El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma el espionaje de UPyD y lo califica de grave intromisión en el derecho a la vida privada y la correspondencia del denunciante

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó ayer su sentencia sobre el caso del espionaje realizado por UPyD bajo la dirección de Rosa Díez y Andrés Herzog y que pueden consultar aquí.

Después de un somero resumen de los hechos -en los que se relata como la dirección del partido decidió monitorear el mail de un ex miembro, y acto seguido procedió a publicar y difundir los mensajes enviados a ese email por otros afiliados, incluido el demandante- afirma de manera contundente en su fundamento 36 lo siguiente:

“36.  El Tribunal señala, de entrada, que la interceptación y la divulgación de los correos electrónicos del demandante constituyó una grave intromisión en su derecho al respeto de su vida privada y de su correspondencia.”

Acto seguido, en sus dos siguientes fundamentos destruye el argumento defendido por el Sr. Herzog desde la fase inicial del procedimiento de que el partido tenía derecho a monitorear esos correos aplicando por analogía la regulación existente en el ámbito de la empresa.

En este sentido, la sentencia afirma (37) que “el Tribunal de Justicia concede gran importancia al hecho de que la intrusión se produjo en el contexto de la afiliación a un partido político. A este respecto, subraya el papel esencial de los partidos políticos en las sociedades democráticas. Los partidos políticos son una forma de asociación esencial para el buen funcionamiento de la democracia (véase Refah Partisi (el Partido del Bienestar) y otros contra Turquía [GC], nº 41340/98 y otros 3, § 87, TEDH 2003-II). Al reflejar las corrientes de opinión que fluyen entre la población de un país, los partidos políticos aportan una contribución insustituible al debate político que constituye el núcleo mismo del concepto de sociedad democrática (véanse Yumak y Sadak c. Turquía [GC], n.º 10226/03, § 107, TEDH 2008, y Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquía, n.º 7819/03, § 28, TEDH 2012).”

Como lógica conclusión, la sentencia señala (38) que “las circunstancias del presente asunto son diferentes de las de los casos en los que la intrusión tuvo lugar en el contexto de una relación entre empresario y trabajador, que es contractual, conlleva derechos y obligaciones particulares para ambas partes, se caracteriza por la subordinación jurídica y se rige por sus propias normas jurídicas (véase la sentencia Bărbulescu, antes citada, apartado 117). El Tribunal de Justicia constata que las estructuras organizativas internas de los partidos políticos se distinguen de las de las empresas privadas y que los vínculos jurídicos existentes entre un empresario y un trabajador y entre un partido político y uno de sus miembros son fundamentalmente diferentes. El Tribunal acepta que la autonomía organizativa de las asociaciones, incluidos los partidos políticos, constituye un aspecto importante de su libertad de asociación protegida por el artículo 11 del Convenio y que deben poder ejercer cierto poder de disciplina (véase Lovrić c. Croacia, nº 38458/15, § 71, de 4 de abril de 2017). No obstante, la lealtad política que se espera de los miembros del partido o el poder de disciplina del partido no pueden dar lugar a una oportunidad ilimitada de controlar la correspondencia de los miembros del partido. (…)”.

Estas consideraciones justifican la apreciación realizada en el fundamento 36 ya citado sobre la grave intromisión realizada en los derechos del demandante.

La única razón por la que no se termina condenando al Reino de España por no tutelar adecuadamente los derechos del denunciante reside en que este puso en marcha un procedimiento criminal que fue archivado por consideraciones que el Tribunal Europeo ahora no está en condiciones de revisar, pues no puede asumir el papel de los jueces penales nacionales, manifestando a mayor abundamiento que el demandante a partir de ese sobreseimiento podía haber ejercitado la vía civil, que todavía estaba abierta (42 y 43).

Obviamente el demandante no puede estar de acuerdo con esta última consideración, pues el propio Tribunal ha declarado en varias ocasiones que los demandantes no tienen que agotar todas las vías a su alcance (sino que basta que agoten una). Tampoco puede estarlo con la no subrogación en la posición del juez penal español, pues de lo que se trataba era simplemente de poner de manifiesto la absoluta falta de consistencia del archivo decretado por la Audiencia Provincial, tal como puso de manifiesto en su día el voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional (entre ellos el actual Presidente, Sr. Conde-Pumpido, único penalista de la sala).

Pero, en cualquier caso, alegra comprobar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta ocasión (a diferencia del Tribunal Constitucional, que se limitó a las cuestiones formales) ha aprovechado la oportunidad para entrar en el fondo del asunto y dejar sentado de cara al futuro que la actuación de la dirección de UPyD dirigida por Rosa Díez y Andrés Herzog constituyó una intromisión grave e intolerable en los derechos de los monitorizados, y que los argumentos utilizados por este último para defender semejante intromisión son insostenibles.

Para terminar, solo dos consideraciones. La primera es que resulta algo triste, pero a la vez muy revelador, que el principal rastro que va a quedar de un partido que teóricamente vino para regenerar la vida política española sea una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que recuerda el papel que debe jugar un partido político en la vida democrática y afea una actuación completamente contraria a sus valores más elementales. Quizás esto basta para explicar muchas cosas en relación al fracaso de esa opción política.

La segunda es el enorme daño que en un Estado de Derecho puede hacer una sentencia o un auto judicial caprichoso e inconsistente, como el dictado por la Audiencia Provincial en este caso -cuando la juez de instrucción ya había ordenado el procesamiento del Sr. Herzog- respecto del que no hay más recurso que acudir el Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Haber llegado hasta el final y conseguir esa declaración contenida en los fundamentos  36, 37 y 38 de esta sentencia es un gran éxito, desde luego, pero, no nos engañemos, no es lo razonable ni deseable. La justicia debería ser más accesible. Y, sobre eso, todos en España, también los jueces, tenemos mucho que reflexionar.

 

Partidos políticos y bloqueo institucional: reproducción de la Tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Reconozco que es con una cierta fatiga –similar, imagino, a la de muchos lectores- con la que, una vez más, apunto unas reflexiones para intentar encontrar una explicación racional a la cada vez más absurda situación de bloqueo institucional que vivimos en España desde hace ocho meses, con amenazas de filibusterismos varios y de terceras elecciones inclusive. Porque más allá de las vicisitudes concretas del culebrón veraniego que nos están ofreciendo nuestros representantes, la realidad es que los partidos políticos españoles no consiguen ponerse de acuerdo para que se pueda formar Gobierno. Y no lo consiguen pese a la existencia de una seria amenaza de quiebra institucional y democrática en Cataluña por la vía del independentismo, a la posible reacción (aunque sea en diferido) de la Comisión Europea ante el incumplimiento del déficit o a la evidencia de la necesidad de grandes reformas estructurales para enfrentarnos al incierto futuro con garantías de éxito.  Para colmo del despropósito, resulta que, según el partido que aspira a encabezar el Gobierno, las diferencias programáticas con los partidos cuyo apoyo solicita no son demasiado grandes: de hecho, resulta ahora que en el fallido acuerdo de Gobierno PSOE-Ciudadanos han encontrado muchas propuestas rescatables. Eso sí, es imprescindible que las rescate precisamente Mariano Rajoy y no otro candidato del PP. El problema es que para el PSOE y Ciudadanos estas propuestas ya no son válidas precisamente si las lleva a cabo un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.  Y ahí estamos.

Cuando hace ya tres años participé junto con Luis Garicano, Cesar Molinas y Carles Casajuana en una iniciativa para recabar el apoyo ciudadano con la finalidad de regenerar la vida política española, elegimos centrarnos en un solo problema. Después de algunas conversaciones, coincidimos en identificar el que nos parecía esencial: el mal funcionamiento de los partidos políticos. Así surgió el Manifiesto de los 100, en el que pedíamos una serie de reformas para impulsar la democracia interna y los mecanismos de rendición de cuentas y selección de  líderes.  El manifiesto tuvo un éxito muy moderado (de hecho, conseguimos solo 25.000 firmas de los ciudadanos) no sólo debido a la poca experiencia de los promotores sino, en mi opinión, a la escasa preocupación de los españoles por algo que sin duda les parecía muy alejado de sus problemas cotidianos. Probablemente hoy este mismo Manifiesto conseguiría muchas más adhesiones, sencillamente porque el paso del tiempo nos ha dado la razón de una forma que entonces no podíamos sospechar. Cabe afirmar que si padecemos esta situación de bloqueo institucional es sencillamente porque nuestros partidos políticos no funcionan bien. O más bien, como diría Cesar Molinas, porque funcionan rematadamente mal, de manera que no son ni siquiera capaces de cumplir con la primera de sus obligaciones, que es la de garantizar que haya un Gobierno surgido de la voluntad del Parlamento.

Efectivamente, a día de hoy, lo que hay en España es una democracia representativa parlamentaria, es decir, una democracia en la que el Presidente del Gobierno es elegido por el Parlamento, debiendo para ello obtener el número suficiente de votos en la correspondiente sesión de investidura. Esto es al menos lo que dicen nuestros textos legales, empezando por la Constitución, y lo que entienden los expertos. Pero -como en tantos otros ámbitos- al margen de esta “realidad oficial” se ha desarrollado otra  “extraoficial”  extraordinariamente potente que funciona de forma muy distinta, por cortesía de los partidos políticos españoles desde prácticamente el comienzo de la Transición. En esta realidad lo que hay es un pseudo caudillismo de partido, lo que supone que lo único que importa políticamente es lo que decide el líder de un partido o, como mucho, el líder y su camarilla. La falta de neutralidad y profesionalidad de unas instituciones .empezando por el Parlamento- que han sido sistemáticamente ocupadas por los partidos, unida a la tolerancia de los medios de comunicación de masas y a la indiferencia de la ciudadanía ha hecho el resto.

Claro está que mientras la realidad oficial y la extraoficial han sido compatibles –básicamente en la época del bipartidismo, donde con mayorías absolutas o con partidos nacionalistas era fácil alcanzar acuerdos para formar Gobierno – las disfunciones no eran tan evidentes. Pero ha bastado la ruptura del modelo tradicional para que estemos contemplando con toda su crudeza el anómalo funcionamiento de nuestros partidos políticos. El problema básicamente se podría reducir a uno: la total irresponsabilidad de sus líderes por las decisiones que toman. Hasta el punto de que en España se puede hablar tranquilamente de unas terceras elecciones en un año con los mismos candidatos sin que nadie saque la conclusión obvia de que nuestros representantes lo que pretenden es traspasarnos una vez más las consecuencias de su irresponsabilidad –con los consiguientes costes- para que les salga gratis. Porque eso es en definitiva lo que supone apelar a los electores para que sean ellos los que castiguen en las urnas a los candidatos fracasados, sabiendo que, en realidad, no tienen demasiadas posibilidades de hacerlo por lo menos con el actual sistema electoral. Y en último término, serán los propios líderes del partido de turno los que interpreten los resultados electorales y ya sabemos lo sesgada que suele ser esa interpretación.

Por otro lado, si miramos a otras democracias de nuestro entorno podremos comprobar hasta qué punto el bloqueo institucional que padecemos es consecuencia de este aberrante funcionamiento de nuestros partidos. Ciertamente, la campaña del Brexit es un buen ejemplo de lo que una democracia de calidad debe evitar,  pero la actuación del partido conservador después del resultado demuestra claramente que la sustitución de un líder irresponsable no es ningún problema en una democracia parlamentaria si los partidos políticos funcionan razonablemente. Theresa May ha sido elegida sin ningún tipo de trauma interno y con mucha rapidez en sustitución de un David Cameron que había ganado las elecciones no hacía mucho tiempo y por mayoría absoluta. Por el contrario, desprenderse de un Presidente de Estados Unidos o de una Presidenta de Brasil como Dilma Roussef que son elegidos directamente por los ciudadanos (incluso cuando median escándalos graves de corrupción) no es tan sencillo: se requiere de un complejo procedimiento de “impeachment”. En definitiva, se trata de modelos muy distintos al nuestro. El Presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos, es elegido por el Parlamento por lo que no debería haber ningún problema en sustituir al candidato de un partido si, por ejemplo, no es capaz de conseguir ser elegido y hay un candidato alternativo del mismo partido que sí lo conseguiría.

Pero como ya hemos dicho, nuestro modelo se acerca más en la práctica como un modelo presidencialista  pero sin el “plus” de legitimidad democrática que otorga la elección directa de un Presidente por parte de la ciudadanía. Conviene insistir que esta anomalía deriva no de un defecto intrínseco a las democracias parlamentarias sino del mal funcionamiento de nuestros partidos políticos y, en particular, de su falta de democracia interna, de “checks and balances” y de rendición de cuentas. De ahí nace la dificultad de sustituir a sus  líderes por candidatos alternativos por motivos obvios tales como perder elecciones, perder escaños, no conseguir llegar a acuerdos con otras fuerzas para formar un Gobierno, amenazar con nuevas elecciones, estar salpicados por casos de corrupción, saltarse los Estatutos de su partido o los que ustedes prefieran añadir a la lista.

Como verán, no andábamos tan desencaminados cuando consideramos que la palanca que podía servir para elevar la calidad de nuestra democracia representativa exigía mejorar el funcionamiento de nuestros partidos. Hoy, con la palanca atascada, esta necesidad es perentoria. Si creemos que el mejor sistema de gobierno una democracia parlamentaria, tenemos que saber también que necesitamos partidos políticos que funcionenn y que sean capaces de depurar las irresponsabilidades o/y las limitaciones políticas de sus líderes sin delegarnos una tarea que no nos corresponde y para la que carecemos de herramientas adecuadas. Si no lo entienden así, es más que probable que muchos electores se cuestionen su necesidad. Y entonces tendremos un problema todavía mayor.

 

Populismo y democracia: no solo el Brexit

El resultado del referéndum británico resulta tan absurdo y sorprendente desde todo punto de vista, que no han faltado quienes quieren cargar las culpas en la propia institución del referéndum, pretendiendo acercar así el ascua a su sardinilla a las primeras de cambio. “No se puede someter la decisión de cuestiones complejas y trascendentes a consulta popular”, nos dicen. “La democracia representativa presenta ventajas incuestionables frente a los peligros de la democracia directa en las sociedades plurales”, nos aclaran. Puede que sí -cómo negarlo a estas alturas- pero pretender que el único responsable de este monumental lío es el Sr. Cameron y su cuestionable querencia por los referendos, es poner el punto de mira en un lugar completamente equivocado.

No, más bien al contrario: el problema está precisamente en el monumental deterioro de la democracia representativa que estamos padeciendo en Occidente desde hace más de un siglo, pero que se ha agravado exponencialmente en los últimos tiempos. En 1774, Burke era capaz todavía de decir a sus electores de Bristol que un representante político traicionaría a sus electores si sacrificaba su propio juicio a la opinión de aquellos. En definitiva, que él no estaba ahí para servir de correa de transmisión de los prejuicios de sus electores, sino para defender sus intereses tal como él los entendía. Eso sí, prometía no engañarles y decirles en todo momento la verdad.

Pero ya a principios del siglo XX esta concepción había pasado a la historia tanto en el Reino Unido como en EEUU, como recuerda el famoso caso Scopes (1925), por el que al amparo de una ley estatal de Tennessee que prohibía enseñar la teoría de la evolución en las escuelas públicas se pretendió condenar a pena de prisión a un profesor de secundaria. Lo verdaderamente significativo es cómo esa ley terminó promulgándose a través de un sistema de democracia representativa. Redactada por un granjero y apoyada por toda la comunidad rural del Estado, los congresistas la aprobaron convencidos de que el senado del Estado la rechazaría, los senadores hicieron lo propio pensando que el gobernador del Estado la vetaría, y el gobernador la sancionó pensando que nunca llegaría a aplicarse en la realidad.

Este ilustrativo ejemplo de traslación del prejuicio como consecuencia de la delegación de la responsabilidad de los representantes políticos por  motivos electorales se lleva repitiendo desde entonces con descorazonadora frecuencia y, en los últimos tiempos, ha tenido como principal víctima a la Unión Europea. A modo de muñeco silente, se le ha atizado de lo lindo, delegando en ella la propia responsabilidad  por todo lo malo que la respectiva política representativa nacional no estaba dispuesta o a asumir o afrontar por sí sola,  alegando en unas ocasiones pasividad e ineptitud y en otras, de forma un tanto paradójica, un intervencionismo cuasi dictatorial. Se acusa a la UE de déficit democrático, y sin duda adolece de él. Pero ese déficit ha sido conscientemente buscado por nuestros representantes políticos con la finalidad de que el muñeco permaneciese siempre inerme. Ahora, en tiempos de crisis, empiezan a apreciarse las felices consecuencias de esa política.

Como afirmó con rotundidad Paul Bocuse (uno de los creadores de la nueva cocina) al ser interrogado por las virtudes de la refrigeración, “si usted congela mierda, no espere descongelar otra cosa”. Pues eso, nuestras democracias representativas llevan congelando mierda durante décadas, sin atreverse a discutirla, eliminarla o procesarla, y, cuando tras esta crisis económica se inician los correspondientes procesos de descongelación, en forma de elecciones o referendos, no podemos esperar encontrar otra cosa.

Obviamente, no ocurre solo con relación a la UE. Está pasando también al otro lado del Atlántico, tras décadas de irresponsabilidad del Partido Republicano. La mentira, la adulación, la simplificación y la delegación de la responsabilidad no han convertido al electorado en exigente y responsable, sino solo en indócil. Menudo descubrimiento. Ya identificó Ortega el problema hace 85 años: “el nuevo hombre (…) en el fondo de su alma desconoce el carácter artificial, casi inverosímil, de la civilización, y no alargará su entusiasmo por los aparatos hasta los principios que los hacen posibles”. El no haber sido capaz de demostrar la frágil vinculación entre prosperidad y civilización va a quedar para siempre en el debe de esta generación de políticos europeos y americanos.

En esta jornada electoral no podemos dejar de volver la vista a España, para descubrir males casi peores.  El proceso de congelación llevado a cabo por el PSOE y el PP durante las últimas décadas ha sido colosal. Nos hablaban de democracia a la europea, mientras construían un sistema clientelar profundamente corrupto que ha puesto en peligro la supervivencia de nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, parece que la indocilidad del electorado no fuese con ellos, sino con un extraño cometa que cruzase el sistema solar. Nos piden que reaccionemos frente al populismo arrojándonos de lleno en sus causas; es decir, nos piden que para pararlo les votemos. No cabe mayor paradoja.

Hoy aparecen nuevos partidos para cubrir las deficiencias de los viejos (que son muchas, nadie lo duda) pero deberíamos fijarnos con cuidado en la mercancía que pretender vendernos, no sea que adolezca exactamente de los mismos defectos de simplificación y adulación que nos han traído hasta aquí. Por eso, para saber si van a ser como los que nos han gobernado, solo deberíamos fijarnos en su retórica. Si nos prometen el maná pero no explican de manera convincente de donde van a salir los recursos para pagarlo, si un día dicen una cosa y al siguiente la contraria, si demuestran mucho interés por el fondo, pero escasa por la forma en la que consiste la civilización, no son del tipo Burke, precisamente.

No soy un ingenuo. La íntima tensión entre democracia y verdad ha preocupado a los más grandes filósofos desde Platón a Foucault. Es de solución compleja, sin duda. Pero si queremos progresar un poco para salir de este lío en el que nos hemos metido, es precisamente ahí donde debemos mirar, y no en los inconvenientes de los referendos, el déficit democrático de la UE, el populismo, la globalización, el carácter viejo o nuevo de los partidos o el problema de la inmigración descontrolada. Los problemas de la democracia no se solucionan siempre con más democracia, pero sí con mejor democracia.

Floridablanca, un proyecto para la regeneración del centro-derecha en España

El pasado 20 de diciembre, los españoles transmitieron un mensaje de cambio que no tenía precedentes en nuestra reciente historia democrática. Durante toda la etapa que inaugura la Constitución de 1978, el centro-derecha (fuese como UCD o como PP) y el centro-izquierda  (PSOE) se habían alternado en el poder sustentados bien por mayorías absolutas o bien por acuerdos estables o puntuales con fuerzas minoritarias que dotaron de estabilidad a los sucesivos gobiernos de la nación. Sin embargo, los resultados de las últimas generales presentaban un nuevo escenario en el que ninguno de los bloques ideológicos podía construir por sí solo una mayoría, obligando a los distintos partidos a llegar a grandes acuerdos o a admitir su imposibilidad llamando a los ciudadanos a una nueva convocatoria electoral.

La irrupción de nuevos partidos políticos en el Parlamento, por más que los dos llamados “tradicionales” continuasen siendo las dos fuerzas más votadas, constituía el síntoma más claro de la voluntad de renovación política que había calado en amplios sectores de la sociedad española. El Partido Popular perdía más de tres millones y medio de votos (más de un tercio de su fuerza parlamentaria), mientras que el PSOE cosechaba los peores resultados de la etapa constitucional. Este resultado no fue sorprendente y no cogió a nadie desprevenido, pues se vino anunciando en las sucesivas elecciones que se han celebrado en España desde 2011. Algo estaba cambiando en las preferencias electorales de muchos ciudadanos, pero ni PP ni PSOE estaban dando respuestas a esas demandas.

Ante ésa situación, tras las elecciones europeas de 2014 un grupo de jóvenes profesionales decidimos fundar la Red Floridablanca. Nos preocupaban dos cosas: por un lado, la batalla de las ideas ya que entendíamos que se estaba renunciando a darla desde el Partido Popular que en los últimos años había renunciado a elaborar un discurso integrador, moderno y reconocible para el electorado del centro-derecha en su conjunto. El PP, sobre todo a partir de 2008, había dejado de ser el punto de encuentro de las diferentes familias ideológicas que están a la derecha de la izquierda (conservadores, liberales, democristianos, centristas). Por otro, percibíamos la necesidad de renovación interna en una estructura que se estaba alejando cada día más de la sociedad, que se había ido cerrando y anquilosando progresivamente, de forma que cada vez era percibida de una forma más negativa, especialmente por los jóvenes. Asistidos por un consejo asesor con figuras de reconocido prestigio, nos pusimos a trabajar para revertir aquello que nos preocupaba: la renovación del centro-derecha.

En primer lugar, la renovación ideológica debía venir a través de una pedagogía de las ideas que hacemos sobre todo a través de nuestra página web redfloridablanca.es un portal de actualización diaria en el que publicamos artículos, vídeos y tips en los que explicamos cuáles son las ideas liberal-conservadoras, por qué estas son mejores que las ideas de izquierdas y quiénes son los principales referentes ideológicos del centro-derecha. Queremos explicar a la gente qué es ser liberal-conservador y por qué merece la pena defender estas ideas para el presente y el futuro de España.

Puesto que somos conscientes de que en política las ideas se defienden a través de los partidos, también nos hemos centrado pedir la renovación del principal partido de centro-derecha en España, el Partido Popular.  La falta de democracia interna de la formación ha impedido hasta ahora que el PP se renueve a sí mismo, poniendo en riesgo su supervivencia como partido mayoritario. Nadie se explica que acumulándose los resultados electorales negativos y conociéndose la demanda actual de los ciudadanos de partidos transparentes y participativos, el PP se haya cerrado a emprender su propio proceso de regeneración. Es muy difícil de explicar que no se quieran cambiar ciertos hábitos de funcionamiento que no resisten los mínimos estándares democráticos. Tampoco se explica la parálisis ideológica en la que ha caído un partido que en su día fue la vanguardia del reformismo. Ni tampoco que no se haya sido más firme y contundente con un problema tan grave como la corrupción, que ha minado la confianza de la sociedad en los políticos durante los últimos años. En Floridablanca creemos que todas estas razones hacen necesario emprender sin más dilación el proceso de renovación del PP: Es el momento oportuno y es posible hacerlo.

¿Cómo? A través de la convocatoria de un Congreso extraordinario abierto, como prevén los estatutos del propio Partido Popular. Creemos que un congreso abierto bajo la fórmula “un militante – un voto” es el primer paso   para iniciar la renovación del centro-derecha (ideas, equipos y programa). En este sentido, hace unos días lanzamos una petición abierta a firmas en nuestra página web a la que invitamos a sumarse a todos aquellos simpatizantes y militantes que quieran la renovación del PP. Sabemos que eso solo puede hacerse contando con todos, a las bases (afiliados, simpatizantes) y a los dirigentes, a apoyar esta necesaria iniciativa de regeneración. Debemos reconquistar a todos aquellos que se han ido, construyendo otra vez la casa común del centro-derecha español. Un Partido Popular renovado y moderno, con un proyecto político claro e identificable y capaz de proyectar ilusión, es por lo que nacimos y seguimos trabajando en la Red Floridablanca.

¿De derechas o de izquierdas? Reproducción de la Tribuna de “El Mundo” de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Me comentaba un amigo mío, experto en la materia, sobre la tan anhelada reforma del sistema educativo español que lo importante no era quien la hiciera, sino que se hiciera de una vez. He recordado esta anécdota a raíz de las primeras declaraciones de los líderes de Podemos sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE-C’s (que suponemos se habrán leído) ya que al parecer hay una «regeneración de derechas» y otra «de izquierdas», en función del partido que pretenda ponerla en marcha, incluso aunque las medidas concretas coincidan y estén recogidas en los respectivos programas electorales. Así parece que suprimir aforamientos o diputaciones es de derechas si lo propone Ciudadanos, pero es de izquierdas si lo propone Podemos, siendo incompatibles no ya las propuestas sino los partidos. O bien resulta que estas medidas de lucha contra la corrupción por las que clama literalmente la sociedad española (la corrupción es el segundo problema para los españoles según el último barómetro del CIS) son «secundarias» y no merece mucho la pena detenerse en ellas. En fin, creo que este tipo de discursos demuestra el trecho que todavía le queda a nuestra clase política para acomodarse a la nueva situación y a los cambios que quiere la sociedad española, empezando por el más evidente: que los partidos se pongan de acuerdo en las cuestiones fundamentales.

Esta actitud resulta especialmente llamativa en un partido nuevo y que ha denunciado con claridad y eficacia la corrupción y el clientelismo político, pese a lo cual va a coincidir con el PP votando en contra de un acuerdo que sienta las bases para acabar con ambos. Que el líder del PP tenga la percepción de la realidad seriamente dañada no es una novedad, es lo que llevamos viendo desde el 20-D, pero que la pueda tener también la cúpula de Podemos da que pensar.

Quizá el problema es que los líderes de Podemos tienen -no sé si por juventud, por ideología o por ambas cosas a la vez- una fe en las personas que sinceramente no compartimos los que ya tenemos más años y conocemos de cerca el funcionamiento del poder. No creo que el problema de España sea el de cambiar de políticos; creo que hay más bien que cambiar la forma de hacer política, cambiando incentivos, valores e instituciones. No se trata de sustituir a los malos y corruptos gobernantes del PP por otros buenos y angélicos que representan «a la gente» suponiendo que, con los mismos incentivos y la misma falta de controles y de rendición de cuentas, se van a portar mucho mejor. De hecho, algunas actuaciones en los ayuntamientos «del cambio» recuerdan a la vieja política, como esos contratos ‘a dedo’ por 17.999 euros (a partir de los 18.000 euros hay que sacarlos a concurso).

En definitiva, no es razonable esperar comportamientos distintos si no cambiamos las reglas de juego. Quizá al principio los nuevos detentadores del poder resultan más comedidos, pero el comedimiento les suele durar poco (mi personal estimación es que al cabo de dos o tres meses el alto cargo ya está convencido de estar en posesión de la verdad y ha dejado de escuchar a los que le dicen lo que prefiere no oír). Porque si algo nos enseña la historia y la política es que cuando se puede abusar del poder con impunidad se hace, aunque sea persiguiendo los más nobles ideales. Y una lección esencial de esta crisis es quenecesitamos instituciones fuertes, controles y contrapesos que funcionen como en las democracias avanzadas, en las que -y no es casualidad- los efectos de la gran recesión no han sido tan demoledores. Nada nuevo bajo el sol. Ya decíaJames Madison en los ‘Federalist papers’ que hay que controlar a los que ejercen el poder, ya que como los hombres no somos ángeles «al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres y para hombres la gran dificultad estriba en esto: primero establecer un gobierno capaz de controlar a los gobernados y después que se controle a sí mismo».

Por esa razón es tan importante volver a colocar a las instituciones y a las reglas de juego por encima de las personas, y eso se aplica a todos los líderes políticos, incluidos los nuevos. En ese sentido, no es comprensible que se vote en contra de reformas que parecen muy sensatas no en función de su contenido sino en función de quien las propone. Ese tipo de comportamientos resulta un tanto infantil y presupone distinguir entre los buenos políticos (los propios) que son los únicos que representan a la «gente» y todos los demás, los malos políticos, que aunque propongan exactamente las mismas medidas que los buenos no son de fiar. Se ve que sus electores no son tan «gente» o por lo menos no son «buena gente». Pero en una democracia avanzada este planteamiento es demasiado simple. Hay que respetar a los electores de todos los partidos y evitar los murosque no llevan a ninguna parte, máxime cuando se pretende etiquetar ideológicamente cuestiones tales como la reforma electoral, la supresión del gasto político clientelar, las medidas anticorrupción, la lucha contra el capitalismo de amiguetes o la despolitización del Poder Judicial. Estas reformas no son de derechas o de izquierdas, son las reformas necesarias para limpiar el terreno de juego antes de que los equipos vuelvan a salir a jugar con sus colores de siempre o con otros nuevos: pero sin reglas trucadas.

Sinceramente, lo mismo que me cuesta saber a partir de una endodoncia si mi odontólogo es progresista o conservador, ya que lo que me importa es que me dejen de doler las muelas, también me cuesta calificar de «progresista» o «conservadora» una medida como la de suprimir los aforamientos para evitar la impunidad. Creo que oponerse a este tipo de medidas en función de quien las proponga es vieja política. Y no deja de ser curioso que Podemos y el PP se vayan a poner de acuerdo precisamente en torpedear una reforma en profundidad de nuestro sistema político que pretende acabar con el abuso del poder por parte de los partidos políticos y sus clientelas y la ocupación de las instituciones.

Otra cuestión destacable en la que coinciden Podemos y PP es en su obsesión por los cargos, los organismos y las leyes. Resulta que lo primero que unos y otros se ‘piden’ son los ‘sillones’, quién va a ir a qué ministerio o quién va a ser vicepresidente y qué organismos va a controlar. ¿De verdad piensa alguien que, sin cambiar las reglas ni los incentivos un todopoderoso vicepresidente de Podemos se diferenciaría mucho de una poderosa vicepresidenta del PP? Porque eso es lo que ha pedido Pablo Iglesias, tener el mismo poder que tenía o tieneSoraya Sáenz de Santamaría. No me refiero a la ideología, claro está, me refiero a algo que es más importante: se trata de la forma de ejercer el poder. Un poder sin límites, ni contrapesos y sin rendición de cuentas tiende a la arbitrariedad. Claro está que Pablo Iglesias pensará que en su caso la arbitrariedad es necesaria para hacer el bien, mientras que la todavía vicepresidenta en funciones lo ha empleado para hacer el mal. Pero de nuevo la edad y las lecturas le curan a uno de estos espejismos: ya recordaba Burke que en una democracia no puede haber poder arbitrario. Que es otra forma de decir que el fin no justifica los medios.

Como jurista me llama especialmente atención la querencia por el BOE que demuestra Podemos, depositando una confianza casi mágica en la producción legislativa como forma de cambiar la realidad, y eso que no tienen abogados del Estado en sus filas. Confianza que carece de fundamento en un país que padece de hiperinflación normativa, donde abundan las leyes -y sentencias- que sistemáticamente se incumplen por quienes tienen el poder de hacerlo y donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia. ¿Vamos a seguir legislando para la foto sin evaluar nunca si las leyes han servido para algo? Pues no parece un gran cambio.

Por último, no quiero dejar de hacer la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos es lo suficientemente transversal para que les guste a alguno de los diputados de Podemos o del PP? Sobre todo a la vista de que se podrían evitar unas nuevas elecciones que los ciudadanos españoles no quieren y los partidos -o por lo menos eso aseguran- tampoco. Que cuando se hace este tipo de comentarios en público la gente se ría o se indigne y hable de «transfuguismo» nos da una medida del deterioro de nuestra democracia y del poco valor que se le concede al criterio, el valor y la ética de nuestros representantes políticos justamente en un momento en el que son más necesarios que nunca.

Zugzwang: incertidumbre, cultura política y recuperación institucional.

Con un confuso resultado electoral que no satisface a nadie y tras unos movimientos políticos que no sabemos adónde pueden conducir, los ciudadanos nos encontramos un tanto perplejos, sumidos en la incertidumbre y preocupados. No sabemos quién nos gobernará, que será de la economía y de nuestras vidas, en suma. Los que deseábamos un cambio político, no estructural pero sí de funcionamiento de las instituciones, podemos preguntarnos lícitamente si todo esto no nos va a conducir a un remedio peor que la enfermedad que pretendía sanarse, a eso que en ajedrez se llama Zugzwang, situación en la que se encuentra un ajedrecista si cualquier movimiento permitido supone empeorar su situación y, eventualmente, perder la partida. La idea se la debo al insigne tuitero Fernando Castelló -@Castello_F- aunque me he enterado que mi coeditor Tena la usó en su último artículo en el Ahora, poco original soy…..

Conviene decir al respecto que es cierto que, en efecto, nos encontramos en un momento de incertidumbre y tribulación, pero también que ello no es necesariamente malo. En todo proceso se producen crisis (de crecimiento, por enfermedad, por agotamiento…) que son momentos de cambio y de decisión. Lo malo no es que haya crisis, sino cómo se resuelven estas. Los que consideramos que tiene que haber una recuperación institucional (tras intensas reflexiones con comentaristas de este blog como J.J. González y J. Casas y el escritor J.M. Marco prefiero este nombre a regeneración por no identificarla con la angustiosa corriente de principios del siglo XX y porque tiene el doble sentido de volver a tomar lo perdido y de mejorar un enfermo) tenemos que ser conscientes que no hay más remedio que pasar por momentos de incertidumbre, cuya correcta resolución puede llevarnos a una situación mejor. Cierto que también nos puede llevar a una vida peor, pero no se puede nadar y guardar la ropa. Además, las cosas no son siempre lineales: lo importante no es si conseguimos inmediatamente los objetivos que nos hemos planteado, sino si vamos por el camino correcto.

En este sentido, hay ya algún cambio palpable: los bloques monolíticos del bipartidismo se han rajado y estamos en otra dinámica de pacto y flexibilidad, lo que no excluyamos que puede conducir a un cambio positivo, aunque quizá no inmediatamente. Por ello, los ciudadanos debemos ser conscientes de lo crítico de la situación y de que es importante que en este momento la ciudadanía empuje en esa buena dirección, y por ello es importante insistir y predicar. Me vienen aquí las ideas de Acemoglu y Robinson sobre los “círculos virtuosos” y “círculos viciosos” que se dan en las instituciones y en virtud de los cuales una vez que una sociedad se organiza en una forma concreta ésta tiende a persistir, manteniendo el equilibrio económico o político existente y por ello existen enormes obstáculos a las mejoras graduales debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas. Pero a veces ese equilibrio se puede romper en las “coyunturas críticas”, grandes acontecimientos o confluencia de factores que lo trastornan. Y el que el cambio vaya de un lado o de otro depende de “pequeñas diferencias” en tales coyunturas. Esas pequeñas diferencias pueden ser desde la existencia de una burguesía potente o, por qué no, la existencia de una ciudadanía que empuja en una buena dirección.

¿Y cuál es esa buena dirección? Dios me libre de decir qué política concreta haya de hacerse, esto me supera. Pero como ciudadano partidario de esa recuperación institucional estoy legitimado, en primer lugar, para pedir que se cumplan las leyes. Claro que me dirán ustedes que formalmente se están cumpliendo y que ahora hay muchas lagunas constitucionales, que no se arreglan con normas. Cierto, por eso estoy legitimado para pedir que las actuaciones de los políticos se rijan por los valores democráticos, esos que, como decía Tocqueville en La democracia en América, son los que consiguieron el éxito de la joven democracia americana, esos que llamó “mores”: los hábitos o costumbres de la sociedad, “la suma de ideas que dan forma a los hábitos mentales”. Las mores son incluso más importantes que las leyes para establecer una democracia viable, porque estas son más inestables cuando carecen del respaldo de las mores. Tocqueville sostenía que los valores democráticos, lejos de ser un producto final de una larga experiencia con las elecciones, forman parte de la esencia misma de la democracia.

A mí me parece que en la situación en la que nos encontramos cabría aludir a ciertas “mores” democráticas, y hacer una homilía moral. Así que pienso:

  1. El que lleva a su partido al fracaso tiene que dimitir. Rajoy debería haber dimitido porque ha tenido un descalabro electoral. Quizá Sánchez también debería haber dimitido aunque, como mi coeditora Elisa decía recientemente, su permanencia es más excusable por proceder de unas recientes primarias y estar previsto un congreso próximo. ¿Dónde sale eso en la ley eso de las dimisiones? En ningún sitio; es más las leyes existentes desincentivan que haya una presión dentro de los partidos para el cambio del líder por la falta de democracia interna y de mecanismos de rendición de cuentas. Es palmario en el PP, en el que no se oye ni un tosido cuando razonablemente quizá debería haber alguno y algo menos, porque hay algo más de toses, en el PSOE, cosa que parece positiva (la división interna no debería penalizar tanto como penaliza), pero que tampoco parece desmesurada. En todo caso, esas dimisiones tras los fracasos electorales son saludables (se acepten o no, porque se confirme al candidato) y son coherentes con  los valores democráticos porque son lo más parecido a una rendición de cuentas, que no impone la ley, pero que es imprescindible; aparte de que, probablemente facilitaría los acuerdos a que me voy a referir.
  2. Un partido en el que hay numerosos casos de corrupción ha de hacer un acto de contrición. Hace casi cuatro años (aquí) hacía referencia a la necesidad de sacrificios para expiar las culpas de que los políticos muestren una ejemplaridad más allá de las leyes; leyes que van aplicándose con la lentitud propia de la justicia pero que no impiden las responsabilidades políticas que no son ya imputables a una persona concreta sino a todo un partido que, por su propia supervivencia, debería comprender que tiene que dar una imagen de renovación que debe empezar por las caras de sus dirigentes actuales para que sus posibles votantes puedan obviar sicológicamente la disonancia cognitiva que se produce entre sus principios y las actuaciones de los políticos que votan.
  3. El contrincante político no es un enemigo, es un adversario. Como decía Ignatieff en Fuego y Cenizas, convertir a un adversario en enemigo define los compromisos como una traición. En España tenemos demasiado sectarismo, cordones sanitarios, enemigos a muerte con los que no se puede ni hablar de cerca porque contaminan. Esto no es aceptable. En mis iniciáticos estudios de Ciencia Política me ha interesado mucho una referencia a las indagaciones de Lijphart respecto a lo que se ha denominado “democracia consociativa”, que es cómo denomina este autor a este sistema de negociación entre las elites de una comunidad política socialmente heterogénea. Pone como ejemplo Holanda en donde había sectores muy diferenciados e incompatibles (católicos protestantes, liberales y socialistas (los cuatro zuilen o pilares), pero que por necesidad sus elites se prestaron a acomodar sus intereses y con negociaciones pacientes llegaron a consolidar la democracia durante décadas. Y ello constituye un modelo distintivo de democracia que se puede aplicar en las sociedades profundamente divididas y no digamos a las que no están tan divididas. Por supuesto, hay límites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la línea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso, incluyendo en el deshonroso no sólo el que atenta contra los principios de la democracia y reglas constitucionales sino también aquellos en los que se prima el interés personal frente al general, como lamentablemente se está intuyendo en algunos movimientos políticos: ya sabemos qué todos tenemos ambiciones, pero que no superen demasiado a los ideales, por favor.

POSTDATA: Estando en imprenta el post salta la noticia de que el Rey no ha querido encargar a Rajoy la formación de gobierno (¿no será más bien que no ha querido él?) y que tal encargo se hace a Pedro Sánchez. Bienvenido sea el desbloqueo institucional. Esos valores democráticos a los que me refiero obligan, creo yo, a que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se entiendan mediante pactos de gobierno, alianzas parlamentarias o abstenciones y que el PP, que no ha sido capaz ni de proponer alianzas ni ha querido someterse al desgaste de la investidura, tenga a bien posibilitar la gobernabilidad del país mediante su abstención y proceda, antes de regenerar (o recuperar) el país, a regenerarse a sí mismo. Le necesitamos fuerte y limpio. Quizá una solución de este tipo tenga varios efectos positivos: el desbloqueo y la gobernabilidad; un gobierno comprometido con la recuperación institucional y enviar al taller a un PP que precisa reparaciones. Y esperemos que ningún partido considere alta política el tacticismo de ver desgastar a los partidos pactistas durante las negociaciones, para luego bloquear la investidura y abocarnos a unas nuevas elecciones en las que piensan sacarán tajada. Creo que no será así.

A lo mejor esta situación no es un zugzwang.

HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

El impopular populismo

No existe nada más particular en el mundo de la política que el populismo, ya que es odiado y querido simultáneamente con la misma contundencia. Este hecho llama la atención en tiempos tan revueltos como los actuales, en los que parece que el bipartidismo, que lleva algunos años estancado, está siendo cuestionado por muchas personas que, hartas de los problemas, han decidido impulsar cambios.

El populismo es característico de la demagogia y de la hipocresía política más conflictiva según muchos ciudadanos, que solamente quieren que les digan lo que, según las reglas de la razón, deben oír. Para algunos, constituyen la representación de la degeneración de la democracia, que caracterizándose por encontrarse el poder para elegir a los representantes de la sociedad en las manos de la ciudadanía, tiene debilidades que son aprovechadas por los dirigentes políticos para exponer lo que la gente quiere escuchar para obtener beneficios electorales.
Es cierto que las tendencias radicales y electoralistas son los frutos que pueden recogerse después de haber plantado inseguridad y descontento los partidos políticos principales en el sistema político de un país. Como dice Javier Sáez-Benito Suescun, “normalmente los propios populistas de izquierdas y de derechas, pues siempre actúan simultáneamente, ayudan a extremar este tipo de coyunturas, pero las situaciones se van fraguando antes, y poco a poco”.

Muchos ciudadanos son los que rechazan el populismo. También es odiado por bastantes dirigentes de la esfera política, que suelen pedir responsabilidad, aunque luego puedan incurrir en graves contradicciones al actuar también de modo populista.

El populismo también es querido, tanto en el lado conservador como en el lado progresista, ya que los que lo utilizan son conscientes de que, en el caso de ser aceptadas sus propuestas, tendrán éxito en el campo electoral, que es lo fundamental para los dirigentes políticos, siendo cierto lo que dice Ignacio Sotelo, que indica que ”mientras un populismo apela al bien común, y el otro demanda justicia social, ninguno de los dos se esfuerza lo más mínimo en sacar estos conceptos de la niebla espesa que los rodea” y que “en el fondo únicamente pretenden gobernar lo antes posible”.

En las formaciones, la eficacia de un político, realmente, se mide por su capacidad para ganar elecciones y por su aptitud para lograr buenos resultados en los comicios en los que esté presente como candidato. Eso se consigue mostrando una buena imagen y para poder alcanzar una proyección positiva hay que alegrarle el corazón a los votantes, aunque ello implique ir en contra de lo que dicta la razón.

Es posible encontrar ejemplos de actitudes populistas por parte de los principales partidos políticos. Podemos presentó la renta básica universal como una de sus principales propuestas, pero la desradicalización ideológica de la formación ha terminado acabando con la medida. Posteriormente, Juanma Moreno Bonilla, que fue el candidato a presidir la Junta de Andalucía con el Partido Popular, propuso implantar ese beneficio social. Después, Pedro Sánchez hizo pública su intención de establecer una renta básica ciudadana si consigue alcanzar la presidencia del Gobierno. El hecho más curioso es que fueron varios los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español los que criticaron la medida que, finalmente, decidieron presentar como algo propio y que ya generó conflictos en Extremadura.

Todos los partidos políticos son, generalmente, populistas, aunque son muchas las ocasiones en las que sus dirigentes son críticos con medidas de carácter presuntamente populista, ya que saben que se juegan mucho en las batallas dialécticas y políticas actuales, constituidas, principalmente, por criticas constantes frente a las medidas propuestas por los rivales, que provocan que el tablero político tenga mucho humo y que en el mismo no haya una verdadera intención de arreglar los problemas existentes.

Conviven el miedo a que triunfe el populismo ajeno y el deseo de que el populismo propio tenga un gran éxito. No es extraño, porque puede ser determinante en cualquier proceso electoral que se desarrolle, ya que todas las formaciones intentarán siempre lograr parte del control de los poderes públicos, con todas las implicaciones que conlleva.

José Álvarez Junco señala que “movimientos políticos que carecen de programa y no cuidan las instituciones no son fiables”. Si hay menos populismo y más actividades racionales desde las formaciones políticas, se podrán rebajar los efectos negativos de la mala gestión que desarrollan muchos dirigentes.

Primarias aparentes

En los últimos años, ha comenzado a extenderse en el mundo de la política española la idea de que son necesarias las primarias para poder regenerar los partidos políticos y, consecuentemente, la democracia. Este pensamiento ha impulsado la celebración de elecciones primarias, que tienen como finalidad garantizar que la estructura interna de los partidos políticos y su funcionamiento sean democráticos.
El problema es que es difícil decir si las elecciones primarias que se han realizado en los últimos años en la mayoría de las principales formaciones políticas han sido verdaderas procesos democráticos para que los militantes puedan elegir con precisión a los candidatos para los distintos procesos electorales. En algunos casos, han sido claras las circunstancias de distorsión jurídica y práctica de las primarias por haberse configurado para que solo hubiera candidatos de la corriente de la dirección del partido o para impedir que aquellas personas que no estén vinculadas a la cúpula de los partidos políticos puedan tener éxito en las votaciones internas.
En las primarias que ganó Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que pudo comprobarse, se intentó controlar el resultado, y en las últimas, que ha ganado Pedro Sánchez, se presentó solo él, siendo extraño este hecho por la cantidad de movimientos que hubo dentro de la formación socialista hace algunos meses, cuando se pudo saber que distintos dirigentes del partido estaban cuestionando la autoridad del economista. Además, Ángel Gabilondo, según indicó el diario El Mundo, había puesto como condición para presentarse a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid con el Partido Socialista Obrero Español que no se celebraran elecciones internas.
En el Partido Popular no se debe conocer el concepto de primarias, ya que no han celebrado ningún proceso electoral interno y se han limitado a designar a los componentes de las listas de las ultimas elecciones basándose en criterios jerárquico-políticos, de modo que se han elegido a los miembros de las listas de las candidaturas partiendo de la discrecionalidad de la sede central del Partido Popular y de los centros de control regional de la formación. Sin embargo, los miembros de la formación han criticado los modelos empleados en otros partidos y están pensando en crear otro que sea verdaderamente democrático.
Los últimos dos procesos electorales internos del Partido Socialista Obrero Español han servido para legitimar al candidato presentado por la formación a las elecciones generales, pero no han sido realmente útiles para ejercitar la democracia interna.
Las primarias de Izquierda Unida que se celebraron en la Comunidad de Madrid fueron un autentico espectáculo en el que salió a la luz la división interna de la agrupación. Se inició una verdadera batalla que terminó con la salida de Tania Sánchez y con el riesgo de que se produjeran escisiones en la formación.
Los líderes de Podemos, que siempre han defendido la necesidad de implantar una verdadera democracia, han organizado unas primarias que no le gustan a las bases, ya que establecen un sistema de elección que bloquea la posibilidad de que puedan ganarlas candidatos de la formación que no formen parte de la corriente impulsada por Pablo Iglesias. Ignacio Varela señala que “el método que Pablo Iglesias ha ideado para designar a su antojo a los candidatos de Podemos en las elecciones generales tiene cabida en la categoría política de bromas pesadas y tomaduras de pelo”. Finalmente, hubo una baja participación en el proceso electoral interno del partido político de Pablo Iglesias.
En el seno de Ciudadanos se celebraron primarias para elaborar las listas para las elecciones locales y autonómicas, pero Albert Rivera fue elegido de forma directa al ser el único candidato en el proceso electoral que recopiló los avales necesarios para participar en las primarias. Aunque todo parece adecuado, hace algunas semanas, varios miembros de Ciudadanos se quejaron por no existir una verdadera democracia interna y se canceló la militancia de un componente del sector crítico con la cúpula de la formación.
Siempre sucede lo mismo. Los dirigentes de los principales partidos políticos organizan primarias para mostrar que hay democracia en sus respectivas formaciones, pero como tienen miedo de los posibles resultados que puedan derivar de las elecciones internas, las manipulan en la medida de lo posible. Este hecho se debe a la percepción que de las primarias tienen los principales dirigentes, que las consideran un arma muy peligrosa para los enemigos que tienen en sus partidos, ya que pueden servir para cuestionar la autoridad del que tiene el control y para romper la unidad. Juan Carlos Monedero afirmó en una entrevista que “si las primarias no sirven para legitimar las decisiones, para aumentar la ilusión y para invitar a la movilización, las primarias son un instrumento que no sirve, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas”.
Es curioso que el artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, señale que la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica”. Si se aplicara este precepto de un modo riguroso serían escasas las formaciones políticas que continuarían existiendo.
Si se quieren celebrar primarias, deben hacerse adecuadamente y con garantías, para lograr el desarrollo del funcionamiento de la democracia interna en los partidos políticos, que debe existir según el artículo 6 de la Constitución Española, siendo importante destacar el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que dice que “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido”. Organizar obras de teatro que pretendan asimilarse a los procesos electorales internos que, realmente, no sirvan para que los militantes puedan participar efectivamente en las actividades de la formación no repercutirá de forma positiva, ya que solo servirá para crear una realidad que no será auténtica en el panorama político español.

Partidos políticos, democracia interna y las elecciones primarias

Hace algo más de un mes después de un intenso desayuno con mi compañera Rocío Divar, Vicepresidenta de Principios, en el que hablamos de la actual crisis institucional y de confianza política que se atraviesa en España, me animó a escribir algo sobre la materia y asistir a una sesión de las llamadas #CañasPolíticas en las que iban a participar como ponentes Iñigo Henríquez de Luna y Pedro Núñez Morgades. Ha pasado algo más de un mes y los apuntes que había ido esbozando para preparar este trabajo se han beneficiado de las brillantes intervenciones de ambos y del coloquio que siguió después.

 

La patología organizativa de los partidos políticos

 

Los partidos políticos son elementos fundamentales de un régimen democrático, al constituir el instrumento que mediatiza la relación de los ciudadanos con el poder, permitiendo que éstos, -al incorporarse a ellos libremente o eligiendo a sus representantes de entre sus miembros- puedan participar en la formación de la voluntad estatal. Pero, por otra parte, también son unas organizaciones cuya esencia y finalidad radica en la consecución del “poder político, a través de elecciones dentro de un marco legal e institucional, de manera pacífica sin el uso de la violencia”[1].

Pero el poder puede obtenerse dentro y fuera del partido. Cuando los integrantes poseen poder, influyen en las decisiones políticas, administrativas y electorales del partido. En este sentido, las decisiones políticas se refieren a las estrategias que el partido debe seguir ante la competencia electoral. Las administrativas se refieren a la organización interna, presupuesto y cómo el partido actúa en los medios de comunicación. Las decisiones electorales se enfocan en cómo actúa el partido en una elección local, estatal o federal [2]. Además de la consecución de unos ideales que podrían plasmarse por la conquista del poder político en un determinado ámbito territorial, el partido también posibilita a sus miembros, real o idealmente, la consecución de poder personal, prestigio, posición política, recursos económicos, lo que indudablemente afecta a las pretensiones de los dirigentes. Cualquier análisis que se haga del funcionamiento interno de un partido político no puede desconocer esta doble dimensión.

La experiencia histórica indica que todo lo anterior favorece un campo de cultivo que tiende a degenerar en una suerte de “patología organizativa” que ya fue descrita desde un punto de vista teórico hace un siglo por MICHELS[3], al plantear que en todo partido político, sobre una base democrática inicial, termina surgiendo -aun cuando no exista una pretensión consciente y deliberada- un poder oligárquico fundado a partir de la consolidación de un liderazgo considerado necesario desde un punto de vista electoral. Más tarde, cuando esa oligarquía ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, los líderes comienzan a identificar consigo mismo, no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido y se consolidan dos fenómenos íntimamente vinculados entre si: la jerarquía y la burocracia, que son incompatibles, por naturaleza, con una toma de decisiones de carácter democrático. Surge pues una tensión constante que a lo mejor en otros momentos históricos no ha sido preciso resolver, pero llegados a este punto resulta inevitable afrontar.

Así, ahora, en España, si bien por imperativo constitucional los partidos políticos han de tener una configuración democrática, en la práctica se confirma el proceso que hemos descrito antes y, como resulta evidente al escuchar muchas de las propias declaraciones de sus responsables, los procesos de toma de decisiones son en su mayor parte verticales y el reclutamiento entre sus miembros de quienes van a realizar funciones de liderazgo se realiza mediante procesos de cooptación en donde con frecuencia la lealtad personal y la dependencia prima sobre el mérito.

En su seno existe más una democracia interna formal o semántica que real o efectiva, y esta situación, que cada vez resulta más obvia para los electores respecto de los partidos tradicionales, ha producido una creciente crisis de confianza que afecta a su rol como intermediarios entre el ciudadano y el poder al que hacíamos referencia al inicio de este artículo.

 

La cambiante relación entre los partidos políticos y la sociedad en la que actúan.

 

La sociedad ha evolucionado mucho en nuestro país desde la transición de 1978 y su mayor madurez democrática resulta cada vez más incompatible con una forma de funcionamiento que ha quedado obsoleta. Y ello, aunque suene paradójico, probablemente no sea sino una consecuencia del éxito del sistema democrático que estos partidos han protagonizado durante los últimos cuarenta años.

Una situación parecida aconteció a principios del siglo XX, cuando el sistema de partidos de corte clientelar y caciquil que conseguido dar respuesta a las necesidades de la sociedad española del último cuarto del siglo XIX, y que había tenido éxito en la pacificación del país tras casi setenta años de guerras civiles, se vio superado por la propia evolución de la sociedad y no pudo dar respuesta a los desafíos derivados de la incipiente industrialización del país y de la auténtica posición de España en el nuevo orden internacional que se estaba formando. El fracaso en la capacidad de regeneración de los partidos políticos que protagonizaron la Restauración, afectó a su papel de intermediación entre la ciudadanía y el poder y, de manera natural, fueron sustituidos en las preferencias de los electores por nuevos partidos de corte mucho más radical (comunistas, fascistas, anarquistas), con resultados de todos conocidos[4].

Así pues, ante un cambio del paradigma vigente en la sociedad en la interaccionan, se hace imprescindible transformar el funcionamiento interno de los partidos -y con esto hago referencia tanto a los partidos que protagonizaron la transición como a los partidos de nuevo cuño pero que funcionan con dinámicas semejantes-, para que puedan seguir representado válidamente el papel que tienen atribuido.

 

Las elecciones primarias como un instrumento de democracia interna.

 

Dentro de este orden de cosas, en los últimos tiempos se ha hecho especial hincapié en la introducción de elecciones primarias en la elección de los candidatos de los partidos para concurrir en representación de su partido en los procesos electorales.

Originalmente, las elecciones primarias surgieron en los Estados Unidos de América promovidas por el Movimiento Progresista como un intento de reforzar la autonomía de los candidatos presidenciales frente a la creciente influencia que en su nominación dentro de cada partido habían alcanzado los “tycoons” surgidos con la explosión del capitalismo corporativo acontecida en el último cuarto del siglo XIX que había herido de muerte aquella utópica república de pequeños propietarios agrícolas que tan bien había descrito TOQUEVILLE en su obra “La Democracia en América”.

Siendo LA FOLLETTE Gobernador de Wisconsin fue aprobada la primera ley de primarias  en 1904[5] como sustituto de las precedentes y manipulables causcus o asambleas; pero parece que fue con TEOHODORE ROOSEVELT cuando se asumió este sistema durante el proceso previo a las elecciones presidenciales de 1912 en el seno del partido republicano, si bien la resistencia de la jerarquía del partido al nuevo modelo hizo que, a pesar de todo, fuera nominado como candidato WILLIAM H. TAFT, provocando una escisión al crear Roosevelt el Partido Progresista y, a la postre, que los demócratas ganaran las elecciones por la fragmentación del voto republicano. Sin embargo, no fue hasta 1968, cuando en la Commission on Party Structure and Delegate Selection (Comisión McGovern-Fraser) se establecieron una serie de recomendaciones para mejorar el procedimiento de elección de los candidatos presidenciales, lo que facilitó su consolidación y generalización. Desde 1976, todos los candidatos presidenciales de los partidos democrata y republicano han sido elegidos por este procedimiento, aunque algunos estados mantienen aún el viejo sistema de “causcus”.

A través de este sistema, son los electores del propio partido y sus dirigentes, los encargados de elegir a los delegados que luego, en la convención, decidirían al candidato que representaría al partido en la carrera a la presidencia. Actualmente el mecanismo se ha extendido también para la nominación para las candidaturas a otros procesos electorales como, por ejemplo, las elecciones al Congreso o al Senado en muchos Estados de la Unión.

En tiempos recientes, diversas iniciativas inspiradas en este modelo y bajo la denominación de “elecciones primarias” se han utilizado en Argentina, Honduras, Chile, Venezuela y, últimamente en España, si bien las diferentes características de los sistemas electorales de cada uno de ellos hacen que el procedimiento empleado sea distinto y los resultados dispares. Sobre estos ensayos  ROGER SENSERRICH ha publicado numerosos e ilustrativos artículos en el blog Politikon.

En cualquier caso, no debemos olvidar que la introducción de mecanismos de elecciones primarias no es un fin en si mismo, sino tan solo un mero instrumento que, en combinación con otros (mayor transparencia, modificaciones en el sistema electoral, una firme autoexigencia ética de sus miembros, aprovechamiento de las nuevas tecnologías para favorecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, etc) pueda paliar la “patología organizativa” que hemos comentado y, así, los partidos políticos recuperen la confianza perdida de los electores.

En cualquier caso, la adaptación de este instrumento al sistema electoral y de partidos español es compleja pues se trata de implantar un sistema orientado a elegir a un único candidato a un modelo en el que se eligen simultáneamente a varias personas en una lista cerrada.

Además, implica riesgos como abordar una aplicación errónea o perversa del modelo que terminaría desvirtuando su finalidad o hacer que surjan efectos secundarios contraproducentes.

Por un lado, en partidos de nueva creación o con una militancia pequeña, existe el riesgo de que una manipulación del censo por determinados actores pueda pervertir el resultado al practicarse sobre la base de un cuerpo electoral pequeño. Por ese motivo, parece discutible que teniendo en cuenta la fragmentación municipal española, salvo cuando se trata de lugares con una militancia relevante, este sistema sea adecuado para elegir a los candidatos más idóneos para concurrir en las elecciones municipales en representación  de un partido.

Por otro, en los partidos en donde existe una centralización importante, la introducción  de este sistema puede resultar fácilmente desvirtuada por el establecimiento de exigencias de casi imposible cumplimiento si no se tiene el control o el apoyo de la jerarquía de la organización (número de avales excesivo, listas multitudinarias mínimas,  prestación de fianzas económicas cuantiosas, etc…), o también mediante la ausencia de imparcialidad durante el proceso (utilización por parte de una candidatura de los medios propios del partido para hacer campaña interna, creación de obstáculos a la difusión entre la militancia del mensaje de los candidatos no próximos a la jerarquía de la organización, apertura de expedientes disciplinarios por causas banales, etc…).

Existe también el riesgo de que se utilice este instrumento, no como un medio de democracia interna, sino como una sistema de resolución de conflictos entre facciones a través del cual el ganador del proceso de primarias lo gana todo y el perdedor, aunque haya sido respaldado por una parte relevante de la militancia queda condenado al ostracismo.

En España, con el caso de UPyD hemos tenido un ejemplo reciente de los devastadores efectos que puede causar una utilización perversa de las elecciones primarias. Este partido en sus orígenes parecía tener una vocación de funcionamiento interno profundamente democrática y a él se incorporaron muchas personas desencantadas con las dinámicas vigentes en los partidos tradicionales. Según los estatutos del partido, tanto la elección de los cabezas de lista por cada circunscripción, como los miembros de los Consejos Territoriales son elegidos directamente por la militancia.

Sin embargo, durante su relativamente corta existencia apenas han existido procesos electorales internos que hayan sido pacíficos. La injerencia de la Dirección nacional  ha sido una constante y los miembros que se han presentado en listas alternativas a las apoyadas desde la jerarquía,  han sido -por regla general y sin entrar en detalles-ninguneados dentro de la organización, eso cuando no han tenido que salir del partido de una manera u otra. La primera consecuencia práctica de esta forzada neutralización de unos instrumentos diseñados para garantizar la democracia interna resultó en desencanto creciente y una gran rotación de afiliados con la consiguiente fuga de talento, de tal manera que tan solo cinco años después de su nacimiento, el partido contaba con más del doble de ex-afiliados que de afiliados en activo; la segunda consecuencia ha sido su descalabro electoral y descomposición interna.

Es posible que en el caso de un partido más grande y consolidado, que ejerce un poder territorial e institucional importante, la existencia de redes clientelares puede atemperar desde el punto de vista de la estabilidad interna, el efecto del desencanto derivado de esta utilización meramente cosmética de las elecciones primarias. Sin embargo, a la larga, calará en el electorado la idea de que nada ha cambiado y que se le quiere engañar una vez más.

 

Conclusión

 

De lo anterior podemos concluir que conseguir una más sólida democracia interna en los partidos es un elemento imprescindible, no el único, para conseguir restituir la confianza de la ciudadanía en el papel que los partidos políticos desempeñan como instrumento esencial de participación política en nuestro sistema democrático.

Las elecciones primarias han sido un instrumento que ha resultado útil en otros escenarios y también pueden serlo aquí, siempre con la vocación de mejorar esa democracia interna con la finalidad última de restaurar esa complicidad entre el elector y su representante institucional que justifica el papel instrumental de los partidos políticos en una democracia madura

Pero su utilización también exige un estudio previo que tenga en cuenta las limitaciones del propio modelo en su adaptación a nuestro sistema electoral y los condicionantes derivados de las propias circunstancias de cada partido, evitando utilizarlas de manera espuria o meramente cosmética.

 

[1]          SARTORI, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1980.

[2]             WEBER, Max, “Tipos y estructuras de partidos”, en Lenk, Kurt y Neumann, Franz (coords.), Teoría y sociología critica de los partidos políticos, Anagrama, Barcelona, 1980, p. 299

[3]             MICHELS, Robert, Los partidos políticos, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1969. pag, 69

[4]             Varela Ortega, José “Introducción a la obra de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo” Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 2011 (pags. 46 a 49)

[5]             Bosch, Aurora: Historia de Estados Unidos (1776-1945), Ed. Crítica, Barcelona, 2005. pag 330