Encuestas, consultas y referendums

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Una de las falacias que más se repiten en relación a la consulta prevista para el 9 de noviembre es la de que se trata tan solo de saber lo que piensan los catalanes, sin que eso tenga consecuencias jurídicas. Es decir, se plantea la consulta como si se tratara de una mera encuesta. De este planteamiento falaz se siguen varias consecuencias, tanto en lo que se refiere a la legalidad de la consulta como en lo referente a su legitimación y justificación. Sobre lo primero se mantiene que lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional en relación a los referéndums no es aplicable a la consulta. En relación a lo segundo se sostiene que no existe ningún mal en conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema de interés como es éste. Ambas afirmaciones son falsas y consecuencia de una falacia y de una errónea interpretación de lo que son las consultas y los referéndums. Aquí me intentaré ocupar de ello.
El error de partida es asumir que solo las consultas vinculantes son referéndums. Este es un error (o una mentira) repetido por doquier, incluso en la propaganda que Diplocat realiza en el exterior a favor de la consulta (aquí puede verse la respuesta de Societat Civil Catalana a dicha propaganda); pero que carece de base alguna. En España los referéndums son, en principio, no vinculantes cuando se refieren a decisiones políticas (art. 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Es claro que el referéndum es consultivo –no vinculante- y que, por tanto, de lo que se trata es de conocer la opinión de la ciudadanía en relación a una cuestión política, aunque sin que el referéndum tenga carácter vinculante (su carácter es meramente consultivo).
Aparte de estos referéndums consultivos, el Derecho español también prevé otro tipo de referéndums que se insertan en determinados procedimientos legislativos o de creación de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Constitución prevé dos tipos de referéndums de reforma constitucional, uno en el art. 168.3, en relación al procedimiento agravado de reforma constitucional, y otro en el art. 167.3 para los supuestos de reforma de la Constitución por el procedimiento simplificado. En el art. 152.2 de la Constitución se prevé también un referéndum vinculante para la reforma de determinados Estatutos de Autonomía y en el art. 151.1 también de la Constitución se regula un referéndum en el procedimiento de creación de las Comunidades Autónomas. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución prevé también un referéndum específico para el caso de que Navarra deseara incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Además, algunos Estatutos de Autonomía también prevén que su modificación debe ser ratificada por referéndum (art. 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 115 del Estatuto de Autonomía de Aragón o art. 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aquí no trataremos estos referéndums ya que el que nos ocupa ahora en Cataluña es del primer tipo, un referéndum consultivo en relación a una decisión política.
Este tipo de referéndums están regulados en la Constitución y la competencia para la autorización de tales consultas es exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª de la Constitución: art. 149.1 de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). Es decir, la autorización para celebrar referéndums consultivos es una competencia estatal de carácter exclusivo. Esta competencia no se limita a los referéndums vinculantes, como pretende la propaganda secesionista; sino a todos los referéndums. Esto es, a todos los supuestos a los que se consulte al conjunto del electorado en relación a una decisión política (Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008). La competencia para autorizar el referéndum es, por tanto, estatal y una ley autonómica que permitiera la realización de este tipo de consulta sin la autorización del Estado sería claramente inconstitucional.
No puede dejar de señalarse que la competencia autonómica en materia de referéndums no se ve limitada únicamente por la previsión del art. 149.1.32ª de la Constitución, sino que también ha de tenerse en cuenta que el art. 92.3 de la Constitución prevé que una ley orgánica ha de regular las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, lo que implica que también la competencia para la regulación del referéndum es estatal, habiéndola ejercido mediante la Ley Orgánica 2/1980. La competencia estatal en materia de regulación del referéndum no solamente deriva, además, de la previsión del art. 92 de la Constitución, sino también de la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, ya que el referéndum es una manifestación del derecho de participación política (art. 23 de la Constitución). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 103/2008 (Fundamento Jurídico 3). No insistiré, sin embargo, en este aspecto porque creo que ya queda suficientemente claro que una consulta como la prevista por algunos partidos para el mes de noviembre en Cataluña es absolutamente incompatible con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento.
El error, por tanto, está en, de manera totalmente injustificada, pretender que la competencia exclusiva del Estado alcanza tan solo a los referéndums vinculantes, siendo el resto meras consultas que podrían ser decididas por las Comunidades Autónomas. Esto, como digo, es radicalmente falso.
El discurso secesionista no descansa solamente en la falsedad que acabo de señalar, sino que, además incurre en una falacia. La falacia, que adelantaba al comienzo, es desvincular la consulta de la decisión política a la que se refiere. Como digo los independentistas y sus aliados plantean con aparente o real ingenuidad que no hay ningún mal en saber lo que piensa la gente. Bien, es que una consulta no se hace para saber cuál es la opinión de la gente, sino para adoptar una decisión. De ninguna forma puede desvincularse la decisión de la consulta. La legalidad de la decisión es parte intrínseca en la valoración de la legalidad de la consulta y parte esencial de ésta.
Esto es claro incluso en la Ley sobre consultas que se está elaborando en el Parlamento de Catalunya en estos momentos. Dicha Ley pretende ajustarse a ese sentido reducido de consulta que buscaría conseguir su encaje constitucional; pero en el propio texto de la Ley (art. 8 de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión) se establece que una vez realizada la consulta y en el plazo de dos meses los poderes públicos se han de pronunciar sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta. Es claro, por tanto, que no estamos hablando tan solo de saber si la gente prefiere la música de Bach o de Beethoven, sino de orientar la actuación política, en este caso en el sentido de crear un nuevo Estado, modificar las fronteras del Estado español y alterar la configuración de la Unión Europea, entre otras consecuencias que se derivarían de que Cataluña deviniera un Estado independiente.
Así pues, no es cierto que se trate solamente de saber “qué piensa la gente”, sino que estamos ante un proceso de secesión para el que, evidentemente, la Generalitat, no tiene competencias. Y si la Generalitat carece de competencias para adoptar las decisiones a las que conduciría la consulta tampoco las tiene para convocar la consulta. Por esta vía también se cierra la posibilidad de que la Generalitat pueda convocar legalmente una consulta como la que se pretende realizar en noviembre.
No estamos ante una encuesta, ni ante una consulta sobre si la Diagonal ha de tener tres o cuatro carriles en cada sentido; estamos ante una decisión política cuya competencia excede las que tiene la Generalitat. Es por eso que la consulta no puede ser convocada y que si se convoca será no solamente sin base legal, sino en un consciente desafío al Estado de Derecho de una gravedad insólita en democracia.

Educar en democracia, respetar la pluralidad. El peligroso asedio nacionalista a la educación.

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Un instituto de Mallorca, febrero de 2011. Se han parado las clases (yo pierdo matemáticas) y bajamos al patio del instituto, al que me he cambiado este año. Desde una ventana preside el patio una bandera no oficial, la independentista catalana. Todos los alumnos del centro, de 12 a 18 años, tenemos la obligación de presenciar el acto y los profesores hacen cordón para que no podamos acceder a otras zonas. Otros docentes, que no comulgan con lo que allí va a tener lugar, se han quedado en los departamentos o en el bar. Hay más pancartas, todas de burla y ofensivas contra una persona. ¿Un asesino? Ni en ese caso sería justificable cargar a los niños con tal odio hacia una persona, con el agravante de suceder en un centro educativo. Pero no, no es un delincuente. Es el candidato a la presidencia de Baleares por el PP, José Ramón Bauzá. ¿Qué habrá hecho? Hay elecciones en pocas semanas y ha anunciado que él y su partido, de ser elegidos, harán respetar el derecho a estudiar en las dos lenguas oficiales de la comunidad (acabarán con la inmersión lingüística) y harán que los libros de texto estén en las modalidades lingüísticas baleares, y no en el ‘catalán de Cataluña’ actual. Las pancartas rezaban diferentes consignas, tales como: ‘por la educación en catalán, fuera el señor Bauzá’ y lucían un mapa de una parte de España, la que reivindican que se independice formando unos “Países Catalanes”: Cataluña, Valencia y Baleares. Entonces diferentes personas: el director, profesores y alumnos, se sucedieron para leer un discurso, como no podía ser de otra manera visto el panorama, contra una persona, un partido y un ideario. Tristemente, lejos de ser un caso aislado, estas ‘jornadas’ se celebraron en diferentes centros de Baleares simultáneamente. Aun así, ese programa electoral ganó las elecciones con mayoría absoluta.
Y entonces uno se queda perplejo, ojiplático y boquiabierto ante el circo que hay montado. Los funámbulos de la educación que hacen acrobacias sobre la delgada línea de la ilegalidad utilizan su privilegiada situación de autoridad sobre las nuevas generaciones para que fichen como marionetas. Por suerte son una minoría de profesores, pero el resto se mimetiza por comodidad o calla por la misma razón. Ante este control ideológico de los alumnos, nuestros gobernantes han seguido sin mover un dedo mientras las quejas eran, aunque numerosas, ahogadas, pues la prensa, copada por la ideología nacionalista, no tenía espacio para hacerse eco de estas denuncias.
La educación en un Estado democrático va acompañada de un requisito inherente: educar en democracia y para la democracia. Ello implica respetar la pluralidad de pensamiento de todas las personas, así como de raza o religión, en beneficio de aquel que ahora es tratado de ‘disidente’ (‘facha’ en su fraudulento lenguaje) y con el fin de que los estudiantes aprendan a convivir con sus semejantes desde el respeto, y no rechacen con la burla y el insulto a quienes tienen ideas diferentes. Como indica nuestra Constitución en su artículo 27.2, la libertad de pensamiento es componente irrenunciable: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Síntoma de la educación autodestructiva que padecemos en Baleares es, por ejemplo, el insulto de profesores a alumnos (durante las clases y con total impunidad) bajo los apelativos ‘facha’, ‘botifler’ o ‘súbdito de Felipe V’ o que el director del centro llame la atención, alertado por una organización de alumnos, a los profesores que dan las clases indistintamente en castellano y mallorquín y que así lo permiten a sus alumnos o que se haya generalizado el ‘no t’entenc’ (‘no te entiendo’) de profesores a alumnos llegados de otras comunidades o países y que no conocen el mallorquín/catalán o que se penalice por presentar un trabajo en castellano o que se lean manifiestos contra un partido político en clase o que haya un cartel a la salida al patio que diga ‘si quiere ser atendido en castellano, lárguese’ o ‘con tus padres, habla también en catalán’.
Así pues, en su día a día, un alumno en Baleares ve vulnerado el preciado artículo 10 de la Constitución que le ampara: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Se le restringe el derecho a estudiar en español en España, se le intenta guiar por la senda nacionalista y, en muchos casos, se le denigra.
Sin embargo y contra todo pronóstico, señal de que todavía estamos en democracia, gente de los diferentes ámbitos de la comunidad educativa ha empezado a disidir con más contundencia. Desde los alumnos, que formamos una asociación estudiantil contra la politización de la enseñanza y a favor del bilingüismo (Estudiantes Libres de Baleares), hasta los profesores, pasando por los padres y por la sociedad civil en general.
Todos estos movimientos cogieron fuerza tras el caos y el descontento que vivimos con una huelga indefinida de profesores que duró finalmente casi un mes contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que introducía el castellano y, en menor proporción, el inglés como lenguas vehiculares de la enseñanza. Ahora ya se anuncia otra huelga indefinida para el mes antes de las elecciones autonómicas en 2015. Quienes lo organizan no se esconden: no sacrifican todo este esfuerzo por mejorar el nivel de sus alumnos ni por ofrecerles mejores prestaciones, esa excusa no les vale y a su forma de protestar me remito, lo hacen por no perder un sistema de educación exclusivamente en catalán que da al castellano trato de lengua extranjera.
Esta situación lleva muchos años, aunque se ha incrementado en los últimos cuatro cursos, desde que el catalanismo ve temblar su establishment ante las promesas del Partido Popular de tumbar una política educativa discriminatoria de la que hasta ahora había sido cómplice. Y es que durante años ningún gobierno, ni central ni autonómico, había hecho cumplir las sucesivas sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional. Habían preferido hacer oídos sordos dando la espalda a sus ciudadanos a enfrentarse de lleno contra una trama muy bien organizada y que, además, controla el poder mediático.
Toda persona es digna, única, independiente y autónoma y nadie ha de intentar alterar esas cualidades. Cada niño forja su personalidad, sus creencias, sus sueños y sus miedos según sus vivencias y su propio razonamiento. La educación sistematizada, pública y universal, es uno de los eslabones primeros de la democracia. Pero solo si ésta forma ciudadanos libres; en caso contrario es también puntal de toda tiranía. La diferencia entre ambas radica en el respeto a la pluralidad. Lo que la educación sistematizada en países democráticos, de ciudadanos libres, potencia y protege, la educación sistematizada en países dictatoriales destruye y prohíbe: la libertad.
 

El nacionalismo como pretexto de algunos para enriquecerse

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Las recientes y llamativas declaraciones del ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, reconociendo la existencia de importantes cantidades de dinero depositadas en cuentas abiertas por su familia en paraísos fiscales ponen de manifiesto, aunque sea indiciariamente, la existencia en dicho territorio de un “régimen” político -del que el Sr. Pujol ha sido el amo y señor durante más de veinte años- en el que, bajo la capa protectora de la “senyera” y die un exaltado fomento de la lengua y cultura catalanas, se escondía un engrasado mecanismo de expolio implacable de las cuentas públicas en beneficio personal de los “factótum” del sistema (el famoso “tres per cent” que se pagaba por cada contratación pública). En definitiva, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales -que de ello sacaban su tajada política- y dando al Sr. Pujol durante largos años el tratamiento mediático nacional de “hombre de Estado”, se ha estado fomentando o consintiendo en Cataluña durante más de tres décadas el uso por parte de algunos de la ideología nacionalista, con la que han comulgado millones de catalanes de buena fe, como pretexto para que los jerarcas del sistema obtuvieran pingües beneficios particulares.
Un fenómeno muy similar sucedió en Mallorca al amparo de la Unió Mallorquina de María Antonia Munar, política de origen mallorquín nacida en Barcelona, que nunca ocultó su profunda admiración -ahora intuimos por qué- por Jordi Pujol. La Sra. Munar, también con el imprescindible apoyo de PP y PSOE, con los que alternativamente formaba gobierno ante sus sucesivas y precarias mayorías, copió en las Islas Baleares de forma eficaz pero algo más chapucera que su mentor político sus gestos grandilocuentes, la ridícula pleitesía de sus acólitos, sus métodos de manipulación de masas y de captura de los medios de comunicación y de la buena fe de muchos incautos, y, sobre todo, su eficaz sistema recaudatorio para fines lucrativos particulares. Unió Mallorquina era un remedo isleño, más modesto en tamaño pero no tanto en ínfulas, de la Convergència catalana. Ambas formaciones políticas estaban perfectamente organizadas para ostentar el poder y exprimirlo a la conveniencia de sus líderes. Por todo ello, y por el empeño heroico de muy pocos, la Sra. Munar está actualmente domiciliada, previsiblemente por una larga temporada, en una confortable celda de la prisión de Palma de Mallorca.
Ya he tratado en algunos posts anteriores publicados en este blog (“Historias de “mafia siciliana” en Mallorca: el caso Ca’n Domenge”, o “María Antonia Munar como paradigma”) las peripecias de esta señora, en las que no voy a ahondar ahora más aquí. Y ya veremos cómo acaba sus días su admirado Jordi Pujol. Pero, en cualquier caso, me interesa poner en conexión ambas organizaciones para llamar la atención sobre el descarado y espúreo uso que algunos han hecho de la ideología nacionalista, con la que personalmente no comulgo pero que me merece como cualquier otra –siempre que se defienda por vías democráticas- el mayor de los respetos, como inatacable “escudo protector” de unas verdaderas estructuras creadas para que algunos se hagan ricos a costa del dinero de todos los ciudadanos, muchos de ellos seguidores de sus ensoñadoras “doctrinas” nacionales. Y eso ha sido así hasta el punto de que cualquier intento de investigación o atisbo de crítica sobre la actuación de tales políticos era rápidamente interpretado, por ellos mismos, por sus subordinados, y especialmente por toda su maquinaria mediática afín -que ha funcionado largos años como un auténtico ejército perfectamente entrenado- como un “ataque a Catalunya” o “un ataque a Mallorca”. Bastantes personas valientes han sido públicamente despellejadas, entre los vítores enardecidos de muchos seguidores a los que deliberadamente y durante años se les han calentado las entrañas y se les han oscurecido las luces, por cuestionar de alguna manera en dichos territorios el “régimen” oficial o la manera de hacer política de estos inefables personajes.
Es importante destacar aquí también, ya que estamos en un blog independiente, el nefasto papel que han jugado en este gran engaño muchos medios de comunicación, que han sido literalmente “comprados” a través de subvenciones oficiales, concesiones de emisoras, encargo de producciones y demás prebendas públicas y campañas institucionales. Sabemos que esos medios no van ahora a criticarse a sí mismos, pero todos los españoles deben conocer que su papel ha sido imprescindible para fomentar y perpetuar todas esas estructuras corruptas y para ocultar las putrefactas actividades de sus líderes. El delicado momento económico que han vivido y viven los grupos mediáticos en España no justifica en forma alguna su silencio cómplice o su descarado enaltecimiento interesado de los que nos robaban. También los españolitos de a pie lo estamos pasando muy mal en estos años desde un punto de vista económico, y eso no justifica en ningún caso que practiquemos o consintamos actividades delictivas. Por ello es preciso que carguen también algunos medios públicamente, al menos en este blog, con su culpa. Muchos de ellos han actuado de forma tan poco presentable como los personajes que ahora, cuando van siendo árboles caídos, critican veladamente en sus portadas y programas informativos. Como si la cosa no hubiera ido tantos años con ellos….
Y tampoco son ajenos a este desastre un buen número de empresarios y profesionales que han trabajado durante muchos años contratando con estas Administraciones habituadas a prácticas corruptas. Pagar y callar, o mirar para otro lado no es justificable, aunque lo exija una cuenta de resultados en su día resplandeciente, y con el tiempo cada vez más exigua. Es evidente, como en todo tipo de extorsiones, que si nadie pagara un euro ningún impresentable lo acabaría pidiendo. Pero resulta innegable que ha existido también entre una parte de la clase empresarial y profesional mucha hipocresía con esta historia de la corrupción política, y mucho desgarro de vestiduras en público ante hechos que bastantes admitían y fomentaban en privado para obtener irregularmente contratos, licencias, concesiones  o legalizaciones. Salvador Sostres, columnista catalán del diario “El Mundo”, en un memorable y reciente artículo titulado “La refundación”, lo ha clavado: “…en cualquier país normal, Convergència estaría hoy vendiendo los muebles de su sede, que por cierto está embargada; pero en Cataluña la trama forma parte de nuestra personalidad y nos reconocemos en ella aunque sólo sea por lo que cada cual tiene que callar…”.

El Manifiesto de los Libres e Iguales

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Mientras se va aproximando la fecha en la cual, según todos los indicios, se convocará en Cataluña un referendum de secesión, la cuestión parece misteriosamente ausente del debate político. Tal vez alguien piense que para que un problema desaparezca basta con no afrontarlo, con no reconocerle el carácter de tal. Sin embargo la realidad suele ser muy vengativa con quienes tratan de ignorarla.
El hecho de que se convoque una consulta al margen de la ley no es algo que pueda ser obviado. Pero el problema verdaderamente grave es lo que hay detrás. Todo ese movimiento de desafección impulsado y subvencionado con toda su fuerza por el nacionalismo catalán desde unos poderes locales particularmente intervencionistas y decididos a sobrepasar con la fuerza de los hechos su marco competencial. Dispuestos a provocar un grave enfrentamiento que les sirva para al menos seguir haciendo victimismo. Y que esa descomunal campaña propagandística desde los medios públicos y privados subvencionados no pueda ser ni minimamente contrarrestada por la población no nacionalista. Ni ésta recibir apoyos de un Estado que, gracias a la deriva de nuestro modelo territorial, prácticamente ha desaparecido en Cataluña.
El poliforme mundo nacionalista ha llenado y conquistado el vacío generado con esa retirada. Con el Estado ha desaparecido así también algo que el sentimiento identitario no puede tolerar pues pondría en verdadero peligro su propia subsistencia: la garantía de un debate de ideas en libertad,
En este panorama, y tal vez para compensar esa ausencia de debate en nuestras instituciones, han surgido diversas iniciativas. Una de ellas me parece particularmente acertada. El llamado “Manifiesto de los Libres e Iguales”, que puede leerse en este enlace, promovido por Mario Vargas Llosa y otros reconocidos intelectuales. Fue leído el pasado quince de julio en un lugar muy adecuado: el exterior del Congreso de los Diputados. Si entre otras cosas se reprocha a las élites dirigentes españolas su pasividad y resignación frente al desafío nacionalista, ese sitio está cargado de simbolismo. La respuesta que no existe en el Congreso tenemos que encontrarla fuera del mismo.
En nuestro libro “¿Hay Derecho?” hemos destacado esa situación patológica que el manifiesto también denuncia. Por ello no podemos estar más de acuerdo con muchas de sus ideas. “El nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad”. La exaltación de un sentimentalismo muy básico azuzado por un victimismo permanente encubre la realidad e infantiliza, jibariza o hasta anula las posibilidades de un debate contructivo. Por eso el nacionalismo “desprecia el pruralismo social y político”. La tribu en peligro no puede permitirse disensiones frente al enemigo exterior. Los disidentes deben ser tratados como traidores, como “extranjeros en su propio país”.
El manifiesto lamenta que esos planteamientos no hayan recibido la respuesta que merecen. “No existe un auténtico debate público sobre el fondo gravemente reaccionario del nacionalismo ni sobre las consecuencias de su proyecto para la libertad, la igualdad y la seguridad de los ciudadanos”. Y pide a todos los ciudadanos algo que ha escaseado gravemente durante las últimas décadas: “que trabajen organizadamente por la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo”.
Efectivamente, durante demasiado tiempo esa batalla intelectual, que lo es también por la libertad, se ha perdido en ciertos territorios por simple incomparecencia de quienes tenían que defender un proyecto común. Los partidos políticos nacionales han preferido pactar su sumisión en ellos a desenmascarar muchas de las mentiras con las que pretende sobrelegitimarse el nacionalismo. Se han resignado a hablar y pensar en voz baja, a no molestar ni disentir en exceso y a expresar sus sentimientos sólo en las catacumbas. Sus líderes han preferido tolerar esta situación a cambio muchas veces de apoyos puntuales parlamentarios que les permitieran conseguir y conservar el poder central. Para conseguir objetivos particulares y cortoplacistas se han sometido a un chantaje permanente que podría haber sido desactivado con pactos de Estado entre los grandes partidos si estos hubieran tenido altura de miras. La primogenitura a cambio de un plato le lentejas.
El resultado está ahí, asomando ya por la esquina. Como ya le pasó a Chamberlain, las estrategias de apaciguamiento sólo han hecho crecer la amenaza a nuestra común convivencia. Pero lo que sorprende es que esos líderes parece que aún no se hayan dado cuenta. Que sigan buscando retrasar el estallido del problema a costa de agravarlo, que sigan moviéndose, como dice el manifiesto, entre “el tacticismo y la resignación”.
Por eso es necesario que voces de tanto peso se unan para pedir que de una vez se abandone un camino que ha resultado tan baldío. Y que de forma tajante exijan a los partidos que quieran preservar las bases de nuestra convivencia democrática que rechacen “cualquier negociación que con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo catalán limite la soberanía del conjunto de lis ciudadanos y el ejercicio de sus derechos”.
Demasiadas veces el nacionalismo ha jugado a ser a la vez pirómano de conflictos y bombero para calmarlo a cambio de una buena retribución, en dinero o en poder. Demasiadas veces su estrategia, tras conquistar una trinchera de poder, se ha centrado en asaltar la siguiente. El resultado final es un Estado inane, desarmado de intrumentos, incapaz de apoyar o siquiera de proteger a quienes desde Cataluña y País Vasco quieran seguir siendo españoles. La aventura de proyectos como el de Sociedad Civil Catalana, que plantea una alternativa a la aventura secesionista desde el interior de Cataluña, no debería ser una heroicidad enfrentada a un Goliat que acumula todos los medios y recursos.
Una vez más una evidente crisis, esta vez de nuestro modelo territorial, debería servirnos para aprender. Para apartarnos de actitudes y estrategias que no solo no resuelven problemas sino que incluso los agravan. En ese sentido el Manifiesto de los Libres e Iguales debería ser un aldabonazo para nuestra clase política. Ésta, hoy con Rajoy a la cabeza, ya ha perdido demasiado tiempo. Y no le queda mucho más que perder.
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P.D: Los interesados pueden adherirse al manifiesto y contribuir a la plataforma  en http://www.libreseiguales.es/ . Yo animo a ello.
 

La Unión Europea y el nacionalismo: ¿el juego de la gallinita ciega?

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Europa es uno de los continentes que más ha sufrido los estragos del nacionalismo. Precisamente las dos guerras mundiales, especialmente la segunda, fueron la consecuencia de este movimiento-sentimiento. Europa sabe en primera mano los altos costes que se unen al hecho nada baladí de mover fronteras o crearlas donde antes no estaban. Por ello, una de las principales razones que motivaron la creación de las Comunidades Europeas o “Unión” Europea, fue contraponer las ideas de “integración y cooperación” a las de “división y enfrentamiento”. Y ello, no solo para evitar un nuevo conflicto armado (o “guerra civil europea”), sino porque en términos tanto económicos como culturales era lo que más convenía a Europa, que veía como con su división era más débil, pues perdía cuotas de mercado y calidad de vida respecto a los EEUU que actuaban como un todo armónico. Quizás el grito que más se puede unir a la razón de ser de la UE es: ¡nunca más un conflicto por fronteras!

Hoy, sin embargo, algunas declaraciones de Comisarios/as europeos/as, respecto al caso catalán, y las estrategias adoptadas frente a la crisis ucraniana, nos hace temer que Europa haya olvidado su historia, su principal misión, y que corre el riesgo de perder toda legitimidad para marcar la senda de lo que debe ser el mundo globalizado. La profesora Araceli Mangas recuerda en un artículo en El Mundo (05/03/2014), que todo empezó con los errores cometidos por la UE en los Balcanes, cuando los países de la OTAN: “invadieron Serbia y programaron la ruta para romper deliberadamente la integridad territorial de Serbia y constituir en Kosovo un Estado fantasma bajo protectorado de la UE (2007). Al año siguiente, Rusia, bajo la coartada de la protección de los derechos humanos de los rusos, invadió la débil Georgia y creó dos estados de ficción en Osetia del Sur y Abjasia. La misma medicina, ni mejor ni peor”. Ya entonces la UE parecía no tener una idea clara de los principios que deben regir la organización de Europa y del mundo globalizado, y como consecuencia de esa línea de actuación política hoy Kosovo está en la ruina económica, y a pesar de ello, parece que los intentos de romper los Estados miembros que han venido marcando el paisaje de Europa desde hace siglos no ha hecho más que empezar. Hoy Europa tiene un problema hacia fuera que es el mismo que corre el riesgo de romperla por dentro: los excesos del nacionalismo y el poco respeto a las reglas, y su complacencia hacia ambos fenómenos. En Ucrania se ha apoyado un golpe de Estado, porque nos guste mucho o poco su presidente, éste había sido elegido con una elecciones legitimadas por observados internacionales.

Volvamos a casa; ¿es realmente, por ejemplo, el proyecto secesionista catalán un mero problema “interno” de España que no afecta a la UE? ¿Los proyectos rupturistas escocés, catalán y vasco realmente no inciden en el modelo de UE que representa, a su futuro, e incluso al mejor modo en que puede organizarse un mundo cada vez más interrelacionado? Cuando menos esta cuestión debería ser objeto de debate, y no lo está siendo. Seguidamente intentaremos hacer en este post una pequeña contribución, comparando las características del fenómeno nacionalista y los principios que se supone debe defender la UE.

Veamos. El nacionalismo de corte regional se suele estructurar en torno a cinco características o principios:

a)    La existencia de una lengua propia

Ya en el año 1994 el profesor Daniel J. Elazar, de la Universidad Temple de Filadelfia, estableció que pervivían en el mundo alrededor de 3.000 grupos humanos que presentaban una identidad colectiva, mientras que existían 185 Estados reconocidos por la ONU, de los cuales el 86 por ciento tenía ya una composición multiétnica. Hoy el número de Estados reconocidos son algunos más (192), mientras que los estudios lingüísticos muestran que en el mundo existen entre 3.000 y 5.000 lenguas, según los criterios de valoración que se utilicen. La pregunta resulta clara: ¿cualquier población con características propias debe tener derecho a crear su propio Estado?, ¿queremos un mundo con más 3.000 naciones?, ¿resultaría gobernable?, ¿sería eficaz para los ciudadanos?, ¿es lo que necesitan Europa y un mundo globalizado? ¿De verdad la UE quiere que triunfe el principio, una lengua-una nación? Entonces, comencemos a contar como chinchetas nuevos Estados, también en Europa. Por cierto pocos saben que el bávaro es más antiguo que el catalán, y hay muchos verdaderos idiomas que por razones políticas pasaron en un momento dado a considerarse dialectos (por ejemplo en Italia).

b) La existencia de un derecho a la libre determinación de los pueblos

Sostener esa posibilidad en Europa sería tanto como reconocer que existen colonias en Europa (lo cual por cierto es únicamente verdad para Gibraltar) o que sus Estados miembros incumplen los derechos humanos, lo cual debería llevar antes a la UE a aplicar el art. 7 del Tratado de la UE, e iniciar un proceso de sanción a ese Estado miembro con cara a la suspensión de sus derechos. Pero ¿es esto lo que está pasando en la UE?

Por lo que se refiere a España, ésta ya respeta plenamente el derecho a la libre determinación tal como lo reconocen las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU nº 1514, del año 1960, y nº 2625 del año 1970, Aquí no existe ningún dominio colonial ni se discrimina a nadie en ninguna institución pública o privada por ser vasco, catalán o gallego. Antes al contrario, gran número de ministros e incluso presidentes del gobierno español han procedido históricamente de esas regiones (incluido por cierto el responsable de una dictadura centralizadora que duró casi cuarenta años que era “gallego”) que hoy poseen el mayor nivel de autogobierno de su historia. Incluso España es el país de la UE que aplica de forma más extensiva y generosamente, la Carta del Consejo de Europa para la protección de las lenguas minoritarias. Por cierto que en Alemania, Francia o Italia solo consideran como tales a las de otros Estados miembros que se hablan en zonas fronterizas (que se lo pregunten a los catalanes o vascos franceses)

c)    La existencia de una historia propia

En los casos vascos y catalán se ha abusado de una interpretación de su pasado histórico que interpretado de similar manera llevaría a que casi cualquier región en el mundo (y principalmente en Europa) pudiera reclamar el estatuto de nación. Hay incluso ciudades-estados, como Venecia o Florencia, que tendrían buenas razones “históricas” para independizarse mañana mismo, por no hablar de Alsacia, el Reino de Navarra o Valencia. ¿Y las (numerosas) islas? ¿Por qué no? Pero ¿es esto lo que necesita la UE?, ¿abrir la caja de Pandora de su historia pasada? Lo del RH vasco o su origen ancestral llevará a pedir el DNI íbero o celta para considerarse español. ¿Es este sentido de la modernidad el que patrocina Europa?

d)    Razones económicas (solos estaríamos mejor)

Si este epígrafe es cierto, esto haría que “solo” los ricos tendrían derecho a constituirse en nuevos Estados. ¿Es esto lo que defiende Europa? Aunque también sería posible, que después de todo, finalmente no fuera tan cierto eso de que solos se está mejor (véase la disminución de renta per cápita de Portugal en relación con España a partir de su independencia de ésta o la situación de Kosovo, a pesar de las generosas ayudas europeas).

Por otra parte, si hoy el discurso triunfante es “España nos roba”, es obvio que el discurso del día después de la independencia sería “¡Europa nos roba!”, porque igual o parecidas obligaciones de solidaridad se impondría a los ricos ya independientes respecto a los ciudadanos de otros países más pobres de la UE. O es que mola más financiar ayudas a letones o lituanos que a extremeños o andaluces. ¿Es esto la idea que Europa quiere promover?

e)    La importancia de las emociones, de “sentirse” de un sitio o de otro

Las emociones son todas muy respetables, pero también fácilmente sujetas a manipulación. Además donde más fructifican es en los extremismos, de los que Europa precisamente no está falta. ¿Es potenciar las emociones “de la diferencia” y no de “lo que nos une” lo que quiere promover  Europa?

Por último, a estos cinco elementos se añade un sexto que opera por lo menos en Cataluña, el de empeñarse en convocar una consulta aunque sea contra las normas que nos hemos dado entre todos. Sin embargo, ¿no es el respeto al Estado de Derecho lo que preconiza y representa Europa? Y de hecho, pocos comprenden hoy, cómo la UE se pronuncia pública y agresivamente sobre el referéndum ilegal de Crimea, un territorio de un Estado que nos es miembro de la UE y no dice nada, cuando el mismo o parecido problema se plantea en un estado que es miembro de la UE desde hace 29 años.

En resumen, la UE debe plantearse qué quiere ser de mayor, por ejemplo en torno a qué organización de continente es la que más respeta sus principios, su misión y garantiza su futuro. Mirando a otro lado, con dobles varas de medir, o con profunda ingenuidad, no se arreglan los problemas. Si se quiere tener la legitimidad necesaria para lanza un mensaje fuerte y claro de lo que la UE representa y quiere representar en el mundo, primero debería mirar en casa y arreglar los problemas que la acucian. Si no lo hace, no podrá quejarse cuando los partidos anti-europeos y extremistas ganen las encuestas. Quien siembra vientos….

Por qué triunfan los nacionalistas en España…y por qué van a seguir triunfando.

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Hace años un político de raza señalaba en una conferencia que la Política en España no giraba en torno a servir al interés público o mejorar la vida de los ciudadanos, que estos eran objetivos secundarios o casi “forzados”, que el meollo de la Política no había cambiado con el fin del franquismo y que lo único importante era determinar y demostrar “quién manda aquí”. Este aspecto consumía las principales energías de los partidos políticos y dificultaba que nuestros dirigentes políticos emplearan el tiempo necesario en diseñar estrategias “de Estado”, en formarse adecuadamente o en introducir innovaciones necesarias en su liderazgo o capacidad de gestión. Eso hacía igualmente complicado que los partidos políticos tuvieran un funcionamiento interno realmente democrático o que seleccionaran a los mejores para dirigirles: el único aspecto importante era conseguir el poder, y una vez llegado a él, ejercerlo y no compartirlo. Y el tipo de personas que sirve a ese fin no siempre son las más presentables.
Por ello, tal vez, una vez logrados los objetivos “de cajón”, ─esto es, consolidar la democracia, que permitía precisamente el juego de partidos, y conseguir nuestra incorporación a Europa─, nuestros partidos nacionales se quedaron sin objetivos estratégicos que guiara su acción, más allá que responder al día a día, resistir en el poder o lograrlo, tirándose los trastos a la cabeza o siguiendo “el olfato” de las encuestas. Por ello, también,siempre ha sido imposible hablar o pensar en un gobierno de concentración nacional, porque los intereses personales o particulares (o incluso sectarios) han estado por encima de los del país o la sociedad en su conjunto.
Por el contrario, los partidos de corte regionalista-secesionista, compartiendo todos los vicios de sus hermanos mayores, sí han mantenido sin embargo un claro objetivo estratégico que les ha permitido dedicar y compartir esfuerzos, sellando alianzas informales, mucho más eficaces que las formales en ocasiones. Y así, durante 30 años han tenido una idea-fuerza que ha alimentado todas sus energías y pensamientos, sacándoles del mero “ir tirando” o “mirar para otro lado”. La idea, no nos engañemos, era y es “cómo podemos romper España”. Cada uno con su papel, cada uno con su aporte: mientras unos pactaban “amablemente” en Madrid, otros se dedicaban a hacer la vida imposible a maquetos y charnegos (“o te adaptas, o te vas”). Y así cada día, pensando, manipulando: que si hoy controlo la educación, que si mañana domino los medios de comunicación, que si pasado domestico las Universidades, que si hago campaña fuera de España…
Mientras tanto los partidos “constitucionales” dedicados a la agricultura, esto es: “a por uvas”. Sí, tal vez hacían algo parecido, pero torpemente, mirándose al ombligo, cuidando simplemente de mantener su cuota de poder (cuando no de aumentar sus cuentas corrientes) o intereses de partido,sin ideas de hacer algo grande por su país,solo lo urgente y del resto ya veremos. Sin embargo, los secesionistastenían un objetivo que otorgaba grandeza a su actuación (aunque muchos lo pensemos profundamente erróneo) y ponían su vista en un futuro que sería mejor… y diferente. Así han conseguido ir ganando nuevos adeptos a su causa. Y el problema es que nada está ocurriendo en España que haga pensar que no vayan a seguir haciéndolo…, ni siquiera con el surgimiento de nuevos partidos.
Hoy parece que el marco común de convivencia democrática que se llama España tiene tres grandes incendios-terremotos-tsunamis en su territorio: la (profunda) crisis económica, la (profunda) corrupción política e institucional, y los proyectos (bien planificados y profundamente financiados) que tratan de romper ese marco de convivencia. ¡Estamos ante una situación de emergencia nacional! Se dice en los cafés, en los bares, en los restaurantes, e incluso “como de pasada” en el Parlamento. ¡Hay que hacer algo! Sí, claro algo hay que hacer, pero pocos parecen darse cuenta que no solo hay que hacer algo, hay que hacer algo que sea nuevo, que no sea más de lo mismo. La situación demanda no solo proponer nuevas medidas legislativas, sino nuevas actitudes, nuevas estrategias, una nueva forma de pensar, que comienza probablemente por un ejercicio colectivo de humildad y autocrítica…
¿Entonces? ¿Corremos todos juntos a coger cubos de agua para apagar ese incendio, para salvar a las víctimas, para reparar las casas desplomadas por el terremoto? Si realmente los que dicen que estamos en una emergencia nacional lo pensaran de verdad, se pondrían rápidamente a trabajar, arrimarían el hombro, remarían en la misma dirección, al menos hasta que pasara la emergencia. Pero no, con la que está cayendo, ni hoy, ni mañana existe ninguna posibilidad de un gobierno PP-PSOE en España (también en esto deberíamos mirar más a Alemania) y ninguno de los nuevos partidos políticos, al parecer,es capaz o ve deseable/necesario establecer alianzas estratégicas (aunque fueran coyunturales) con sus semejantes, ni siquiera ante unas elecciones tan favorables para “dar la campanada” como son las europeas.
¿Y en el “otro lado”? Pues en el otro lado, señores, sí establecen “fácilmente” alianzas electorales cuando toca (por de pronto PNV, CiU y CC; pero pronto vendrán otras) y acuerdan estrategias comunes para conseguir sus objetivos. Todos sus esfuerzos (o al menos gran parte de ellos) dedicados a la consecución de un mismo fin. Por eso están triunfando los nacionalistas, y por eso van a seguir triunfando. Tal vez lo tengamos merecido.
 

¡Ay, Derecho! La hoja de ruta hacia el independentismo del Presidente del Cercle Català de Negocis

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Los procesos de exaltación nacionalista tienen un indudable interés antropológico, entre otros muchos motivos por la proliferación de personajes pintorescos que progresan a su sombra. En esta noticia conocemos a Albert Pont, a quien se presenta como Presidente del Lobby secesionista (Cercle Català de Negocis), autor de un libro en el que, además de justificar su causa, se quiere dibujar una hoja de ruta para el proceso independentista. El señor Pont, además de con sus incursiones en literatura “libertadora”, ha encontrado también “negoci” en ese “cercle”, dado que es profesor de relaciones internacionales en el Máster de Diplomacia y Acción Exterior organizado por el Servei d’Acció Exterior de la Generalitat, que se ocupa de “preparar” a los futuros diplomáticos del Estado catalán independiente.
Nos basta hoy con glosar en este minipost un par de sesudos argumentos que ha expuesto en una visita a Madrid en defensa de su causa.
Para Don Albert, el proceso independentista podría estar amparado por cualquiera de los tres supuestos que reconoce la ONU para el derecho de autodeterminación y que citó la semana pasada el ministro Margallo. A saber, invasión extranjera, segregación racial o denegación de derechos.
Como este ¡ay, Derecho! no da para más, basta con referirnos al supuesto que Pont considera más justificado: el de “segregación racial y de linaje”. Pues expone un hecho objetivo que a su juicio lo demuestra indubitadamente: el haber sufrido “segregación identitaria” por parte de un taxista de la capital, que cuando le escucho hablar en catalán con sus acompañantes subió el volumen de la radio. El señor Pont no se plantea la posibilidad de que en ese momento empezara un programa que interesara al taxista. No. Sin duda fue una agresión centralista más que añadir a la lista de agravios. Y muy posiblemente, descolocado ante la brutal agresión sufrida, no se atrevió a pedir al inícuo conductor que bajara el volumen. Tal vez para él esa petición habría sido una nueva humillación: ya se sabe que los derechos no se suplican, sino que se conquistan.
No es el único argumento exhibido. La escasa presencia catalana en la administración española (en la que el aludido quiso entrar por la carrera diplomática) también considera que es un argumento de peso. Ni pensar en que esa escasez se deba a la tradicional vocación empresarial catalana, o a las indudables mejores oportunidades que durante décadas brindó su dinámico sector privado. No, no fue falta de interés sino, de nuevo, pura y dura discriminación.
Es muy cómoda la posición de víctima de los nacionalistas. Te exculpa de cualquier responsabilidad, pues éstas siempre corresponden a los demás. Y la recreación de un ente perverso (en este caso, el “país invasor”) permite jugar a redentor, no ya sin tener que afrontar los indudables peligros que el pasado los caudillos independentistas sufrían, sino además regado con abundantes regalías y subvenciones.
No es de extrañar que en este clima revuelto haya tanto hidalgo que confunda molinos de viento con gigantes, o taxistas marchosos con la nación opresora. Sobre todo cuando además te pagan y vives de ello ¿Independentismo o independen-timos?
 
 

El hurto del sufragio pasivo: una de las claves del éxito del nacionalismo

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Cincuenta años después de que Martin Luther King pronunciase su famoso discurso, el muy ocurrente president de la Generalitat catalana ha recordado su sueño para proclamarse heredero de sus ideales. Para Mas, el revolucionario sueño del nacionalismo catalán (una de cuyas formulaciones más precisas es «¡Los impuestos para quien los paga!», en palabras de mi amigo Ángel de la Fuente) es perfectamente equiparable al de Luther King.
 
Esta singular comparación no ha ido más allá de provocar unas risas en algunos foros de prensa y Artur Mas ha podido salir de otro charco sin más pena que la del ridículo. Pero merece la pena sacarle punta al comentario, porque nos revela una de las claves que explican el éxito del nacionalismo en Cataluña. El caso es que Mas acierta al fijar el campo de observación, pues el daño a los derechos civiles es, en efecto, un asunto nuclear tanto en la lucha contra el racismo como en la normalización de los catalanes. Las conclusiones que cabe extraer de esta comparación, sin embargo, me temo que no son las que interesarían al muy ocurrente president.
 
Para empezar, una que salta a la vista es que si en Cataluña hay «negros», en el sentido del símil presidencial, éstos no son precisamente los catalanes con los que Mas se identifica y por ende representa. En lo que llevamos de democracia, si un colectivo en Cataluña puede lamentarse de haber visto sus derechos civiles atropellados ése no es, desde luego, el de los catalanistas. A estas alturas de la mentira, cualquier lector informado sabe que Cataluña es uno de los pocos lugares de Occidente (¿el único?) donde el grueso de las medidas de discriminación positiva (especialmente generosas en Cataluña) ha beneficiado al colectivo ya discriminado positivamente por nacimiento. La minoría catalanista gozaba a principios de le transición de una privilegiada situación económico-social, y es a favor de ella que se levantó la barrera de la identidad. De ahí que tras años de actuación gubernamental, la movilidad social se ha reducido en Cataluña.
 
Pero en este post no me interesa tanto denunciar el censurable proceso de ingeniería social llevado a cabo en Cataluña a lo largo de las últimas tres décadas, como poner el foco en una de las causas que, a mi juicio, más han contribuido a que ese mecanismo de conversión haya tenido un éxito notable. Me estoy refiriendo al grave detrimento que la gran mayoría de los catalanes sufrieron al iniciarse la transición en uno de sus derechos civiles básicos: el sufragio pasivo.
 
Ya señaló Carl Schmitt, filósofo de cabecera de Francesc Homs, que estos derechos de participación política «no son para extranjeros, porque entonces cesaría la unidad y comunidad política y desaparecería la posibilidad de distinguir entre amigos y enemigos», y es común en las Constituciones reservarlos a los ciudadanos del Estado; pero el nacionalismo ha enriquecido esta doctrina ampliando en su provecho el alcance del término «extranjero».
 
Conviene recordar que cuando se abrió el juego al debate político público, tras el tiempo de silencio de la Dictadura, el porcentaje de catalanes que hablaban con normalidad catalán no superaba el 20% de la población. Y si a ello se sumase el requisito de dominar la lengua catalana con la competencia que se le debe exigir a un representante político, el porcentaje de ciudadanos que entrarían dentro de este sufragio pasivo «censitario» sería muy inferior al apuntado.
 
Si en tiempos de la Dictadura el activismo político había aglutinado el antifranquismo y el nacionalismo (de modo que era perfectamente posible hacer política en castellano para reclamar, por ejemplo, el derecho de los catalanohablantes a recibir educación en su lengua materna), desaparecido el primer elemento, el nacionalismo pasó a ser la única argamasa. Los nacionalistas institucionalizaron la barrera social de la lengua y sus circunstancias, mientras que los catalanistas de izquierda renunciaron a eliminar esa barrera y en su lugar optaron por fomentar la ingeniería social encaminada a ayudar a saltarla a los millones de catalanes que habían quedado al otro lado del muro (sobre este proceso, sígase el debate entre Félix Ovejero y Albert Branchadell).
 
Así, de un plumazo, el catalanismo dejó fuera de juego a la competencia. Aproximadamente un 85% de los ciudadanos de Cataluña vieron cómo se les hurtaban derechos básicos en aras de la construcción nacional. La mayoría empezó a aprender a ser silenciosa en el inicio de la transición, al aceptar como algo natural que su incompetencia en catalán los convertía en ciudadanos no aptos para el liderazgo político (la tropa era otra cosa, como demostró el PSC, siempre que asumiese que la generación de ideas, discurso y estrategia política no les correspondía a ellos). Gracias a ello, la minoría nacionalista pudo disfrutar de barra libre para fijar desde un principio las líneas maestras de lo que sería la política durante los siguientes treinta años. Incluso hoy, partidos como Ciudadanos o UPyD, comprometidos en derribar estas barreras, tienen enormes dificultades para escoger como cabezas de cartel a candidatos que no sean perfectamente bilingües.
 
En fin, dejamos para otro momento nuestra reflexión acerca de si la existencia de este requisito es legítima, pertinente o éticamente sostenible. Lo que me importa señalar aquí es, en primer lugar, que esa limitación al sufragio pasivo ha existido en Cataluña, en la práctica, en la forma de un efectivo techo de cristal, y en segundo lugar que esa barrera ha determinado el mapa político catalán, y en consecuencia la realidad de Cataluña, favoreciendo que los intereses soberanistas de quienes en 1978 eran una exigua minoría de catalanes acabaran siendo aclamados por 120 de los 135 parlamentarios catalanes el 30 de septiembre de 2005.
 

El problema de la educación en Baleares: la gran ceremonia de la confusión

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 Ante la enorme polémica que se ha generado en las Islas Baleares por la entrada en vigor en el sistema educativo del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) propuesto por el ejecutivo del popular José Ramón Bauzá, polémica que se ha trasladado con profusión a todos los medios de comunicación nacionales, voy a intentar trasladarles, de la forma más aséptica de la que sea capaz, en mi triple condición de padre, jurista y ex presidente de la Asociación de Padres y Madres de un centro escolar concertado, la compleja problemática que la implantación de este Decreto ha sacado a relucir.
Para que ustedes, amigos lectores del blog, puedan hacerse una idea aproximada sobre las causas de la polémica, más poliédricas y complejas de lo que algunos se empeñan en trasladar a algunos medios, voy a exponerles, a modo de “antecedentes de hecho”, una serie de hechos de gran importancia práctica que muy pocos pueden discutir sin faltar gravemente a la verdad:
1)    El Decreto del TIL establece un sistema de educación trilingüe en castellano, catalán e inglés, que exige que el profesorado, que ha dispuesto de muy poco tiempo para formarse adecuadamente, imparta en idioma inglés algunas asignaturas, lo que presenta problemas técnicos y prácticos de enorme importancia para su correcta implantación.
2)    El sistema de educación trilingüe figura en el programa electoral del Partido Popular, que gobierna las Islas Baleares con mayoría absoluta desde el verano de 2011.
3)    La tramitación e implantación del TIL ha sido bastante precipitada y desafortunada, mediante una Ley inicial que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y un Decreto posterior del ejecutivo de Bauzá que lo ha impuesto a finales del verano para el inicio del presente curso escolar, lo que ha motivado una huelga indefinida del profesorado desde el principio del curso, que aún persiste.
4)    Las Islas Baleares constituyen una de las Comunidades turísticas por excelencia, en la que resulta no sólo conveniente, sino absolutamente necesario, el conocimiento de idiomas extranjeros, cuantos más mejor. Hoy en día ello sólo es posible en la educación privada, pero no en la pública, con la enorme desventaja que esto supone para las clases sociales menos pudientes.
5)    Según  el Informe PISA de 2009, la Comunidad balear figura a la cabeza del abandono escolar en el Estado español, y a la cola en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.
6)    Las reivindicaciones del profesorado no se ciñen sólo a la retirada del TIL, sino que abarcan otros importantes problemas generales que afectan a la calidad de la enseñanza, habiendo presentado un listado de una decena de cuestiones más.
7)    Una importante mayoría del profesorado en las Islas Baleares, especialmente en la escuela pública, tiene una ideología predominantemente catalanista. Y los que no la tienen, constituyen un grupo silencioso, siempre oscurecido por el carácter reivindicativo de los anteriores. Muchos profesores han manifestado públicamente que consideran el TIL como “un ataque a la lengua catalana”.
8)    Hasta ahora ha existido en Baleares lo que muchos han denominado “consenso” en materia educativa, que ha consistido, básicamente, en que los sucesivos gobiernos de las islas, de uno u otro color, han hecho dejación de sus funciones constitucionales y estatutarias, consintiendo que en muchas escuelas de Baleares no se enseñe una sola palabra en castellano. O sea, que unos iban haciendo y los otros miraban para otro lado. Cuando un gobierno, aunque sea de manera torpe y precipitada, pero en el legítimo ejercicio de su función, ha intentado regular el tema lingüístico de conformidad con el Estatuto de Autonomía y su programa electoral, la autodenominada “comunidad educativa” ha considerado que ha roto el “consenso” y le ha paralizado el sistema educativo mediante una huelga indefinida.
9)    Cataluña lleva muchos años invirtiendo en Baleares grandes cantidades de dinero mediante subvenciones a entidades pancatalanistas y de fomento del idioma y la cultura catalanas. Y los principales políticos catalanes se han manifestado estos últimos días de forma entusiasta a favor del movimiento huelguista balear.
10)  El pasado día 29 de septiembre se manifestaron en Palma de Mallorca entre 80 y 90 mil personas para protestar por la implantación del TIL y reivindicar otras medidas para el sistema educativo, la mayor manifestación conocida en la historia de las Islas. Junto al profesorado y a numerosos padres y alumnos, bastantes de ellos menores de edad, han aprovechado para manifestarse contra el PP todos los partidos de la oposición, y especialmente los grupos catalanistas e independentistas, que poblaron la manifestación con numerosas banderas y eslóganes propios. Éstos últimos han ido adoptando, con el paso de los días, un papel cada vez más importante en la dirección del núcleo huelguista, hasta el punto de que en la mesa de negociación abierta con el Gobierno Balear figuran, junto a varios docentes, dos representantes del “Lobby per a la Independència”, organización catalanista radical.
 
Expuesto todo lo anterior, que son hechos que todos los ciudadanos de Baleares conocen bien y que casi todos los medios de comunicación, en mayor o menor grado, han acabado reconociendo, tengo que concluir, supongo que con la mayoría de los lectores que han tenido la amabilidad de llegar hasta aquí, que ésta no es simplemente una huelga del profesorado por problemas docentes, aunque también lo sea, y no poco importante. Estoy absolutamente convencido de que muchos profesores y padres bienintencionados están en huelga por defender sus convicciones personales y profesionales, completamente legítimas y defendibles en un sistema democrático. Pero en esta batalla, y tal vez cegados por el entusiasmo de la “marea verde” (color de las camisetas que portan a diario los huelguistas), han dejado alegremente que se les suban al autobús unos peligrosos compañeros de viaje, cuya nada desinteresada compañía acabarán pagando muy cara. En este movimiento, seguramente iniciado por un grupo de docentes responsables y consecuentes con sus ideas, pero rápidamente secundado por organizaciones políticas de diferente cuerda e intenciones menos confesables, se está dilucidando bastante más, sobre todo para aquellas personas y entidades que han hecho de la lengua catalana un “modus vivendi”, social, político y sobre todo económico, los cuales ahora ven  “amenazada” su situación de predominio en el panorama educativo balear.
 

El dominio público al servicio del nacionalismo catalán.

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Algunos municipios catalanes, especialmente de la provincia de Gerona, han instalado grandes mástiles con banderas separatistas en rotondas públicas donde confluyen varias vías de circulación.
Al amparo de la mayoría de votos correspondiente, se están utilizando para fines políticos determinados los bienes que son de dominio público, y están destinados a satisfacer el interés general.
No es excusa la libertad ideológica y de expresión. Todas las ideas políticas tienen cabida en nuestra sociedad, y pueden manifestarse libremente, pero no valiéndose de lo que es de todos. Nada que objetar a que los concejales y alcaldes electos, o cualquier ciudadano, pongan en su domicilio o bienes particulares las banderas o símbolos que les parezca oportuno colocar. Pero los bienes de dominio público no son un patrimonio de libre disposición para la Administración titular. El dominio público es de todos y para todos los ciudadanos, y debe rechazarse la arbitrariedad en su aprovechamiento.
Tampoco es excusa que el coste de esos mástiles haya sido sufragado por particulares o asociaciones (se supone), ni que se haya autorizado su instalación mediante el permiso municipal correspondiente (también supongo que existe). El efecto sería el mismo que si el Ayuntamiento de Madrid pusiera en plena Plaza de Colón en vez de la bandera española la bandera de las gaviotas del PP o la del Real Madrid, excluyendo otros partidos u otros gustos.
La Ley  de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su art. 6, como principios relativos a los bienes y derechos de dominio público, entre otros, los de:
“c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.”
Además, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (art. 103.1 Constitución).
Estos Ayuntamientos interpretan mal su legitimidad democrática. La democracia no consiste en un cheque en blanco durante cuatro años. Su triunfo electoral les permite ejercer  la acción de la Administración durante el mandato legal, pero con pleno respeto del ordenamiento jurídico y de aquello que es de todos.
Por lo demás, con la colocación de esas banderas se pretende oficializar e institucionalizar una concreta opción política,  ninguneando y amedrentando a aquellos ciudadanos que no la comparten. Desvirtúan así el propio sistema democrático, en el que pretenden competir con ventaja.
La permisividad para con estos mismos Ayuntamientos que en su día dejaron de colocar en sus fachadas la bandera de España, lejos de apaciguarlos y acercarlos a la normal convivencia democrática, ha conseguido envalentonarlos y dar un paso más en su menosprecio de la legalidad, y de la convivencia.
Quizá esta cuestión sea menor en relación a otras iniciativas más sonadas de los últimos días, pero sí es una muestra más de que el nacionalismo catalán no está dispuesto a respetar las reglas del juego democrático y la sociedad civil catalana es una leyenda, al menos cuando se trata de controlar la acción política del nacionalismo. No hay una contestación adecuada al abuso del poder político por los separatistas.
Así, los ciudadanos ¿qué podemos hacer? ¿interponer demandas judiciales costosas y de incierto resultado? ¿Hemos de ser los ciudadanos héroes en la defensa del Estado de Derecho soportando la presión legal y social sin la ayuda del Estado? Creo que es injusto que los particulares que pagamos nuestros impuestos debamos defender el adecuado uso de lo público en total soledad y echo en falta una mayor actividad y efectividad de los controles democráticos y del Estado de Derecho frente a estas conductas abusivas.
Estado de Derecho, no nos abandones…