Un regalo envenenado (La Infanta y la doctrina Botín)

Afirma Montesquieu en El Espíritu de las Leyes que el principio necesario en una democracia es la virtud, mientras que en una monarquía puede bastar con el honor, atributo basado en un prejuicio: el de la respectiva condición dentro de la estructura social y política. Para la subsistencia de un cierto anacronismo como es una monarquía parlamentaria se necesitan, sin duda alguna, ambas cosas.

La cita viene a cuento por la elevada probabilidad de que en la fase previa del juicio por el caso Nóos, que ahora comienza, a la Infanta se le aplique la “doctrina Botín” y quede exonerada a las primeras de cambio. Esa doctrina deriva de una interpretación imaginativa del art. 782.1 LECrm efectuada por el Tribunal Supremo con ocasión de la imputación del famoso banquero. Conforme a ella, no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el Fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular.

En realidad –conforme a una matización posterior realizada para el caso Atutxa- el que se le aplique o no a la Infanta depende tan solo de dilucidar si el delito fiscal que se le imputa tiene un perjudicado concreto o afecta de manera general a toda la colectividad. Si fuese lo primero, dado que tanto el Ministerio Fiscal como la Hacienda Pública han pedido el sobreseimiento, su exoneración quedaría garantizada. En el segundo caso, sin embargo, la persistencia de la acusación popular ejercida por “Manos Limpias” bastaría para  impedirlo.

Es verdad que hay muchos argumentos técnico-jurídicos para defender la aplicación de esa doctrina en este caso (al fin y al cabo muy parecido al del propio Sr. Botín). La resolución del Tribunal estimándola en la fase preparatoria que ahora se inicia no podría nunca calificarse de arbitraria. Seguro que sería recibida con alborozo por la Infanta y sus abogados. Pero hasta qué punto esto constituiría una buena noticia para nuestro Estado de Derecho en general, y para la Corona en particular, es harina de otro costal. Al menos podemos presumir que a Montesquieu le hubiera inquietado bastante.

Comencemos por el Estado de Derecho. El que en ciertos casos con acusados ilustres el Fiscal se empeñe en no acusar, el Abogado del Estado en no defender a su cliente y los jueces en forzar la interpretación de las normas (o considerar los delitos fiscales como delitos con perjudicado concreto) para negar legitimación a la acusación popular, pienso que nos debería suscitar a todos cierta preocupación. Ya de entrada nos indica que algo no funciona muy bien en nuestro entramado institucional: que nuestros altos funcionarios no gozan de la debida independencia o que por algún motivo los criterios de supuesta conveniencia política se imponen frente a los estrictamente jurídicos.

Además, la sutil distinción a estos efectos –consagrada por el juego combinado de las doctrinas Botín y Atutxa- entre los delitos que perjudican a uno solo (aunque como bien recordaba el juez Castro ese uno llamado Hacienda seamos todos) y los que no tienen perjudicado conocido, merece un comentario aparte. Hace más de dos mil quinientos años Solón, el creador de la democracia ateniense, negó expresamente que tal distinción pudiera tener ningún sentido en un régimen democrático. Si hubiera que destacar alguna de sus leyes, quizá la más relevante es la que atribuía a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar a quién hubiese cometido una ilegalidad, aunque el denunciante no hubiera sufrido ningún perjuicio personal, pues toda ofensa es un ataque a la ciudad, y, a través de ella, a todos y cada uno de los individuos que la integran. Si esto es cierto con carácter general, mucho más en un país como el nuestro, en el que gran parte de sus instituciones supuestamente independientes han sido capturadas por nuestras élites extractivas;  y mucho más en este caso, en el que están en juego intereses colectivos de primer orden, no solo por el bien lesionado, sino por el protagonismo y la preponderancia social de la autora. No olvidemos que si el Derecho vale algo en una democracia, es principalmente por constituir un freno al abuso de poder, que por definición siempre se ejerce por quien lo ostenta.

Esta última reflexión nos conduce a examinar el impacto que la exoneración de la Infanta por aplicación de la “doctrina Botín” puede tener para la Corona. El caso Nóos es sintomático de una forma de hacer negocios en España, y por eso no se limita al fraude fiscal, sino que gran parte de los imputados (entre ellos once cargos públicos) van a tener que responder de acusaciones tan graves como malversación,  prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Presuntos delitos que han costado al contribuyente unos cuantos millones de euros. Y si hay algo absolutamente obvio, es que este caso no se explica sin la presencia  directa o indirecta de Urdangarín; es decir, de la Infanta; es decir, de la Corona. El que a la hermana del Rey le imputen únicamente un delito fiscal tiene relevancia solo para la interesada y solo desde la perspectiva penal. Para la sociedad española y su régimen político lo que está en juego es algo mucho más trascendente.

La abdicación del Rey Juan Carlos y los nuevos modos impuestos por su sucesor Felipe VI, incluida su decisión de retirar a su hermana el título de duquesa, han supuesto un paso muy importante para acompasar la institución a las nuevas exigencias de regeneración moral e institucional que, afortunadamente, dominan ahora en la política española. Por esto hemos salido ganando todos, pero principalmente la Corona. De ahí que la posible decisión de no enjuiciar a la Infanta -recordemos que por inacción de nuestras instituciones- puede tener un efecto mucho peor para nuestra monarquía parlamentaria que su absolución tras un juicio en condiciones o, incluso, que su condena. Sencillamente, porque así se habrá negado no solo la virtud, sino también el honor: el prejuicio habrá saltado por los aires, porque nadie en su sano juicio podrá a partir de ahora atribuir ciegamente a los miembros de la institución monárquica el voto de confianza que esta necesita para sobrevivir. Más bien cabe prever que sea sustituido por otro prejuicio contrario nacido de la frustración y de la sospecha.

Efectivamente, mal favor habrán hecho en ese caso a la Monarquía la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los Tribunales; un regalo envenenado a nuestro Rey de digestión complicada, máxime cuando la eliminación de la Infanta del orden de suceder en la Corona no depende del Monarca sino de la propia interesada. Y no hay que presumir que el librarse in extremis de ser enjuiciada, aunque sea por motivos tan singulares, le vaya a mover a ello, si no lo ha hecho hasta ahora. Más bien lo contrario.

Este asunto constituye un buen símbolo de muchas cosas que han pasado y siguen pasando en nuestro país. Pero una de las más significativas es que demuestra hasta qué punto las componendas, atajos y manipulaciones institucionales bajo la socorrida invocación a la “razón de Estado” son nefastas para una democracia y para la credibilidad de sus instituciones. Esperemos que en la nueva época política que ahora se inicia las cosas vayan cambiando paulatinamente. Aunque me temo que para este caso será ya demasiado tarde.

HD Joven: Propósitos de año nuevo para una nueva España

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 20-D, España entera está expectante. Acostumbrados a tener dos grandes partidos políticos –uno que ganaba las elecciones y otro que las perdía-, el actual paisaje político tiene a la mayoría de ciudadanos bastante perplejos. ¿Gobernará Rajoy en minoría cuatro años más?; ¿alcanzarán un acuerdo “las izquierdas” para formar un gobierno alternativo? ¿Habrá un gran pacto o coalición de los dos partidos tradicionales?; ¿volveremos a votar en 2016? En definitiva, máximo grado de incertidumbre.

Salvando matices, tenemos el siguiente panorama parlamentario: (i) dos partidos mayoritarios –PP y PSOE-, con 213 diputados, que en principio desean –salvo prueba en contrario- que todo siga igual, es decir, que continuemos con el sistema de alternancia en el poder que ha venido funcionando desde la Transición; (ii) un partido con 40 diputados –CIUDADANOS- que, según dicen, pretende reformar España respetando las reglas del juego, es decir, reformar el edificio sin derribarlo; (iii) y, por último, los 69 diputados de PODEMOS –y sus franquicias- cuyos planteamientos pasan por echar abajo el edificio de manera rápida y sin demasiados miramientos –aún no sabemos si empleando la bola de demolición o directamente con dinamita- para construir uno nuevo.

Bromas aparte, no es mi intención juzgar aquí cuáles de estas opciones políticas son mejores o peores. Como demócrata, respeto (casi) todos los planteamientos y no valoro los resultados electorales obtenidos por PODEMOS –como equivocadamente hacen algunos- como si de una anomalía democrática se tratase, sino como una simple manifestación de la soberanía nacional expresada en las urnas por más de 5 millones de españoles, a los que debo todos los respetos. Algunos de ellos, además, no son ciudadanos anónimos, sino vecinos, colegas de profesión, familiares o amigos. Los “podemitas” –dicho sea con todo el cariño-, son también nuestros compatriota, como diría el líder del otro partido emergente.

Volviendo a la composición del parlamento, está claro que las diferentes sumas y combinaciones entre varios partidos para formar un gobierno “homogéneo” –desde un punto de vista ideológico-, no salen de ninguna manera. De hecho, parece prácticamente imposible que se pudiera constituir un gobierno mínimamente sólido en el que no estuvieran presentes los dos grandes partidos.

Pues bien, ante este panorama, son muchas las voces que están reclamando un gran gobierno de coalición de los dos grandes partidos –PP y PSOE- o de la suma de aquellos y CIUDADANOS, para poder constituir un Gobierno de España estable durante los próximos cuatro años. En este sentido se han pronunciado varios editoriales y opinadores durante las últimas semanas, algunos de ellos nada sospechosos de formar parte del actual establishment político.

Llegados a este punto, creo modestamente que esta es la opción que más nos conviene a todos, por supuesto, mucho más que unas nuevas elecciones generales en 2016. Pero que nadie se lleve a engaño, no seré yo quien proponga una gran coalición para que todo siga igual. La idea es bien distinta.

Intentaré hacer un ejercicio de idealismo –espero que no de ciencia ficción-, para explicar cuál es mi propuesta para la España de los próximos cuatro años. Propongo que hagamos un stand by de una legislatura, aparquemos momentáneamente las ideologías y sentémonos a hablar sobre qué país queremos para los próximos 50 o 60 años, con el fin de poner en marcha la mayor reforma de nuestras instituciones que se haya conocido desde la Transición.

¿Debe participar también PODEMOS? Aunque siendo prácticos podríamos pensar en excluir a esta formación política de inicio –por lo que han venido diciendo durante las últimas semanas-, no creo que resulte saludable, desde un punto de vista democrático, excluir del debate a más de 5 millones de ciudadanos. Ahora bien, si PODEMOS quiere formar parte de esta nueva etapa política tendrá que acatar las reglas básicas de juego que los españoles nos dimos en el 78. El ejemplo más evidente: la soberanía nacional no puede romperse por medio de un referéndum “de autodeterminación” de los ciudadanos de una comunidad autónoma, con exclusión del resto de españoles (art. 1.2 CE).

¿Y si PODEMOS no acepta las reglas de juego?, la vida sigue y España no puede quedar paralizada al albur de caprichos partidistas. PP, PSOE y C`s representan a la inmensa mayoría de los españoles (más de 16 millones de votantes), podrían dotar de estabilidad al nuevo Gobierno (secundado en el Congreso de los Diputados por 253 escaños), y los tres partidos, dentro de sus discrepancias ideológicas, tienen como denominador común el respeto de las reglas de convivencia.

Pero vayamos a lo importante: ¿Sobre qué presupuestos se debería fundar ese hipotético gran gobierno de coalición?

En primer lugar, los dos grandes partidos que han gobernado España durante los últimos más de treinta años –PP y PSOE- deben asimilar y “digerir” la necesidad de cambio. El mandato de las urnas es claro: los españoles no queremos que todo siga como hasta ahora. Hay unos cuantos aspectos de la vida pública que pueden y deben cambiar, principalmente aquellos que se refieren a la calidad democrática de nuestro sistema político e institucional.

Especialmente relevante resulta la posición del PSOE, pues sin su apoyo parlamentario nada de lo aquí sugerido sería posible. Hay quién dice que sus votantes no verían con buenos ojos ese gran pacto de estado y yo me atrevo a poner en duda esta tesis. Creo que sus votantes situados más a la izquierda ya hace tiempo que se dejaron seducir por “la coleta” y los que aún le siguen votando –al menos con los que yo he hablado- nunca han visto con buenos ojos el carácter rupturista del partido morado ¿Preferirá el PSOE un gran pacto por España o morir devorado en marzo o mayo por otras opciones políticas situadas a su izquierda? Quiero y confío en que opte por la primera opción.

En segundo lugar, necesitaremos altura de miras y generosidad por parte de la dirección de los dos grandes partidos. Concretamente, creo que Rajoy y Sánchez deben hacerse a un lado, dejar de pensar en sus aspiraciones personales o de partido y dar paso a nuevas caras con capacidad de diálogo y consenso. Los tres partidos de la gran coalición deben anteponer los intereses generales de España a los suyos propios.

En tercer lugar, el nuevo Gobierno debe ser liderado por uno o varios estadistas. Para esta misión no sirven hombres de partido o personajes de la vida pública que hayan destacado por desarrollar un discurso altamente ideologizado. No sirven los “forofos” de uno u otro partido. Necesitamos figuras dialogantes, de reconocido prestigio, con alta cualificación técnica y una gran capacidad de negociación.

En esta nueva etapa, desaparecen el real decreto como forma habitual de legislar y la mayoría absoluta de una ideología concreta como medio para implementar las medidas previstas en un programa electoral o en un memorandum of understanding. Ahora toca sentarse a la mesa, dialogar y negociar. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario en el que a los españoles no les queda otra opción que buscar un nuevo paradigma de liderazgo político.

Por último, llega lo más importante de todo. La gran coalición no puede tener como objetivo que todo siga igual. Hay que poner sobre la mesa y negociar una agenda ambiciosa de reformas dirigidas a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y la vida de los ciudadanos. Sobre el contenido de esas reformas se ha escrito mucho –y muy bien- en este blog: la reforma de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos, el gran pacto por la educación, la separación de poderes para preservar la independencia de los jueces, la definición definitiva del modelo territorial, el adelgazamiento de las administraciones públicas superfluas, etc.

¿Es necesaria una reforma constitucional? Pues éste quizás no sea el debate fundamental, aunque a buen seguro tendrá que modificarse la norma fundamental en la medida en que los cambios pretendidos sean de verdadero calado. Si finalmente tiene lugar ese escenario, supondrá para el conjunto de los ciudadanos una excelente oportunidad para “firmar” un nuevo pacto de convivencia para los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años.

En definitiva, hay una idea que necesariamente debe calar en los españoles para que esta nueva etapa culmine con éxito. Los ciudadanos deben percibir que de verdad se está llevando a cabo un cambio en profundidad y no meras actuaciones cosméticas: una verdadera transición política y social. ¿Será posible algo así? Solo el tiempo nos dirá si se obrará el “milagro” o si nos tocará volver a las urnas. Por el momento, como siempre, nos queda ser optimistas y seguir empujando todos juntos.

El camino de Dinamarca: reproducción de la Tribuna en el Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

 

El resultado de las elecciones del domingo arroja sin duda un resultado muy difícil de gestionar, consagrando un escenario de pluripartidismo y de necesidad de pactos o/y Gobiernos de coalición que, siendo habitual en otros países de nuestro entorno, lo ha sido mucho menos en España al menos a nivel nacional. Sin embargo, la sociedad española parece preparada para esta novedad, lo que es un síntoma de madurez democrática. Efectivamente, las encuestas reflejan  que los ciudadanos españoles –especialmente las nuevas generaciones- no están especialmente preocupados por la necesidad de gobiernos de coalición o de pactos a varias bandas, ni tampoco por la posible inestabilidad o la supuesta falta de gobernabilidad. Desde luego lo están mucho menos que nuestros representantes políticos (al menos hasta hace dos días) y que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.

Pero los ciudadanos también tienen que ser conscientes de que con el panorama surgido de las elecciones del 20D las reglas del bipartidismo (básicamente las que impiden llegar a acuerdos entre adversarios políticos llamados a sustituirse) ya no pueden aplicarse, porque impedirían la constitución de un Gobierno estable. Dicho de otra forma: si abrazamos el pluripartidismo, hay que hacerlo con todas las consecuencias, y hay que asumir que pueden darse acuerdos (puntuales o no) entre partidos como el PP y el PSOE que difícilmente se hubieran producido en el pasado reciente. De la misma forma, tendremos que asumir que los nuevos partidos no van a funcionar ni como las marcas blancas de los tradicionales, ni como aspirantes a sustituirles. Eso es lo que significa de verdad el pluripartidismo.

Tenemos que ser conscientes de que la necesidad de llegar a acuerdos entre varios partidos para garantizar que haya un Gobierno puede ser la gran oportunidad que estábamos esperando para acometer las imprescindibles reformas institucionales que han quedado aparcadas a lo largo de la última legislatura. Particularmente cuando, como es inevitable, se ponen en riesgo los intereses de las redes clientelares de los partidos tradicionales creados a lo largo de décadas

En este sentido, los españoles hemos salido un tanto escarmentados de la pasada mayoría absoluta por dos motivos: Primero porque no ha servido para realizar auténticas reformas estructurales y de cambio de modelo productivo  –más allá de la muy necesaria reforma laboral y del sistema financiero que exigían nuestros socios-  ni, sobre todo, para abordar la urgente regeneración institucional. Segundo porque, en un contexto de instituciones débiles  y colonizadas por los partidos políticos,  el abuso de la mayoría absoluta y la confusión de los intereses generales con los del partido en el gobierno ha sido un riesgo cierto, especialmente visible en los casos de corrupción. La experiencia nos ha aconsejado la conveniencia de contar con contrapesos mucho más robustos en forma de pluripartidismo y, en particular, de devolver al Parlamento el papel esencial que le corresponde en una democracia representativa. Porque aunque la legislación compulsiva anunciada cada viernes en los Consejos de Ministros y la aprobación de innumerables decretos-leyes por “razones de extraordinaria y urgente necesidad”  nos lo hayan hecho olvidar, lo cierto es que al Gobierno no le corresponde la función de elaborar las leyes: esa es la tarea del Parlamento. Al Gobierno le corresponde la función ejecutiva y la potestad reglamentaria respetando esas leyes y por supuesto la Constitución, además de la dirección de la política interior y exterior.

El Parlamento tiene también otra función esencial, que suele también difuminarse en tiempos de mayorías sólidas como son las que tradicionalmente ha tenido España, y es la del control del Ejecutivo, un control que debe de ser real y efectivo, para lo que es imprescindible que el Ejecutivo no controle al Parlamento como si fuera un títere suyo. En fin, gracias a la fragmentación del Parlamento recién elegido puede que en esta legislatura podamos visualizar con cierta claridad el funcionamiento ordinario de una democracia parlamentaria, lo que debería de ser un motivo de alegría. Quizá hasta descubramos las dotes (o la falta de ellas) de algunos parlamentarios electos, lo que no nos vendrá mal a la hora de conocerles un poco mejor y de decidir si merecen o no repetir en las listas. La falta de experiencia previa de gran número de los nuevos diputados puede llegar a ser una ventaja desde el punto de vista de la regeneración del Parlamento español en temas tales como las incompatibilidades, los conflictos de intereses, la transparencia o el rigor en la gestión del dinero público, facilitando la asunción de nuevas y más exigentes normas de conducta.

Pero yendo más allá, el escenario que se ha abierto este domingo ofrece indudables posibilidades que convendría no dejar escapar. Se puede llegar a pactos pluripartidistas o transversales que afecten a las propias reglas del juego democrático, intentando avanzar desde una democracia de poca calidad a una democracia más exigente y de mayor calidad. Se trata, como se ha dicho muchas veces en las páginas de este periódico, de ir desmontando el Estado clientelar surgido en torno a unos partidos políticos muy fuertes, que han invadido espacios que no les correspondían, y en cuyo caldo de cultivo ha germinado con fuerza la corrupción, e ir avanzando hacia un Estado más moderno, con unas instituciones neutrales, una Administración despolitizada, profesional y eficiente, un Poder Judicial independiente, una gestión pública transparente y eficaz en defensa de los intereses generales, una evaluación sistemática de las políticas públicas y una exigente rendición de cuentas. Si, parafraseando a Tocqueville, ninguna clase política es capaz de sacar lo que su sociedad no tiene previamente dentro, estas elecciones apuntan a que la sociedad española tiene ganas de intentar este cambio. Ahora queda por ver si los políticos elegidos este domingo –la mayoría todavía por cooptación y de acuerdo con las viejas reglas electorales- tienen también ganas de intentarlo, dejando de lado las siglas y los intereses partidistas por un tiempo determinado en beneficio de todos.

No debería de ser tan complicado, si nos fijamos en el diagnóstico en gran medida coincidente sobre la necesidad y urgencia de la regeneración institucional que han realizado los dos partidos emergentes, que puede fácilmente llegar a compartirse por los  partidos tradicionales aunque sea por necesidades aritméticas. Llega el tiempo de las políticas “bisexuales” por utilizar la misma expresión que Víctor Lapuente en su interesante libro “El retorno de los chamanes” donde advierte del peligro de los populismos y sus engañosas recetas de soluciones fáciles frente a problemas complejos. El auténtico reto es construir a partir de ahora un discurso público sobre presupuestos  correctos, apoyándose en los datos disponibles y huyendo de ideas preconcebidas, de conceptos abstractos, de prejuicios y de cosmovisiones simplistas. Esto requiere ser capaces de debatir sobre impuestos, pensiones, reforma laboral, violencia de género, referéndums, desahucios o cualquier otra cuestión sin dar nada por sentado y con disposición para examinar todas las posibilidades con la finalidad de lograr la mejor solución concreta para cada problema. En definitiva, hay que abordar las discusiones y los posibles acuerdos con espíritu crítico y abierto y con un saludable escepticismo; muchas veces las mejoras serán más modestas de lo que nos gustaría, pero lo importante es que sean mejoras y vayan en la dirección correcta. Es lo que llevan haciendo muchos años los países nórdicos con excelentes resultados en términos de libertad y de igualdad de oportunidades, así como de crecimiento económico. El que los gobiernos de coalición, los pactos y el multipartidismo sean frecuentes en Dinamarca o Suecia no es una casualidad.

En este contexto, no puede haber bloques frentistas ni exclusiones de partidos a “priori”;  todas las reformas se pueden y se deben hablar con todos, como se hizo con gran éxito al comienzo de la Transición en una situación bastante más complicada y sin experiencia democrática previa.  Se trataba entonces, como se trata ahora, de establecer un nuevo marco  político para la convivencia de los españoles para los siguientes 30 o 40 años, con o sin reforma constitucional. Esta es la auténtica Gran Coalición que la sociedad española ha pedido el domingo en las urnas. Aún reconociendo que no será fácil, es lo que hay que intentar darle a los ciudadanos que han repartido estas cartas a los distintos jugadores. Requerirá mucha paciencia, mucha negociación, mucha pedagogía y también muchas renuncias y mucha comprensión de los electores. También requerirá tiempo. El que no lo entienda así o no se vea capaz de emprender este camino debería echarse a un lado y dejar el paso a otros. Es tiempo de responsabilidad, de rigor y de generosidad. Todos, políticos y ciudadanos debemos estar a la altura.

Las nuevas reglas de juego: Reproducción de la tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Mañana concluirá formalmente lo que ya ha terminado en la calle, es decir, el ciclo político iniciado con la Transición y la Constitución de 1978. Más allá del resultado que alcancen los diferentes partidos el día 20-D, parece claro que el bipartidismo, tal y como lo hemos conocido, va a desaparecer y no me refiero tanto a los partidos políticos en los que se ha encarnado estas últimas décadas (PP y PSOE) sino a las reglas de juego que rigen todavía la política en nuestro país. Es normal que –como refleja la última encuesta electoral del CIS- un sector de la población  sienta un poco de vértigo y prefiera permanecer fiel a lo ya conocido. Se trata básicamente de las generaciones más mayores, que ya vivieron el tránsito del franquismo a la democracia y que ahora no quieren sobresaltos. En cambio, las nuevas generaciones de lo que parecen tener miedo es de que todo siga igual y están dispuestas a “arriesgarse” apostando no solo por nuevos jugadores políticos sino también por nuevas reglas de juego que nos traigan una democracia de mayor calidad. La brecha electoral generacional es muy clara y responde a la diferente perspectiva vital aunque, por supuesto, siempre hay excepciones.

Porque las reglas políticas que tenemos hoy corresponden a una democracia de baja calidad. Son las que han permitido mantener a la ciudadanía en la ignorancia de asuntos tan trascendentales para la buena marcha de un país como las andanzas empresariales (y de otro tipo) del anterior Jefe del Estado, las que han tolerado la financiación irregular de los partidos a cambio de adjudicaciones y de favores públicos,  las que han incentivado la utilización de los recursos públicos para crear -o más bien mantener- redes clientelares de corte caciquil heredadas del pasado.  Son también las que han fomentado la confusión interesada en el ámbito empresarial entre la esfera pública y la privada (el denominado capitalismo de amiguetes) normalmente en perjuicio del contribuyente o del pequeño accionista o inversor. Son  las reglas que han favorecido el nombramiento para las más altas responsabilidades públicas de personas cuyo principal mérito son las buenas relaciones con el poder político.

Estas mismas reglas han dado lugar a la aparición de un sistema castizo de “spoils system” –pese a la teórica profesionalización e imparcialidad de la función pública- con Administraciones públicas paralelas en forma de agencias, fundaciones, entes públicos,  etc, etc, en el que cada cambio de gobierno trae consigo el cambio en miles de puestos de confianza, incluidas las gerencias de los hospitales, por poner un ejemplo. Incluso cuando hablamos de la función pública en sentido estricto la utilización desmedida y arbitraria del sistema de libre designación (el famoso dedazo) ha desnaturalizado el sistema, de manera que con demasiada frecuencia son los funcionarios mejor conectados y no los más capaces o más expertos los que alcanzan los codiciados niveles superiores de la Administración.

Son estas reglas de la vieja política las que han socavado la independencia del Poder Judicial politizando el órgano de gobierno de los jueces, que si bien no dicta sentencias directamente sí designa a los titulares de los órganos más importantes del Poder Judicial que lo hacen. En definitiva, son las reglas con las que se ha gestionado una crisis económica gravísima, lo que ha supuesto la muy desigual imposición de sacrificios  a la sociedad española, de manera que han sufrido mucho más los más débiles o/y a los menos organizados que los más poderosos o los mejor conectados con la clase política, incluso en el caso de los responsables directos del desastre. Es paradigmático lo que ha sucedido con los directivos-políticos de las Cajas de Ahorro, pues todavía estamos esperando que se haga justicia, en el sentido estrictamente  judicial.

El hecho de utilizar el pretérito para referirnos a estas reglas no significa que vayan a cambiar mañana, pero creo sinceramente que se van a cuestionar por la clase política que surja de las elecciones del 20 D. Efectivamente si juzgamos por las declaraciones y los programas electorales de los dos partidos emergentes -e incluso del PSOE en la medida en que ha acometido una renovación que está todavía pendiente en el PP- parece que está asumido el diagnóstico de que hay que mejorar la calidad de la democracia española. En ese sentido, es importante tener claro que no se trata sólo de cambiar equipos o alineaciones (que también) sino de cambiar de juego. Hay que superar una democracia de baja calidad donde todo o casi todo vale para alcanzar o mantener el poder y avanzar hacia una democracia avanzada, caracterizada por la transparencia, las instituciones sólidas y neutrales, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Queremos ser Dinamarca, por usar un símil de moda, y la elección del modelo habla mucho, y bien, de las aspiraciones de muchos españoles. Sin duda es un reto, pero mucho mayor era en 1978 el reto de llegar a ser un país más de la Unión Europea y se consiguió en menos de una década. Es cuestión de voluntad política pero sobre todo es cuestión de madurez de la sociedad española ya que -parafraseando a Burke- ningún sistema político puede extraer de un cuerpo social lo que no existe previamente.

En ese sentido, los partidos emergentes tienen que ser muy cuidadosos con las expectativas que han despertado. Han conseguido recuperar para la democracia parlamentaria a gente, especialmente los más jóvenes, que se sentía excluida del juego, lo que es sin duda un mérito enorme.  En todo caso, los nuevos partidos han contribuido a recuperar la ilusión y hasta la pasión por la política de muchos españoles, y  sin duda han generado movimientos en los partidos tradicionales, quizá más visibles en unos que en otros.

En cuanto a su supuesta inexperiencia de gobierno –inevitablemente esgrimida por los viejos del lugar- me parece una indudable ventaja desde un punto de vista regeneracionista. Precisamente el que los emergentes no dominen las reglas de la vieja política –y no soporten las correspondientes “mochilas” de intereses creados- es lo que permite albergar esperanzas de un cambio real.  Y si, como dicen,  los partidos nuevos quieren respetar aspectos esenciales del nuevo juego como la neutralidad y la profesionalidad de los organismos públicos  no hay que preocuparse mucho por la “falta de equipo”:  el equipo está ya esperando en el banquillo, deseando salir a jugar. Está formado por hacer a los muchos y buenos profesionales y técnicos del sector público que tienen la experiencia y la formación para hacer bien su trabajo, ya se trate de gestionar hospitales o colegios, recaudar impuestos, controlar las cuentas de un Ayuntamiento o administrar justicia. Lo que menos necesitamos  es volver a tener políticos sustituyendo la labor de los profesionales del sector público. Su labor es dirigirlos y coordinarlos.

Eso sí, estos votantes ilusionados no van a tolerar muchas desviaciones con respecto a las  reglas nuevas de una democracia de  más calidad, que son bastante más estrictas que las que se van a aplicar todavía en la presente campaña electoral. De ahí la sensación de que hay una mayor exigencia –descontada la inevitable utilización partidista- con los nuevos jugadores que con los viejos. Los votantes parecen descontar que los jugadores de siempre seguirán jugando como siempre, probablemente porque no saben hacerlo de otra manera. Pero se espera algo distinto de los nuevos, que tendrán que salir a ganar sin embarrarse demasiado en el terreno, aunque solo sea para demostrar que pueden hacerse las cosas de otra manera. Y si por el camino conseguimos que todos jueguen de forma más limpia eso habremos ganado. Todo un desafío.

 

 

HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

Mi pueblo no se cierra o sobre los debates en campaña electoral

La irrupción de nuevos partidos en la política española generó notables expectativas sobre una campaña electoral distinta, con propuestas diferentes y formatos de debates más abiertos y dinámicos.  Parece que nos hemos quedado a medio camino: sin duda se ha realizado una campaña más cercana y con más formatos, pero en esencia se ha mantenido el mismo perfil, cierta rigidez, y sobre todo el mismo esquema de debate “trazo grueso”.

Ya hemos escrito en varias ocasiones en este blog sobre la tremenda dificultad que requiere plantear un debate de cierta profundidad en la política española (ver aquí). Los partidos suelen practicar la política para “menores de edad”, y tratar a sus potenciales votantes con escaso respeto por su nivel intelectual.

La campaña “mi pueblo no se cierra”, puesta en marcha por el PP en las zonas rurales, es un perfecto ejemplo de campaña efectista y poco respetuosa con la inteligencia de los votantes. Allí donde se pretende abrir un debate sobre la mejor forma de prestar servicios en pueblos pequeños, y sobre la necesidad de superar la etapa de caciquismo y corrupción que representan las diputaciones en España, el PP ha preferido simplificar y trasladar el mensaje de que lo que realmente se pretende es “cerrar” los pueblos pequeños y, supongo, que empujar a sus habitantes a la diáspora. Un bueno ejemplo del debate de “trazo grueso” al que nuestra clase política nos tiene acostumbrados.

El inicio de campaña hizo pensar incluso que las cosas podían incluso ir a peor. El PSOE había dado a entender que el debate sobre la mejora de la educación en España giraría de nuevo en torno a si la asignatura de religión debía impartirse o no en horario lectivo, y sobre si su nota debería contar o no para la media de secundaria, por no hablar sobre la recuperación de la asignatura de educación para la ciudadanía. Sin duda un debate “de calado” sobre la reforma educativa. Supongo que la publicación del libro blanco elaborado por el filósofo José Antonio Marina (ver por ejemplo aquí) en el mes de diciembre, con iniciativas reales para combatir el triste deterioro de la educación en España pudo hacer reflexionar a los estrategas de la campaña electoral de los socialistas de que con ese planteamiento no iban a llegar muy lejos. Por primera vez en muchos años hemos vislumbrado un debate político de más nivel, que ha puesto el acento en la necesidad de situar a los profesores en el centro de cualquier reforma educativa, y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de exigir más a los profesores, con la finalidad de prestigiar una profesión sobre cuyos hombros debe recaer el futuro del país. Ha sido un comienzo, aunque todavía estamos lejos de abordar otros debates igualmente necesarios sobre el futuro de una universidad que necesita no una reforma, sino una revolución, y una formación profesional que sigue sin ajustarse a las necesidades del mercado laboral.

También la regeneración ha sido la estrella de los debates y de la campaña de la mayoría de los partidos. Aunque es difícil escaparse de una campaña basada en acusaciones mutuas  y en el “y tú más”, como mostró el cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del pasado lunes, la irrupción de los nuevos partidos ha permitido que se hayan abierto paso propuestas concretas para combatir la corrupción en España. Hemos escuchado hablar de transparencia, de puertas giratorias, de acabar con los indultos. Un gran avance respecto a campañas anteriores. Y creo que sería justo reconocer que este blog ha tenido mucho que ver al situar muchos de esos temas en el centro del debate político.

El debate sobre las medidas económicas es tradicionalmente el más importante de las campañas electorales. Las promesas electorales para luchar contra el paro o reducir los impuestos suelen acaparar toda la atención mediática, y los partidos no escatiman medios para resultar convincentes. Los mensajes ligados a la rebaja de impuestos son sencillos de transmitir. Los mensajes sobre las medidas concretas para reducir el paro y la precariedad laboral son algo más complejos. En el debate a cuatro pudimos escuchar la propuesta de contrato único planteada por Ciudadanos, pero no hubo realmente una argumentación en torno a sus ventajas o inconvenientes y sobre todo no quedó claro cual era la propuesta alternativa más allá de derogar la reforma laboral o mantenerla. Lo mismo podría decirse sobre las propuestas de renta mínima garantizada realizadas por Podemos. Escaso debate sobre su viabilidad económica, o sobre las alternativas que plantean otros partidos para luchar contra la desigualdad y la pobreza.

En el último ejemplo sobre las campañas de trazo grueso quiero referirme al debate sobre la violencia de género. Sin duda el planteamiento que ha realizado Ciudadanos sobre acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo es un debate de matices, por lo que resulta muy poco apropiado para una campaña electoral. Este tema se abordó en este blog, generando un interesante intercambio de opiniones (ver aquí). Podría pensarse que si la constitución, en su artículo 14, defiende que no puede haber discriminación ante la ley por razón de sexo, el tema, estando a favor o en contra, merece un debate. Al menos merece una discusión orientada a argumentar si la discriminación, avalada por el Tribunal Constitucional, ha sido realmente efectiva para la lucha contra la violencia de género. Debates más basados en datos, y menos en prejuicios ideológicos. Un debate quizás demasiado fino para el tono habitual de una campaña electoral que se encuentra más cómoda entre acusaciones de machismo o feminismo, y poco habituada a analizar la efectividad de las medidas y las leyes, apoyado en datos.

No es fácil escapar a estos problemas en medio de una campaña electoral. Victor Lapuente, en un acertado artículo publicado el pasado domingo, recogía los problemas que el formato del debate a cuatro de Atresmedia tenía para permitir realmente abordar cualquier tema con un mínimo de rigor y profundidad. A pesar del mayor dinamismo, realmente hubo poco debate, y aún menos análisis en profundidad de las cuestiones y las alternativas que plantean los partidos. Difícil debatir tanta gente sobre tantos temas en tan poco tiempo.

Pero si el debate a cuatro se perdió en las generalidades, el debate que presenciamos el pasado lunes entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también defraudó las expectativas. Con un formato supuestamente más flexible, no acotado en tiempo y en número de intervenciones, en el que la distancia física entre los dos líderes se acorta y en el que el presidente de la Academia de la Televisión intentó defender la neutralidad, podíamos haber esperado mucho más de la negociación que seguro tuvo que existir entre los directores de campaña de los dos partidos y los responsables del diseño del formato. Por supuesto también se esperaba mucho más de sus protagonistas. Siempre es más sencillo reprochar errores que contrastar propuestas y alternativas.

Han pasado 22 años y 6 debates cara a cara de candidatos a la presidencia del gobierno. El marketing político exige mensajes directos y sencillos de entender por todos los ciudadanos, pero una campaña electoral debería contar con mayores opciones para debatir en profundidad los temas relevantes para los españoles.  Una vez que en esta campaña se ha despertado el apetito de los ciudadanos por los debates electorales, quizás es el momento de ir un paso más allá, y plantear modelos no tan generalistas, sino debates más específicos sobre temas concretos, que permitan contraponer propuestas y que den opción a los ciudadanos a valorar mejor las alternativas que presentan los diferentes partidos. Igualmente parece preciso que el papel de los periodistas en los debates sea más activo. Un debate sobre alternativas exige preguntas más concretas, y un mayor énfasis en contraponer propuestas. Y como indicaba Victor Lapuente en su artículo, no está de más recordar que un debate es una discusión, no un combate de boxeo.

Por último, ayudaría mucho que los políticos empezasen a respetar intelectualmente a sus potenciales votantes. Quizás así podamos ahorrarnos el bochorno de campañas como la de “Mi pueblo no se cierra” y seguir avanzando en la mejora de la calidad democrática en nuestro país.

HD Joven: Attentats à Paris. Politique, équilibre et opportunité

PARISPara leer el artículo en español, pinche aquí: HD Joven – Atentados en París. Política, equilibrio y oportunidad

Il y a des évènements qui changent la vie d’une nation. Des évènements qui marquent toute une génération, qui seront encore commémorés dans plusieurs siècles et qui appartiennent à jamais au patrimoine commun de l’histoire. Des évènements qui font dire à des milliers de jeunes : « Mon pays n’est plus celui de mon enfance ».

Assurément, les attentats de Paris du 13 novembre 2015 font partie de ces évènements-là. Pour leur côté tragique, eux qui ont causé tant de morts et de blessés. Pour leur côté inédit, car la France n’avait jamais subi d’attaques terroristes d’une telle ampleur auparavant. Pour leur côté symbolique, car les attaques ont visé les lieux les plus festifs de Paris, ces lieux dans lesquels le cœur de Paris bat le plus fort. « Paris est une fête », écrivait Ernest Hemingway. Les terroristes l’ont bien compris, et les Parisiens l’ont appris à leurs dépens.

Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 entrent aussi dans l’histoire pour leurs conséquences politiques, actuelles ou futures, perceptibles ou imperceptibles. Dans une époque où la réaction tient lieu d’action, où la surmédiatisation impose une prise de décision immédiate, le temps de deuil et du recueillement laisse vite place à celui de la politique.

Politique nationale, d’abord. Dès vendredi soir, le gouvernement déclare l’état d’urgence sur tout le territoire national, pour la première fois depuis 1962. En pratique, cela signifie que les perquisitions sont facilitées, les contrôles aux frontières renforcés. Un projet de loi, actuellement en discussion au Parlement, vise à permettre à la police d’imposer à des personnes de rester à leur domicile pendant un créneau horaire fixé.

Cette déclaration d’état d’urgence, aujourd’hui prolongé de trois mois et étendu à l’outre-mer, fait l’unanimité, dans la société et les médias. S’il est encore trop tôt pour juger de son efficacité, elle permet de gouvernement de montrer sa réaction immédiate face aux attentats, et elle constitue, à tort ou à raison, le symbole d’une action politique qui, au lieu d’anticiper les évènements, court après eux.

Le Président de la République a également proposé une réforme de la Constitution de 1958. L’objectif est de donner plus de pouvoirs à l’Etat dans sa lutte contre le terrorisme. Pourtant, les lois françaises prévoient déjà des moyens de prévenir et combattre le terrorisme. La justice dispose d’un arsenal juridique suffisant, et la police peut intervenir efficacement, à condition d’appliquer les mesures répressives votées par le Parlement et de ne pas faire le choix de réduire les effectifs.

Politique internationale, ensuite. La France décide d’intensifier ses frappes contre l’Etat islamique, et se résout à mettre en place une coopération militaire avec la Russie. Les bombardements français font les unes des journaux, mais, non accompagnés d’une intervention militaire au sol, leur efficacité est limitée.

Tout a été dit sur la nécessité ou le danger d’une intervention armée en Syrie et en Irak, et nul ne peut prétendre détenir la vérité ou la solution idéale. La France tente de préserver un équilibre, à mi-chemin entre une action directe et frontale telle que celle menée par les Etats-Unis en Irak en 2003 d’une part, considérée par tous comme un échec, et une abstention totale d’autre part, potentiellement perçue comme criminelle.

Mais aucune de ces décisions n’est surprenante. Prises ensemble, elles renforcent le sentiment d’une action politique prévisible, attentiste, handicapée par une incapacité à dépasser les évènements. Les terroristes eux-mêmes le savent : gouverner, ce n’est plus prévoir, gouverner, c’est réagir, et en premier lieu dans les médias.

Au-delà des ministères, le peuple lui-même est soumis à réaction. La solidarité, la fraternité et l’unité nationale, affichées dès le lendemain des attentats, à Paris, en France et dans le monde, sont le signe d’une prise de conscience de la fragilité de notre mode de vie, mais aussi de la chance de pouvoir le posséder.

Ces attentats déclenchent un sentiment de peur, qui va au-delà de la peur primaire, celle qui s’exprime face au simple danger et à l’insécurité. Ils suscitent l’angoisse de voir notre mode de vie et notre art de vivre perpétuellement menacés. L’angoisse d’un choc des civilisations qui ne dit pas son nom et qui a peut-être déjà commencé depuis longtemps. Lorsque de telles attaques surviennent, il est facile, presque instinctif, de penser que la démocratie ne protège plus et que ses valeurs n’ont d’universel que leur nom. Il est difficile et douloureux de réaliser qu’ailleurs sur la planète, un autre système de valeurs existe, accompagné d’autres modèles et d’autres idéaux.

Plus qu’un moment de drame, le vendredi 13 novembre est un moment de questionnement, sur les causes et les origines de la barbarie, qui ne disparaitra jamais et peut frapper partout. Lorsqu’une partie d’une jeunesse, si infime soit-elle, fait le choix de rejoindre le camp de l’Etat islamique et de tuer, il faut s’interroger sur les faillites d’une organisation sociale qui ne permet plus de protéger de soi-même.

Face à l’Etat islamique, face à la volonté de remplacer un système de valeurs par un autre, résister doit prendre des formes nouvelles. Dans un système qui peine à identifier ses propres responsabilités, l’éducation et la culture doivent être au service d’un but social commun, celui de tenir éloigné des dérives et des idéologies mortifères. Le temps dira si un tel but est un jour atteint.

HD Joven: A perspective about independentism: Montenegro ‘s Referendum and Independency experience

* Para leer el artículo en español, por favor pinche el siguiente enlace: Una perspectiva sobre el independentismo – El referéndum en Montenegro y la experiencia de la independencia

 

Today Critilo responds to a young student of Montenegrin nationality who, for personal reasons, does not want to make public her identity:

Montenegro is certainly one of the most interesting spots in the world. Even though it covers only 14,000 km2 and has about 670,000 citizens, its contribution to the cultural heritage of the world is impressive, considering its size.

The history of Montenegro is very colorful. During the centuries in which Montenegro has existed as a state, the date of the Congress of Berlin represents a historical turning point. On July 1878, Montenegro gained its first internationally recognized independence from the Ottoman Empire. It was the realization of centuries-long liberation aspirations of the Montenegrin people. Montenegro remained independent until 1918, when the Kingdom of Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) was created.

After the creation of the Yugoslav state, Montenegro, as one of its areas, did not have its own diplomacy, nor did Montenegrin political parties have influence on politics of the new state. Yugoslavia was renamed the Federal People’s Republic of Yugoslavia in 1946, when a communist government was established, just after Second World War. It acquired the territories of Istria, Rijeka, and Zadar from Italy. Partisan leader Josip Broz Tito ruled the country as President until his death in 1980. In 1963, the country was renamed again to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). Finally, after an economic and political crisis in the 1980s and the rise of nationalism, Yugoslavia broke up along its republics’ borders, at first into five countries, leading to the Yugoslav Wars, and, after the breakup, the republics of Serbia and Montenegro formed a reduced federation, the Federal Republic of Yugoslavia (FRY), which aspired to the status of sole legal successor to the SFRY, but those claims were opposed by the other former republics. Serbia and Montenegro themselves broke up in 2006 and became independent states.

Indeed, following a referendum held on May 21, 2006, in which a narrow majority voted to secede from the State Union of Serbia and Montenegro, and so the Republic of Montenegro declared itself independent. The outcome was difficult to predict, given Montenegro’s political background and its historical and cultural ties with Serbia, over 30% of the population being of Serbian nationality. Given those facts, concerns were raised about the country’s future, some arguing that the state was too small to be economically self-sustainable and too politically unstable to be viable.

Montenegrin people favored “independence” by 55.5 percent, bringing to six the number of countries formed from the former territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In response to the announcement, the government of Serbia declared itself the legal and political successor of Serbia and Montenegro, and that the government and parliament of Serbia itself would soon adopt a new constitution.

Despite concerns the country was too small to be economically viable, too politically divided to be stable, and too institutionally weak to effectively tackle endemic problems such as corruption and organized crime (issues that might mitigate their Euro-Atlantic aspirations; in particular, the EU & NATO membership), Montenegro has made, in spite of its evident problems, impressive progress. As an internationally-recognized state, Montenegro became a member of the United Nations (UN) and other international institutions, it has consolidated its position among its neighbors, and it has made great strides toward achieving the government’s core objective –the Euro-Atlantic integration. In June 2006, the European Union (EU) established relations with Montenegro and all member states recognized the country’s independence. Just over a year later, in October 2007, Montenegro signed a Stability and Association Agreement (SAA). Furthermore, in a short period of time they have managed to be classified by the World Bank as an upper middle-income country.

As a result of its independence, the relationship with the EU is probably the top priority for Montenegro’s external policy, and the EU has given positive signs in this regard. Relation between the EU and Montenegro’s authorities is important, because the state is under neoliberal pressure since 1990. Key strategic companies, such as telecommunication companies, banks, construction companies are privatized. The new owners are big multinational corporations, whose enormous profit goes abroad. The state energetic company “Elektroprivreda” probably would be privatized completely in next years. The link with EU is important for Montenegrin economic and political elite, because they will be more powerful, if they listen EU authorities.

On the economic side, Montenegro did pretty good, as well, before and after the referendum, but it was hit by the global economic downturn. There was an economic boom in the period of 2002-2008, partly due to the creation of an independent state, openly free-market oriented, which encouraged foreign investments. Montenegro received, as of 2008, more foreign investment per capita than any other nation in Europe. Over 5,000 foreign owned firms are registered and operating in Montenegro, though many of them are owned small proprietors or are not fully operating. The most significant investments have come from Italy, Norway, Austria, Russia, Hungary, the U.S. and Great Britain. Lately, China, Azerbaijan, Russia, Taiwan and the Gulf Emirates states have shown increasing interest in investing in Montenegro’s resort development industry. This attractiveness was reinforced by Montenegro’s choice to use the Deutschmark and then the Euro as its legal currency. If Montenegro would not use Euros anymore, nothing significant would have happened. The explanation is simple: Central Bank of Montenegro does not control emission of money and referential interest rate of Central bank is very high. High referential interest rate protect import lobby. Central bank of Montenegro is not holder of monetary sovereignty.

Besides the economic downturn, the budget deficit remains relatively large and the broader economic situation remains tenuous. A cautious optimism, and with it a modicum of confidence, has returned but there are still challenges ahead.

The domestic political scene has been characterized by both change and continuity. Even those individuals, parties and institutions that vociferously opposed independence appear to have accepted Montenegro’s sovereignty and the realities of operating within that framework. There has been a minor recalibration of the Montenegrin political landscape, numerous splits, re-alignments and the creation of new parties and coalitions. Most of these have taken place among and between opposition parties.

In the final analysis, however, Montenegro has made significant progress since the May 2006 referendum. The tensions surrounding it were very real, and conflict (even if only of a low intensity) was a real possibility. The country faced significant challenges in the first years of its independence; challenges that could have proved insurmountable. Today, the problems that seemed so acute in 2006 have been largely overcome. Montenegro has consolidated itself as an independent and solid country. Yet, there is no room for complacency; a countless challenges lie ahead, and while the foundations have been laid for Montenegro’s European future, there is much yet to be done before that future is secured.

Montenegro could be surely accepted in the EU, because of the geopolitical interests of western powers. The control of Adriatic Sea is important for the EU and more important for the NATO. If Montenegro somehow would not been accepted in the EU, it would be neutral state and Montenegrin authorities would be challenged with Russian influence. In that situation, our market would be opened for the companies from the East, because domestic production is very low. In order to enter into the EU, Montenegrin authorities need to fulfill these requirements: the rule of law, fight against corruption, the fight against organized crime, the strengthening of civil society and non-governmental sector. Montenegro independence is almost lost because we do not have monetary sovereignty, foreign embassies have enormous influence on authorities, political parties are financed from western states such as SDP and earlier DPS at the end of nineties, domestic industry have been capsized completely. Both parties run the country since 1998.

Indeed, a state is not sovereign, because it is politically recognized, it is recognized and sovereign only if it is partner in international economic relations.

El impopular populismo

No existe nada más particular en el mundo de la política que el populismo, ya que es odiado y querido simultáneamente con la misma contundencia. Este hecho llama la atención en tiempos tan revueltos como los actuales, en los que parece que el bipartidismo, que lleva algunos años estancado, está siendo cuestionado por muchas personas que, hartas de los problemas, han decidido impulsar cambios.

El populismo es característico de la demagogia y de la hipocresía política más conflictiva según muchos ciudadanos, que solamente quieren que les digan lo que, según las reglas de la razón, deben oír. Para algunos, constituyen la representación de la degeneración de la democracia, que caracterizándose por encontrarse el poder para elegir a los representantes de la sociedad en las manos de la ciudadanía, tiene debilidades que son aprovechadas por los dirigentes políticos para exponer lo que la gente quiere escuchar para obtener beneficios electorales.
Es cierto que las tendencias radicales y electoralistas son los frutos que pueden recogerse después de haber plantado inseguridad y descontento los partidos políticos principales en el sistema político de un país. Como dice Javier Sáez-Benito Suescun, “normalmente los propios populistas de izquierdas y de derechas, pues siempre actúan simultáneamente, ayudan a extremar este tipo de coyunturas, pero las situaciones se van fraguando antes, y poco a poco”.

Muchos ciudadanos son los que rechazan el populismo. También es odiado por bastantes dirigentes de la esfera política, que suelen pedir responsabilidad, aunque luego puedan incurrir en graves contradicciones al actuar también de modo populista.

El populismo también es querido, tanto en el lado conservador como en el lado progresista, ya que los que lo utilizan son conscientes de que, en el caso de ser aceptadas sus propuestas, tendrán éxito en el campo electoral, que es lo fundamental para los dirigentes políticos, siendo cierto lo que dice Ignacio Sotelo, que indica que ”mientras un populismo apela al bien común, y el otro demanda justicia social, ninguno de los dos se esfuerza lo más mínimo en sacar estos conceptos de la niebla espesa que los rodea” y que “en el fondo únicamente pretenden gobernar lo antes posible”.

En las formaciones, la eficacia de un político, realmente, se mide por su capacidad para ganar elecciones y por su aptitud para lograr buenos resultados en los comicios en los que esté presente como candidato. Eso se consigue mostrando una buena imagen y para poder alcanzar una proyección positiva hay que alegrarle el corazón a los votantes, aunque ello implique ir en contra de lo que dicta la razón.

Es posible encontrar ejemplos de actitudes populistas por parte de los principales partidos políticos. Podemos presentó la renta básica universal como una de sus principales propuestas, pero la desradicalización ideológica de la formación ha terminado acabando con la medida. Posteriormente, Juanma Moreno Bonilla, que fue el candidato a presidir la Junta de Andalucía con el Partido Popular, propuso implantar ese beneficio social. Después, Pedro Sánchez hizo pública su intención de establecer una renta básica ciudadana si consigue alcanzar la presidencia del Gobierno. El hecho más curioso es que fueron varios los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español los que criticaron la medida que, finalmente, decidieron presentar como algo propio y que ya generó conflictos en Extremadura.

Todos los partidos políticos son, generalmente, populistas, aunque son muchas las ocasiones en las que sus dirigentes son críticos con medidas de carácter presuntamente populista, ya que saben que se juegan mucho en las batallas dialécticas y políticas actuales, constituidas, principalmente, por criticas constantes frente a las medidas propuestas por los rivales, que provocan que el tablero político tenga mucho humo y que en el mismo no haya una verdadera intención de arreglar los problemas existentes.

Conviven el miedo a que triunfe el populismo ajeno y el deseo de que el populismo propio tenga un gran éxito. No es extraño, porque puede ser determinante en cualquier proceso electoral que se desarrolle, ya que todas las formaciones intentarán siempre lograr parte del control de los poderes públicos, con todas las implicaciones que conlleva.

José Álvarez Junco señala que “movimientos políticos que carecen de programa y no cuidan las instituciones no son fiables”. Si hay menos populismo y más actividades racionales desde las formaciones políticas, se podrán rebajar los efectos negativos de la mala gestión que desarrollan muchos dirigentes.

Cataluña: legitimidad y desobediencia.

Continúa en Cataluña la borrachera de insumisión. Hoy miles de personas protestarán ante el Tribunal Superior de Justicia por la comparecencia de Mas como imputado. Muchas de ellas, por cierto, traídas en autobuses por instituciones en favor de la secesión sostenidas con fondos públicos. Y con multitud de autoridades al frente de una masa que tratará de amedrentar al Tribunal, entre ellas los Consejeros del Gobierno catalán y 400 alcaldes.

El espectáculo va a recordar inevitablemente al que hace bastantes años dio un gobierno socialista al acompañar a un exministro a la cárcel por los crimenes de los GAL. Pero en este caso la situación es mucho más grave. No se trata sólo de solidarizarse con delincuentes sino también de impedir que puedan llegar a ser declarados y tratados como tales determinadas personas, gente importante que quiere estar por encima de la ley. Para ello se trata de actuar antes, generando una gran presión social contra el Tribunal  para que se vea coartado a la hora de hacer justicia, en lo que es un verdadero escrache institucional.

No hace falta dedicar ni una línea aquí sobre cuál es la postura ante estos extraños acontecimientos de un blog nacido para defender el Estado de Derecho y que, como tal, no se resigna a dar por amortizado a Montesquieu porque considera que la independencia judicial es un pilar esencial de aquél. Si un gobernante ha cometido delitos ha de pagar por ello, y no hay “razón de estado” ni estrategia “de prudencia” que puedan ser un obstáculo para aplicar la ley. Los hechos han demuestrado que lo imprudente ha sido precisamente permitir hasta ahora espacios de impunidad. Y los indicios contra Más y otros consejeros parecen suficientemente graves respecto de la posible comisión de delitos tales como los de prevaricación (dictar resoluciones o tomar decisiones injustas a sabiendas), malversación de fondos públicos (utilizar dinero público para una finalidad diferente a la prevista en la norma) y desobediencia  en relación con el pseudoreferendum que se celebró hace más de un año.

La situación en Cataluña es muy grave porque gran parte de la población ha dejado de creer en la legitimidad de las instituciones que no están controladas por el secesionismo. Y ese divorcio entre la legitimidad legal y la social inevitablemente lleva a un grave conflicto.

Esa desafección no ha surgido espontáneamente. Durante años los gobernantes nacionalistas han montado una inmensa maquinaria de propaganda destinada a fomentarla y expandirla, que va desde la educación al control mediante diversos mecanismos de los medios de comunicación públicos y privados. Con la misma estrategia que probó con éxito en su día un ministro alemán de propaganda se han repetido tanto ciertas falsedades destinadas a fomentar un sentimiento de victimismo frente a un enemigo externo y opresor, inherente a todo mensaje nacionalista, que muchos han llegado a tenerlas por ciertas.

Las autoridades autonómicas se han empeñado así en socavar las bases del régimen constitucional del que emana su propia legitimidad. Y lo han hecho a la vista, ciencia y paciencia de los diversos Gobiernos nacionales. No ha habido reacción alguna, incluso frente a los cada vez más frecuentes incumplimientos de normas y sentencias.  La población ha sido no sólo acostumbrada, sino también”educada” en la desobediencia como opción razonable y honorable.

Frente a esta estrategia financiada masivamente con dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, nacionalistas y no nacionalistas, los diversos Gobiernos nacionales han dado la callada por respuesta. España y sus símbolos prácticamente han desaparecido. Hasta sorprende que aún después de tantos años de desamparo los partidarios de permanecer en España hayan sacado todavía más votos que los secesionistas. Pero con la mayoría en el Parlament y el Gobierno en sus manos, este dato no parece preocupar mucho a los secesionistas. El Movimiento sigue adelante.

Hace mucho que se tendría que haber producido una reacción política y ciudadana para restablecer el Estado de Derecho en Cataluña. Los actos masivos de desobediencia, el “asalto al cielo” de la secesión, están a la vuelta de la esquina. Lógicamente la sensación de impunidad de que han disfrutado tantos cuando han  incumplido leyes y sentencias sin ninguna consecuencia práctica no favorece las cosas. El triste espectáculo que veremos hoy en la calle no es más que un anuncio de lo que viene. Y mientras más tarde en producirse una reacción que restablezca el Estado de Derecho, más complicado será el camino de vuelta a la legitimidad, la legalidad y la racionalidad.

En esta situación sorprende el llamamiento a nuevas cesiones, al blindaje de competencias o a terceras vías. A federalismos asimétricos para amparar privilegios, por encima de la igualdad de derechos ¿Se trata de premiar así la deslealtad y la insumisión? Es seguro que nuestro sistema constitucional necesita reformas. Pero todas ellas pasan por reforzar  la separación de poderes, el imperio de la Ley y el Estado de Derecho, conquistas históricas irrenunciables en una democracia avanzada. Y, en la misma línea, tenemos que plantearnos también las consecuencias de permitir medios de comunicación públicos y, como tales, financiados por los contribuyentes pero al servicio de los intereses particulares  de cualquier gobierno. O la capacidad de influir en los privados. Los media, también llamados cuarto poder, deben recuperar en todas partes su condición de tal, y partir de una posición de verdadera independencia para poder así cumplir su crítica función social.

Primarias aparentes

En los últimos años, ha comenzado a extenderse en el mundo de la política española la idea de que son necesarias las primarias para poder regenerar los partidos políticos y, consecuentemente, la democracia. Este pensamiento ha impulsado la celebración de elecciones primarias, que tienen como finalidad garantizar que la estructura interna de los partidos políticos y su funcionamiento sean democráticos.
El problema es que es difícil decir si las elecciones primarias que se han realizado en los últimos años en la mayoría de las principales formaciones políticas han sido verdaderas procesos democráticos para que los militantes puedan elegir con precisión a los candidatos para los distintos procesos electorales. En algunos casos, han sido claras las circunstancias de distorsión jurídica y práctica de las primarias por haberse configurado para que solo hubiera candidatos de la corriente de la dirección del partido o para impedir que aquellas personas que no estén vinculadas a la cúpula de los partidos políticos puedan tener éxito en las votaciones internas.
En las primarias que ganó Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que pudo comprobarse, se intentó controlar el resultado, y en las últimas, que ha ganado Pedro Sánchez, se presentó solo él, siendo extraño este hecho por la cantidad de movimientos que hubo dentro de la formación socialista hace algunos meses, cuando se pudo saber que distintos dirigentes del partido estaban cuestionando la autoridad del economista. Además, Ángel Gabilondo, según indicó el diario El Mundo, había puesto como condición para presentarse a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid con el Partido Socialista Obrero Español que no se celebraran elecciones internas.
En el Partido Popular no se debe conocer el concepto de primarias, ya que no han celebrado ningún proceso electoral interno y se han limitado a designar a los componentes de las listas de las ultimas elecciones basándose en criterios jerárquico-políticos, de modo que se han elegido a los miembros de las listas de las candidaturas partiendo de la discrecionalidad de la sede central del Partido Popular y de los centros de control regional de la formación. Sin embargo, los miembros de la formación han criticado los modelos empleados en otros partidos y están pensando en crear otro que sea verdaderamente democrático.
Los últimos dos procesos electorales internos del Partido Socialista Obrero Español han servido para legitimar al candidato presentado por la formación a las elecciones generales, pero no han sido realmente útiles para ejercitar la democracia interna.
Las primarias de Izquierda Unida que se celebraron en la Comunidad de Madrid fueron un autentico espectáculo en el que salió a la luz la división interna de la agrupación. Se inició una verdadera batalla que terminó con la salida de Tania Sánchez y con el riesgo de que se produjeran escisiones en la formación.
Los líderes de Podemos, que siempre han defendido la necesidad de implantar una verdadera democracia, han organizado unas primarias que no le gustan a las bases, ya que establecen un sistema de elección que bloquea la posibilidad de que puedan ganarlas candidatos de la formación que no formen parte de la corriente impulsada por Pablo Iglesias. Ignacio Varela señala que “el método que Pablo Iglesias ha ideado para designar a su antojo a los candidatos de Podemos en las elecciones generales tiene cabida en la categoría política de bromas pesadas y tomaduras de pelo”. Finalmente, hubo una baja participación en el proceso electoral interno del partido político de Pablo Iglesias.
En el seno de Ciudadanos se celebraron primarias para elaborar las listas para las elecciones locales y autonómicas, pero Albert Rivera fue elegido de forma directa al ser el único candidato en el proceso electoral que recopiló los avales necesarios para participar en las primarias. Aunque todo parece adecuado, hace algunas semanas, varios miembros de Ciudadanos se quejaron por no existir una verdadera democracia interna y se canceló la militancia de un componente del sector crítico con la cúpula de la formación.
Siempre sucede lo mismo. Los dirigentes de los principales partidos políticos organizan primarias para mostrar que hay democracia en sus respectivas formaciones, pero como tienen miedo de los posibles resultados que puedan derivar de las elecciones internas, las manipulan en la medida de lo posible. Este hecho se debe a la percepción que de las primarias tienen los principales dirigentes, que las consideran un arma muy peligrosa para los enemigos que tienen en sus partidos, ya que pueden servir para cuestionar la autoridad del que tiene el control y para romper la unidad. Juan Carlos Monedero afirmó en una entrevista que “si las primarias no sirven para legitimar las decisiones, para aumentar la ilusión y para invitar a la movilización, las primarias son un instrumento que no sirve, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas”.
Es curioso que el artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, señale que la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica”. Si se aplicara este precepto de un modo riguroso serían escasas las formaciones políticas que continuarían existiendo.
Si se quieren celebrar primarias, deben hacerse adecuadamente y con garantías, para lograr el desarrollo del funcionamiento de la democracia interna en los partidos políticos, que debe existir según el artículo 6 de la Constitución Española, siendo importante destacar el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que dice que “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido”. Organizar obras de teatro que pretendan asimilarse a los procesos electorales internos que, realmente, no sirvan para que los militantes puedan participar efectivamente en las actividades de la formación no repercutirá de forma positiva, ya que solo servirá para crear una realidad que no será auténtica en el panorama político español.

Es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes

La  economía es la base de los derechos sociales y para tener un alto nivel de vida un país,  su sistema productivo ha  de alcanzar un nivel similar de competitividad. No son de las promesas de los políticos sino del éxito de los productos y de los servicios nacionales en los mercados, de lo que dependen el nivel de renta de la población, la remuneración, la seguridad y la cantidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales y  en definitiva, la calidad del Estado del bienestar.

Es, pues, la competitividad del sistema productivo el motor del desarrollo de los pueblos Y esta, no depende del régimen político del país, porque nadie compra los productos discriminándolos  según el respeto de los gobiernos de los derechos humanos y  las libertades públicas. Entre los países de más crecimiento los hay democráticos y también autoritarios ( ejm. China) pero todos ellos van por la senda del esfuerzo y toman parecidas medidas para mejorar la calidad de su producción . Fundamentalmente,  mejorar el sistema  educativo, dotar de un marco legal, , laboral, financiero y tributario que incentive la creación de empresas, lograr un equilibrio en las cuentas públicas…Lo que se llaman medidas estructurales.

¿Por qué las medidas estructurales, que son tan claras como sus beneficiosos efectos sobre la economía y la ciudadanía, cuesta tanto que sean aprobadas y casi siempre se hace en situaciones extremas y ello en todo tipo de sistemas políticos, sean democráticos o autoritarios? En cuanto a estos últimos, en una serie que publicamos en el periódico económico Expansión y en un artículo sobre el ejemplo cubano ¿Porqué Cuba es tan pobre?, exponíamos las razones de que no se estuvieran aplicando las medidas que tanto éxito habían tenido en China.

A pesar de las críticas, la experiencia política china nos parecía enormemente beneficiosa para la población tanto en materia de bienestar material como , aunque pareciera un despropósito, para el futuro del sistema de libertades de la misma, pues “ Cuando un sistema político autoritario apuesta con éxito por el crecimiento del país y la satisfacción de las necesidades materiales de la población, la clase dirigente está asentando los fundamentos de un nuevo régimen político de naturaleza democrática”

Pero este no era el caso de los dirigentes cubanos o los de Corea del Norte, sus propósitos eran otros: “Las dictaduras sólo pueden arraigar en sociedades, económica, social y culturalmente subdesarrolladas, de forma que el progreso económico es su más eficaz enemigo. Ya que,  superadas por la población sus necesidades materiales, el ansia de desarrollo personal y de participación política y social de los ciudadanos, forzará a un radical cambio político. La forma de que, una vez implantado un sistema dictatorial, éste sea viable es encadenar a la miseria a su población para que, así, cuantos más ciudadanos estén bajo el límite  de subsistencia, menor presión habrá para la implantación de un sistema político democrático.

Su sistema económico es ineficaz porque así lo exige la supervivencia del régimen político y la estructura de poder e intereses de su clase dirigente” (actualmente se diría “casta dirigente”). Para estos países que apuestan decididamente por un sistema dictatorial perpetuo, la expresión pan y libertad son incompatibles. Si yo fuera uno de nuestros mediáticos asesores políticos que intentan garantizar el asentamiento vitalicio de una casta política reaccionaria, represiva ineficiente y corrupta, les recomendaría que no dieran a su pueblo pan porque luego pedirán libertad y democracia.

Y en cuanto a las democracias, determinadas medidas, como las reformas laborales y de gasto público, pueden arruinar las expectativas electorales de sus dirigentes políticos. Hace algún tiempo, un cliente me manifestó su queja de que las medidas que estaba tomando nuestro gobierno en materia laboral y de reducción de gasto público y de funcionarios eran demasiado tímidas y que deberían ser más radicales y le contesté que dirigir una democracia no es como gestionar una empresa.

Todo lo que decía tenía sentido en una empresa pero en una democracia ¿con cuantos votos contaría para hacer llevar a cabo sus propuestas?¿Ha calculado el número de personas afectadas por estas medidas y su reacción en las votaciones?  Y para aclarárselo le puse los siguientes ejemplos de países con mayor nivel de renta y de cultura y con más experiencia democrática que el nuestro:

Göran Person que fue  ministro de economía socialista de Suecia en 1996  y que reformó el Estado de bienestar para hacerlo viable, describía esta situación con las siguientes palabras que utilizamos en un artículo anterior: “ Cuando fui nombrado ministro de economía en 1996, el déficit presupuestario de Suecia superaba de largo el 10%”…Recortar esa deuda nos humillaba .Y para lograrlo tenía dos caminos , hacer lo que debía y no ser reelegido y no hacer nada y seguramente no ser reelegido … pero además perjudicar con mi inacción a mi país..Nos costó seis años que las reformas dieran resultados, redujimos-fundamental-los costes laborales, los salarios y recobramos la competitividad de nuestra industria exportadora, crecimos. Y reformamos pensiones, la administración, los subsidios de paro.. Y me convertí en el ministro de economía menos valorado de la historia de Suecia, pero 4 años después si que volvieron a votarme..Un país que debe esa barbaridad de dinero ni es soberano ni tiene democracia que valga , porque no es dueño de sí mismo”…y si no es demócrata , tampoco puede ser social..

Sin embargo, en Alemania, la experiencia no fue tan positiva para sus dirigentes. Joaquim Möller , director del Instituto de Investigación del Empleo del Gobierno de Alemania exponía, también en La Vanguardia, la experiencia del canciller socialista Shröder que entre el 2.003 y el 2005 completó la agenda 2010, un cambio radical en materia laboral .“Si lo hubiera hecho la derecha, Alemania hubiera ardido”.Me lo explicó el mismo: sabía que le costaría el cargo, pero también que lo hubiera perdido si no lo hacía. Y está orgulloso de haber devuelto el empleo a millones de alemanes.

“ Al parado hay que apoyarle pero también exigirle”..”.. Hay que desincentivarle la tentación de que rechace buenos empleos para seguir cobrando sin trabajar, pero también ayudarle a que se forme y a encontrar empleo. Reformaron la agencia de empleo para hacerla más eficiente y acortaron a un año el subsidio de paro, tras el año el parado sólo cobraba una ayuda de mera subsistencia y sólo si no tenía ahorros ni otros ingresos. Se  reforzó la formación profesional y se ayudó a los emprendedores para que crearan empresas…. por primera vez en 30 años las reformas estructurales redujeron el paro estructural, aumentaron la flexibilidad y así reforzaron el pacto social en las empresas”.

Los ejemplos anteriores nos permiten diferenciar dos tipos de políticos de cara a la gestión de los intereses de sus ciudadanos: los que adaptan el sistema y su gestión pública a los intereses de sus pueblos y los que anteponen sus intereses y sus ideas políticas a los de su población. De los primeros son ejemplo los dirigentes chinos del postmaoismo que revolucionaron el marco político ineficiente que había llevado a la miseria al pueblo chino y con las hambrunas, a su descomposición. Otra muestra es la de los dirigentes europeos cuando sentaron las bases del proceso de unificación política y económica, no sólo para conseguir un área de solidaridad y convivencia que evitara los dramáticos enfrentamientos del siglo XX, sino para hacer más competitiva la producción , con el objeto de asegurar el nivel de vida de sus ciudadanos.

“Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos. O se actuaba inmediatamente o como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes facturados de baja tecnología y, con la pérdida de competitividad, la mayor parte de Europa estaba condenada a la decadencia, a la pobreza y el desempleo estructural ( Informe Poniatowski)” Esto afectaría a la calidad de vida y a la siempre difícil armonía social de sus ciudadanos.

En este momento cometimos un grave error. Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en “una especie de provincias” de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial ineficiente e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.

Si la reducida dimensión de los grandes estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, la fragmentación nuestra ¿no era un riesgo de “decadencia,  pobreza y  desempleo estructural”? Alguien estaba errando ¿Quienes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas? Si han demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para diagnosticar y resolver los problemas sociales y económicos presentes ¿por qué tienen que gestionar mejor un futuro que desconocen? Si tienen razón..¿Porqué no intentan  convencer a las instituciones comunitarias, sus gobiernos y los cientos de millones de ciudadanos ( y los que esperan su ingreso) de que se están equivocando de camino y el futuro está en la creación de estados muy pequeños?¿Cual de estos dos grupos que nos señalan caminos contradictorios, nos está engañando?

En la otra banda están los políticos que mantienen sistemas que han demostrado su ineficiencia en la solución de las necesidades sociales y que sólo sirven a la clase dirigente y a los sectores culturales, informativos, económicos y sociales que se benefician de ello. Para estos el sistema ya les va bien, no encontrarán otro que les proporcione una renta más segura ni un protagonismo social tan relevante como el régimen por el que luchan. Para controlar la reacción popular, son expertos en gestionar sentimientos y en llenar la calle de muchedumbres entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidos las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales. Pero como su programa político es contradictorio con el camino al crecimiento de la economía, sus promesas caducan al acabar las manifestaciones.

Para aminorar la frustración, siempre tienen un enemigo interior o exterior a quien culpabilizar de sus incumplimientos. Entonces los pueblos ingenuos que todavía creen que estos políticos cumplirán lo que prometen comprobaran como es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes.

 

HD Joven: En busca de la democracia perfecta

Año 2015, año electoral. Elecciones locales, autonómicas y generales. Elecciones en Grecia (¡2!), Polonia, Suecia, Reino Unido… Elecciones everywhere.

Las elecciones son el único momento en que un ciudadano de a pie puede ejercer la democracia. Digo “democracia” a falta de un término mejor, y no incluyo manifestaciones, protestas y huelgas como ejercicio democrático ya que más bien me parece que son un necesario parche a una grotesca carencia del sistema de participación que permite a los gobernantes no rendir cuentas ante el resto de ciudadanos.

En este artículo voy a intentar resumir todo lo que pienso sobre eso que llamamos “Democracia” y por qué pienso que no es el término más adecuado para definir el actual sistema de participación, ya que comparar lo que tenemos con la democracia real es como comparar a tu tía con el móvil grabando el bautizo de tu sobrino con Steven Spielberg (guarda relación, sí, pero no es lo mismo)

Comencemos desde el principio, lo que siempre hemos considerado como el origen de la democracia, o al menos su origen etimológico. Como todos sabemos, en la Grecia clásica se desarrolla una especie de fenómeno asambleario en el que los ciudadanos toman decisiones tras haber debatido las cuestiones en el ágora. A esto se le dio el nombre de “Democracia” o “Gobierno del Pueblo” (Demos = pueblo, Kratos = gobierno). Tampoco es que por aquel entonces fuera un concepto realmente representativo de la realidad, teniendo en cuenta que solo quienes tenían la condición de ciudadanos podían ejercer este derecho, y no eran ni siquiera la mayoría de la población de cada polis. Los metecos (extranjeros residentes), los esclavos y las mujeres estaban excluidos del sistema participativo. Aun así, para aquel entonces era todo un logro.

Mucho tiempo más tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII, la independencia americana y la revolución francesa trajeron los derechos del hombre y del ciudadano, que venían a otorgar la condición de ciudadano a quienes hasta entonces eran vasallos. Los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad recorrieron el mundo en una oleada revolucionaria que derrocó monarquías y obligó a otras a crear parlamentos en los que se expresase la voluntad del pueblo, lo que dio origen al sistema de monarquía parlamentaria que aún perdura en numerosos estados.

No obstante, analizando las sociedades occidentales en la actualidad podemos observar que estos tres ideales se ven aún limitados por contradicciones que no hemos sabido superar. La libertad está viéndose comprometida por las nuevas “leyes de seguridad” y las políticas autoritarias relacionadas con las migraciones. La igualdad sigue siendo una utopía en sociedades en las que el sexismo y el racismo perduran y donde n siquiera se ha superado la monarquía (que contradice la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades). Por su parte, el sentimiento de fraternidad brilla por su ausencia ante el auge del nacionalismo y de un sistema económico que premia la competición y castiga la cooperación.

Con este análisis no quiero decir que nada se haya conseguido. Echando la vista atrás es evidente que en los últimos siglos se han conseguido cosas que a priori parecían imposibles, desde la abolición de la esclavitud hasta el sufragio universal, pasando por las conquistas sociales del movimiento obrero. Pero cuando analizamos la situación política internacional, con el belicismo como principal método de solución de conflictos, y cuando analizamos la economía mundial, cada vez más financiarizada, deslocalizada y basada en la idea de consumo infinito y eterno, es indudable que aún nos queda mucho por andar y, sobretodo, por desandar, ya que parece evidente que llevamos un tiempo avanzando en la dirección equivocada (ejem, cambio climático, ejem). Sin ir más lejos, la política exterior norteamericana (con la complicidad de Europa) ha dinamitado la frágil estabilidad de Oriente Medio y Oriente Próximo, derrocando regímenes totalitarios de una manera tan grotesca que lo único que han conseguido ha sido empeorar el problema y favorecer el crecimiento de grupos extremistas, terroristas y terroríficos, que se han hecho con el poder en extensos territorios. Ahora estas políticas nos dejan como legado una oleada de refugiados sin precedentes, a quienes tenemos la obligación moral de apoyar ante el fracaso de la política exterior de los gobiernos que hemos votado.

“Que hemos votado”.

Esta frase lo dice todo. Es perfecta para entender la conexión entre las carencias del sistema de participación y las consecuencias de la mala praxis política.

El voto es la herramienta que tiene un ciudadano para legitimar su apoyo a “algo”. Este algo podría (y debería) ser muchas cosas, pero en nuestro imperfecto sistema se limita a una: el apoyo temporal (4 años en España) a un partido político para sumar poder en las cámaras de representación legislativas y en los gobiernos ejecutivos. El sistema de participación es tan limitado que ni tan siquiera permite el control ciudadano a sus representantes durante el periodo que dura la legislatura, permitiendo, como hemos visto, que los representantes puedan incumplir la totalidad de sus programas electorales (aquello por lo que se les votó). Es decir, que como si Rousseau jamás hubiera nacido, nuestras constituciones no blindan el contrato social, por lo que los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta para controlar a nuestros gobernantes una vez estos han sido elegidos (al menos hasta las siguientes elecciones).

En resumen, el concepto que de acuerdo con la etimología debería significar “el gobierno del pueblo”, en realidad se está utilizando para nombrar algo que más bien se traduce en “el gobierno temporal de aquellos elegidos y legitimados por el pueblo para llevar a cabo unas políticas concretas determinadas en sus compromisos electorales que podrán o no ser cumplidos, lo cual no les deslegitimará para hacer lo contrario”. O sea, que en lugar de que la sociedad decida, que sería lo correctamente denominado Democracia, en el actual sistema la sociedad elige a un partido político para que decida lo que le dé la real gana (dentro de los márgenes de la ley), con la única garantía de que no querrán incumplir demasiadas promesas para asegurarse un buen resultado en futuros procesos electorales.

Bien, hasta aquí todo está bastante claro: dentro de las posibilidades de la democracia representativa, se ha generalizado la “partitocracia”, un sistema político donde el sujeto central son unas asociaciones de profesionales de la política (y algún outsider de vez en cuando) agrupados según su ideología. Esto tiene una gran ventaja, tan grande que es de hecho su principal valedora. La partitocracia facilita mucho la vida al ciudadano elector, quien de otra manera tendría que dedicar más tiempo a conocer las diferentes opciones, a los diferentes candidatos, sus propuestas y la viabilidad de estas, etcétera. Y claro, ¿quién saca tiempo para tan nimia actividad después de pasar diez horas en el trabajo y cuatro frente al televisor (viendo la última americanada de Stallone, la serie adolescente de moda, el Gran Hermano 27 o ese show donde diez neandertales ciclados y tatuados cortejan a una dama con más plástico en el pecho que materia gris en el cerebro)? Pues poca gente: parados, ninis y jubilados. Supongo que los primeros invertirán mucho tiempo en la búsqueda activa de empleo y en intentar llevar algo que comer a casa, los segundos probablemente lo harán en jugar a la consola o a fumar sustancias psicotrópicas en el parque, y los terceros en el centro de salud o cuidando a los nietos ya que los padres no tienen tiempo entre sus dos empleos a jornada parcial.

Por último están aquellos que sí hacen cosas. Algunos los llaman perroflautas y vienen a ser ninis (o estudiantes de ciencias políticas, historia o alguna de esas carreras de rojos) que como no tienen parque cerca de casa donde consumir drogas (o porque ya las han consumido), se van de acampada al centro de la ciudad a exigir cosas sin demasiado sentido, por vicio más que nada. Otros los llaman activistas, y recibirían este nombre porque de hecho sí hacen algo, concretamente aquello que, como no es lucrativo, nadie más está interesado en hacer, desde protestar por la implantación de alguna ley injusta a manifestarse por los derechos sociales, pasando por organizar conferencias y debates o ¿quién sabe? Quizá boicotear algún evento a pecho (femenino) descubierto y pintado con algún mensaje reivindicativo.

Llegados a este punto, quiero terminar no con una conclusión final sino con unas preguntas que, creo, todo ciudadano conocedor de la responsabilidad que esta condición confiere debería hacerse.

  1. ¿Es posible crear (y mantener) un sistema político más representativo y democrático que funcione?
  2. De ser posible, ¿Estarían los ciudadanos dispuestos a asumir el coste personal que esto implica y la responsabilidad de informarse a un nivel superior al que están acostumbrados?
  3. En caso de que consigamos responder afirmativamente a las dos preguntas anteriores, ¿Qué margen de maniobra le queda a una nación tras haber cedido gran parte de su soberanía a instancias supranacionales y en el marco de una economía de mercado?

Que cada uno saque sus propias conclusiones, yo me limito a agitar un poco el avispero, que falta nos hace. Me he dejado alguna idea en el tintero pero espero darle salida próximamente.

Para terminar, quiero felicitar al blog HD Joven por sus últimas publicaciones, algunas de las cuales me han parecido brillantes y de obligada lectura. Espero que el nivel no deje de aumentar como ha estado haciéndolo hasta ahora.

Reproducción del artículo de Ignacio Gomá en Libertad Digital: Tarde, mal y nunca

BanderaEl artículo que sigue fue publicado en Libertad Digital (ver aquí) el pasado martes 1 de septiembre, día en que se publicó la noticia sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional”:

Nos enteramos que, a menos de un mes de las elecciones pseudoplebiscitarias catalanas, el PP se descuelga con una propuesta que pretende incluir en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de normas destinadas a posibilitar la inhabilitación y la imposición de multas a quienes incumplan las resoluciones de dicho Tribunal.

Si pudiéramos acercarnos al problema que se nos plantea en Cataluña sin demasiada pasión, podríamos hacer como el famoso jurista italiano Norberto Bobbio cuando decía que frente a toda norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: si la norma es justa o injusta (lo que corresponde a la Filosofía del Derecho); si la norma es válida o inválida (lo que corresponde a la Ciencia jurídica) y si la norma es eficaz o no lo es (lo que correspondería a la Sociología del Derecho). Intentémoslo.

Desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho, no hace falta ser un especialista en Derecho Constitucional para apercibirse de que algo falla en esta propuesta. No sólo porque ya exista el famoso artículo 155 de la Constitución, que autoriza al Estado a adoptar las “medidas necesarias” si una Comunidad Autónoma no cumpliera la Constitución o las leyes; o porque nuestro Código Penal ya  establezca en su art. 410 multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior o porque el Título XXI hable de los delitos contra la Constitución –incluyendo su derogación o modificación total o parcial- o el XXII se refiera al orden público incluyendo al delito de sedición (quienes se alcen para impedir el cumplimiento de las leyes); no, no es sólo que esas cuestiones, con un mínimo de sentido común, puedan subsumirse en tipos ya existentes, sino que además se violenta la esencia del Tribunal Constitucional, que no es la de un Tribunal inserto en la Administración de Justicia, sino la un órgano constitucional, el llamado “legislador negativo”, destinado a velar por el ajuste a la Constitución de leyes y resoluciones judiciales, pero no a la ejecución de sentencias ni a sancionar su incumplimiento.

Pero con ser el análisis desde la Ciencia del Derecho poco halagüeño, no lo es mucho más el que nos depara el de la Filosofía del Derecho, destinado a examinar su justicia. Porque siendo una de las características de la ley su generalidad (sí no formalmente, si en su espíritu), no cabe duda que una iniciativa como ésta adolece de un vicio de legitimidad derivado de la evidente condición oportunista de estar pensada para un caso muy concreto, lo que quizá podría facilitar su impugnación…ante el propio Tribunal Constitucional que, en su sentencia 166/86 (Rumasa), establece como límites constitucionales de las leyes singulares el principio de igualdad, la división de poderes y la reserva de generalidad en las leyes que impiden o condicionan el ejercicio de derechos fundamentales. Tendría gracia.

Con todo, quizá es el análisis desde la Sociología del Derecho el que más me incita a la crítica. Suelo decir que el Derecho, más que una Ciencia, es un Arte (Ars boni et aequi), que consiste en saber producir modificaciones en la realidad mediante el establecimiento de reglas. Y si queremos cambiar las cosas con eficacia se exige habilidad, oportunidad, decisión y legitimidad. Con todo el tiempo que llevamos procrastinando con el asunto autonómico, admitiendo abusos e incumplimientos por razones de política a corto plazo ¿alguien se cree que a un señor que pretende independizarse le va a asustar una multita  o la inhabilitación de un cargo del que quiere cesar para pasar a ser presidente de un Estado? Es más, ¿no supone el uso torpe y torticero del Derecho un refuerzo de la posición de los incumplidores? Quienes quieren defender el Estado de Derecho deben comprender que, al menos en este punto, la diferencia no está sólo en los fines sino, sobre todo, en los medios, que se deberían haber usado antes y mejor, y con la máxima legalidad y legitimidad. Veremos si se usan así los que aún quedan.

Relecturas de agosto: ¡Ay, Derecho! ¿Compraría usted un coche usado a Trillo o Martínez-Pujalte?

Según se acaba de conocer por investigaciones de la Agencia Tributaria, Federico Trillo ha podido cobrar una cantidad de aproximadamente 355.000 euros por “asesoramiento general y jurídico” de una empresa radicada en Castilla y León, durante los años 2006 a 2008. De ese asesoramiento, a razón de 9000 euros al mes, no existe ninguna documentación escrita. Hacienda constata que no hay ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas. Es decir, que según se argumenta se trata de un asesoramiento verbal, a lo largo de tres años.

La empresa asesorada fue una de las beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos en Castilla y León, adjudicaciones respecto de las cuales Hacienda ha detectado el pago de comisiones. En concreto, según la noticia enlazada, cree en la “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.”

 Por su parte, Vicente Martínez-Pujalte hizo lo mismo y con la misma empresa que Trillo, cobrando 75.000 euros, también por asesoramientos verbales, según dice. Y añade que la empresa por medio de la cual facturaba, no tiene relaciones con las administraciones públicas.

Ante esto, solamente caben dos posibilidades. Que estén diciendo la verdad o que estén mintiendo. Si lo que dicen es cierto, entonces el asunto se debió sustanciar más o menos así: una empresa de Castilla y León considera que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte son las personas adecuadas para orientarla en “una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”. Es decir, que de todos los seguramente numerosos despachos y empresas especializadas dedicadas a esta labor, entiende que los más adecuados son los que pertenecen a estas dos personas, a la sazón diputados del Partido Popular (el cual también gobernaba en Castilla y León). Esta labor de asesoramiento ha de ser sin duda compleja, puesto que las cifras de honorarios que se manejan son altas, pero la empresa no considera necesario que nada del mismo se plasme por escrito, ni un solo informe, plan o estudio. Basta con que se comuniquen verbalmente, incluso –es un suponer- por teléfono en ocasiones, para que las ideas de este asesoramiento sean recibidas correctamente por parte de la empresa, y trasladadas a aquellas personas dentro de ella encargadas de ponerlas en marcha. Ni un simple correo electrónico, a pesar de la dificultad que debe suponer un asesoramiento que merece unos honorarios tan relevantes. Y aunque tampoco se puede acreditar que esos “consejos verbales” hayan producido unos efectos tangibles y demostrables para la empresa, que pudieran argumentarse como fruto de ese asesoramiento, la empresa creyó justo abonar en un breve plazo de años una cantidad cercana a los 500.000 euros.

La segunda posibilidad es que todo eso sea falso. Que los pagos no respondan a asesoramientos verbales que no han existido nunca, que los contratos sean una tapadera, que los despachos de Trillo y Martínez-Pujalte no se hayan elegido por su competencia para asesorar, y que la razón real de esos pagos sea otra. Si es así, entonces, aparte de ocultar oscuros intereses, estas personas habrían mentido. Algo que resultaría de extrema gravedad.

Usted decide cuál explicación le convence más.

nixon

En la campaña para las presidenciales Nixon-Kennedy de 1960, un publicista demócrata tuvo una idea genial: en una foto muy poco favorecedora de Nixon en la que aparece con cara de querer estafarte, añadió este texto: ¿compraría a este hombre un coche usado?

¿Lo compraría usted si se lo vendieran Trillo o Martínez-Pujalte?