¿Puede un partido regeneracionista tener hoy éxito electoral? (I)

Pienso que en los tiempos que corren y a la vista de los últimos resultados electorales esta pregunta resulta muy pertinente. En mi modesta opinión es otra forma de preguntarse si España va a tener o no posibilidad de sobrevivir dignamente en un mundo cada vez más competitivo. En definitiva, un partido pequeño que busca reformar radicalmente el actual sistema institucional, con su clientelismo y su complejo entramado de intereses (crony capitalism), pero jugando conforme a las reglas de ese sistema, a través de propuestas razonables y no demagógicas ni populistas, organizado como un partido tradicional y no como un “frente amplio”, ¿puede hoy aspirar a tener un éxito electoral que le permita influir de verdad en la política nacional?

No parece fácil. Para que un partido pequeño y serio (es decir, no populista) pueda aprovecharse de la erosión del bipartidismo, debe solventar dos barreras formidables: la desconfianza y el miedo.

La confianza es el ingrediente básico de la política moderna, muy difícil de ganar e increíblemente fácil de perder. La gente a estas alturas no confía en los políticos, y con buenas razones. Tampoco confía en los políticos de los partidos que todavía no han gobernado. Puede parecer sorprendente (“eh, que todavía no hemos hecho nada”) pero si reflexionamos tendremos que reconocer que la sospecha del electorado es perfectamente racional (precisamente porque esos partidos todavía no han hecho nada, es decir, no han gobernado nada). Son partidos que funciona conforme a las reglas de la política tradicional, hoy tan absolutamente desprestigiada. ¿Hay que confiar en ellos simplemente porque nos digan que son diferentes, que no van a robar o gestionar en su exclusivo interés, que no mienten y van a cumplir sus promesas? Si es por retórica sus competidores tampoco andan escasos.

La segunda barrera es el miedo. El recurso al miedo del electorado es ya tradicional en la política moderna a escala universal, especialmente por los partidos conservadores (aunque en España fue utilizado durante muchos años por el PSOE, recordemos al famoso doberman). El miedo a lo desconocido, a la inseguridad, al desastre económico y social, es hoy el principal activo estratégico del PP, enormemente reforzado tras la aparición de “Podemos”. Se trata de un balón de oxígeno de primer orden que van a explotar al máximo. “Podemos” amenaza con devorar a los partidos de izquierda y crear una alternativa real de sesgo populista caracterizada por propuestas inviables o directamente desastrosas como la salida del euro o la nacionalización de la banca. Ante tal riesgo, la reacción del electorado tradicional del PP, pese a estar harto de su mala gestión y de sus corruptelas, será enrocarse por puro miedo, desechando posibles alternativas atractivas pero de más incertidumbre, como las regeneracionistas. Si frente a tal espantajo esos partidos se limitan a invocar esperanza e ilusión (es decir, más retórica) estamos perdidos. Si algo ha demostrado el análisis histórico de las campañas electorales de la segunda mitad del siglo XX, es que siempre que se han enfrentado el miedo (actual) frente a la esperanza (meramente hipotética), ha triunfado… el miedo.

¿Cuál sería entonces la estrategia adecuada? Dada mi proverbial tendencia a escribir sobre lo que no conozco bien (únicamente como simple aficionado) me voy a aventurar otra vez en un terreno extraordinariamente profesionalizado: el de la estrategia electoral. Desde el momento en que no procede echar la culpa al electorado por no votarte, pese a la solidez de tus ideas, realizar campañas profesionales resulta muy relevante. Puede parecer una verdad de Perogrullo, pero ha habido a algunos que les ha costado bastante percatarse de ello. Cuenta Philip Gould (“The Unfinished Revolution”), uno de los estrategas políticos más influyentes del mundo –y que fue junto con Peter Mandelson (el llamado “Principe de las Tinieblas”) uno de los creadores del Nuevo Laborismo británico- que cuando llegó al Partido Laborista la gente se quejaba de lo incomprensible que resultaba el que, teniendo las mejores ideas, al menos las ideas que más proyección parecían tener en un momento dado, perdiesen inexorablemente elección tras elección. No entendían que si perdían era simplemente porque el Partido Conservador hacía mucho mejor las campañas electorales. No lo entendían y, además, parecía importarles poco, como si el tener mejores ideas debiese garantizar de por sí la victoria, a la manera de una especie de derecho adquirido. Por el contrario, a él le parecía que perder las elecciones, pese a tener las mejores ideas, era absolutamente imperdonable, un acto de indulgencia con uno mismo sin posible justificación.

Así que se puso manos a la obra. Realmente no fue fácil, pero al menos dispuso de medios materiales que para los partidos pequeños españoles son de absoluta ciencia ficción (aunque en comparación con lo que se estila en EEUU fuesen ridículos). En Millbank, la nueva y moderna sede junto al Támesis, trabajaban a tiempo completo sólo en la preparación de la campaña electoral 310 personas. Es obvio que se trata de otra liga, pero eso no quita para que no se pueda aprender algo de esa experiencia profesional. Al fin y al cabo, si se aspira a ser un partido de gobierno hay que acostumbrarse a pensar a lo grande (Think big), pues hay muchas cosas que, como el pensar, salen gratis. Las ideas que siguen (en este post y en el siguiente) pretenden simplemente esbozar unas pautas de actuación que quizás puedan ser de interés.

Lo primero, sin duda alguna, es dejar de mirar de manera sospechosa el tratamiento profesional de las campañas electorales (y por campaña electoral se entiende el periodo de medio año, como mínimo, anterior a las elecciones). Esta sospecha está bastante generalizada dentro de algunos partidos (especialmente en los que han surgido de iniciativas ciudadanas sinceras y muy ligadas a la defensa de ciertos valores fundamentales) como si la profesionalidad comprometiese de alguna manera los principios. Esta reacción es casi natural, y ocurre en todos los países, pero la verdad es que no tiene mucha justificación. Es cierto que a Mandelson le llamaban “The Dark Lord”, y que Gould titula su capítulo sobre las técnicas de campaña “The Dark Arts”, al más puro estilo Slytherin (o anti Harry Potter), pero ambos se tomaban tal cosa a chota, evidentemente. Si hay una idea que ambos insisten en transmitir, es que para que el mensaje tenga éxito debe apoyarse de manera absoluta en un argumento central: la razón por la cual el electorado debe votarnos. Si el partido no tiene substancia, no hay posible mensaje. La conclusión es que el mensaje no debe jamás traicionar a los principios, sino condensarlos y destilarlos hasta ser capaces de escribirlos en una caja de cerillas. Parece fácil, pero es endiabladamente complicado. A Gould le costó tres años de intenso trabajo.

¿Hay esperanza entonces para el partido pequeño? ¿Qué cabe hacer frente a la desconfianza y el miedo? Afortunadamente la respuesta que nos proporcionan esos especialistas es la misma para los dos obstáculos:

Tú, militante de un pequeño partido regeneracionista: siéntate, coge unos cuantos folios y empieza a escribir tu “War Book”. Sí, efectivamente, esto es una guerra y hay que diseñar una estrategia y una táctica. Pero hay que hacerlo por escrito. Una estrategia que no consta por escrito no merece ese nombre.

La política “de la casta”

Situémonos en Gran Bretaña en 1945. Había una clase política que ganó la guerra y unificó todas las tendencias políticas y al pueblo detrás de ellas, para ese empeño titánico que fue plantar cara a Alemania que ocupaba toda Europa continental. La guerra terminó y Churchill convocó elecciones pues pensaba que tras el triunfo bélico nada se le podía resistir. Pero el pueblo estaba exhausto y ya no creía en la vieja política. Attlee, un político laborista, se presentó a las elecciones con un programa reformador que pretendía algo tan sencillo como llevar el bienestar a todas las clases sociales. Tras seis años de gobierno, sin cuestionar la estabilidad que ofrecía una Monarquía renovada y ejemplar, nacionalizó el Banco de Inglaterra, las industrias del carbón, el gas, la electricidad, los ferrocarriles, la aviación civil y la siderurgia; y creó el Servicio Nacional de la Salud llevando el estado de bienestar a todos los ciudadanos. Estado de bienestar impensable antes del estallido, en 1939, de la conflagración mundial.

Unos la llaman “clase política”. Ahora, unos insubordinados subidos al carro de la fortuna electoral la denominan “casta política”.  Ellos, los de la “clase” o de la “casta”, con todas sus imperfecciones, errores, secuelas de corrupción, etc. fueron los que llevaron el bienestar a los británicos y los que, en España, a lo largo de estos cuarenta años, han cambiado la faz de nuestra patria común. Los que entonces denunciaban la fragilidad de la democracia formal y el dominio de las oligarquías, condujeron al mundo a una catástrofe que todavía, aún pasados más de setenta años, recordamos con espanto. Ahí está, en las cenizas de la historia, lo que consiguieron los fascismos y el comunismo. Y hoy resurgen, como si no hubiésemos tenido bastante, los populismos de distinto signo que cuando triunfan conducen, como en Venezuela, a sus países al desastre.

Un sistema político sirve mientras es útil. El nuestro, sin duda, precisa de serias reformas que habrá que afrontar en el inicio del reinado de Felipe VI y después de establecido el mapa partidista que surja de las siguientes elecciones generales. Los pactos serán necesarios para que las instituciones, incluida la Jefatura del Estado, vuelvan a funcionar con eficacia. No será suficiente el acuerdo de las mayorías, ya que habrá que contar con las minorías, algunas presumiblemente muy numerosas; y otras, que aglutinan el nacionalismo mayoritario en Cataluña y el País Vasco, de difícil encaje constitucional. Todos tendrán que ceder mucho si se pretende tener un marco político, económico y social estable para las próximas décadas. Todo ello marcará la estabilidad del futuro reinado u otra forma de Estado si el pueblo así lo decidiese.

A veces los problemas complejos tienen soluciones sencillas, mas hay que dar con ellas. El comienzo del reinado de Don Felipe no creo que tenga problemas sustanciales hasta después de las elecciones generales. Luego será el momento de la verdad, cuando se plantee, con la reforma de la Constitución, el difícil consenso con los nacionalistas catalanes y vascos. Parece complejo encuadrar a esas que hoy llamamos,  vergonzantemente, “nacionalidades” como se escribió en la Constitución, dentro de una patria común. Una salida sería reconocer que se tratan de Estados o de Naciones. En el primer caso se enmarcarían dentro de la Nación española; y, de elegir la segunda vía, quedarían encuadrados en el Estado español. Y ello con un concierto económico a través del cual aportasen al Estado o Nación, España al cabo, aquellas cantidades de dinero que recaudasen para sostener los gastos comunes: ejército, asuntos exteriores, relaciones exclusivas con la Comunidad Europea y esos otros servicios que, por obvio, fuese más rentable tenerlos centralizados que repetidos. Ese es el problema fundamental de nuestra Constitución. No parece plausible que a Galicia, Andalucía o Valencia pueda interesarle este sistema ya que saldrían empobrecidos. Aunque como de lo que hablamos es de sentimientos, no de eficacia, todo es posible. Quizás a Canarias o a las Islas Baleares, por su insularidad, pedirían un estatuto especial. Navarra ya tiene concierto económico y la posibilidad, si sus ciudadanos lo decidiesen, de incorporarse al País Vasco, lo cual no parece probable.

Luego habría que retocar el funcionamiento de otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el funcionamiento de la justicia, el papel de los fiscales o el de los partidos políticos en cuyas reformas no habría tantos problemas pues, de seguir como están, sufragáneos de los partidos, y algunos partidos sufragáneos de la corrupción, van directas al precipicio del desprestigio. Y entonces se plantearía la clave de la bóveda constitucional.  Qué queremos los españoles: ¿una Monarquía o una República? La solución sería, también, sencilla. Como debería someterse a referéndum la reforma constitucional, los ciudadanos que decidiesen acudir a votar tendrían dos opciones claras. La misma Constitución, pero en una el Título Segundose denominaría “De la Corona” y en la otra “De la Presidencia de la República”. Los pormenores, como son la duración, que en la Monarquía está clara y en la República debería ser, por lo menos de siete o diez años y elegido el Presidente por dos tercios de las Cámaras, tampoco llevaría demasiadas complicaciones. Bueno, no habría problemas presumiendo, quizás con ingenuidad, buena voluntad y sacrificio como el que tuvieron los políticos de la Transición. Si hace casi cuarenta años y después de cuarenta más de Dictadura, el pueblo español y “la casta” política fue capaz de sacar a España de una situación muy compleja, ¿no serán capaces ahora de hacer algo bastante más sencillo quienes hemos rigen el gobierno con los votos de los ciudadanos? En el PSOE, al menos, se mueven y debaten. En el PP parece que no se han enterado de lo que ocurre en sus narices y sigue dirigido por una “casta” de políticos agotados de ideas y físicamente exhaustos.

Los sueldos de los políticos

 

Como era de esperar, se ha levantado una pequeña polvareda a raíz de las recientes declaraciones realizadas por el Director General del CEPC en su comparecencia como experto ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con ocasión de la tramitación del Proyecto de ley sobre control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del Proyecto de ley regulador del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.Beningo Pendás defendió –entre otras medidas- la necesidad de elevar las retribuciones de los políticos con la finalidad de atraer “a los mejores” a la vida política, favorecer la apertura de la política a la sociedad, acotar el problema de las  “revolving door” o puertas giratorias entre política y empresas privadas y, en general, combatir la corrupción.

Es evidente que el momento actual puede no ser el más oportuno para debatir sobre lo relativamente altas o bajas que son las retribuciones de nuestros políticos en comparación con los de otros países o incluso en comparación con los CEOS de las empresas españolas, grandes, medianas y pequeñas. Esta última fue la comparación que utilizó el director del CEPC para concluir que los Ministros están peor pagados incluso que el directivo de una pyme. La falta de oportunidad se debe a que los ciudadanos españoles que trabajan en el sector privado han visto reducidas de forma muy significativa sus retribuciones salariales, los que tienen la suerte de conservarlas. El fenómeno de “devaluación interna” ha sido mucho menor en el sector público, aunque otra impresión subjetiva puedan tener los empleados públicos. Sin embargo los datos del INE (encuesta de estructura salarial) muestran que los empleados públicos cobran un 40% más de media que sus colegas en el sector privado, relación que se mantiene para todo tipo de trabajos excepto para puestos de gerencia y dirección que el sector privado paga mejor. Nada que los funcionarios no sepamos ¿cuantos auxiliares administrativos, por ejemplo, piden la excedencia para ir a trabajar al sector privado? Pues ninguno.

Pero además todos los españoles estamos soportando el incremento de la presión fiscal  para financiar no solo el Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo) sino un importante gasto público estructural que parece imposible de recortar y que es generado por unas estructuras claramente sobredimensionadas tanto a nivel local como autonómico o estatal. En este apartado y de forma muy relevante hay que incluir el llamado  “gasto político” asociado tanto al consumo directo de recursos públicos por parte de los partidos políticos como al “indirecto”, en la medida en que se han convertido en auténticas “agencias de colocación” en expresión del profesor Gómez Yáñez, dedicados a engrasan su base clientelar proporcionando trabajo a una miríada de afiliados, simpatizantes y familiares con cargo a nuestros impuestos.

Pues bien, este y no otro es el contexto en el que se pretende abrir el debate sobre los sueldos de los políticos, que no afecta solo a los cargos electos, que son los menos. Es fácil comprender que resulte difícil de asumir una propuesta de subida de sueldos cuando si algo tenemos claro los ciudadanos es que nuestros políticos y sus redes clientelares no han compartido los sacrificios económicos que hemos hecho el resto de los españoles estos años. No solo eso, es más que dudoso que la capacidad, la experiencia y la formación de muchos de nuestros cargos públicos sea la más adecuada para desempeñar las importantes funciones que tienen encomendadas, en especial en época de crisis. Los casos recientes de “arreglos” de algunos cvs de políticos destacados ponen de manifiesto hasta qué punto ellos mismos son conscientes de su insuficiencia.

Con esto no quiero decir que no sea conveniente abrir un debate sobre los sueldos de los políticos. Todo lo contrario. Pero no puede abordarse con seriedad sin hacer previamente un ejercicio de rigor. Lo primero es definir que son “sueldos de los políticos”.  Porque no se trata solo de hablar de Ministros o diputados nacionales que pueden estar peor remunerados que sus homólogos de otros países o que los CEOS de las empresas (lo que es dudoso en el caso de las pymes). Recordemos que existen también en España cargos públicos relativamente bien pagados, particularmente en los organismos reguladores. La justificación era precisamente que había que atraer a estos organismos “a los mejores” (expertos independientes de fama internacional) pero al final muchos han sido ocupados por políticos.

Podemos hablar también de los sueldos de alcaldes y concejales de pueblos pequeños –que ya no se pagan en aquellos países donde se ha procedido a fusionar municipios- o de los Presidentes de las Diputaciones provinciales, con la posibilidad además de acumular varios sueldos,  o de los Senadores o de la miríada de directivos de entidades públicas de todo tipo que cobran más que el Presidente del Gobierno sin que sepa muy bien a qué se dedican exactamente.En la mayoría de los casos no es nada evidente que estas personas pudieran alcanzar un sueldo parecido en el sector privado a la vista de su formación y experiencia profesional. Al contrario, muchos tendrían muy difícil recolocarse fuera de la política no ya con retribuciones similares sino muy inferiores. No es casualidad que el Gobierno haya fracasado en su intento de limitar las retribuciones en el ámbito local o de poner orden en las entidades públicas.

Por tanto, antes de iniciar este debate hay que realizar un ejercicio de transparencia para responder algunas cuestiones importantes. La primera sería¿Cuál es el número de políticos que podemos razonablemente permitirnos? Puede ser una buena idea tener menos políticos pero de más nivel y mejor pagados. Habría que empezar por calcular su número, lo que no es tarea fácil. El profesor Andrés Ortega en su reciente libro “Recomponer la democracia” considera que tenemos unos 125.000 frente a los 29.000 por ejemplo del Reino Unido.

Una vez establecido el número, la segunda cuestión sería delimitar el concepto de “retribuciones”.De nuevo la transparencia brilla por su ausencia, dado que los boletines oficiales solo suelen recoger, en el mejor de los casos, una parte de las retribuciones salariales de los cargos públicos y no de todos ni muchísimo menos. Normalmente la publicidad se limita al sueldo base y a una serie de complementos establecidos legalmente. Pero a estas remuneraciones, además de las variables, hay que mencionar una serie de“ventajas”con un claro componente retributivo de las que gozan muchos cargos(indemnizaciones por cese, dietas por alojamiento, pensiones, beneficios fiscales, compatibilidades, etc, etc) por no referirnos a gastos de protocolo o los famosos coches oficiales. Incluso se podría hablar de “retribuciones diferidas” que son las que esperan a muchos políticos vía “puertas giratorias” en empresas o asociaciones dependientes del favor público, y que en la práctica suponen convertir el más que probable conflicto de intereses en una salida profesional muy bien remunerada.

La tercera cuestión a abordar sería la de quien decide sobre el sueldo de los políticos. Más allá de los formalismos, la respuesta ahora mismo es obvia: ellos mismos.El problema en España es que este sujeto, gracias a la descentralización política, es muy amplio lo que ha propiciado una disparidad de sueldos públicos enorme a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que sea fácil encontrar un criterio que permita relacionar las retribuciones con las funciones o responsabilidades. Y no digamos ya con la preparación o la capacidad. Como hemos visto, cualquier intento de introducir una mínima racionalización tropieza con la feroz resistencia que oponen los posibles afectados.

Pero la última pregunta es quizá la más relevante ¿Sería útil de verdad una subida de sueldos públicos para atraer “a los mejores” a la política? Pues sinceramente, creo que sin otras reformas imprescindibles muy poco. Sin democracia interna en los partidos y sin depuración de los constantes casos de corrupción que les afectan considero improbable que personas con trayectorias profesionales –y vitales- sólidas den el paso a la política por muy buen sueldo que se les ofrezca y por mucha voluntad de servicio público que tengan. Y es que en política, como en la vida, el dinero no lo es todo.

Flash Derecho: las propuestas de regeneración democrática de Transparencia Internacional

En estos días, como sabrán muchos de los lectores, se están celebrando en el Congreso de los Diputados comparecencias de expertos para opinar sobre las medidas de regeneración democrática que se articulan en un par de proyectos de Ley, el Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el Proyecto de ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.

Curiosamente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil algunas tan acreditadas como Transparencia Internacional no han sido convocados como expertos. Por esa razón, su Presidente Jesús Lizcano nos ha hecho llegar una carta el texto con las medidas que ellos propondrían y que van a enviar al Congreso.

Se lo dejamos aquí, ya que nos tememos que no son precisamente estas medidas de las que van a hablar muchos de los expertos convocados tales como el Fiscal General del Estado, Director General del CEPC, Presidente del Tribunal de Cuentas, etc. Por lo que sabemos, las comparecencias que se están celebrando por ahora más bien están planteando medidas como la subida de sueldos de los políticos que, adoptadas aisladamente y sin modificar el actual régimen electoral, de partidos políticos y de selección de cargos no haría, en nuestro opinión, sino ahondar el problema y distanciar aún más a la clase política de los ciudadanos. De la misma forma, el Fiscal General del Estado ha defendido la tesis del Ministro de Justicia de que solo se prohiba ir en las listas a los que tengan abierto juicio oral. Sin perjuicio de hablar de estas cuestiones más detenidamente en posteriores posts, creemos sinceramente que  este tipo de propuestas están muy alejadas de lo que los ciudadanos entendemos por regeneración democrática.

Aquí les dejamos la carta y las medidas de TI.

Estimad@ amig@:

        Hemos conocido que van a abordar estos días en la Comisión Constitucional del Congreso el tema de la corrupción y las posibles medidas para combatirla, y que han convocado a un conjunto de comparecientes para ello. Aunque Transparencia Internacional España no haya sido convocada a comparecer en estas sesiones parlamentarias (con lo cual no podemos lógicamente estar de acuerdo, dado que somos una de las organizaciones de la sociedad civil española que lleva muchos años tratando de combatir la corrupción), nos permitimos en todo caso enviarle en un documento adjunto, en su calidad de integrante de la citada Comisión Constitucional, la lista de Medidas contra la corrupción que proponemos desde TI-España. Estas propuestas son fruto de tres Seminarios-debates contra la corrupción que organizamos el pasado año, y que contaron con la participación de un total de dieciocho ponentes, pertenecientes a instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, Agencia Tributaria, Tribunal Supremo, Fuerzas de seguridad, Tribunal de Cuentas, Oficina Antifraude de Cataluña, Cosital, así como varias Universidades, Empresas y Medios de comunicación. A estos seminarios acudieron por otra parte  más de doscientas cincuenta personas que pudieron participar igualmente en los debates.
        La gran experiencia e importante pluralidad institucional de los citados ponentes (que pudieron hacer libremente sus propuestas a nivel personal), proporciona a nuestro juicio un claro nivel de rigor y fundamentación a estas medidas, y que puedan así ser al menos consideradas como posibles opciones por los responsables políticos y parlamentarios para combatir el importante problema de la corrupción en este país. Es por ello por lo que nos permitimos hacérselas llegar, con la petición de que pudieran tenerlas en cuenta en los debates y sesiones que van a celebrar estos días en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.
        Quedando en todo caso a su disposición para cualquier consulta, comentario o sugerencia que desee/n hacernos llegar al respecto, aprovecho la ocasión para enviarle un muy cordial saludo.

PROPUESTAS DE TI-ESPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN
(Surgidas en los tres Seminarios-debates contra la corrupción,
celebrados los días 7 y 22 de Mayo y 4 de Junio 2013)

1. TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

– Publicación en internet de las Cuentas anuales de los Partidos políticos (individuales y
consolidadas), con el debido desglose orgánico y geográfico de sus gastos e ingresos, así como de
sus bienes patrimoniales.

– Publicación en internet de las fechas en las que los Partidos han remitido sus cuentas al Tribunal
de Cuentas.

– Publicación en internet por el Tribunal de Cuentas, del Informe de auditoría sobre los Partidos
políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre de cada ejercicio contable).

– Establecer la publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los Partidos políticos, y la
prohibición legal de su condonación por las entidades financieras.

– Prohibición de las donaciones a los Partidos o sus fundaciones procedentes de las empresas
sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.

– Prohibir a las Fundaciones de los Partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas
jurídicas que no pueden donar a los Partidos políticos.

– Establecer jurídicamente el delito de Financiación ilegal de los Partidos políticos.

– Establecer y publicar un procedimiento normalizado de Auditoría interna anual en los Partidos
políticos

– Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso puedan tener
algunos Partidos políticos, y de un debate parlamentario anual sobre estos supuestos.

– Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa
(GRECO).

2. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA ELECTORAL:

– Modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las
que se pueda tachar o excluir algunos de los candidatos incluidos en las mismas.

– No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en
todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas.

– Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos (al menos seis líneas) de todos los
candidatos incluidos en las listas electorales.

– Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar (no se
ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos límites por parte de los Partidos políticos.
– Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral central.

3. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN:

– Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política
sea un modus vivendi).

– Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación
perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

– Necesidad de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles
casos de corrupción (tal como existe en otros países).

– Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar el Tribunal,
designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los Partidos políticos, por criterios técnicos
y de profesionalidad. b) Reducir el número de consejeros del Tribunal (a un máximo de cinco).

– Limitar y hacer más estricta la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo en todo caso
los delitos por corrupción.

– Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, para los
que hay un verdadero espacio de impunidad, existiendo grandes trabas para las actuaciones de los
jueces en estos supuestos.

– Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de
los puestos superiores, reforzando su independencia e imparcialidad, y estableciendo límites a su
designación por los Partidos políticos.

– Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y
contra la corrupción.

 

El divorcio exprés del Partido Socialista de Madrid con la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización y control del Sector Público de la Comunidad de Madrid, que es una de las 13 Comunidades Autónomas que cuenta con un organismo de este tipo (se trata de los tribunales de cuentas autonómicos).

La Cámara de Cuentas está de actualidad en los medios de comunicación por las recientes críticas, vertidas por el Partido Socialista de Madrid (PSM), a raíz de la publicación de un informe de fiscalización sobre el servicio de recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes del municipio de Parla (ejercicios 2010 y 2011). En este informe podemos leer cifras impactantes, como por ejemplo que Parla acumuló 80 millones de deuda por la recogida de basuras en cinco años y estuvo 47 meses sin pagar a la concesionaria.

Este informe no ha sentado bien en el seno del PSM, que ha denunciado que la Cámara de Cuentas es un órgano “sectario” y “manipulado por la mayoría del PP”, que usa la Cámara para acosar a los ayuntamientos socialistas -haciendo informes repetidos y manipulados- mientras que obvian la fiscalización de los ayuntamientos gobernados por el PP tocados por la trama Gürtel, por las cuentas en Suiza, etc. Asimismo el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar la actuación de la consejera de la Cámara de Cuentas Concepción Ruano ya que “no está guiada por los principios de objetividad, independencia y rigor en el desempeño de su función”.

Lo primero que me sorprende es que el PSM clame a estas alturas contra la politización de este organismo, cuando lleva años negociando con el PP los consejeros que forman parte de la Cámara Cuentas. La última ocasión en diciembre de 2012, cuando de los 7 componentes, 5 los propuso el PP y 2 el PSOE. Yo no estoy metido en política, pero supongo que si te repartes los puestos del consejo de un organismo público es para interferir en el funcionamiento del mismo o al menos para tener la capacidad de hacerlo llegado el caso. Desde luego que con este sistema de elección del Presidente y Consejeros de la Cámara de Cuentas, la independencia en el ejercicio de sus funciones queda en entredicho.

Lo segundo que me sorprende es que pidan la reprobación de una de las consejeras de la Cámara de Cuentas, por tener una “vinculación directísima” a través de su entorno familiar con el Presidente Ignacio González, cuando otra de las consejeras (propuesta por el PSM) es del entorno de Carme Chacón según indica El País en esta noticia. Visto lo visto, hay que saber diferenciar bien entre los niveles de vinculación con un partido político: está la “directísima” y luego diferentes matices: colaboradores, personas del entorno, confiables, etc etc. Solo se pide la reprobación del consejero de turno si está muy vinculado con el partido, en caso contrario se considera lo normal. ¿No será mejor elegir a profesionales independientes de reconocida experiencia para estos puestos? Parece que no, ya que lo propuso UPyD y el resto de grupos de la Asamblea de Madrid lo rechazó (PP, PSOE, IU).

Lo tercero que me llama la atención es que, viendo la relación de los informes de fiscalización de los años 2012, 2013 y lo que llevamos de 2014, no aprecio con tanta claridad como el PSM ese afán de persecución contra Parla. En relación con el municipio de Parla hay dos informes: el “polémico” de la recogida de basuras y otro de fiscalización del propio ayuntamiento y sus entes dependientes. Pues bien, Alcalá de Henares ha sido objeto de la misma fiscalización, mientras que hay tres municipios más a los que se les ha fiscalizado el servicio de recogida de basuras y otros cinco que han sido objeto de una fiscalización integral. Eso sí, echo en falta como reclama el PSM que se incluyan municipios afectados por la trama Gurtel.

De todos modos, por fortuna para el actual alcalde Parla, para su predecesor y a la sazón líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez y para en general cualquier regidor municipal, con los informes que realiza la Cámara de Cuentas pasa lo mismo que con los del Tribunal de Cuentas: se pueden ignorar sus recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Comprobado. Eso sí, generan intercambios de acusaciones infructuosas y subidas de tono entre el PP y el PSOE: pim, pam, pum… y poco más.

Aunque parece que el PSM puede reconciliarse con la Cámara de Cuentas ya que, junto con el resto de grupos de la Asamblea de Madrid, ha votado a favor de la iniciativa de UPyD para que la Cámara fiscalice las subvenciones para empresas, asociaciones empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la impartición de acciones formativas para el empleo, en el marco de las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de Madrid (en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013). La presunta estafa millonaria de los cursos de formación ha vuelto a unir a todos los partidos en torno a la Cámara de Cuentas, veremos lo que dura…

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (VI): Atilano y sus amigos

Afirmaba Sócrates -según nos cuenta Jenofonte- que no entendía a esa gente empeñada en acumular riquezas sin cuento (por medios incluso legales) en vez de preocuparse en acumular amigos, que son la mayor bendición posible para una vida humana digna de ese nombre. Es por ese motivo por el que Atilano constituye para todos nosotros un verdadero ejemplo socrático digno de encomio, especialmente en este mundo tan materialista lleno de depredadores de toda laya. En las anteriores entregas de esta novela de no ficción (1234 y 5) conocimos a algunos amigos de Atilano, especialmente a Elías Benatar y a Jesús Merino (éste último imputado en la trama Gürtel) y comprobamos la enorme generosidad y desprendimiento con el que fueron tratados (en realidad, el que técnicamente fuesen beneficiados por Segovia 21 y no por Atilano in person constituye un detalle menor dada la ya legendaria transitividad de la personalidad jurídica en la provincia de Segovia). En la entrega de hoy conoceremos a algunos más.

El valor de la amistad

Donde se valora en euros el afecto de Atilano por sus amigos

Tras concertar el contrato de gestión con Fomento Territorial (léanse Elías Benatar y Jesús Merino, como ya sabemos), todavía quedaba por concluir un detalle importante: nada menos que el contrato de obra de la urbanización. A tal fin se realiza por Segovia 21 un concurso público y la agraciada no resulta ser la sociedad que ha presentado la mejor oferta, no (porque a nosotros no nos pasa lo de Sacyr en Panamá) sino otra por un importe de 14.092.900 euros, superior en dos millones de euros a la mejor de las 23 presentadas. Se aclara que fue elegida por sus condiciones técnicas. No conocemos muy bien en qué consistieron esas condiciones, pero quizás influyó el que se tratase de Begar Construcciones y Contratas S.A., una sociedad perteneciente a José Luis Ulibarri, también imputado, como Jesús Merino, en la trama Gürtel (mira que es mala suerte para el pobre Atilano, que casi todos sus amigos terminen imputados).

La verdad es que, en el fondo, la desfachatez de los otros 22 licitadores hasta ofende: si Ulibarri se lo llevaba todo en el Madrid de Esperanza Aguirre (colegios, metro, hospitales, bomberos) ¡no se lo iba a llevar en Segovia! siendo él, como Merino, un viejo castellano de pro, y propietario de un pequeño imperio mediático en la región puesto al servicio del PP. Recordemos que Ulibarri y el mismísimo capo di tutti capi (Correa) estaban también unidos por una entrañable amistad. No sólo Ulibarri hizo las obras de su chalet de Ibiza, sino que el constructor abonó ocho facturas falsas para elevar el precio de un yate de Correa (aquí). Pero bueno, esa es otra relación fraternal que nos llevaría demasiado lejos, así que volvamos a las de Atilano.

Además de por vía de contratos de gestión y obra como los reseñados, existen otras diversas formas de mostrar cariño por los amigos, entre las que destacan, evidentemente, las compraventas por un precio superior al valor real. En diciembre de 2005 se constituye una sociedad, Segóbrida del Eresma S.A., de la que forman parte, entre otros, Jesús Arranz Acinas en su propio nombre y en el de Promociones PAL, S.A, Jesús Arranz Monje, en su propio nombre y en el de Promotora Ge-Tres, S.A.,  el empresario segoviano Tomás Rivilla Calvo en su propio nombre y en el de Gestiones Inmobiliarias R. Calvo, S.L., y José Antolín Toledano, en su propio nombre y en el de Grupo Asuari Inversor, S.L.

Para entender bien la inclusión de este conjunto de nombres singulares de la región es muy importante asimilar la forma en que nuestro régimen clientelar hace estas cosas. Lo primero es parar a la competencia desafecta, desde luego. Unos meses antes de la constitución de Segovia 21 se presentan algunos proyectos semejantes de desarrollo urbanístico en la zona por propietarios descontrolados. Uno de ellos se paralizó con el argumento de que se había avistado un nido de águila imperial en la finca. Nunca se localizó, por supuesto, pero el ingenuo propietario todavía estaba pleiteando en los tribunales cuando la finca Quitapesares con su rica fauna y flora ya era fosfatina (claro que con algún otro no hubo manera, como con Jesús Gil, al que se le permitió alicatar San Rafael y medio Guadarrama).

Una vez definido el proyecto, se da entrada a los más próximos, siempre con el permiso y asesoramiento de Jesús Merino: los citados Benatar y Ulibarri. Pero lo que no se puede hacer es que sólo pillen unos, por supuesto. Sería un error estratégico monumental. Es cierto que aun dentro del propio partido siempre es necesario excluir a alguien (no hay para todos) lo que suele generar ciertas tensiones y rencillas, pero cuando hablamos de los empresarios próximos hay que ser un poco más generoso, por lo que pueda pasar en el futuro. En esta relación de nombres encontramos personas muy próximas a Merino, y también al conocido constructor y, sobre todo, propietario de medios de comunicación regionales al servicio del PP, Méndez Pozo. Recordemos que en el famoso asunto Gamonal, Méndez Pozo era el promotor del proyecto y Arranz Acinas el constructor. Curiosamente, entre los medios de comunicación que controla Méndez Pozo se encuentra El Adelantado de Segovia, histórico medio escrito que prodiga editoriales sobre procesiones, fútbol sala segoviano y robos de joyas a la Virgen de la Fuencisla pero que, hasta el día de hoy (y no nos explicamos bien por qué motivo), no le ha dedicado ni uno solo a la tribulaciones de la Caja…

En fin, que hay que pensar en los amigos, hasta el punto que si al final las cosas no salen exactamente como uno pensaba (ya saben, esto de la crisis) es de amigo leal proporcionarles una salida, exactamente igual que hizo el vicepresidente Agudíez con sus amigos andaluces en el caso Navicoas (capítulo IV). Veamos exactamente cómo.

En febrero de 2006 Segóbrida del Eresma  SA adquiere el 42 % de la edificabilidad del proyecto en varias parcelas por un importe de 43.851.587,00 € (que no se paga más que en parte) y en julio de ese año Caja Segovia vende a la misma sociedad 30.984 acciones de Segovia 21, a razón de 205,50 €/acción por un importe total de 6.367.000 euros. En esa época todavía se pensaba que Segovia 21 podía ser un buen negocio…

Pero llega la crisis y con ella el llanto y crujir de dientes. Benatar no quiere abandonar el barco, claro, porque sigue forrándose, pero estos empresarios integrados en Segóbrida están muy preocupados. Quieren salir del desastre con la menor pérdida posible, pero si incluso se puede sacar algo… pues se agradece Bernardo. Así que el 6 de septiembre de 2010 el consejo de administración de Segovia 21 les proporciona una salida: acuerdan aceptar en pago, con destino a autocartera, las acciones de la propia sociedad adquiridas por Segóbrida, a cambio de liquidar la deuda derivada del precio pendiente por la adquisición de las parcelas.

El 9 de diciembre de 2010 se ejecuta el anterior acuerdo y se realiza la compraventa de las acciones por un importe de 6.752.962,80 € (217,95 €/acción), pese a que entonces los problemas de liquidez de la sociedad ya eran graves y había acudido a la financiación externa. Segóbrida adquirió sus acciones a un precio por acción de 205,50 €, lo que le supone un beneficio de 12,45 €/acción, es decir un beneficio total en la operación de 385.750,80 €.  Pero lo que realmente nos da la magnitud del beneficio obtenido es la comparación del precio de venta (217,95 €/acción), con el valor teórico de la acción en el ejercicio anterior a la venta de las acciones, es decir, a 31 de diciembre de 2009, de 161,9835 €/acción. En base a ese dato el beneficio de la operación se dispara a 55,9665 €/acción, es decir un beneficio total de 1.734.064,15 €. Dado que había una autorización para realizar la operación hasta 30 de junio de 2011, se podía haber esperado al mes de enero o incluso al mes de marzo (fecha en la que el Consejo debe elaborar las Cuentas Anuales del ejercicio anterior) con el fin de conocer el valor teórico de la acción del ejercicio 2010. Al no hacerlo así, las pérdidas del ejercicio 2010, apesar que hubo un accionista que se separó en diciembre de 2010, las tienen que soportar el resto de accionistas. La cifra de las pérdidas que tendría que haber soportado Segóbrida del Eresma del ejercicio 2010 de Segovia 21 es de 811.972,71 €/193.628 x 30.984 = 129.930,39 €, que supone un beneficio más a favor de Segóbrida del Eresma, que habría que añadir a la cifra citada de 1.734.064,15 €, y obtendremos así el beneficio final total obtenido por Segóbrida del Eresma, SA con la venta de su paquete accionarial a Segovia 21, que asciende a (1.734.064,15 € + 129.930,39 € =) 1.863.994,54 €. Este beneficio que obtiene –recordemos, en un momento en el que las expectativas futuras de Segovia 21 son más que negras- es el perjuicio mínimo que se causa al resto de accionistas que permanecen en la sociedad (especialmente a la Diputación Provincial, porque Caja Segovia estaba en los dos lados).

En conclusión, dado que Segovia 21 está hoy en pérdidas millonarias y los accionistas originarios han perdido prácticamente toda su inversión, resulta chocante que los empresarios de Segóbrida no sólo la recuperasen en un año tan poco esperanzador como 2010 (curiosamente la misma fecha en la que recuperan su inversión los andaluces del caso Navicoas), sino que le sacasen incluso dinero, además de conservar la edificabilidad adquirida en su momento. No es de extrañar que las únicas menciones de El Adelantado a Atilano sean para denunciar su injusta persecución: si el amigo de mi amigo es mi amigo, de bien nacido es ser agradecido…

Recapitulemos, si sumamos el importe del contrato a favor de Benatar mencionado en la entrega anterior, a razón de 800.000 euros al año (multiplicado por diez años), el exceso de facturación a favor de Benatar y Merino (reconocido judicialmente) por 4.200.000 euros, el exceso de 2 millones a favor de Ulibarri en la adjudicación de la obra, y ese 1.800.000 a favor de los empresarios castellanos, podemos concluir que el amor de Atilano por sus amigos se valora en la cifra global (como mínimo) de 16 millones de euros. Es cierto que, como siempre ocurre en la vida, ese amor se reparte de manera desigual, aunque seguramente, también como ocurre en la vida, en proporción a los méritos y cualidades de cada “enamorado”, como diría Sócrates.

En el próximo y último capítulo de esta serie (tranquilos, habrá una segunda temporada) analizaremos el impacto de esta brillante gestión en el fin de la Caja y haremos unas conclusiones finales, quizás estilo Tolstoi en Guerra y Paz. ¿Exageramos? Esperen, esperen y verán….

 

Vidas paralelas de dos ‘apparatchik’

Con designación de Juan Manuel Moreno como candidato popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía, los dos partidos mayoritarios en esta comunidad autónoma han renovado su liderazgo. Más allá de su juventud (Susana Díaz, 39 años, Juan Manuel Moreno, 43), ambos políticos comparten una característica más importante: toda su vida ha girado en torno a la política y su carrera profesional fuera de ella es inexistente.

Díaz comenzó su andadura en la vida pública durante sus estudios universitarios y, con sólo 24 años, fue elegida concejal en Sevilla. Desde entonces ha ocupado ininterrumpidamente cargos electos. Esta dedicación a la política le supuso demorarse en obtener la licenciatura de Derecho (diez años) y le apartó de otra experiencia profesional significativa.

Moreno es aún más peculiar. El jueves pasado, sorprendidos por varias inconsistencias en su currículum, acometimos un pequeño ejercicio detectivesco que nos permitió desmontar un perfil plagado de falsedades, incluyendo tres másteres de los cuáles ninguno era lo que solemos llamar un máster (uno no requiere un título universitario, otro era un «programa» con pocas horas lectivas y el tercero era un premio que resultaba llamarse «máster de oro»). Azuzada por nuestro ejemplo, la prensa encontró luego muchas más lagunas en su currículum.

Pero de nuevo, más allá de lo que un periodista ha llamado su «currículum menguante», el hecho más significativo acerca de Moreno es la ausencia de ninguna experiencia fuera de la política.

Díaz y Moreno son lo que en la antigua Unión Soviética llamaban apparatchiks, los miembros profesionales del aparato. Conocen, como pocos, los entresijos de su partido. Saben con quién hay que hablar en Ronda para conseguir 15 votos. A quién hay que llamar en Marbella para que concedan un permiso a un bar. Y qué cadáveres tiene en el armario el presidente de la diputación provincial de turno. Más aún, saber guardarse sus desacuerdos y trabajar «por el bien del partido». Obedecer y callar.

Todos éstas son capacidades importantes para un apparatchik, pero no son las primeras habilidades que nos vienen a la cabeza como importantes para gobernar la comunidad más poblada de España. La capacidad de liderazgo, la visión de futuro, la comprensión de los desafíos de la globalización y los retos de España, la soltura con los idiomas (en especial el inglés) y el haber demostrado la excelencia en algo que no sea la política parece mucho más importante. ¿Qué hay en los currículos de Díaz o de Moreno que nos haga confiar en que tienen estas habilidades? Nada.

¿A qué se debe este estado de cosas? ¿Cómo es posible que, salvo sorpresa inesperada, las próximas elecciones andaluzas las vaya a ganar un apparatchik cuya experiencia vital consiste en mostrar la paciencia y obediencia necesaria para ascender en la jerarquía del partido?

La respuesta, por sencilla no es menos descorazonadora. Los partidos españoles son estructuras jerárquicas y centralizadas, cerradas frente a la sociedad y cuyas burocracias se concentran, antes que en nada, en el mantenimiento de unas rentas que pagamos todos los demás españoles. Gracias al control con mano de hierro de las listas electorales desde el centro del partido, a una ley electoral que limita la competencia por los escaños y a la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización desde la judicatura, los medios de comunicación y la sociedad civil, estas jerarquías lo dominan todo.

Muchas son las consecuencias preocupantes de esta situación. La falta de democracia interna lleva a una peligrosa ausencia de rendición de cuentas. El jefe hace lo que quiera y no se confunde. Para eso es el jefe. El que se mueve, no sale en la foto, ¿recuerdan?

Pero quizás la más insidiosa de las consecuencias sólo empieza a estar clara con la llegada de esta nueva generación de políticos. Durante las primeras décadas de nuestra democracia, los partidos contaban con muchos dirigentes que, forzados por la dictadura, habían hecho otras cosas y habían entrado en política ya con experiencia. La nueva generación, en comparación, ha entendido los incentivos que el sistema les ofrece. Muchos jóvenes con muy legítimas ambiciones políticas han observado lo que hacen sus mayores y han llegado a una conclusión clara. ¿Qué hay que saber para llegar a ser presidente de Andalucía? Más que nada, que la formación no importa. ¿Para qué esforzase en la Universidad? ¿Para que ir afuera a aprender? ¿Para qué ganar experiencia profesional? Entre leer el libro de Historia de la globalización para entender por qué España tiene un problema muy grave de competitividad en el medio plazo e ir a la enésima reunión de las juventudes del partido a hablar de nada, mejor dejar el libro e ir corriendo a la sede local.

Cuando hemos criticado duramente los magros logros académicos de Díaz y Moreno no es por esnobismo. Jamás hubiésemos criticado por ausencia de estudios a los históricos líderes del movimiento sindical europeo de décadas pasadas. Criados en sociedades profundamente desiguales, los dirigentes sindicales de antaño suplieron con inteligencia, sacrificio y honestidad la imposibilidad de estudiar que las estructuras reinantes les habían impuesto. Si criticamos a Díaz, Moreno y muchos otros es porque tuvieron la oportunidad de formarse y, en vez de aprovecharla, prefirieron dedicarse en cuerpo y alma a jugar el juego. Pudieron y no quisieron.

EL IMPACTO para Andalucía y para España es terrible. Muchos nos llaman alarmistas, pero creemos firmemente que al final del camino por el que estamos avanzando aparece Argentina. Un país donde los dirigentes no se preocupan por aprender, donde no hay ninguna razón para considerar los méritos objetivos de las decisiones, donde la política económica mezcla a partes iguales populismo y extracción de rentas y donde la seguridad jurídica, como ya se ha dicho, es «un lujo que no nos podemos permitir». El resultado: pobreza.

Los españoles debemos exigir que cambien las cosas. La conciencia de que nuestro sistema actual de partidos tiene que cambiar está creciendo pero aún no es unánime. A nosotros mismos nos llevó tiempo llegar a esa conclusión. Al principio de esta crisis confiábamos mucho más en nuestros políticos. Cinco años después nos queda poca esperanza de que sea posible reconducir nuestro país con políticos del perfil de Díaz o Moreno.

Y en esta tarea colectiva de cambiar nuestros partidos políticos, el papel de la prensa es crucial. La investigación que nosotros hicimos el miércoles por la noche nos llevó dos horas. Cualquiera podría haberla hecho, pero demasiados periodistas se limitaron a copiar la elogiosa nota de prensa del propio PP y a alabar los «numerosos másteres» de Moreno. Pero también es fundamental la labor de la sociedad civil, que demasiado a menudo, tras la protesta fácil de un tuit, no se moviliza. Entre todos debemos impedir que mentir sobre un currículum quede impune. Entre todos debemos preguntar a los candidatos a qué se dedicaron durante sus años de juventud. Entre todos debemos exigir explicaciones a los actos arbitrarios de nuestros gobernantes. Andalucía y España se lo merecen.

Los misterios del currículum del candidato

(Con Luis Garicano)

Cuando leímos ayer el currículum de Juan Manuel Moreno, el flamante candidato del PP por decisión democrática del presidente de su partido, para las elecciones andaluzas, casi no nos lo podíamos creer. Nos hubiese costado bastante esfuerzo, entre los dos, crear de nuestra imaginación un ejemplo tan aplastante del problema de selección de élites políticas en España que hemos analizado en nuestros artículos juntos y Luis trata en su reciente libro. Es más, si alguien nos hubiese presentado un currículum semejante como un ejemplo hipotético de las consecuencias de nuestro sistema de partidos, lo habríamos descartado por inverosímil. Pero es que quizás este sea uno de los pocos privilegios que nos queda a los españoles: que como nuestros políticos ya ni pretenden disimular con demasiado esfuerzo, tampoco hace falta agudizar el ingenio para criticarlos.

Nuestra fuente principal es el perfil de Moreno que aparece en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lo primero que aprendemos es que Moreno nació en 1970, con lo que está cercano a cumplir los 44 años. Su título universitario es de “grado (licenciado) en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad Camilo José Cela”. Este primer dato llama la atención por dos motivos.

El primero es que, por mucho que ser organizador de eventos o experto en protocolo sea un trabajo importante (sobre todo en un país turístico como España), no parece que tales estudios sean la preparación más exigente intelectualmente para alguien que puede llegar a estar a cargo de la educación y de la sanidad de la comunidad autónoma más grande de España. Un rápido vistazo al plan de estudios del grado nos da asignaturas como historia del protocolo o ceremonial académico y religioso pero pocos o ningunos de los cursos que a uno le vendrían a la cabeza en programa de administración pública.

El segundo motivo es que la Universidad Camilo José Cela es de reciente creación. Fue reconocida y aprobada mediante la Ley 18/1998 (BOE de 16 de abril de 1999). Además, el título de Protocolo y Organización de Eventos parece ser reciente. Según este documento, “(e)n el año 2007, la Universidad Camilo José Cela comenzó a impartir los estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales”, un título de 3 años, que luego se transformó en un título de grado con un nombre ligeramente distinto. Es decir, que si Moreno comenzó sus estudios en el otoño de 2007 en la primera promoción del título, completó el título propio de 3 años y luego complementó los créditos necesarios para conseguir el grado cuando la Universidad cambió la estructura del plan a un grado de 4 años, Moreno se graduó como muy pronto (aproximadamente) en el verano de 2011. Para darnos márgenes de maniobra (quizás podamos haber malinterpretado la información en internet), pongamos que la graduación fuera anterior, en 2010. Es decir, Moreno se graduó con 40 años. No hay nada malo en graduarse tarde en la vida. Es más preocupante quizás el dato de que Moreno había sido diputado nacional desde 2000. Es decir, que se presentó a las elecciones en 3 ocasiones (2000, 2004 y 2008) sin ningún título y que compaginase su labor de diputado con sus estudios de grado. Los días tienen 24 horas para todos nosotros. Por ello, incluso aquellas personas más trabajadoras encontrarían difícil compaginar una labor que exige tan alta responsabilidad y una dedicación exclusiva como ser diputado nacional con tareas mucho menos complejas que completar un grado universitario de 4 años.

El segundo dato que aprendemos del perfil de Moreno es que “(a)simismo, es Master en Dirección y Administración de Empresas por la EADE, Master en Programa para el Liderazgo en la Administración Pública (IESE) y Master de Oro del Real Forum de Alta Dirección”. Esto nos parece muy misterioso.

Empecemos por el MBA. Si su título de grado es de 2010-2011, su Master en Dirección y Administración de Empresas por la EADE tendrá que haber comenzado después de estas fechas (a menos que EADE siga la peculiar política de permitir matricularse en su MBA a estudiantes que no son graduados). Pero el 30 de Diciembre de 2011 fue nombrado Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Es decir, que nos imaginamos que habrá tenido que simultanear sus estudios en EADE con su cargo de Secretario de Estado. Desconocemos como será el Master del EADE, pero nosotros hemos dado clases en varios MBAs de primer nivel internacional (University of Chicago Booth School of Business, MIT Sloan, London Business School, Wharton School en la University of Pennsylvania) y siempre hemos tenido la impresión que un MBA era un reto considerable incluso dedicándose a tiempo completo a su estudio. Ligeramente distinto es el caso de un Executive MBA ya que este parte de la idea de que el alumno tiene muchos años de experiencia en la dirección de empresas, pero esta experiencia no aparece en ninguna parte del currículum de Moreno (ni, por otra parte la mención de que el MBA sea Executive, aunque esto se le puede haber pasado al webmaster del ministerio).

Sigamos por el “Master en Programa para el Liderazgo en la Administración Pública (IESE)”. Este master sencillamente no existe. Lo que el IESE tiene es un Programa para el Liderazgo en la Administración Pública, que es un programa que se reúne “de octubre a julio en jornadas intensivas de una tarde de lunes al mes, con almuerzo incluido. Sin embargo, se prevé que las sesiones inaugurales, así como algunos contenidos específicos, tendrán una duración de un día completo.” El que el encargado del web del ministerio haya llamado a este programa un master es un serio error y nos llama la atención que Moreno nunca mirase su perfil en la página web, ya que estamos seguro que de haberlo visto habría pedido corregir ese error de manera inmediata. Nosotros, al menos, siempre que nos ponen en un página web de alguna institución siempre la miramos con detalle para eliminar los posibles errores. Pero, claro, como no estamos compaginando ser Secretarios de Estado con estudiar un MBA, tenemos más tiempo libre.

Terminemos con “Master de Oro del Real Forum de Alta Dirección”. Esto quizás lo entienda algún lector como un master universitario, y efectivamente, así lo ha entendido la prensa. En realidad, no lo es: es un premio que da una asociación privada. El Real Forum de Alta Dirección es, según esta página (que parece copiar de una nota de prensa) una asociación “cread(a) por un grupo de empresarios, catedráticos y profesionales liberales como una asociación cultural, abierta y plural, nacida a la vida pública con el fin de fortalecer las relaciones humanas de sus miembros y de éstos con las instituciones españolas, europeas e iberoamericanas” y que “sus premios Master de Oro están destinados a reconocer a aquellas personas de relevancia pública que han destacado en el ejercicio profesional del ámbito económico y empresarial, político y cultural, han conquistado nuevos sectores o mercados, han colaborado en el descubrimiento o implantación de nuevas tecnologías, o han contribuido a una mejor vertebración de la sociedad.”

Volvamos a la frase del perfil de la página web del ministerio: “Asimismo, es Master en Dirección y Administración de Empresas por la EADE, Master en Programa para el Liderazgo en la Administración Pública (IESE) y Master de Oro del Real Forum de Alta Dirección.” ¿No sería mejor haber dicho “y premio ‘Master de Oro’ del Real Forum de Alta Dirección”? ¿No lleva al equívoco el poner un Master que podría ser de verdad (el del EADE), uno que no existe (el del IESE) y otro que es un premio que resulta llamarse Master (el del Real Forum) en la misma frase sin más explicación?

Lo que no vemos en el perfil del ministerio (ni en la página en wikipedia) es ninguna experiencia en el mundo privado ni en la administración pública en cargos no políticos. Como dice el artículo en El País de ayer: “Vive el partido no solo como un proyecto político, sino desde el punto de vista personal”. Efectivamente: Moreno ha hecho de la política su profesión. Quizás, después de todo, no haya mucho misterio en su currículum. España y Andalucía merecen algo mejor.

Nostalgia navideña, salto temporal y corrupción

La Navidad, que -como decía  Café Quijano- “es tiempo de duda, de nostalgia…” invita a recuperar viejos libros adormilados en las estanterías y desvanes. En mi caso el azar me llevó este fin de año a una colección de eventos ocurridos que una conocida Editorial recopilaba año a año (no sé si lo sigue haciendo en la era de internet) y que mis padres en algún momento debieron decidir que almacenarían. Sin pensarlo, agarré el del 1992, como año que, a bote pronto, entreví lejano y que al mismo tiempo tiene para mí un cierto valor de referente. Después de dos años de oposiciones, en enero de ese año empecé a trabajar…

La verdad es que esperaba encontrar hechos trasnochados en los que pudiera ver como estábamos y cómo estamos, buscar un efecto contraste parecido al que despiertan las fotos que en esas fechas se envían por whatsup sobre los juguetes de nuestra niñez y las consolas de videojuegos de ahora… el madelman o los Juegos Reunidos, frente a la Xbox; la simplicidad frente a la sofisticación técnica reciente; todo ello quizá bajo un oculto deseo navideño de proyectar sobre la sociedad y las noticias de ese año esa evolución que el paso del tiempo había generado en otras áreas.

Lo cierto es que en menos de diez minutos ojeando sus páginas, maquetadas y escritas en el atractivo estilo periodístico del momento, me di cuenta de lo mucho, de lo muchísimo, que se parecía lo que preocupaba ese año y lo que ahora preocupa. Mi atención se posó –no se bien por qué- en dos sugerentes titulares de ese año.

El primero era El “caso Ollero”. Al calor del julio andaluz, sorprenden al hermano de Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía, con un maletín con 26 millones de pesetas (156.200 € de ahora, que parece -y seguramente es- menos), con tan mala fortuna para éste que acaba sabiéndose que le fue entregado por un asesor de OCISA, empresa constructora que había obtenido poco antes un contrato de la Junta de casi 3.000 millones de pesetas. Pese a mantener inicialmente que la imputación de su hermano no era la suya, Manuel Ollero acaba dimitiendo antes de su imputación. Eso mismo hizo el presidente de OCISA respecto de su cargo como presidente de Confederación Nacional de la Construcción.

El Ministro pierde el tren era el segundo titular, en referencia a Julián García Valverde, Ministro de Sanidad y Consumo en ese momento. El relato me hizo recordar cómo un Ministro recién nombrado presenta su dimisión por la adquisición por Renfe de unos terrenos sobrevalorados en San Sebastián de los Reyes a través de intermediarios, ocurrida años antes, cuando era presidente de ese organismo. El Ministro compareció ante la Comisión de Industria del Congreso, ante la que al parecer no pudo explicar los detalles de compras que ciertamente resultaban, en el mejor de los casos, irregulares. El Ministro había dimitido unos meses antes de que el Juez entendiera que no existía responsabilidad penal sobre sus actuaciones como Presidente de Renfe. Ni era ya presidente de Renfe, Julián García Valverde, cuando dimitió, ni su actividad resultó ser constitutiva de ningún tipo de delito. Sin estar en la presidencia de Renfe, su dimisión se produjo por la mera sospecha de que pudiera haber existido responsabilidad un tiempo antes.

Un salto temporal de veinte años nos sitúa en un contexto de hechos bien parecidos. La conexión entre política y corrupción en sus diversas manifestaciones puede que sea numéricamente mayor ahora, pero la naturaleza de los hechos es esencialmente análoga. No falta quien resta importancia al número progresivamente creciente de casos de corrupción sobre la base (intuitiva) de la mayor capacidad de información y de investigación de la que ahora se dispone, lo que vendría a suponer (intuitivamente, de nuevo) que tampoco los casos han crecido tanto, siendo la capacidad para descubrir escándalos lo que realmente ha aumentado. Si esto es así, la similitud entre lo que pasaba hace veinte años y lo que ocurre ahora aún es mayor.

Donde la diferencia es más ostensible es en la respuesta política, o mejor, del político frente a las sospechas. Ni antes eran ángeles ni ahora son demonio, aunque algo parece que ha debido de ocurrir para que veinte años después el desenlace de casos similares no sea exactamente el mismo, para que el tiempo haya ido creando una horripilante capa de resistencia al escándalo en una parte de la clase política española actual. El grafiti Dimitir no es un nombre ruso en la valla de un céntrico solar de Madrid daba una imagen plástica inmejorable del cambio de actitud y de esa latente tolerancia y falta de reacción social que domina la escena reciente. Los hechos que siguen poblando las páginas escritas de cada día reparten escándalos entre partidos políticos, sindicatos o instituciones de forma sistemática. Parece ingenuo a estas alturas emplear tinta y tiempo del lector en valorar la naturaleza y el grado con el que los casos de corrupción salpican a un partido y a otro; es, incontestablemente, un hecho trasversal.

La falta de conclusiones colectivas muestra inequívocamente que se trata de un problema complejo que, como muchos otros, no puede explicarse por un único motivo. Los más dados a las explicaciones personalistas achacan el cambio a que antes mandaba alguien en la alta política, en tanto que ahora el ejercicio del poder aparece atomizado entre muchos dentro de los partidos, en general. Siendo posiblemente cierto, no es el único factor que contribuye al resultado final. Una parte relevante del problema es causado por la actitud de las estructuras de los partidos, que no son entes inanimados sino grupos de personas que forman parte de la sociedad. Resulta fácil constatar que esas personas, las que forman las estructuras de dirección de los partidos, adoptan con frecuencia comportamientos reprobables y no demasiado éticos cuando se enfrentan a los hechos que involucran a compañeros del partido.

Incapaz de exigir responsabilidad inmediata a quien específicamente aparece afectado en un hecho con sospecha de corrupción, la estructura directiva de los partidos ha generado un tipo de respuesta que se orienta a residenciar en los órganos judiciales cualquier decisión sobre estas personas. Se conforman con el silencio intolerable o con explicaciones poco verosímiles de un Ministro de Fomento pillado en comportamientos extraños, desviando al estándar probatorio penal toda respuesta a la sospecha. Todos se complacen al final por la declaración judicial que entiende que no había responsabilidad penal en esos hechos, llegando a señalar que menos mal que no dimitieron… para bochorno de Manuel Ollero que no fue condenado por corrupción o de Julián García Valverde, que ni siquiera fue imputado.

Como recordaba Erich Fromm, la respuesta del grupo social es en buena medida el ejercicio de la libertad individual, de decisiones individuales ancladas en la negativa a pedir explicaciones, en declinar del tienes que convencerme a mi antes que al Juez, como se hace en la gran mayoría de las democracias asentadas y como se llegó a pensar y quizá a hacer aquí en algún momento. Si no convences, no puedes contar con la complacencia del partido y estás fuera del juego… Frente a esta opción, éticamente más sólida, que llevaría a actuar de forma inmediata y contundente, la respuesta del partido es la ausencia de respuesta; es el dejar que sea el órgano judicial el que a través de procesos decimonónicos y a veces esperpénticos haga algo.

Ante esta práctica que desangra y erosiona la confianza política, un buen amigo me señala acertadamente que no todo puede descansar en la respuesta ética del directivo del partido, que el elemento estructural es el relevante, que en países con listas electorales abiertas el representante tiene que volver a su distrito y explicar a sus votantes la decisión, de forma inmediata o en el siguiente proceso electoral. El parlamentario de Surrey que quiere seguirlo siendo debe explicar a una pluralidad de personas en su distrito por qué no ha exigido responsabilidad ante hechos bochornosos.  En sistemas con listas cerradas no es al votante al que el representante ha de rendir cuentas, sino a quien le ha incluido en la lista, a quien está en la cúspide del propio partido, en una suerte de enredo que cierra el proceso e invita a la inacción.

En fin, concluida la nostalgia navideña, valgan estas líneas como modesto descargo de quienes hace veinte años y también con listas cerradas decidieron dimitir o decidieron que algún compañero de partido debía hacerlo.

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (III): la Gran Belleza… a la española

En la segunda entrega de esta novela dejamos a nuestros ocho amigos exhaustos, pero contentos. Después de mucho laborar y trajinar, es cierto que no habían conseguido evitar el colapso de la Caja  (tampoco se les pueden pedir milagros, oye) pero al menos sí solucionar sus necesidades personales (y seguramente las de sus nietos). Y todo por el módico precio de 33 millones de euros.

Pero, mientras ellos picaban duro en la mina, ¿qué hacían los consejeros de la Caja? ¿A qué se dedicaban los miembros de la Comisión de Retribuciones y de la Comisión de Control? En realidad, ¿qué controlaban exactamente? Lo veremos en este capítulo.

La Gran Belleza: saber vivir no es tan fácil

Donde se cuenta cómo los consejeros no podían controlar a sus directivos porque estaban ocupados en intentar convertir sus vidas en sendas obras de arte

La búsqueda de la propia realización personal no es sólo algo legítimo, sino absolutamente imperativo, al menos si queremos llevar una vida humana digna de ese nombre. Todos los filósofos, desde Aristóteles a Sartre, están de acuerdo en esta idea capital. No es de extrañar, por tanto, que los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Caja dedicasen gran parte de su esfuerzo a esta imprescindible tarea. La Caja (es decir, la caja) les había dado los medios para ello, por lo que hubiera sido un pecado mortal contra la filosofía no apurar el cáliz hasta las heces.

Durante algún tiempo, sus ansias de aprendizaje se encauzaron por caminos remotos (eso siempre, faltaría más) pero no especialmente civilizados.

Pueden comprobarlo gracias a esta simpática instantánea del consejero Pedro Arahuetes (actual alcalde de Segovia por el PSOE), tomada en el glaciar Perito Moreno, siempre por gentileza de la Caja, claro.

Afortunadamente (nos atrevemos a afirmar) llegó un momento en que estos viajes anuales pagados por la entidad no llenaban ya a los consejeros, lo que dice mucho de sus inquietudes espirituales. Esas escapadas terminaron convirtiéndose en algo insípido y reiterativo, que no podía colmar sus ansias de superación estética. Si no era posible que los cuerpos llegasen más lejos (ellos mismos se lo habían puesto bastante difícil) al menos las almas deberían elevarse más alto.

Con ese objetivo, en el año 2008, cuando Lehman ya es historia, el Consejo de Administración comisiona a dos propios -entre ellos al director de la obra social, Malaquías del Pozo, lo que en el fondo tiene todo el sentido- para que se desplacen a Venecia (¡ah, Venezia, la più bella!) y preparen una visita en condiciones dignas para, tirando por lo bajo, medio centenar de personas. Los comisionados cumplen su encargo a la perfección, como vamos a demostrarles a continuación, más que con palabras, con imágenes.

En esta interesante fotografía podemos identificar, pese a su inútil intento de ocultar el rostro, al entonces consejero de la Caja, Javier Santamaría, hoy ilustre senador por el PP.

En esta otra identificamos, de nuevo pese a la sospechosa utilización de una careta, a la actual diputada del PP, Beatriz Escudero. Para entonces había dejado de ser consejera de la Caja, pero hay inercias que cuesta desterrar (especialmente si te las financian).

Por último, el ínclito Arahuetes, queriendo también pasar desapercibido.

En realidad, el uso generalizado de las caretas constituye todavía hoy un misterio. Quizás algún lector, de manera un tanto precipitada, haya podido confundirlas con máscaras venecianas (que cuestan un Congo, por cierto). Craso error, estamos en pleno mes de junio y el carnaval ha pasado hace tiempo. (Aunque bien mirado, como ocurre en Narnia, que siempre es invierno y nunca Navidad, en las Cajas españolas siempre era carnaval y nunca Cuaresma, verdaderamente). Pero, por otra parte, si los consejeros querían pasar desapercibidos, ¿por qué decidieron alquilar un palacio veneciano para ellos solos? ¿Por qué llegaron en góndolas fletadas por el hotel de cinco estrellas en que se alojaron y divididos en equipos nacionales (PP, PSOE, etc)? ¿Por qué les recibieron con trompetas? Sí, han leído bien, con trompetas. ¿Por qué había ristras de collares de Murano esperando a las señoras?

Efectivamente, han acertado, por encima de todo está el verdadero sentido de su misión: la búsqueda de la belleza, aunque sea un poco hortera (que esto es una Caja española, señores).

Pero, a todo esto, ¿qué hacía el presidente, Atilano Soto, prohombre del PP de la región y Presidente de la Caja? ¿Es que acaso se había negado a ir a Venecia en un arranque de austeridad y compromiso con los fines sociales de la entidad?

Ummm, va a ser que no. Aquí está, sin duda, pero no es fácil localizarle. Vamos a ver si es más sencillo en esta otra:

Si hay una foto que constituya una perfecta alegoría del fin de la Caja es, sin duda, ésta última. Aquí tenemos al Presidente de la entidad, Atilano Soto, y al Director General, Manuel Escribano, un viejo conocido (sí, el jefe de los esforzados mineros) cortando una pizza al alimón en un restaurante veneciano. Si se fijan un poco, verán que en la pizza hay unas letras: “SEGOVIA”. Parece que la “CAJA” ya se la han comido. Y a SEGOVIA le queda poco, indeed. Ellos son los que la cortan, pero esperando ansiosos con su plato en ristre hay unos cuantos: además de los citados, el vicepresidente, Manuel Agudiez, ex senador por el PSOE; el alcalde de Bernardos por el PSOE y miembro de la Comisión de Control, Jesús Pastor; el presidente de la Cámara de Comercio y actual miembro de la directiva de la CEOE, el consejero Pedro Palomo; el consejero De la Puente, del PSOE; el consejero Eduardo Aguado, de CCOO, que no se perdía un viaje ni loco, etc., etc. En total, quince miembros del Consejo de Administración, todos los de la Comisión de Control y casi todos los de la Comisión de Retribuciones. En una palabra: las fuerzas vivas de la partitocracia segoviana, disfrutando juntos de lo lindo (por cierto, ¿y por qué en privado no se pelean?).

Aparte de ir a estos saraos, ¿esta gente hacía algo más? En interés de la Caja desde luego no parece. No se molestaron en fiscalizar lo más mínimo la actuación de los directivos. Aprobaron los acuerdos que facilitaron el expolio de la caja. Pero es más, es que ni siquiera colaboraron cuando, tras la denuncia presentada en el Juzgado nº 2 de Segovia por UPyD, se les solicitó información al respecto.

Al final, ante lo infructuoso de los intentos, el Fiscal del caso tiene que solicitar que se tome declaración, como imputados, a todos los integrantes del Consejo y del Comité de Retribuciones, junto con el Director general Manuel Escribano. Pueden consultar el escrito del fiscal aquí. Esta misma mañana comparecen en el Juzgado nº 2 de Segovia Atilano y Agudiez, Presidente y Vicepresidente, PP y PSOE.

¿Pero es que eso es todo?, preguntarán algunos lectores un tanto alicaídos. ¿Se acaba aquí esta apasionante novela por entregas? Noooo, ni hablar, ¡si no ha hecho más que empezar! Queda narrar precisamente lo más importante. Si ustedes piensan que los consejeros cerraban los ojos simplemente porque la caja les financiaba su propia formación espiritual están muy equivocados. Todo lo que hemos visto hasta ahora es una simple anécdota. Este es un tema de business, señores. Esa pizza que cortan, se reparten y se comen, no representa simplemente a la caja de la Caja –en forma de viajes y regalos- sino a la Caja misma, es decir, al propio negocio financiero de la entidad. Esto es precisamente lo que los consejeros, especialmente los hombres fuertes de los respectivos partidos –lo que nuestros regeneracionistas llamaban antaño caciques- se están repartiendo. Para los empresarios como Pedro Palomo, en forma de créditos preferentes, y para los partidos, negocios lucrativos: Segovia 21 para el PP y Navicoas para el PSOE. Esperen, esperen y verán…. ¿Acaso se creían ustedes que las Cajas se habían hundido por una decena de viajes de nada?

 

Caja Segovia: el increíble caso de la caja menguante (II): nuevas aventuras de los ocho amigos

En la primera entrega de esta novela conocimos a un buen número (no a todos) de nuestros personajes principales. Quizás el lector ya se haya encariñado con alguno. Haciendo gala de una fraternidad y compañerismo casi heroicos, los integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Retribuciones de la Caja, presididos por Atilano Soto, adoptaron los acuerdos necesarios para permitir que los ocho amigos desamparados del Comité de Dirección, situados  al borde de la inanición, pudiesen dar una mínima continuidad a sus paupérrimos sueldos por la doble vía, por una parte, de suscribir una póliza de prejubilación con una aseguradora (sorteando así el pequeño riesgo de la Caja se quedase sin caja) y, por otra, de aportar a esa póliza 17 millones de euros del dinero de la entidad. De esta manera el problema de las prejubilaciones se había salvado in extremis, cuando todo parecía perdido; pero, amigos lectores, esta novela es un tobogán de emociones. Al final de la primera entrega les habíamos dejado en una nueva encrucijada crítica, en un sinvivir desasosegante ante la incertidumbre en la que el inexorable fin de la Caja (doom, dicen los anglosajones) colocaba a sus merecidas pensiones de jubilación.

Ocho personajes en busca de un futuro (un poco más lejano)

Donde se cuenta cómo ocho amigos encontraron otra gran solución para otro grave problema gracias a una nueva ayudita de más  amigos (y van….)

Corren los primeros meses del año 2011. La Caja forma parte ya del grupo BFA y pese al Gordo de las prejubilaciones del año anterior, el desánimo se palpa en los enmoquetados despachos de nuestros amigos. El tema de la jubilación está sin resolver. En los años 2000 y 2001 el Consejo de Administración había autorizado a los directivos a suscribir unas pólizas de seguro para atender a sus jubilaciones. Hasta ahí, todo normal. En realidad, demasiado normal, porque solamente se había consolidado un millón y medio de euros. Una auténtica M. Así que, en un nuevo brainstorming colectivo, surge la genial idea de ampliar estos derechos: “sí, podemos”, se oyó desde el pool de las secretarias.

Para entonces, y como ya sabemos, Escribano, el anterior Director General, había solicitado la prejubilación,  que se hace efectiva con fecha 31 de enero de 2011. Como los líderes de las grandes bandas (musicales) al final comprende que siempre llega un momento en que uno debe buscar su propio camino. Así que, el 3 de enero de 2011, aporta a su póliza individual la cantidad de 5.953.709,39 euros, elevándola a un total por primas pagadas de 8.241.287,65 euros y, ese mismo día, contrata también un incremento de la renta anual vitalicia garantizada del 20,78%. Si uno va a dejar huella, que sea indeleble.

El resto de la banda permanece unida, bajo el liderazgo del Director General Adjunto, Miguel Ángel Sánchez (hasta su sustitución por el nuevo Director General, Fernando Tapias Domínguez, el 1 de enero de 2012) y, naturalmente, no quieren quedarse atrás. Entre el 3 de enero y 4 de mayo de 2011 aportan casi 6 millones de euros a su póliza de jubilación. Concretamente, el 4 de mayo amplia derechos Antonio Tapias Domínguez por importe de 781.998 euros. Pero… ¡un momento!, ¿no habíamos dicho en el capítulo anterior que Antonio, el Secretario General, había solicitado también la prejubilación? Si es así, ¿por qué seguía trabajando en la Caja? Oye, y se apellida igual que el nuevo Director General, qué causalidad… Pero qué causalidad ni que ocho cuartos, ¡es que son hermanos!

Sí, efectivamente, los famosos hermanos Tapia se habían reunido de nuevo. Y esta vez su objetivo era la Caja.

En realidad, donde se habían reunido al fin era en la dirección, porque de hecho nunca estuvieron muy separados, que digamos. Sabemos que Antonio era el Secretario General desde tiempos inmemoriales, pero Fernando también llevaba 17 años vinculado a la Caja…  entre otros puestos como Director de “Caja Segovia Operador de Banca Seguros Vinculados, S.A.” y miembro fundador de AMAEF, entidad que agrupa a los principales mediadores de seguros del sistema financiero español. Está claro, a los hermanos Tapia no hay Caja ni seguros que se les resista.

El nuevo Director General no dura mucho en el puesto. Quizás podíamos decir que dura lo suficiente. Fernando Tapia solicita la rescisión de su contrato con la entidad por “motivos personales” en noviembre de 2012. En la reunión en la que acepta su renuncia, el Consejo de Administración le agradece el trabajo que ha desarrollado en la entidad, pero, a la vez –en un giro retórico al que no se hubiese atrevido ni el propio Groucho Marx- el Consejo decide personarse en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, en calidad de “posible” perjudicada, por las cantidades cobradas por antiguos directivos. Y ello en base a un acuerdo del mismo Consejo del mes anterior en el que solicita la devolución de esas retribuciones millonarias, apelando a la “buena voluntad” del anterior equipo (ver noticia).

Durante ese año en el cargo, su hermano Antonio continúa en la Caja cobrando su sueldo, que resultó además incrementado, pero no consta que la nómina se dedujera de su póliza de prejubilación. También durante ese año el Juzgado pide información  a la Caja, pero cuando se proporciona en julio de 2012, no se menciona para nada las ampliaciones de derechos realizados en las pólizas de jubilación. ¿Quizás una negligencia debida a que el nuevo Director General no sabía nada de seguros?

En fin, que entre jubilaciones y prejubilaciones de nuestros ocho amigos la Caja había desembolsado a mediados de 2011 en torno a los 33 millones de euros. No es de extrañar que algunos de ellos se jubilasen con 47 años. Normal, terminaron absolutamente estresados con tanta reunión dedicada a prever su futuro….

Pero, mientras esta gente trabajaba intensamente en los despachos, ¿qué hacían los Consejeros?, (entre los que abundaban los cargos políticos, por supuesto). ¿Qué les preocupaba? ¿Qué les divertía? ¿A qué dedicaban su tiempo libre? (como preguntaba el ínclito Perales). ¿Han visto ustedes “La Gran Belleza”? No se la pierdan, vayan, vayan a verla. A la vuelta continuaremos….

Lo que la Agencia Tributaria puede llegar a conseguir: ¡blanco y negro a la vez!

En los años duros de la violencia etarra era cosa conocida que, al menos una Hacienda Foral vasca (y muy probablemente más de una), admitía como gasto de las empresas el pago de cantidades a la organización terrorista por esa forma de extorsión que se denominaba eufemísticamente “impuesto revolucionario”. El empresario extorsionado tenía que recabar así del recaudador etarra o del intermediario el correspondiente recibo, con el sello de rigor, justificativo del pago, para incorporarlo a su contabilidad. Todo muy serio y formal. Se daba así una situación paradójica: un dinero contabilizado, y blanco por tanto para la empresa, era a la vez negro en tanto se entregaba a una organización delictiva que, obviamente, no operaba como tal en mercados legales, y que lo utilizaba para engrasar su máquina de matar. Un pago obviamente ilegal, sí, pero no tanto en cuanto a la vez era fiscalmente deducible.

Una situación no muy diferente ha considerado la Agencia Tributaria que se ha dado en el caso de las presuntas donaciones ilegales al PP. Los peritos del otrora reconocido como organismo público independiente que “auxilian” al juez Ruz en la investigación de la financiación ilegal del PP (caso Bárcenas) han considerado, en un informe presentado el pasado mes de septiembre, aunque conocido hace pocos días, que los pagos de los empresarios a la caja B del PP y su reparto en forma de sobresueldos a los líderes de la formación, o para gastos electorales, no constituyen, en general, delito fiscal, y que además cabe incluso su deducción. En definitiva, que sí, que son pagos ilegales… ¡Pero no tanto!

El informe considera que, respecto de los sobresueldos presuntamente recibidos en B por los dirigentes populares antes de 2007, el posible delito ha prescrito, por lo que no tiene sentido investigarlo. Y respecto a los posteriores a 2008, no superarían en ninguno de los receptores altos cargos del partido la cuota tributaria de 120.000 € por ejercicio que separan la simple defraudación del delito fiscal. Y lo mismo en el caso del propio PP, por lo dejado de ingresar en el impuesto de sociedades.

Esas conclusiones supongo que habrán aliviado a los dirigentes populares, dado que para ellos el concepto de responsabilidad política al margen de la penal parece que simplemente no existe. El devastador ejemplo que esos comportamientos suponen para una ciudadanía ahogada en impuestos, y la imagen de falta de honestidad y de sentido ciudadano, tristemente no resultan motivos suficientes para que en el Partido se sienta la necesidad de excluir a esas personas de sus responsabilidades políticas.

En virtud del informe, el único posible delito fiscal fue el cometido por el arquitecto Gonzalo Urquijo, quien según la contabilidad de Bárcenas habría cobrado en negro 880.000 euros, por lo que sí habría podido incurrir en delito fiscal. Y de ahí la importancia de este asunto en la instrucción penal.

Sorprende la consideración que da dicho informe a las donaciones ilegales recibidas, según la contabilidad manuscrita de Bárcenas, por el PP. Muchas de esas donaciones eran claramente ilegales conforme a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, por superar en muchos supuestos el máximo de 100.000 € por donante, y/o por ser realizadas por empresas que no pueden hacerlas por tener contratos con la administración. Lo curioso es que esa ilegalidad no excluye, según los peritos, que puedan considerarse exentas de tributación para el PP (por el impuesto de sociedades) dado que el artículo 10.1 de dicha Ley establece que “Los partidos políticos gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica en los términos establecidos en el presente artículo“. Y entre ellas, según nº 2 del mismo artículo, las derivadas de donaciones hechas por personas físicas o jurídicas.

El informe considera que la exención no se refiere sólo a las donaciones legales, las admitidas por la indicada Ley, sino también a las declaradas ilegales por la misma, dado que la ley no distingue. Por tanto, según esta tesis el adjetivo “legal” debería, por tanto, introducirse profusamente en toda la legislación fiscal, pues parece que si no se especifica se comprende también lo ilegal. Ya no puede presumirse que, por pura coherencia del ordenamiento, lo ilegal esté implícitamente excluido.

Pero es que, además, según el informe, el destino de esas formas peculiares (e ilegales) de financiación son actividades que constituyen el objeto o actividad específica de los partidos. Así, sin más. Sin necesidad de explicación. Es decir, que recibir maletines con dinero negro, no reflejado en la contabilidad oficial del partido, a cambio de presuntos tratos de favor en contrataciones públicas constituye una actividad “normal” propia de un partido. Lo mismo que distribuir ese dinero en sobresueldos no declarados por sus dirigentes. Aunque bien es verdad que, si seguimos el mismo razonamiento de los peritos, verdaderamente no se exige que esa “actividad propia” de un partido sea una “actividad legal” ¡Minucias de leguleyos, vamos!

El tratamiento de esos sobresueldos no reflejados en la contabilidad oficial tiene también para el Partido un régimen “legal/ilegal” bastante peculiar para los autores del informe. Son pagos ilegales y no declarados, sí. Pero a pesar de ello son deducibles. Y es que esa deducibilidad se hace necesaria para evitar que la cuota defraudada por el PP en el Impuesto de Sociedades de 2007 alcanzase el listón del delito fiscal.

De la Agencia Tributaria (AEAT) uno suele esperar un trato implacable, y hasta duro, en la defensa de los intereses públicos que, se supone, deben ser cubiertos mediante la tributación. Pero parece que no es el caso cuando se trata de un partido político. O al menos si éste ocupa el poder. En este caso las interpretaciones legales más rocambolescas son posibles, con tal de eximir de responsabilidad a dicho partido o a sus dirigentes. Incluso considerar que unas actividades puedan ser a la vez “legales e ilegales” y ciertos pagos a la vez blancos para el partido y negros para los receptores altos cargos. Tal vez ciudadanos susceptibles o desconfiados podrían llegar a pensar, incluso, que puede haber habido un trato de favor. Que de todo hay en la viña del Señor…

 

 

El informe “Greco” y los partidos políticos (III) Condonaciones de deuda por los bancos, falta de controles internos y de un régimen sancionador efectivo

Recuperamos esta serie que teníamos un poco olvidada a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno sobre regeneración democrática que afectan a los partidos políticos y de las que también trataremos más adelante. Vamos por el tercer post (aquí puede leer los dos anteriores) y estamos analizando el informe Greco final, que suspende a España en cuanto a las medidas adoptadas para evitar la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos.  Y eso que el informe nos parece versallesco, dado que como suele suceder con este tipo de informes es extremadamente cauteloso.

El caso es que el informe final de GRECO sobre la implementación en España de la Recomendación 2003(4) del Consejo de Europa (teniendo en cuenta las seis recomendaciones recogidas en el informe de 2009) considera que cuatro años después, en 2013, el Estado español solo ha cumplido satisfactoriamente con una. Las otras cinco sólo las considera parcialmente cumplidas. La recomendación que considera satisfactoriamente cumplida (por lo menos formalmente) era la que hacía referencia a que el Tribunal de Cuentas debía incrementar sus recursos financieros y  humanos para reducir los plazos en los que emite sus Informes y cumplir los objetivos de fiscalización que se le encomiendan.

Lo cierto que el refuerzo se ha producido, cierto, pero sobre todo para salir bien en la foto, forma de actuar esta muy habitual en nuestras instituciones, donde importa más parecer que ser. Con todo, lo más probable que es que una vez que ha salido el flash las cosas vuelvan a su cauce habitual salvo, que, claro está, la presión de la opinión pública no les deje.

Las cinco recomendaciones que el informe GRECO considera parcialmente cumplidas hacen referencia a:

a) la adopción de medidas oportunas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilizan para eludir las disposiciones sobre financiación política;

b) al aumento de la transparencia en la contabilidad;

c) la necesidad de ofrecer al público una información lo más coherente y comparable posible, con la finalidad de establecer unos parámetros temporales útiles de comparación entre ejercicios y entre la contabilidad de los partidos;

d) la necesidad de reforzar el control interno de los partidos políticos asegurando la independencia de este tipo de control;

e) La definición y clarificación de las infracciones y sanciones (introduciendo sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias) incluyendo la posibilidad de sancionar a donantes individuales.

En este penúltimo post de la serie sobre el Informe Greco nos centraremos en la condonación de los créditos a los partidos políticos, el control interno y la falta de un régimen eficaz de infracciones y sanciones.

En cuanto a los préstamos de las entidades bancarias a los partidos, tradicionalmente concedidos sin ningún tipo de control y con generosas condonaciones de las que nos hemos enterado literalmente por la prensa –cuando nos hemos enterado- el informe GRECO recomendó en su Informe de 2009 que se regulasen legalmente los aspectos concretos de los términos y condiciones de los préstamos concedidos (tales como el valor máximo de los préstamos, condiciones de pago, etc.) a los partidos.  La preocupación por este tipo de condonaciones es obvia, dado que pueden encubrir o suelen encubrir un intercambio de favores, presente o futuro. Pues bien, dicha recomendación ha sido parcialmente cumplimentada con la reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos de marzo de 2012, que considera las condonaciones como una forma de donación, prohibiendo condonar más de 100.000 euros anuales por partido y obligando a los partidos políticos a dar cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España de las condiciones de los créditos (artículo 5) aunque lamentablemente no creemos que esto sea suficiente para evitar las malas prácticas, dada la politización de ambas instituciones y la falta de un régimen efectivo de sanciones.

Entre las medidas de regeneración anunciadas por el Gobierno se encuentra la de prohibir las condonaciones de deuda. Es interesante destacar que este tipo de condonaciones afectan principalmente al PSOE, dado que conviene recordar que en materia de regulación de partidos políticos lógicamente los partidos políticos tienen bastante interés, digamos que existe algo parecido a un conflicto de intereses. Lógicamente, el partido en el Gobierno intenta regular evitando en lo posible los daños para el propio partido y maximizándolos para el principal partido de la oposición.

De ahí que la transparencia sea otro elemento esencial para mejorar el control sobre la financiación de los partidos en general.  De hecho la reforma de 2012 también impuso a los partidos políticos la obligación de publicar, preferentemente en su página web, la cuantía de los créditos que les habían sido concedidos, el tipo de entidad concedente y las condonaciones de deuda correspondientes a tal ejercicio, de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos. Ahora bien, dicha obligación no conlleva ninguna sanción para caso de incumplimiento, lo que es criticado en el informe GRECO, pues en definitiva supone dejar a cada partido la decisión de cumplir o no con dicha obligación. Estamos de vuelta en el peligroso terreno de la autorregulación, o para ser más exactos, nunca se ha abandonado del todo. Los partidos son Juez y parte.

El informe GRECO también considera parcialmente incumplida la recomendación tendente a que se refuerce el control interno de la financiación de los partidos políticos asegurando a su vez la independencia de este tipo de control, pero lo cierto es que la reforma de la Ley ha omitido regular dicho control de forma efectiva. Se deja al criterio de los partidos cómo organizar la supervisión interna de sus cuentas, bajo la excusa de que los mismos tienen constitucionalmente garantizada una autonomía total en lo que se refiere a su funcionamiento interno. Ya saben, la famosa autonomía que en España al menos equivale a falta absoluta de responsabilidad y de controles externos, ya se trate de Universidades, ayuntamientos, autonomías, sindicatos o partidos políticos.

Es de señalar, como puso de relieve el informe GRECO, que la mayoría de las legislaciones de países de nuestro entorno -cuyas Constituciones reconocen igualmente la libertad de expresión y asociación- tienen establecido un sistema de supervisión y control apropiado de los fondos de los partidos, tal y como por otra parte se deduce del artículo 14 de la Recomendación 2003(4), que  España también firmó sin hacer objeción alguna. En definitiva, la libertad de asociación, invocada por las autoridades españolas, no puede servir de excusa para evitar que el legislador dicte unas normas mínimas sobre la supervisión y control interno de los fondos de los partidos.

Es más, la Ley, como en tantas otras cuestiones, no ha establecido tampoco un tiempo límite para que los partidos establezcan este tipo de control, ni ha previsto la imposición de sanciones por incumplimiento. No solo eso, si se analiza el último Informe de Fiscalización sobre la contabilidad de los partidos (ejercicio 2008) en relación a los dos grandes partidos nacionales el PSOE no remitió Informe de control interno alguno en tanto que el Partido Popular remitió un supuesto Informe de control sin firma alguna. Por todo ello, el informe GRECO  lamenta que esta obligación esencial impuesta por la Recomendación 2003(4) « que tiene la posibilidad de mejorar la transparencia financiera de los partidos políticos, puede fácilmente quedar en papel mojado».

Por último, y en cuanto a la necesidad definir y clarificar las infracciones y sanciones incluyendo la posibilidad de sancionar a donantes individuales, las conclusiones a las que llega GRECO no pueden ser más contundentes: no se han regulado las sanciones a los donantes, las sanciones son exclusivamente de naturaleza financiera y no se han regulado todas las infracciones posibles, conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Recomendación 2003(4), ni las sanciones conforme a los criterios señalados en dicho artículo (de carácter efectivo, proporcional y disuasorio).

La importancia de contar con un régimen sancionador que contemple un elenco amplio de infracciones reflejando las exigencias de la Recomendación 2003(4) -vgr. sancionando la no publicación en la web de los partidos de los créditos con entidades financieras y sus condiciones, el no establecimiento de un sistema de control, la omisión de determinada información contable, etc- resulta clave, como elemento coercitivo, para conseguir que los partidos sean transparentes en la información que ofrecen a la ciudadanía. Probablemente, al constatar la falta de interés de España en regular esta materia, es lo que motiva que el informe GRECO haya despachado este asunto tajantemente, sin ofrecer ninguna excusa que permita suavizar la constatación del flagrante incumplimiento.

¿Van a cambiar mucho las cosas con las medidas anunciadas por el Gobierno? Pues que quieren que les diga, cuando las vea (aplicadas) lo creeré. Recuerden que ellos se juegan mucho, pero nosotros todavía más. Basta echar un vistazo en derredor.

La destrucción de los discos duros de Bárcenas por el Partido Popular: segunda parte de la historia (y II)

En el primer post de la serie comentamos fundamentalmente el Auto del juez Ruz. Pese a su contundencia, comprobamos que no convenció al Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, que archivó el procedimiento sin practicar ni una sola prueba. En este post analizaremos este segundo Auto.

En lo que respecta al delito de encubrimiento, el Juzgado de Instrucción parte de una premisa que, a primera vista, puede parecer lógica, consistente en decir que “no existe delito de encubrimiento si no se encubre un delito, y éste no ha sido declarado probado”.

No obstante, a nada que se reflexiona un mínimo sobre la cuestión, nos daremos cuenta de que es una premisa absurda, pues según dicha teoría en todos los casos en los que se investiga la existencia de un posible encubrimiento habría que esperar a la firmeza de la condena respecto del delito encubierto para poder iniciar siquiera las investigaciones pertinentes de cara a demostrar la concurrencia de aquel.

Obviamente, ello no es así, pues todos y cada uno de los delitos de encubrimiento quedarían, para empezar, prescritos.

De hecho, lo normal es lo contrario. Los posibles delitos de encubrimiento y los delitos encubiertos suelen investigarse conjuntamente y, por lo tanto, sustanciarse de forma simultánea, sin necesidad de que estos últimos “hayan sido declarado probados” como declara el Auto recurrido.

Lo habitual es que la investigación de ambas conductas (las relativas al encubrimiento y al delito que se trata de encubrir) se realicen conjuntamente en el mismo procedimiento. Así sucede, por ejemplo, con el supuesto más habitual de este delito, que se produce cuando algún acompañante de un presunto traficante de drogas procede a arrojar o intentar destruir el cuerpo del delito al verse sorprendido por la policía. En tales procedimientos se suelen enjuiciar conjuntamente ambas conductas delictivas y se resuelven en la misma sentencia, sin esperar en ningún caso a que el tráfico de drogas haya sido declarado probado. Basta echar un vistazo a las colecciones jurisprudenciales al uso para observar cientos de casos similares, en los que, como es lógico, se investigan desde el principio los posibles indicios delictivos de los delitos de encubrimiento a fin de identificar a sus eventuales responsables.

Lo contrario, dicho sea con el debido respeto, sería una aberración jurídica y  comportaría, como decimos, que estos comportamientos delictivos quedaran sistemáticamente impunes.

La única diferencia entre el supuesto que nos ocupa (en el que se ha procedido a la destrucción de efectos informáticos) y los casos comentados (en los que se destruía la droga) es que el juez Ruz ha considerado, por las especiales características de la Audiencia Nacional (AN), que carecía de competencia para llevar a cabo la instrucción de los hechos relativos al encubrimiento y que lo procedente era que dicha labor la realizara un juzgado de instrucción “normal”.

Ese criterio de la AN parece en principio razonable, pero como casi todo en Derecho puede discutirse. Si el Juzgado no lo compartía, por considerar que ambos hechos (los susceptibles de considerarse encubrimiento y los delitos encubiertos) guardan conexión y son, por lo tanto, inescindibles, lo que tendría que haber hecho era cuestionar su propia competencia, oponiéndose a la parcial inhibitoria del Juzgado Central de Instrucción.

Ahora bien lo que, en mi opinión, bajo ningún concepto el Juzgado de Instrucción puede hacer es negarse a investigar los hechos si a la vez ha aceptado su competencia, pues ello conlleva la impunidad del responsable del posible delito de encubrimiento.

Y eso es precisamente lo que hace la Juzgadora cuando dice que  “pese a declarar la competencia de este Juzgado para conocer estos hechos no puede deslindarse este Juzgado de lo acaezca en la causa de la que trae su origen ésta”, concluyendo a continuación  que “es por ello por lo que, sin perjuicio de lo que resulte acreditado en el procedimiento del que éste deriva, lo que procede, en cuanto al delito de encubrimiento en esta causa, es el sobreseimiento provisional prevenido en el art. 641.1 del Código Penal”.

Oiga no: o se cuestiona la competencia para investigar o se investiga, pero lo que no cabe es decir que uno es competente pero a continuación archivar el procedimiento porque el posible delito de encubrimiento “no puede deslindarse” de los delitos que precisamente se tratan de encubrir y que investiga otro Juzgado.

En este sentido hay que recordar que el delito de encubrimiento es un delito autónomo, que no exige la existencia de una condena previa respecto del delito encubierto subyacente, por lo que carece de sentido remitirse a “lo que resulte acreditado” en ese otro procedimiento. Es función del órgano judicial que investiga el posible encubrimiento (y no de otro) practicar las correspondientes diligencias indagatorias,  por lo que el peculiar “bucle procesal” que crea el Juzgado es simplemente un disparate, dicho sea siempre con el debido respeto.

Por otro lado, y respecto al delito de daños, el Juzgado de Instrucción no cuestiona que el disco duro (posteriormente destruido por el PP) fue facturado y pagado por el propio Barcenas, pero a dicha circunstancia no le da ningún tipo de relevancia jurídica, presumiendo que la destrucción se ha producido sobre bienes del Partido Popular, por el mero hecho de que el referido disco duro estaba instalado en un ordenador que se encontraba en la sede del Partido Popular y que el mismo afirma que es suyo, por lo que “hallándose los ordenadores en la sede del Partido Popular, a él le pertenecen, salvo prueba en contra (art. 449 C.C.)”.

Por lo tanto, la Juez aplica la presunción contenida en el art. 449 del Código Civil, en virtud del cual “la posesión de una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos”. En definitiva, que el ordenador era del Partido Popular porque se encontraba en su sede y, por esa razón, el posible delito de daños, por haberse producido sobre un bien propio, no sería perseguible.

Problema solucionado y a otra cosa.

Tal razonamiento es, en mi opinión, ciertamente cuestionable, pues con independencia de quién fueran los ordenadores (cosa que dista mucho de estar probada) lo cierto es que el disco duro destruido está acreditado que ¡fue comprado y pagado por Barcenas!.

En relación con lo anterior existe un artículo muy simpático en el Código Civil (el 378), que la Juzgadora ignora absolutamente, que dice que “cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación”.

¿Acaso un disco duro no puede separarse del ordenador en el que previamente se ha instalado? ¿Por qué si puede separarse va a pasar a ser propiedad del PP?

En definitiva, sin necesidad de aplicar ningún tipo de presunción, como hace el Juzgado de Instrucción, el disco duro era de Luis Barcenas y, por tanto, el mismo tenía perfecto derecho a exigir (como hizo en su día) la devolución del mismo, siendo indiciariamente delictiva la posterior destrucción del disco duro perpetrada por el Partido Popular, pues se hizo sobre bien ajeno y sin autorización de su titular (más bien se hizo contra la voluntad de su titular que había reclamado la entrega del bien).

Para terminar me gustaría hacer una breve referencia al errático e inexplicable comportamiento de la fiscalía en este asunto, que viene a unirse a otras peculiares actuaciones que viene desarrollando en importantes casos de corrupción política. Y es que:

(i)       Tras la constatación de la destrucción de los efectos informáticos por parte del PP en el seno del “caso Gürtel”, la Fiscalía Anticorrupción solicitó, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2013, que se procediera a “deducir testimonio de los hechos con relevancia penal para su investigación por juzgado competente”. Luego es evidente que apreciaba la existencia de hechos indiciariamente delictivos.

(ii)      Sin embargo, poco después, la fiscal asignada a las nuevas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción núm. 32 de Madrid se pronuncia en sentido diametralmente contrario, solicitando el inmediato archivo sin realizar investigación alguna. Pero en vez de justificar las razones por las que se aparta del criterio de su compañero, pretende reinterpretar lo que éste había manifestado, señalando en su informe de fecha 24 de octubre de 2013, (refiriéndose al previo informe de la Fiscalía Anticorrupción), que “considera que los hechos objeto de este procedimiento carecen de relevancia penal por el momento (y sin perjuicio de lo que resulte en el futuro de la investigación) teniendo en consideración la naturaleza de la diligencia”.

¿Cómo iba a pensar la Fiscalía Anticorrupción que los hechos carecían de relevancia penal si había pedido “deducir testimonio de los hechos con relevancia penal”?

En suma, como puede deducirse de lo anterior, el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento no está, en mi opinión, en modo alguno justificado; máxime teniendo en cuenta que lo se está analizando es, simplemente, si existen o no indicios delictivos suficientes para empezar a investigar. Nada más.

En el presente caso, llueve además sobre mojado, pues los hechos que nos ocupan se unen a otros comportamientos adicionales del partido del Gobierno, como los crecientes indicios sobre la existencia de una contabilidad paralela (que el Gobierno siempre ha negado tajantemente), la expulsión del PP como acusación popular de la causa (por ayudar a los imputados), la destrucción del registro de visitas de la sede nacional de la referida formación política y la desaparición de las propias agendas de los ex tesoreros.

Esto es lo que debe entender Rajoy por “colaboración máxima con la Justicia”, como en reiteradas ocasiones ha prometido.

Para terminar una última nota positiva: a pesar de la podredumbre que nos rodea, sigo sin perder del todo mi (probablemente) ingenua confianza en la Justicia (o más bien en algunos jueces justos), y no he perdido la esperanza en que la Audiencia Provincial de Madrid proceda a corregir el, en mi opinión, inexplicable e injustificado archivo de las diligencias de investigación sobre la destrucción de los discos duros, que no hace sino reforzar la sensación que tienen los ciudadanos sobre la impunidad de los políticos en asuntos de corrupción.

 

¡No es la economía, estúpido!

Si el eslogan electoral “Es la economía, estúpido”, ideado por J. Carville, estratega de la campaña de Clinton, fue determinante para conseguir su victoria frente a Bush (padre) en las elecciones de 1992 cuando Bush era considerado imbatible y gozaba de una aceptación popular histórica, de nada menos que el 90%, una idea inversa –“No es la economía, estúpido”, o no es solo la economía–  conducirá más pronto que tarde al fin de la hegemonía de Mariano Rajoy.

Ésa es la tendencia que se vislumbra en las encuestas (ver las últimas aquí y aquí). Y es que conforme transcurre la legislatura se extiende más la percepción de que este PP de Mariano Rajoy está desperdiciando una amplísima mayoría absoluta para acometer, de verdad, las reformas políticas e institucionales que este país necesita, y que cada vez más sectores de la ciudadanía y más votantes de su propio partido reclaman antes los oídos sordos de un establishment que, por encima de otras preocupaciones, trata de salvarse a sí mismo y su statu quo en un ejercicio continuo de ambigüedad y de cinismo calculado ante cuestiones esenciales para la limpieza de un sistema democrático.

La situación ha llegado a tal punto de degradación que ya nadie se extraña de la hipocresía de la mayoría de los diputados de los dos grandes partidos. Ahora, lo que produce extrañeza es escuchar a un diputado decir, de verdad, lo que piensa, y no lo que las cúpulas de sus partidos quieren que diga o que calle, para salir airosos o indemnes en las encuestas de opinión. A nadie le produce extrañeza –lo esperábamos- noticias como que se estén desactivando los equipos de investigación de los grandes casos de corrupción. Ni que, por poner otro ejemplo, la inmensa mayoría de los diputados del PP y del PSOE se pongan de perfil y eviten un comentario crítico sobre la sentencia del caso Faisán. O que el Ministro de Justicia, al poco de ser nombrado, afirmara solemnemente que con su reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ no se volvería a ver nunca más al Gobierno reuniéndose con el líder de la oposición para pactar el reparto de vocales, y que hace tan solo unos días, por una simple gripe de Rubalcaba, se retrasara la reunión programada entre Gallardón y el PSOE precisamente para pactar la renovación de esos vocales.

Mientras todo esto sucede, Rajoy sigue pensando que conforme la economía vaya mejorando la ciudadanía volverá a confiar en él. Y se atribuye, además,  el mérito de esa mejoría y de que la prima de riesgo haya disminuido  cuando ese mérito no es ni exclusiva ni principalmente suyo.  Sin las famosas “QEs”, medidas agresivas de expansión monetaria o inyecciones de liquidez de todos los Bancos Centrales, incluido el Banco Central Europeo, la situación de la economía, mundial y europea,  no sería igual. Y, por lo que se refiere específicamente a España, el factor que más ha contribuido a disminuir la prima de riesgo española (y de otros países periféricos, como Italia, Portugal, Grecia), y evitar el riesgo sistémico en la zona euro, no ha sido precisamente el liderazgo de Rajoy, sino  la intervención del Banco Central Europeo, desde sus famosas “LTROs” al histórico discurso de su gobernador, Sr. Draghi, en julio de 2012, que constituye un auténtico punto de inflexión en la caída de la prima de riesgo (ver aquí y aquí). Pero como ha dicho Daniel Lacalle con todas estas medidas “creamos ‘ilusión de riqueza’  mientras sostenemos el PIB artificialmente, pero destruimos la creación de riqueza y empleo”. Falta, por tanto,  generar confianza a largo plazo en la economía española, aumentando la renta disponible, incentivando el consumo y la actividad económica. Y falta además una reforma en serio de un sector público sobredimensionado, que coadyuve también a la reducción  del déficit y la deuda pública.

Con independencia  de la cuestión económica, existen otros asuntos de orden interno, en los que por desgracia no nos puede ayudar el Banco Central Europeo, y en los que, por eso mismo, se evidencia en mayor medida la responsabilidad directa de Rajoy  a la hora de (no) liderar las reformas necesarias.

Uno de ellos es la llamada regeneración política-institucional. Lleva pendiente demasiados años, y es una cuestión decisiva para la higiene democrática de un Estado de Derecho, en el que debería existir -de verdad, y no solo sobre el papel- una auténtica división de poderes. Abordar la reforma del sistema electoral y de la partitocracia reinante para que las cúpulas de los partidos no puedan decidir, contra la voluntad de los afiliados y de los votantes, quién va a ser  diputado, senador o concejal, y a partir de éstos repartirse partidistamente otras instituciones del Estado, y desde esos puestos favorecer la financiación ilegal de sus partidos, fundaciones o sindicatos afines. Reformar la justicia para que deje de estar controlada por políticos que se salvan a sí mismos, con aforamientos (el último, Griñán), jueces colocados ad hoc en los tribunales superiores, o fiscales sumisos en demasiadas ocasiones.  La no imputación (todavía) de la Infanta Cristina es otro buen indicador de la actitud cínica de la Fiscalía General de Estado en la persecución de los fines que tiene constitucionalmente encomendados.

Otra de las cuestiones  pendientes es el problema territorial. Y ello comporta no solo repensar al sistema autonómico en su conjunto,  sino abordar con valentía la situación creada por Artur Mas. Rajoy debe “hacer política”, “ser mucho más proactivo”, decía recientemente a este respecto alguien tan moderado como Josep Piqué, quien afirmaba no entender los tiempos de Rajoy, y concluía que hay problemas que no resuelve estrictamente el paso del tiempo.  Con esa actitud se transmite al conjunto de la ciudadanía una sensación de indolencia, de no ser capaz de tener bajo control la situación. No se puede remitir toda la solución del problema al tiempo o a  que el Tribunal Constitucional no lo permitirá, cuando le llegue el caso. También, y sobre todo, se necesita una respuesta política, una reacción de liderazgo, que por desgracia no ha sido capaz de darnos hasta ahora un Presidente del Gobierno que tiene miedo, incluso, a que los periodistas le hagan preguntas libremente en una rueda de prensa.

Una tercera cuestión pendiente es el rearme ético y de la responsabilidad individual. Hay comportamientos que la ley permite y que pese a ser lícitos no deben practicarse por un ciudadano privado, pero menos aún por un personaje público. Este rearme ético no es de la responsabilidad exclusiva de los políticos, pero es indudable que en una sociedad mediática los comportamientos ejemplares de los hombres públicos generan un efecto de imitación que puede ser aprovechado para hacer pedagogía y mejorar la sociedad. De ahí, la responsabilidad mayor de quienes se comportan de manera indigna o poco decorosa en puestos de responsabilidad pública. O de quienes los toleran en sus subordinados, cuando podrían evitarlos por anticipado, o cortarlos de raíz cuando se producen. No vale sólo con excusarse o dimitir cuando la prensa los detecta. Quien así actúa, y esto le pasa mucho a Rajoy y a la clase política en general, solo pretende neutralizar el efecto negativo que dicha noticia tiene en las encuestas de popularidad. Actúan por cálculo político, no por convicción profunda. Así le pasa al Sr. Rajoy con el caso Bárcenas, en el que actúa con un cinismo grande, solo superado por su actitud respecto al asunto de ETA, como recientemente señalaba un cualificado analista .

Si esta manera de hacer política no cambia, antes o después parte de los votantes de este PP y de este PSOE les abandonarán, y les obligarán en las urnas a hacer todo lo que llevan años resistiéndose a hacer voluntariamente. Porque ni PP ni PSOE están dando cabida a las corrientes de opinión que cada vez con más fuerza claman en el seno de la sociedad, y de sus propios votantes, por una regeneración del país que va mucho más allá de la superación de la crisis económica. Si siguen sin entenderlo ahora, el aumento de votos que antes o después terminarán teniendo UPyD y Ciutadans les hará aprender a la fuerza lo que ellos no han querido brindar voluntaria y generosamente al conjunto de la sociedad española.