesas electorales (no hace falta enlace), ministros de presupuesto que tienen dinero en Suiza….

Y no es que diga, como los artistas, “mi gran defecto es que soy demasiado coherente”. No, la coherencia a veces hace sufrir porque acentúa las contradicciones que pueda tener el sistema moral empleado, puede implicar poca adaptación a las circunstancias (el “tomarse las cosas al pie de la letra”, la “dura lex sed lex”, la “palabra dada es sagrada”) y lleva consigo a veces una rigidez  poco compasiva. Puede incluso ser hipócrita pues, como decía el poeta americano R.W. Emerson, “las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines” y -reconozcámoslo- lo cierto es que nos llenan de regocijo porque su llamativa grosería nos hace sentirnos mejor, más elevados moralmente en nuestra presunta rectitud. E incluso a veces puede ser peligrosa, pues cabe reconocer que los nazis eran muy coherentes con sus ideas. O sea, que la coherencia depende, por supuesto, del sistema de valores que la respalde.

Estos inconvenientes me han hecho plantearme hasta qué punto la coherencia (la integridad o, si quieren, otras virtudes antiguas, como el esfuerzo) puede seguir manteniéndose como virtud en unos tiempos posmodernos en que todo cambia, todo se relativiza, nada perdura ni es “para toda la vida” ni sagrado ni, al parecer, hay valores eternos, sistemas universales que sirvan de guía y permitan ejercer la coherencia.

Me hizo pensar sobre ello el pasado miércoles Pedro G. Cuartango, en un interesante y breve artículo en El Mundo titulado “Un profeta llamado Daniel Bell”, en el que elogiaba la visión de este pensador que fue capaz de ver la contradicción de un capitalismo surgido de la ética del trabajo y cultura del esfuerzo que desemboca, por su propio éxito, en una sociedad obsesionada por el hedonismo y felicidad personal.

En efecto, pienso que esa es una de las claves del asunto, aunque no creo que sea sólo una cuestión del capitalismo, sino de la sociedad entera, ni que Daniel Bell sea el único que ha previsto esta situación. De hecho, hay muchos autores que han tratado este tema con profusión, y entre ellos a mí me interesan mucho Gilles Lipovetsky y Zygmunt Bauman. Vamos a dar una pequeña vuelta por su pensamiento.

El bueno de Gilles Lipovetsky dice en “La era del vacío” que en la sociedad moderna (la anterior a la Segunda Guerra Mundial) la lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las expresiones singulares, ahogar las particularidades idiosincrásicas en una ley universal, sea la “voluntad general”, las convenciones sociales, el imperativo moral, las reglas fijas y estandarizadas. Ahora, en esta sociedad posmoderna, desaparece la imagen rigorista, dando paso a nuevos valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima, la legitimación del placer, el reconocimiento de las peticiones singulares. El ideal moderno de la subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado, pues el proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el del respeto a la singularidad objetiva. El derecho a ser íntegramente uno mismo es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, pero hay un salto adelante: esa libertad pasa a la vida cotidiana y vivir libremente, escoger libremente el modo de existencia es el hecho cultural y social de nuestra época.

Por ello, el esfuerzo ya no está de moda, nos dice: todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha devaluado en beneficio del culto al deseo y de su realización inmediata como si se tratase de llevar a sus últimas consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la “debilidad de la voluntad”, es decir la anarquía de los impulsos y tendencias y, correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo: “la pluralidad y la desagregación de los impulsos, la falta de sistema entre ellos desemboca en una voluntad débil”; nuestra ideología del bienestar estimula la dispersión en detrimento de la concentración, y contribuye al desmenuzamiento del Yo, a la aniquilación de los sistemas psíquicos organizados y sintéticos. El fin de la voluntad coincide con la era de la indiferencia pura, con la desaparición de las grandes objetivos y grandes empresas por las cuales merece la pena sacrificarse.

Por su lado Zygmunt Bauman, -el que acuñó el concepto “tiempo o mundo líquidos”– en “Ética Posmoderna”, arremete contra Lipovetsky considerando que éste confunde las conductas prevalecientes con el juicio moral (o sea, que cree que una cosa está bien simplemente porque existe) y entiende que, aunque la moralidad no es universal, sino relativa en función de tiempo, lugar y cultura, en la perspectiva posmoderna no ha de haber un relativismo en la moralidad: lo que pasa es que se ha producido una descentralización de la autoridad intelectual y un despego de los metarrelatos que buscan explicar y controlar la sociedad, mediante normas morales rígidas, ha desaparecido la fe en reglas que funcionen con fundamentos que no se tambaleen, en un código ético no ambivalente y no aporético (sin contradicciones insuperables), que él llama “código ético a prueba de tontos”, y se ha asumido que nunca se encontrará.

El enfoque posmoderno de la ética consiste, ante todo, no en hacer a un lado las preocupaciones morales modernas características, sino en rechazar las formas modernas típicas de abordar los problemas morales; esto es, responder a los retos morales con normas coercitivas en la práctica política, así como la búsqueda filosófica de absolutos, universales y sustentos de la teoría. Los grandes problemas éticos —derechos humanos, justicia social, equilibrio entre la cooperación pacífica y la autoafirmación— no han perdido vigencia; únicamente es necesario verlos y abordarlos de manera novedosa en la que no hay una simple distinción entre lo “correcto” y lo “incorrecto”, independientemente de otros conceptos como la utilidad, verdad, belleza…Y ahora el camino correcto se divide en multiplicidad de opciones: lo razonable económicamente, estéticamente agradable, moralmente adecuado…y es preciso decidir cual tiene prioridad.

Es decir, Lipovetski parece que da por bueno lo que hay y Bauman admite un criterio ético pero adaptado a las circunstancias y a los diversos planos de los problemas.

Pero, me pregunto yo, ¿podemos vivir sin una mínima coherencia, sin un hilo conductor de nuestras vidas que, aunque pueda adaptarse a las circunstancias, dé un sentido  a nuestras conductas?

Sin duda es una pregunta ambiciosa que supera los recursos de este bloguero y quizá los límites de ¿Hay Derecho?, pero me atrevo a apuntar que no deja de tener una gran relación con la idea de que el orden social no debe estar únicamente confiado a la poder coactivo de las normas positivas, que tantas veces hemos remarcado en el blog.

Sin duda, como señala Bauman, será preciso encontrar unos nuevos criterios que permitan ordenar la conducta humana pues probablemente sea difícil volver a metarrelatos de otras épocas, a anteriores explicaciones universales del mundo, aunque me cuesta creer que tales criterios vayan a ser puramente individuales y subjetivos -por mucho que la realidad actual sea enormemente compleja y cambiante- pues no parece que la coherencia sea solamente coherencia con los propios deseos y ambiciones y que ello sea el fundamento de todas nuestras actuaciones. Tal cosa no sería moral sino psicología.

Pero no es dato insignificante que el libro de Lipovetski sea de 1983 y el de Bauman de 1993, tiempo cercano en la cronología, pero quizá no tanto en las circunstancias sociales y económicas y no sería de extrañar que el cambio de hábitos que la crisis no está obligando a sufrir hiciera más fácil el alumbramiento de nuevas reglas.