Un otoño muy particular: Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho?

En nuestro blog, que inicia ahora su 9º mes de andadura,  somos conscientes de lo mucho que se juega la sociedad española en este último trimestre del año 2011. Por eso queremos hacer un esfuerzo, pese a nuestra relativa juventud, para atender lo mejor posible todos los aspectos jurídicos de las propuestas que –esperemos- van a hacer los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20N. Es más, alguno de nosotros también tenemos algunas propuestas que hacer, por lo que vamos a abrir una serie con las “Propuestas electorales de ¿hay derecho?”, por si acaso algún político las lee, le parecen interesantes y las incorpora a su programa. Y como a veces se nos acusa de ser muy críticos y de no hablar nunca  de los aspectos positivos –que a veces los hay- de las reformas que se hacen o se proponen desde los partidos políticos y que pueden funcionar estamos decididos también a comentar las iniciativas, vengan de donde vengan, que nos parezcan oportunas y razonables. Como confiamos que sepan nuestros lectores a estas alturas, el único propósito de los que escribimos aquí es contribuir, desde la sociedad civil y desde nuestro conocimiento técnico, a mejorar la calidad del debate público sobre cuestiones que nos parecen esenciales para nuestro futuro.

Un lugar al sol o nada nuevo bajo el sol: de la elaboración de las listas electorales

Asistimos de nuevo al tradicional espectáculo de la elaboración de las listas para las próximas elecciones generales. Y no por conocido el espectáculo me deja de sorprender, y más en la situación actual. Se repiten las escenas de siempre, la cúpula del partido o directamente el líder decide quien va en las listas y quien no, en función básicamente de criterios de proximidad o alejamiento a los dirigentes que deciden. Por supuesto, ir en las listas para nuestros diputados-empleados, por utilizar la expresión de Jimenez de Parga (que he conocido gracias a uno de los más agudos comentaristas de este blog) es esencial, dado que supone la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo, es decir, la diferencia entre tener un lugar al sol o irse al paro.

Lamentablemente, muy pocos de nuestros políticos tienen carreras profesionales al margen de la política, incluso los que en su momento las tuvieron las han dejado por esta carrera, mucho más gratificante desde todos los puntos de vista, aunque solo sea porque las reglas que rigen para el resto de las profesiones no se aplican aquí. ¿Se imaginan por ejemplo el futuro profesional que tendría un abogado que perdiese todos sus pleitos? ¿O un médico que matase a sus pacientes? ¿O un arquitecto al que se le cayesen las casas que construye? ¿Se imaginan que pasaría si cualquiera de estos profesionales llenase sus despachos, consultas o estudios con familiares y amigos de  confianza pero de nula o escasa cualificación? ¿Que los dejasen en herencia a sus retoños aunque no sepan hacer la O con un canuto? ¿O que cobrasen un dineral a cambio de un servicio desastroso?  

Pues bien, la ventaja es que en política todas esas cosas y muchas más pueden hacerse sin ningún riesgo. No rigen las reglas que existen para cualquier profesión o para cualquier oficio, que básicamente pueden reducirse a una: hacer las cosas mal o muy mal está penalizado, salvo que se tenga la suerte de tener un monopolio y aún así. En el caso de nuestros representantes y gestores públicos no hay ninguna responsabilidad por la mala gestión, es más, a veces parece que cuanto peor se han hecho las cosas, más posibilidades de promoción hay. Y no digamos ya si se tiene la capacidad de chantajear o de montar un buen lío en el partido (véase el caso de Fabra o de Ripoll en la Comunidad Valenciana) porque entonces se tiene el futuro asegurado para sí y para la descendencia. Vemos que hay mucho paro juvenil pero que la hija de Fabra ya está colocadísima .

En definitiva,  nuestros políticos pueden dejar en bancarrota cajas de ahorros, empresas públicas y autonomías enteras sin que nadie se cuestione no ya su presencia en las listas sino su capacidad y su aptitud para seguir en la política. También pueden tranquilamente colocar a la parentela o/y facilitarles la vida con dinero público, mediante contratos y subvenciones. Y, por supuesto, pueden decir tranquilamente que no piensan cumplir las leyes que dicta el Parlamento en el que se sientan o las sentencias del Tribunal Supremo, o en general pueden permitirse un día sí y otro también deslegitimar las instituciones que les cobijan. Recuerden en las recientes elecciones autonómicas por tener, tuvimos hasta imputados en las listas (ahora creo que algunos ya están condenados pero que yo sepa siguen cobrando del erario público).  El análisis en profundidad de lo que esto supone lo pueden encontrar aquí por nuestro coeditor Rodrigo Tena.

Últimamente además los exportamos a los organismos internacionales. Efectivamente, una nueva salida que han encontrado estos señores es ocupar la cuota española (y de paso la femenina) en organismos como el Banco Europeo de Inversiones. Como para estos cargos se necesita apoyo político del Gobierno, es una forma estupenda de pagar los servicios prestados, nada que ver estos sueldos con los que declaran sus Señorías como Ministros del Gobierno (habría que dedicar un post a esto, pero mientras tanto pueden leer el de NeG (aquí). Por ahora la última candidata es la Sra Salgado, pero antes ya hemos colocado a la ex Ministra de Fomento y Consejera autonómica sra Alvarez y a la ex Ministra de Igualdad Bibiana Aido, que yo sepa, aunque sin duda habrá más casos. Me refiero a estas tres señoras porque las tres, cada una en su nivel -que obviamente no es el mismo-  parece que han reunido los méritos para acceder a estos puestos más por la vía “interna” es decir, los méritos de cara al Gobierno -que es al fin y al cabo es el que tiene la capacidad de promover y apoyar su candidatura- que de cara a los ciudadanos, es decir, por la solvencia de su gestión. Por ejemplo, la Sra Salgado cuenta en su haber como Ministra de Administraciones Públicas con el “éxito” del Plan E, uno de los planes en que más dinero público se ha despilfarrado ya con la crisis encima  –y cito al propio Ministro de Industria aunque le echa la culpa a los Ayuntamientos y especialmente a Gallardón-

 Como Ministra de Economía y Hacienda su principal mérito fue, al menos hasta que comenzó la amenaza real de intervención de la economía española, el no poner demasiadas trabas al todavía Presidente del Gobierno.  Su valoración como Ministra de Economía y Hacienda no parece efectivamente que esa para tirar cohetes, si atendemos a este ranking del Financial Times

Es cierto que, como ciudadanos españoles, poco podemos hacer para impedir estas fabulosas promociones en los organismos internacionales, más allá de avisarles. Pero con respecto a las listas electorales podemos hacer bastante más. Como recordó nuestro coeditor Rodrigo Tena en su artículo sobre “Teoría  y práctica de la dimisión en España”, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pues en último término, somos nosotros los que votamos esas listas

Bildu: la vía al poder por la insumisión a la ley

Ya nos explicó Rodrigo Tena los extraños vericuetos por los que nuestros gobernantes han conseguido que Bildu esté en las instituciones, y que han supuesto de paso una exitosa y gratuita campaña electoral a su favor. A muchos ha sorprendido este éxito, que en Guipúzcoa ha sido arrollador. Pero gran parte de él tiene que ver con el peculiar, o, para ser más precisos, patológico funcionamiento del estado de Derecho, en esa porción de España donde el Nacionalismo vasco ha imperado largos años.

Recientemente han sido noticia algunos síntomas de esa patología, y que sólo una pequeña muestra de todo lo que vamos a ver en los años venideros. Con motivo de la retirada del retrato del Rey del salón de plenos del Ayuntamiento donostiarra alguien nos ha recordado el olvidado Real Decreto que establecía esa presencia simbólica como obligatoria. Pero lo cierto es que hace muchos, muchos lustros que esa norma jurídica ha sido incumplida por casi todos los ayuntamientos sin que haya ocurrido nada.

O el caso conocido de las banderas. El art. 3.1 de la ley 39/81, indica que “la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimiento de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. Sin embargo, esta ley es incumplida con la misma impunidad por la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos, y no sólo donde gobiernan los nacionalistas.

Hace pocos días conocíamos que el Delegado del Gobierno, actuando a petición de un particular, exigía a uno de los pocos alcaldes socialistas que han quedado en Guipúzcoa, el de Irún, que se izase la bandera en el ayuntamiento. Para conseguir que hiciera lo mismo el anterior Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, fue preciso hace unos meses nada menos que una sentencia judicial. Al parecer muchos socialistas han interiorizado lo suficiente esa idea, repetida por los nacionalistas hasta la sociedad, de que la exhibición de tales banderas, es decir, el cumplimiento de la legalidad, resulta una provocación que hiere sensibilidades de tendencias turbulentas, y de lo que por tanto conviene prescindir.

Pero como digo, la cosa viene de largo, de los allí turbulentos días de la transición. Pocos recuerdan aún que en las primeras elecciones democráticas de 1977 las fuerzas políticas no nacionalistas ganaron en la región por amplia ventaja, y que el nacionalismo sólo era una minoría, por importante que fuera. Eso es algo difícil de digerir por cualquier nacionalista. Para ellos un resultado electoral adverso, que refleje que una porción mayoritaria de la población no comparte su distorsionada visión de la realidad, de la historia, y de los valores que han de imperar en la sociedad, sólo puede interpretarse como un evidente error de esa porción de la sociedad, a la que habrá que reeducar debidamente. Muy claro lo explicó Sabino Arana.

El nacionalismo vasco, en sus diversas variantes, se puso manos a la obra. Era preciso eliminar la presencia de cualquier símbolo compartido con los demás españoles, singularmente la bandera, de cualquier signo exterior que pudiera mantener el cultivo sentimental de esa común pertenencia. Es evidente que para ello lo que establecía la ley sobraba. El PNV ni siquiera votó en contra en su día a la Ley 39/81. Se limitó a incumplirla.

Es cierto que se hicieron puntuales esfuerzos por restablecer la legalidad. Pero se encontraron con la fuerte y violenta reacción de las diversas fuerzas de choque del nacionalismo, encuadradas en una versión actualizada de las camisas pardas. El tradicional privilegio de los territorios forales durante el Antiguo Régimen para no cumplir ciertos decretos de la Corona bajo la fórmula formalmente respetuosa, “se acata, pero no se cumple”, revivió en una forma un tanto más radical. “Eso aquí, ni se acata ni se cumple”.

No deja de ser cierto que a que se perdiera ese decisivo pulso a favor de la legalidad contribuyó de forma importante un cierto sector de la izquierda no nacionalista, que en su confusión no exenta de consideraciones sentimentales seguía identificando esos símbolos comunes del Estado como vestigios del pasado régimen, a pesar de haber sido acogidos y “purificados” por los pactos de la Transición, y por el texto constitucional. Toda la simbología y el sentimiento antes generalizado de pertenencia a España tuvieron que esconderse en las catacumbas de lo muy privado y hacerse casi clandestinos.

Ese pulso no sólo se refirió a esos elementos simbólicos. Iba más allá. Se trataba de poner de manifiesto que la legalidad, de cualquier clase, sólo se admitiría si no contradecía ciertos principios, reglas y símbolos considerados como sagrados por el nacionalismo, y ello al margen de cualquier fuente de legitimación legal. Una violencia generalizada, muchas veces difusa y puntualmente expresa, consiguió así suplantar a los textos legales en la definición de lo que se podía y no podía hacer en la sociedad vasca. Y los regímenes totalitarios europeos del siglo XX ya nos enseñaron lo eficaz que esos métodos del terror pueden ser para controlar y dirigir la sociedad, especialmente cuando se cuenta con la activa colaboración de un sector militante de la sociedad debidamente alimentado de mitos y de sentimiento victimista, y se procede a señalar a los disidentes como traidores.

Y así hemos llegado, con diversos avatares, a la situación actual. Con la extensión del poder nacionalista, con su insuficientemente resistida toma de trincheras en todos los ámbitos de la sociedad, y con el sistema de sanciones y recompensas que han establecido, lo extraño no es tanto las mayorías que especialmente en su versión radical se han obtenido en Guipúzcoa. Sino que siga aún habiendo partidos no nacionalistas y gente que les vote en un medio tan hostil.

No faltan ingenuos irredentos que creen que ese mundo radical en algún momento se va a arrepentir de su sangriento y violento pasado, paso necesario a cualquier proceso de normalización verdadero. Yo me temo que se equivocan. Bien saben que sin ese pasado, sin ese efecto conseguido de la subversión de la legalidad y la imposición de sus propias reglas, en el que tantas generaciones han crecido, no habrían llegado hasta donde han llegado.

También es posible creer hoy, sin necesidad de sumergirse para ello en esa misma ingenuidad, que ETA no volverá a matar. De hecho, sería bastante estúpido que, con vista a sus objetivos, lo hiciera. Porque verdaderamente, ya no lo necesita.

 

No a la desobediencia civil… pero a la de todos

Hemos oído últimamente las indignadas voces de nuestros próceres recordándonos el intolerable proceder del movimiento 15M, indignados y afines al acampar sin pedir autorización para la ocupación de espacio público recordándonos el intolerable perjuicio que se hace a los sufridos comerciantes de la céntrica Puerta del Sol de Madrid, y no digo ya el intolerable proceder de quienes sitian a los sufridos y dignos representantes democráticamente elegidos de manera que tienen que acceder a los Parlamentos regionales  literalmente por los aires. Y tienen toda la razón, no seré yo como jurista la que niegue que hay que respetar las reglas de juego, es decir, el Estado de Derecho. Esto incluye respetar a las instituciones, respetar el ordenamiento jurídico, cumplirlo y hacerlo cumplir. Lo que es lo contrario a la desobediencia civil o a declararse en rebeldía pura y dura.

Pero dicho esto, la siguiente reflexión es ¿no debemos hacerlo todos por igual? o yendo un poquito más allá ¿no deberían hacerlo nuestros  líderes y gobernantes en primer lugar? Me refiero a lo de respetar el Estado de Derecho. Por aquello de que -por decirlo de forma pedestre- se supone que entra dentro de su sueldo. Además se supone que también deberían hacerlo por una obligación ética, o de salvaguarda del interés general, o de mirar más allá del cortísimo plazo, o por deferencia con el esfuerzo invertido por una generación de españoles en construir el Estado de Derecho que hoy se desmonta tan alegremente… aunque de un poco de rubor hablar de estas cosas.

Y sin embargo pensemos un momento: ¿respetan nuestros políticos el Estado de Derecho siempre o al menos casi siempre?

Por poner un ejemplo cualquiera, el President de la Generalitat  catalana se ha declarado numerosas veces en rebeldía. No solo éste, varios anteriores, porque se ve que va en el cargo lo de no respetar las leyes o las sentencias que no les gustan. Para los flacos de memoria, que siempre los hay, algún recordatorio: el Tribunal Supremo ya se puede hartar de dictar sentencias (sí, acuérdense, son jurisprudencia, vinculan a todos, empezando por los poderes públicos) sobre la enseñanza del castellano en Cataluña, los heroicos padres pueden pleitear y pleitear que da lo mismo.

Dirán, pero si es una noticia del ABC. Si, la peculiaridad catalana se extiende a que los medios de comunicación catalanes o catalanistas, o nacionalistas, o simplemente endeudados no suelen sacar este tipo de noticias. Pero eso es otro tema del que no vamos a tratar (por ahora) aquí.

Para que no digan que me baso en noticias de prensa, pueden encontrar una de las sentencias aquí. Su lectura es bastante clara y no ofrece ninguna duda . Para mayor facilidad, transcribo el fallo:

Ha lugar al recurso de casación deducido por la representación de Doña Marisol contra la sentencia desestimatoria de fecha 19 de diciembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección 5ª, en el recurso núm. 487/06 , deducido por aquella contra la Resolución de la Consejera de Educación de fecha 2 de mayo de 2006 que desestima las solicitudes presentadas por la actora en nombre de sus hijas, Leticia y Belén, estudiantes de 4º y 5º curso de Enseñanza Primaria en el Centro docente La Salle de Tarragona, respectivamente, de que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y de que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, la cual casamos y declaramos nula y sin valor ni efecto alguno.

Estimamos el recurso contencioso administrativo núm. 487/2006 interpuesto por la representación procesal de Doña Marisol deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por aquella en nombre de sus hijas, Leticia y Belén, estudiantes, respectivamente, de 4º y 5º curso de Enseñanza Primaria en el Centro docente Lasalle de Tarragona, para que la lengua castellana sea reintroducida como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean en lengua castellana, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite, que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano. No hacemos expresa condena en costas.”

¿Y que va a pasar entonces? Pues sí, lo han adivinado. No va a pasar nada, ya nos lo han explicado los consejeros de turno, en ese sentido da bastante igual que sean de este Gobierno o del anterior o del anterior. Ah, y al Gobierno “de España” (me encanta la coletilla en todos los anuncios institucionales, a alguna lumbrera le ha parecido que así se hace “país” más que con las instituciones)  no le “consta” que las sentencias se vayan a incumplir. A los que sí les consta es a los padres de los niños que siguen insistiendo porque se cumplan las normas en vigor en vez de tener que mandar a sus hijos a estudiar castellano en otra Comunidad Autónoma o en un colegio privado.

Otro ejemplo que viene del mismo sitio: la famosísima sentencia sobre el Estatut. Unos cuantos años de espera, el prestigio del TC dilapidado, la institución en estado de derribo… para que cuando sale al final la sentencia salgan los políticos diciendo que esto se arregla… pues incumpliendo la sentencia. Unos lo dicen más claramente, otros explican que la inconstitucionalidad del Estatut se arregla dictando otras leyes. Aquí reconozco que como jurista me pierdo un poco. Esto de modificar una Constitución por una ley se me escapa, aunque sin duda es por una limitación derivada de mi formación de Abogado del Estado (ya saben, nos enseñan cosas inútiles como que la Constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico, y no se puede modificar por normas de rango inferior, y además la modificación hay que hacerla por las vías previstas en la propia Constitución). Claro que si fuera tertuliana seguro que no tenía ningún problema en entender este y otros misterios de nuestra vida política.

La propia renovación del Tribunal Constitucional dilatada hasta la saciedad porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo en el reparto de cromos es otro ejemplo flagrante de desobediencia civil de nuestros representantes políticos, incluido el esperpento de la escenificación de las dimisiones de los Magistrados prorrogados para “forzar” a los partidos políticos a la renovación. Aunque no parece que les haya hecho mucha mella la presión, no me extraña a estas alturas ya tienen las conchas muy duras. Y si descendemos al triste caso de los Ayuntamientos de Bildu podemos hablar, si es que eso tiene algún significado, de la rebeldía o la desobediencia civil institucionalizada. Los propios Ayuntamientos convocan a los vecinos para que se manifiesten en contra de acatar las normas vigentes, me imagino que empezarán con las banderas y seguirán con la recogida de basuras, las tasas municipales o los autobuses.

Quizá después de todo lo de las acampadas “ilegales” no sea tan grave. O por el contrario, puede que sea gravísimo. Porque los políticos que se saltan las normas y las instituciones lo hacen porque tienen muchos votos detrás, y una vez que tienes los votos, que te echen un galgo. Pero en las acampadas y manifestaciones también hay mucha gente que puede creer lo mismo. Es decir, la justificación para saltarse el Estado de Derecho basado en el número de gente que te vota no está tan lejos de la justificación para saltárselo basándose en el número que se manifiesta en la calle.

Entre el optimismo y el pesimismo

Los jóvenes y no tan jóvenes de edad, aunque sí de sentimientos, que estos días salen a la calle reivindicando una “democracia real ya” en nuestro país, son –y no es poca cosa- el exponente más actual de una disidencia cada vez más profunda respecto a las pautas que marcan el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad. Sería un error creer que esa disidencia o protesta va dirigida exclusivamente contra la llamada “clase política”  y sus formas de actuación. El hecho de que los políticos (y los banqueros) se conformen prioritariamente como blanco del reproche social que se manifiesta estos días, no es más que la consecuencia de la necesidad que tiene todo movimiento de opinión de buscar un referente al que imputar de manera simplista y sin mayores consideraciones de razón los males que según ese estado de opinión afectan genéricamente a la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, las miles de personas que hoy se sienten indignadas en España se conforman como un claro ejemplo en favor del optimismo revolucionario. Por fin, se dirá, el pueblo ha despertado después de tantos años de letargo y empieza a exigir algo tan elemental y vital para la propia saludad del sistema democrático como es la exigencia de una conexión más directa, abierta y transparente con sus representantes políticos.

 El lema “democracia real ya”, al menos de momento, no pone en cuestión el sistema de democracia representativa, sino más bien, el anquilosamiento e incluso desvalorización de muchos de los instrumentos de participación política propios del sistema democrático. No es suficiente con ejercer el derecho de voto cada cuatro años; es preciso además que elijamos a nuestros representantes mediante listas abiertas,  o que exijamos que el funcionamiento interno de los Partidos políticos  se rija por reglas democráticas. El lema guerrista de que “el que se mueva no sale en la foto”, no es más que una manifestación paradigmática de los aires totalitarios que rigen la vida partidaria y que, sin duda, trascienden luego a la vida política ordinaria  en todos los órdenes (disciplina férrea de nuestros representantes a las consignas del Partido y no a las demandas fundadas de los representados o a los fines de las instituciones). Y no es que se propugne la conveniencia de un mandato imperativo para nuestros representantes políticos, pero sí al menos que estos no actúen como auténticos mandatarios de determinados grupos de poder que en su actuación defienden muchas veces prerrogativas contrarias al interés general.

En definitiva, en el movimiento de los indignados/as hay motivos para el optimismo en cuanto dicho movimiento puede suponer una reconsideración de muchas de las prácticas malsanas que hoy afligen a nuestro sistema democrático.

Sin embargo, también hay motivos para el más negro pesimismo. Y no tanto porque las reivindicaciones que hoy se plantean se queden en humo por la pesada carga que siempre supone renunciar a los privilegios alcanzados, como por el hecho de que en nuestra sociedad está muy enraizada desde el punto de vista cultural la falta de respeto al espíritu de la ley. Por citar un ejemplo significativo, cuando se afirma que nuestro Tribunal Constitucional no es independiente porque sus miembros son elegidos por los Partidos políticos, se ignora o se prefiere ocultar la verdad, que no es otra,  en mi opinión,  que la de aceptar que la independencia la exige la ley pero la da la naturaleza, la educación y el ejemplo reiterado de actuación de las personas sobre la base de la libertad. El problema, por consiguiente, no está tanto en quien elija a los magistrados, sino en si estos son auténticamente independientes en su actuación frente al cualquier poder, quedando exclusivamente sometidos a la ley y al Derecho.

 Empezando por los funcionarios docentes universitarios en sus prácticas de cooptación de nuevos funcionarios, y terminando por los que cobran la prestación por desempleo mientras realizan un trabajo en la llamada economía sumergida,  el panorama  que se nos presenta es demoledor. Son pocas las expectativas para el optimismo. Y mucho me temo que el futuro inmediato no va a ir por la vía de la regeneración de algunos valores hoy claramente pervertidos, sino más bien, por la afirmación de que una cosa es lo que dice la ley y otra bien distinta cómo se aplique. Y así nos va…

¿Cómo reformar el sistema político cuando los únicos que tienen capacidad para hacerlo carecen del menor interés en ello?

Nuestro editor Rodrigo Tena reflexiona sobre esta compleja cuestión  en “Una pregunta incómoda”, artículo publicado hoy en el diario El Mundo. Si desea leerlo, entre en este post. Leer más

Cómo incentivar que los políticos trabajen para la sociedad.

Los resultados, repetidos machaconamente, por los barómetros del CIS y los diversos grupos de indignados (estén o no encuadrados en el movimiento 15 M pues no es Sol todo lo que reluce) parecen indicar algo obvio: la sociedad española no está contenta con sus políticos. Cabría sostener que esto ocurre en todos los países democráticos (donde por cierto la abstención es en ocasiones mucho mayor que la española) pero ello no puede servir de coartada ni justificación, primero porque el grado de desafectación en España parece creciente, segundo porque carecemos un diagnóstico serio de las causas, y tercero porque mal de muchos, consuelo de…|

En este post, sin embargo, vamos a concentrarnos tan solo (por razones de espacio) en plantear un posible cambio de paradigma en el que se introduzcan algunos inventivos que “fuercen” a los políticos a trabajar para la sociedad y no para sus partidos o intereses particulares/electorales. Con esto no queremos decir que todos los políticos los necesiten pues algunos tienen real vocación de servicio público, pero se trata de contrarrestar los casos (crecientes) de políticos incompetentes, corruptos o simplemente caraduras, lo que contamina la imagen de toda la clase política.

El problema de plantear incentivos para políticos y cargos públicos, ligados por ejemplo a la eficacia y transparencia de su gestión, es la dificultad de su medición y de encontrar índices objetivos para todos. Por tanto, como alternativa proponemos unir salarios (su aumento, congelación o reducción) de cargos políticos a beneficios y productividad. Pero ¿cómo medir esto en un diputado o concejal, e incluso consejero o ministro? ¿Bastarían los resultados de unas elecciones que se celebran cada cuatro años para validar o no la productividad de un cargo político? ¿Podría unirse su salario al incremento o reducción del IPC como el resto de asalariados? Tal vez, pero quizás cabe considerar que los políticos influyen de manera más directa que otros en la marcha de la economía con sus propuestas, decisiones, omisiones y medidas. Habrá quien diga que esto no es así, que la economía depende de las empresas y trabajadores y no tanto de los políticos, pero entonces ¿por qué cambiamos de gobierno?, ¿por qué sube o baja la bolsa en relación a medidas políticas?, ¿o por qué un país y su economía cambian de signo cuando cambia de gobierno? Entonces si el marco regulatorio, unas instituciones serias y de prestigio y un buen gobierno son fundamentales para que la economía de un país funciones ¿por qué no unir el salario de los cargos políticos con el crecimiento de la economía que consiguen con su labor o con el déficit público que producen (inversamente)? Esto es, si no consiguen con su labor que la economía crezca, su salario tampoco lo haría, y si el déficit se incrementa su salario podría decrecer.

Por ejemplo, si el sueldo de los cargos políticos (representantes y gobernantes) de los tres niveles quedara “congelado” (lo que implica de hecho una reducción anual y acumulativa debido a la inflación) hasta que sus respectivos territorios crezcan más del 2% (cifra a partir de la cual se crea empleo en España) conseguiríamos varias cosas:

-reforzar la motivación de todos los partidos políticos para conseguir mejorar el crecimiento de la economía.

-verdadera solidaridad entre políticos y sociedad

-no caeríamos en el populismo de otras medidas generalizadoras

-sería verdaderamente novedoso y supondría equiparar sector público con sector privado ya que, en términos políticos, los beneficios se cuantificaría con el nivel de empleo y riqueza que se consigue para la sociedad.

En definitiva, se trata de extrapolar criterios que se aplican (o al menos deberían aplicarse también en España, cosa que en algunos casos está por ver, pero esto es otra historia) en el ámbito de las grandes empresas y corporaciones. Ciertamente, todo es discutible y esta propuesta también, pero mejor un mal criterio que ninguno y en todo caso es algo que se debe estudiar dados sus efectos potencialmente revolucionarios y de cambio de paradigma. Tal vez nuestros amigos de Nada es gratis podrían aportar su opinión sin duda más rigurosa que la mía al respecto. Ahí queda el guante.

 Por cierto, ¿qué hubiera pasado si el pepino hubiera sido francés? Pues que, incluso con las mismas reglas, la doble vara de medir mostraría su vigencia.

De la chocolatada del loro: reflexiones sobre oficinas de expresidentes regionales y otras historias de despilfarro.

El título del post se refiere a unas simpáticas excursiones que hacíamos en mi infancia las amigas del verano para organizar gigantescas chocolatadas al aire libre, pero también a la conocida frase “esto es el chocolate del loro” con que nuestra casta política intenta convencernos de que no hay que reparar en gastos tan nimios como oficinas suntuosa, coches, trajes, comidas, aviones y AVES en preferente, y en general todo tipo de gastos de representación o protocolo, por extravagantes que sean, con cargo al contribuyente|. Resulta prioritario recortar otros gastos que realmente si son de cuantía importante… pero el problema es que esas otras gastos ya se refieran a inversiones, subvenciones o sueldos suelen ser bastante más complejas de recortar, cuando no resulta que, al final, acaban también por ser el chocolate del loro. Conclusión, que estos gastos no se recortan ni aún en época de crisis, y si no vean sus cifras de crecimiento, especialmente en los ámbitos autonómico y local, porque los loros autóctonos se ve que le tienen mucha afición al chocolate y son muy remisos a la dieta.  Y cuando luego hay que recortar algo por imposición de “los mercados” o los socios del euro se acaba recortando linealmente los sueldos de los funcionarios, las inversiones…o los servicios públicos como en Cataluña. Pero resulta que el loro, o para ser más exactos, nuestros políticos se siguen tomando su chocolate como si nada.  Eso sí, en las tomas de posesión ya no dan canapés, pero los altos cargos vienen todos en coche oficial.

Después de esta introducción un poco contundente porque es domingo y estoy escribiendo para el blog, quiero hacer una serie de reflexiones sobre este tipo de gastos de representación que se han multiplicado estos últimos años.

La primera, que todos esos gastos en despachos, arreglos de despachos, coches, despachos, comidas, viajes, etc realmente suponen cantidades relevantes de dinero para el erario público. No son el chocolate del loro, son cantidades importantes sobre todo en términos de presupuestos municipales y de consejerías. Aunque reconozco que yo, lo mismo que ustedes, me entero de su existencia y, con suerte, de su importe por la prensa. Pero no dudo de que lo que aparece en la prensa es la punta del iceberg, dada la opacidad que reina en esta materia, no vaya a ser que al final resulte que a la gente de a pie le parezca inverosímil lo que puede costar el chocolate del loro. Por ejemplo, la remodelación del Palacio de Correos de Madrid a mayor gloria del Alcalde cuando el municipio de Madrid tiene una deuda astronómica y tarda meses en pagar a sus proveedores, eso cuando no les impone rebajas a capón para poder cobrar. La remodelación ha costado seis años de obras y 124,6 millones de euros según esta noticia.

Claro que también nos acabamos de enterar que en Madrid cada concejal del Ayuntamiento coche y medio por cabeza, el propio y el de incidencias.

La segunda, a mi juicio estos gastos de representación son muy fáciles de recortar porque, salvo demostración en contrario -que debería por cierto corresponder al gestor público, no son gastos necesarios ni esenciales para el buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque al cargo en cuestión le pueda parecer otra cosa. Precisamente por eso, porque son gastos de representación o institucionales. Por ejemplo, los coches oficiales son una muestra de “status”, lo mismo que un despacho muy representativo. Los coches, por ejemplo, sirven básicamente para trasladar a los cargos públicos a reuniones, eventos, inauguraciones, cortes de cintas y saraos variados. Eso, en el mejor de los casos, porque ya sabemos que también sirven para recoger niños, hacer compras, hacer excursiones o para cualquier otra actividad digamos “privada”.  Los despachos representativos son más bien para recibir que para trabajar, aunque hay que tener en cuenta que cualquier cargo público que se precie no trabaja en el sentido ordinario que esta palabra tiene, ya que lo que hace es dirigir o representar.  Y no digamos ya los excargos, alguien debería explicarnos que es lo que hacen estos señores que justifique sus gastos de representación, como en el caso del ex Presidente de la Junta de Extremadura.

En cuanto a los viajes, especialmente los viajes en preferente, tampoco parece difícil recortarlos, si partimos del dato de que un gasto de este importe solo se justifica excepcionalmente cuando el viaje es a un sitio muy lejano y se va porque realmente es imprescindible ir. Pero quizá lo más interesante es saber por qué nuestros cargos electos viajan continuamente, especialmente los autonómicos y locales, a cargo del contribuyente cuando al menos teóricamente hay un montón de cargos y funcionarios estatales dedicados específicamente a las relaciones internacionales.

Podemos hablar también de los despachos que se arreglan incesantemente o de las mudanzas caprichosas que son el pan nuestro de cada día y que son muy costosas, en tiempo y en dinero. También de las que obedecen a remodelaciones caprichosas de gobiernos autonómicos o locales, fusiones, escisiones, cambios de organigrama que llevan consigo un trasiego continuo de personas y de despachos. Cuestan buenos dineros a los contribuyentes y poco consuela pensar que es para que nuestros representantes ejerzan sus responsabilidades en el marco más agradable posible. Podemos seguir con comidas, regalos institucionales, gadgets tecnológicos de última generación para directivos siempre pagados por los contribuyentes…y así hasta el infinito.

La tercera reflexión, que ya aparece implícita en la anterior, es que cualquier gasto que no es necesario para el ejercicio de una función pública, aunque pueda serlo para el bienestar personal de quien la ejerce, es superfluo y  suntuario y puede y debe de ser recortado si no eliminado directamente. Sobre todo en época de crisis. Ya se que suena arcaico y hasta produce cierto pudor hablar a estas alturas de ética y decencia, pero es que estamos hablando de eso.  Los ciudadanos estamos haciendo muchos sacrificios, así que parece razonable que nuestros políticos hagan también alguno, sobre todo cuando esos sacrificios no comprometen en absoluto el desarrollo de sus funciones, aunque puedan resultarles incómodos o simplemente –en su imaginario al menos- hacerles perder cierto “nivel” o “prestigio”. Pero creo que se compensaría con creces con la recuperación de la idea básica de que son servidores de los ciudadanos, cuyos intereses y cuyo dinero gestionan, y que precisamente por eso deben de ser especialmente cuidadosos. Y fíjense que no estamos hablando de sueldos sino de símbolos de status, tarjetas, coches, despachos,  viajes, regalos, etc que funcionan en la práctica como “retribuciones en especie” de los políticos y los directivos públicos, valga la expresión, y eso en el mejor de los casos.

La cuarta reflexión, un poco más jurídica, es que no es de recibo refugiarse, como han hecho los portavoces del PSOE en el caso paradigmático de los disparatados gastos de la oficina del Ex presidente Ibarra, en la legalidad de estos gastos, dado que hay una norma que los permite,, en este caso nada menos que una Ley autonómica aprobada a propuesta del Ex presidente saliente que se iba a beneficiar de ella. A mí, como jurista de cierta edad, me enseñaron que una Ley debiera de ser algo más que una norma que aprueba una Asamblea regional para  beneficiar a un señor concreto a propuesta de ese mismo señor concreto. Esto es la Ley digna de tal nombre tiene que tener carácter general y no por particular. Ya hemos denunciado innumerables veces en este blog la degradación de nuestras Leyes, particularmente de las leyes autonómicas, pero también de las estatales. Es sin duda es una de las características más preocupantes  de la decadencia de nuestro Estado de Derecho. Pero es que además la Ley 3/2007 de 19 de abril, por la que se regula el Estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura (por cierto, no he encontrado el texto, la búsqueda de la legislación autonómica en el buscador de la Asamblea no es fácil) tampoco ha establecido la “barra libre” para los gastos de esta oficina. Esta decisión ha sido sobrevenida, habiendo sido la Mesa del Parlamento regional, controlada por el PSOE, la que ha permitido esa barra libre, al menos si hacemos caso de las noticias que se están publicando en la prensa.

Tampoco me parece de recibo que se nos diga que al Tribunal de Cuentas (no sé si es el autonómico o el de verdad, por cierto) no ha encontrado problemas en las facturas, ya que supongo que como mucho habrá comprobado la existencia de las mismas a nombre de la Junta y los conceptos (tengan en cuenta que no siempre hay facturas ni los conceptos se corresponden con los gastos de representación, ni siquiera entendidos en el sentido más amplio posible)  o que el escándalo que se monta es “interesado”, o que otras autonomías hacen lo mismo, o que es una conjura mediática de la ultraderecha contra un Ex presidente ejemplar. Si estas cosas pueden estar pasando a estas alturas de 2011 sin que nadie diga nada hasta que las noticias saltan en la prensa, con origen en una Ley de 2007 de cuya existencia nos enteramos ahora, realmente tenemos un problema de opacidad y de falta de transparencia en relación con estos gastos muy grave. Y de nuevo la pregunta del millón ¿para qué necesita un  ex Presidente de un Gobierno regional una oficina,  personal, coches y gastos adicionales pagados por todos? Se me ocurre que la contestación no es tanto para hacer lobby a favor de la Junta sino para hacer lobby a la Junta. Y sobre todo, para mantener un status sin el cual al parecer ya no le resulta posible vivir.

Eso sí, de algo ha servido todo el ruido mediático porque parece que el ex Presidente se va a tomar  unas vacaciones y va a dejar su reluciente oficina vacía. Con la inversión ya hecha, claro.

De alacranes y faisanes

Con este post quiero abandonar por un momento la espesa floresta autonómica y adentrarme en un terreno ignoto con la finalidad de explorar la todavía más peligrosa fauna estatal. De las muchas especies venenosas que pululan por este habitat, lleno de secretos y misterios, vamos a escoger hoy como objeto de estudio el caso Alakrana y el caso Faisán. Quizá a alguien le pueda parecer que apenas hay nada en común entre el traicionero alacrán y el vistoso y suculento faisán. Se equivocaría completamente: les une como común denominador una concepción de la política que hace prevalecer los fines (a corto plazo) sobre los medios (cualesquiera que sean) y, en consecuencia, un completo desprecio por las reglas del Estado de Derecho.|

El caso Alakrana hace referencia al secuestro de un buque atunero del mismo nombre por piratas somalíes en octubre de 2009. Tras cuarenta y siete días en poder de los piratas el buque fue liberado tras pagar un rescate de unos cuatro millones de dólares. Como durante el secuestro los militares españoles detuvieron a dos de los secuestradores, el asunto terminó en la Audiencia Nacional. En su sentencia condenatoria, la Audiencia considera que en el juicio quedó “demostrado sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes”. Tanto el Presidente del Gobierno, como la entonces Vicepresidenta, como las ministras de Exteriores y Defensa, negaron categóricamente dicha circunstancia, lo que resulta lógico, pues la Administración no puede legalmente pagar rescates. Por si hubiera alguna duda el propio ministro de Justicia lo dejó meridianamente claro en este video que se puede consultar aquí.

Recordemos ahora el caso Faisán. En el mes de mayo de 2006, unos meses después del inicio de la última tregua de ETA, uno de los miembros de la trama de extorsión de la banda, propietario del bar Faisán, recibe una llamada telefónica por la que se le alerta de una inminente redada ordenada en el marco de una investigación dirigida por el juez Garzón. Según se deduce de documentos posteriormente incautados a la banda referentes a las conversaciones que entonces existían con el Gobierno, se había acordado que este último haría  lo posible para paralizar las detenciones mientras la negociación estuviese en marcha. El Gobierno lo ha negado, así como cualquier implicación en el caso, como vuelve a ser normal, pero las investigaciones realizadas por el juez Ruz no dejan lugar a muchas dudas. Alguien muy próximo a Rubalcaba ordenó hacer esa llamada.

Vemos entonces que en ambos casos nos encontramos con una negociación con delincuentes en donde el Gobierno decide actuar al margen de las normas (al menos en opinión de los jueces) en consideración a razones políticas que, precisamente por ese secretismo, nadie discute ni debate, ni, en consecuencia, pueden articularse a través de instrumentos jurídicos.

¿Es bueno pagar rescates a los secuestradores para salvar la vida de unos marineros? ¿Conviene hacer alguna concesión a un grupo terrorista en el marco de una negociación dirigida a su disolución? Son sin duda cuestiones políticas muy relevantes que merecerían ser discutidas, pongamos, en el Parlamento. Pagar rescates tiene el inconveniente de que tus ciudadanos se vuelven más vulnerables que los del país que no los paga (al menos así lo entiende Francia). Entorpecer detenciones para favorecer la negociación no parece tener mucho sentido cuando la estricta aplicación de la Ley estaba dando muchos frutos. Pero, en cualquier caso, todo es discutible. No quiero entrar en el tema político de fondo, aunque supongo que cada uno tendrá su opinión al respecto, porque ese fondo no es la cuestión. Lo que merece destacarse es que en España nos parezca casi normal que los arcana imperii y la razón de estado llegue a estos extremos. Si se quiere seguir esas opciones, que no por discutibles son menos legítimas, lo procedente es ir al Parlamento y pedir la preceptiva autorización. De esta manera se respetan las instituciones y el Ordenamiento, y de paso se consigue que el Estado funcione como un todo de manera armónica. Pero, si por razones más partidistas que estrictamente políticas, nos saltamos las reglas y los procedimientos, entonces pasan cosas tan surrealistas como las que ejemplifican esos casos, y vemos como los jueces se ven obligados a investigar irregularidades, por no decir delitos, cometidos por otros órganos del Estado.

Además, como la investigación judicial de estos temas tan delicados le resulta muy  desagradable al poder ejecutivo, hace lo posible por desactivarla, presionando a los jueces y mangoneando todo lo posible, lo que incluye utilizar al Ministerio Fiscal a tal fin si resulta necesario. Por otra parte, la judicializacion de estos asuntos suele terminar con la imputación y procesamiento de los funcionarios que pasaban por ahí (como acaba de ocurrir en el caso Faisán), dejando al margen a los que tomaron las decisiones y, sobre todo, soslayando la responsabilidad política de estos últimos, de la que nadie se ocupa.

El ejemplo transmitido por todo ello a la ciudadanía es deprimente: se dice una cosa y se hace otra, se prescinde de las reglas cuando se considera conveniente, se hurta el debate si compromete demasiado y, sobre todo, se exonera uno de cualquier responsabilidad si las cosas terminan saliendo mal. La conclusión es que este concreto hábitat de nuestra rica y diversa fauna estatal no es precisamente un modelo de funcionamiento democrático.

Primarias con candidato único. Reflexiones sobre la falta de democracia interna en los partidos políticos.

A la vista del espectáculo, no por previsible menos lamentable, que ha ofrecido esta última semana el PSOE a raíz de los resultados electorales y de la elección de su próximo candidato a las elecciones generales, querría hacer unas pequeñas reflexiones sobre la falta de democracia interna de nuestros partidos políticos en general y sobre las graves consecuencias que esta conlleva para el funcionamiento de la democracia en España.|

No se trata tanto de detenerse en el caso concreto del PSOE, que bastante atención mediática ha obtenido esta semana en detrimento de problemas mucho más graves y urgentes para los ciudadanos españoles. Efectivamente, estas jugosas maniobras de pasillo que nos han relatado tan prolijamente tienen, sin duda, su interés para los “insiders”, ya se trate de afiliados, candidatos, aspirantes a candidatos o periodistas de salón, pero bastante menos para los sufridos ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. Como siempre, se ha hablado de personas y nada de programas, proyectos o soluciones. Pero en fin, volvamos al Derecho que es de lo que trata este blog.

Recordemos que nuestra Constitución concede una importancia fundamental a los partidos políticos, señalando en su artículo 6  que: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

No obstante, solo hace una breve referencia a la exigencia de democracia en su estructura interna y funcionamiento. El desarrollo de estos requisitos y de sus correspondientes garantías queda para un desarrollo normativo posterior, en este caso la actual LO 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Pero lo cierto es que esta norma tampoco es muy extensa ni demasiado concreta en este punto. De hecho, el art.6 de la Ley de Partidos Políticos repite lo mismo que dice la Constitución estableciendo que “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.

Pero ¿Cómo se garantizan estos principios democráticos? Pues básicamente según el art.7 de la Ley mediante una estructura interna y un funcionamiento “democráticos”.

Los párrafos 2º,3º, 4º y 5º de este artículo concretan la cuestión algo más, aunque el que el párrafo empiece con la famosa coletilla “sin perjuicio” (de la que ya les he hablado en otro post) da que pensar. Efectivamente lo que ocurre es que en este tema de la democracia interna van a primar las normas internas de los partidos (estatutos o reglamentos) sobre lo que establece la propia Ley.

“2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.”

 Como pueden ver, más allá de lo que establezcan los estatutos o reglas internas de funcionamiento en virtud de esa capacidad de autoorganización o autorregulación que la Ley concede tan generosamente a los partidos, la únicas reglas no modificables estatutariamente se refieren a la existencia de una asamblea general del conjunto de los miembros como órgano superior de gobierno del partido y al requisito de que los órganos directivos de los partidos, sean estos los que sean, tengan que ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

No hay nada más, es decir, no hay más criterios ni más garantías para la democracia interna, por lo que para concretar ese funcionamiento democrático hay que acudir a los Estatutos y demás reglamentos y norma internas de funcionamiento de los partidos políticos existentes en España.

También llama la atención la ausencia de consecuencia alguna para el caso de incumplimiento de estas reglas de funcionamiento democrático, lógica por otro lado, dada lo genérico del concepto.

Me perdonarán que, siendo fin de semana, me haya dado pereza leerme  Estatutos de los partidos políticos que existen en España. En cualquier caso, no me extrañaría que todos contengan normas más o menos democráticas de funcionamiento, es decir, que respeten al menos formalmente el que los cargos sean elegidos por los afiliados en sufragio directo y secreto. O a lo mejor no. Pero lo grave es que me temo que eso da bastante igual: en la práctica las cosas pueden ser muy distintas. Las primarias del PSOE con un solo candidato “oficialista” son un ejemplo más de lo fácil que resulta en nuestra democracia respetar las formas y obviar el fondo al que se supone que dichas formas sirven. Porque sinceramente ¿para qué hacer elecciones primarias si solo hay un candidato?  ¿Qué debate hay entonces sobre ideas y programas? No parece un buen sistema no ya para garantizar la democracia interna, sino para generar una mínima regeneración (o autocrítica) de programas, ideas o proyectos y no digamos ya de personas.

Para concluir estas reflexiones, parece que, como mínimo para garantizar una auténtica democracia interna “real” (ahora que el término está de moda) tendría que existir algún tipo de debate respecto a la selección de los candidatos, tanto a los que vayan a presentarse a un proceso electoral como de los que vayan a ocupar puestos en el “aparato” u organigrama del partido. Idealmente mediante el voto directo de los militantes y en función de un debate entre candidatos en el que lo relevante sea su discurso, su programa y sus posibilidades de ganar unas elecciones, y no su mayor o menor apoyo por parte del aparato del partido. Esto por no hablar de las trabas consistentes en imponer un elevado número de avales, o de otras menos explícitas como las presiones a diestro y siniestro para evitar candidaturas alternativas Un proceso de este tipo creo que tendría bastante más intereses para los militantes, electores y  ciudadanos en general y resultaría bastante  más lógico que se cubriera con minuciosidad por nuestros medios de comunicación. Medidas como la limitación de mandatos podría ayudar también, y evitaría esta gerontocracia política que lleva décadas sentada en los cargos, ya sea en los Parlamentos, aparatos del Partido, cargos autonómicos y municipales o hasta “cargos” de la oposición, por no hablar de los eternos candidatos.

¿Ciencia ficción? Puede ser. Pero esto de las primarias con candidato único me reconocerán que interés, poco.

La Ley mordaza

 

Hace unos días pensamos que un buen tema para reflexionar en esta jornada de reflexión podría ser la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General realizada por la LO 2/2011 de 28 de enero. Por un lado, porque trata precisamente de un tema electoral y, por otro, porque su aprobación contó con un consenso raras veces visto en nuestro país, pues resultó aprobada con los votos a favor del PSOE, PP, CiU y PNV. ¿Qué mejor tema, entonces, para celebrar la fiesta de la democracia, como dicen los cursis? El problema es que después de leer la Ley nos surgió la duda de si podríamos ser multados si nos pasábamos un poco de críticos. Pero bueno, como todavía no somos una televisión (todo llegará) nos hemos atrevido.|

El nuevo art.66.2, dictada por nuestra clase política con la manifiesta y loable intención de garantizar el pluralismo político y social, tan preocupada ella siempre por ese pluralismo, dice textualmente:

Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente.”

Es decir, en primer lugar se impone por ley a un informador privado la obligación de respetar los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad.

Ya de entrada no parece algo muy defendible. Se supone que un medio informativo en una sociedad libre tiene derecho a informar como le de la gana e, incluso, si lo considera conveniente, a apoyar expresamente a una de las opciones en liza, lo que, por cierto, es extraordinariamente frecuente en el mundo anglosajón.

Pero hay más, fijémonos que no se va a dejar la valoración del cumplimiento de esos principios al propio medio informativo (noooo, que alguno se puede desmandar), sino que deben seguirse las instrucciones concretas de un organismo público, la Junta Electoral competente.

Se supone que un sistema donde haya verdadera libertad de prensa se basa en el principio fundamental de responsabilidad del medio, pero no, aquí vamos a vigilarles muy de cerca, como el Gran Hermano, y dárselo todo bien mascadito, que hay mucho irresponsable.

Pero por si acaso ni siquiera así pillan la idea, los partidos  prohíben a la televisiones privadas meter sus cámaras en los mítines, para ahorrarles costes claro, no por otra cosa, y enlatan los momentos álgidos de sus líderes (sí, lo que ven ustedes en televisión son sus mejores momentos), aquellos en que consiguen pronunciar un par de frases de impacto de manera coherente seguidas de aplausos enfervorizados, para que las televisiones privadas los difundan de manera obligatoria.

Pero todavía queda lo mejor. El art. 67 añade que:Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones o coaliciones que se presenten a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, la Junta Electoral competente tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes”.

Es decir, esas “noticias” enlatadas (más bien propaganda) se deben difundir asignando a cada lata un determinado número de minutos en función de los resultados que hayan obtenido en las elecciones anteriores del mismo género, por lo que resulta prácticamente imposible informar de los actos de los partidos que no tiene representación por la sencilla razón de que nunca se han presentado antes.

Claro, que peor están las cosas en las públicas, las que pagamos todos los españoles. Además de todo lo anterior, según el art. 61, también la distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes.

Asimismo, el art. 62 establece interesantes conexiones entre el ámbito territorial del medio o el de su programación y el de las elecciones convocadas, de manera que si el ámbito del primero (léanse teles o medios autonómicos o locales) fueran más limitados que el de la elección convocada, la distribución de espacios se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las circunscripciones comprendidas en el correspondiente ámbito de difusión o, en su caso, de programación. Adivinen quien no va a salir nunca y quien va a salir más. Y porqué son tan interesantes para los políticos (aunque ruinosos para los contribuyentes) los medios autonómicos, las teles en particular.

En fin, hay mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. Los interesados en el detalle pueden consultarlo aquí,y la reacción de la FAPE aquí.

Para concluir, comentar simplemente que nos hubiera gustado que esos cuatro importantes partidos se hubieran puesto de acuerdo para otra cosa, como, por ejemplo, para la reforma del Senado o del Estado autonómico, pero no, ese es un juego de suma cero y la posibilidad de acuerdo imposible. En cambio, repartirse los medios públicos y privados entre ellos es un win-win, especialmente si por el camino nos dejamos el pluralismo político de los demás. Ahí el acuerdo siempre es posible, como ha quedado demostrado.

¡Feliz jornada de reflexión!

El consenso como pretexto

La idea del consenso -en sí misma loable y positiva- se ha devaluado en las democracias occidentales por el uso que los políticos han hecho de ella. En muchas ocasiones, han pervertido su esencia. No han utilizado el consenso para acordar las grandes líneas de las políticas de Estado, y sustraerlas así al debate partidista, manteniéndolas estables en el tiempo. Por el contrario, lo han convertido en un pretexto para la inacción.

Las democracias se articulan en torno al principio de división de poderes y al juego de las mayorías. No de la unanimidad, ni del consenso. Sí de las mayorías, a veces reforzadas, y en todo caso del respeto a los derechos de las minorías y, en general, de los ciudadanos todos. Si en ese marco de juego se producen consensos, tanto mejor. Sobre todo, en algunos grandes temas (política exterior, educación, terrorismo, etc.) donde por su especial trascendencia debería buscarse con denuedo, y sería deseable que, una vez logrado, no se rompiera después por intereses electoralistas. Sólo se puede probar si se rompe lo que luego se puede soldar, decía el clásico. Y, a veces, no es tan fácil recomponer la confianza exterior o el rumbo de una nación.

Pero el consenso no es, en rigor, un fin en sí mismo, sino un medio -alternativo al juego de las mayorías- a la hora de adoptar decisiones. Lo que de verdad muestra el talento de un político no es el uso de ese medio -el consenso- sino su capacidad efectiva para integrar las fuerzas divergentes de la sociedad, esto es, el resultado -la cohesión social-. Por eso dice Ortega que toda auténtica política postula la unidad de los contrarios.

Hoy, sin embargo, la idea del consenso se ha entronizado hasta tal punto que en ocasiones se valora más una decisión adoptada por consenso, aunque no favorezca la cohesión social y la prosperidad de la nación, que viceversa. Si no hay consenso, se evita tomar la decisión o hacer la reforma, por muy necesaria que ésta sea. El consenso diluye la responsabilidad entre más actores. La ausencia de consenso, la concentra: de ahí su peligro para el gobernante. Por eso, cada vez se extiende más la indolencia entre los políticos, que no se atreven a adoptar las decisiones necesarias, incluso imprescindibles, cuando son impopulares, si no se toman por consenso. Se parapetan en éste por cobardía, por puro cálculo electoral.

La exigencia del consenso, esto es, del concurso de los partidos de la oposición, de los sindicatos, de los empresarios, no responde a un propósito integrador, magnánimo. Nada más lejos. En esa actitud lo que subyace es un espíritu pusilánime. Por esa vía, se trata de amordazar a la crítica puesto que si las decisiones impopulares se adoptan por consenso, la opinión pública no lo “pagará” solo con ellos, los gobernantes. También lo hará con la oposición que, de ese modo, no podrá sacar rédito político de las decisiones polémicas adoptadas, y sufrirá el mismo desgaste -o casi- que el gobierno. La disputa política ante la opinión pública quedará en tablas. No habrá grandes perjuicios en la intención de voto.

Actuar de ese modo no es gobernar. Gobernar es asumir la responsabilidad y tomar, con valentía y con coraje, las decisiones que convienen al interés general, gusten o no, desgasten o no a quienes las toman. Querer agradar a todo el mundo cuando se toman decisiones –políticas, empresariales, o familiares- no es realista, sino propio de gente pusilánime, insegura. Además, nunca se consigue plenamente. Hay que huir del maniqueísmo y subrayar que quien actúa guiado por el interés general también alberga en su intención el íntimo deseo de agradar a todos, al bien común. Pero sabe que para ello, a veces, hay que sacrificar intereses particulares y que, por tanto, no se agradará siempre a todos puesto que habrá daños colaterales en unas u otras de las decisiones adoptadas o de los sujetos afectados.

La grandeza de la política o, por decirlo de otro modo, lo que hay de valioso en un político es su capacidad para adoptar, sin demora, las decisiones pertinentes en busca del interés general sin esperar nada a cambio. Ni siquiera el aplauso de la opinión pública. La recompensa se halla en la sensación del deber cumplido, en haber hecho lo que importaba al interés general y al futuro de su nación. De ahí la condición ascética y servicial del político verdadero. Esa misma idea la expresa Clemenceau, en un bonito libro sobre Demóstenes, cuando afirma que “las declaraciones de los políticos sobre la ingratitud de los monarcas o de los pueblos son pura vanidad” porque “el hombre consagrado por entero a una gran causa no esperará nunca de la virtud ajena una recompensa que, por lo mismo que es una remuneración, no podría sino rebajarle ante sí mismo”.