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¿Por qué es tan difícil pactar un Gobierno en España? Reproducción de la Tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

En España todos los días se cierran miles de pactos. Públicos y privados. Entre personas y empresas. En Comunidades Autónomas, ayuntamientos, notarías y hasta en gasolineras. Todas las partes ceden en algo y así terminan ganando. De esta forma están mejor al final que al principio. Pero desde diciembre de 2015, los cuatro principales partidos están demostrando su incapacidad para alcanzar un acuerdo de Gobierno. ¿Por qué?

Dado que alguna explicación racional habrá que buscar, podemos empezar con la denominada“teoría de la agencia” que explica que en ocasiones los representantes (Agentes) pueden tener intereses propios no perfectamente alineados con los intereses de los representados (Principales). De esta manera, puede que un determinado pacto favorezca claramente a los últimos, pero si no beneficia también a los Agentes no se cerrará nunca. Pues bien, en el caso de un pacto de Gobierno existe no ya uno sino dos problemas de agencia: el del líder con relación a su partido, y el del partido con relación a sus electores. Esto quiere decir que el pacto mejor es el que beneficia a la vez al líder del partido, garantizando su permanencia, al futuro del partido, garantizando que no va a perder votos y a los intereses generales de sus electores, garantizando que se va a aplicar el programa que han votado. Si los tres intereses se encuentran razonablemente alineados la solución resultará sencilla. En caso contrario puede tender a lo imposible, porque habría que poner de acuerdo (al multiplicar los tres sujetos citados por los dos o tres partidos necesarios para llegar a un acuerdo) unos cuantos intereses concurrentes potencialmente contradictorios.

Pues bien, en nuestra opinión el problema en España es que hay tres factores que complican el alineamiento entre Agente y Principal: la irrupción de dos partidos que no solo compiten en el eje derecha- izquierda sino también en el eje nuevo-viejo (con ambición de sustituir a los anteriores), la falta de una cultura de pactos políticos”institucionales” y el carácter clientelar de nuestra democracia.

Para ilustrar el factor nuevo-viejo a la luz de la teoría de la agencia podemos referirnos al caso del PP y Cs. Es obvio que a los electores del PP les interesa que se plasmen en la práctica sus ideas liberales y conservadoras, pero les debería importar poco que las defienda el PP o Ciudadanos, que puede llegar a competir en el mismo espacio. Pero al PP como partido le interesa mucho más su futuro como organización que el triunfo de sus ideas o el destino de su líder actual (salvo a sus más fieles) por lo que preferirá no dar ni agua a un partido afín pero que compite con él. Al líder sólo le interesa su presente, que pasa por ser Presidente del Gobierno y para eso necesita apoyos como sea y de quien sea. Este enrevesado problema de agencia supone que Rajoy, para mantenerse en el poder, estaría dispuesto a ceder mucho más de su programa (por ejemplo, en una negociación con el PSOE) de lo que lo haría cualquier otro candidato, en detrimento de los intereses de sus electores. Correlativamente, para Cs (o incluso para el PSOE) parece que cobrarse la cabeza de Rajoy -símbolo de la vieja política- puede ser más importante que imponer algunas de las medidas clave de sus programas, también en detrimento de los intereses de sus electores. Algo parecido ocurre entre el PSOE y Podemos: A Sánchez como líder le hubiera interesado gobernar con el apoyo de Podemos, pero a su partido le parecía demasiado peligroso. Para los electores de Podemos apoyar el pacto PSOE-Cs podía ser un mal menor frente a la continuidad de Rajoy, pero para su líder esa posibilidad era impensable. Y así podríamos seguir un buen rato.

El segundo factor es el de la falta de una cultura de pactos políticos institucionales (transversales o sobre programas) entre la ciudadanía. En estas últimas elecciones los electores no hemos favorecido –o penalizado- en las urnas a los partidos atendiendo a sus mayores o menores esfuerzos de cara a lograr un pacto de gobierno.Quizás porque el electorado tiende a pensar siempre que el partido al que vota no es el responsable; la culpa siempre es de los otros. En todo caso, esa sensación también revela falta de cultura política. Lo mismo cabe decir de la mayoría de los medios de comunicación, más enfrascados en hacer de altavoces de los políticos, poniendo el foco en el quién o con quién y casi nunca en el cómo y en el para qué. También para ellos resulta mucho más relevante hablar de líderes que del contenido detallado de cualquier pacto y de sus implicaciones. De esta forma consiguen más audiencia, pero contribuyen más bien poco a la implantación de una auténtica cultura democrática.

Efectivamente, en las democracias representativas las elecciones son un medio para alcanzar un fin: gobernar. Si se pierde esta idea de vista, no hay manera de salir del círculo. Lo que nos devuelve al punto de partida:lo importante es el programa que se quiere poner en marcha desde el Gobierno o, “second best”, si se pueden condicionar las decisiones de un Gobierno en minoría. Sobre estos programas o medidas es sobre lo que debe versar el debate: todo lo demás, siendo muy interesante para los partidos, sus líderes y muchos periodistas es accesorio para los electores.Y si no es así, entonces los ciudadanos no podemos criticar a los políticos que anteponen las consideraciones personales a cualquier otra, porque perciben que sus electores también lo hacen.

El tercer factor es el carácter fuertemente clientelar de nuestra democracia. En nuestro pasado reciente han existido otros Gobiernos en minoría, pero han podido gobernar como si tuvieran mayoría absoluta alcanzando un acuerdo con los partidos nacionalistas, que han apoyado indistintamente al PP o al PSOE. El esquema de estas negociaciones ha sido sencillo y cómodo para el partido que aspiraba a gobernar: cesiones concretas siempre en clave autonómica (más competencias, más dinero, retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional, cuota de reparto en órganos constitucionales, reguladores, etc) a cambio de estabilidad gubernamental. Dicho de otra manera, cada uno dejaba actuar al otro en libertad en su respectivo territorio durante una temporada. La negociación que podríamos llamar “institucional” sobre políticas concretas (educación, sanidad, fiscalidad, Justicia, etc.) ha sido siempre la excepción. Por eso, más que un pacto se trataba de un reparto, con la consiguiente delimitación de las áreas de influencia, al modo en que todavía se reparten el territorio algunas organizaciones mafiosas.

En conclusión, ahora el reto es alcanzar un pacto de muy distinta naturaleza: un pacto institucional sobre políticas concretas –y eventualmente cargos- con rivales que aspiran a competir en el propio territorio, con el tremendo coste que esto puede suponer para partidos y líderes acostumbrados a otra forma de funcionar.Por poner un ejemplo: mientras que para una democracia poco clientelar como la británica, la sustitución de Cameron no es una tragedia para los próximos (sino más bien una oportunidad) en España la sustitución del líder del partido que ocupa el poder en cada momento tiene muchas otras implicaciones. Lo esencial no parece ser el programa -que otro también podría llevar a cabo- sino la capacidad de atender a la clientela, lo que agudiza las contradicciones internas.

Nos encontramos sin duda ante una coyuntura crítica que deberíamos intentar aprovechar para mejorar nuestra democracia. Para ello sería necesario utilizar las debilidades del sistema para reorientarlo en la buena dirección. Es decir, aprovechar la disponibilidad del PP a pactar cargos y políticas a cambio de mantener a su líder para avanzar decididamente en la reforma de las instituciones y en el desmantelamiento del clientelismo político que tanto daño hace a nuestra democracia. Pero solo podremos transmitir a nuestros políticos los incentivos necesarios para hacerlo si empezamos por interesarnos más por las políticas que por las personas que las vayan a desarrollar. Y por el momento no lo estamos haciendo.

 

¿En qué piensan los electores cuando van a votar? ¿En la forma o en el fondo?

Casi todos en el fondo, y deberíamos hacerlo mucho más en la forma.

Pensar en el fondo es pensar en propuestas de soluciones a problemas materiales concretos. Por ejemplo: Si prohibimos los contratos de trabajo temporales o no los prohibimos, si la indemnización por despido debe ser fija o progresiva, si hay que subir el IVA, si hay que prohibir la prostitución, si hay que establecer una renta básica universal, si subimos el salario mínimo, etc. etc. etc.

Pensar en la forma, por el contrario, es asumir que mucho más importante que la solución es la manera a la que vamos a llegar a ella. Quizás nadie lo ha explicado mejor que el ilustre procesalista italiano, Piero Calamandrei, en un breve libro escrito en 1944 titulado “Sin legalidad no hay libertad”. En él afirma que “el programa de los liberales no mira tanto al contenido de las leyes como a la estructura del mecanismo que debe servir para crearlas” (…) “al liberalismo no le importa tanto el contenido de las leyes (la solución de los problemas) como el modo como son deliberadas y formuladas”. Ni siquiera deberían prejuzgar cuestiones tales como la abolición o no de la propiedad privada. Lo único que les debería importar es que tal cuestión se pueda discutir con libertad y rigor. “Por eso no cabe concebir un sistema que sea liberal sin ser democrático”.

Leer hoy en España algo así (escrito en plena lucha de las ideologías) causa asombro y tristeza. Ese es el verdadero liberalismo que en un mundo tan complejo como el actual necesitamos urgentemente, y a cambio lo único que obtenemos de nuestros mediocres partidos políticos son unas pobres recetas materiales sobre los más intrincados asuntos, formuladas en unas pocas líneas. Eso sí, todas aderezadas con la correspondiente salsa ideológica, ya sea socialista, conservadora o… liberal.

El inconveniente es que no existen soluciones fáciles a problemas complejos. Es más, ni siquiera estamos en condiciones de saber si un problema es simple o complejo sin antes habernos aproximado a él con cierto método. Y con ello no estoy abogando por un gobierno de tecnócratas, ni nada parecido, sino por una verdadera participación ciudadana de carácter democrático en la génesis de las decisiones, articulada a través de una discusión ordenada y transparente que nos permita a todos sentirnos vinculados por la decisión final, aunque por estar en minoría no podamos compartirla. Fuera de ese caso, siempre estaremos en condiciones de gritar: “¡no nos representan!”

En un mundo complejo como el actual, en donde la representación política es inevitable, esa participación y debate se articula a través de diferentes medios procedimentales. En primer lugar es necesario contar con organismos independientes de los intereses en liza que sean capaces de realizar un análisis serio de las políticas públicas. Esto es algo que en España brilla por su ausencia, pero que es la fuente fundamental de información relevante en la mayoría de países avanzados. Sin esta información cualquier decisión estará siempre construida en el aire y, además, se adoptará a un coste exorbitante.

En segundo lugar es necesario contar con un procedimiento de elaboración normativa (ya sea de carácter legislativo o reglamentario) serio y riguroso. Debe fomentarse la audiencia pública, el control de los lobbies, la transparencia, la participación de expertos y el debate entre los que hayan de adoptar la decisión final. Ello exige una Administración mucho más meritocrática y transparente y un Parlamento mucho más abierto a la sociedad civil.

En tercer lugar es imprescindible un control eficaz de los resultados de las políticas públicas, desde el punto de vista científico, de ejecución, y judicial. Deberíamos estar en condiciones de saber lo que ha funcionado y lo que no, y a qué precio. Cientos de normas se han revelado inútiles o contraproducentes, pero no sabemos cuántas, cuáles y en qué medida. Miles de normas y de decisiones no se han ejecutado o se han hecho incorrectamente, pero no sabemos por qué. Por último, nuestro sistema judicial no está en condiciones de controlar la aplicación efectiva de nuestro sistema democrático de toma de decisiones. No sabemos muy bien por qué adoptamos decisiones, pero al menos tenemos el consuelo de que tampoco sabemos si se cumplen.

Por eso, preocuparse por el fondo sin haber resuelto antes los problemas de forma es algo mucho peor que construir una casa por el tejado: es construir por el tejado una nave industrial pensando que construimos una casa. En definitiva, construir algo distinto de lo que se necesita, pero al menos con el consuelo de saber que se va a caer.

Una vez resueltos los problemas de forma cabrá adoptar con cierto fundamento las graves decisiones de fondo que nuestra sociedad demanda. Y no dudo que son las más importantes, especialmente las de carácter social, pero el inconveniente es que si queremos resolver esos temas  antes de estudiarlos previamente con el método adecuado puede que los agravemos. Después de hacerlo, sin embargo, quizás un liberal se sorprenda un día apoyando la supresión de la propiedad privada, como decía Calamandrei. Y quizás un comunista apoye bajar los impuestos a los ricos. Lo sabremos cuando llegue el momento. Porque lo que está meridanamente claro es que los grandes relatos ideológicos que todo lo explican y resuelven a priori con la correspondiente plantilla han fracasado estrepitosamente: el socialdemócrata en 1973, el comunista en 1989 y el neoliberal en 2008. A partir de ahora tendremos que ir a tientas, siguiendo de manera rigurosa un método de aproximación para encontrar la verdad en cada momento, tal como ocurre precisamente en un proceso judicial (y tal como nos recuerda nuestro ilustre procesalista).

Y ahora, recapitulemos: en estas elecciones, ¿quién se preocupa de verdad por el método? ¿Quién por la salud de nuestro Estado de Derecho, que es precisamente esa forma que todo lo sustenta? ¿Quién por la libertad y la calidad de nuestra paupérrima prensa, sin la cual ningún debate social digno de ese nombre es posible? ¿Quién por la Universidad, sin cuyo conocimiento experto cualquier país está perdido? Yo soy de los que piensan que ahí precisamente es donde primero hay que mirar…

 

 

 

 

Zugzwang: incertidumbre, cultura política y recuperación institucional.

Con un confuso resultado electoral que no satisface a nadie y tras unos movimientos políticos que no sabemos adónde pueden conducir, los ciudadanos nos encontramos un tanto perplejos, sumidos en la incertidumbre y preocupados. No sabemos quién nos gobernará, que será de la economía y de nuestras vidas, en suma. Los que deseábamos un cambio político, no estructural pero sí de funcionamiento de las instituciones, podemos preguntarnos lícitamente si todo esto no nos va a conducir a un remedio peor que la enfermedad que pretendía sanarse, a eso que en ajedrez se llama Zugzwang, situación en la que se encuentra un ajedrecista si cualquier movimiento permitido supone empeorar su situación y, eventualmente, perder la partida. La idea se la debo al insigne tuitero Fernando Castelló -@Castello_F- aunque me he enterado que mi coeditor Tena la usó en su último artículo en el Ahora, poco original soy…..

Conviene decir al respecto que es cierto que, en efecto, nos encontramos en un momento de incertidumbre y tribulación, pero también que ello no es necesariamente malo. En todo proceso se producen crisis (de crecimiento, por enfermedad, por agotamiento…) que son momentos de cambio y de decisión. Lo malo no es que haya crisis, sino cómo se resuelven estas. Los que consideramos que tiene que haber una recuperación institucional (tras intensas reflexiones con comentaristas de este blog como J.J. González y J. Casas y el escritor J.M. Marco prefiero este nombre a regeneración por no identificarla con la angustiosa corriente de principios del siglo XX y porque tiene el doble sentido de volver a tomar lo perdido y de mejorar un enfermo) tenemos que ser conscientes que no hay más remedio que pasar por momentos de incertidumbre, cuya correcta resolución puede llevarnos a una situación mejor. Cierto que también nos puede llevar a una vida peor, pero no se puede nadar y guardar la ropa. Además, las cosas no son siempre lineales: lo importante no es si conseguimos inmediatamente los objetivos que nos hemos planteado, sino si vamos por el camino correcto.

En este sentido, hay ya algún cambio palpable: los bloques monolíticos del bipartidismo se han rajado y estamos en otra dinámica de pacto y flexibilidad, lo que no excluyamos que puede conducir a un cambio positivo, aunque quizá no inmediatamente. Por ello, los ciudadanos debemos ser conscientes de lo crítico de la situación y de que es importante que en este momento la ciudadanía empuje en esa buena dirección, y por ello es importante insistir y predicar. Me vienen aquí las ideas de Acemoglu y Robinson sobre los “círculos virtuosos” y “círculos viciosos” que se dan en las instituciones y en virtud de los cuales una vez que una sociedad se organiza en una forma concreta ésta tiende a persistir, manteniendo el equilibrio económico o político existente y por ello existen enormes obstáculos a las mejoras graduales debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas. Pero a veces ese equilibrio se puede romper en las “coyunturas críticas”, grandes acontecimientos o confluencia de factores que lo trastornan. Y el que el cambio vaya de un lado o de otro depende de “pequeñas diferencias” en tales coyunturas. Esas pequeñas diferencias pueden ser desde la existencia de una burguesía potente o, por qué no, la existencia de una ciudadanía que empuja en una buena dirección.

¿Y cuál es esa buena dirección? Dios me libre de decir qué política concreta haya de hacerse, esto me supera. Pero como ciudadano partidario de esa recuperación institucional estoy legitimado, en primer lugar, para pedir que se cumplan las leyes. Claro que me dirán ustedes que formalmente se están cumpliendo y que ahora hay muchas lagunas constitucionales, que no se arreglan con normas. Cierto, por eso estoy legitimado para pedir que las actuaciones de los políticos se rijan por los valores democráticos, esos que, como decía Tocqueville en La democracia en América, son los que consiguieron el éxito de la joven democracia americana, esos que llamó “mores”: los hábitos o costumbres de la sociedad, “la suma de ideas que dan forma a los hábitos mentales”. Las mores son incluso más importantes que las leyes para establecer una democracia viable, porque estas son más inestables cuando carecen del respaldo de las mores. Tocqueville sostenía que los valores democráticos, lejos de ser un producto final de una larga experiencia con las elecciones, forman parte de la esencia misma de la democracia.

A mí me parece que en la situación en la que nos encontramos cabría aludir a ciertas “mores” democráticas, y hacer una homilía moral. Así que pienso:

  1. El que lleva a su partido al fracaso tiene que dimitir. Rajoy debería haber dimitido porque ha tenido un descalabro electoral. Quizá Sánchez también debería haber dimitido aunque, como mi coeditora Elisa decía recientemente, su permanencia es más excusable por proceder de unas recientes primarias y estar previsto un congreso próximo. ¿Dónde sale eso en la ley eso de las dimisiones? En ningún sitio; es más las leyes existentes desincentivan que haya una presión dentro de los partidos para el cambio del líder por la falta de democracia interna y de mecanismos de rendición de cuentas. Es palmario en el PP, en el que no se oye ni un tosido cuando razonablemente quizá debería haber alguno y algo menos, porque hay algo más de toses, en el PSOE, cosa que parece positiva (la división interna no debería penalizar tanto como penaliza), pero que tampoco parece desmesurada. En todo caso, esas dimisiones tras los fracasos electorales son saludables (se acepten o no, porque se confirme al candidato) y son coherentes con  los valores democráticos porque son lo más parecido a una rendición de cuentas, que no impone la ley, pero que es imprescindible; aparte de que, probablemente facilitaría los acuerdos a que me voy a referir.
  2. Un partido en el que hay numerosos casos de corrupción ha de hacer un acto de contrición. Hace casi cuatro años (aquí) hacía referencia a la necesidad de sacrificios para expiar las culpas de que los políticos muestren una ejemplaridad más allá de las leyes; leyes que van aplicándose con la lentitud propia de la justicia pero que no impiden las responsabilidades políticas que no son ya imputables a una persona concreta sino a todo un partido que, por su propia supervivencia, debería comprender que tiene que dar una imagen de renovación que debe empezar por las caras de sus dirigentes actuales para que sus posibles votantes puedan obviar sicológicamente la disonancia cognitiva que se produce entre sus principios y las actuaciones de los políticos que votan.
  3. El contrincante político no es un enemigo, es un adversario. Como decía Ignatieff en Fuego y Cenizas, convertir a un adversario en enemigo define los compromisos como una traición. En España tenemos demasiado sectarismo, cordones sanitarios, enemigos a muerte con los que no se puede ni hablar de cerca porque contaminan. Esto no es aceptable. En mis iniciáticos estudios de Ciencia Política me ha interesado mucho una referencia a las indagaciones de Lijphart respecto a lo que se ha denominado “democracia consociativa”, que es cómo denomina este autor a este sistema de negociación entre las elites de una comunidad política socialmente heterogénea. Pone como ejemplo Holanda en donde había sectores muy diferenciados e incompatibles (católicos protestantes, liberales y socialistas (los cuatro zuilen o pilares), pero que por necesidad sus elites se prestaron a acomodar sus intereses y con negociaciones pacientes llegaron a consolidar la democracia durante décadas. Y ello constituye un modelo distintivo de democracia que se puede aplicar en las sociedades profundamente divididas y no digamos a las que no están tan divididas. Por supuesto, hay límites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la línea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso, incluyendo en el deshonroso no sólo el que atenta contra los principios de la democracia y reglas constitucionales sino también aquellos en los que se prima el interés personal frente al general, como lamentablemente se está intuyendo en algunos movimientos políticos: ya sabemos qué todos tenemos ambiciones, pero que no superen demasiado a los ideales, por favor.

POSTDATA: Estando en imprenta el post salta la noticia de que el Rey no ha querido encargar a Rajoy la formación de gobierno (¿no será más bien que no ha querido él?) y que tal encargo se hace a Pedro Sánchez. Bienvenido sea el desbloqueo institucional. Esos valores democráticos a los que me refiero obligan, creo yo, a que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se entiendan mediante pactos de gobierno, alianzas parlamentarias o abstenciones y que el PP, que no ha sido capaz ni de proponer alianzas ni ha querido someterse al desgaste de la investidura, tenga a bien posibilitar la gobernabilidad del país mediante su abstención y proceda, antes de regenerar (o recuperar) el país, a regenerarse a sí mismo. Le necesitamos fuerte y limpio. Quizá una solución de este tipo tenga varios efectos positivos: el desbloqueo y la gobernabilidad; un gobierno comprometido con la recuperación institucional y enviar al taller a un PP que precisa reparaciones. Y esperemos que ningún partido considere alta política el tacticismo de ver desgastar a los partidos pactistas durante las negociaciones, para luego bloquear la investidura y abocarnos a unas nuevas elecciones en las que piensan sacarán tajada. Creo que no será así.

A lo mejor esta situación no es un zugzwang.

HD Joven: Propósitos de año nuevo para una nueva España

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 20-D, España entera está expectante. Acostumbrados a tener dos grandes partidos políticos –uno que ganaba las elecciones y otro que las perdía-, el actual paisaje político tiene a la mayoría de ciudadanos bastante perplejos. ¿Gobernará Rajoy en minoría cuatro años más?; ¿alcanzarán un acuerdo “las izquierdas” para formar un gobierno alternativo? ¿Habrá un gran pacto o coalición de los dos partidos tradicionales?; ¿volveremos a votar en 2016? En definitiva, máximo grado de incertidumbre.

Salvando matices, tenemos el siguiente panorama parlamentario: (i) dos partidos mayoritarios –PP y PSOE-, con 213 diputados, que en principio desean –salvo prueba en contrario- que todo siga igual, es decir, que continuemos con el sistema de alternancia en el poder que ha venido funcionando desde la Transición; (ii) un partido con 40 diputados –CIUDADANOS- que, según dicen, pretende reformar España respetando las reglas del juego, es decir, reformar el edificio sin derribarlo; (iii) y, por último, los 69 diputados de PODEMOS –y sus franquicias- cuyos planteamientos pasan por echar abajo el edificio de manera rápida y sin demasiados miramientos –aún no sabemos si empleando la bola de demolición o directamente con dinamita- para construir uno nuevo.

Bromas aparte, no es mi intención juzgar aquí cuáles de estas opciones políticas son mejores o peores. Como demócrata, respeto (casi) todos los planteamientos y no valoro los resultados electorales obtenidos por PODEMOS –como equivocadamente hacen algunos- como si de una anomalía democrática se tratase, sino como una simple manifestación de la soberanía nacional expresada en las urnas por más de 5 millones de españoles, a los que debo todos los respetos. Algunos de ellos, además, no son ciudadanos anónimos, sino vecinos, colegas de profesión, familiares o amigos. Los “podemitas” –dicho sea con todo el cariño-, son también nuestros compatriota, como diría el líder del otro partido emergente.

Volviendo a la composición del parlamento, está claro que las diferentes sumas y combinaciones entre varios partidos para formar un gobierno “homogéneo” –desde un punto de vista ideológico-, no salen de ninguna manera. De hecho, parece prácticamente imposible que se pudiera constituir un gobierno mínimamente sólido en el que no estuvieran presentes los dos grandes partidos.

Pues bien, ante este panorama, son muchas las voces que están reclamando un gran gobierno de coalición de los dos grandes partidos –PP y PSOE- o de la suma de aquellos y CIUDADANOS, para poder constituir un Gobierno de España estable durante los próximos cuatro años. En este sentido se han pronunciado varios editoriales y opinadores durante las últimas semanas, algunos de ellos nada sospechosos de formar parte del actual establishment político.

Llegados a este punto, creo modestamente que esta es la opción que más nos conviene a todos, por supuesto, mucho más que unas nuevas elecciones generales en 2016. Pero que nadie se lleve a engaño, no seré yo quien proponga una gran coalición para que todo siga igual. La idea es bien distinta.

Intentaré hacer un ejercicio de idealismo –espero que no de ciencia ficción-, para explicar cuál es mi propuesta para la España de los próximos cuatro años. Propongo que hagamos un stand by de una legislatura, aparquemos momentáneamente las ideologías y sentémonos a hablar sobre qué país queremos para los próximos 50 o 60 años, con el fin de poner en marcha la mayor reforma de nuestras instituciones que se haya conocido desde la Transición.

¿Debe participar también PODEMOS? Aunque siendo prácticos podríamos pensar en excluir a esta formación política de inicio –por lo que han venido diciendo durante las últimas semanas-, no creo que resulte saludable, desde un punto de vista democrático, excluir del debate a más de 5 millones de ciudadanos. Ahora bien, si PODEMOS quiere formar parte de esta nueva etapa política tendrá que acatar las reglas básicas de juego que los españoles nos dimos en el 78. El ejemplo más evidente: la soberanía nacional no puede romperse por medio de un referéndum “de autodeterminación” de los ciudadanos de una comunidad autónoma, con exclusión del resto de españoles (art. 1.2 CE).

¿Y si PODEMOS no acepta las reglas de juego?, la vida sigue y España no puede quedar paralizada al albur de caprichos partidistas. PP, PSOE y C`s representan a la inmensa mayoría de los españoles (más de 16 millones de votantes), podrían dotar de estabilidad al nuevo Gobierno (secundado en el Congreso de los Diputados por 253 escaños), y los tres partidos, dentro de sus discrepancias ideológicas, tienen como denominador común el respeto de las reglas de convivencia.

Pero vayamos a lo importante: ¿Sobre qué presupuestos se debería fundar ese hipotético gran gobierno de coalición?

En primer lugar, los dos grandes partidos que han gobernado España durante los últimos más de treinta años –PP y PSOE- deben asimilar y “digerir” la necesidad de cambio. El mandato de las urnas es claro: los españoles no queremos que todo siga como hasta ahora. Hay unos cuantos aspectos de la vida pública que pueden y deben cambiar, principalmente aquellos que se refieren a la calidad democrática de nuestro sistema político e institucional.

Especialmente relevante resulta la posición del PSOE, pues sin su apoyo parlamentario nada de lo aquí sugerido sería posible. Hay quién dice que sus votantes no verían con buenos ojos ese gran pacto de estado y yo me atrevo a poner en duda esta tesis. Creo que sus votantes situados más a la izquierda ya hace tiempo que se dejaron seducir por “la coleta” y los que aún le siguen votando –al menos con los que yo he hablado- nunca han visto con buenos ojos el carácter rupturista del partido morado ¿Preferirá el PSOE un gran pacto por España o morir devorado en marzo o mayo por otras opciones políticas situadas a su izquierda? Quiero y confío en que opte por la primera opción.

En segundo lugar, necesitaremos altura de miras y generosidad por parte de la dirección de los dos grandes partidos. Concretamente, creo que Rajoy y Sánchez deben hacerse a un lado, dejar de pensar en sus aspiraciones personales o de partido y dar paso a nuevas caras con capacidad de diálogo y consenso. Los tres partidos de la gran coalición deben anteponer los intereses generales de España a los suyos propios.

En tercer lugar, el nuevo Gobierno debe ser liderado por uno o varios estadistas. Para esta misión no sirven hombres de partido o personajes de la vida pública que hayan destacado por desarrollar un discurso altamente ideologizado. No sirven los “forofos” de uno u otro partido. Necesitamos figuras dialogantes, de reconocido prestigio, con alta cualificación técnica y una gran capacidad de negociación.

En esta nueva etapa, desaparecen el real decreto como forma habitual de legislar y la mayoría absoluta de una ideología concreta como medio para implementar las medidas previstas en un programa electoral o en un memorandum of understanding. Ahora toca sentarse a la mesa, dialogar y negociar. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario en el que a los españoles no les queda otra opción que buscar un nuevo paradigma de liderazgo político.

Por último, llega lo más importante de todo. La gran coalición no puede tener como objetivo que todo siga igual. Hay que poner sobre la mesa y negociar una agenda ambiciosa de reformas dirigidas a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y la vida de los ciudadanos. Sobre el contenido de esas reformas se ha escrito mucho –y muy bien- en este blog: la reforma de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos, el gran pacto por la educación, la separación de poderes para preservar la independencia de los jueces, la definición definitiva del modelo territorial, el adelgazamiento de las administraciones públicas superfluas, etc.

¿Es necesaria una reforma constitucional? Pues éste quizás no sea el debate fundamental, aunque a buen seguro tendrá que modificarse la norma fundamental en la medida en que los cambios pretendidos sean de verdadero calado. Si finalmente tiene lugar ese escenario, supondrá para el conjunto de los ciudadanos una excelente oportunidad para “firmar” un nuevo pacto de convivencia para los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años.

En definitiva, hay una idea que necesariamente debe calar en los españoles para que esta nueva etapa culmine con éxito. Los ciudadanos deben percibir que de verdad se está llevando a cabo un cambio en profundidad y no meras actuaciones cosméticas: una verdadera transición política y social. ¿Será posible algo así? Solo el tiempo nos dirá si se obrará el “milagro” o si nos tocará volver a las urnas. Por el momento, como siempre, nos queda ser optimistas y seguir empujando todos juntos.

El camino de Dinamarca: reproducción de la Tribuna en el Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

 

El resultado de las elecciones del domingo arroja sin duda un resultado muy difícil de gestionar, consagrando un escenario de pluripartidismo y de necesidad de pactos o/y Gobiernos de coalición que, siendo habitual en otros países de nuestro entorno, lo ha sido mucho menos en España al menos a nivel nacional. Sin embargo, la sociedad española parece preparada para esta novedad, lo que es un síntoma de madurez democrática. Efectivamente, las encuestas reflejan  que los ciudadanos españoles –especialmente las nuevas generaciones- no están especialmente preocupados por la necesidad de gobiernos de coalición o de pactos a varias bandas, ni tampoco por la posible inestabilidad o la supuesta falta de gobernabilidad. Desde luego lo están mucho menos que nuestros representantes políticos (al menos hasta hace dos días) y que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.

Pero los ciudadanos también tienen que ser conscientes de que con el panorama surgido de las elecciones del 20D las reglas del bipartidismo (básicamente las que impiden llegar a acuerdos entre adversarios políticos llamados a sustituirse) ya no pueden aplicarse, porque impedirían la constitución de un Gobierno estable. Dicho de otra forma: si abrazamos el pluripartidismo, hay que hacerlo con todas las consecuencias, y hay que asumir que pueden darse acuerdos (puntuales o no) entre partidos como el PP y el PSOE que difícilmente se hubieran producido en el pasado reciente. De la misma forma, tendremos que asumir que los nuevos partidos no van a funcionar ni como las marcas blancas de los tradicionales, ni como aspirantes a sustituirles. Eso es lo que significa de verdad el pluripartidismo.

Tenemos que ser conscientes de que la necesidad de llegar a acuerdos entre varios partidos para garantizar que haya un Gobierno puede ser la gran oportunidad que estábamos esperando para acometer las imprescindibles reformas institucionales que han quedado aparcadas a lo largo de la última legislatura. Particularmente cuando, como es inevitable, se ponen en riesgo los intereses de las redes clientelares de los partidos tradicionales creados a lo largo de décadas

En este sentido, los españoles hemos salido un tanto escarmentados de la pasada mayoría absoluta por dos motivos: Primero porque no ha servido para realizar auténticas reformas estructurales y de cambio de modelo productivo  –más allá de la muy necesaria reforma laboral y del sistema financiero que exigían nuestros socios-  ni, sobre todo, para abordar la urgente regeneración institucional. Segundo porque, en un contexto de instituciones débiles  y colonizadas por los partidos políticos,  el abuso de la mayoría absoluta y la confusión de los intereses generales con los del partido en el gobierno ha sido un riesgo cierto, especialmente visible en los casos de corrupción. La experiencia nos ha aconsejado la conveniencia de contar con contrapesos mucho más robustos en forma de pluripartidismo y, en particular, de devolver al Parlamento el papel esencial que le corresponde en una democracia representativa. Porque aunque la legislación compulsiva anunciada cada viernes en los Consejos de Ministros y la aprobación de innumerables decretos-leyes por “razones de extraordinaria y urgente necesidad”  nos lo hayan hecho olvidar, lo cierto es que al Gobierno no le corresponde la función de elaborar las leyes: esa es la tarea del Parlamento. Al Gobierno le corresponde la función ejecutiva y la potestad reglamentaria respetando esas leyes y por supuesto la Constitución, además de la dirección de la política interior y exterior.

El Parlamento tiene también otra función esencial, que suele también difuminarse en tiempos de mayorías sólidas como son las que tradicionalmente ha tenido España, y es la del control del Ejecutivo, un control que debe de ser real y efectivo, para lo que es imprescindible que el Ejecutivo no controle al Parlamento como si fuera un títere suyo. En fin, gracias a la fragmentación del Parlamento recién elegido puede que en esta legislatura podamos visualizar con cierta claridad el funcionamiento ordinario de una democracia parlamentaria, lo que debería de ser un motivo de alegría. Quizá hasta descubramos las dotes (o la falta de ellas) de algunos parlamentarios electos, lo que no nos vendrá mal a la hora de conocerles un poco mejor y de decidir si merecen o no repetir en las listas. La falta de experiencia previa de gran número de los nuevos diputados puede llegar a ser una ventaja desde el punto de vista de la regeneración del Parlamento español en temas tales como las incompatibilidades, los conflictos de intereses, la transparencia o el rigor en la gestión del dinero público, facilitando la asunción de nuevas y más exigentes normas de conducta.

Pero yendo más allá, el escenario que se ha abierto este domingo ofrece indudables posibilidades que convendría no dejar escapar. Se puede llegar a pactos pluripartidistas o transversales que afecten a las propias reglas del juego democrático, intentando avanzar desde una democracia de poca calidad a una democracia más exigente y de mayor calidad. Se trata, como se ha dicho muchas veces en las páginas de este periódico, de ir desmontando el Estado clientelar surgido en torno a unos partidos políticos muy fuertes, que han invadido espacios que no les correspondían, y en cuyo caldo de cultivo ha germinado con fuerza la corrupción, e ir avanzando hacia un Estado más moderno, con unas instituciones neutrales, una Administración despolitizada, profesional y eficiente, un Poder Judicial independiente, una gestión pública transparente y eficaz en defensa de los intereses generales, una evaluación sistemática de las políticas públicas y una exigente rendición de cuentas. Si, parafraseando a Tocqueville, ninguna clase política es capaz de sacar lo que su sociedad no tiene previamente dentro, estas elecciones apuntan a que la sociedad española tiene ganas de intentar este cambio. Ahora queda por ver si los políticos elegidos este domingo –la mayoría todavía por cooptación y de acuerdo con las viejas reglas electorales- tienen también ganas de intentarlo, dejando de lado las siglas y los intereses partidistas por un tiempo determinado en beneficio de todos.

No debería de ser tan complicado, si nos fijamos en el diagnóstico en gran medida coincidente sobre la necesidad y urgencia de la regeneración institucional que han realizado los dos partidos emergentes, que puede fácilmente llegar a compartirse por los  partidos tradicionales aunque sea por necesidades aritméticas. Llega el tiempo de las políticas “bisexuales” por utilizar la misma expresión que Víctor Lapuente en su interesante libro “El retorno de los chamanes” donde advierte del peligro de los populismos y sus engañosas recetas de soluciones fáciles frente a problemas complejos. El auténtico reto es construir a partir de ahora un discurso público sobre presupuestos  correctos, apoyándose en los datos disponibles y huyendo de ideas preconcebidas, de conceptos abstractos, de prejuicios y de cosmovisiones simplistas. Esto requiere ser capaces de debatir sobre impuestos, pensiones, reforma laboral, violencia de género, referéndums, desahucios o cualquier otra cuestión sin dar nada por sentado y con disposición para examinar todas las posibilidades con la finalidad de lograr la mejor solución concreta para cada problema. En definitiva, hay que abordar las discusiones y los posibles acuerdos con espíritu crítico y abierto y con un saludable escepticismo; muchas veces las mejoras serán más modestas de lo que nos gustaría, pero lo importante es que sean mejoras y vayan en la dirección correcta. Es lo que llevan haciendo muchos años los países nórdicos con excelentes resultados en términos de libertad y de igualdad de oportunidades, así como de crecimiento económico. El que los gobiernos de coalición, los pactos y el multipartidismo sean frecuentes en Dinamarca o Suecia no es una casualidad.

En este contexto, no puede haber bloques frentistas ni exclusiones de partidos a “priori”;  todas las reformas se pueden y se deben hablar con todos, como se hizo con gran éxito al comienzo de la Transición en una situación bastante más complicada y sin experiencia democrática previa.  Se trataba entonces, como se trata ahora, de establecer un nuevo marco  político para la convivencia de los españoles para los siguientes 30 o 40 años, con o sin reforma constitucional. Esta es la auténtica Gran Coalición que la sociedad española ha pedido el domingo en las urnas. Aún reconociendo que no será fácil, es lo que hay que intentar darle a los ciudadanos que han repartido estas cartas a los distintos jugadores. Requerirá mucha paciencia, mucha negociación, mucha pedagogía y también muchas renuncias y mucha comprensión de los electores. También requerirá tiempo. El que no lo entienda así o no se vea capaz de emprender este camino debería echarse a un lado y dejar el paso a otros. Es tiempo de responsabilidad, de rigor y de generosidad. Todos, políticos y ciudadanos debemos estar a la altura.

HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

Mi pueblo no se cierra o sobre los debates en campaña electoral

La irrupción de nuevos partidos en la política española generó notables expectativas sobre una campaña electoral distinta, con propuestas diferentes y formatos de debates más abiertos y dinámicos.  Parece que nos hemos quedado a medio camino: sin duda se ha realizado una campaña más cercana y con más formatos, pero en esencia se ha mantenido el mismo perfil, cierta rigidez, y sobre todo el mismo esquema de debate “trazo grueso”.

Ya hemos escrito en varias ocasiones en este blog sobre la tremenda dificultad que requiere plantear un debate de cierta profundidad en la política española (ver aquí). Los partidos suelen practicar la política para “menores de edad”, y tratar a sus potenciales votantes con escaso respeto por su nivel intelectual.

La campaña “mi pueblo no se cierra”, puesta en marcha por el PP en las zonas rurales, es un perfecto ejemplo de campaña efectista y poco respetuosa con la inteligencia de los votantes. Allí donde se pretende abrir un debate sobre la mejor forma de prestar servicios en pueblos pequeños, y sobre la necesidad de superar la etapa de caciquismo y corrupción que representan las diputaciones en España, el PP ha preferido simplificar y trasladar el mensaje de que lo que realmente se pretende es “cerrar” los pueblos pequeños y, supongo, que empujar a sus habitantes a la diáspora. Un bueno ejemplo del debate de “trazo grueso” al que nuestra clase política nos tiene acostumbrados.

El inicio de campaña hizo pensar incluso que las cosas podían incluso ir a peor. El PSOE había dado a entender que el debate sobre la mejora de la educación en España giraría de nuevo en torno a si la asignatura de religión debía impartirse o no en horario lectivo, y sobre si su nota debería contar o no para la media de secundaria, por no hablar sobre la recuperación de la asignatura de educación para la ciudadanía. Sin duda un debate “de calado” sobre la reforma educativa. Supongo que la publicación del libro blanco elaborado por el filósofo José Antonio Marina (ver por ejemplo aquí) en el mes de diciembre, con iniciativas reales para combatir el triste deterioro de la educación en España pudo hacer reflexionar a los estrategas de la campaña electoral de los socialistas de que con ese planteamiento no iban a llegar muy lejos. Por primera vez en muchos años hemos vislumbrado un debate político de más nivel, que ha puesto el acento en la necesidad de situar a los profesores en el centro de cualquier reforma educativa, y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de exigir más a los profesores, con la finalidad de prestigiar una profesión sobre cuyos hombros debe recaer el futuro del país. Ha sido un comienzo, aunque todavía estamos lejos de abordar otros debates igualmente necesarios sobre el futuro de una universidad que necesita no una reforma, sino una revolución, y una formación profesional que sigue sin ajustarse a las necesidades del mercado laboral.

También la regeneración ha sido la estrella de los debates y de la campaña de la mayoría de los partidos. Aunque es difícil escaparse de una campaña basada en acusaciones mutuas  y en el “y tú más”, como mostró el cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del pasado lunes, la irrupción de los nuevos partidos ha permitido que se hayan abierto paso propuestas concretas para combatir la corrupción en España. Hemos escuchado hablar de transparencia, de puertas giratorias, de acabar con los indultos. Un gran avance respecto a campañas anteriores. Y creo que sería justo reconocer que este blog ha tenido mucho que ver al situar muchos de esos temas en el centro del debate político.

El debate sobre las medidas económicas es tradicionalmente el más importante de las campañas electorales. Las promesas electorales para luchar contra el paro o reducir los impuestos suelen acaparar toda la atención mediática, y los partidos no escatiman medios para resultar convincentes. Los mensajes ligados a la rebaja de impuestos son sencillos de transmitir. Los mensajes sobre las medidas concretas para reducir el paro y la precariedad laboral son algo más complejos. En el debate a cuatro pudimos escuchar la propuesta de contrato único planteada por Ciudadanos, pero no hubo realmente una argumentación en torno a sus ventajas o inconvenientes y sobre todo no quedó claro cual era la propuesta alternativa más allá de derogar la reforma laboral o mantenerla. Lo mismo podría decirse sobre las propuestas de renta mínima garantizada realizadas por Podemos. Escaso debate sobre su viabilidad económica, o sobre las alternativas que plantean otros partidos para luchar contra la desigualdad y la pobreza.

En el último ejemplo sobre las campañas de trazo grueso quiero referirme al debate sobre la violencia de género. Sin duda el planteamiento que ha realizado Ciudadanos sobre acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo es un debate de matices, por lo que resulta muy poco apropiado para una campaña electoral. Este tema se abordó en este blog, generando un interesante intercambio de opiniones (ver aquí). Podría pensarse que si la constitución, en su artículo 14, defiende que no puede haber discriminación ante la ley por razón de sexo, el tema, estando a favor o en contra, merece un debate. Al menos merece una discusión orientada a argumentar si la discriminación, avalada por el Tribunal Constitucional, ha sido realmente efectiva para la lucha contra la violencia de género. Debates más basados en datos, y menos en prejuicios ideológicos. Un debate quizás demasiado fino para el tono habitual de una campaña electoral que se encuentra más cómoda entre acusaciones de machismo o feminismo, y poco habituada a analizar la efectividad de las medidas y las leyes, apoyado en datos.

No es fácil escapar a estos problemas en medio de una campaña electoral. Victor Lapuente, en un acertado artículo publicado el pasado domingo, recogía los problemas que el formato del debate a cuatro de Atresmedia tenía para permitir realmente abordar cualquier tema con un mínimo de rigor y profundidad. A pesar del mayor dinamismo, realmente hubo poco debate, y aún menos análisis en profundidad de las cuestiones y las alternativas que plantean los partidos. Difícil debatir tanta gente sobre tantos temas en tan poco tiempo.

Pero si el debate a cuatro se perdió en las generalidades, el debate que presenciamos el pasado lunes entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también defraudó las expectativas. Con un formato supuestamente más flexible, no acotado en tiempo y en número de intervenciones, en el que la distancia física entre los dos líderes se acorta y en el que el presidente de la Academia de la Televisión intentó defender la neutralidad, podíamos haber esperado mucho más de la negociación que seguro tuvo que existir entre los directores de campaña de los dos partidos y los responsables del diseño del formato. Por supuesto también se esperaba mucho más de sus protagonistas. Siempre es más sencillo reprochar errores que contrastar propuestas y alternativas.

Han pasado 22 años y 6 debates cara a cara de candidatos a la presidencia del gobierno. El marketing político exige mensajes directos y sencillos de entender por todos los ciudadanos, pero una campaña electoral debería contar con mayores opciones para debatir en profundidad los temas relevantes para los españoles.  Una vez que en esta campaña se ha despertado el apetito de los ciudadanos por los debates electorales, quizás es el momento de ir un paso más allá, y plantear modelos no tan generalistas, sino debates más específicos sobre temas concretos, que permitan contraponer propuestas y que den opción a los ciudadanos a valorar mejor las alternativas que presentan los diferentes partidos. Igualmente parece preciso que el papel de los periodistas en los debates sea más activo. Un debate sobre alternativas exige preguntas más concretas, y un mayor énfasis en contraponer propuestas. Y como indicaba Victor Lapuente en su artículo, no está de más recordar que un debate es una discusión, no un combate de boxeo.

Por último, ayudaría mucho que los políticos empezasen a respetar intelectualmente a sus potenciales votantes. Quizás así podamos ahorrarnos el bochorno de campañas como la de “Mi pueblo no se cierra” y seguir avanzando en la mejora de la calidad democrática en nuestro país.

HD Joven: En busca de la democracia perfecta

Año 2015, año electoral. Elecciones locales, autonómicas y generales. Elecciones en Grecia (¡2!), Polonia, Suecia, Reino Unido… Elecciones everywhere.

Las elecciones son el único momento en que un ciudadano de a pie puede ejercer la democracia. Digo “democracia” a falta de un término mejor, y no incluyo manifestaciones, protestas y huelgas como ejercicio democrático ya que más bien me parece que son un necesario parche a una grotesca carencia del sistema de participación que permite a los gobernantes no rendir cuentas ante el resto de ciudadanos.

En este artículo voy a intentar resumir todo lo que pienso sobre eso que llamamos “Democracia” y por qué pienso que no es el término más adecuado para definir el actual sistema de participación, ya que comparar lo que tenemos con la democracia real es como comparar a tu tía con el móvil grabando el bautizo de tu sobrino con Steven Spielberg (guarda relación, sí, pero no es lo mismo)

Comencemos desde el principio, lo que siempre hemos considerado como el origen de la democracia, o al menos su origen etimológico. Como todos sabemos, en la Grecia clásica se desarrolla una especie de fenómeno asambleario en el que los ciudadanos toman decisiones tras haber debatido las cuestiones en el ágora. A esto se le dio el nombre de “Democracia” o “Gobierno del Pueblo” (Demos = pueblo, Kratos = gobierno). Tampoco es que por aquel entonces fuera un concepto realmente representativo de la realidad, teniendo en cuenta que solo quienes tenían la condición de ciudadanos podían ejercer este derecho, y no eran ni siquiera la mayoría de la población de cada polis. Los metecos (extranjeros residentes), los esclavos y las mujeres estaban excluidos del sistema participativo. Aun así, para aquel entonces era todo un logro.

Mucho tiempo más tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII, la independencia americana y la revolución francesa trajeron los derechos del hombre y del ciudadano, que venían a otorgar la condición de ciudadano a quienes hasta entonces eran vasallos. Los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad recorrieron el mundo en una oleada revolucionaria que derrocó monarquías y obligó a otras a crear parlamentos en los que se expresase la voluntad del pueblo, lo que dio origen al sistema de monarquía parlamentaria que aún perdura en numerosos estados.

No obstante, analizando las sociedades occidentales en la actualidad podemos observar que estos tres ideales se ven aún limitados por contradicciones que no hemos sabido superar. La libertad está viéndose comprometida por las nuevas “leyes de seguridad” y las políticas autoritarias relacionadas con las migraciones. La igualdad sigue siendo una utopía en sociedades en las que el sexismo y el racismo perduran y donde n siquiera se ha superado la monarquía (que contradice la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades). Por su parte, el sentimiento de fraternidad brilla por su ausencia ante el auge del nacionalismo y de un sistema económico que premia la competición y castiga la cooperación.

Con este análisis no quiero decir que nada se haya conseguido. Echando la vista atrás es evidente que en los últimos siglos se han conseguido cosas que a priori parecían imposibles, desde la abolición de la esclavitud hasta el sufragio universal, pasando por las conquistas sociales del movimiento obrero. Pero cuando analizamos la situación política internacional, con el belicismo como principal método de solución de conflictos, y cuando analizamos la economía mundial, cada vez más financiarizada, deslocalizada y basada en la idea de consumo infinito y eterno, es indudable que aún nos queda mucho por andar y, sobretodo, por desandar, ya que parece evidente que llevamos un tiempo avanzando en la dirección equivocada (ejem, cambio climático, ejem). Sin ir más lejos, la política exterior norteamericana (con la complicidad de Europa) ha dinamitado la frágil estabilidad de Oriente Medio y Oriente Próximo, derrocando regímenes totalitarios de una manera tan grotesca que lo único que han conseguido ha sido empeorar el problema y favorecer el crecimiento de grupos extremistas, terroristas y terroríficos, que se han hecho con el poder en extensos territorios. Ahora estas políticas nos dejan como legado una oleada de refugiados sin precedentes, a quienes tenemos la obligación moral de apoyar ante el fracaso de la política exterior de los gobiernos que hemos votado.

“Que hemos votado”.

Esta frase lo dice todo. Es perfecta para entender la conexión entre las carencias del sistema de participación y las consecuencias de la mala praxis política.

El voto es la herramienta que tiene un ciudadano para legitimar su apoyo a “algo”. Este algo podría (y debería) ser muchas cosas, pero en nuestro imperfecto sistema se limita a una: el apoyo temporal (4 años en España) a un partido político para sumar poder en las cámaras de representación legislativas y en los gobiernos ejecutivos. El sistema de participación es tan limitado que ni tan siquiera permite el control ciudadano a sus representantes durante el periodo que dura la legislatura, permitiendo, como hemos visto, que los representantes puedan incumplir la totalidad de sus programas electorales (aquello por lo que se les votó). Es decir, que como si Rousseau jamás hubiera nacido, nuestras constituciones no blindan el contrato social, por lo que los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta para controlar a nuestros gobernantes una vez estos han sido elegidos (al menos hasta las siguientes elecciones).

En resumen, el concepto que de acuerdo con la etimología debería significar “el gobierno del pueblo”, en realidad se está utilizando para nombrar algo que más bien se traduce en “el gobierno temporal de aquellos elegidos y legitimados por el pueblo para llevar a cabo unas políticas concretas determinadas en sus compromisos electorales que podrán o no ser cumplidos, lo cual no les deslegitimará para hacer lo contrario”. O sea, que en lugar de que la sociedad decida, que sería lo correctamente denominado Democracia, en el actual sistema la sociedad elige a un partido político para que decida lo que le dé la real gana (dentro de los márgenes de la ley), con la única garantía de que no querrán incumplir demasiadas promesas para asegurarse un buen resultado en futuros procesos electorales.

Bien, hasta aquí todo está bastante claro: dentro de las posibilidades de la democracia representativa, se ha generalizado la “partitocracia”, un sistema político donde el sujeto central son unas asociaciones de profesionales de la política (y algún outsider de vez en cuando) agrupados según su ideología. Esto tiene una gran ventaja, tan grande que es de hecho su principal valedora. La partitocracia facilita mucho la vida al ciudadano elector, quien de otra manera tendría que dedicar más tiempo a conocer las diferentes opciones, a los diferentes candidatos, sus propuestas y la viabilidad de estas, etcétera. Y claro, ¿quién saca tiempo para tan nimia actividad después de pasar diez horas en el trabajo y cuatro frente al televisor (viendo la última americanada de Stallone, la serie adolescente de moda, el Gran Hermano 27 o ese show donde diez neandertales ciclados y tatuados cortejan a una dama con más plástico en el pecho que materia gris en el cerebro)? Pues poca gente: parados, ninis y jubilados. Supongo que los primeros invertirán mucho tiempo en la búsqueda activa de empleo y en intentar llevar algo que comer a casa, los segundos probablemente lo harán en jugar a la consola o a fumar sustancias psicotrópicas en el parque, y los terceros en el centro de salud o cuidando a los nietos ya que los padres no tienen tiempo entre sus dos empleos a jornada parcial.

Por último están aquellos que sí hacen cosas. Algunos los llaman perroflautas y vienen a ser ninis (o estudiantes de ciencias políticas, historia o alguna de esas carreras de rojos) que como no tienen parque cerca de casa donde consumir drogas (o porque ya las han consumido), se van de acampada al centro de la ciudad a exigir cosas sin demasiado sentido, por vicio más que nada. Otros los llaman activistas, y recibirían este nombre porque de hecho sí hacen algo, concretamente aquello que, como no es lucrativo, nadie más está interesado en hacer, desde protestar por la implantación de alguna ley injusta a manifestarse por los derechos sociales, pasando por organizar conferencias y debates o ¿quién sabe? Quizá boicotear algún evento a pecho (femenino) descubierto y pintado con algún mensaje reivindicativo.

Llegados a este punto, quiero terminar no con una conclusión final sino con unas preguntas que, creo, todo ciudadano conocedor de la responsabilidad que esta condición confiere debería hacerse.

  1. ¿Es posible crear (y mantener) un sistema político más representativo y democrático que funcione?
  2. De ser posible, ¿Estarían los ciudadanos dispuestos a asumir el coste personal que esto implica y la responsabilidad de informarse a un nivel superior al que están acostumbrados?
  3. En caso de que consigamos responder afirmativamente a las dos preguntas anteriores, ¿Qué margen de maniobra le queda a una nación tras haber cedido gran parte de su soberanía a instancias supranacionales y en el marco de una economía de mercado?

Que cada uno saque sus propias conclusiones, yo me limito a agitar un poco el avispero, que falta nos hace. Me he dejado alguna idea en el tintero pero espero darle salida próximamente.

Para terminar, quiero felicitar al blog HD Joven por sus últimas publicaciones, algunas de las cuales me han parecido brillantes y de obligada lectura. Espero que el nivel no deje de aumentar como ha estado haciéndolo hasta ahora.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Elecciones 24M: ¿Hacia dónde caminamos?

Las elecciones siguen despertando un sentimiento de ilusión que nos lleva a pensar que esta vez sí van a cambiar las cosas. Cada elección tiene algo de ese lema que solía utilizarse en la sucesión de las monarquías “el rey ha muerto, viva el rey”, con la esperanza de que el resultado de las elecciones cambie el rumbo de la historia. Las semanas que siguen a las elecciones suelen tener un punto de amargura, pero siempre despiertan una pasión por el análisis, que llena los periódicos de datos y reflexiones. En este artículo, como corresponde a este blog, aún creemos que las perspectivas tras las elecciones para la regeneración democrática de España merecen alguna reflexión adicional.

El derrumbe de los partidos tradicionales, y la irrupción de los emergentes, es de esas situaciones que no dejan indiferente a nadie. A pesar de tantas páginas escritas, algunas preguntas no han tenido una clara respuesta. El descenso del PP ha sido de tal magnitud (2,5 millones de votantes) que solo puede calificarse de estrepitoso fracaso. El análisis de las causas se divide entre la impopularidad de las medidas de ajuste, la escasa empatía con los graves problemas de los ciudadanos en temas como los desahucios, o la cascada de escándalos de corrupción. El descenso del PSOE tampoco ha sido pequeño. Ha perdido 700.000 votos, el 10% de sus votantes, respecto a unas elecciones, las municipales del 2011, que ya fueron un fracaso para este partido. Sin duda hay que reconocer al PSOE su habilidad para comunicar como un gran éxito, lo que los votos calificarían como un gran fracaso. Lo que al menos sí podemos concluir de estos dos resultados es que esta vez sí, la regeneración de la vida democrática española entró de lleno en campaña y se coló en las urnas. Los resultados en Madrid, Valencia y Baleares tienen una lectura clara. El hartazgo de la gente se ha desbordado. Presentar a las caras de siempre, y pretender transmitir que han aprendido la lección, y que van a cambiar las cosas, despierta ante todo indignación y rechazo, y moviliza a los votantes de signo contrario. El caso de Esperanza Aguirre en Madrid quedará para los manuales de política como un error de libro. No está claro que el PP lo haya finalmente asumido, pero será difícil que un mensaje pueda transmitirse de forma más clara.

Sobre la reacción de los ciudadanos ante la corrupción, podemos encontrar en los resultados algunos elementos para el optimismo. Los datos de las anteriores elecciones fueron bastante desalentadores. En las elecciones de 2007 el 70% de los alcaldes imputados salieron reelegidos, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Alternativas. En el año 2011, el porcentaje aún fue de un 58% (40 de 69 candidaturas). En 2011 hubo más de 100 candidatos implicados en procesos judiciales. En las de 2015, me gustaría poder decir que ningún partido ha presentado candidatos imputados, porque es lo que todos ellos han estado transmitiendo a lo largo de toda la campaña electoral, pero la realidad es que, aunque inferior a la de 2011, la lista de imputados no ha sido pequeña: Jerez de la Frontera, Cartagena, Culleredo, Camariñas, Viveiro,… (Ver aquí o aquí). No solo concurrieron a las elecciones, sino que muchos de ellos han revalidado las alcaldías con mayorías absolutas.

La regeneración ha entrado en campaña, pero los ciudadanos siguen percibiendo diferentes tipos de corrupción. Si la corrupción se visualiza como el enriquecimiento de personas concretas, que además se identifican con un partido que ha adoptado medidas impopulares de recortes sociales, los ciudadanos reaccionan con rechazo e indignación. El componente de la crisis parece que era un elemento necesario en esta reacción. Valencia o Baleares han personificado esta situación. En las anteriores elecciones eran mayoría los que percibían que esa corrupción podía beneficiarles de alguna forma, y ese rechazo no se presentaba. Si la corrupción está basada en la instauración de un modelo clientelar, la reacción es mucho más condescendiente. Muchos ni siquiera la perciben como corrupción, y otros la justifican bajo el argumento de que el reparto llega a mucha más gente, y se preocupa de premiar a todos los fieles y adeptos. Andalucía (o Cataluña) sigue siendo el caso paradigmático. La lección, como tantas veces se ha escrito en este blog, es que si alguien pensaba que el sistema clientelar que con tanto éxito se ha instalado en España se puede desmontar fácilmente tras los resultados electorales, debería prepararse mejor para una carrera de fondo que no tiene garantizado el éxito. La regeneración democrática exigirá una reforma de las instituciones, para la que será necesaria mucha más convicción y esfuerzo.

El libro, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI”, de Nicholas Berggruen y Nathan Gardels, un libro apasionante sobre el que probablemente merezca la pena volver en otros artículos, recoge algunas de esas afirmaciones que en los países occidentales resulta incómodo escuchar: que el modelo de democracia liberal ha evolucionado hacia un modelo de gobierno al que le resulta muy difícil corregirse a sí mismo, muy orientado a satisfacer intereses de corto plazo, e intereses de grupos de poder bien organizados. Y ahí es donde entran en juego los partidos emergentes o minoritarios que han concurrido a estas elecciones, cuyo análisis es aún más interesante.

UPyD se ha desmoronado. Parece que entrará en la historia como uno de esos partidos que pareció rozar el éxito, y se desplomó en un rotundo fracaso, en el tiempo que trascurrió desde las elecciones europeas, a las municipales. UPyD era probablemente el partido que contaba entre sus votantes con menor porcentaje de “forofos”, y mayor porcentaje de ciudadanos convencidos de su programa y sus mensajes. A diferencia de ese suelo de votantes del PP y del PSOE, capaces de defender a su partido, como defienden a su equipo de fútbol, los votantes de UPyD mayoritariamente defendían su programa. Cuando han percibido que para la dirección del partido, mantener el control del partido era prioritario sobre lograr los objetivos de su programa, buscaron otras opciones que permitieran lograr esos objetivos. Lo que debería ser lo habitual, en España es la excepción, y UPyD lo ha sufrido de forma descarnada. Entre los grandes perdedores se ha sumado también IU que, perdido su hueco electoral, camina hacia la irrelevancia.

Podemos, en sus variantes de Mareas, Ganemos, o Ahora, ha sido la estrella de las elecciones. El partido que logró capitalizar y aglutinar el voto del descontento, y de los movimientos ciudadanos de indignación, con unas propuestas económicas populistas y demagógicas, pero con una gran empatía sobre los problemas de la gente, ha sido el gran triunfador. Barcelona y Madrid pueden convertirse en banderas de un movimiento que no quiere quedarse solo en suplantar a IU, sino que aspira a cuestionar el liderazgo de la izquierda al PSOE. En ese objetivo, quizás la lectura no sea tan positiva como en algún momento pudieron esperar, pero puede ser suficiente para seguir alimentando esa posibilidad. Y finalmente Ciudadanos, a pesar de un resultado espectacular para sus pocos meses de vida como apuesta nacional, no ha podido evitar cierta desilusión, especialmente en algún momento de la noche electoral en que parecían no tener capacidad de decisión en ninguna plaza importante. Un proyecto al que le queda por mostrar la madurez que precisa el nuevo escenario de pactos.

Y es en este nuevo escenario de pactos necesarios en el que quedan depositadas las esperanzas de regeneración democrática de este país. Pero conviene no engañarse, todo siempre es susceptible de empeorar. Para un país con una tradición de pactos tan escasa, donde pactar suele significar repartir consejerías o concejalías, la propuesta de los partidos emergentes es atractiva y diferente. Pero el pacto saludable requiere compartir un proyecto de país, de región, o de ciudad. Requiere plantear una ambición a la que varios puedan sumarse. No tenemos mucha experiencia. España a lo largo de su historia ha mostrado que su proyecto de país, capaz de aglutinar voluntades, suele expresarse como el objetivo de desalojar al contrario del poder. Una vez conseguido ese objetivo, las voluntades suelen dispersarse en busca de intereses cortoplacistas e individuales.

El libro que mencionamos antes sobre la gobernanza inteligente recoge el caso de California: una de las regiones más ricas, prósperas y privilegiadas del mundo acabó en bancarrota en el año 2009. Según Forbes, si California fuera un país ocuparía el cuarto lugar en número de ricos por metro cuadrado, sólo tendría por delante a EEUU, China y Rusia. Lugar de referencia por su modelo educativo, su modelo de innovación y sede de las principales empresas tecnológicas, fracasó estrepitosamente en su modelo de gobierno. Las recetas que fracasaron son algunas de las que ahora pueden irrumpir en el panorama político español: un amplio uso de un modelo de democracia directa en la toma de decisiones fácilmente manipulable, y un sistema de partidos más preocupados de su propio interés, que del bienestar común del estado que gobiernan, lo que durante muchos años hizo imposible cualquier pacto sensato en el ámbito fiscal. Los partidos emergentes tendrán una difícil prueba en mostrar que realmente ellos sí están dispuestos a pactar en busca de ese bien común, y de un proyecto de regeneración democrática, que aún no parece haberse puesto de moda en nuestro país.

HD Joven: ¿A quién votamos? Derecho de sufragio Vs Civismo. El voto responsable

Éste es un post sencillo, sin mucha pretensión. Es sólo una reflexión sobre una pregunta cotidiana e inocente, también sin intención concreta ninguna; un pensamiento dicho en voz alta; en definitiva, algo que podríamos preguntar cualquiera de nosotros y que, sin embargo, es representativo de la calidad de nuestra política. Porque, no lo olviden, la política no la practican únicamente, valga la redundancia, los políticos; es decir, no es sólo cosa del gobierno y del parlamento. Es cosa de todos y de su calidad, de su profesionalidad y de su éxito respondemos también todos los ciudadanos del país.

Noche de sábado y víspera de las elecciones municipales que pretendían terminar con el bipartidismo tan bien asentado en nuestra joven e inamovible política española. Cuatro amigos, rondando los veinticinco, se sientan en un bar a tomar unas cervezas, como cualquier otra noche. Entre otros, como el fútbol, el trabajo y las mujeres, sale de pasada el tema de las elecciones. Uno de ellos es licenciado en Derecho, otro en Economía, la tercera en Derecho y ADE y el cuarto en Psicología. Todos hablan bien inglés y han estudiado en el extranjero. Los cuatro tienen o están cursando un máster. Habiendo agotado la discusión sobre fútbol, uno se lanza y entre risas dice: “Bueno, ¿a quién votamos mañana?”.

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Una pregunta así, en un contexto como ése, significaban muchas más cosas de las que la inocencia de la pregunta dejaba entrever. En primer lugar, esto es obvio, que quien hizo la pregunta no mostró ningún interés por informarse sobre el panorama político actual y que, con toda probabilidad, el voto que emitiera no fue verdaderamente consecuencia de su libertad de expresión, ni siquiera, a la postre, de la democracia. En segundo, que, por delegar una decisión como ésa a sus compañeros de jarana, esa persona muestra una absoluta indiferencia por su futuro y por sus responsabilidades como ciudadano (por tanto también de nuestro futuro), que, por supuesto, las tiene.

¿Y cuáles son esas responsabilidades? Por lo menos, informarse sobre la política y votar en consecuencia. El mundo que vivimos es complejo y rápido, pero ello no debe servir de excusa para no tratar de comprenderlo. Al revés, la democracia del siglo XXI exige más de nosotros. Ya no podemos conformarnos con andar una vez cada cuatro años hasta la vuelta de la esquina, introducir un papel en una ranura y esperar que, a partir de entonces, las cosas vayan mejorando y la crisis desapareciendo. A estas alturas de democracia, pensar (y/o actuar conforme a) esa máxima es un infantilismo intelectual que ya no puede tolerarse.

En estos tiempos, que se dice son de posmodernismo, nos hemos habituado a adquirir derechos, a exigir cada vez más, pero jamás a tomar conciencia de los mismos, ni mucho menos a asumir las responsabilidades que el uso de esos derechos exige. Que la adquisición de un derecho lleva aparejada la asunción de una responsabilidad, de forma inherente y en todos los casos, es evidente si observamos nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para obtener un permiso de conducir (es decir, un derecho a circular con automóvil), es requisito inexcusable realizar un curso práctico y teórico para comprender las normas y riesgos asociados a ese derecho. En este caso, nos resulta obvio porque la transgresión de esa responsabilidad puede ser muy grave: si un conductor no domina las normas básicas de conducción, puede fácilmente provocar un accidente. Pero es que a ello voy: en mi opinión, la falta de diligencia en el ejercicio del sufragio, de nuestro derecho individual de voto, en realidad nos afecta a todos y también tiene consecuencias graves. La más evidente es que, quien vota sin informarse, contribuye directamente a degradar la calidad de nuestra democracia.

Como decían los editores de este blog en la presentación de su Fundación ¿Hay Derecho?, en palabras de Edmund Burke, “el mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo podría hacer un poco”. Es una de las excusas preferidas del español. “¿Qué más da que yo vote o no, si mi voto no significa nada?” Es lo de siempre: un voto, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene ningún efecto. Pero no es el voto, individualmente considerado, lo que importa; es la mentalidad generalizada de que no tenemos ningún papel en la democracia, de que la política es cosa de otros. No es así: somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos protagonistas de la política: nosotros otorgamos el poder a otros para que nos representen y, sin nuestro voto, pierden ese poder.

La semana pasada, antes de las elecciones, leí felizmente en un artículo (aquí) que la participación de los jóvenes en la política, que ya no se sienten tan identificados con las fuerzas políticas tradicionales, podía contribuir al pluralismo político y, por consiguiente, a la calidad de la democracia. De hecho, por lo visto, el 24M iba a reunir más de un millón y medio de nuevos votantes, que ya habían adquirido la mayoría de edad desde 2011. Y, sin embargo, oír aquella pregunta en ese bar desmintió aquella previsión por completo.

Pero esta reflexión, lo admito de muy buena gana, no pasa por ser hipócrita. Yo mismo hablo desde la propia experiencia y me he sentido un pésimo ciudadano por mi falta de compromiso cívico. ¿Alguien sabe qué carrera estudió Antonio Carmona? ¿O qué mejoras propone Begoña Villacís para el Metro de Madrid? ¿Saben dónde empezó trabajando Manuela Carmena?

Siempre me ha llamado la atención lo mucho que se confronta la libertad de expresión (como la de hablar sobre las elecciones municipales con unos amigos en un bar) con otros derechos fundamentales: con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (normalmente en contextos periodísticos); con el derecho a la educación; y, más modernamente, con el llamado derecho al olvido en Internet. Me preguntaba este fin de semana si, igual que la libertad de expresión entra a veces en conflicto con otros derechos, el derecho al sufragio podía chocar, no con otros derechos, sino con otros deberes. Deberes, en este caso, cívicos, quizás morales, que al final adquieren una importancia capital en el contexto socio-político de un país. ¿Deberíamos hacer un curso de política antes de adquirir el derecho a votar, esto es, la mayoría de edad? ¿Quizás estudiar política y derecho en los colegios? Uno de los editores de este blog, Fernando Gomá, proponía algo parecido en una entrevista para ¿Qué Aprendemos Hoy? (aquí).

Me temo que no he encontrado ninguna justificación jurídica (al menos no una constitucional) para defender que es necesario tomar conciencia de que el derecho a votar, como el resto de derechos y libertades, debe usarse con responsabilidad, aunque estoy plenamente convencido de que es imprescindible para una democracia rica y sana. Por esa razón, lo único que me queda es lamentarme en este artículo y apelar a la moral y la diligencia cívica de los ciudadanos. Algo tan débil como eso. Pero es que, lo siento, no me vale el “voto útil” y no me vale no votar. Me vale el esfuerzo, el compromiso y la ilusión por mejorar nuestro país. Y creo que, después de cuarenta años de democracia, no es ser muy exigente. Tampoco me vale conformarse con decir que la política es un desastre y “que así no se puede”. Y lo que, desde luego, no me vale es que cuatro licenciados se reúnan una noche en un bar, doce horas antes de las elecciones, a decidir en grupo a quién votarán el domingo. Y no me vale porque el deber que asumieron, el de informarse, no se correspondió con el derecho que gratuitamente se les otorgó –y por el que otros han luchado durante siglos–, que es el de votar, y que, en consecuencia, es el derecho a ser una expresión mínima, eso sí, pero expresión al fin y al cabo, de una democracia que pretendemos sea de calidad.

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

La financiación de las campañas en referendums

A raíz de algunas noticias relacionadas con donativos privados realizados a las campañas a favor y en contra de la independencia en el referéndum escocés del pasado mes de septiembre sentí curiosidad por conocer cómo se financian las campañas de este tipo de consultas. Tras una somera investigación al respecto me gustaría compartir con ustedes las principales diferencias que, en este sentido, he identificado entre el caso español y el británico (lo que no quiere decir que no haya muchas más…)

En primer lugar, y como seguramente no les sorprenda, lo más llamativo es la transparencia.

Me resultó bastante sencillo encontrar información sobre el referéndum escocés, posiblemente porque el tema estaba de candente actualidad. La web que me resultó más útil fue la de la Comisión Electoral británica (The Electroral Commission: www.electoralcommission.org.uk). En esta web está fácilmente disponible la legislación, tanto bajo el epígrafe “Campaign spending and donations at referendums” como en la parte específicamente dedicada al referéndum en cuestión “Scottish referendum”, donde publicaron una guía práctica sobre cómo hacer campaña en el referéndum y todos los detalles sobre su financiación.

En el caso español enterarse bien de cómo se financian puede ser un poquito más complicado, especialmente para los profanos en la materia. Recordemos que en España los referéndums están regulados por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. En ella nos se incluyen referencias a la financiación de sus campañas electorales, sino que remite al régimen electoral general, aunque sí especifica respecto de la cesión de espacios propagandísticos, que limita exclusivamente a los Grupos políticos con representación en las Cortes Generales.

Por lo tanto la financiación de las campañas de referéndum en la práctica están reguladas por la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (LOREG), la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y el Real Decreto concreto que regule las ayudas extraordinarias para financiar los gastos de campaña del referéndum de que se trate (un ejemplo aquí).

Esto en cuanto a la normativa. En cuanto a la financiación efectiva de los referéndums esta diferencia es aún más evidente.

La Comisión Electoral británica, además de una sencilla guía sobre cómo funciona la financiación, ha publicado un listado exhaustivo de los donativos y donantes de cada uno de las organizaciones o individuos registrados. Este listado puede consultarse aquí.

En el caso del último referéndum celebrado en España en 2005 los límites máximos de subvenciones estatales fueron aproximadamente un 40% de los establecidos para las elecciones generales – los límites máximos de las subvenciones para esta campaña pueden consultarse aquí –  y los presupuestos generales para el año 2005 preveían 58,5 millones en subvenciones para los partidos, incluyendo 12,9 para subvencionar gastos electorales. Auqnue no he encontrado ninguna información sobre los gastos imputados ni la subvención finalmente recibida por los partidos políticos ni he localizado el informe de Tribunal de Cuentas sobre esta cuestión, pero si alguien lo localiza agradeceré que me lo indique.

Veamos ahora la cuestión del origen de la financiación.

Como pueden imaginar las campañas electorales en el Reino Unido, incluidas las campañas de referéndum, como otros países anglosajones, están financiadas fundamentalmente de forma privada. De hecho, no existen fondos públicos específicos para campañas electorales (aunque sí la cesión de espacios públicos de propaganda, como en España) sino que la normativa se centra en regular el tipo y cuantía de gasto en campaña que los partidos y “campaigners” (permítanme que lo escriba en inglés pero en español me resulta difícil encontrar un sinónimo) pueden recibir.

En las campañas de referéndum, y en concreto en el escocés, pueden hacer campaña a favor de una u otra opción los partidos políticos y cualquier individuo u organización que lo desee. Los individuos u organizaciones con gastos inferiores a las 10.000₤ no deben registrase, pero sí deben informar de sus gastos mediante una declaración. Aquellos que vayan a realizar gastos superiores a esas cifras deben registrarse y posteriormente enviar el detalle de los gastos incurridos (dependiendo de la cantidad gastada se requieren también informes de auditoría de gastos).

Respecto a los fondos públicos para financiar campañas pueden recibir fondos públicos los partidos políticos (para todo tipo de campañas, no sólo relativas a referéndums). En el caso de referéndums también pueden recibir fondos públicos y hacer uso de espacios propagandísticos públicos los “campainers” registrados como lead campaign group (uno por opción que agrupe a los interesados de cada “bando”).

Hasta donde he podido conocer la cuantía de subvención pública concedida a los partidos políticos en 2014 en el Reino Unido ascendió a un total de 2 millones de libras (que entiendo incluyen tanto gastos de funcionamiento como gastos electorales), cantidad que se ha mantenido inalterable al menos desde 2001 – fecha desde la que se facilitan datos aquí – independientemente de si ha habido año electoral o no.

Está claro que el británico es un modelo de financiación de partidos distinto del español, y no exento de polémicas por supuesto, pero ya de entrada y tal como están las cosas a mí esos 2 millones de libras me dan un poquito de “envidia”. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé para 2015 un total de 345,4 millones de euros para el “Programa: 924M Elecciones y Partidos Políticos”, de los cuales 156,44 millones de euros son subvenciones a partidos políticos, de los cuales 101 millones son subvenciones para gastos electorales (como saben en 2015 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en 13 CCAA). Y en 2014 la partida total para el programa fue de 161,1 millones, de los cuales 82 millones de euros fueron subvenciones a partidos políticos, 29,34 millones de los cuales eran subvenciones de gastos electorales (recordemos que esta año ha habido elecciones al Parlamento Europeo). Y es que en España la práctica totalidad de los gastos electorales de los partidos políticos están financiados con fondos públicos, también en las campañas de referéndum.

Según la LOREG el Estado subvenciona “los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, Parlamento Europeo y elecciones municipales”. En el caso de los referéndums las subvenciones para sufragar las campañas son exclusivas para los partidos con representación en el Congreso de los Disputados.

Y esta es, en mi opinión, una tercera diferencia muy importante con el caso británico, y es que la financiación pública y la cesión de espacios propagandísticos se limitan exclusivamente a los partidos con representación en el Congreso. Y esto, también en mi opinión, limita de forma muy relevante la participación de la sociedad civil en este tipo de campañas, o incluso, en un país con una tradición de financiación pública de este tipo de cuestiones como el nuestro, la excluye totalmente, y deja en una posición muy “dominante” a los partidos mayoritariamente representados en el Congreso. Será por eso que en todos los referéndums celebrados en España desde 1936, tanto nacionales como autonómicos, siempre ha vencido la opción “defendida” por el Ejecutivo, o no…

P.D: Otro tema relevante, aunque no voy a entrar en él, es el coste de la propia convocatoria y organización de los referéndums. He encontrado un análisis muy interesante, aunque lamentablemente no sé de quién es – por supuesto no es del Ministerio del Interior- y que desglosa algunos costes del referéndum de 2005. Necesitaríamos muchísimos más Excel como este, la verdad.

A vueltas con la elección de alcaldes

El Presidente del Gobierno ha anunciado que quiere promover, como medida de regeneración democrática, la elección directa de las alcaldías. Como argumento señaló: “no puede ser que las coaliciones entre partidos impidan que sean alcaldes quienes han sido elegidos por los ciudadanos”. Cabría pensar, entonces, que el vigente sistema de elección municipal está degradado en términos democráticos. ¿Lo está? Dependerá, claro, de qué se entienda por degradación y regeneración democráticas pero, por emplear una comparación, el procedimiento que tenemos ahora en la inmensa mayoría de los ayuntamientos no es muy diferente del previsto para el nombramiento del Presidente del Gobierno: según el artículo 196 de la Ley Electoral (LOREG) si alguno de los candidatos a la alcaldía “obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado alcalde”; esa es la misma exigencia que prevé el artículo 99 de la Constitución(CE) para el nombramiento del Presidente del Gobierno en primera votación.

En segunda y sucesivas votaciones el Jefe del Gobierno puede ser nombrado por mayoría simple y, por tanto, sin el apoyo expreso de la mayoría de los miembros del Congreso; en los ayuntamientos no hay posteriores votaciones sino que, a falta de mayoría absoluta, es nombrada la persona que encabece la lista que haya obtenido más votos populares. Por tanto, y aunque sea de manera indirecta, es probable que en los Ayuntamientos la alcaldía la ostente la persona que encabeza la lista más votada, bien porque dicha candidatura ha obtenido mayoría absoluta o porque es la que más sufragios consiguió; cabe, claro, que consiga la alcaldía una persona que, sin encabezar la lista más votada, haya obtenido el mayor número de votos de los concejales. Pero eso es también posible en la investidura de la presidencia del Gobierno y si es menos probable se debe, precisamente, a que las elecciones al Congreso ofrecen resultados menos proporcionales –léase, menos democráticos- que las elecciones municipales: en los comicios a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se elige un número de concejales lo suficientemente alto como para que la elección sea muy proporcional, cosa que no ocurre en las elecciones al Congreso –órgano que nombra al Presidente del Gobierno-, donde un partido –el PP en la actualidad- con el 44% de los votos tiene el 53% de los Diputados. Finalmente, en las alcaldías siempre habrá una persona elegida por los ciudadanos, dado que no se puede ser alcalde sin ser concejal; tal cosa no es necesaria en la Presidencia del Gobierno, donde no es jurídicamente imprescindible ser parlamentario.

En todo caso, la elección directa de las alcaldías es tan constitucional como la indirecta que hoy tenemos, pues la CE prevé que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos” (art. 140). ¿Cuál será la fórmula más adecuada? Depende. ¿De qué? De lo que se quiera conseguir. Hasta ahora se ha optado por un sistema de gobierno municipal “parlamentario”: el Pleno de la Corporación nombra al alcalde y puede destituirlo a través de una moción de censura constructiva (art. 197 LOREG), se prevé la posibilidad de que el alcalde plantee una cuestión de confianza (art. 197 bis LOREG) y el propio Pleno tiene atribuidas funciones muy relevantes y similares, en términos comparativos, a una Cámara parlamentaria. No hay, pues, un sistema de gobierno municipal muy diferente al autonómico y al estatal.

Introducir la elección directa para las alcaldías –no se ha aclarado, ahora que tanto preocupa el ahorro, si en primera o segunda vuelta- significaría optar, al menos en teoría, por un modelo “presidencialista” pero para que dicha opción sea coherente en términos de funcionamiento de la corporación debe ir acompañada de profundos cambios en el gobierno local y en el propio sistema electoral municipal: si se elige al alcalde de manera simultánea y separada a los concejales podría ocurrir que el primero no tuviera suficiente apoyo en el ayuntamiento, con el riesgo de parálisis o inestabilidad; si para evitar esa situación se concede a la lista que apoya al alcalde una prima electoral para que alcance más concejalías que las que le corresponderían por los resultados obtenidos habrá que ver si ese premio es proporcional en términos democráticos, pues si es muy alto se estará desvirtuando el mandato constitucional de que el voto sea igual, lo que no sucedería si el hecho de optar por una lista vale mucho más que preferir a otra. A lo anterior habría que añadir la necesidad de algún mecanismo legal de control por parte de la oposición para que el gobierno local no devenga en caudillaje. En suma, esta presidencialización de las alcaldías tendría que hacerse con sumo cuidado para que no genere resultados menos democráticos que el sistema vigente y, en todo caso, debería ir acompañada de muchos más cambios legislativos. Es curioso que nada se haya dicho al respecto en la muy reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Habría, pues, que darle alguna vuelta más no solo a la elección en primera o segunda convocatoria sino al conjunto de la propuesta del Presidente del Gobierno. Y si se precisa más información se puede consultar, entre otros estudios, El informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral, del año 2009, que se extiende sobre este particular. Y es que, salvo en Amanece que no es poco, todos, incluidos los alcaldes, somos contingentes y nadie es necesario.

Promesas electorales y mentiras a medias.

El diseño de la Eurozona es objeto de rigurosos análisis y de sesudos debates entre economistas desde hace años. Algunas de las mentes más brillantes del pensamiento económico han dedicado un gran esfuerzo a estudiar científicamente la viabilidad de las llamadas áreas monetarias. Así, cuando me planteé a quién votar en las elecciones europeas del pasado mes de Mayo, no pude evitar valorar las distintas opciones desde esta perspectiva. “Votaré a aquel partido que mencione en su programa electoral la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO)”, me dije.

Tras descargar todos los programas y aplicar una cuidadosa búsqueda, palabra por palabra, descubrí lo que me temía: de los cinco principales partidos (PP, PSOE, IU, UPyD y Podemos) ninguno nombraba la teoría económica fundamental que explica qué condiciones deben reunir los países que quieren compartir su moneda de manera eficiente.

¿Hay derecho a que los partidos políticos obvien el uso de documentos científicos en la elaboración de sus programas económicos? ¿No cundiría la indignación general si para diseñar un programa de salud pública se obviara toda la investigación médica desde Hipócrates?

Un programa electoral debe ser detallado, riguroso y realista. Concedo, eso sí, que aunque una teoría no esté explícitamente citada, un partido puede recoger perfectamente su espíritu entre sus propuestas. Mi siguiente movimiento fue comprobar si la teoría de las AMO estaba diluida entre promesa y promesa.

La teoría que sustenta las AMO fue formulada inicialmente por Robert Mundell[1].  Esta investigación seminal, unida a la de otros autores como McKinnon[2], actuó como hoja de ruta para los encargados de poner en marcha la Eurozona. En el momento de la entrada en vigor del Euro, sólo dos de los seis requisitos señalados como fundamentales para garantizar el éxito de la nueva moneda se cumplían. Otros dos no lo hacían y el par final se movía entre el sí y el no.

Dado que, como señala De Grauwe[3], la inexistencia de un AMO en Europa favoreció el contagio de la actual crisis económica, mi pregunta de investigación quedó perfectamente acotada: ¿contribuyen las diferentes propuestas electorales al cumplimiento de las cuatro condiciones eludidas?

Opté por dejar de lado los requisitos que el consenso económico[4] da por satisfechos: la apertura comercial y la diversificación productiva. Me centré, inicialmente, en las dos condiciones incumplidas: la movilidad de trabajadores dentro de la Eurozona y la existencia de un sistema de compensación fiscal entre estados.

Una alta movilidad de trabajadores permite un mejor ajuste económico; en tiempos de crisis los desempleados de un país pueden encontrar empleo en aquellas zonas donde la actividad económica es mayor. De los cinco programas políticos estudiados, PP y UPyD señalan la necesidad de favorecer la movilidad profesional con diferentes tipos de medidas. El PSOE se centra en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores desplazados.  IU y Podemos son los únicos grupos que se muestran críticos con la movilidad laboral, llegando a hablar de “exilios forzados” en muchos casos.

Un sistema de compensación fiscal permite que los gobiernos de la Eurozona puedan financiarse entre ellos de manera directa y transparente. Este mecanismo estaría incluido dentro de una Unión Fiscal. PP, PSOE, IU y UPyD mencionan, directa o indirectamente, la Unión Fiscal entre sus propuestas. Se echa de menos una mayor concreción respecto de su visión: ¿se acepta la cesión de soberanía que esta medida supone, sin más? ¿Se apuesta por la creación de un ministerio de finanzas europeo?

La sensación respecto de las dos condiciones no cumplidas es que ambas aparecen recogidas de manera anecdótica, casi casual. No son ni el eje de las propuestas económicas ni están detalladas con la profundidad que sería deseable.

Los dos requisitos de cumplimiento dudoso son la “homogeneidad de preferencias” y la “visión compartida”. Ambos elementos hacen referencia al consenso que debe existir entre los países miembros respecto de la política económica a aplicar en caso de crisis y respecto al futuro de la unión en sí misma.

En este caso opté por examinar las distintas propuestas en base a la factibilidad de una hipotética posición común española. Las diferencias entre programas son abismales. El ejemplo de la crisis del sector público lo ilustra perfectamente. El PP nombra sólo tres veces la palabra déficit en su programa electoral; lo hace para mencionar la “herencia recibida”. El PSOE propone sendas flexibles y revisables del déficit público acordadas con Bruselas, que existen desde hace años. UPyD apenas trata este asunto. IU y Podemos sugieren impagos selectivos de deuda pública, difícilmente compatibles con los incrementos del gasto que ellos mismos proponen. Todos los programas incluyen medidas discordantes con el actual marco jurídico europeo o con los intereses de otros países.

Los dos requisitos de dudoso cumplimiento muestran una preocupante falta de consenso. Las propuestas de solución a la actual crisis son excesivamente vagas y conformistas, en unos casos, y preocupantemente irreales, en otros.

Mi sensación final es que, con alguna excepción, los programas electorales exhiben una importante falta de rigor. Varias de las propuestas desafían, no sólo las leyes económicas, sino las más elementales matemáticas. La acumulación de ideas, como caídas del cielo, sin un plan estudiado y coherente detrás, parece ser el común denominador de los programas.

Es necesario destacar que los elementos positivos detectados no dependen de signos políticos o de ideologías. UPyD, por ejemplo, cuida mucho los antecedentes económicos e IU utiliza el lenguaje técnico con una enorme pericia. Y todos, como no podía ser de otra manera, se muestran convencidos de la bondad de sus propuestas.

Quizá por eso los ciudadanos debamos ser especialmente cuidadosos y exigentes. Es importante saber qué estamos votando. No sea que nos pase como aquél al que, ya entrado en la treintena, su madre aún le preparaba el voto en un sobre cerrado. “¡Al menos dime a quién he votado!” se quejaba amargamente. “Hijo mío” respondía ella “el voto es secreto”.



[1] Mundell, R. A. (1961). “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4).

[2] McKinnon, R. (1963). “Optimal Currency Areas”. American Economic Review 53.

[3] De Grauwe, P. (2013). “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?” LEQS 57/2013

[4] Baldwin, R. y Wyplosz, C. (2012). The Economics of the European Integration. McGraw-Hill. 4ª ed.