Ay, Derecho: Los “exámenes de honradez” de doña Esperanza: más valdría serie que sainete

house-of-cardsEste martes por la mañana ponía yo un tuit en el que decía que el ejercicio práctico del examen de honradez del PP que doña Esperanza Aguirre ha promovido era quedarse a solas con un fajo de billete de 500. Mi coeditora Elisa me animaba a que hiciera un post jocosillo y presto me puse a ello. Pero es que me salía tan sarcástico que sólo podría generar reacciones adversas, salvo para algunos lectores benevolentes que pudieran imaginar lo que en realidad quieres decir.

Quizá convenga, por ello, explicarse un poco menos parabólicamente. Evidentemente, no hay nada malo en que los partidos realicen una previa selección y escrutinio de las personas que van a ejercer cargos públicos. En la interesante serie televisiva House of Cards, cruda narración del maquiavelismo moderno, hay un momento en que Peter Russo, un candidato propuesto por el malvado Frank Underwood, y totalmente dominado por él por su pecaminoso pasado, es sometido a una difícil entrevista por un profesional en trapos sucios, conocido de Underwood, que llega a exasperar a Russo por sus molestas preguntas sobre pedofilia y otras aberraciones. Se trata de que no salga algo inesperado en el momento más insospechado con un examen a tumba abierta (que de paso sirve para tener pillado a Russo). Lo que hace Underwood es una selección interna de elites, desde luego, aunque no por interés público, sino para asegurarse el control del candidato a gobernador y no encontrarse sorpresas que puedan usar sus enemigos posteriormente ante la opinión pública. Nada menos que Bill Clinton ha manifestado que el 99 por ciento de la serie es verdad.

Sí, Underwood es maquiavélico, un luchador despiadado por el poder, pero sabe bien que en los Estados Unidos la opinión pública puede desbaratar cualquier plan político. De hecho, el obstáculo principal de la campaña es precisamente el pasado de drogadicción del candidato, que finalmente consigue enfocarse como un ejemplo de redención y rehabilitación total, que justifican el perdón del pueblo.

Por supuesto, esto no esa especie de “trinca” que estamos acostumbrados a ver en otras series americanas, como El Ala Oeste de la Casa Blanca, en donde podemos contemplar lo mal que lo pasa el presidente de los Estados Unidos cuando un candidato propuesto por él ha de someterse a las inquisitivas preguntas de los diputados integrantes de la oposición e, incluso, de los de sus propias filas, hasta el punto de que puede ser que finalmente no obtenga las mayorías necesarias para ser nombrado (véase en este enlace que me manda mi colega Luis Bustillo cómo la baja asistencia del senador Ted Cruz pone en los USA en peligro sus posibilidades como candidato). Igualito que los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional o del CGPJ por estos lares en que antes de convocar ninguna sesión ya se sabe perfectamente quién sale elegido, porque ya se han encargado los partidos de repartirse los cargos.

No, lamentablemente, los “exámenes de honradez” no se parecen nada a esos procesos de selección. Pero es que tampoco se parecen nada a los del ínclito Underwood, efectivos en su maquiavelismo. Los exámenes de Esperanza Aguirre son algo más tosco o de andar por casa. No tienen intención de descubrir trapos sucios ocultos, sino aparentar ante la ciudadanía (con razón lo llamaba “teatrillo” El Mundo) un prurito de rectitud: un amagar pero no pegar. Más les valdría que se hubieran afrontado debidamente los casos de corrupción ya existentes, desmarcándose de ellos de una forma clara y contundente y que hubieran rodado unas cuantas cabezas, entre ellas la de la propia Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato proliferaron como setas los casos de corrupción sin que nada digno de mención haya pasado (ver aquí post de Rodrigo Tena). No pretenderán ahora que nos creamos que con un examen liderado por Alvarez del Manzano, en el que los candidatos ya se sabían las preguntas y estuvieron previamente preparándolas con especialistas, ya vayamos a pensar que todo esta solventado y que, hala, “pelillos a la mar”.

De hecho es un insulto a la inteligencia del votante pensar que se va a creer que enormidades de las redes Gürtel o Púnica, por no mencionar el mismo caso Barcenas (que ataca de nuevo con ponzoñosas y comprometedoras declaraciones) son simples errores in eligendo de los que los seleccionaron, oscurecidos en su juicio por la enorme astucia e histrionismo de unos malvados corruptos en potencia que, con premeditación y alevosía, albergaban ya desde el primer momento en sus oscuros corazones la comisión de tremendos delitos que sorprenderían la buena fe y candidez de los que lo designaron. A otro perro con ese hueso.

Lo grave es que todo esto ocurre por un verdadero fallo del sistema, que favorece este tipo de situaciones. Hay un capítulo del libro nuestros amigos de Politikon, La Urna Rota, que se llama “Partidos defectuoso, elites mediocres” en el que ponen de manifiesto que una de las funciones de los partidos, además de agregar opiniones políticas, es precisamente la de seleccionar elites. Pero claro, mal van a seleccionarse cuando, en un sistema monolítico como el nuestro, la principal virtud que se exige al candidato es la lealtad y los incentivos que tiene van en esa línea: a quien tiene que agradar el político no es al pueblo soberano a quien se debe, sino al que tiene en la mano la posibilidad de cerrar listas y designar a sus integrantes como nos ha puesto paladinamente de manifiesto el chusco asunto de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid, en el que su nombramiento mediante primarias no ha impedido que la Superioridad se pasará la designación democrática del candidato por el arco del triunfo, si eso conviene a los intereses del partido. O que el bueno de Rajoy jugara con los tiempos hasta el último momento para la designación de candidato al Ayuntamiento o a la Comunidad. No estoy diciendo aquí que no tenga que haber en los partidos una jerarquía y una dirección común, pero de ahí a que los únicos incentivos del político sean los de agradar a sus superiores hay un buen trecho.

En fin, es evidente que esta cuestión no se resuelve a corto plazo y que pasa por una reforma del sistema de partidos y, probablemente del electoral, con el objeto de romper el monopolio que de la voluntad del político tienen las cúpulas de los partidos (por eso se ha venido a llamar cupulocracia) para que los ciudadanos puedan tener también una participación y respondan, al menos algo más, ante ellos. Pero, mientras tanto, podrían evitarnos estos sainetes bochornosos, que estoy seguro tampoco han gustado a quienes las han interpretado.

Rosa Díez, que estás en el centro

Ahora que muchos te criticamos más que nunca por enrocarte tras las elecciones andaluzas, es justo mirar hacia atrás y elogiar lo que has aportado a la política española: la consolidación de una tercera vía (me gusta la acuñación “socialdemocracia liberal” de Daniel Innerarity) a escala nacional que ha resultado esencial para que los ciudadanos exijan a sus representantes una conducta irreprochable en defensa del interés colectivo.

Aunque estuviera de acuerdo en su día con bastantes de tus críticas, seguirá sin gustarme que utilizaras tu puesto de cabeza de lista en el PSOE en el Parlamento Europeo como altavoz para un nuevo proyecto que acabó cristalizando en UPyD. Pero ahora, casi una década después, despreciar todo el legado de tu partido por ese supuesto “pecado original” sería caer en la dialéctica del trazo grueso (“o conmigo o contra mí”) que tanto empobrece la política española.

La política no debe ser como el fútbol donde uno es de su equipo a muerte y, aunque reconozca el talento en otros, desea que ganen siempre los suyos. Los partidos políticos tienen una carga simbólica por los valores y los logros que históricamente hayan defendido (en tiempos no tan lejanos, hasta con la vida de algunos de sus militantes), pero deben siempre considerarse como medios al servicio del cambio social y nunca como fines en sí mismos. Y hay que reconocerte, Rosa Díez, que has predicado en muchas ocasiones con el ejemplo, dando prioridad a la defensa insobornable de un ideario antes que al mero interés electoralista.

Pero los partidos tampoco deben ser estancos ni inmutables como las religiones, porque nadie debe tener la pretensión de poder formular la perfecta síntesis del pluralismo que se construye desde la libertad de cada individuo. La unanimidad es una utopía que inspira, pero no debe contaminarse de la menor tentación totalitaria. Lo que cuenta es preservar la capacidad de adoptar compromisos y de pactar transparentemente ante los ciudadanos, para que las elecciones sirvan eficazmente para exigir cuentas y optar entre una oferta política diferenciada (que no atomizada).

La política debería inspirarse más del mercado de la innovación (aunque algunos les moleste hasta que se “ensucie” la noble política usando un símil empresarial), donde pequeños emprendedores desarrollan patentes que venden a empresas más grandes que serán capaces de explotarlas, o incluso de start-ups cuyo personal se integra en organizaciones más amplias. Por eso, creo compatible militar en el PSOE –al considerar que es una gran maquinaria que puesta a punto podría ser la más útil para transformar España en un sentido progresista– y admirar que Ciudadanos, UPyD o Equo están más avanzados en su democracia interna

Como militante del PSOE, me gustaría que mi partido tomara ciertas ideas y métodos, e incluso “fichara” gente de otros partidos progresistas, y no me rasgaría las vestiduras si algún compañero cambiara de partido si así se sintiera más útil para luchar por lo que cree. Como militante del PSOE, me alegro cuando otras formaciones proponen ideas útiles y realistas, debaten con honestidad intelectual y evitan el “y tú más”. Como militante del PSOE, me felicito cuando otros eligen a candidatos que suben el listón de la capacidad y de la honradez, y, en particular, celebraría que el PP remontara en su valoración ciudadana porque se hubiera decidido a no volver a encabezar su cartel en las generales con el jefe de Bárcenas, porque un presidente del Gobierno con esta mancha es un verdadero descrédito para España.

Como militante del PSOE, me preocupa que Podemos dé la espalda a todos estos principios de la razón democrática: desacreditando a todos los cargos públicos acusándolos de estar igual de corrompidos (mientras tapan las trampas de sus dirigentes), en lugar de reflexionar responsablemente sobre la regeneración que nuestro país necesita que pasa por cambiar muchas cosas pero también por respetar otras muchas que funcionan. Su populismo pretende suplantar la pluralidad por la voz única del “pueblo” cuya voluntad descifran en las redes sociales unos sacerdotes cooptados.

Por eso, me apena que quienes hasta ahora han sido el primer contrapeso al empobrecimiento de nuestra democracia, caigan ahora en reprochar a los andaluces lo mal que han votado y en exagerar diferencias con el partido al que más se parecen. De haber sumado UPyD sus siglas a las de Ciudadanos, habrían logrado un 45% más de escaños en el Parlamento andaluz, imprescindibles para contrarrestar a Podemos. En las generales, donde el gran número de circunscripciones pequeñas genera un reparto de escaños aún menos proporcional, podrían desperdiciarse muchos más votos centristas de uno u otro partido.

“Rosa Díez, que estás en el centro”. No he militado ni votado a UPyD, pero me he sentido cercano a muchas de vuestras posiciones, que en buena medida coinciden también con las de Ciudadanos, y he luchado dentro del PSOE porque las incorporáramos. No soy nadie para pedir que te marches, probablemente sería un injusta pérdida que te retiraras del tablero político español, pero sí espero que no acabes siendo “Rosa Díez, que estás en el medio” de que una tercera vía logre por fin afianzarse ante los votantes españoles.

Esperanza, candidata

Como muchos de ustedes saben, la palabra “candidato” proviene del latín candidatus, a su vez relacionada con candidus, que no significa lo que ustedes están pensando, no, sino “blanco radiante”. Ello es debido a la toga candida, sin macula, que lucían en la antigua Roma los candidatos en las elecciones, incluidas las locales a aediles y duoviri.

Pienso que hasta aquellos que tienen ya decidido votar a Esperanza Aguirre al ayuntamiento de Madrid, estarán totalmente de acuerdo conmigo en que su toga no es radiante, sino más bien bastante sordida (es decir, sucia). Es verdad que desde el estricto punto de vista de la responsabilidad penal la toga está limpia, aunque en algunos casos sonados simplemente por la campana, como en el escándalo Fundescam y en el de la huida de la policía municipal de Madrid. Pero me parece difícil imaginar otro candidato que presente una hoja de servicios tan desastrosa desde el punto de vista de la responsabilidad política. Su toga proclama a viva voz lo peor de los años de política clientelar y corrupta que nos ha conducido a dónde estamos y, sin embargo, el Partido Popular, el partido de gobierno amenazado de ser expulsado de prácticamente todas las instituciones, la presenta de nuevo como su mejor oferta a los electores.

Pues bien, la pregunta que quiero tratar en este post es, precisamente, ¿cómo es posible que una democracia supuestamente moderna y avanzada un partido de gobierno pueda permitirse el lujo de presentarse con una toga en estas lamentables condiciones?

Vayamos por partes. Primero, resumidamente, los hechos.

Esperanza Aguirre ha sido Presidenta de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012 y Presidenta del PP de Madrid desde 2004. Durante esos años algunos de sus más destacados colaboradores, aliados y subordinados tejieron varias redes de corrupción mafiosa (Gürtel y Púnica) sin precedentes en España y que poco tiene que envidiar a las peores tramas del sur de Italia o de Argentina. Entre ellos cabe destacar a Alberto López Viejo, cabeza de la Gürtel, que colaboraba con Esperanza Aguirre desde que esta se encontraba en el ayuntamiento de Madrid (al que aspira ahora a volver). Posteriormente se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo viceconsejero de presidencia y consejero de deportes. No nos podemos olvidar, por supuesto, de Francisco Granados, cabeza de Púnica, al que nombró consejero de presidencia, justicia e interior (¡nada menos!) y apoyó hasta el final. Ambos se encuentran hoy en la cárcel, junto con otras decenas de compañeros de partido. Todo ello al margen de otros casos “menores”, como la recalificación urbanística realizada en Villanueva de la Cañada por su director general de urbanismo, Enrique Porto, en beneficio del propio director y de algunos familiares de la sra. Aguirre.

Esperanza Aguirre estuvo envuelta en un escándalo de financiación ilegal de su campaña de 2003-2004 a través de la fundación Fundescam, de la que ella era presidenta. Recibía donaciones de empresas a las que luego su gobierno adjudicó más de 200 contratos, la mayoría por vía directa. La Agencia Tributaria denunció el hecho tras localizar facturas falsas de empresas de Gürtel a Fundescam, pero posteriormente la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso por considerar prescrito el delito.

Durante su presidencia de la Comunidad, su gobierno funcionaba como una organización mafiosa, ya no solo por la explotación de los negocios Gürtel y Púnica, sino entre ellos mismos. Los empleados de seguridad de la Comunidad, pagados con el dinero de los contribuyentes, se dedicaban a espiar por cuenta de algunos altos cargos a otros compañeros de gobierno. Designaban en puestos de libre designación –casi todos- a los respetivos amigos. No existía el menor criterio para seleccionar personal, fuera del amiguismo (en los órganos consultivos) o del impacto mediático (caso Neira). Siempre muy bien remunerados, por supuesto. No es de extrañar, por tanto, que ya fuese por complicidad o incompetencia, el fraude de las subvenciones para los cursos de formación (caso Aneri) repartiese millones de euros de dinero público en bolsillos privados ante la vista, ciencia y paciencia de ese gobierno.

En el año 2012 abandona la presidencia de la Comunidad de Madrid (no del partido) dejando como presidente a otro estrecho colaborador de siempre, Ignacio González (el del famoso ático) a quién previamente había querido nombrar presidente de Caja Madrid. No explicó en ese momento de manera clara las razones de su decisión de abandonar el cargo. Desde luego era muy libre de hacerlo, pues cuando uno se va no tiene que explicar nada… salvo cuando pretende volver, claro. Entonces a los ciudadanos nos gustaría conocer qué razones jugaron entonces que ya no concurren ahora. Pero sobre esto ni hay explicación convincente ni creo que la vayamos a tener, al menos de su propia voz…

Ya fuera de la presidencia, una mañana Esperanza Aguirre aparca su coche en el carril bus de la Gran Vía y se va tranquilamente a sacar dinero del cajero. Cuando unos policías municipales pretenden multarle, arranca su coche, derriba una moto y se vuelve tranquilamente a su casa. Hoy el PP la presenta a la alcaldía de ese ayuntamiento. Todo verdaderamente ejemplar.

Y yo me pregunto, en cualquier país serio, ¿esto sería posible? No. Entonces, ¿qué lo hace posible en el nuestro?

En el nuestro, la candidata escribe columnas todos los lunes en un importante periódico nacional (“Los lunes, Esperanza”) desde las que pontifica contra la corrupción y hace gala de su condición de liberal. Debe pensar que se puede pontificar contra la corrupción cuando uno no ha robado para sí. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo cuando uno es el responsable político del entramado más corrupto que nunca ha existido en España, del que se han beneficiado compañeros, amigos y familiares. Cuando con su complicidad y/o incompetencia (y no sé cuál de las dos cosas es peor) se ha robado tanto dinero público y se ha lesionado de manera gravísima las instituciones democráticas de la nación. Podemos da miedo, sin duda, pero nadie puede dudar que los/las Esperanzas de este país han sido sus principales fulminantes.

Debe pensar, también, que para que uno se las pueda dar de liberal basta decirlo o tener un retrato de Margaret Thatcher en el despacho. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo si bajo su mandato clientelar se han destruido totalmente los criterios de mérito, competencia y capacidad, pilares sagrados de cualquier liberalismo digno de ese nombre. Verdaderamente, entender que la competencia es deseable para los demás, pero no para uno mismo, difícilmente puede merecer el calificativo de liberal.

Segundo, la explicación.

En el fondo es muy sencilla: la han elegido porque creen que usted, querido lector, la va a votar, con independencia de lo sordida que tenga la toga.

No se moleste, no es nada personal. En muchas democracias se votan todos los días togas sordidae con total normalidad. En Nigeria, Argentina, Italia, Grecia y en otros países democráticos, diría que en la mayoría, se vota –ya sea por razones clientelares, étnicas, grupales o religiosas- siempre a “nuestras” togas, con independencia de su estado. Ha sido frecuente también en otros países avanzados que ya han superado esta fase del desarrollo democrático, como en EEUU (basta recordar la gloriosa época de las political machines).

La razón es evidente: en un sistema institucionalmente débil, el elector que busca maximizar su interés particular a través de su voto no puede confiar en el funcionamiento imparcial del sistema. Sospecha que siempre va a ser capturado, por unos o por otros, por lo que elige que lo capturen aquellos más próximos, respecto de los cuales podrá conseguir mayor beneficio indirecto (no siempre material, sino a veces meramente sentimental). Como descuenta la captura, no penaliza ni el robo, ni la corrupción, ni la falta de responsabilidad, ni las inmoralidades manifiestas; bajo el presupuesto de que todo el mundo se comporta igual, solo se fija en ese beneficio indirecto. Así ha funcionado la política española durante muchos años y el PP lo sabe muy bien (basta recordar el caso Camps en Valencia, reelegido después del escándalo Gürtel por mayoría absoluta).

La conclusión, entonces, es que para el PP nada ha cambiado: seguimos siendo el país de siempre, uno más del insigne montón que acabo de citar, y, por eso, la apuesta por una persona como Esperanza Aguirre, capaz de movilizar con tanta eficacia esas querencias grupales, resulta muy razonable.

La cuestión a dilucidar, sin embargo, es si también va a funcionar otra vez ahora, cuando ciertas circunstancias están empezando a cambiar en España de manera muy sensible. La crisis ha puesto de manifiesto una situación real todavía más corrupta de lo que nos imaginábamos (y lo que puede todavía venir). Durante un tiempo habíamos preferido no mirar, pero ahora resulta imposible. El elector no directamente capturado por las redes clientelares encuentra cada vez más resistencias íntimas a identificar ese grupo como “propio”. Por otra parte, existe cada vez más conciencia de que la incompetencia e ineficacia de esos gestores (más preocupados por lo particular que por lo público) junto con los escándalos de corrupción, tienen una incidencia directa en la dificultad de la recuperación económica, que al final terminamos pagando todos, los propios y los ajenos. Por último, el concurso de nuevos partidos políticos -es cierto que en cuanto políticos siempre sospechosos- pero, al menos algunos, no manchados directamente por la corrupción, ofrece una alternativa que antes no existía.

¿Será esto suficiente o, como ocurre en Nigeria y Argentina, seguiremos votando togas sordidae?

La respuesta, en poco tiempo.

 

La democracia, los partidos políticos y la democracia en los partidos políticos

Observando las bases del Derecho Público español vigente, es posible comprobar la existencia de una estructura jurídico-política que procede de la idea de que España es un Estado social y democrático de Derecho conforme al artículo 1.1 de la Constitución Española, siendo los partidos políticos una manifestación de la expresión del pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, y un instrumento fundamental para la participación política. Por eso, los partidos tienen una gran importancia en el sistema constitucional español, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, que señala que su “relevancia viene justificada por la importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias pluralistas, de forma que se ha podido afirmar por algunos Tribunales extranjeros que «hoy día todo Estado democrático es un Estado de partidos» o que éstos son «órganos casi públicos», o conceptos similares”.

Es necesario destacar que el artículo 6 de la Carta Magna española establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Este precepto deriva de la acertada idea de que, para que una sociedad sea adecuadamente democrática, los partidos que en ella se encuentran también deberán ser democráticos, ya que, de lo contrario, será imposible, en todo caso, que la ciudadanía pueda tener verdaderamente el poder.

El principal problema existente en la actualidad, en lo que a la actividad de los partidos políticos y a la toma de decisiones se refiere, es que la organización de los mismos se ha establecido de forma vertical y no de forma horizontal, de modo que las decisiones de ciertos miembros del partido prevalecen sobre la voluntad de los demás, que tendrán que elegir entre aceptar las ideas o revelarse, siendo la sumisión la opción mas cómoda en muchas ocasiones en las que determinados militantes pretenden escalar dentro del entramado organizativo de la formación política.

La situación existente en la mayoría de los principales partidos políticos del panorama nacional es que se ha creado una casta dentro de cada formación, de manera que unos pocos controlan o intentan controlar en el aspecto ideológico y en el aspecto organizativo todo el aparato del partido, que incluye a los militantes que están en las bases.

La casta que existe en cada partido está configurada, partiendo de la explicación de César Molinas en “Una teoría de la clase política española“, como una élite extractiva que intenta instrumentalizar la formación política, en lugar de como un medio para hacer efectiva la democracia, como una herramienta para lograr la consecución de fines de naturaleza particular con el objetivo de beneficiar a un sujeto o a un grupo de sujetos determinados, sacrificando, en muchas ocasiones, el interés del partido por satisfacer deseos privados que pretenden alcanzar un plano que supera al ámbito de la formación y que se manifiestan como el sueño de ser parte de una oligarquía política. Ese hecho provoca que, en muchas situaciones, bastantes militantes vean frenada su capacidad decisoria por la fuerza de las corrientes oficialistas, que intentan ejecutar en los órganos deliberativos las ideas de las personas que controlan los órganos directivos, de modo que, como dice Paloma Biglino Campos, “los partidos políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo capacidad para llevar la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado”.

Los mecanismos empleados para controlar cada partido, que se constituye como un pequeño sistema dentro del sistema político nacional, son incompatibles con la democracia interna y suelen verse materializados en figuras como la disciplina de voto, que produce la alienación ideológica de muchos dirigentes en determinados asuntos debatidos en el seno del partido en el momento de desarrollar su actividad parlamentaria, aunque el artículo 67.2 de la Constitución Española indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Distanciarse de las actuaciones dirigidas por la cúpula de cada partido puede tener consecuencias negativas, ya que, como Alfonso Guerra dijo, “el que se mueve no sale en la foto”, aunque, como afirma Francisco Sosa Wagner, “el deber fundamental de todo afiliado debe ser el de respetar el credo ideológico básico de la concreta organización y su derecho más fundamental el de criticar las concretas estrategias de los dirigentes para poner en práctica el ideario”.

En el seno de determinados partidos políticos se están produciendo luchas para obtener el control de la asociación que deberían servir para fortalecer a las formaciones pero que, realmente, parecen perjudiciales. Este hecho puede ser útil para comprobar que, ciertamente, los partidos no están construidos sobre unos cimientos ideológicos y jurídicos sólidos, que deben estar presididos por la libertad ideológica y por la libertad de expresión.

No hay duda alguna de que es necesario realizar algunas modificaciones normativas que son indispensables, como las que se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a otros cambios, como el que debe hacerse para tipificar adecuadamente la financiación ilegal de las formaciones políticas. Las alteraciones legislativas correctas, si se hicieran bien, resolverían muchos problemas y servirían para poder crear un verdadero sistema democrático en el que los partidos y sus dirigentes sean una parte de la solución en lugar de constituir una parte del problema. No puede dejar de tenerse presente que los partidos políticos son un reflejo de la realidad social existente.

Para que España pueda ser un Estado social y democrático de Derecho, es necesario que los partidos políticos sean fieles a los principios que sustentan la estructura jurídica existente, ya que son un elemento de ella y sus actuaciones condicionan el desarrollo de la práctica judicial, la creación de la legislación y la actividad administrativa, por culpa de las distorsiones que se han ido produciendo por los fallos que tienen los pilares constituciones, que no han logrado garantizar el establecimiento de una fuerte división de poderes, aunque no hace falta modificar la Constitución, sino mejorar algunas normas esenciales y garantizar su cumplimiento.

Las cuentas de los partidos políticos y el Tribunal de Cuentas

El pasado 5 de enero, el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes su informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al parlamento europeo de 25 de mayo de 2014, donde los partidos políticos gastaron en total 37,5 millones de euros, de los cuales 17,4 correspondieron a la actividad de envío de propaganda electoral.

Además de asombrarnos del dineral gastado en la campaña electoral europea, lo primero que nos preguntamos es de dónde salieron estos millones. Leyendo el informe del Tribunal, vemos que la principal fuente de recursos fueron los créditos bancarios, que alcanzaron los 22,2 millones de euros (le siguen los anticipos electorales del Estado y las aportaciones de los partidos). En unos años donde el grifo del crédito bancario ha estado prácticamente cerrado para las pymes y particulares, nos congratula que al menos los partidos políticos puedan seguir accediendo sin ningún problemaa esta fuente de financiación.

El informe reseña algunas incidencias en el caso del PP y PSOE e “incoherencias” en el caso de Podemos, pero la conclusión es que ninguno de los diez partidos o coaliciones que han justificado sus gastos ha superado los límites previstos en la normativa electoral y el Tribunal no ha pedido reducir la subvención que les corresponde por la ley. Nos tranquiliza.

Vayamos por tanto a las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas que por experiencia sabemos que suelen tener bastante “miga” y en este caso son “de cajón”:

  • Precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo establecido en laLey Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El Tribunal recomienda a los partidos que limiten su inversión a la imprescindible para acometer la campaña, ajustándose a una interpretación estricta de los conceptos subvencionables… ¿Pero esto no debería ser una obligación en vez de una recomendación?
  • Tipificación y determinación de las sanciones ante los incumplimientos e infracciones de la regulación que están previstas en la normativa electoral. Parece que da pereza esto de definir sanciones por saltarse la legislación electoral…
  • Adecuar el límite de gastos en publicidad exterior, en prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada, previstos en la LOREG, a los nuevos soportes de publicidad introducidos como consecuencia de las nuevas tecnologías (publicidad en prensa digital y los anuncios en internet). Ya va siendo hora, teniendo en cuenta que la inversión publicitaria en Internet lleva creciendo varios años en detrimento de otros medios como la televisión.

Las otra recomendación del informe es la de regular, cubriendo el vacío legal que existe en esta materia, los sistemas de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva (el crowdfunding) para obtener recursos de financiación privada.

Esta última recomendación está motivada por el crowdfunding de Podemos en la campaña electoral de las europeas. Y es que el partido que lidera Pablo Iglesias ha introducido una nueva forma de financiación de los partidos políticos, aprovechando Internet y la capacidad de movilización que tienen sobre sus simpatizantes: el crowdfunding político. Como si de un emprendedor se tratara, Pablo consigue financiar las campañas electorales del partidogracias a las aportaciones de particulares a través de Internet y eso es algo que al Tribunal de Cuentas ha descolado, ya que no lo había visto ahora.

En las pasadas elecciones europeas, Podemos obtuvopor esta vía114.365 euros. El Tribunal de Cuentas puso en entredicho la procedencia de 48.261 euros de ese dinero, al no constar varios datos de los donantes exigidos por la LOREG (nombre, apellidos, DNI, domicilio….). Podemos alegó problemas técnicos con el software informático del crowdfunding y finalmente solo 57 ingresos (por un importe de 886,12 euros) incumplieron la ley por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere.

El caso es que el Tribunal va a tener que acostumbrarse a esta nueva fuente de financiación y en efecto tendrá que ser regulada, porque para las próximas elecciones andaluzas del mes de marzo, Podemos ha recaudado vía crowdfunding 100.000 euros en apenas 24h para costear su campaña electoral…

Casualidades de la vida, coincidiendo con la remisión a las Cortes de este informe sobre las elecciones europeas, el diario El País publicó una nota interna del Fiscal jefe del Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de partidos de 2012, que se aprobó por el pleno del Tribunalel pasado 26 de junio de 2014. En ese documento, el Fiscal (que depende de la Fiscalía General del Estado) apreciaba delitos tributarios y/o de falsedad en Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), Partido Nacionalista Vasco, PP y PSOE, EuskoAlkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya.

Tras la publicación de El País, los partidos afectados negaron cualquier irregularidad y la Fiscalía del Tribunal aclaró que se trataba de un documento interno de trabajo con  “carácter preliminar” y que la noticia publicada era “prematura”.

Para rematar el asunto, unos días después, dos consejeros del Tribunal de Cuentas (los presidentes de la Sección de Fiscalización y de la de Enjuiciamiento) discreparon abiertamente de la interpretación del Fiscal del Tribunal sobre las finanzas de 2012 relativas a los seis partidos señalados  y no apreciaron ningún delito en las cuentas de esos partidos.

En este Blog nos hemos quejado reiteradamente sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, del nombramiento de sus consejeros por parte de los partidos políticos, de los retrasos de sus informes, de que sus conclusiones casi nunca llegan a ninguna parte, etc,etc y este caso lo ilustra a la perfección: a finales de junio de 2014 se aprueba el informe de fiscalización de partidos de 2012 (es decir, dos años y medio hasta que ve la luz), en enero de 2015 el Fiscal del Tribunal sigue sin cerrar su escrito sobre el citado informe (ya vamos por tres años…), se filtra a los medios el documento en el que trabaja dicho Fiscal y dos consejeros del Tribunal lo rebaten y no aprecian ningún delito. Estamos en febrero y no se ha vuelto a hablar del asunto… ¿qué nos apostamos a que no volvemos a saber nada de este tema? Un poquito de regeneración por favor.

Iglesias & Castro: comenzar de nuevo

Desde la emergencia a la arena política española de Podemos, los medios comenzaron a escarbar en los vínculos que este movimiento populista radical de izquierda mantenía con el régimen chavista en Venezuela. Y ciertamente, evidencias palmarias no tardaron en aparecer en forma sobre todo de vídeos, documentos y testimonios que acreditaban que Podemos cobraba cantidades millonarias a Caracas por trabajos de asesoramiento en materia electoral y de otra índole también, así como declaraciones a la TV de ese país hechas por Pablo Iglesias exaltando el modelo bolivariano. Sin embargo, Podemos y sus dirigentes, más allá de financiarse gracias a los petrodólares chavistas, nunca se ha nutrido ideológicamente del bolivarianismo si se trata de diseñar una estrategia para la toma del poder, ya que a fin de cuentas el mentor ideológico de Chávez lo fue Fidel Castro.

Pensamientos marxistas, objetivos totalitarios

“Iglesias se ha declarado marxista en más de una ocasión. Tomar el cielo por asalto en la jerga revolucionaria significa la demolición del viejo orden político, económico, jurídico, institucional y social, como condición previa para la consolidación del poder político del nuevo régimen. Nadie que conozca los rudimentos del marxismo, y en particular la teoría de la lucha de clases, puede decir que Iglesias no está poniendo con claridad las cartas sobre la mesa. Pero sus críticos mayoritariamente carecen de dicho conocimiento. Esto es también un hecho innegable”[1]. Si nos atenemos a la estrategia discursiva de Podemos, sobre todo su definición de pueblo y la equidistancia que guarda con respecto al resto de los partidos políticos, debemos admitir que este nuevo discurso populista ha tenido la habilidad suficiente para imponer a la sociedad española un límite distinto; una divisoria en la que de un lado habita la ciudadanía normal, de a pie o decente, y de otro, la elite política privilegiada o corrupta que sólo merece ser castigada por su responsabilidad moral y penal.

Tal propuesta, además de maniquea y por ende populista, es en términos políticos marcadamente totalitaria y aunque en principio parezca alejada de los totalitarismos clásicos del siglo XX, si la comparamos con la estrategia de toma del poder plasmada por Fidel Castro en su alegato de defensa “La historia me absolverá” tras el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y los Manifiestos de Movimiento 26 de Julio (el primero en 1955), veremos que los objetivos totalitarios de ambas formaciones, a más 60 años de distancia una de la otra, encajan muy bien.

Para intentar demostrarlo citaremos aquí la definición de pueblo según Castro, en su alegato de defensa como principal acusado del asalto a la fortaleza militar. “Entendemos como pueblo (…) la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa, (…) los 700.000 que están sin trabajo, (…) los 500.000 obreros del campo, (…) los 400.000 obreros industriales y braceros, (…) los 100.000 agricultores pequeños, (…) los 30.000 maestros y profesionales, (…) los 20.000 pequeños comerciantes, (…) los 10.000 profesionales jóvenes”. Está claro que todos los excluidos de esta definición no son pueblo para Castro: los banqueros, los propietarios medianos y grandes del campo y la ciudad, los rentistas, los grandes comerciantes y todos los asociados al capital norteamericano en la Isla; o sea, todo aquel que en posesión de alguna propiedad estuviera en condiciones de explotar mano de obra asalariada.

A continuación veamos la definición de pueblo que defiende Podemos: la formación de Iglesias tampoco sugiere una división de la sociedad donde prevalezca el pluralismo político, sino que lo que introduce, tal y como hacía Castro, es una simple dicotomía binaria extremadamente reduccionista al declarar que la sociedad toda –la “gente decente”– está de su lado, del suyo, por supuesto y lo que queda del otro lado es pura escoria política y moral: por tanto, repudiables y prescindibles. Podemos propone una frontera social estrictamente delimitada. La sociedad decente que asume como suya no está dividida por ideas o intereses plurales, sino que homogénea, o sea, lo que en términos marxistas recibe el nombre de “masas”, esto es, una realidad total unitaria. Lo que queda fuera de esa totalidad para ellos no es sociedad, es casta política, son los invitados al Palco del Bernabéu.

Podemos constantemente impone una verdad única desde la que nos persuaden a que eliminemos nuestra originalidad esencial si no queremos sentirnos incomprendidos. Pontifican que la heterogeneidad distorsiona y resulta insolidaria. Como decía Walter Lippmann, “cuando todos piensan de la misma manera, nadie piensa”[2]. Iglesias, construyendo un nuevo discurso: la ‘casta política’, la ‘gente’, el ‘empoderamiento’ o el ‘rescate ciudadano frente a los mercados’, ha conseguido sustituir conceptos anquilosados como la lucha de clases o la burguesía, con muy escasa capacidad de movilización.

Apariencias socialdemócratas, realidades colectivistas

En cuanto a Castro, el programa planteado en “La historia me absolverá” en 1953 y luego ampliado en el Primer Manifiesto del Movimiento 26 de Julio de 1955, era de naturaleza socialdemócrata reformista, incentivando el papel del Estado en la economía capitalista en línea con políticas desarrollistas. Tal programa proponía en sus rasgos esenciales: la proscripción del latifundio, la distribución de la tierra entre las familias campesinas; concesión inembargable e intransferible de la propiedad a todos los pequeños arrendatarios; ayuda económica del Estado; reducción de impuestos. La reivindicación de todas las conquistas obreras. La industrialización inmediata del país. La rebaja de todos los alquileres: construcción por el Estado de viviendas decorosas, etc. El fomento de una red de escuelas e institutos públicos que se ocuparan de la educación y la formación, así como un sistema de salud pública de ámbito nacional. Y donde único mostraba ya su perfil de expropiador compulsivo era en la nacionalización de  servicios públicos: gas, electricidad y teléfonos.

Lo primero que hacen los extorsionadores es detectar fascinantes reivindicaciones sociales que ofrecer a las “masas”, sin importar quién las va a sufragar. No argumentan en detalle de dónde saldrían los fondos para financiar todo ese significativo aumento del gasto social, ni mucho menos establecen que su objetivo final sería la colectivización gradual de la gran propiedad capitalista, lo cual, como se sabe, ocurrió de manera irreversible en Cuba desde 1960. En ambos casos, de este análisis se desprende que no es el programa lo que define la esencia totalitaria de un movimiento, sino su estrategia discursiva, su sustrato político, pues una vez que se define de forma “total” al sujeto, resulta que no queda espacio para ninguna otra parte social que, por definición, no puede existir sino como la anti-sociedad o el anti-pueblo, tal y como fue haciendo a partir del año 1960 Fidel Castro en Cuba, al barrer con todo vestigio de sociedad civil para ser suplantada por un nuevo tipo de sociedad: la “sociedad estatal”.

Apropiación de los conceptos de “pueblo” y “democracia”

Podemos, al igual que el Movimiento Revolucionario 26 de Julio castrista, no pretende representar a unos intereses o sentimientos políticos determinados, sino que se abroga toda la representación del pueblo español, entendido como totalidad indivisa, preexistente y antagónica de eso otro que termina por ser inevitablemente el no-pueblo. Tal y como Podemos concibe y trata al espacio político, contradice intrínsecamente al pluralismo democrático y, en ese sentido, Podemos es incuestionablemente totalitario, hipótesis que queda fehacientemente demostrada en el reciente ensayo de Jose María Ruiz Soroa, El peligro de una sociedad sin divisiones[3]. En sus declaraciones públicas palpita en Podemos ese totalitarismo de viejo cuño que ya desechó la táctica de toma del poder mediante la lucha armada y que ahora, basándose en las propias reglas del juego democrático, ha sido capaz de comenzar de nuevo y demostrar que puede conquistar el poder.

Desde esta perspectiva, la primera proclama del Movimiento 26 de Julio castrista dejaba claro que el mismo se integraba “sin odios contra nadie. No es un partido político sino un movimiento democrático-revolucionario, sus filas están abiertas para todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social. El Movimiento tiene una estructura funcional; a él podrán enrolarse jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, porque ésta ha de ser por encima de todo una revolución de pueblo, con sangre de pueblo y sudor de pueblo”. El antipueblo, tanto para Iglesias como para Castro, son los “gusanos”, los apátridas, los traidores, los corruptos, los representantes y aliados del capital y los poderes supranacionales; el FMI, Bruselas, o la misma Merkel.

Los nuevos demagogos de siempre

Los nuevos demagogos son grandes expertos en marketing emocional. La batalla de las ideas se pierde porque el sentimentalismo ha ocupado el lugar de la racionalidad y el argumento. Los medios se utilizan para un adoctrinamiento activo que corrompe nuestra identidad. Castro hizo un uso sistemático de la televisión para luego desbordar el estrecho marco de la pantalla, irrumpiendo cual vendaval en la Plaza de la Revolución. Hoy en día el populismo es el atajo por el cual el que desea conquistar el poder por la vía rápida, se adentra en el camino de la farsa y el cinismo, aprovechándose, de las nefastas consecuencias de la Gran Recesión en España, con su legado de alrededor de 5 millones de desempleados, así como de un modelo político agotado y en crisis sistémica debido a su incapacidad para representar al ciudadano, el irrespeto permanente a la separación de poderes, el clientelismo y el saqueo perpetuo de los fondos públicos.

Un estudio internacional del BBVA[4] que examina un amplio conjunto de percepciones de ciudadanos de 10 países europeos, corrobora que casi tres cuartas partes de los españoles no se identifican con el capitalismo y el libre mercado, al tiempo que una amplia mayoría apuesta por las políticas antiliberales, por mantener el Estado del Bienestar e incrementar el gasto público y porque el Estado garantice sanidad, educación y pensiones a todos los ciudadanos. Esto constituye un terreno abonado para que pasten sobre él las huestes del populismo más radical.

En resumen, Podemos no propone absolutamente nada nuevo. El antiguo contrato rousseauniano, adaptado a las exigencias totalitarias, travestidas de demagogia barata y populismo corriente, consiste básicamente en que el todopoderoso Estado se compromete a ofrecer –sobre todo en tiempos de bonanza, pues cuando ésta desaparece, su naturaleza asistencial se reduce a la mínima expresión– una mínima cobertura de derechos sociales y a cambio los ciudadanos, renuncian, o le son suprimidos gradualmente, sus derechos civiles: derecho a la vida y a las libertades esenciales, así como sus derechos políticos: amplio acceso a la representación y al ejercicio del poder, pluripartidismo, etc. O sea, un trueque perverso y liberticida en el cual la vinculación entre mérito y esfuerzo se suplanta por el derecho a la mediocridad compartida, obtenida sin esfuerzo alguno.

 

A los individuos les son escamoteados gradualmente sus derechos naturales más esenciales, como son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada, entre otros sobre los que se vertebran los valores que sirven de sustento a la sociedad liberal. Los pueblos que han estado sometidos por décadas a tal despojo han sufrido amargamente las durísimas consecuencias económicas que entraña este modo de hacer política. Sin embargo, en sus inicios no suelen advertir del secuestro de la libertad que conlleva, una alienación que prostituye un valor imprescindible para vivir y ser persona. El mismo Jean Jacques Rousseau lo expresó paradójicamente en esta frase: “Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde”.



[1] Navarro Vega, ArmandoPodemos puede. Neo Club Press, Miami. 23 de octubre 2014.

[2] Pomés, Julio. “El secuestro de nuestra libertad”. ABC, 12 de enero de 2015.

[3] Ruiz Soroa, Jose María. El peligro de una sociedad sin divisiones. Podemos no divide a la sociedad sino que coloca fuera de ella a quienes considera sus adversarios, de forma que contradice el pluralismo democrático y en ese sentido preciso es totalitario. El País, 9-1-2015. El impulso para elaborar este trabajo me surgió como resultado de la lectura de este riguroso y revelador ensayo y quiero hacerlo patente aquí.

[4] Fundación BBVA, “Valores político-económicos y la crisis económica” (2013) http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Presentacionvalues.pdf

Ni apolíticos, ni antipolíticos: sólo políticos

En este blog hemos tratado desde el principio cuestiones jurídicas puras y también jurídico-políticas, o sea, políticas pero desde la perspectiva del Derecho y, más concretamente, desde el Estado de Derecho, pues lo que básicamente propugnamos es que el juego de la política debe realizarse siempre dentro de las normas y que el poder, el gran Leviatán, ha de someterse a las mismas reglas que nos impone a los demás y debe estar permanentemente controlado para evitar que se desmande, algo a lo que por naturaleza es bastante propenso, como lamentablemente nos han demostrado los gobernantes de nuestra partitocracia, aunque formalmente no se les caiga de la boca el Estado de Derecho. Lo malo es que las estrellas rampantes de la política ya no se molestan en disimular y así Pablo Iglesias en su libro “Disputar la democracia (el bloguero responsable ha de leer de todo) afirma paladinamente –parafraseando a Joaquín Abellán- que él defiende “el poder de la política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de ciudad o república como gobierno de la ley”. Ya saben lo que eso significa, amigos. Y está negro sobre blanco en un libro de 2014.

Pero volviendo al hilo principal, lo que quiero decir es que en el blog hemos hablado básicamente de las reglas del juego, pero no del juego mismo. Hemos defendido que el árbitro no esté comprado, las normas sean claras y se apliquen y que quienes las elaboren lo hagan sujetándose a los procedimientos y de una manera democrática. Pero no nos hemos metido demasiado en políticas concretas, ni hemos preguntado por ellas a quienes editan o colaboran, porque lo fundamental en este blog ha sido defender el marco donde esas ideas (o incluso intereses porque, como dice Savater, hay intereses perfectamente legítimos e ideales abominables) luchan y se desarrollan. Algo, en definitiva, prepolítico y no partidista.

Quizá ello ha sido así porque en una buena parte somos juristas y entendemos que estas cuestiones de organización son básicas, pero también que, por su grado de abstracción, son relativamente difíciles de transmitir al ciudadano porque no afectan de una manera aparente -sólo aparente- al día a día del ciudadano. Por eso precisamente se monta este blog y la Fundación: para dar a conocer la importancia que estas cuestiones tienen en nuestras vidas. Pero, dicho eso, lo que sí me sorprende es el relativamente poco relevante debate que hay en el espacio público nacional acerca de las ideas, de los intereses o de las políticas concretas, dejando de lado, claro, mareas blancas, acampadas de indignados, uves o Vias catalanas, tertulias de la Sexta y otros canales generalistas, ni tampoco aprecio un verdadero interés en los partidos por hacernos razonar acerca de lo que más nos conviene en un asunto u otro, más allá de comulgar con las ruedas de molino habituales. Faltan foros de discusión, libros blancos, reflexión sobre proyectos que han de durar más de los cuatro años de una legislatura política. Y puedo entender que la gente no se interese demasiado por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol o las vicisitudes del Comité de Competición, pero me extraña que la gente se despreocupe del fútbol.

 ¿Estoy en lo cierto? En este caso, ¿a qué se debe eso? He robado al respecto un par de ideas muy interesantes. Dice Savater (esta cita y la anterior son de ¡No te prives!) que antes de la crisis la gente no se interesaba por la política y después de su estallido muchos salieron para proclamar las fechorías de los políticos. O sea, antes, políticos, después antipolíticos, pero ciudadanos políticos (es decir, auténticos ciudadanos), que son los que hacen falta, eso por lo visto es más difícil de conseguir en número suficiente. Y los Politikon, en La Urna Rota, destacan que los españoles no estamos familiarizados con los aburridos pormenores del trabajo asociativo a medio y largo plazo y somos inconstantes en el compromiso con las causas y nos cuesta salir de la “zona de confort” mental eligiendo opciones distintas de las que estamos acostumbrados. Además, preferimos la reacción a la anticipación y al trabajo proactivo. Somos un pueblo capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo contra algo, pero poco orientada al compromiso y el trabajo organizado, a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados. Eso lleva a una cierta tendencia a difuminar los objetivos en discursos ideológicos generales y a menudo grandilocuentes y a plantear los debates en términos morales, lo que dificulta muchas veces cualquier compromiso.

Pero parece que nada incita a hacer una reflexión mínimamente seria sobre el mundo que nos rodea y la situación en que nos encontramos, cuando cada vez esto es más necesario habida cuenta de que progreso democrático ha ido haciendo al Estado cada vez más abstracto y por tanto más necesitado de comprensión reflexiva y educación. De hecho, cabe decir –como he hecho en otro post- que es cierto que fórmulas antiguas no nos valen porque a muchos nos pasa como al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Las ideologías omnicomprensivas y solucionalotodo se encuentran en decadencia y cada vez más se necesitan remedios a medida; y de hecho, los tradicionales partidos de masas que representan intereses de clase e ideológicos, conscientes de ello, han dado paso a los partidos que Politikon llama “atrapatodo”, catch-all parties, porque abandonan los objetivos máximos y se centran en mejoras incrementales y en temas concretos, buscan el centro y se basan en el liderazgo y en la profesionalización de sus líderes, incurriendo  demasiado frecuentemente en el olvido de los principios y en la búsqueda en los propios intereses, que es lo que probablemente quería decir Pablo Iglesias cuando hablaba de que lo de izquierdas y derechas es un juego de trileros.

Y  lo malo es que quizá tenga alguna razón. Es evidente que el tradicional debate entre liberales y comunitaristas sigue ahí, en el ámbito intelectual, quizá ahora reflejado en el pensamiento de Piketty sobre la riqueza del capital y las recetas liberales, pero lo que parece evidente es que los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, son bastante incapaces de explicar ese debate y tomar una verdadera posición que permita orientarse en el marasmo vital en el que estamos y que no esté en contra de su actuación concreta una vez que se encuentran en el gobierno. De hecho, para mí, una de las causas de la debacle socialista y popular se encuentra no sólo en la corrupción sino también en las constantes incoherencias entre lo dicho y lo hecho, la presunta ideología y los intereses y acciones a corto plazo que han mantenido los partidos predominantes los últimos tiempos. No se puede ser español e independentista al mismo tiempo, liberal y subir los impuestos disfrutando, antiabortista y cabrear a los antiabortistas, etc, etc.

Evidentemente, el debate es ahora más complejo y no vamos simplemente a adscribirnos a un pack completo de ideas sin discusión pues, como decía al principio, cabe que cada problema precise una dosis diferente de liberalismo o de comunitarismo (no es una cuestión de dogmas, sino de dosis, me gusta decir). Pero ello no debe hurtar un debate sereno, objetivo, y basado en evidencias y en resultados –y no sobre emociones y prejuicios- sobre la Sanidad (privada-pública), sobre la Enseñanza (modelos de futuro estables), sobre Fiscalidad (presión fiscal admisible, directa o indirecta), o sobre otras cuestiones más amplias, como por ejemplo hasta qué punto la desregulación y el liberalismo que ha imperado desde los años ochenta no ha tenido nada que ver con la situación de crisis en la que hoy nos encontramos. Michael Sandel, al que cité profusamente aquí, se pregunta en “Lo que el dinero no puede comprar”, cómo puede ser que la crisis financiera no haya incitado a una reconsideración fundamental del papel de los mercados, respondiéndose que quizá los ciudadanos se sienten frustrados por un sistema político que es incapaz de actuar por el bien público o de tratar las cuestiones que más importan y ese lamentable estado del discurso público impide poner límites al mercado o de tomar otras decisiones trascendentales,

Pero, entonces, si la sociedad civil no funciona, los partidos no trasladan las inquietudes y el sistema político no da soluciones válidas ¿qué salida tenemos? ¿Hemos de resignarnos a optar entre las propuestas simplistas, reactivas y antisistema de los partidos populistas y las consignas vacuas de los partidos tradicionales? Creo que no. Aparte de que hay otras opciones diferentes en el “mercado”, hemos de confiar en que la crisis produzca una concienciación de la necesidad de ser ciudadano, no apolítico o antipolítico, sino ciudadano político concernido por las reglas del juego que defendemos en este blog y en la Fundación ¿Hay Derecho? pero también por las políticas concretas que permitan un sociedad más justa y avanzada. Por supuesto, puede considerarse mi confianza una propuesta ilusa o voluntarista ante la magnitud de las fuerzas económicas o sociales que están en juego. Pero también se ha visto que muchas veces -no siempre- el ser humano se apercibe de las circunstancias y aprende de la Historia. Veremos.

Post de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Vox Pópuli: ¿No nos representan? Pues puede ser que no

Hace unas semanas, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, en una conferencia en Valencia nos recordaba con unos datos muy expresivos la distancia que media hoy entre nuestros representantes políticos y la ciudadanía, y no solo en España aunque quizá aquí el fenómeno, por lo brusco y relativamente reciente, sorprende más. Sobre todo a la clase política. El caso es que de las encuestas del CIS resulta nada más y nada menos que tres de cada cuatro españoles creen que el Parlamento no les representa, el 80% desaprueba el trabajo del Congreso y el 85% consideran que los diputados no trabajan con honestidad.  Vamos, que no nos representan.

Pero quizá lo más curioso es comparar estos resultados con los de otra encuesta (que sirvió de base a un estudio del CIS del año 2005) hecha a los propios diputados. Resulta que es otro mundo. El 93% de los diputados contestaron que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los ciudadanos de su circunscripción al tomar sus decisiones (frente a un 38,8 % de ciudadanos que pensaba así) y el 85,8% afirmaron que sí tenían en cuenta bastante o mucho la opinión pública a la hora de tomar sus decisiones (solo un 34% de los ciudadanos pensaba así). Eso sí,  el 83% de los diputados reconocía que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los miembros de sus partidos al tomar las decisiones. Por el contrario y de forma harto sorprendente, los ciudadanos solo pensaban así en un 50%.

Vistos estos datos (probablemente de repetirse ahora la encuesta arrojaría todavía una divergencia todavía mayor) a nadie le puede sorprender que nuestros representantes anden tan despistados a la hora de planificar sus campañas electorales. O lo que es casi peor; parece que lo único que le preocupa de verdad es la confección de las listas, confirmando así el sentir ciudadano de que  los políticos y los partidos van “a lo suyo” (es decir, a repartirse cargos y puestos más o menos lucrativos) y que “pasan” de los problemas que agobian a los ciudadanos. Véase el caso de la reciente decisión sobre el adelanto de las elecciones catalanas donde las grandes discusiones han versado sobre lista conjunta sí o lista conjunta no. Hasta “el procés” parecía algo secundario frente a la urgencia de saber a cuantos escaños se toca. Así las cosas, parece complicado venderle a la gente que los políticos se interesan de verdad por los intereses generales, o que están dispuestos a reflexionar y a debatir con seriedad sobre las grandes cuestiones que van a marcar nuestro futuro, ya se trate de paro, educación, sanidad, corrupción, organización territorial, etc, etc.

El problema es que debatir con honestidad y rigor sobre estas cuestiones no es tarea fácil. De entrada hay que hacer un diagnóstico que supone reconocer la parte correspondiente de responsabilidad. Y luego hay que ponerse a buscar gente preparada, que sepa del tema y que proponga soluciones realistas, y estos perfiles no abundan en nuestros partidos, para qué nos vamos a engañar. Así que es bastante más sencillo reducir las discusiones a quien va a ir de candidato y en qué puesto. Lo de menos es qué piensa o qué dice el candidato sobre estos grandes temas; probablemente porque ni dice ni piensa nada más allá del argumentario que tenga a bien proporcionarle el partido

Es verdad que hasta hace relativamente pocos años las épocas electorales, pese a todo, daban lugar a una cierta reflexión en el seno de los partidos – incluso con colaboración de expertos externos e independientes- sobre  temas importantes, reflexiones que se volcaban normalmente en un programa electoral más o menos sesudo. Pero ya hemos comprobado que a la hora de gobernar los programas electorales son papel mojado  para el líder político que se enfrenta con la dura realidad -con la que la parecer no se contaba cuando se realizaban esos ejercicios teóricos- como explicó nuestro actual Presidente del Gobierno antes de tirar el suyo a la basura. Así  no hay que extrañarse de que la gente desconfíe de programas y promesas electorales. Así que previsiblemente el periodo electoral se centrará más en las personas que en las ideas.

No parece muy difícil entender entonces que haya pocos ciudadanos (más allá de los afectados directamente, claro está, y de los periodistas de salón a los que les gustan las intrigas cortesanas) que estén interesados en esta laboriosa tarea de elaborar las listas electorales dado que, aparte de votarlas o no, no se puede gran cosa con unas listas bloqueadas y cerradas. Las ideas sobre qué hacer con España, que diría Cesar Molinas, dan bastante más de sí pero suponen también un riesgo, especialmente para los que no las tienen o para los que incluso teniéndolas temen que las suyas no coincidan con las del líder de cuyo dedo dependen.

Los motivos por los cuales nuestros viejos partidos están tan lejos de las preocupaciones de la ciudadanía son múltiples y variados y van desde la falta de la democracia interna hasta su conversión en agencias de colocación a costa de las instituciones, pasando por la falta de mecanismos de participación de afiliados y simpatizantes, la falta de transparencia y la financiación irregular. Pero a mi juicio es en su incapacidad para servir como cauce de participación y de reflexión política sobre los grandes temas que tanto nos preocupan donde encontramos el síntoma más preocupante de su creciente falta de representatividad.

No en vano en su magnífico libro “Ruling the void”  (subtitulado “The hollowing of western democracy”)  su autor Peter Mair, ya desaparecido, subraya que el fracaso de los partidos políticos es el propio fracaso de las modernas democracias representativas.

Los problemas de los nuevos partidos (III). La mediación como instrumento en favor del debate y de la resolución de sus conflictos internos.

Hace pocos días en este Blog dos posts de esta serie, uno escrito por Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena y otro sólo por este último, analizaban los problemas surgidos en algunos de los nuevos partidos que se habían abierto a una verdadera democracia interna y, con ella, al debate. Y, de forma especial, el problema surgido en UPyD entre su dirección y su cabeza de lista en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner, elegido unas elecciones primarias libres. Destacaban la dificultad de alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesaria autonomía e iniciativa de quien, como elegido en primarias, gozaba de una legitimidad democrática propia, y la imprescindible labor de coordinación que corresponde a la dirección del partido.

Ambos posts consideraban deseable establecer mecanismos internos flexibles para la resolución de los inevitables conflictos que se derivan de esta situación, casi inédita en nuestro país. Y se refirieron incluso, específicamente, a sistemas de mediación. Nos parece una idea valiosa para nuestra vida política en la que como mediador quiero extenderme.

En España los partidos que dan una imagen de división y luchas intestinas han sufrido tradicionalmente fuertes castigos electorales. Ese miedo, junto a los mecanismos partitocráticos de reparto del poder, ha favorecido en ellos la preponderancia de organizaciones jerárquicas, oligárquicas y opacas. El recuerdo de UCD ha pesado como una losa sobre la posibilidad de debates libres. Pero este modelo vertical, aunque más seguro en el corto plazo, es también mucho más empobrecedor para la vida política. En él se prima la obediencia por encima de los méritos intelectuales en la selección de los líderes, y se expulsa del sistema a mucha gente valiosa. Y el resultado final es una mediocridad generalizada.

La corrupción supone, además, otro resultado colateral. No podría extenderse tanto en un partido abierto, con transparencia, alternativas y debate interno, incluso sobre estas cuestiones. Otro tipo de dirigentes serían los que se promocionaran.

El establecimiento de mecanismos de democracia interna y de debate, por tanto, es muy positivo si se consigue que las divergencias pierdan ese carácter destructivo que tuvieron en UCD y recientemente  en el “caso Sosa Wagner”. Y eso puede conseguirse. La salida de los discrepantes en momentos puntuales no es un resultado necesariamente inevitable.

Un partido político, lo mismo que otro tipo de organizaciones, puede integrar felizmente en su seno a una pluralidad de personas valiosas, con iniciativas y opiniones puntuales diversas y encontradas. Pero para ello ha de disponer de cauces que faciliten el diálogo interno y la comunicación positiva, la comprensión de la perspectiva del “otro”. Que logren que los debates desemboquen en la consecución de acuerdos que salven las controversias a satisfacción de los interesados. Con el resultado final de que las relaciones internas entre sus miembros, aunque tengan opiniones confrontadas, subsistan e incluso mejoren. .

Uno de estos instrumentos, de valía demostrada en muy diferentes campos, es el de la mediación. El “caso Sosa Wagner” es una oportunidad para plantear la oportunidad de su uso en estos conflictos intrapartidarios.

La escalada del conflicto.

Que los conflictos no adecuadamente encauzados tiendan a escalar es lo natural. Así ocurre en los que se dan en todo tipo de relaciones, desde las escolares, que terminan en peleas, hasta las internacionales, que terminan en guerras, muerte y destrucción. Casi ninguno de nosotros, ni los más inteligentes, ni a veces siquiera los mejor entrenados en técnicas de negociación, estamos a salvo de sufrir una de estas escaladas cuando se trata de problemas que nos afectan de forma personal.

La escalada supone un crecimiento progresivo de la hostilidad entre las partes enfrentadas que multiplica los malentendidos, los ataques y contraataques personales, y las barreras de comunicación. Es un proceso que se retroalimenta y genera una visión crecientemente distorsionada del contrario al que se acaba por demonizar. Esta forma de reaccionar está ínsita en nuestros genes, y muy ligada a instintos básicos de supervivencia. Por eso a los implicados les es muy difícil escapar de esta dinámica si no es con la ayuda de terceros.

En el caso Sosa Wagner creemos que se ha producido una de estas escaladas. El enfrentamiento se ha producido entre personas de valía contrastada pero, precisamente por ello, también de fuerte personalidad, reforzada con su propio sentido de legitimidad. Comienza, según leemos en el post de Rodrigo , con la divergencia, mal resuelta, respecto a la votación de Junker como Presidente de la Comisión Europea. Continúa con el conocido artículo en El Mundo en el que Sosa, sin duda dolido, declara que el partido “debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno”. Lo que desata la reacción más o menos visceral de miembros de la dirección ante la lesión que había sufrido la imagen del partido. Siguen los ataques personales, la sustitución de Sosa como portavoz y, finalmente, su abandono del partido.

Es un resultado final en el que todos pierden. La imagen del partido queda seriamente dañada, con una extendida acusación de autoritarismo hacia su dirigencia. Y éste se pierde una persona prestigiosa que estaba realizando una buena labor en el Parlamento Europeo. Sosa Wagner, por su parte, sale con evidente frustración de una actividad política en la que, me da toda la impresión, encontraba satisfacción.

La escalada del conflicto ha sido posible por la ausencia de una comunicación positiva entre los protagonistas y de mecanismos para poder restablecerla. Probablemente sólo se han visto en reuniones de órganos del partido, formal y rígidamente organizadas, donde no han podido restablecer sus relaciones. Si han intervenido terceros para intentar superar el problema, éstos no se encontraran en la posición adecuada para ello y no lo han conseguido. Pero ¿Habría sido posible otro resultado final? ¿Hay algún modo para cambiar esa dinámica por otra de desescalada?

Una hipótesis de lo que habría podido ser.

El Partido podría haber contado con un mecanismo de mediación que podría activarse en situaciones como ésta. Podría ser usado a petición de cualquiera de las partes, o incluso necesariamente a instancias de la dirección. No es una idea novedosa, pues existe, por ejemplo, en otras organizaciones como numerosas grandes empresas del mundo anglosajón (Ombudsman). Ese sistema para la resolución de conflictos internos en esas organizaciones está dando grandes resultados. Consigue no sólo la resolución de disputas puntuales, sino también favorece las relaciones colaborativas y un mejor ambiente de trabajo, y favorece la permanencia en la empresa de personas que le aportan un gran valor. Por ello es cada vez más utilizado. Y nada impide trasladar un mecanismo semejante, con las necesarias adaptaciones, a un partido político.

Si las partes en conflicto suelen llegar a la mediación con notable escepticismo, con una versión muy deformada del contrario y, por tanto, de las posibilidades de resolución, un buen mediador es capaz de llevar el diálogo a un nuevo campo mucho más fértil. y acaba surgiendo la posibilidad del acuerdo cuando antes no se veía posible. No quiero extenderme en explicar las técnicas y microtécnicas que un mediador habría podido usar en un caso como éste y cuáles habrían sido sus efectos. Pero en este escenario imaginado habría sido muy probable un acuerdo final por el que Sosa Wagner permanecería en el Partido y se seguiría contando con su valiosa colaboración. Si se hubiera utilizado en una fase temprana, antes de trascender a los medios, la exposición publica de las diferencias y ataques no habrían tenido lugar. Y si hubieran ya ocurrido, se podría restaurar el daño en imagen con algún tipo de declaración pública al respecto.

En definitiva, contrariamente a lo que ha ocurrido en la realidad, habría tenido lugar un resultado final con el que todos habrían ganado

Es importante advertir que este verdadero tesoro no lo habría podido conseguir cualquier mediador. En contra de lo que muchos creen, incluso algunas personas inadecuadamente formadas como mediadoras, mediar bien es muy difícil. Exige muy buena formación, cualidades personales, rodaje y experiencia. Y el mediador ha de inspirar, además, confianza a las partes. Especialmente en un caso como éste, su integridad profesional le exigiría guardar un secreto absoluto sobre lo tratado, o incluso sobre la propia existencia del proceso. A pesar de las tentaciones que derivarían de su fuerte interés mediático. Y de ninguna manera podría dar esa confianza, ni dirigir bien el proceso, quien tuviera o aspirase a tener cargos en el partido, ni quien tuviera o aspirase a tener amistad personal con alguna de las partes.

En definitiva, lo mismo que se ha experimentado ya con éxito en otras grandes corporaciones, también en los partidos un instrumento así podría tener un gran valor para que las discrepancias, en vez de terminar con un derrotado abandonando y empobreciendo el proyecto político, dieran lugar a un debate positivo e integrador.

El resultado final sería poder contar con mejores partidos políticos y mejores líderes. Más abiertos al diálogo y a la colaboración, y más conscientes de las ventajas de la auctoritas sobre la autoridad jerárquica pura. Todo ello significaría mucho en la necesaria regeneración de nuestro sistema político.

Los problemas de los nuevos partidos (II): el caso de UPyD

En la primera entrega de esta serie analizamos algunos problemas derivados del carácter abierto y participativo de los nuevos partidos. En éste de ahora voy a examinarlos con más detalle sobre el banco de pruebas de un partido en funcionamiento: UPyD.

Precisamente, los problemas que han terminado por provocar la salida del partido de Francisco Sosa Wagner tienen su origen en algunas de las cuestiones que analizamos en el post anterior. Concretamente, en las dificultades de armonizar la lógica autonomía política de determinados candidatos elegidos en procesos de primarias abiertos y democráticos, con las también lógicas responsabilidades de dirección y coordinación de las cúpulas de los partidos. En fin, cosas que no pasan en los partidos tradicionales. Estas dificultades se aprecian especialmente cuando uno desciende a los detalles.

A nadie se le escapa que el caso Sosa Wagner  se inicia antes del verano con la votación de Juncker como Presidente de la Comisión Europea. Sin duda se trataba de una decisión muy relevante desde el punto de vista político, con importantes lecturas tanto para el consumo nacional como europeo. ¿A quién le corresponde entonces tomar esa decisión? ¿Al candidato elegido en primarias por los afiliados para ejercitar ese cargo institucional, o al Consejo de Dirección?

El problema concreto se planteó desde el momento en que existía una discrepancia política en este punto: el Consejo de Dirección (CD) proponía la abstención mientras que Sosa se inclinaba por el voto afirmativo. No viene al caso examinar los argumentos en liza, puesto que todos son respetables. La cuestión interesante es analizar cómo resuelve el partido estas divergencias. Pues bien, en el caso de UPyD los estatutos del partido dicen que sin perjuicio de la autonomía de los cargos institucionales, el CD se reserva ciertas decisiones fundamentales. Así, el art. 30.2 b) le atribuye la competencia de “Definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales, garantizando su actuación coordinada, reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa del partido y los programas marco aprobados.”

¿Es esto razonable? A favor cabría alegar que no sería lógico que a la hora de la investidura de Rajoy, por ejemplo, todos o algunos de los diputados elegidos en las listas del partido alegasen que van a votar a favor porque es bueno para España. Una actuación semejante desmontaría toda la estrategia política diseñada por el partido y parece natural que el CD tenga la última palabra al respecto. Además, si no hay algún tipo de control, se pueden plantear otras cuestiones no menos problemáticas, derivadas de la manera en que se eligen las candidaturas por medio de primarias (arts. 55 y ss.). Y es que en las primarias no se vota a una lista, sino únicamente al primero de ella. Es decir, se vota al candidato a alcalde, a Presidente de Comunidad, a Presidente del Gobierno y al primero de la lista al Parlamento europeo, pero no a toda la lista de posibles concejales o diputados, lo que haría el proceso mucho más complicado para el candidato –si tuviera que presentarlos antes- o peligroso –si pudiera elegirlos después sin control alguno-. Esa lista la elige el otro órgano democrático competente (el CD, el consejo territorial o el consejo local, según los casos) oído, eso sí, el candidato vencedor. Con lo cual, en la lista vencedora hay realmente una doble legitimidad, que llega por distintos lados. En la legislatura pasada Sosa estaba solo en Europa, pero ahora hay cuatro parlamentarios en Bruselas. ¿Podría entonces el cabeza de lista elegido en primarias imponer el sentido del voto a los demás parlamentarios de la lista seleccionada por el CD? ¿O cada uno vota como quiere?

Ahora bien, reconociendo en línea de principio el peso de estos argumentos, previamente habría que solucionar ciertos problemas conexos igualmente difíciles. Así, ¿qué se entiende por votación estratégica? ¿Ésta lo era? Y, sobre todo, ¿quién decide qué es estratégico y cómo lo decide? ¿Sólo una de las “partes” en “conflicto”?

Continuemos con el caso práctico, porque a medida que avanzamos la complejidad aumenta. El CD, en base al artículo citado, adopta su decisión y se la comunica a Sosa que, en contra de esa directriz expresa, vota a favor de Juncker (al igual que otro europarlamentario, mientras que el resto de los integrantes del grupo se abstienen). Ya con esto apreciamos otra singularidad de estos partidos nuevos, y es que sus cargos se atreven a desobedecer abiertamente a la dirección, algo impensable en los partidos viejos, como el PSOE se ocupó de demostrar de manera contundente en esa misma votación.

Pues bien, en los casos como este, en los que se ejercita el voto en un sentido contrario al indicado, ¿qué ocurre? ¿Cómo pueden resolver los partidos nuevos estas crisis? ¿Acaso no debe existir ningún tipo de “sanción” al cargo elegido en primarias que en estas votaciones desobedece la indicación referida? El que no la haya recorta el poder de la cúpula y “abre” el partido, sin duda alguna, pero por otra parte no podemos desconocer que si no hubiera ningún tipo de sanción el incentivo del cargo para hacer de su capa un sayo e independizarse completamente de cualquier control sería enorme.

¿Qué disponen los estatutos de UPyD al respecto? Conforme a ellos, la única sanción posible hubiera sido declarar la pérdida de la condición de afiliado del desobediente (art. 9.1.g). Nada más y nada menos. Es decir, el CD hubiera podido declarar la pérdida de la condición de afiliado de Sosa Wagner, éste hubiera podido recurrir a la Comisión de Garantías (con el argumento de que no se trataba de una votación de especial relevancia o estratégica), y ésta última hubiera decidido en última instancia (sin perjuicio del ulterior recurso judicial, por supuesto).

No cabe duda de que, al menos desde un punto de vista político, aplicar semejante procedimiento resulta desproporcionado. Pero lo que está claro es que el CD no dispone jurídicamente de más medios de reacción en estos casos que el indicado, al margen de instar un expediente disciplinario de difícil encaje y que tampoco parece políticamente adecuado. La cuestión disciplinaria es también muy interesante porque los estatutos no contienen otras sanciones para las faltas graves o muy graves (art. 13) que la expulsión, la inhabilitación para ejercer cargos y la suspensión de militancia, con lo que ello implica. Lo normal, entonces, es que en supuestos como estos no se acuda a estas vías y no se haga nada. Pero el inconveniente es que esa falta de reacción facilita que las tensiones de las que hablábamos en el post anterior no se resuelvan satisfactoriamente. Como cada parte considera que debe mantener la tensión y/o no ceder un ápice para no crear un precedente perverso desde su punto de vista, la crisis larvada tiende a mantenerse, con efectos siempre potencialmente peligrosos.

Efectivamente, en este caso la situación de tensión no se resolvió satisfactoriamente y, como los fuegos en boscajes propicios, pasó del ámbito interno al externo con el artículo de Sosa en El Mundo. Pese a que el tema principal del artículo era la cuestión de un posible pacto con Ciudadanos, no cabe desconocer que la mención a que “UPyD debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno”, encuentra su probable explicación en el desencuentro anterior.

Nadie puede discutir que el que el asunto saliese del ámbito interno no ayudó nada a mejorar las cosas. Menos aún que el artículo incorporase acusaciones dañinas para la imagen del partido. Pero tampoco lo hicieron las reacciones excesivamente viscerales que se desataron como respuesta, y que traspasaron la línea de lo deseable en una confrontación política hasta llegar a la ofensa personal. En cualquier caso, me parece necesario insistir en que el núcleo del conflicto interno no era la cuestión del pacto con Ciudadanos (aspecto muy debatido en el partido), sino la enorme tensión derivada de una lucha de legitimidades que no llegó a resolverse satisfactoriamente y que a medida que pasaba el tiempo se fue enquistando.

Una vez que nos encontramos con un escenario en el que esa crisis ha aflorado violentamente al exterior (cosa, por cierto, nunca vista en un partido “viejo”), ¿con qué recursos cuenta un partido nuevo para solucionarla? De nuevo apreciamos las dificultades que presenta un régimen disciplinario excesivamente riguroso -y que por ello resulta políticamente poco adecuado- sin perjuicio, además de que estos procedimientos conllevan de manera inevitable un tiempo excesivo. La cuestión tenía que resolverse de otra manera.

Cuando la tensión salta al ámbito público, la portavoz del partido, Rosa Díez,  convocó al Consejo Político con la finalidad de reconducir la situación. El art. 32, 1 de los estatutos lo define como el órgano encargado de la deliberación política y del control de los órganos del partido, incluidos los cargos públicos. Si los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, la decisión parece completamente lógica. Es verdad que ciertas personas abogaron por un Congreso extraordinario, pero tal petición no tenía mucho sentido. Si a cada problema político que se plantea en un partido la reacción es convocar un Congreso, con lo que ello supone, el partido no saldría de una permanente situación de crisis, que es lo que se supone que se pretende evitar.

Ahora bien, siendo esto cierto, es discutible hasta qué punto la configuración de un órgano como el Consejo político, integrado por 150 miembros, puede ayudar a solucionar estos problemas.  Es verdad que en este concreto caso se solucionó de manera muy efectiva el asunto del pacto con Ciudadanos, aprobando la hoja de ruta presentada por la dirección, pero para tratar de solventar los “conflictos de legitimidades”, como el planteado por Sosa, su propio diseño y su sistema de funcionamiento es inadecuado. Por un lado, tiende a llegar demasiado tarde al asunto, cuando el problema político ya no es la relevancia estratégica de una determinada decisión y quién tiene la competencia para adoptarla, sino el conflicto ya enconado, por lo que no resulta fácil elaborar una propuesta para someterla a votación ni, en su caso, cabe apreciar su utilidad. Por otra parte, la intervención pública de todos aquellos que desean tomar la palabra, da lugar a que la natural irritación con lo acontecido de muchos de ellos –en ocasiones no adecuadamente contenida- más que ayudar a apaciguar las cosas las agrave, como efectivamente ocurrió, al desviar la atención hacia argumentos ad hominem y no hacia el fondo real del problema.

Por todo ello la tensión no solo no se resolvió, sino que se incrementó. La falta de colaboración del europarlamentario a las peticiones directas del partido, según el CD, y la necesaria autonomía derivada de la propia legitimidad, defendida por Sosa, convertía la coordinación entre Madrid y el grupo europeo en un asunto complejo y difícil. ¿Con qué recursos jurídicos cuenta el partido en estos casos? ¿Podía el CD sustituirle como portavoz y coordinador del grupo? ¿Es lógico atribuir esta competencia al CD?

Son dos cuestiones distintas. En cuanto a sus facultades para ello, el CD entendió que se encontraba amparado por el art. 10,2 del Código de Buenas Prácticas, aprobado ese mismo día por el Consejo Político en ejecución del mandato contenido en los art. 58 de los estatutos, y también en base al art. 30.2.b antes citado y especialmente al art. 51 -que prevé que la portavocía pueda no corresponder al cabeza de lista- en coordinación con el art. 30.1.z. Hay opiniones jurídicas discrepantes, pero al objeto de este post es mucho más interesante la otra cuestión: si es conveniente hacerlo desde un punto de vista político.

En realidad, la respuesta se deduce de todo lo expuesto en estos dos post que hemos dedicado al tema. Los nuevos partidos deben cambiar su sistema de actuación en estos casos para evitar llegar a ese punto y tener que adoptar estas decisiones. Porque el verdadero problema no está en su fundamento jurídico u organizativo, sino en su coste mediático. La sustitución como portavoz de una persona elegida en primarias, máxime de tanto prestigio como Sosa, produce al partido un daño innegable.

Termino. Lo que he pretendido defender aquí es que estas crisis de los nuevos partidos no son síntomas de anticipada decrepitud, sino todo lo contrario, de vitalidad. Son crisis de crecimiento derivadas de apostar por fórmulas nuevas, verdaderamente abiertas y democráticas. Y como ocurre con los adolescentes a los que de improviso la ropa les queda pequeña, los procedimientos estatutarios al uso no son los adecuados para solucionar eficazmente estos problemas.

En definitiva, los nuevos partidos necesitan mecanismos ad hoc de resolución de este tipo de conflictos, cuyo número tenderá a crecer a medida de que las primarias sean cada vez más abiertas y la representación institucional aumente. Se necesitan mecanismos de mediación con intervención de personas no afectadas directamente por la controversia, procedimientos más flexibles, y un régimen de sanciones mucho más ajustado a las circunstancias. Estas reformas pueden ayudar al imprescindible cambio de “cultura” que necesitamos, a romper de una vez con el síndrome de UCD, que tanto daño ha hecho a la política española. Pero en cualquier caso debe admitirse con naturalidad -tanto dentro como fuera de los nuevos partidos- que los conflictos políticos son normales y que obedecen a la dinámica lógica de los partidos abiertos y democráticos. Apreciar su normalidad es ya el primer paso para resolverlos.

Los problemas de los nuevos partidos (I): Democracia interna y participacion ciudadana

En esta serie de dos posts querríamos hacer unas consideraciones sobre la dificultad que está suponiendo para los nuevos partidos políticos españoles la “novedad” de la democracia interna y de la apertura a la participación ciudadana. Hay dos ejemplos recientes que creemos que merecen una reflexión: el caso de la dimisión de Francisco Sosa Wagner como europarlamentario después de haber sido elegido como cabeza de lista de la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo por los afiliados de UPYD en unas primarias abiertas a los afiliados, y los obvios problemas con los que está tropezando Pablo Iglesias, líder de Podemos, al intentar convertir un movimiento de tipo asambleario en un partido político mínimamente funcional.

Vaya por delante que no pretendemos equiparar en absoluto dos partidos cuyos idearios y propuestas no pueden estar más en las antípodas, en la medida en que el primero, UPYD, es abiertamente un partido reformista e institucionalista y el segundo –aunque ciertamente vaya moderando su discurso a medida que se acercan las elecciones- un partido rupturista y “antisistema”. Lo que queremos resaltar es que estos dos partidos han innovado en materia de democracia interna y participación de los afiliados, y que por esta razón están sufriendo tensiones internas que no son fáciles de resolver.  Lo más gracioso es que los más interesados en ponerlos de manifiestos son precisamente los “viejos partidos” que, obviamente, no los sufren.

En ambos casos nos parece que se ha producido una importante novedad en el panorama político español, derivada de la introducción de auténticas primarias para seleccionar candidatos, en el primer caso, y de auténticos cauces de participación política para elaborar propuestas políticas, en el segundo. De lo que se trata, entonces, es de estudiar los inevitables problemas que la introducción de estos mecanismos -poco rodados en España- traen consigo. En este primer post haremos un planteamiento general y, en el segundo, Rodrigo Tena se centrará en el análisis concreto del caso de UPyD, que pensamos que constituye un laboratorio muy interesante a la hora de estudiar la repercusión práctica de estas medidas.

En cualquier caso, queremos adelantar que prescindiremos de aquellos aspectos relacionados con la gestión concreta de las tensiones suscitadas o de aquellas cuestiones que tienen más que ver con las circunstancias personales de los protagonistas. Digamos que partiremos del dato de que en el seno de cualquier partido existirán siempre una serie de personalidades con legítimas aspiraciones políticas y que los enfrentamientos, los desencuentros, las simpatías o las antipatías, los recelos y malentendidos estarán a la orden del día, dado que no estamos ante un colectivo de monjes que solo aspiran a alcanzar la vida eterna. Máxime en estos nuevos partidos, que suelen reunir a personas con mucha vocación política y fuerte personalidad, que han asumido riesgos importantes y que, tras sacrificar la comodidad que implica siempre ver las cosas desde la barrera, se vuelcan lógicamente en la defensa de sus puntos de vista.

No obstante, pensamos que esta realidad potencialmente conflictiva también hay que estudiarla desde un punto de vista teórico, porque si estos partidos aspiran a sobrevivir en nuestra complicada jungla política deben ser capaces de establecer instrumentos que ayuden a resolver estas  tensiones.  No hacerlo adecuadamente puede producir decepción a muchos de sus simpatizantes y votantes llevándoles a pensar  que en el fondo estos partidos funcionan igual que los viejos.  Esto es precisamente lo que quieren estos últimos, claro está. Y la impresión sería errónea porque estas tensiones son síntomas que solo sufren los  nuevos partidos cuando pretenden ser más abiertos y democráticos que los viejos.

¿Y cómo funcionan los viejos partidos? Pues básicamente sin fisuras, o dicho de otra forma, sin ningún tipo de democracia interna, candidaturas alternativas o/y debates de ideas (o de lo que sea). En el PP está claro -sobre todo para sus afiliados y cargos- que quien manda Rajoy y nadie más que él, porque aunque pueda delegar mucho o poco en otras personas (“favoritos”) lo cierto es que todo el poder emana del líder. A lo que más se parece el PP es a  la corte de Luis XIV, con Rajoy en lugar del Rey Sol, ya que bien podría decir “Le parti c´est moi”.  El PSOE es un caso un poco más complejo porque se ha dado cuenta recientemente de que la democracia interna –y esta es la gran novedad- empieza a ser valorada por la ciudadanía, y que por lo tanto algo hay que hacer al respecto. Pero se lo cree solo a medias, especialmente “el aparato”. De ahí las diferencias entre las primarias que han ido celebrando (el primer elemento de democracia interna que se introduce porque es el más evidente). Unas veces parecen casi verdad, otras parecen de mentirijillas y otras no se sabe. En todo caso, las recientes experiencias dejan claro que el celebrar primarias abiertas, libres, sin avales y sin apoyos más o menos explícitos del aparato, con debates de ideas y de propuestas y sin oferta de cargos a cambio de los apoyos, no forma parte precisamente de la cultura del PSOE, por lo menos hasta hace dos minutos.

Las razones de la falta de democracia interna de los partidos son un poco largas de explicar y aquí carecemos de espacio para hacerlo. Pero, para ser sinceros, tampoco la ciudadanía española se la había exigido nunca a sus partidos. Más bien lo contrario, premiaba el monolitismo y castigaba la “falta de unidad” (léase el debate y la disidencia).  Pero ahora las cosas están cambiando y muy rápido. Por consiguiente, tanto un partido regeneracionista como un partido rupturista que quieren “empoderar” a la ciudadanía tienen que articular mecanismos que permitan aumentar la democracia interna (que por supuesto no se reduce a las primarias) y canalizar la participación política de, al menos, sus afiliados y simpatizantes. Y esto no es tarea fácil, a veces porque falta la cultura, costumbre, experiencia o tradición necesaria, en otras porque resulta complicado articularlo  bien cuando descendemos a la letra pequeña, y otras veces simplemente porque se puede poner en riesgo la propia funcionalidad o incluso la existencia del partido. Hasta qué punto las tres cuestiones están relacionadas o interconectadas tampoco es fácil de deslindar, aunque vamos a intentarlo.

Como señala Politikon en su interesantísima obra “la Urna rota”, introducir en un partido un sistema de primarias puede ser una buena idea, pero ciertamente no es una varita mágica que transforma el funcionamiento interno y la cultura del partido y lo cambia todo de arriba abajo. Tiene incluso contraindicaciones. Es más, introducir unas primarias abiertas en un partido político sin introducir las necesarias adaptaciones (por otra parte nada fáciles de diseñar) está en el origen de muchas tensiones. El investido como candidato en unas primarias tiene una indudable legitimidad democrática, pero convive con otra legitimidad democrática -la que ostenta “el aparato”, que también está elegido por los afiliados- originada con unos procedimientos y una finalidad muy distinta.

Recordemos que las primarias, al menos las que han celebrado algunos nuevos partidos hasta el momento, son un procedimiento muy abierto. No se requieren avales para presentarse y tampoco ningún requisito adicional para ser candidato. La experiencia ha demostrado que las candidaturas alternativas alcanzan un número significativo de votos, lo que quiere decir que son elecciones razonablemente abiertas. Bastante más, por cierto, que en las extrañas elecciones primarias “de uno” que hemos podido contemplar a lo largo de estos últimos años y de las que hemos escrito alguna vez, o que otras elecciones donde el número de avales puede ser decisivo, o donde el apoyo indisimulado de quien manda en el partido o los apoyos conseguidos a cambio de cargos son lo determinante. En conclusión, el candidato elegido en primarias en estos partidos nuevos tiene una razonable legitimidad “de origen”, pues ha tenido que explicar unas ideas, un programa, demostrar unas determinadas capacidades para defender esas ideas y ha sido elegido precisamente por eso.

Esto supone que, al menos desde un punto de vista teórico y general, pueda razonablemente considerarse investido de una cierta libertad de maniobra frente a las directrices de la cúpula del partido. Claro está que no estamos hablando de que los candidatos presenten proyectos electorales distintos al del partido, pero pensar que se elige entre meros “ejecutores” de las instrucciones de la cúpula directiva sería muy reduccionista y sobre todo poco adecuado a la realidad y a las expectativas del propio candidato.  De un candidato que  se ha “batido el cobre” en las primarias cabe esperar iniciativa, propuestas y probablemente una cierta conciencia de que representa a los afiliados que le han elegido, afiliados que incluso pueden constituir un movimiento o un colectivo dentro del partido con opiniones distintas a las del equipo directivo.

Así las cosas, lograr el necesario equilibrio cuando surgen discrepancias no es fácil. Está claro que no es posible un “ordeno y mando” de la directiva frente al candidato elegido en primarias. De hecho, esa imposibilidad, que demuestra el carácter abierto, democrático y “autolimitado” de estos partidos, es lo que viene a evitar la denostada “ley de hierro de la oligarquía” de las cúpulas, en palabras de Michels. Pero, claro, esta situación no puede llevar a que se desconozcan las instrucciones de la Dirección o que se produzca una descoordinación que pueda perjudicar el proyecto político. No se trata solo de tener “mano izquierda” (que por supuesto nunca está de más) sino también de abordar cambios normativos y estatutarios que establezcan cauces razonables para abordar diferencias en el seno del partido.

Y, lo que es más importante, se necesitan también cambios de “cultura”. Sencillamente porque es muy difícil resolver estos problemas con normas “claras y distintas”. Como sabemos los juristas, las normas hay que interpretarlas. Es necesario, en consecuencia, establecer estatutariamente mecanismos flexibles que ayuden a resolver estos conflictos cuando se producen, sin aspirar a resolverlos con una rígida delimitación de competencias, que en la práctica siempre será insatisfactoria y que, por eso mismo, pueda arrojar una impresión contraria al carácter abierto que busca todo el proceso, con efectos negativos en la esfera interna y externa. Los procesos de mediación, que tanto predicamento tienen en la actualidad, pueden tener también dentro de los nuevos partidos un importante papel que jugar.

Para concluir, nos parece también muy importante dar cauce a una creciente demanda de participación política. El que hoy se aproxima a un partido tradicional –y quizá en parte a uno nuevo- no suele buscar participación política, sino un cargo o una carrera en la política. Pero cada vez hay más personas que simplemente quieren dar su opinión, especialmente en los partidos nuevos,  y que valoran que se les escuche sin necesidad de aspirar a nada más. Nos parece que el ejemplo más evidente en este caso sea el de Podemos y sus Círculos. Aquí el problema es cómo articular estos deseos legítimos de participación política sin que el partido se convierta en algo inmanejable y más en víspera de unas importantes elecciones. Porque más allá de la ideología y de la estrategia, un partido político tiene que estar en condiciones de ganar elecciones y puede que estarlo no sea compatible con estar liderado por un triunvirato (ya se sabe como acabaron los romanos) y con la presentación de centenares o miles de propuestas incompatibles o contradictorias entre sí.  Pero también es verdad que una vez generadas unas determinadas expectativas de participación y de movilización puede ser muy complicado “dar marcha atrás” trasmitiendo la imagen de que en realidad solo unos pocos mandan y diseñan el programa.

Como pueden ver, son problemas nuevos de partidos nuevos. Los problemas de los viejos son de otro tipo.

UPyD y Ciudadanos: los consejos de Ignatieff

Creo yo que a muchos de los lectores de este blog les pasa lo que a mi y al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Es lo que tiene la caída de las ideologías y de los metarrelatos en general: ya no se llevan las explicaciones monolíticas e inflexibles de la realidad que solo pueden tomarse enteras o rechazarlas en su totalidad; en una realidad compleja como la actual no caben ruedas de molino.

Si a ello se le añade que el sistema político vigente ha conducido a una colonización por los dos grandes partidos de todas las instituciones del Estado, incluso las que operan como contrapeso del poder, olvidando que no cabe Democracia sin Estado de Derecho, es lógico que comiencen a proliferar partidos que como prioridad a cualquier acción política concreta (y por tanto sin importar si prevalece más una u otra) prediquen el restablecimiento del pack Democracia-Estado de Derecho (no uno sin el otro),  pues en un país avanzado no basta que haya votaciones y que “gobierne” el pueblo, sino que ese gobierno se imponga por el procedimiento correspondiente y que esté sometido a la ley y a unos límites, a unos checks and balances y a la separación de poderes de toda la vida. Para entendernos, no merece la pena echar la carrera a ver qué política gana, si los jueces de la carrera están comprados y el reglamento es violado sistemáticamente en favor de ciertos corredores. Entre esos partidos, sin olvidar a otros que también han surgido últimamente (no Podemos, que pide más “democracia” con  todavía menos Estado de Derecho), cabe citar desde luego a UPyD y Ciudadanos, ambos una esperanza de que las cosas vuelvan a si sitio, obligando a los grandes partidos, por otra parte en una pendiente autodestructiva memorable, a rectificar.

Pero hete aquí que al terminar la canícula nos encontramos con la explosión de una cuestión que estaba latente en la mente de muchos: la posible alianza entre UPyD y Ciudadanos, cerradamente rechazada por el aparato del primero desde hace tiempo y ahora puesto de manifiesto con la carta pública de Sosa Wagner y la airada contestación de Irene Lozano, que posteriormente rectificó (ver aquí enlaces), con tal alboroto que ha motivado la convocatoria de un consejo extraordinario del partido. Creo que la cuestión merece algunas observaciones realizadas desde la perspectiva de uno que cree imprescindible la regeneración y, al mismo tiempo, no está en el fragor del combate político ni tiene ganas de votar a PP o PSOE y, mucho menos, a nacionalistas. Pues pienso que hay muchos como yo. Y votan.

Me valdré como muleta de un libro de ensayo que he leído este verano: Fuego y cenizas, de Michel Ignatieff (Taurus, 2014) un profesor universitario en Harvard que se mete en la política de su país, Canadá, y nos cuenta cómo es la política real, emulando como puede a Maquiavelo –“había dado clases de Maquiavelo, pero no lo había entendido”, nos dice (p.51)- aunque logra darnos alguna enseñanza útil.

En primer lugar, haría alguna observación de tipo interno, o más bien, de la coherencia entre lo interno y externo que es algo que tiene bastante importancia, porque revela hasta qué punto lo que nos estas vendiendo es verdad o no. En este sentido, no dudo, pues así se ha dicho, que la voluntad de no realizar algún tipo de alianza con Ciudadanos está aprobada por los órganos del partido y por los correspondientes consejos, etc. Es decir, que es ¨legal”. Bien, pero no es suficiente porque lo que UPyD está “vendiendo” es precisamente lo que está faltando de la política nacional: apertura, flexibilidad, escuchar a las bases, diálogo, confrontación de ideas, partidos abiertos y democráticos. En ese pack Democracia-Estado de Derecho no debe faltar éste último (que es lo que criticamos a partidos como Podemos) pero tampoco la primera: cumplamos reglamentos, pero no debemos olvidar que como dice Ignatieff,  “de todas las cualidades, la capacidad de escuchar, de prestar atención es la menos apreciada en política. La gente entenderá que no puedes solucionar sus problemas si le prestas toda tu atención” (p.78).

Como dice Politikon en “La Urna Rota”, la explicación clásica del funcionamiento de los partidos sigue respondiendo a la llamada “ley de hierro de la Oligarquía”, de Michels, en cuya virtud con el crecimiento es inevitable que una organización se vuelva jerárquica y profesionalizada y, de manera inevitable, poco democrática y conservadora, quizá alejándose de las bases. En UpyD se puede estar produciendo una lucha entre “pragmáticos” e “ideólogos” y lo que esperamos de UpyD es que, haciendo honor a sus ideales, derogue la ley de Michels y escuche al votante; que no se convierta UpyD, como dice Ignatieff, “en una caja de resonancia que sólo oiga su propia voz” (p.95), rechazando otras opinionesNos recuerda Ignatieff a Abraham Lincoln: “¿Por qué no debemos confiar pacientemente en la justicia de la gente en última instancia? ¿Existe una esperanza igual o mejor en el mundo?” (p.166).

Y probablemente confiando no sólo seremos más coherentes, es que tendremos mejores resultados. Estamos hablando de la lucha por poder y ésta no depende tanto de congresos como de oportunidades. Como acertadamente dice nuestro intelectual político, “la política no es una ciencia sino mas bien el intento incesante de  unos avispados individuos por adaptarse a los acontecimientos que Fortuna va situando en su camino….pues el medio natural de un político es el tiempo y su interés reside exclusivamente en saber si el tiempo para una determinada idea ha llegado o no. Cuando llamamos a la política el arte de lo posible nos referimos a lo que es posible aquí y ahora” (p. 50). Y este asunto se ha planteado aquí y ahora, y se volverá a plantear, por mucho Congreso que haya habido, tantas veces como sea necesario, si ello facilita el acceso al poder, o algún poder, pues estamos hablando de partidos, que quieren conseguir resultados en la conquista por éste. Dijo nuestro autor cuando perdió ciertas elecciones: “Esa noche aprendí la lección más sencilla de la política: demuestra que realmente deseas la victoria” (p.64).

La segunda observación es respecto a la conveniencia de un posible acuerdo en sí misma. Para los legos en esta cuestión, los razonamientos de UPyD para negarse no son demasiado explícitos y claros. Irene Lozano sigue pensando que el partido ha de seguir siendo independiente. Javier Nart dice que el obstáculo es personal, cosa de Rosa Díez. Se pueden ver aquí los extensos argumentos de Sergio Acedo, casi morales: la poca transparencia y la baja calidad moral y sospechosa conducta de muchos integrantes de Ciudadanos. Pero los que básicamente leemos el periódico para enterarnos de estas cosas intuimos que las diferencias aparentes, aparte de las personales, son pocas y que algún tipo de acuerdo entre ambos partidos produciría importante efectos prácticos.

Pero aceptemos, como hipótesis de trabajo, que efectivamente haya una cuestión ideológica o moral que dificulte un acuerdo: ¿qué ha de hacer un partido en este dilema moral? Ignatieff nos recuerda la distinción de Max Weber, en su trabajo “La política como vocación”, que hay una ética de fines últimos y una ética de la responsabilidad. Si la respuesta a la pregunta “¿ante quien respondemos?” es “ante los votantes”, no puedes lograr nada para ellos si valoras más tu conciencia que sus intereses. (p.183). Por ello, nos dice “aprendí que uno no puede refugiarse en la pureza moral si quiere lograr algo pero, de igual modo, si sacrificas todo principio, uno pierde la razón por la que entró en política para empezar” (p.185). Es decir, si queremos resultados, si queremos servir para algo, tenemos que llegar a compromisos. No debemos – nos dice- convertir a un adversario en enemigo, pues ello define los compromisos como una traición. Por supuesto, hay limites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la linea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso (p.188), pero sabiendo que el político que que no pueda montar dos caballos a la vez “no tiene un derecho a trabajo en este maldito circo” (p. 185).

La tercera observación se refiere a los aspectos externos, a la imagen de UpyD. Nos recuerda nuestro autor canadiense que “los votantes saben que los problemas son complicados y que si las soluciones fueran fáciles ya habrían desaparecido” (p.163), pero la realidad es que aquellos te pueden dedicar 90 segundos y muchas veces funcionan con estereotipos o intuiciones porque, como dice el estudioso del conocimiento Kahnemann, la información racional es mucha y muy difícil de asimilar y el votante instintivamente “salta” a aquellas cuestiones que le resultan más fáciles. Y, cuidado, ese juicio intuitivo no es siempre desacertado. La imagen de Rosa Diez molesta porque le vuelven a preguntar sobre Ciudadanos, el artículo de Irene Lozano o ciertos tuits de Martínez Gorriarán pueden decirnos mucho mas de UPyD que todos los argumentos racionales que se hayan podido dar. Es considerar a Ciudadanos unos apestados y eso no se comprende.

La conclusión de este post no es una conclusión: es una petición. Estamos en un momento político crucial, en el que la progresión de UPyD no ha sido la esperada; hay un bipartidismo anti-Estado de Derecho rampante, un desafío soberanista y un partido “regenerador” antisistema como Podemos encocorado. Apoyado en este autor canadiense, pero podría haberlo hecho en otros, pido a UPyD que sea coherente, racional e inteligente emocionalmente: que tome sus decisiones escuchando y aplicándose lo que predica; que prescinda de individualismos por muy duro que sea esto en un partido; y que sea consciente de que responde ante el votante que quiere que las promesas –al menos algunas de ellas- se conviertan en realidad; que no desaprovechen su “oportunidad” política, la de valorar si ha llegado el tiempo de esta idea: nadie pide una fusión pero sí que agoten todas las vías que sean posibles para que la regeneración pueda conseguir resultados. Ellos sabrán cómo hacerlo, mejor que nosotros. Y también que, resulte lo que resulte, nos lo expliquen, pues como dice nuestro autor canadiense, “sin una narrativa que defina al mensajero como parte del público, el mensaje no llegará” (p.164).

Y finalmente, también patriotismo, patriotismo del bueno: “dejar claro que puede llegar un momento en que tengas que poner tu país por encima de todo lo demás” (p.220).

¿España bolivariana?

En los últimos años se ha hablado, dentro y fuera de este Blog, de la “argentinización de España”, para referirse a ese proceso de progresivo deterioro institucional que sufre nuestro Estado de derecho. La desactivación de los controles y equilibrios del poder político, la colonización partitocrática de toda clase de instituciones, incluidas las encargadas de tales controles, la generación de un clima de irresponsabilidad de nuestros dirigentes incluso en casos de corrupción, y la utilización de un aparato burocrático excesivo al servicio de los intereses de las élites gobernantes y de sus redes clientelares, antes que de los generales, serían síntomas que definirían ese proceso.

En los últimos tiempos, con el estallido de la crisis económica y financiera, tan íntimamente ligada también a la institucional, se ha producido además un nuevo fenómeno que parece confirmar esa deriva que nos aleja de las democracias avanzadas: la aparición de un populismo rupturista, con unos planteamientos aparentemente muy naïf, encarnado, sobre todo, en el movimiento político Podemos y en su líder más visible, Pablo Iglesias.

Me ha llamado la atención al respecto un análisis realizado por la periodista hispano-venezolana Yael Farache en su blog Acapulco70, que pueden ver aquí, sobre las importantes analogías de la situación que enfrenta España con las que desencadenaron el proceso que ha seguido Venezuela. Y que ha llevado a este país a la triste situación donde hoy se encuentra.

No es preciso estar de acuerdo con todo el extenso e interesante análisis de Yael Farache. Pero en muchos aspectos lo considero certero. Y, desde luego, es merecedor de una atenta lectura, aunque nos vaya a resultar inquietante. Porque su tesis es que España tiene buenas posibilidades de deslizarse en un futuro inmediato, de la mano de ese movimiento político populista, por un proceso muy semejante al venezolano y de perder en ese camino gran parte de las libertades que aún nos caracterizan como verdadera democracia, por imperfecta que sea. La tesis puede sorprender a muchos, confiados en que esto, en España, en un país en la UE, nunca podría ocurrir. Sin embargo la autora nos desafía al respecto con otra comparación: hace unos cuantos años tampoco en Venezuela podía creer casi nadie que la situación de su país iba a acabar pareciéndose en tantos aspectos a la de Cuba.

¿Vamos con los parecidos?

Chaves partió de una situación muy semejante a la del líder de Podemos. La crisis política y económica que enfrentaba Venezuela tenía en gran parte su origen en la corrupción de los partidos políticos tradicionales, dedicados al gobierno de lo público pensando sobre todo en la satisfacción egoísta de sus propios intereses. En manifiesta complicidad con ellos se había colocado también gran parte del poder económico y financiero. Y la pobreza se había extendido incluso a una clase media que nunca fue allí lo suficientemente extensa y fuerte.

En ese ambiente general de indignación y desafección, llega Chavez con un origen y mensaje distintos al de los políticos tradicionales y explica ese diagnóstico a la gente común en su propio lenguaje, con unas palabras que pueden entender. No es difícil deducir el paralelismo con la campaña que desarrolla hoy en España Pablo Iglesias, dotado de una habilidad dialéctica indudable y bien entrenada. Aunque carezca, al menos todavía, del carisma del fallecido caudillo venezolano. Pero no puede extrañarnos esa semejanza si pensamos que Iglesias y los principales líderes de Podemos no sólo han recibido generosas subvenciones del Chavismo a través de la Fundación Ceres , sino que incluso han residido y recibido formación en Venezuela, contratados allí por su gobierno como “asesores”, durante años.

Podemos no ha manifestado nunca tener la intención de implantar un régimen autoritario, populista y caudillista. Pero también es cierto que tampoco lo reconoció Chavez en los comienzos de su asalto al poder. Si vemos la entrevista de este vídeo que nos enlaza la autora, y que merece verse hasta el final, no sabemos de qué sorprendernos más: si de la moderación del talante y de las propuestas del primer Chavez o de lo falso que todo ello resultó. Nuestros propios líderes bolivarianos tampoco quieren aparecer hoy como enemigos del pluralismo político, pero tampoco tienen reparo alguno en defender sin ambages un régimen chavista que lo es.

La periodista nos previene del peligro de las soluciones populistas alternativas que Podemos ofrece. Reseño sus propias palabras. “Cuando un país está pasando por una situación difícil como la que vive actualmente España es fácil aferrarse a una idea bonita. Creer en una promesa que te sugiere que existe una solución para los problemas que estás atravesando y que es tan simple como votar a una persona determinada, funciona como un bálsamo que calma la ansiedad y te permite seguir adelante”. Y nos sigue diciendo: “Buscar ilusiones cuando la cosa está mal es un impulso natural, es casi un instinto. Por naturaleza la gente busca todas las evidencias que le confirmen su ilusión y les permita seguir creyendo en ellas. Por eso es tan fácil engañarlos, porque la mitad del trabajo lo hace la víctima. Por eso la gente es más susceptible a tragarse las manipulaciones políticas en épocas de crisis y por eso creen en justificaciones absurdas que no tienen pies ni cabeza”.

A su juicio, los objetivos del nuevo movimiento político en España van a ser los mismos que ya ha conseguido el chavismo “bolivariano”. Aunque, obviamente, para ello el camino y la estrategia tengan que ser diferentes, y adaptarse a nuestra específica realidad. Su meta fundamental sería la implantación de un nuevo régimen político en España, de corte autoritario, caudillista y populista, empeñado en su propia permanencia sin reparar en límites. Los medios para ello serían una política de agitación permanente (“frente al enemigo”), y un intenso control propagandístico de la sociedad. La separación de poderes, y los medios de control del poder político que son característicos de las democracias avanzadas de nuestro entorno y que en España, aun gravemente deteriorados, siguen existiendo formalmente, se anularían bajo la acusación de ser reaccionarios y contrarios a la voluntad del pueblo plebiscitariamente manifestada. Y los que quieran engañarse con la creencia de que un cambio constitucional antiliberal no sería posible en el seno de la UE deberían considerar que ya ha ocurrido en otro país: Hungría.

El desprecio de los dirigentes de Podemos por nuestro marco constitucional, expresado incluso en la forma de prometer sus cargos electos, y su propuesta de abrir un proceso constituyente “que consiga una democracia verdadera” son pistas claves al respecto. Desde el pasado siglo todos los regímenes autoritarios se han empeñado en poner calificativos a la palabra democracia (“popular”, “nacional”, “orgánica”…), como forma de disfrazar su verdadera voluntad de anularla.

Ese objetivo es obvio que no puede desarrollarse en una sociedad que cuente con una información libre y plural. El proyecto requeriría el dominio de los medios de comunicación y su sometimiento a los objetivos propagandísticos del nuevo poder, como ha ocurrido ya en Venezuela. De hecho en el manejo de los medios alternativos e informales, y de la propaganda, los integrantes de Podemos ya se han revelado como grandes expertos. Probablemente han tenido para ello buenos maestros. Su experiencia en las redes les debe haber hecho conscientes de su potencial y, por tanto, de la necesidad de controlarlas

¿Cuánto podría durar un blog crítico como éste bajo un gobierno consolidado de Podemos? Las palabras de Iglesias sobre la necesidad de establecer mecanismos de control público a los medios “para liberarles de los condicionantes de las empresas privadas y partidos políticos” y para que puedan así ejercer lo que sería su particular visión de la “libertad de prensa” no pueden ser, al respecto, más inquietantes.

Ese objetivo de mantenimiento del poder exigiría también el control de la población a todos los niveles, y la transformación de nuestro modelo económico de libre empresa. Y las restricciones afectarían hasta a aspectos de nuestras vidas privadas que hoy nos parecen sagrados. Por ahora simplemente han anunciado en su programa la primera ola de expropiaciones y nacionalizaciones, por cierto a contracorriente de los países socialmente más desarrollados, incluidos los nórdicos. Pero, lo mismo que ocurrió con Chavez, es muy improbable que fuera la última. Y las sugerencias de abandonar el euro para, en su caso, tratar de constituir otra moneda común con los países del sur de Europa dan verdaderos escalofríos si vemos el manejo que el régimen bolivariano ha hecho y sigue haciendo de su moneda, y la inflación de vértigo que ésta ha sufrido.

No me cabe duda de que muchos van a acusar al artículo de Yael Farache, como también a este post, de ser exagerados y tergiversadores. Frente a estas o semejantes acusaciones es previsible que los que están en el nucleo de ese proyecto político se defiendan como lo han hecho hasta ahora: más que con contra argumentos y datos ciertos, con una estrategia de descalificación de sus oponentes, presentados como representantes de las fuerzas oscuras que hoy detentan el poder. Que este análisis se haga desde un blog independiente y crítico y sin pelos en la lengua para señalar y denunciar nuestras deficiencias institucionales y para pedir reformas sustanciales, como es éste, no será obstáculo para ello. Los líderes de Podemos, formados en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complitense y en Venezuela en el dogmatismo y en el desprecio por un debate libre y constructivo, están entrenados en una reducción simplista y maniquea de la realidad en la que sólo ellos y sus cómplices son los buenos.

De hecho, lo mismo que el nacionalismo, el islamismo radical y otros movimientos políticos cultivadores de odio, ese partido necesita imperiosamente un enemigo externo pintado en tintes muy oscuros, tanto para llegar al poder como para poder permanecer en él. Como nos ha enseñado la praxis de los Gobiernos bolivarianos en Venezuela y de otros semejantes, ese enemigo en gran parte imaginario es la gran excusa para justificar las dificultades y la ruina económica que estos regímenes traen consigo. Y también sus tropelías, abusos, represiones y persecuciones.

Para otros, sin embargo, la resistencia a comprender esa realidad puede tener otro origen. Es duro admitir que Podemos, como hicieron en su día sus mentores del otro lado del océano, están desarrollando una estrategia engañosa para tomar un gobierno sesgado que acabe con muchos derechos y libertades fundamentales. Por la sencilla razón de que será el fin de una ilusión, de una esperanza de salir de una situación difícil. Pero los datos están ahí, y no van a desaparecer por matar, o simplemente descalificar, a los mensajeros que los aportan.

El hecho de que el descontento tan justificado de una base social numerosa se esté canalizando hacia un partido de raíces totalitarias y que promete soluciones imposibles, en vez de hacia otros partidos reformistas y regeneracionistas que no son responsables de la situación y la denuncian desde posiciones genuínamente democráticas dice mucho de las carencias en formación cívica de la sociedad española. E incluso de las de nuestro sistema educativo. Un problema que puede dar para muchos posts.

La consolidación de ese movimiento que está devorando rápidamente las bases de los tradicionales partidos de izquierda tiene, sin embargo, entre sus adversarios un posible benefiario en el corto plazo: el Partido Popular. Que precisamente ha sido también uno de los grandes responsables de que haya surgido ese movimiento por su complicidad en el proceso de deterioro de nuestro régimen político. El beneficio podría lograrlo si el nuevo partido le sirve para movilizar a suficientes votantes, con el argumento “del miedo” de ser la única barrera frente a esos nuevos bárbaros, como para poder seguir así en el poder tras las próximas elecciones. Pero sería una maniobra arriesgada y, en todo caso, cortoplacista si no evita que Podemos quede como protagonista fundamental de la oposición.

Si hubiera suficiente conciencia y racionalidad en nuestra clase política, el objetivo debería ser la desactivación de un movimiento tan peligroso de mejor forma, y de la única en que tal vez sea ya posible: exigiendo las responsabilidades que sean precisas, incluso hasta el más alto nivel, y acometiendo esa profunda reforma de la que nuestras instituciones están tan necesitadas. No para acercarnos a los regímenes populistas bolivarianos, sino más bien, en la dirección contraria, a las democracias más avanzadas de Europa occidental. Es cierto que ello les supondría a nuestros políticos notables sacrificios y renuncias en su actual status, en beneficio de la sociedad a la que deberían servir. Pero ya que no lo han querido hacer por generosidad y altura de miras, por sentido de Estado, que lo hagan al menos por un puro y básico instinto de supervivencia. Debemos ser conscientes, con la suficiente perspectiva histórica, de que, como dice Yael Farache, “La libertad es algo frágil. Conquistarla es un proceso largo y duro, pero perderla es muy fácil”.

Promesas electorales y mentiras a medias.

El diseño de la Eurozona es objeto de rigurosos análisis y de sesudos debates entre economistas desde hace años. Algunas de las mentes más brillantes del pensamiento económico han dedicado un gran esfuerzo a estudiar científicamente la viabilidad de las llamadas áreas monetarias. Así, cuando me planteé a quién votar en las elecciones europeas del pasado mes de Mayo, no pude evitar valorar las distintas opciones desde esta perspectiva. “Votaré a aquel partido que mencione en su programa electoral la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO)”, me dije.

Tras descargar todos los programas y aplicar una cuidadosa búsqueda, palabra por palabra, descubrí lo que me temía: de los cinco principales partidos (PP, PSOE, IU, UPyD y Podemos) ninguno nombraba la teoría económica fundamental que explica qué condiciones deben reunir los países que quieren compartir su moneda de manera eficiente.

¿Hay derecho a que los partidos políticos obvien el uso de documentos científicos en la elaboración de sus programas económicos? ¿No cundiría la indignación general si para diseñar un programa de salud pública se obviara toda la investigación médica desde Hipócrates?

Un programa electoral debe ser detallado, riguroso y realista. Concedo, eso sí, que aunque una teoría no esté explícitamente citada, un partido puede recoger perfectamente su espíritu entre sus propuestas. Mi siguiente movimiento fue comprobar si la teoría de las AMO estaba diluida entre promesa y promesa.

La teoría que sustenta las AMO fue formulada inicialmente por Robert Mundell[1].  Esta investigación seminal, unida a la de otros autores como McKinnon[2], actuó como hoja de ruta para los encargados de poner en marcha la Eurozona. En el momento de la entrada en vigor del Euro, sólo dos de los seis requisitos señalados como fundamentales para garantizar el éxito de la nueva moneda se cumplían. Otros dos no lo hacían y el par final se movía entre el sí y el no.

Dado que, como señala De Grauwe[3], la inexistencia de un AMO en Europa favoreció el contagio de la actual crisis económica, mi pregunta de investigación quedó perfectamente acotada: ¿contribuyen las diferentes propuestas electorales al cumplimiento de las cuatro condiciones eludidas?

Opté por dejar de lado los requisitos que el consenso económico[4] da por satisfechos: la apertura comercial y la diversificación productiva. Me centré, inicialmente, en las dos condiciones incumplidas: la movilidad de trabajadores dentro de la Eurozona y la existencia de un sistema de compensación fiscal entre estados.

Una alta movilidad de trabajadores permite un mejor ajuste económico; en tiempos de crisis los desempleados de un país pueden encontrar empleo en aquellas zonas donde la actividad económica es mayor. De los cinco programas políticos estudiados, PP y UPyD señalan la necesidad de favorecer la movilidad profesional con diferentes tipos de medidas. El PSOE se centra en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores desplazados.  IU y Podemos son los únicos grupos que se muestran críticos con la movilidad laboral, llegando a hablar de “exilios forzados” en muchos casos.

Un sistema de compensación fiscal permite que los gobiernos de la Eurozona puedan financiarse entre ellos de manera directa y transparente. Este mecanismo estaría incluido dentro de una Unión Fiscal. PP, PSOE, IU y UPyD mencionan, directa o indirectamente, la Unión Fiscal entre sus propuestas. Se echa de menos una mayor concreción respecto de su visión: ¿se acepta la cesión de soberanía que esta medida supone, sin más? ¿Se apuesta por la creación de un ministerio de finanzas europeo?

La sensación respecto de las dos condiciones no cumplidas es que ambas aparecen recogidas de manera anecdótica, casi casual. No son ni el eje de las propuestas económicas ni están detalladas con la profundidad que sería deseable.

Los dos requisitos de cumplimiento dudoso son la “homogeneidad de preferencias” y la “visión compartida”. Ambos elementos hacen referencia al consenso que debe existir entre los países miembros respecto de la política económica a aplicar en caso de crisis y respecto al futuro de la unión en sí misma.

En este caso opté por examinar las distintas propuestas en base a la factibilidad de una hipotética posición común española. Las diferencias entre programas son abismales. El ejemplo de la crisis del sector público lo ilustra perfectamente. El PP nombra sólo tres veces la palabra déficit en su programa electoral; lo hace para mencionar la “herencia recibida”. El PSOE propone sendas flexibles y revisables del déficit público acordadas con Bruselas, que existen desde hace años. UPyD apenas trata este asunto. IU y Podemos sugieren impagos selectivos de deuda pública, difícilmente compatibles con los incrementos del gasto que ellos mismos proponen. Todos los programas incluyen medidas discordantes con el actual marco jurídico europeo o con los intereses de otros países.

Los dos requisitos de dudoso cumplimiento muestran una preocupante falta de consenso. Las propuestas de solución a la actual crisis son excesivamente vagas y conformistas, en unos casos, y preocupantemente irreales, en otros.

Mi sensación final es que, con alguna excepción, los programas electorales exhiben una importante falta de rigor. Varias de las propuestas desafían, no sólo las leyes económicas, sino las más elementales matemáticas. La acumulación de ideas, como caídas del cielo, sin un plan estudiado y coherente detrás, parece ser el común denominador de los programas.

Es necesario destacar que los elementos positivos detectados no dependen de signos políticos o de ideologías. UPyD, por ejemplo, cuida mucho los antecedentes económicos e IU utiliza el lenguaje técnico con una enorme pericia. Y todos, como no podía ser de otra manera, se muestran convencidos de la bondad de sus propuestas.

Quizá por eso los ciudadanos debamos ser especialmente cuidadosos y exigentes. Es importante saber qué estamos votando. No sea que nos pase como aquél al que, ya entrado en la treintena, su madre aún le preparaba el voto en un sobre cerrado. “¡Al menos dime a quién he votado!” se quejaba amargamente. “Hijo mío” respondía ella “el voto es secreto”.



[1] Mundell, R. A. (1961). “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4).

[2] McKinnon, R. (1963). “Optimal Currency Areas”. American Economic Review 53.

[3] De Grauwe, P. (2013). “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?” LEQS 57/2013

[4] Baldwin, R. y Wyplosz, C. (2012). The Economics of the European Integration. McGraw-Hill. 4ª ed.

¿Puede un partido regeneracionista tener hoy éxito electoral? (y II): The War Book

La primera entrada en tu libro de guerra es un análisis completo de la situación, sin autoengaños de ninguna especie. A los partidos con recursos económicos estos análisis se los hacen consultoras y empresas especializadas. Los pequeños no pueden pagarlo, por lo menos a escala nacional, así que te lo tendrás que currar tú solo. Tendrás que analizar y comparar los últimos resultados electorales mesa por mesa, y compararlos con otras variables como nivel de renta, índice de población, de edad, índice de paro, etc. Tienes que saber quién te vota y, mucho más importante, quién te puede votar. En qué mesas se ha cambiado más de voto en las últimas elecciones y en qué mesas entra ahora un mayor número de nuevos votantes. Ahí hay que echar el resto. Hay que ser conscientes de que más de la mitad del electorado español (el 53,8%) no se identifica con ningún partido y el 73% consideran que PP y PSOE son fundamentalmente lo mismo. En las últimas elecciones municipales hubo un 4,2% de votos nulos y en blanco. Existe una enorme bolsa de españoles dispuestos a ser convencidos, pero hay que dosificar el esfuerzo donde más incidencia puede tener. Por eso hay que saber dónde están, geográfica e ideológicamente.

La segunda entrada en tu libro de guerra es apuntar tus debilidades. Una a una. No tiene sentido engañarte a ti mismo, máxime cuando el enemigo va a tratar de explotarlas. Por mucho que no quieras hablar de ellas te las sacarán una y otra vez. Por eso analiza detenidamente las cosas que más te echan en cara. Las del partido en general y las tuyas en particular. Apúntalas y busca los mejores argumentos para eliminarlas, disimularlas o rebatirlas.

La tercera entrada son las debilidades del enemigo. Es necesario convertir tus obstáculos principales (la desconfianza y el miedo) en sus obstáculos. ¿Cómo se puede confiar en el PP cuando incumple sistemáticamente todas sus promesas electorales? Prometía no subir los impuestos y lo ha hecho sin reparo alguno (casi 60 subidas); prometía reforzar las instituciones (como el Poder Judicial) y las ha hecho todavía más dependientes del Gobierno, etc. ¿Miedo al caos? La gestión de las Cajas realizada por el PP casi nos hunde en el pozo de forma definitiva; nuestro paro juvenil es el más alto de Europa (56%); el nivel de nuestra educación es tan lamentable (ranking PISA) que deja a nuestros jóvenes sin futuro, etc. Todos estos ejemplos a nivel nacional tienen su correspondiente traducción a nivel local. Para el caso del PSOE tres cuartos de lo mismo.

Esto es lo que los expertos denominan publicidad negativa. Es muy útil, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque todos los estudios demuestran que también perjudica al que la utiliza, pues te identifica como gruñón y ventajista. Solo resulta rentable si se fundamenta en bases sólidas y contrastadas, de tal manera que con ella se refuerce la impresión que ya tiene el elector. La conclusión, entonces, es que resulta ideal en sectores con poca fidelidad a los partidos y en ataques al PP y al PSOE, pero, sin embargo, resulta contraproducente en otros escenarios. Por ejemplo, la publicidad negativa no resulta interesante para atacar a otros partidos de oposición que no han llegado a ejercer el poder. Más bien es desaconsejable, porque esta publicidad nunca es capaz de crear un rechazo al adversario donde no existe ya de alguna manera, sino que solo es útil para reforzarlo. La estrategia inteligente respecto de estos partidos es la ignorancia y que sean los partidos mayoritarios los que se desgasten con ellos.

La cuarta entrada de tu libro debes dedicarla a los mensajes positivos, a tu oferta al electorado: qué has hecho ya y qué te comprometes a hacer si llegas a gobernar; qué cuatro o cinco cosas fundamentales vas a hacer por tu electorado. Por supuesto, esas propuestas se deben poder escribir en una tarjeta de visita, y que al otro lado aparezca tu cara con una leyenda que diga que no te vuelvan a votar si no las cumples.

Pero para completar la cuarta entrada antes tienes que escuchar a tu electorado potencial. No para hacer lo que te pidan, por supuesto, sino para saber lo que les preocupa. El CIS puede darte algunas pautas, pero no es suficiente. Los partidos potentes anglosajones  montan una vez a la semana (y cuando se acerca la campaña seis veces a la semana) los llamados “Focus Groups”. También lo hacen el PP y el PSOE. Reúnen a ocho personas en una habitación seleccionados con arreglo a criterios estadísticos y se pasan dos o tres horas charlando con ellos sobre cuestiones políticas. Escuchándoles y preguntándoles. Los partidos pequeños no tienen dinero para organizar eso, así que habrá que hacerlo en el bar, en el trabajo o en el fútbol. Reúnete con cualquier asociación, club, o simple grupo de amigos que quiera hablar contigo, por muy plúmbea que te parezca la perspectiva y por poco tiempo que tengas. No se trata de hacerles un favor (aunque incluso a ellos se lo parezca): asume de una vez que te lo están haciendo a ti. Por eso hay que escucharles. No te defraudarán: los expertos nos dicen que no hay nada más valioso que esto, con mucha diferencia. Por supuesto tienes que apuntar todo lo que te digan.

La quinta entrada en tu libro exige combinar la primera con la tercera y la cuarta. Existen ciertos mensajes que llegan mejor a un grupo que a otro. No se trata de decir cosas contradictorias a unos y a otros, evidentemente, sino, dependiendo del auditorio, incidir en aquellos temas que en ese grupo pueden tener mayor receptividad (a los jóvenes las subidas de impuestos les importan menos) o escoger aquellos más compartidos cuando el auditorio sea universal. Esto nos conduce al último tema: los medios de comunicación, los nuevos (las redes sociales) y los tradicionales.

Los nuevos medios han facilitado mucho las cosas a los partidos pequeños, siempre que sepan utilizarlos, claro. Pero hay que estar muy atento. Hay que tener en cuenta que un error o una mentira viajan igual de rápido que una verdad, y tienen exactamente la misma eficacia corrosiva si se deja incontestada. Los grandes partidos anglosajones disponen de equipos de ataque y de defensa activos 24 horas al día. Una mentira tiene que ser contestada en minutos, nunca más tarde de tres horas, porque, si no, ya puede ser demasiado tarde. Si no lo haces, terminarás encontrándote un día a tu hermana preguntándote por qué te has aliado con Bildu en el Parlamento europeo. Pero, por supuesto, la mentira no puede contestarse con un simple exabrupto. Hay que denunciarla argumentando por qué es falsa y demostrándolo. Sencillamente porque el elector no es tonto, y menos el que es activo en la red. Tiene gran habilidad para detectar las consignas. Por eso nunca infravalores su inteligencia y nunca sobrevalores su información. La información razonada hay que repetirla y repetirla y repetirla. La inteligencia para procesarla se presupone, y si no lo haces su destinatario se molestará, con toda razón. En las últimas elecciones generales en el Reino Unido el Partido Laborista cometió el error de utilizar twitter como una herramienta para fomentar la agitación y el activismo entre los simpatizantes, mientras que el Partido Conservador lo utilizó como un instrumento para transmitir información seleccionada a la carta dependiendo del grupo de destinatarios (Kavanagh y Cowley, The British General Election of 2010).

En cuanto a los medios tradicionales hay que tratarlos como aliados, no como enemigos o sicarios del adversario político (aunque lo sean). En muchos partidos pequeños existe una cierta tendencia a pensar que les odian por algún motivo. Puede que sea así, pero por encima de ese odio (en el caso de que exista) a los periodistas les preocupa su puesto de trabajo y la viabilidad de su empresa, como es natural. No son un servicio público. No te darán nada si tú no les das algo a cambio, y eso vuelve a ser perfectamente lógico. Pero lo que les tienes que dar no es nada que no te interese darles: son noticias. En los tiempos de crisis que corren, con las plantillas actuales, el periodista apenas puede investigar nada. Si le haces parte del trabajo te lo agradecerá.

En cuanto a las intervenciones en medios (radio y tv) y en la calle, lo aconsejable es elaborar paquetes de no más de 45 segundos que, de una manera u otra, se repitan incesantemente. Lo ideal de este formato ha sido corroborado en multitud de ocasiones. La gente no atiende más que ese periodo de tiempo, como regla general. No tiene sentido elaborar historias largas que, aunque estén bien argumentadas, no serán seguidas hasta el final más que por una minoría. Mucho menos pretender utilizar estos espacios para transmitir largas informaciones. Aquí es donde se aprecia el valor de la caja de cerillas.

Esto nos lleva a la última cuestión: luchar por la iniciativa. Como en el ajedrez, en esta guerra el que tiene la iniciativa gana. Y en una situación de crisis brutal como la que estamos pasando el que no la tengan los partidos pequeños no tiene perdón de Dios. Si lees el periódico local encontrarás decenas de noticias que te la pueden proporcionar. Encuentra una que te de presencia en los medios y explótala. Al igual que a nivel nacional se ha hecho con otros casos (aforamientos, politización de los organismos reguladores, privilegios de la clase política, etc.), la vida local ofrece innumerables oportunidades. Utilízalas como ejemplo de todo lo que quieres transmitir y criticar. El caso de las múltiples Cajas de Ahorro, por ejemplo, es una mina todavía por explotar que, exceptuando en algunos lugares, apenas ha pasado sin pena ni gloria.

Por último, no nos confundamos. La gente quiere que le gobierne gente con principios, pero también que sea competente. Si esos partidos sólo tienen principios pero no los explotan bien están defraudando a nuestro país, comunidad o municipio y ocupando un espacio que podía ser mejor aprovechado por otro. Si actúan de manera profesional (aunque no sean profesionales de esto) generarán confianza en sus aptitudes. Pero, además, el electorado percibirá que se le toma en serio, que se preocupan de él sin por ello considerarle menor de edad. Ahí está la clave de la confianza.