Partidos políticos y bloqueo institucional: reproducción de la Tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Reconozco que es con una cierta fatiga –similar, imagino, a la de muchos lectores- con la que, una vez más, apunto unas reflexiones para intentar encontrar una explicación racional a la cada vez más absurda situación de bloqueo institucional que vivimos en España desde hace ocho meses, con amenazas de filibusterismos varios y de terceras elecciones inclusive. Porque más allá de las vicisitudes concretas del culebrón veraniego que nos están ofreciendo nuestros representantes, la realidad es que los partidos políticos españoles no consiguen ponerse de acuerdo para que se pueda formar Gobierno. Y no lo consiguen pese a la existencia de una seria amenaza de quiebra institucional y democrática en Cataluña por la vía del independentismo, a la posible reacción (aunque sea en diferido) de la Comisión Europea ante el incumplimiento del déficit o a la evidencia de la necesidad de grandes reformas estructurales para enfrentarnos al incierto futuro con garantías de éxito.  Para colmo del despropósito, resulta que, según el partido que aspira a encabezar el Gobierno, las diferencias programáticas con los partidos cuyo apoyo solicita no son demasiado grandes: de hecho, resulta ahora que en el fallido acuerdo de Gobierno PSOE-Ciudadanos han encontrado muchas propuestas rescatables. Eso sí, es imprescindible que las rescate precisamente Mariano Rajoy y no otro candidato del PP. El problema es que para el PSOE y Ciudadanos estas propuestas ya no son válidas precisamente si las lleva a cabo un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.  Y ahí estamos.

Cuando hace ya tres años participé junto con Luis Garicano, Cesar Molinas y Carles Casajuana en una iniciativa para recabar el apoyo ciudadano con la finalidad de regenerar la vida política española, elegimos centrarnos en un solo problema. Después de algunas conversaciones, coincidimos en identificar el que nos parecía esencial: el mal funcionamiento de los partidos políticos. Así surgió el Manifiesto de los 100, en el que pedíamos una serie de reformas para impulsar la democracia interna y los mecanismos de rendición de cuentas y selección de  líderes.  El manifiesto tuvo un éxito muy moderado (de hecho, conseguimos solo 25.000 firmas de los ciudadanos) no sólo debido a la poca experiencia de los promotores sino, en mi opinión, a la escasa preocupación de los españoles por algo que sin duda les parecía muy alejado de sus problemas cotidianos. Probablemente hoy este mismo Manifiesto conseguiría muchas más adhesiones, sencillamente porque el paso del tiempo nos ha dado la razón de una forma que entonces no podíamos sospechar. Cabe afirmar que si padecemos esta situación de bloqueo institucional es sencillamente porque nuestros partidos políticos no funcionan bien. O más bien, como diría Cesar Molinas, porque funcionan rematadamente mal, de manera que no son ni siquiera capaces de cumplir con la primera de sus obligaciones, que es la de garantizar que haya un Gobierno surgido de la voluntad del Parlamento.

Efectivamente, a día de hoy, lo que hay en España es una democracia representativa parlamentaria, es decir, una democracia en la que el Presidente del Gobierno es elegido por el Parlamento, debiendo para ello obtener el número suficiente de votos en la correspondiente sesión de investidura. Esto es al menos lo que dicen nuestros textos legales, empezando por la Constitución, y lo que entienden los expertos. Pero -como en tantos otros ámbitos- al margen de esta “realidad oficial” se ha desarrollado otra  “extraoficial”  extraordinariamente potente que funciona de forma muy distinta, por cortesía de los partidos políticos españoles desde prácticamente el comienzo de la Transición. En esta realidad lo que hay es un pseudo caudillismo de partido, lo que supone que lo único que importa políticamente es lo que decide el líder de un partido o, como mucho, el líder y su camarilla. La falta de neutralidad y profesionalidad de unas instituciones .empezando por el Parlamento- que han sido sistemáticamente ocupadas por los partidos, unida a la tolerancia de los medios de comunicación de masas y a la indiferencia de la ciudadanía ha hecho el resto.

Claro está que mientras la realidad oficial y la extraoficial han sido compatibles –básicamente en la época del bipartidismo, donde con mayorías absolutas o con partidos nacionalistas era fácil alcanzar acuerdos para formar Gobierno – las disfunciones no eran tan evidentes. Pero ha bastado la ruptura del modelo tradicional para que estemos contemplando con toda su crudeza el anómalo funcionamiento de nuestros partidos políticos. El problema básicamente se podría reducir a uno: la total irresponsabilidad de sus líderes por las decisiones que toman. Hasta el punto de que en España se puede hablar tranquilamente de unas terceras elecciones en un año con los mismos candidatos sin que nadie saque la conclusión obvia de que nuestros representantes lo que pretenden es traspasarnos una vez más las consecuencias de su irresponsabilidad –con los consiguientes costes- para que les salga gratis. Porque eso es en definitiva lo que supone apelar a los electores para que sean ellos los que castiguen en las urnas a los candidatos fracasados, sabiendo que, en realidad, no tienen demasiadas posibilidades de hacerlo por lo menos con el actual sistema electoral. Y en último término, serán los propios líderes del partido de turno los que interpreten los resultados electorales y ya sabemos lo sesgada que suele ser esa interpretación.

Por otro lado, si miramos a otras democracias de nuestro entorno podremos comprobar hasta qué punto el bloqueo institucional que padecemos es consecuencia de este aberrante funcionamiento de nuestros partidos. Ciertamente, la campaña del Brexit es un buen ejemplo de lo que una democracia de calidad debe evitar,  pero la actuación del partido conservador después del resultado demuestra claramente que la sustitución de un líder irresponsable no es ningún problema en una democracia parlamentaria si los partidos políticos funcionan razonablemente. Theresa May ha sido elegida sin ningún tipo de trauma interno y con mucha rapidez en sustitución de un David Cameron que había ganado las elecciones no hacía mucho tiempo y por mayoría absoluta. Por el contrario, desprenderse de un Presidente de Estados Unidos o de una Presidenta de Brasil como Dilma Roussef que son elegidos directamente por los ciudadanos (incluso cuando median escándalos graves de corrupción) no es tan sencillo: se requiere de un complejo procedimiento de “impeachment”. En definitiva, se trata de modelos muy distintos al nuestro. El Presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos, es elegido por el Parlamento por lo que no debería haber ningún problema en sustituir al candidato de un partido si, por ejemplo, no es capaz de conseguir ser elegido y hay un candidato alternativo del mismo partido que sí lo conseguiría.

Pero como ya hemos dicho, nuestro modelo se acerca más en la práctica como un modelo presidencialista  pero sin el “plus” de legitimidad democrática que otorga la elección directa de un Presidente por parte de la ciudadanía. Conviene insistir que esta anomalía deriva no de un defecto intrínseco a las democracias parlamentarias sino del mal funcionamiento de nuestros partidos políticos y, en particular, de su falta de democracia interna, de “checks and balances” y de rendición de cuentas. De ahí nace la dificultad de sustituir a sus  líderes por candidatos alternativos por motivos obvios tales como perder elecciones, perder escaños, no conseguir llegar a acuerdos con otras fuerzas para formar un Gobierno, amenazar con nuevas elecciones, estar salpicados por casos de corrupción, saltarse los Estatutos de su partido o los que ustedes prefieran añadir a la lista.

Como verán, no andábamos tan desencaminados cuando consideramos que la palanca que podía servir para elevar la calidad de nuestra democracia representativa exigía mejorar el funcionamiento de nuestros partidos. Hoy, con la palanca atascada, esta necesidad es perentoria. Si creemos que el mejor sistema de gobierno una democracia parlamentaria, tenemos que saber también que necesitamos partidos políticos que funcionenn y que sean capaces de depurar las irresponsabilidades o/y las limitaciones políticas de sus líderes sin delegarnos una tarea que no nos corresponde y para la que carecemos de herramientas adecuadas. Si no lo entienden así, es más que probable que muchos electores se cuestionen su necesidad. Y entonces tendremos un problema todavía mayor.

 

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Los programas electorales: entre la realidad y la ciencia ficción

Los ciudadanos decidimos nuestro voto en unas elecciones generales como las que acabamos de vivir en función de múltiples factores. Simplificando, podemos diferenciar dos grandes grupos: aquellos ciudadanos que votan siguiendo unos criterios estrictamente “racionales” y el resto, que tiene en cuenta además factores de carácter “emocional”. Dentro de ese (gran) resto, estarían aquellos que votan por un sentimiento de pertenencia a un partido o ideología, o los que votan por castigar al que ha gobernado en los últimos años, o aquellos que votan por miedo a que salga una determinada opción política, o por puro hartazgo, etc, etc.

El abanico es verdaderamente amplio, pero volviendo a los criterios racionales decisivos en la intención de voto, hay tres factores que cobran especial relevancia: el candidato, el partido político y el programa electoral. Este post lo vamos a centrar en este último factor, el programa electoral, con el que un partido político se presenta a unas elecciones y donde se declaran los valores que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno, en el caso de llegar a él.

La Fundación Transforma España ha realizado un decálogo sobre los programas electorales que aporta una visión sobre los elementos que deben ser considerados en su elaboración para incrementar la credibilidad, solvencia, calidad y comprensión de los mismos. En el marco de ese proyecto, llevaron a cabo un sondeo de opinión ciudadana sobre los programas electorales que arroja unas conclusiones interesantes.

La encuesta promovida por la Fundación Transforma España confirma que existe un bajo porcentaje de lectura de programas electorales, ya que únicamente 4 de cada 10 ciudadanos afirma leerlos antes de ejercer su derecho a voto. No obstante, más del 80% de los encuestados considera los programas muy importantes o bastante importantes, siendo el elemento decisorio de voto en el 50,3% de los casos.Además, solo el 0,2% de los encuestados cree que las promesas electorales se cumplen, a pesar de que el incumplimiento de los proyectos de gobierno merma la confianza de los ciudadanos en el sistema político, valoración en la que coincide más del 93% de los encuestados.

Incurrimos por tanto en una aparente contradicción: la mayor parte de los ciudadanos otorga importancia a los programas electorales y de hecho la mitad los considera un elemento decisorio en su intención de voto. Sin embargo, menos de la mitad los lee y para rematar, prácticamente nadie se los cree. Damos por descontado que los partidos políticos van a incluir en sus programas electorales medidas más propias de la ciencia ficción que de la realidad…Parece por tanto que damos más importancia al “continente” que al “contenido” y la repercusión mediática del programa electoral de Podemos en las últimas elecciones generales lo refleja a la perfección: se habló más del formato del programa, por su estilo a lo catálogo de Ikea, que de las propias medidas incluidas en el documento.

¿Se puede revertir esta situación de la alguna forma? El 80% de los ciudadanos encuestados en el marco del estudio de la Fundación Transforma España afirma que los programas electorales deberían ser auditados por entidades independientes. La evaluación, por parte de organizaciones independientes, del coste que supondría las medidas propuestas por los diferentes partidos políticos contribuye a la transparencia y viabilidad de los proyectos de gobierno.

Se trata de una medida que ya se pone en práctica en un país europeo y no es Dinamarca, que es la referencia habitual en buenas prácticas de regeneración democrática. En este caso hablamos de Holanda.

La Oficina Holandesa para Análisis de Política Económica (CPB), es un organismo público independiente que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos. Desde 1986, antes de la celebración de elecciones generales, el organismo elabora una publicación (se denomina “CharteredChoices”) en la que se analiza la viabilidad económica de las diferentes medidas que incluyen los programas electorales. Para poder elaborar su estudio (realizan un análisis exhaustivo de los ingresos e impactos económicos de las medidas que incluyen los programas electorales), los partidos políticos holandeses remiten voluntariamente a la CPB toda la información que necesitan(de forma extremadamente detallada por cierto).

En la última publicación, que analiza las propuestas de la legislatura 2013-2017, se analizaron los programas electorales de casi todos los partidos políticos (de diez en concreto) que concurrieron a las elecciones. Por si tienen curiosidad, el capítulo de conclusiones está traducido al inglés y se puede descargar en su página web.

El análisis de la Oficina Holandesa juega un doble papel muy relevante: antes de las urnas, evita que los partidos políticos caigan en la tentación de incluir en sus promesas electorales propuestas irrealizables (desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta la situación del país y sus perspectivas de crecimiento) y después de las urnas, sirve de base para las negociaciones de los partidos de cara a formar una coalición de gobierno. Este organismo desempeña este papel clave porque ciudadanos, partidos políticos y los propios medios de comunicación reconocen su independencia y su elevado nivel de especialización en la materia.

En nuestro país, el organismo más parecido a la CPB Holandesa sería la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Llama la atención que el organismo que dirige José Luis Escrivá hayapresentado recientemente ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden Ministerial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 1 de julio de 2015, por la que considera que el Ministerio vulnera su autonomía e independencia.Este tipo de noticias escasean bastante en España, donde de entrada, nos cuesta pensar en un organismo público independiente del poder político.

Como conclusión, pensamos que la evaluación de la viabilidad económica de las propuestas electorales merece cuanto menos una reflexión y  quizás podamos encontrar un ente independiente no necesariamente público o dar una oportunidad a la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha dado muestras de su independencia tras su conflicto con el Ministerio al que está adscrita. Desde luego, cosas más irreales hemos leído en los programas electorales….

Populismo y democracia: no solo el Brexit

El resultado del referéndum británico resulta tan absurdo y sorprendente desde todo punto de vista, que no han faltado quienes quieren cargar las culpas en la propia institución del referéndum, pretendiendo acercar así el ascua a su sardinilla a las primeras de cambio. “No se puede someter la decisión de cuestiones complejas y trascendentes a consulta popular”, nos dicen. “La democracia representativa presenta ventajas incuestionables frente a los peligros de la democracia directa en las sociedades plurales”, nos aclaran. Puede que sí -cómo negarlo a estas alturas- pero pretender que el único responsable de este monumental lío es el Sr. Cameron y su cuestionable querencia por los referendos, es poner el punto de mira en un lugar completamente equivocado.

No, más bien al contrario: el problema está precisamente en el monumental deterioro de la democracia representativa que estamos padeciendo en Occidente desde hace más de un siglo, pero que se ha agravado exponencialmente en los últimos tiempos. En 1774, Burke era capaz todavía de decir a sus electores de Bristol que un representante político traicionaría a sus electores si sacrificaba su propio juicio a la opinión de aquellos. En definitiva, que él no estaba ahí para servir de correa de transmisión de los prejuicios de sus electores, sino para defender sus intereses tal como él los entendía. Eso sí, prometía no engañarles y decirles en todo momento la verdad.

Pero ya a principios del siglo XX esta concepción había pasado a la historia tanto en el Reino Unido como en EEUU, como recuerda el famoso caso Scopes (1925), por el que al amparo de una ley estatal de Tennessee que prohibía enseñar la teoría de la evolución en las escuelas públicas se pretendió condenar a pena de prisión a un profesor de secundaria. Lo verdaderamente significativo es cómo esa ley terminó promulgándose a través de un sistema de democracia representativa. Redactada por un granjero y apoyada por toda la comunidad rural del Estado, los congresistas la aprobaron convencidos de que el senado del Estado la rechazaría, los senadores hicieron lo propio pensando que el gobernador del Estado la vetaría, y el gobernador la sancionó pensando que nunca llegaría a aplicarse en la realidad.

Este ilustrativo ejemplo de traslación del prejuicio como consecuencia de la delegación de la responsabilidad de los representantes políticos por  motivos electorales se lleva repitiendo desde entonces con descorazonadora frecuencia y, en los últimos tiempos, ha tenido como principal víctima a la Unión Europea. A modo de muñeco silente, se le ha atizado de lo lindo, delegando en ella la propia responsabilidad  por todo lo malo que la respectiva política representativa nacional no estaba dispuesta o a asumir o afrontar por sí sola,  alegando en unas ocasiones pasividad e ineptitud y en otras, de forma un tanto paradójica, un intervencionismo cuasi dictatorial. Se acusa a la UE de déficit democrático, y sin duda adolece de él. Pero ese déficit ha sido conscientemente buscado por nuestros representantes políticos con la finalidad de que el muñeco permaneciese siempre inerme. Ahora, en tiempos de crisis, empiezan a apreciarse las felices consecuencias de esa política.

Como afirmó con rotundidad Paul Bocuse (uno de los creadores de la nueva cocina) al ser interrogado por las virtudes de la refrigeración, “si usted congela mierda, no espere descongelar otra cosa”. Pues eso, nuestras democracias representativas llevan congelando mierda durante décadas, sin atreverse a discutirla, eliminarla o procesarla, y, cuando tras esta crisis económica se inician los correspondientes procesos de descongelación, en forma de elecciones o referendos, no podemos esperar encontrar otra cosa.

Obviamente, no ocurre solo con relación a la UE. Está pasando también al otro lado del Atlántico, tras décadas de irresponsabilidad del Partido Republicano. La mentira, la adulación, la simplificación y la delegación de la responsabilidad no han convertido al electorado en exigente y responsable, sino solo en indócil. Menudo descubrimiento. Ya identificó Ortega el problema hace 85 años: “el nuevo hombre (…) en el fondo de su alma desconoce el carácter artificial, casi inverosímil, de la civilización, y no alargará su entusiasmo por los aparatos hasta los principios que los hacen posibles”. El no haber sido capaz de demostrar la frágil vinculación entre prosperidad y civilización va a quedar para siempre en el debe de esta generación de políticos europeos y americanos.

En esta jornada electoral no podemos dejar de volver la vista a España, para descubrir males casi peores.  El proceso de congelación llevado a cabo por el PSOE y el PP durante las últimas décadas ha sido colosal. Nos hablaban de democracia a la europea, mientras construían un sistema clientelar profundamente corrupto que ha puesto en peligro la supervivencia de nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, parece que la indocilidad del electorado no fuese con ellos, sino con un extraño cometa que cruzase el sistema solar. Nos piden que reaccionemos frente al populismo arrojándonos de lleno en sus causas; es decir, nos piden que para pararlo les votemos. No cabe mayor paradoja.

Hoy aparecen nuevos partidos para cubrir las deficiencias de los viejos (que son muchas, nadie lo duda) pero deberíamos fijarnos con cuidado en la mercancía que pretender vendernos, no sea que adolezca exactamente de los mismos defectos de simplificación y adulación que nos han traído hasta aquí. Por eso, para saber si van a ser como los que nos han gobernado, solo deberíamos fijarnos en su retórica. Si nos prometen el maná pero no explican de manera convincente de donde van a salir los recursos para pagarlo, si un día dicen una cosa y al siguiente la contraria, si demuestran mucho interés por el fondo, pero escasa por la forma en la que consiste la civilización, no son del tipo Burke, precisamente.

No soy un ingenuo. La íntima tensión entre democracia y verdad ha preocupado a los más grandes filósofos desde Platón a Foucault. Es de solución compleja, sin duda. Pero si queremos progresar un poco para salir de este lío en el que nos hemos metido, es precisamente ahí donde debemos mirar, y no en los inconvenientes de los referendos, el déficit democrático de la UE, el populismo, la globalización, el carácter viejo o nuevo de los partidos o el problema de la inmigración descontrolada. Los problemas de la democracia no se solucionan siempre con más democracia, pero sí con mejor democracia.

Floridablanca, un proyecto para la regeneración del centro-derecha en España

El pasado 20 de diciembre, los españoles transmitieron un mensaje de cambio que no tenía precedentes en nuestra reciente historia democrática. Durante toda la etapa que inaugura la Constitución de 1978, el centro-derecha (fuese como UCD o como PP) y el centro-izquierda  (PSOE) se habían alternado en el poder sustentados bien por mayorías absolutas o bien por acuerdos estables o puntuales con fuerzas minoritarias que dotaron de estabilidad a los sucesivos gobiernos de la nación. Sin embargo, los resultados de las últimas generales presentaban un nuevo escenario en el que ninguno de los bloques ideológicos podía construir por sí solo una mayoría, obligando a los distintos partidos a llegar a grandes acuerdos o a admitir su imposibilidad llamando a los ciudadanos a una nueva convocatoria electoral.

La irrupción de nuevos partidos políticos en el Parlamento, por más que los dos llamados “tradicionales” continuasen siendo las dos fuerzas más votadas, constituía el síntoma más claro de la voluntad de renovación política que había calado en amplios sectores de la sociedad española. El Partido Popular perdía más de tres millones y medio de votos (más de un tercio de su fuerza parlamentaria), mientras que el PSOE cosechaba los peores resultados de la etapa constitucional. Este resultado no fue sorprendente y no cogió a nadie desprevenido, pues se vino anunciando en las sucesivas elecciones que se han celebrado en España desde 2011. Algo estaba cambiando en las preferencias electorales de muchos ciudadanos, pero ni PP ni PSOE estaban dando respuestas a esas demandas.

Ante ésa situación, tras las elecciones europeas de 2014 un grupo de jóvenes profesionales decidimos fundar la Red Floridablanca. Nos preocupaban dos cosas: por un lado, la batalla de las ideas ya que entendíamos que se estaba renunciando a darla desde el Partido Popular que en los últimos años había renunciado a elaborar un discurso integrador, moderno y reconocible para el electorado del centro-derecha en su conjunto. El PP, sobre todo a partir de 2008, había dejado de ser el punto de encuentro de las diferentes familias ideológicas que están a la derecha de la izquierda (conservadores, liberales, democristianos, centristas). Por otro, percibíamos la necesidad de renovación interna en una estructura que se estaba alejando cada día más de la sociedad, que se había ido cerrando y anquilosando progresivamente, de forma que cada vez era percibida de una forma más negativa, especialmente por los jóvenes. Asistidos por un consejo asesor con figuras de reconocido prestigio, nos pusimos a trabajar para revertir aquello que nos preocupaba: la renovación del centro-derecha.

En primer lugar, la renovación ideológica debía venir a través de una pedagogía de las ideas que hacemos sobre todo a través de nuestra página web redfloridablanca.es un portal de actualización diaria en el que publicamos artículos, vídeos y tips en los que explicamos cuáles son las ideas liberal-conservadoras, por qué estas son mejores que las ideas de izquierdas y quiénes son los principales referentes ideológicos del centro-derecha. Queremos explicar a la gente qué es ser liberal-conservador y por qué merece la pena defender estas ideas para el presente y el futuro de España.

Puesto que somos conscientes de que en política las ideas se defienden a través de los partidos, también nos hemos centrado pedir la renovación del principal partido de centro-derecha en España, el Partido Popular.  La falta de democracia interna de la formación ha impedido hasta ahora que el PP se renueve a sí mismo, poniendo en riesgo su supervivencia como partido mayoritario. Nadie se explica que acumulándose los resultados electorales negativos y conociéndose la demanda actual de los ciudadanos de partidos transparentes y participativos, el PP se haya cerrado a emprender su propio proceso de regeneración. Es muy difícil de explicar que no se quieran cambiar ciertos hábitos de funcionamiento que no resisten los mínimos estándares democráticos. Tampoco se explica la parálisis ideológica en la que ha caído un partido que en su día fue la vanguardia del reformismo. Ni tampoco que no se haya sido más firme y contundente con un problema tan grave como la corrupción, que ha minado la confianza de la sociedad en los políticos durante los últimos años. En Floridablanca creemos que todas estas razones hacen necesario emprender sin más dilación el proceso de renovación del PP: Es el momento oportuno y es posible hacerlo.

¿Cómo? A través de la convocatoria de un Congreso extraordinario abierto, como prevén los estatutos del propio Partido Popular. Creemos que un congreso abierto bajo la fórmula “un militante – un voto” es el primer paso   para iniciar la renovación del centro-derecha (ideas, equipos y programa). En este sentido, hace unos días lanzamos una petición abierta a firmas en nuestra página web a la que invitamos a sumarse a todos aquellos simpatizantes y militantes que quieran la renovación del PP. Sabemos que eso solo puede hacerse contando con todos, a las bases (afiliados, simpatizantes) y a los dirigentes, a apoyar esta necesaria iniciativa de regeneración. Debemos reconquistar a todos aquellos que se han ido, construyendo otra vez la casa común del centro-derecha español. Un Partido Popular renovado y moderno, con un proyecto político claro e identificable y capaz de proyectar ilusión, es por lo que nacimos y seguimos trabajando en la Red Floridablanca.

¿De derechas o de izquierdas? Reproducción de la Tribuna de “El Mundo” de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Me comentaba un amigo mío, experto en la materia, sobre la tan anhelada reforma del sistema educativo español que lo importante no era quien la hiciera, sino que se hiciera de una vez. He recordado esta anécdota a raíz de las primeras declaraciones de los líderes de Podemos sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE-C’s (que suponemos se habrán leído) ya que al parecer hay una «regeneración de derechas» y otra «de izquierdas», en función del partido que pretenda ponerla en marcha, incluso aunque las medidas concretas coincidan y estén recogidas en los respectivos programas electorales. Así parece que suprimir aforamientos o diputaciones es de derechas si lo propone Ciudadanos, pero es de izquierdas si lo propone Podemos, siendo incompatibles no ya las propuestas sino los partidos. O bien resulta que estas medidas de lucha contra la corrupción por las que clama literalmente la sociedad española (la corrupción es el segundo problema para los españoles según el último barómetro del CIS) son «secundarias» y no merece mucho la pena detenerse en ellas. En fin, creo que este tipo de discursos demuestra el trecho que todavía le queda a nuestra clase política para acomodarse a la nueva situación y a los cambios que quiere la sociedad española, empezando por el más evidente: que los partidos se pongan de acuerdo en las cuestiones fundamentales.

Esta actitud resulta especialmente llamativa en un partido nuevo y que ha denunciado con claridad y eficacia la corrupción y el clientelismo político, pese a lo cual va a coincidir con el PP votando en contra de un acuerdo que sienta las bases para acabar con ambos. Que el líder del PP tenga la percepción de la realidad seriamente dañada no es una novedad, es lo que llevamos viendo desde el 20-D, pero que la pueda tener también la cúpula de Podemos da que pensar.

Quizá el problema es que los líderes de Podemos tienen -no sé si por juventud, por ideología o por ambas cosas a la vez- una fe en las personas que sinceramente no compartimos los que ya tenemos más años y conocemos de cerca el funcionamiento del poder. No creo que el problema de España sea el de cambiar de políticos; creo que hay más bien que cambiar la forma de hacer política, cambiando incentivos, valores e instituciones. No se trata de sustituir a los malos y corruptos gobernantes del PP por otros buenos y angélicos que representan «a la gente» suponiendo que, con los mismos incentivos y la misma falta de controles y de rendición de cuentas, se van a portar mucho mejor. De hecho, algunas actuaciones en los ayuntamientos «del cambio» recuerdan a la vieja política, como esos contratos ‘a dedo’ por 17.999 euros (a partir de los 18.000 euros hay que sacarlos a concurso).

En definitiva, no es razonable esperar comportamientos distintos si no cambiamos las reglas de juego. Quizá al principio los nuevos detentadores del poder resultan más comedidos, pero el comedimiento les suele durar poco (mi personal estimación es que al cabo de dos o tres meses el alto cargo ya está convencido de estar en posesión de la verdad y ha dejado de escuchar a los que le dicen lo que prefiere no oír). Porque si algo nos enseña la historia y la política es que cuando se puede abusar del poder con impunidad se hace, aunque sea persiguiendo los más nobles ideales. Y una lección esencial de esta crisis es quenecesitamos instituciones fuertes, controles y contrapesos que funcionen como en las democracias avanzadas, en las que -y no es casualidad- los efectos de la gran recesión no han sido tan demoledores. Nada nuevo bajo el sol. Ya decíaJames Madison en los ‘Federalist papers’ que hay que controlar a los que ejercen el poder, ya que como los hombres no somos ángeles «al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres y para hombres la gran dificultad estriba en esto: primero establecer un gobierno capaz de controlar a los gobernados y después que se controle a sí mismo».

Por esa razón es tan importante volver a colocar a las instituciones y a las reglas de juego por encima de las personas, y eso se aplica a todos los líderes políticos, incluidos los nuevos. En ese sentido, no es comprensible que se vote en contra de reformas que parecen muy sensatas no en función de su contenido sino en función de quien las propone. Ese tipo de comportamientos resulta un tanto infantil y presupone distinguir entre los buenos políticos (los propios) que son los únicos que representan a la «gente» y todos los demás, los malos políticos, que aunque propongan exactamente las mismas medidas que los buenos no son de fiar. Se ve que sus electores no son tan «gente» o por lo menos no son «buena gente». Pero en una democracia avanzada este planteamiento es demasiado simple. Hay que respetar a los electores de todos los partidos y evitar los murosque no llevan a ninguna parte, máxime cuando se pretende etiquetar ideológicamente cuestiones tales como la reforma electoral, la supresión del gasto político clientelar, las medidas anticorrupción, la lucha contra el capitalismo de amiguetes o la despolitización del Poder Judicial. Estas reformas no son de derechas o de izquierdas, son las reformas necesarias para limpiar el terreno de juego antes de que los equipos vuelvan a salir a jugar con sus colores de siempre o con otros nuevos: pero sin reglas trucadas.

Sinceramente, lo mismo que me cuesta saber a partir de una endodoncia si mi odontólogo es progresista o conservador, ya que lo que me importa es que me dejen de doler las muelas, también me cuesta calificar de «progresista» o «conservadora» una medida como la de suprimir los aforamientos para evitar la impunidad. Creo que oponerse a este tipo de medidas en función de quien las proponga es vieja política. Y no deja de ser curioso que Podemos y el PP se vayan a poner de acuerdo precisamente en torpedear una reforma en profundidad de nuestro sistema político que pretende acabar con el abuso del poder por parte de los partidos políticos y sus clientelas y la ocupación de las instituciones.

Otra cuestión destacable en la que coinciden Podemos y PP es en su obsesión por los cargos, los organismos y las leyes. Resulta que lo primero que unos y otros se ‘piden’ son los ‘sillones’, quién va a ir a qué ministerio o quién va a ser vicepresidente y qué organismos va a controlar. ¿De verdad piensa alguien que, sin cambiar las reglas ni los incentivos un todopoderoso vicepresidente de Podemos se diferenciaría mucho de una poderosa vicepresidenta del PP? Porque eso es lo que ha pedido Pablo Iglesias, tener el mismo poder que tenía o tieneSoraya Sáenz de Santamaría. No me refiero a la ideología, claro está, me refiero a algo que es más importante: se trata de la forma de ejercer el poder. Un poder sin límites, ni contrapesos y sin rendición de cuentas tiende a la arbitrariedad. Claro está que Pablo Iglesias pensará que en su caso la arbitrariedad es necesaria para hacer el bien, mientras que la todavía vicepresidenta en funciones lo ha empleado para hacer el mal. Pero de nuevo la edad y las lecturas le curan a uno de estos espejismos: ya recordaba Burke que en una democracia no puede haber poder arbitrario. Que es otra forma de decir que el fin no justifica los medios.

Como jurista me llama especialmente atención la querencia por el BOE que demuestra Podemos, depositando una confianza casi mágica en la producción legislativa como forma de cambiar la realidad, y eso que no tienen abogados del Estado en sus filas. Confianza que carece de fundamento en un país que padece de hiperinflación normativa, donde abundan las leyes -y sentencias- que sistemáticamente se incumplen por quienes tienen el poder de hacerlo y donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia. ¿Vamos a seguir legislando para la foto sin evaluar nunca si las leyes han servido para algo? Pues no parece un gran cambio.

Por último, no quiero dejar de hacer la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos es lo suficientemente transversal para que les guste a alguno de los diputados de Podemos o del PP? Sobre todo a la vista de que se podrían evitar unas nuevas elecciones que los ciudadanos españoles no quieren y los partidos -o por lo menos eso aseguran- tampoco. Que cuando se hace este tipo de comentarios en público la gente se ría o se indigne y hable de «transfuguismo» nos da una medida del deterioro de nuestra democracia y del poco valor que se le concede al criterio, el valor y la ética de nuestros representantes políticos justamente en un momento en el que son más necesarios que nunca.

Zugzwang: incertidumbre, cultura política y recuperación institucional.

Con un confuso resultado electoral que no satisface a nadie y tras unos movimientos políticos que no sabemos adónde pueden conducir, los ciudadanos nos encontramos un tanto perplejos, sumidos en la incertidumbre y preocupados. No sabemos quién nos gobernará, que será de la economía y de nuestras vidas, en suma. Los que deseábamos un cambio político, no estructural pero sí de funcionamiento de las instituciones, podemos preguntarnos lícitamente si todo esto no nos va a conducir a un remedio peor que la enfermedad que pretendía sanarse, a eso que en ajedrez se llama Zugzwang, situación en la que se encuentra un ajedrecista si cualquier movimiento permitido supone empeorar su situación y, eventualmente, perder la partida. La idea se la debo al insigne tuitero Fernando Castelló -@Castello_F- aunque me he enterado que mi coeditor Tena la usó en su último artículo en el Ahora, poco original soy…..

Conviene decir al respecto que es cierto que, en efecto, nos encontramos en un momento de incertidumbre y tribulación, pero también que ello no es necesariamente malo. En todo proceso se producen crisis (de crecimiento, por enfermedad, por agotamiento…) que son momentos de cambio y de decisión. Lo malo no es que haya crisis, sino cómo se resuelven estas. Los que consideramos que tiene que haber una recuperación institucional (tras intensas reflexiones con comentaristas de este blog como J.J. González y J. Casas y el escritor J.M. Marco prefiero este nombre a regeneración por no identificarla con la angustiosa corriente de principios del siglo XX y porque tiene el doble sentido de volver a tomar lo perdido y de mejorar un enfermo) tenemos que ser conscientes que no hay más remedio que pasar por momentos de incertidumbre, cuya correcta resolución puede llevarnos a una situación mejor. Cierto que también nos puede llevar a una vida peor, pero no se puede nadar y guardar la ropa. Además, las cosas no son siempre lineales: lo importante no es si conseguimos inmediatamente los objetivos que nos hemos planteado, sino si vamos por el camino correcto.

En este sentido, hay ya algún cambio palpable: los bloques monolíticos del bipartidismo se han rajado y estamos en otra dinámica de pacto y flexibilidad, lo que no excluyamos que puede conducir a un cambio positivo, aunque quizá no inmediatamente. Por ello, los ciudadanos debemos ser conscientes de lo crítico de la situación y de que es importante que en este momento la ciudadanía empuje en esa buena dirección, y por ello es importante insistir y predicar. Me vienen aquí las ideas de Acemoglu y Robinson sobre los “círculos virtuosos” y “círculos viciosos” que se dan en las instituciones y en virtud de los cuales una vez que una sociedad se organiza en una forma concreta ésta tiende a persistir, manteniendo el equilibrio económico o político existente y por ello existen enormes obstáculos a las mejoras graduales debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas. Pero a veces ese equilibrio se puede romper en las “coyunturas críticas”, grandes acontecimientos o confluencia de factores que lo trastornan. Y el que el cambio vaya de un lado o de otro depende de “pequeñas diferencias” en tales coyunturas. Esas pequeñas diferencias pueden ser desde la existencia de una burguesía potente o, por qué no, la existencia de una ciudadanía que empuja en una buena dirección.

¿Y cuál es esa buena dirección? Dios me libre de decir qué política concreta haya de hacerse, esto me supera. Pero como ciudadano partidario de esa recuperación institucional estoy legitimado, en primer lugar, para pedir que se cumplan las leyes. Claro que me dirán ustedes que formalmente se están cumpliendo y que ahora hay muchas lagunas constitucionales, que no se arreglan con normas. Cierto, por eso estoy legitimado para pedir que las actuaciones de los políticos se rijan por los valores democráticos, esos que, como decía Tocqueville en La democracia en América, son los que consiguieron el éxito de la joven democracia americana, esos que llamó “mores”: los hábitos o costumbres de la sociedad, “la suma de ideas que dan forma a los hábitos mentales”. Las mores son incluso más importantes que las leyes para establecer una democracia viable, porque estas son más inestables cuando carecen del respaldo de las mores. Tocqueville sostenía que los valores democráticos, lejos de ser un producto final de una larga experiencia con las elecciones, forman parte de la esencia misma de la democracia.

A mí me parece que en la situación en la que nos encontramos cabría aludir a ciertas “mores” democráticas, y hacer una homilía moral. Así que pienso:

  1. El que lleva a su partido al fracaso tiene que dimitir. Rajoy debería haber dimitido porque ha tenido un descalabro electoral. Quizá Sánchez también debería haber dimitido aunque, como mi coeditora Elisa decía recientemente, su permanencia es más excusable por proceder de unas recientes primarias y estar previsto un congreso próximo. ¿Dónde sale eso en la ley eso de las dimisiones? En ningún sitio; es más las leyes existentes desincentivan que haya una presión dentro de los partidos para el cambio del líder por la falta de democracia interna y de mecanismos de rendición de cuentas. Es palmario en el PP, en el que no se oye ni un tosido cuando razonablemente quizá debería haber alguno y algo menos, porque hay algo más de toses, en el PSOE, cosa que parece positiva (la división interna no debería penalizar tanto como penaliza), pero que tampoco parece desmesurada. En todo caso, esas dimisiones tras los fracasos electorales son saludables (se acepten o no, porque se confirme al candidato) y son coherentes con  los valores democráticos porque son lo más parecido a una rendición de cuentas, que no impone la ley, pero que es imprescindible; aparte de que, probablemente facilitaría los acuerdos a que me voy a referir.
  2. Un partido en el que hay numerosos casos de corrupción ha de hacer un acto de contrición. Hace casi cuatro años (aquí) hacía referencia a la necesidad de sacrificios para expiar las culpas de que los políticos muestren una ejemplaridad más allá de las leyes; leyes que van aplicándose con la lentitud propia de la justicia pero que no impiden las responsabilidades políticas que no son ya imputables a una persona concreta sino a todo un partido que, por su propia supervivencia, debería comprender que tiene que dar una imagen de renovación que debe empezar por las caras de sus dirigentes actuales para que sus posibles votantes puedan obviar sicológicamente la disonancia cognitiva que se produce entre sus principios y las actuaciones de los políticos que votan.
  3. El contrincante político no es un enemigo, es un adversario. Como decía Ignatieff en Fuego y Cenizas, convertir a un adversario en enemigo define los compromisos como una traición. En España tenemos demasiado sectarismo, cordones sanitarios, enemigos a muerte con los que no se puede ni hablar de cerca porque contaminan. Esto no es aceptable. En mis iniciáticos estudios de Ciencia Política me ha interesado mucho una referencia a las indagaciones de Lijphart respecto a lo que se ha denominado “democracia consociativa”, que es cómo denomina este autor a este sistema de negociación entre las elites de una comunidad política socialmente heterogénea. Pone como ejemplo Holanda en donde había sectores muy diferenciados e incompatibles (católicos protestantes, liberales y socialistas (los cuatro zuilen o pilares), pero que por necesidad sus elites se prestaron a acomodar sus intereses y con negociaciones pacientes llegaron a consolidar la democracia durante décadas. Y ello constituye un modelo distintivo de democracia que se puede aplicar en las sociedades profundamente divididas y no digamos a las que no están tan divididas. Por supuesto, hay límites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la línea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso, incluyendo en el deshonroso no sólo el que atenta contra los principios de la democracia y reglas constitucionales sino también aquellos en los que se prima el interés personal frente al general, como lamentablemente se está intuyendo en algunos movimientos políticos: ya sabemos qué todos tenemos ambiciones, pero que no superen demasiado a los ideales, por favor.

POSTDATA: Estando en imprenta el post salta la noticia de que el Rey no ha querido encargar a Rajoy la formación de gobierno (¿no será más bien que no ha querido él?) y que tal encargo se hace a Pedro Sánchez. Bienvenido sea el desbloqueo institucional. Esos valores democráticos a los que me refiero obligan, creo yo, a que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se entiendan mediante pactos de gobierno, alianzas parlamentarias o abstenciones y que el PP, que no ha sido capaz ni de proponer alianzas ni ha querido someterse al desgaste de la investidura, tenga a bien posibilitar la gobernabilidad del país mediante su abstención y proceda, antes de regenerar (o recuperar) el país, a regenerarse a sí mismo. Le necesitamos fuerte y limpio. Quizá una solución de este tipo tenga varios efectos positivos: el desbloqueo y la gobernabilidad; un gobierno comprometido con la recuperación institucional y enviar al taller a un PP que precisa reparaciones. Y esperemos que ningún partido considere alta política el tacticismo de ver desgastar a los partidos pactistas durante las negociaciones, para luego bloquear la investidura y abocarnos a unas nuevas elecciones en las que piensan sacarán tajada. Creo que no será así.

A lo mejor esta situación no es un zugzwang.

HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

El impopular populismo

No existe nada más particular en el mundo de la política que el populismo, ya que es odiado y querido simultáneamente con la misma contundencia. Este hecho llama la atención en tiempos tan revueltos como los actuales, en los que parece que el bipartidismo, que lleva algunos años estancado, está siendo cuestionado por muchas personas que, hartas de los problemas, han decidido impulsar cambios.

El populismo es característico de la demagogia y de la hipocresía política más conflictiva según muchos ciudadanos, que solamente quieren que les digan lo que, según las reglas de la razón, deben oír. Para algunos, constituyen la representación de la degeneración de la democracia, que caracterizándose por encontrarse el poder para elegir a los representantes de la sociedad en las manos de la ciudadanía, tiene debilidades que son aprovechadas por los dirigentes políticos para exponer lo que la gente quiere escuchar para obtener beneficios electorales.
Es cierto que las tendencias radicales y electoralistas son los frutos que pueden recogerse después de haber plantado inseguridad y descontento los partidos políticos principales en el sistema político de un país. Como dice Javier Sáez-Benito Suescun, “normalmente los propios populistas de izquierdas y de derechas, pues siempre actúan simultáneamente, ayudan a extremar este tipo de coyunturas, pero las situaciones se van fraguando antes, y poco a poco”.

Muchos ciudadanos son los que rechazan el populismo. También es odiado por bastantes dirigentes de la esfera política, que suelen pedir responsabilidad, aunque luego puedan incurrir en graves contradicciones al actuar también de modo populista.

El populismo también es querido, tanto en el lado conservador como en el lado progresista, ya que los que lo utilizan son conscientes de que, en el caso de ser aceptadas sus propuestas, tendrán éxito en el campo electoral, que es lo fundamental para los dirigentes políticos, siendo cierto lo que dice Ignacio Sotelo, que indica que ”mientras un populismo apela al bien común, y el otro demanda justicia social, ninguno de los dos se esfuerza lo más mínimo en sacar estos conceptos de la niebla espesa que los rodea” y que “en el fondo únicamente pretenden gobernar lo antes posible”.

En las formaciones, la eficacia de un político, realmente, se mide por su capacidad para ganar elecciones y por su aptitud para lograr buenos resultados en los comicios en los que esté presente como candidato. Eso se consigue mostrando una buena imagen y para poder alcanzar una proyección positiva hay que alegrarle el corazón a los votantes, aunque ello implique ir en contra de lo que dicta la razón.

Es posible encontrar ejemplos de actitudes populistas por parte de los principales partidos políticos. Podemos presentó la renta básica universal como una de sus principales propuestas, pero la desradicalización ideológica de la formación ha terminado acabando con la medida. Posteriormente, Juanma Moreno Bonilla, que fue el candidato a presidir la Junta de Andalucía con el Partido Popular, propuso implantar ese beneficio social. Después, Pedro Sánchez hizo pública su intención de establecer una renta básica ciudadana si consigue alcanzar la presidencia del Gobierno. El hecho más curioso es que fueron varios los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español los que criticaron la medida que, finalmente, decidieron presentar como algo propio y que ya generó conflictos en Extremadura.

Todos los partidos políticos son, generalmente, populistas, aunque son muchas las ocasiones en las que sus dirigentes son críticos con medidas de carácter presuntamente populista, ya que saben que se juegan mucho en las batallas dialécticas y políticas actuales, constituidas, principalmente, por criticas constantes frente a las medidas propuestas por los rivales, que provocan que el tablero político tenga mucho humo y que en el mismo no haya una verdadera intención de arreglar los problemas existentes.

Conviven el miedo a que triunfe el populismo ajeno y el deseo de que el populismo propio tenga un gran éxito. No es extraño, porque puede ser determinante en cualquier proceso electoral que se desarrolle, ya que todas las formaciones intentarán siempre lograr parte del control de los poderes públicos, con todas las implicaciones que conlleva.

José Álvarez Junco señala que “movimientos políticos que carecen de programa y no cuidan las instituciones no son fiables”. Si hay menos populismo y más actividades racionales desde las formaciones políticas, se podrán rebajar los efectos negativos de la mala gestión que desarrollan muchos dirigentes.

Primarias aparentes

En los últimos años, ha comenzado a extenderse en el mundo de la política española la idea de que son necesarias las primarias para poder regenerar los partidos políticos y, consecuentemente, la democracia. Este pensamiento ha impulsado la celebración de elecciones primarias, que tienen como finalidad garantizar que la estructura interna de los partidos políticos y su funcionamiento sean democráticos.
El problema es que es difícil decir si las elecciones primarias que se han realizado en los últimos años en la mayoría de las principales formaciones políticas han sido verdaderas procesos democráticos para que los militantes puedan elegir con precisión a los candidatos para los distintos procesos electorales. En algunos casos, han sido claras las circunstancias de distorsión jurídica y práctica de las primarias por haberse configurado para que solo hubiera candidatos de la corriente de la dirección del partido o para impedir que aquellas personas que no estén vinculadas a la cúpula de los partidos políticos puedan tener éxito en las votaciones internas.
En las primarias que ganó Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que pudo comprobarse, se intentó controlar el resultado, y en las últimas, que ha ganado Pedro Sánchez, se presentó solo él, siendo extraño este hecho por la cantidad de movimientos que hubo dentro de la formación socialista hace algunos meses, cuando se pudo saber que distintos dirigentes del partido estaban cuestionando la autoridad del economista. Además, Ángel Gabilondo, según indicó el diario El Mundo, había puesto como condición para presentarse a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid con el Partido Socialista Obrero Español que no se celebraran elecciones internas.
En el Partido Popular no se debe conocer el concepto de primarias, ya que no han celebrado ningún proceso electoral interno y se han limitado a designar a los componentes de las listas de las ultimas elecciones basándose en criterios jerárquico-políticos, de modo que se han elegido a los miembros de las listas de las candidaturas partiendo de la discrecionalidad de la sede central del Partido Popular y de los centros de control regional de la formación. Sin embargo, los miembros de la formación han criticado los modelos empleados en otros partidos y están pensando en crear otro que sea verdaderamente democrático.
Los últimos dos procesos electorales internos del Partido Socialista Obrero Español han servido para legitimar al candidato presentado por la formación a las elecciones generales, pero no han sido realmente útiles para ejercitar la democracia interna.
Las primarias de Izquierda Unida que se celebraron en la Comunidad de Madrid fueron un autentico espectáculo en el que salió a la luz la división interna de la agrupación. Se inició una verdadera batalla que terminó con la salida de Tania Sánchez y con el riesgo de que se produjeran escisiones en la formación.
Los líderes de Podemos, que siempre han defendido la necesidad de implantar una verdadera democracia, han organizado unas primarias que no le gustan a las bases, ya que establecen un sistema de elección que bloquea la posibilidad de que puedan ganarlas candidatos de la formación que no formen parte de la corriente impulsada por Pablo Iglesias. Ignacio Varela señala que “el método que Pablo Iglesias ha ideado para designar a su antojo a los candidatos de Podemos en las elecciones generales tiene cabida en la categoría política de bromas pesadas y tomaduras de pelo”. Finalmente, hubo una baja participación en el proceso electoral interno del partido político de Pablo Iglesias.
En el seno de Ciudadanos se celebraron primarias para elaborar las listas para las elecciones locales y autonómicas, pero Albert Rivera fue elegido de forma directa al ser el único candidato en el proceso electoral que recopiló los avales necesarios para participar en las primarias. Aunque todo parece adecuado, hace algunas semanas, varios miembros de Ciudadanos se quejaron por no existir una verdadera democracia interna y se canceló la militancia de un componente del sector crítico con la cúpula de la formación.
Siempre sucede lo mismo. Los dirigentes de los principales partidos políticos organizan primarias para mostrar que hay democracia en sus respectivas formaciones, pero como tienen miedo de los posibles resultados que puedan derivar de las elecciones internas, las manipulan en la medida de lo posible. Este hecho se debe a la percepción que de las primarias tienen los principales dirigentes, que las consideran un arma muy peligrosa para los enemigos que tienen en sus partidos, ya que pueden servir para cuestionar la autoridad del que tiene el control y para romper la unidad. Juan Carlos Monedero afirmó en una entrevista que “si las primarias no sirven para legitimar las decisiones, para aumentar la ilusión y para invitar a la movilización, las primarias son un instrumento que no sirve, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas”.
Es curioso que el artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, señale que la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica”. Si se aplicara este precepto de un modo riguroso serían escasas las formaciones políticas que continuarían existiendo.
Si se quieren celebrar primarias, deben hacerse adecuadamente y con garantías, para lograr el desarrollo del funcionamiento de la democracia interna en los partidos políticos, que debe existir según el artículo 6 de la Constitución Española, siendo importante destacar el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que dice que “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido”. Organizar obras de teatro que pretendan asimilarse a los procesos electorales internos que, realmente, no sirvan para que los militantes puedan participar efectivamente en las actividades de la formación no repercutirá de forma positiva, ya que solo servirá para crear una realidad que no será auténtica en el panorama político español.

Partidos políticos, democracia interna y las elecciones primarias

Hace algo más de un mes después de un intenso desayuno con mi compañera Rocío Divar, Vicepresidenta de Principios, en el que hablamos de la actual crisis institucional y de confianza política que se atraviesa en España, me animó a escribir algo sobre la materia y asistir a una sesión de las llamadas #CañasPolíticas en las que iban a participar como ponentes Iñigo Henríquez de Luna y Pedro Núñez Morgades. Ha pasado algo más de un mes y los apuntes que había ido esbozando para preparar este trabajo se han beneficiado de las brillantes intervenciones de ambos y del coloquio que siguió después.

 

La patología organizativa de los partidos políticos

 

Los partidos políticos son elementos fundamentales de un régimen democrático, al constituir el instrumento que mediatiza la relación de los ciudadanos con el poder, permitiendo que éstos, -al incorporarse a ellos libremente o eligiendo a sus representantes de entre sus miembros- puedan participar en la formación de la voluntad estatal. Pero, por otra parte, también son unas organizaciones cuya esencia y finalidad radica en la consecución del “poder político, a través de elecciones dentro de un marco legal e institucional, de manera pacífica sin el uso de la violencia”[1].

Pero el poder puede obtenerse dentro y fuera del partido. Cuando los integrantes poseen poder, influyen en las decisiones políticas, administrativas y electorales del partido. En este sentido, las decisiones políticas se refieren a las estrategias que el partido debe seguir ante la competencia electoral. Las administrativas se refieren a la organización interna, presupuesto y cómo el partido actúa en los medios de comunicación. Las decisiones electorales se enfocan en cómo actúa el partido en una elección local, estatal o federal [2]. Además de la consecución de unos ideales que podrían plasmarse por la conquista del poder político en un determinado ámbito territorial, el partido también posibilita a sus miembros, real o idealmente, la consecución de poder personal, prestigio, posición política, recursos económicos, lo que indudablemente afecta a las pretensiones de los dirigentes. Cualquier análisis que se haga del funcionamiento interno de un partido político no puede desconocer esta doble dimensión.

La experiencia histórica indica que todo lo anterior favorece un campo de cultivo que tiende a degenerar en una suerte de “patología organizativa” que ya fue descrita desde un punto de vista teórico hace un siglo por MICHELS[3], al plantear que en todo partido político, sobre una base democrática inicial, termina surgiendo -aun cuando no exista una pretensión consciente y deliberada- un poder oligárquico fundado a partir de la consolidación de un liderazgo considerado necesario desde un punto de vista electoral. Más tarde, cuando esa oligarquía ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, los líderes comienzan a identificar consigo mismo, no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido y se consolidan dos fenómenos íntimamente vinculados entre si: la jerarquía y la burocracia, que son incompatibles, por naturaleza, con una toma de decisiones de carácter democrático. Surge pues una tensión constante que a lo mejor en otros momentos históricos no ha sido preciso resolver, pero llegados a este punto resulta inevitable afrontar.

Así, ahora, en España, si bien por imperativo constitucional los partidos políticos han de tener una configuración democrática, en la práctica se confirma el proceso que hemos descrito antes y, como resulta evidente al escuchar muchas de las propias declaraciones de sus responsables, los procesos de toma de decisiones son en su mayor parte verticales y el reclutamiento entre sus miembros de quienes van a realizar funciones de liderazgo se realiza mediante procesos de cooptación en donde con frecuencia la lealtad personal y la dependencia prima sobre el mérito.

En su seno existe más una democracia interna formal o semántica que real o efectiva, y esta situación, que cada vez resulta más obvia para los electores respecto de los partidos tradicionales, ha producido una creciente crisis de confianza que afecta a su rol como intermediarios entre el ciudadano y el poder al que hacíamos referencia al inicio de este artículo.

 

La cambiante relación entre los partidos políticos y la sociedad en la que actúan.

 

La sociedad ha evolucionado mucho en nuestro país desde la transición de 1978 y su mayor madurez democrática resulta cada vez más incompatible con una forma de funcionamiento que ha quedado obsoleta. Y ello, aunque suene paradójico, probablemente no sea sino una consecuencia del éxito del sistema democrático que estos partidos han protagonizado durante los últimos cuarenta años.

Una situación parecida aconteció a principios del siglo XX, cuando el sistema de partidos de corte clientelar y caciquil que conseguido dar respuesta a las necesidades de la sociedad española del último cuarto del siglo XIX, y que había tenido éxito en la pacificación del país tras casi setenta años de guerras civiles, se vio superado por la propia evolución de la sociedad y no pudo dar respuesta a los desafíos derivados de la incipiente industrialización del país y de la auténtica posición de España en el nuevo orden internacional que se estaba formando. El fracaso en la capacidad de regeneración de los partidos políticos que protagonizaron la Restauración, afectó a su papel de intermediación entre la ciudadanía y el poder y, de manera natural, fueron sustituidos en las preferencias de los electores por nuevos partidos de corte mucho más radical (comunistas, fascistas, anarquistas), con resultados de todos conocidos[4].

Así pues, ante un cambio del paradigma vigente en la sociedad en la interaccionan, se hace imprescindible transformar el funcionamiento interno de los partidos -y con esto hago referencia tanto a los partidos que protagonizaron la transición como a los partidos de nuevo cuño pero que funcionan con dinámicas semejantes-, para que puedan seguir representado válidamente el papel que tienen atribuido.

 

Las elecciones primarias como un instrumento de democracia interna.

 

Dentro de este orden de cosas, en los últimos tiempos se ha hecho especial hincapié en la introducción de elecciones primarias en la elección de los candidatos de los partidos para concurrir en representación de su partido en los procesos electorales.

Originalmente, las elecciones primarias surgieron en los Estados Unidos de América promovidas por el Movimiento Progresista como un intento de reforzar la autonomía de los candidatos presidenciales frente a la creciente influencia que en su nominación dentro de cada partido habían alcanzado los “tycoons” surgidos con la explosión del capitalismo corporativo acontecida en el último cuarto del siglo XIX que había herido de muerte aquella utópica república de pequeños propietarios agrícolas que tan bien había descrito TOQUEVILLE en su obra “La Democracia en América”.

Siendo LA FOLLETTE Gobernador de Wisconsin fue aprobada la primera ley de primarias  en 1904[5] como sustituto de las precedentes y manipulables causcus o asambleas; pero parece que fue con TEOHODORE ROOSEVELT cuando se asumió este sistema durante el proceso previo a las elecciones presidenciales de 1912 en el seno del partido republicano, si bien la resistencia de la jerarquía del partido al nuevo modelo hizo que, a pesar de todo, fuera nominado como candidato WILLIAM H. TAFT, provocando una escisión al crear Roosevelt el Partido Progresista y, a la postre, que los demócratas ganaran las elecciones por la fragmentación del voto republicano. Sin embargo, no fue hasta 1968, cuando en la Commission on Party Structure and Delegate Selection (Comisión McGovern-Fraser) se establecieron una serie de recomendaciones para mejorar el procedimiento de elección de los candidatos presidenciales, lo que facilitó su consolidación y generalización. Desde 1976, todos los candidatos presidenciales de los partidos democrata y republicano han sido elegidos por este procedimiento, aunque algunos estados mantienen aún el viejo sistema de “causcus”.

A través de este sistema, son los electores del propio partido y sus dirigentes, los encargados de elegir a los delegados que luego, en la convención, decidirían al candidato que representaría al partido en la carrera a la presidencia. Actualmente el mecanismo se ha extendido también para la nominación para las candidaturas a otros procesos electorales como, por ejemplo, las elecciones al Congreso o al Senado en muchos Estados de la Unión.

En tiempos recientes, diversas iniciativas inspiradas en este modelo y bajo la denominación de “elecciones primarias” se han utilizado en Argentina, Honduras, Chile, Venezuela y, últimamente en España, si bien las diferentes características de los sistemas electorales de cada uno de ellos hacen que el procedimiento empleado sea distinto y los resultados dispares. Sobre estos ensayos  ROGER SENSERRICH ha publicado numerosos e ilustrativos artículos en el blog Politikon.

En cualquier caso, no debemos olvidar que la introducción de mecanismos de elecciones primarias no es un fin en si mismo, sino tan solo un mero instrumento que, en combinación con otros (mayor transparencia, modificaciones en el sistema electoral, una firme autoexigencia ética de sus miembros, aprovechamiento de las nuevas tecnologías para favorecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, etc) pueda paliar la “patología organizativa” que hemos comentado y, así, los partidos políticos recuperen la confianza perdida de los electores.

En cualquier caso, la adaptación de este instrumento al sistema electoral y de partidos español es compleja pues se trata de implantar un sistema orientado a elegir a un único candidato a un modelo en el que se eligen simultáneamente a varias personas en una lista cerrada.

Además, implica riesgos como abordar una aplicación errónea o perversa del modelo que terminaría desvirtuando su finalidad o hacer que surjan efectos secundarios contraproducentes.

Por un lado, en partidos de nueva creación o con una militancia pequeña, existe el riesgo de que una manipulación del censo por determinados actores pueda pervertir el resultado al practicarse sobre la base de un cuerpo electoral pequeño. Por ese motivo, parece discutible que teniendo en cuenta la fragmentación municipal española, salvo cuando se trata de lugares con una militancia relevante, este sistema sea adecuado para elegir a los candidatos más idóneos para concurrir en las elecciones municipales en representación  de un partido.

Por otro, en los partidos en donde existe una centralización importante, la introducción  de este sistema puede resultar fácilmente desvirtuada por el establecimiento de exigencias de casi imposible cumplimiento si no se tiene el control o el apoyo de la jerarquía de la organización (número de avales excesivo, listas multitudinarias mínimas,  prestación de fianzas económicas cuantiosas, etc…), o también mediante la ausencia de imparcialidad durante el proceso (utilización por parte de una candidatura de los medios propios del partido para hacer campaña interna, creación de obstáculos a la difusión entre la militancia del mensaje de los candidatos no próximos a la jerarquía de la organización, apertura de expedientes disciplinarios por causas banales, etc…).

Existe también el riesgo de que se utilice este instrumento, no como un medio de democracia interna, sino como una sistema de resolución de conflictos entre facciones a través del cual el ganador del proceso de primarias lo gana todo y el perdedor, aunque haya sido respaldado por una parte relevante de la militancia queda condenado al ostracismo.

En España, con el caso de UPyD hemos tenido un ejemplo reciente de los devastadores efectos que puede causar una utilización perversa de las elecciones primarias. Este partido en sus orígenes parecía tener una vocación de funcionamiento interno profundamente democrática y a él se incorporaron muchas personas desencantadas con las dinámicas vigentes en los partidos tradicionales. Según los estatutos del partido, tanto la elección de los cabezas de lista por cada circunscripción, como los miembros de los Consejos Territoriales son elegidos directamente por la militancia.

Sin embargo, durante su relativamente corta existencia apenas han existido procesos electorales internos que hayan sido pacíficos. La injerencia de la Dirección nacional  ha sido una constante y los miembros que se han presentado en listas alternativas a las apoyadas desde la jerarquía,  han sido -por regla general y sin entrar en detalles-ninguneados dentro de la organización, eso cuando no han tenido que salir del partido de una manera u otra. La primera consecuencia práctica de esta forzada neutralización de unos instrumentos diseñados para garantizar la democracia interna resultó en desencanto creciente y una gran rotación de afiliados con la consiguiente fuga de talento, de tal manera que tan solo cinco años después de su nacimiento, el partido contaba con más del doble de ex-afiliados que de afiliados en activo; la segunda consecuencia ha sido su descalabro electoral y descomposición interna.

Es posible que en el caso de un partido más grande y consolidado, que ejerce un poder territorial e institucional importante, la existencia de redes clientelares puede atemperar desde el punto de vista de la estabilidad interna, el efecto del desencanto derivado de esta utilización meramente cosmética de las elecciones primarias. Sin embargo, a la larga, calará en el electorado la idea de que nada ha cambiado y que se le quiere engañar una vez más.

 

Conclusión

 

De lo anterior podemos concluir que conseguir una más sólida democracia interna en los partidos es un elemento imprescindible, no el único, para conseguir restituir la confianza de la ciudadanía en el papel que los partidos políticos desempeñan como instrumento esencial de participación política en nuestro sistema democrático.

Las elecciones primarias han sido un instrumento que ha resultado útil en otros escenarios y también pueden serlo aquí, siempre con la vocación de mejorar esa democracia interna con la finalidad última de restaurar esa complicidad entre el elector y su representante institucional que justifica el papel instrumental de los partidos políticos en una democracia madura

Pero su utilización también exige un estudio previo que tenga en cuenta las limitaciones del propio modelo en su adaptación a nuestro sistema electoral y los condicionantes derivados de las propias circunstancias de cada partido, evitando utilizarlas de manera espuria o meramente cosmética.

 

[1]          SARTORI, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1980.

[2]             WEBER, Max, “Tipos y estructuras de partidos”, en Lenk, Kurt y Neumann, Franz (coords.), Teoría y sociología critica de los partidos políticos, Anagrama, Barcelona, 1980, p. 299

[3]             MICHELS, Robert, Los partidos políticos, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1969. pag, 69

[4]             Varela Ortega, José “Introducción a la obra de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo” Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 2011 (pags. 46 a 49)

[5]             Bosch, Aurora: Historia de Estados Unidos (1776-1945), Ed. Crítica, Barcelona, 2005. pag 330

HD Joven: Podemos y la renta básica ciudadana, un debate necesario

La medida de Podemos que propone un ingreso, pagado por el Estado, cuya cuantía debe ser suficiente para cubrir las necesidades materiales de la totalidad de la población, estuvo durante un tiempo en boca de todos y ahora parece estar en boca de nadie. A pesar de que la cuestión controvertida del momento parece ser el tipo de primarias que van a llevarse a cabo dentro del partido, a muchos militantes nos ha sorprendido que una de las medidas estrellas del proyecto político de Podemos, haya sido apartada y aguada con fines estratégicos.

El presente artículo pretende desengranar algunos de los elementos clave de esta medida, que, a mi parecer, se ha venido abordando de manera superficial. Para comenzar desmitificando, conviene destacar que la renta básica no es copyright de Podemos, y si bien está asociada a la tradición más ortodoxa de la izquierda, el lector se sorprenderá al saber que esta medida ha sido defendida por importantes intelectuales procedentes de la corriente liberal-económica, tales como Friedrich Hayek, Milton Friedman o dirigentes conservadores como el ex presidente republicano de los EE.UU Richard Nixon.

La renta básica ciudadana

La propuesta elaborada por los profesores Arcarons, Torrens, Raventós y Domenech pretende garantizar una renta básica mensual a todos los ciudadanos del Estado de 645,33 Euros y de 193,59 a todo menor de 16 no emancipado (estas son las cifras que según el EUROSTAT marcan el umbral de la pobreza). Sorprendentemente, muchos medios parecen no haber leído la propuesta y han hecho el cálculo de:

645 € x 46,5 millones de españoles = un dineral que no se podría pagar

Sin embargo, esta propuesta económica lleva aparejada una gran redistribución de la riqueza, financiándose a través de una reforma del IRPF, al igual que la desaparición de todas las asignaciones monetarias inferiores a dicha cuantía. Conviene recordar que la medida de la Red Renta Básica es una asignación monetaria a todos los ciudadanos con la única condicionalidad de ser ciudadano español. Esta incondicionalidad supone acabar con la estigmatización que suelen llevar aparejada otros tipos de beneficios o subsidios, que, por otra parte, desaparecerían si fuesen inferiores a la suma en cuestión. Este punto es clave pues ahorraría 93.140 millones de Euros el Estado, que dejaría de pagar prestaciones, pensiones y ayudas por debajo de los 645 euros.

En cuanto a la reforma del IRPF cabe indicar que las rentas salariales medias y bajas no verían incrementadas su tributación, y sólo afectaría al 10 % más alto de la tabla, por lo que el coste final para el Estado sería de 24.000 millones, es decir, un 5,45% de los Presupuestos Generales del Estado. Desde luego las cuentas de Raventós y compañía deben ser revisadas, y algunos economistas como Juan Ramón Rallo, denuncian que ha incurrido en un importante error metodológico al no haber tenido en cuenta cómo el programa de redistribución masiva de la renta alterará el comportamiento de contribuyentes y beneficiarios. Pero la renta básica ha sido avalada por un gran número de economistas y la propuesta parece tener más obstáculos ideológicos que pragmáticos.

La renta básica en el contexto laboral y social de España

Es evidente que el paro en España nos preocupa a todos, pero debemos empezar a plantearnos que, dado el contexto actual, es probable que no vaya a bajar de manera significativa en los próximos años (a no ser que se utilicen técnicas de maquillaje estadístico). El número de parados de larga duración sigue creciendo y la tasa de pobreza en España sigue aumentando, a la par que la desigualdad –Intermón Oxfam afirma que las 20 personas con mayor fortuna en España poseen el equivalente a lo que poseen los 10 millones de Españoles más desfavorecidos-. Además, la precariedad extendida que se ha venido desarrollando recientemente -no sólo en España, sino en la mayor parte de los países desarrollados del mundo- supone un creciente empobrecimiento de la población trabajadora. Por tanto, ni si quiera el tener un trabajo remunerado garantiza estar por encima del umbral de la pobreza. No cabe duda de que el empleo es el elemento nuclear de las sociedades modernas, pero, dadas las cifras que tenemos delante, al igual que las previsiones de pérdida de empleo relacionadas con las mejoras tecnológicas, conviene plantearse si puede realmente seguir siendo el elemento vertebrador.

La integración en la sociedad a través del empleo deja de ser un hecho. Debemos comenzar a pensar en nuevas vías para obtener ingresos para la totalidad de la población, además de cuestionar la relación salario-trabajo si queremos evitar marginalización a gran escala y pobreza extendida. El trabajo, como deber moral, obligación social y como forma para alcanzar el éxito personal, se ha convertido en una auténtica utopía para millones de personas, por lo que conviene desarrollar formas de reconocimiento social que vayan más allá. Asimismo, la corriente liberal económica reclama ensalzar la figura del emprendedor como gran proletario moderno, empresario de sí mismo, centrado en el éxito empresarial y en hacerse un hueco en el mercado. Los emprendedores juegan sin duda un papel vital en la crisis, pero cabe preguntarse si esta vía permite realmente que una mayoría empobrecida se abra camino.

Además de asegurar la existencia material de la población, evitando un estancamiento social, la renta básica refuerza el poder de negociación de la gente trabajadora. Frente a la precariedad laboral, si las personas trabajadoras tuvieran un mínimo para sobrevivir, no tendrían que aceptar el chantaje de muchas empresas para aceptar unas condiciones laborales deplorables.

Pérdida de empleo por las tecnologías

En un contexto global dominado por las tecnologías, un estudio de la Universidad de Oxford calcula que se perderá un 47% de los empleos en EE.UU en las próximas décadas, debido a la computarización y al desarrollo tecnológico. Autores e intelectuales de diversas corrientes ideológicas, como André Gorz, David Harvey o Martin Ford, han destacado la relación tecnologías-empleo como una de las más contradictorias del sistema económico actual, ya que, desde un punto de vista micro-económico, sale menos costoso y más efectivo confiar en las tecnologías para automatizar trabajos. En cambio, a nivel macro-económico, esto va a suponer una pérdida de empleo masivo, no sólo en los trabajos más repetitivos, sino también en algunos empleos cualificados (profesores, pilotos, radiólogos, etc). Esta creciente automatización del empleo lleva aparejada la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de muchos ciudadanos, lo que por tanto, pone en jaque la demanda interna. ¿Quién podrá comprar bienes si una parte importante de la población no tiene un salario con el que poder pagarlos?

Es en este punto, en donde la corriente liberal-económica está comenzando a plantearse la posibilidad de una renta básica, e incluso se han podido ver recientemente varias de las famosas “TedTalks” defendiendo la necesidad de una renta básica incondicional. Así pues, es aquí donde se puede apreciar el doble potencial de la renta básica: la parte que atrae a los liberales ve positivo redistribuir dinero a favor de la población carente de él para seguir alimentando el consumo y conseguir mantener la máquina engrasada con los mismos medios productivos. Por otro lado, desde un punto de vista emancipatorio, la renta básica divorcia el ingreso del trabajo, abriendo nuevas vías para que los ciudadanos puedan desarrollarse en distintas facetas de sus vidas, a la par que des-mercantiliza distintas esferas y permite poner rumbo a un modelo productivo distinto que rechace explotar a los recursos naturales y humanos de una manera tan agresiva.

Habrá lectores que piensen: “¿los NINIS en nuestro país no irán in crescendo con este ingreso facilitado por el mero hecho de tener DNI?”. Tal y como apunta el sociólogo Jorge Moruno, a pesar de que Platón entendiera que la capacidad productiva y creativa, o “poiesis”, es inherente al ser humano, muchos defienden que la renta básica es un paso hacia una sociedad basada en la dependencia y en la pereza. Esta concepción insidiosa del ser humano asume que la gente, cobrando 645 euros al mes, empezará a no hacer nada, pasando por alto que las personas tendrán más tiempo y razones para esforzarse en aquellas cosas que les apasionen, que tal vez no sean su oficio. Asimismo, conviene recordar que en los únicos dos ejemplos que tenemos hasta la fecha de renta básica incondicional (Otjivero en Namibia y el proyecto piloto SEWA-Unicef Renta Básica en nueve zonas rurales de India) dieron como resultado una reducción del desempleo y un aumento del autoempleo, además de una importante disminución de la criminalidad, alcoholismo, deserción escolar y malnutrición.

A pesar de que la renta básica no resuelva todos los problemas, considero que es un paso necesario frente al drama humano, siendo una medida que, tarde o temprano, acabará sonando en partidos de distintos colores a lo largo del globo. Por ejemplo, la ciudad holandesa de Utrecht tiene preparado implementarla y Suiza ya tiene en marcha un referéndum al respecto que se votara en 2016.

¿Puede un partido político espiar y difundir los correos de sus afiliados?

En realidad la pregunta completa sería esta: ¿puede un partido político espiar y difundir los correos de sus afiliados con la finalidad de influir en contiendas electorales internas?

La cuestión no es meramente teórica, sino que se ha planteado en nuestro país con ocasión de un informe realizado por la dirección de UPyD, en el que reconoce haber entrado en la cuenta de correo electrónico de un ex militante (de su titularidad) y, a través de dicha cuenta, localizado mails que le enviaron otros militantes (desde sus cuentas privadas). A continuación incluye el texto íntegro y en extracto de estos últimos mails en un documento en el que los glosa interpretándolos como una traición al partido, informe que remite a 150 personas por correo electrónico (los miembros del Consejo Político) y que a los dos días se filtra a la prensa (aquí, aquí y aquí).

Hasta aquí los hechos. En cuanto al Derecho, el artículo 197,1 del Código Penal señala que “el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.” Y los apartados siguientes elevan la pena cuando los mensajes interceptados “se difundan, revelen o cedan a terceros” (ap. 4), más aún si lo hacen los titulares de los ficheros (ap. 5) y hasta el tope si afectan a cuestiones ideológicas (ap. 6).

Frente al tenor literal de este precepto, hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en materia laboral que ya hemos comentado en este blog (¿Puede el empresario controlar el correo electrónico del trabajador?) y que permite a los empresarios en determinados casos y siempre respetando determinados límites controlar el correo de sus trabajadores. Concretamente el TS, en una sentencia de la Sala de lo Social de 26 de septiembre de 2007, dictada en unificación de doctrina, fija unas reglas muy claras:

a) El principio general es que el control del contenido de los equipos informáticos deriva del poder de dirección empresarial  consagrado en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores: El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.”

b) A continuación fija una excepción, que es una expectativa de confidencialidad, que el Tribunal Supremo considera que “no puede ser desconocida”. No obstante, como esa expectativa no puede frustrar en todo caso ese control empresarial que implica el principio general, la sentencia termina fijando una excepción a la excepción: “Lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, viene a confirmar esta doctrina. La última es de 7 de octubre de 2013, dictada a consecuencia de un recurso de amparo contra una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid en el que el trabajador alega que en ningún momento autorizó al empresario a acceder al contenido de sus comunicaciones, mientras que éste decía que esa autorización se encontraba en un convenio colectivo, lo que para el TC termina siendo suficiente. Según el Tribunal Constitucional: “La expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico y su consiguiente limitación a fines profesionales llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización, al objeto de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuación de su prestación a las exigencias de la buena fe [arts. 5.a) y 20.2 y 3 LET].”

Según se deduce de las noticias de prensa en relación al informe elaborado por UPyD, esta parece ser la tesis que defiende el partido, con la que se pretendería excluir la aplicación del tipo penal. Puesto que la cuenta de correo era una cuenta corporativa de titularidad de UPyD y se había convenido con el usuario que este no podía utilizarla para fines ajenos o en contra de los intereses del partido, UPyD considera legítimo no solo el control sino también el ejercicio de las medidas que considere oportunas, tanto las carácter disciplinario como las de carácter informativo a otros órganos del partido.

El problema con esta interpretación es que falla por la base, y también por alguna de sus ramas. Las sentencias analizadas  parten de la existencia de una relación laboral que presupone la aplicación del art. 20 del Estatuto de los Trabajadores, que establece el principio fundamental de dirección y control de la actividad laboral. Sin embargo, en nuestro caso ese artículo es absolutamente inaplicable. Ignacio Prendes, ex afiliado, exdiputado por UPyD de la asamblea de Asturias y titular de la cuenta corporativa, no ha sido nunca empleado de UPyD. Este partido pretende aplicar las excepciones (a otros afectados además) saltándose el principio general básico, que no dejan de repetir machaconamente el TC y el TS: el poder de dirección empresarial que se ejerce sobre los empleados sujetos a una relación laboral.

Es evidente que con relación a sus afiliados, o incluso a sus cargos electos, un partido político no es una empresa (aunque ciertamente puede tener trabajadores, pero ese no es el caso): No tiene dirección de poder empresarial frente a los mismos. Más bien al contrario. Conforme a nuestra Constitución los partidos políticos constituyen el instrumento por excelencia para articular el derecho fundamental a la participación pública y al debate ideológico, empezando, claro está, por el de sus afiliados y simpatizantes. La legitimación viene de abajo, no de arriba. El art. 6 de la CE señala que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Poco que ver con una empresa capitalista, en la que hay dueños que mandan y trabajadores por cuenta ajena sometidos a su poder de dirección. Lo cierto es que esta comparación, en todo caso, no deja de resultar muy reveladora de una determinada mentalidad sobre el funcionamiento de un partido político que es, efectivamente, la actual de la dirección de UPyD.

Imaginemos una democracia en el que las cúpulas de los partidos tengan el poder de control de los debates políticos de sus afiliados por el simple hecho de que uno de ellos utilice una cuenta de su titularidad. Y que si no les gusta lo que leen, pueden difundirlo en la forma que tengan por conveniente. ¿Qué tipo de “instrumento fundamental para la participación pública” sería éste?

Pero es que además la dirección de UPyD, curiosamente, no publica y difunde los correos de Ignacio Prendes, sino los correos de otros afiliados cuyas cuentas son privadas y, por consiguiente no han firmado ningún “pacto” al respecto con UPyD. Lógicamente, los  estatutos de UPyD (que los defensores de esta forma de proceder pueden tener quizás la tentación de equiparar a los convenios colectivos) ni lo prevén ni lo permiten. Más bien se dice categóricamente lo contrario, como es normal (art. 12,2, j). Si esa difusión estuviera permitida, todos tendríamos que tener mucho ojo  para saber quién es el titular de las cuentas de las personas a quienes enviamos nuestros correos, pues implicaría una tácita autorización para que ese titular nos publique nuestros mails cuándo y cómo considere conveniente.

Por último, una empresa jamás podría utilizar esos correos para difundirlos internamente, de cara, por ejemplo, a influir en unas elecciones al comité de empresa. Solo los podría utilizar para justificar un despido o una medida disciplinaria. Pero en nuestro caso, sin tratarse de una empresa, sin tratarse de empleados, sin tratarse de usuarios de una cuenta del partido y sin haber firmado contrato alguno, el partido selecciona, extracta y comenta unos correos para justificar una supuesta traición (que los afectado niegan categóricamente y tachan de tergiversación) y luego los difunden a 150 personas con la finalidad de desprestigiar una candidatura opositora en las próximas elecciones del Congreso del partido a celebrar el próximo 11 de julio. Y cuya filtración a la prensa, por cierto, es inevitable tras un envío de estas características, como la realidad ha demostrado.

Pero es más, es que la Sala de lo penal del TS es bastante menos comprensiva con la interceptación de comunicaciones que la Sala de lo Social. En esta sentencia de 16 de junio de 2014 señala que los criterios permisivos utilizados por el TS y el TC “han de quedar restringidos al ámbito de la Jurisdicción laboral, ante el que obviamente nuestra actitud no puede ser otra más que la de un absoluto respeto, máxime cuando cuentan con la confirmación constitucional a la que acabamos de referirnos, pero que, en modo alguno, procede que se extiendan al enjuiciamiento penal, por mucho que en éste la gravedad de los hechos que son su objeto, delitos que en ocasiones incluso constituyen infracciones de una importante relevancia, supere la de las infracciones laborales a partir de las que, ante su posible existencia, se justifica la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones del sospechoso de cometerlas.” Lo que se discutía es si cabía esa injerencia sin autorización judicial y la respuesta es negativa.

Si salimos fuera del entorno laboral, a los tribunales penales estas cosas les hacen todavía menos  gracia (recuerden este caso). Tampoco al legislador reciente. El nuevo Código Penal, que entrará en vigor dentro de unos días, no cambia este panorama, sino que más bien lo agrava, aunque se aplicaría únicamente a los hechos sucedidos  a partir de su entrada en vigor.

En fin, si del aspecto jurídico pasamos al político qué podemos decirles. Un partido que se supone que nació para regenerar nuestra democracia y defender al Estado de Derecho, ha terminado en manos de unos dirigentes que sacrifican cualquier medio a sus fines políticos internos. Qué pena.

PD: Rodrigo Tena, uno de los coeditores de este blog, y ex miembro del Consejo de Dirección de UPyD del que dimitió tras las elecciones andaluzas, es una de las personas cuyos correos privados han sido utilizados.

Regenerar la política más allá de la cosmética: el análisis de la reciente reforma de los partidos políticos de +Democracia

 

 

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En un año electoral como este son muchos los cambios que, en mayor o menor profundidad, veremos en el panorama político. No obstante, si nuestra democracia no aborda cambios institucionales de calado, la ciudadanía puede verse defraudada en su pretensión de que una nueva distribución en los parlamentos acerque a representantes y representados, garantice actuaciones más éticas o siquiera mejore el funcionamiento de los partidos y los convierta en herramienta útil para la participación ciudadana en política.

En la legislatura que está a unos meses de terminar se han abordado algunas medidas de regeneración democrática que, aunque bienvenidas sean, traen más beneficios cosméticos que políticos en el funcionamiento de partidos e instituciones. Quizás el ejemplo más reciente es la aprobación por las cortes de la reforma de la ley de financiación de partidos.

A finales de Marzo, el Congreso aprobó una reforma que no responde a la exigencias sociales de mayor control y transparencia en el funcionamiento y financiación de los partidos políticos. Mas Democracia había recogido más de 60.000 firmas que hizo llegar a los partidos políticos pidiendo enmendar el proyecto de ley orgánica sobre control de la actividad económica de los Partidos políticos (anunciado a bombo y platillo)  con medidas más contundentes para conseguir de forma efectiva el control de la actividad de los partidos políticos y en particular su financiación irregular, pero los votos del PP, PNV y CiU dieron finalmente por buena una reforma a nuestro juicio insuficiente para combatir la corrupción. El texto finalmente aprobado es el recogido en la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Pues bien, a nuestro juicio esta norma mantiene las puertas traseras para la financiación irregular de los partidos, permite que las empresas los sigan financiando vía fundaciones de los partidos, reduce los tiempos de prescripción de los delitos y es menos exigente con las cuentas de los partidos que con las de cualquier empresa u ONG. Además, carece del compromiso respecto a la dotación de medios para controlar la corrupción.

La conclusión que extrae el análisis que hace +Democracia comparando la reforma exigida por esta asociación y el texto que ha aprobado el Congreso concluye que la nueva Ley sólo supondrá simples mejoras técnicas, que aportan claridad pero que no atienden a las expectativas de los ciudadanos para dificultar y sancionar la financiación irregular de los partidos políticos, que es una de las lacras de nuestro sistema político y un auténtico pozo negro en términos de corrupción.Se introducen ciertas normas que aparentemente impiden la opacidad en las donaciones (límites en la cuantía, prohibición de donar a las personas jurídicas, o de donar en especie o metálico) pero manteniendo siempre vías alternativas (en ocasiones a través de un intricado juego de excepciones a través de disposiciones adicionales), en particular a través de las fundaciones o entidades similares vinculadas a los partidos.

A esto se añade el escaso control al que se someten las cuentas de los partidos. En lugar de una auditoría externa como en el caso de cualquier organización, especialmente las que perciben cuantiosos fondos públicos, cuyos resultados se someten después al control de las Administraciones, los partidos políticos realizan auditorías internas y envían documentos muy resumidos al Tribunal de Cuentas que -aunque tenga la facultad de requerir información adicional- dispone así de muy pocos elementos para detectar irregularidades y “tirar del hilo”. De esta manera, el control por ejemplo de los gastos electorales resulta en la práctica ilusorio porque los partidos pueden fácilmente trasladar como gastos ordinarios del partido parte de lo que han consumido específicamente para una campaña electoral.

Algunas nuevas exigencias legales adolecen igualmente de una formulación tan tímida que probablemente apenas tendrá impacto real: es el caso por ejemplo de la nueva figura del responsable económico-financiero, de las obligaciones de transparencia y apertura de datos, o del régimen de contratación. Por último, se desaprovecha la reforma para introducir cambios más amplios en el régimen orgánico de los partidos políticos, y no solo en los aspectos relativos a su financiación.

El paquete legislativo incluye propuestas de modificación a otras leyes que +Democracia considera insuficientes o insatisfactorias:

  • Ley Orgánica de Partidos Políticos: establecer un régimen de renovación de los órganos cada cuatro años (+Democracia propone que sea cada dos años); se sigue sin regular el régimen de recursos judiciales para proteger los derechos de los afiliados, lo que exige un incierto proceso antes los tribunales ordinarios o una desproporcionada petición de amparo al Tribunal Constitucional (+Democracia propone establecer un sometimiento claro al Derecho administrativo);
  • Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: se aprovecha para incluir una disposición que implica un crecimiento automático de las subvenciones a los partidos (+Democracia considera que debería contenerse este gasto, y no incluirse esta disposición);
  • Ley Orgánica del Régimen Electoral General: al rebajarse el reembolso de costes por envío de propaganda pero mantenerse la fijación por Orden Ministerial de las tarifas especiales para su envío se aumenta el poder gubernativo para condicionar la capacidad de partidos pequeños para realizar publicidad (+Democracia propone que la tarifa quede asimismo fijada en la Ley).

Profundizar en las reformas sigue siendo una oportunidad de mejorar la calidad de la democracia. En el caso de la financiación de los partidos, queda todavía pendiente prohibir las donaciones de empresas a las fundaciones y otras organizaciones relacionadas con los partidos políticos, exigir transparencia en las donaciones recibidas y en las fuentes de financiación, y exigir auditorías externas de cuentas a todos los partidos con representación institucional.

Estas y otras medidas de regeneración democrática, como la mejora del funcionamiento interno de los partidos o la revisión de la Ley electoral y abordar nuevas medidas de lucha contra la corrupción, seguirán siendo una demanda ciudadana que las organizaciones de la sociedad civil deberemos impulsar y canalizar en los próximos meses de cara a los pactos entre los partidos y a las elecciones generales.

 

 

Flash Derecho elecciones: dos lecciones

Pienso que las elecciones de ayer nos dejan dos lecciones bastante evidentes, por otra parte muy relacionadas entre sí: una sector muy sensible de la ciudadanía quiere un cambio, y a ese sector le importan las personas que van a protagonizarlo.

Una pista muy reveladora es el resultado obtenido por el PSOE en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Mientras que en la Comunidad es el segundo partido con casi un 26% de los votos, en el Ayuntamiento es el tercero con un 15%. Un descenso de más de 10 puntos y en torno al 40% de los votos es algo sin precedentes en nuestra historia democrática, que demuestra que muchos electores han votado de manera distinta en las dos elecciones. Pero la explicación no está solo en la diferencia de solvencia entre los dos candidatos de ese partido, sino también en la personalidad de los demás. Que el PP tuviese la desvergüenza de presentar a Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento y que Podemos decidiese apoyar a una candidata de prestigio como Manuela Carmena, ha influido también en la reacción de muchos votantes socialistas y no socialistas a la hora de tomar partido por unos, por otros, o incluso por la abstención. Que Cifuentes gane a Aguirre en la ciudad de Madrid es otra prueba de ello.

Este fenómeno ha ocurrido también en otros muchos lugares y explica asimismo que Ciudadanos, pese a obtener un magnífico resultado, se haya quedado un poco por debajo de sus expectativas. La marca tiene tirón, pero su jefe no se presentaba. Obligados a formar listas a toda velocidad no han podido sumar personalidades con el suficiente atractivo y han pagado el precio correspondiente. Por eso mismo resulta dramático que no fuese posible el pacto con UPyD, que hubiera servido para paliar esta carencia. Ahora bien, lo que está claro es que el elector concienciado dispuesto a apoyar esa opción de centro regenerador ha identificado las responsabilidades y ha votado en consecuencia. Excepto en aquellos lugares en que, de nuevo, la personalidad del candidato se ha impuesto (como en la ciudad de Segovia), el castigo a UPyD ha sido tremendo, colocándole al borde de la desaparición. Y creo que ya solo queda una bala en la recámara. Esperemos por el bien de todos y por el magnifico trabajo realizado que no se desperdicie.

El resultado del PP es catastrófico porque se ve expulsado prácticamente de todo el poder territorial. Para un partido tan ferozmente clientelar es algo muy próximo a la hecatombe, y el liderazgo de Mariano Rajoy queda fuertemente tocado. Si no colocas a la clientela no vales para el puesto. Sin más. La cuestión a dilucidar ahora, por tanto, es si su poder oligárquico desde la cúpula será o no más fuerte que el resentimiento y el temor desde las bases.

Por último, queda la cuestión de si este resultado puede ser extrapolable a unas elecciones generales. Como todas las elecciones locales, las circunstancias particulares de cada localidad influyen, pero aunque el resultado por eso mismo pueda no serlo, las dos lecciones enunciadas están aquí para quedarse. Pese al sueño de Rajoy de que el resultado británico se replique en nuestro país, y que lo único que ocurra es que Podemos sustituya a IU y Ciudadanos a UPyD, yo no apostaría por ello. La gente esta deseando votar por un cambio, pero también quiere que sea razonable. Por eso mismo, nada está escrito, y todo dependerá de si los nuevos partidos acierten con las personas adecuadas y demuestran una disposición al pacto responsable. El banco de pruebas acaba de comenzar y el que demuestre mayor madurez y vocación regeneradora se llevará el gato al agua. Los españoles quieren una política un poco más decente, pero no les vale cualquier cosa. Tampoco unas simples siglas.

 

La conspiración de los votantes

En este tiempo de cambios quizá uno de los fenómenos que llamen mas la atención, por lo menos de los ciudadanos sinceramente regeneracionistas, sea la súbita implosión del partido que hasta hace pocos meses mejor encarnaba esa necesidad de renovación de nuestra democracia: UPYD. Las explicaciones creo que son bastante más sencillas que las que manejan sus actuales dirigentes y que, en realidad, podrían resumirse en una sola: España no esta preparada para votarles. Digo España porque bajo ese paraguas se cobijan los medios del establishment, las clases extractivas, los poderes facticos y hasta el partido que se esta quedando con su espacio electoral; o que ya se lo ha quedado si consideramos que lo ocurrido en Andalucía es perfectamente extrapolable a otras CCAA y probablemente a muchos ayuntamientos. En cualquier caso lo que parece claro es que, como le ocurre al PSOE o al PP, la marca ya no vende.

A mi juicio ya no vende porque mucha gente no se cree que la regeneración pueda venir de la mano de un partido que ha sido incapaz de regenerarse a si mismo y que ha demostrado tener los mismos tics de los viejos partidos. Liderazgo concentrado en una persona y en sus fieles, listas confeccionadas desde arriba -las primarias son solo para el cabeza de lista- utilización de expedientes disciplinarios por motivos mas bien ideológicos, control del orden del día en congresos y reuniones de los órganos de gobierno del partido, cooptación para elegir a los miembros de todos ellos ( aunque sean ratificados luego por los afiliados) y, en fin, falta de asunción de responsabilidades políticas en caso de desastre electoral. Nada nuevo bajo el sol dado que la gran asignatura pendiente de nuestra democracia es precisamente el mal funcionamiento de los partidos políticos. Si a esto le añadimos el empecinamiento en no darle a los electores lo que estos pedían a voces, es decir, una coalición con Ciudadanos, y la edad y el perfil de Rosa Diez, ya tenemos una explicación mas sencilla que la rocambolesca coalición de las fuerzas del mal.

Dicho eso es indudable que el partido en estos años ha realizado una labor extraordinaria sin la cual hoy no estaríamos hablando de la caída del bipartidismo y de un nuevo tiempo político. El trabajo realizado ahí esta y no creo que ese legado vaya a desaparecer fácilmente, no solo porque lo hayan recogido otros partidos -una señal de éxito indudable pese a las fastidiosas acusaciones de plagio- sino porque los ciudadanos han entendido como funcionan las cosas. Claro que por eso muchos no renunciarán a votar a políticos populistas o corruptos ni al mantenimiento del régimen clientelar en que se basa nuestro sistema político. Hay mucha gente a la que le va muy bien con él. Pero por lo menos va a ser muy difícil engañarse y mantener una buena opinión de uno mismo mientras se vota al partido de la Gürtel o de los ERES.

En ese sentido recuerdo la conversación con un alto directivo de una entidad financiera que me intentaba convencer de que la ya famosa querella de UPYD en el caso Bankia era demagogia pura. Bendita sea una demagogia que tiene por objetivo defender el Estado de Derecho cuando las instituciones responsables no lo hacen o peor aun, defienden a los que lo quebrantan. Otra lección impagable de este pequeño partido ha sido la de no cambiar apoyos políticos por cargos, el abc de nuestros pactos politicos hasta hace media hora. Si ahora oímos decir a nuevos partidos que los votos se prestan para apoyar a programas o a concretas actuaciones a ellos se lo debemos. Como también el haber recuperado la ética del servicio a los intereses generales y la dignidad de la política

Como pueden ver, un legado impresionante que, entre todos los que pensamos que este país tiene solución, habría que ayudar a mantener y a difundir con o sin UPYD. Resulta paradójico que el mismo tesón que le ha permitido hacer tanto en tan poco tiempo imposibilite la flexibilidad imprescindible para sobrevivir en el mundo de la Política con mayúsculas. Los votantes regeneracionistas han pensado que el partido se había quedado demasiado anquilosado para hacerlo, que necesitaba una renovación y unos pactos que no se han hecho y, de buena o mala gana, han preferido y van a preferir otras opciones que a día de hoy parecen mas ilusionantes y, sobre todo, posibles.

Pero, en cualquier caso, conviene no engañarse demasiado: como decía el Casio de Julio Cesar la causa de nuestros errores no esta en las estrellas, sino en nosotros mismos.