Hoy concentración en el Congreso: por la ley de protección de los denunciantes de la corrupción

Uno de los primeros objetivos de la Fundación Hay Derecho desde sus comienzos ha sido reclamar una ley de protección de los denunciantes de la corrupción.

Desde un primer momento tuvimos contacto con algunos de ellos -en primer lugar Ana Garrido; después otras personas como Gracia Ballesteros, Azahara Peralta y Francisco Valiente, denunciantes de Aquamed y otros muchos cuyas vidas profesionales y personales se vieron gravemente afectadas después de denunciar casos de corrupción. Hemos contado sus historias en el blog y les hemos dado el I y el II premio Hay Derecho.

También hemos desarrollado un proyecto que pueden encontrar aquí  y que hemos llamado “Protegiendo a los valientes”, con la ayuda económica de la Open Society Foundation (aquí) para comparar las normas de los países que tienen ya leyes de protección de denunciantes con el proyecto de ley español.

Hemos revisado también las recomendaciones internacionales. La finalidad era poder hacer recomendaciones para que, si tardamos tanto en proteger a nuestros denunciantes, por lo menos lo hagamos lo mejor posible. Pero lo que todavía no hemos conseguido es, lamentablemente, que nuestro Parlamento apruebe una ley para protegerlos.

Porque lo cierto es que el Proyecto de ley presentado en su día (otoño del 2016) por el grupo parlamentario de Ciudadanos lleva casi dos años de tramitación parlamentaria. Cientos de enmiendas y de reuniones pero no hay ley. Y los denunciantes siguen con su calvario particular, aunque a veces reciben buenas noticias en forma de resoluciones judiciales que les van dando la razón. Eso sí, las tienen que pagar de su bolsillo, a diferencia de las entidades públicas cuyas prácticas y a cuyos responsables se denunció, que se defienden con el dinero de todos.

Los distintos grupos parlamentarios nos han dado muy buenas palabras, pero hasta ahora no hay una ley. El partido en el Gobierno arrastraba los pies, aunque en público se sumaba al consenso para proteger a los denunciantes. En la práctica, en el día al día de los denunciantes, nada ha cambiado.

Por eso hoy, una vez más, desde Hay Derecho -en el blog y en la puerta del Congreso-, reclamamos una ley de protección de los denunciantes de corrupción. Porque la sociedad española no debe ni puede esperar más. Protegiendo a los valientes nos protegemos a nosotros mismos.

Urdangarín en prisión: el Estado de Derecho funciona

La trepidante actualidad de los últimos días ha dejado muy en segundo lugar la noticia de que el cuñado del Rey (hay que repetirlo, porque esto no se ha visto todavía en ninguna monarquía parlamentaria o de las otras) ha ingresado en una prisión de Ávila después de haber confirmado el Tribunal Supremo que había cometido una serie de delitos (malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal y tráfico de influencias) confirmando en lo esencial la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 17 de febrero de 2017, con la  única salvedad de absolverle del delito de falsedad en documento público que la Audiencia entendía también había quedado acreditado, único punto en lo que discrepa el Tribunal Supremo.

Muchas cosas han pasado en España en estos últimos años que han permitido que finalmente se haya aplicado la Ley también al cuñado del Rey, demostrando que al final (aunque cueste más en unos casos que en otros) todos somos iguales ante la Ley. Allá por 2011 escribí esta tribuna en El Mundo sobre los negocios del yerno del Rey que me costó alguna llamada de atención por mi falta de prudencia.  Porque estas cosas, que más o menos se sabían, no se podían entonces decir en público y menos por alguien que firmaba como Abogada del Estado. Afortunadamente, la instrucción del Juez Castro, un juez de base sin otras aspiraciones que aplicar la Ley y la seriedad y la profesionalidad de la Audiencia Provincial de Palma junto con el dato muy relevante de que ni Urdangarín ni la infanta Cristina estuviesen aforados permitió que finalmente se juzgara toda una forma de hacer negocios en España a la sombra del Poder (y de la casa real) y a costa de los contribuyentes.

Claro que esto no hubiera sido posible si las Administraciones autonómicas -gobernadas por el Partido Popular- hubieran funcionado adecuadamente y hubieran respetado los procedimientos administrativos vigentes. Esto no ocurrió y finalmente Urdangarín va a pagar las consecuencias de un trato de favor ilegal que se debía no a sus capacidades como gestor si no, simplemente, a su matrimonio con la hija del Rey.  Pero conviene no olvidar el papanatismo de algunos políticos regionales que estaban deseosos de hacerse fotos con la familia real a costa del erario público.

Cierto es que ha habido muchas sombras en este proceso, de forma muy destacada la actuación del fiscal Horrach, que actuaba más como abogado defensor de la Infanta que como acusador. Esta actuación muy probablemente derivada de las conversaciones de “alto nivel” mantenidas en la Zarzuela -entre el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el rey emérito- con la finalidad de salvar a la Infanta a cambio de no poner trabas a la condena de su marido, todo ello según esta versión del periódico El Mundo.

Pero siendo eso cierto (una conversación de ese tipo no procede, no hay cuestiones de Estado por encima del Estado de Derecho) no lo es menos que al final hay una condena y un ingreso en prisión que muchos no esperaban. Y es que, como decimos siempre en este blog, el Estado de Derecho y la igualdad ante la Ley se ponen a prueba cuando se enfrentan a los poderosos y no a los ciudadanos de a pie. Entre los poderosos no solo están los miembros de la familia real, sino también los políticos en activo o los ex políticos tutelados por sus compañeros en activo y, por supuesto, los miembros de la élite social y económica. No en vano la “doctrina Botín” que limitaba la acusación popular en algunos delitos se llama así por algo.

Pues bien, hay que reconocer en España últimamente hay muchas buenas noticias para la independencia judicial y para el Estado de Derecho. Hemos tenido la sentencia Gürtel con el PP todavía en el Gobierno. Probablemente tengamos la de los ERE con el PSOE también en el Gobierno. Vamos un poco más retrasados en Cataluña con la corrupción del pujolismo y todavía nos faltan algunos miembros conspicuos de la élite económica que solo muy recientemente han empezado a desfilar por los juzgados, como Villar Mir y su yerno. Pero no cabe duda de que la Justicia española ha demostrado en estos últimos meses que como su imagen proclama, puede ser ciega frente a los privilegios del Poder. Y les aseguro que no es nada fácil.  Y tampoco es de chiripa, como ha dicho nuestra admirada Elisa Beni en las redes sociales.

Se lo debemos en primer lugar a los jueces y fiscales que cumplieron con su deber, pero también a todos los españoles que confiaron en nuestras instituciones y en su capacidad de funcionar adecuadamente cuando se ponen a prueba. Y menuda prueba.

Lo que no quita que, como hemos dicho muchas veces, nuestras instituciones sean muy mejorables. El Poder Judicial tiene muchas carencias que en este blog hemos comentado muchas veces. Conocemos muy bien lo que dicen los informes GRECO y  suscribimos enteramente sus conclusiones. Las críticas que hacemos intentamos que sean constructivas, precisamente  porque pensamos que podemos aspirar a tener mejores instituciones y que, sobre todo, tenemos los mimbres necesarios para alcanzarlas si nos esforzamos. Los mimbres son, sobre todo, los profesionales serios que trabajan en ellas.

En definitiva, nuestras instituciones -como demuestran el ingreso de Urdangarín en prisión, la sentencia del caso Gürtel y tantas otras decisiones adoptadas en procedimientos muy complejos y bajo muchas presiones- tienen la capacidad de estar a la altura de lo que sus conciudadanos esperan de ellas. Por eso hay motivos para ser optimistas. La regeneración y la reforma institucional vendrán desde dentro de las propias instituciones porque en ellas hay muchos hombres y mujeres que creen que merecen la pena y porque tienen el apoyo de la sociedad. Muchas gracias a todos ellos.

¿Cómo es posible? Lecciones del ‘Brexit’

En su libro Historia de un alemán, Sebastian Haffner relata como al principio Hitler era un personaje ridículo (“ese peinado de proxeneta…”), pero también como poco después la sociedad más culta y avanzada de Europa primero toleró su ascenso como un actor secundario de la política y finalmente lo apoyó masivamente como Führer. Aquel desprecio inicial recuerda al que se ha empleado con los exabruptos de Trump (o con su flequillo), hoy con posibilidades de alcanzar el poder en EE.UU. También no hace mucho nos reíamos con los discursos en el Parlamento Europeo de otro excéntrico desconocido, Nigel Farage, hoy el rostro más reconocible del Brexit.

 La pregunta del título -que suele expresarse más bien como lamento- en realidad tiene respuesta. La razón de fondo es que los seres humanos seguimos tomando decisiones con mecanismos psicológicos elaborados a lo largo de milenios en un contexto radicalmente distinto del actual. En las sociedades primitivas, la pertenencia al grupo era la única garantía de seguridad, y por tanto de supervivencia. Por ello es tan fácil resucitar en cualquier momento el miedo al otro, el egoísmo grupal, el nacionalismo etnocéntrico y excluyente. El pensamiento primitivo funciona también desde el punto de vista económico: en sociedades con recursos limitados y una tecnología que evoluciona, el sistema es de suma cero, es decir que lo que otro grupo o individuo gana es lo que mi tribu o yo perdemos. En una economía abierta de mercado como la actual, el intercambio y la innovación permiten que haya beneficios para todos y por tanto la entrada de nuevos trabajadores puede ser beneficiosa en general y el enriquecimiento de algunos no implica el empobrecimiento del resto.

Lo que sucede es que comprender lo anterior requiere que nos lo expliquen y hacer un esfuerzo intelectual, mientras que señalar a un culpable externo es algo que resuena inmediatamente en nuestro interior. Por eso tiene tanto éxito el discurso político de ellos (los ricos, los extranjeros, la UE) contra nosotros (la gente, los españoles, los británicos de verdad). Por eso la inmigración, que es un problema importante junto a otros muchos (la demografía, la educación, la mejora de las instituciones) se convierte en el eje de muchas campañas. Por eso los populismos, de izquierdas y de derechas, saben que la patria y el pueblo son palabras de contenidos difusos, pero de cierta rentabilidad electoral. Ya Aristóteles señalaba lo fácil que es el paso de la democracia a la demagogia y la historia nos enseña que de la prosperidad a la pobreza se pasa en unos años, y de la paz a la guerra en unos segundos.

El Brexit es un ejemplo de todo lo anterior, y nos debería servir para aprender algunas lecciones. La primera es que un referéndum puede ser, más que una manifestación de la democracia un instrumento para polarizar a la sociedad, al hacer imposible la opción por soluciones intermedias que no solamente suelen ser mejores sino que serían las preferidas por la mayor parte de la población si se ofrecieran.

La segunda lección es sobre cómo deben actuar los políticos serios frente a los intentos de pervertir la democracia a través de la demagogia. Por una parte no se puede subestimar a nadie, por mucho que parezca bufonesco o marginal; por otra, no se puede intentar luchar contra los que sostienen posturas irracionales tratando de acercase a ellas, pues en esa lucha gana siempre el más extremista o el más hábil en la propaganda, no el que tiene mejores razones. El coqueteo inicial de Cameron con el euroescepticismo no ha hecho más que radicalizar a los electores, que han optado por la opción más extrema.

La actitud tampoco puede ser la de tratar de sacar réditos de la radicalidad utilizando el viejo “o nosotros o el caos”. Si los políticos que se oponen a la demagogia no son creíbles, difícilmente van resultar ilusionantes y convincentes sus propuestas. El auge de los populismos se alimenta de la percepción de los partidos políticos tradicionales como instrumentos para la defensa de los privilegios de sus dirigentes y los de su clientela. Hablando ya de España, el frenazo que las recientes elecciones ha supuesto para la propuesta más rupturista no significa que los dos grandes partidos puedan posponer su imprescindible regeneración. Si no, más temprano que tarde su desprestigio será el pedestal de los nuevos salvadores de la patria.

En todo caso, las lecciones no son sólo para los políticos, pues los ciudadanos somos al final los protagonistas de la política y las elecciones. Las gravísimas responsabilidades de los incendiarios y sus cómplices no disminuyen la nuestra, que incluye la de votar pero que no se agota en eso. Si no estamos dispuestos a implicarnos en la formación de opinión, en los movimientos sociales, en la denuncia de la corrupción, o incluso directamente en los partidos políticos, dejaremos que los que hoy nos parecen bufones mañana nos gobiernen, y que lo inimaginable se convierta en realidad.

La responsabilidad contable de los cargos públicos y la politización del Tribunal de Cuentas

Hace unos días la prensa nacional publicó una noticia  referente a que el Tribunal de Cuentas había declarado responsables contables directos de un perjuicio a los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria a Alfonso Alonso, Javier Maroto y al resto del equipo del gobierno municipal en 2007 por pagar, en un contrato de alquiler de local para oficinas, una renta superior a la que correspondería, condenándoles al pago de 393.862 euros.

Señalaba igualmente la prensa que el Partido Popular tenía decidido recurrir la Sentencia por cuanto veía una intencionalidad política en el fallo dado que la Consejera de Cuentas ponente “fue designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU” según una nota de los populares, recurso que habría de ventilarse igualmente ante la Sala del Tribunal de Cuentas y de la que forman parte otros Consejeros que no han sido designados a propuesta de IU, sino del PP (que eligió a siete Consejeros) o del PSOE (que propuso cuatro Consejeros). Dado que la página web del Tribunal no publica la composición de la Sala no nos atrevemos a pronunciarnos acerca de si mayoritariamente estará compuesta por Consejeros propuestos por el PP (cuestión ésta que también sería interesante desde el punto de vista del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la Ley aunque sea en el enjuiciamiento contable).
Entra dentro del juego político el hecho de que los dirigentes populares condenados se defiendan tachando de “política” tanto la sentencia como a la Consejera que la firma, olvidándose de la clásica muletilla de que acatan, aunque no las compartan, las decisiones judiciales.
Dado que la sentencia en cuestión, a día de hoy, no ha sido publicada en la web del Tribunal de Cuentas, preferimos -por razones de elemental prudencia al estar en juego el honor y buena fama de las personas- abstenernos de comentar lo que la prensa dice que dice la Sentencia, ciñéndonos eso sí a los hechos notorios que destaca la prensa local vitoriana:
El local fue adquirido por un empresario en el año 2006 por un precio algo superior a los 2 millones de euros, y un año después el Ayuntamiento, después de acometer a su costa las obras de acondicionamiento, lo alquiló a dedo a ese mismo empresario en unas condiciones muy beneficiosas para éste, pues según el contrato el beneficio total para el empresario por la duración del arrendamiento sería cercano a los 8 millones.
El contrato fue aprobado en su día por Alfonso Alonso, apenas unos meses de las elecciones en las que perdió la alcaldía. La Comisión de Investigación que se celebró en el Ayuntamiento concluyó con que el precio del alquiler era muy superior al valor de mercado de ese tipo de inmuebles, tal y como anteriormente puso de manifiesto un Informe municipal del que se hizo caso omiso, beneficiando al empresario con unas cuotas por encima de mercado y unas cláusulas de actualización de la renta que en algunos ejercicios suponían el incremento del IPC más 5, 6, 7 o 9 puntos. Igualmente se pactó un blindaje excepcional que impedía al Ayuntamiento romper cualquier acuerdo, pues el mismo se obligaba a permanecer como arrendatario del local por veinte años, y en caso de rescindirse el contrato antes de que transcurriera dicho plazo, se obligaba a pagar al arrendatario una cantidad equivalente al importe correspondiente al periodo que quedara por cumplir.
A la vista de tales hechos, que reiteramos no sabemos si son los considerados como probados por la sentencia, no parece que la misma responda a intereses políticos, sino más bien todo lo contrario, esto es, que se ha quedado corta en la condena a los Sres. Alonso y Maroto.

Pero lo que constituye una verdadera noticia, por su excepcionalidad, es que el Tribunal de Cuentas declare a un político –particularmente del partido gobernante- responsable de un perjuicio a los fondos públicos. Y eso que oportunidades para declarar responsabilidades de políticos gestores seguro que se le han presentado durante los últimos años, dado que precisamente la jurisdicción del Tribunal de Cuentas es una jurisdicción especializada –esto es, separada o desgajada de la considerada ordinaria, sea esta la civil o la contencioso-administrativa- para enjuiciar exclusivamente supuestos de perjuicios a los fondos públicos causados u ocasionados por los gestores públicos.

Lo que nos lleva a hacernos otra pregunta: ¿cuántas veces el Tribunal de Cuentas ha declarado a personas relevantes por la responsabilidad política que desempeñan como causantes, por su mala gestión, de daños a los fondos públicos?
La respuesta es fácil y sencilla, muy pocas veces por no decir casi nunca y eso que a la vista del espectáculo de los numerosos episodios de corrupción que nos han aquejado durante los últimos lustros no parece que le hayan faltado las ocasiones. Desde un punto de vista retrospectivo, parece que declarar la responsabilidad contable de políticos metidos a gestores públicos debiera haber sido algo habitual y sin embargo no ha sido así: no sólo apenas se han recuperado los perjuicios económicos provocados por gestores corruptos o que han usado sus poderes al margen de las normas de legalidad, sino que la jurisdicción del Tribunal de Cuentas ha sido incluso percibida al contrario: como una especie de coraza o garantía, que proporcionaría un status de seguridad a los gestores públicos del dinero de los contribuyentes, privando con ello de un elemento ejemplificador y disuasorio de malas prácticas. De ahí que la percepción ciudadana sobre la utilidad del Tribunal de Cuentas sea tan penosa.
Y hay que hacerse inmediatamente otra pregunta: ¿cuáles es la razón? Lamentablemente, la percepción ciudadana sobre la escasa utilidad del Tribunal de Cuentas para castigar de forma personalizada a cargos políticos relevantes por una gestión económica perjudicial para el erario público está ratificada por la cruda realidad estadística. El Tribunal de Cuentas apenas (por no decir casi nunca) ha castigado estas conductas

Sin duda, la principal causa es la que tantas veces hemos puesto de manifiesto en este blog y también resulta del estudio sobre el Tribunal de Cuentas realizado por la Fundación ¿Hay Derecho? y que se puede consultar aquí : La politización de este fundamental órgano de control. En efecto, si bien el Tribunal de Cuentas ha tenido que salir al paso de la acusación de politización manifestada por el Sr. Alonso, señalando que la designación política de sus miembros es lo habitual en instituciones análogas, lo cierto es que el modelo español es una excepción en el Derecho Comparado en relación con otras entidades de fiscalización similares, tal y como pone de relieve el estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?. Efectivamente, el ejercicio de la función jurisdiccional propia del Tribunal de Cuentas para enjuiciar supuestos de gestión económica irregular por parte de gestores públicos (en muchos casos designados políticamente) en España se ejerce exclusivamente por personas designadas por el Parlamento por un periodo de nueve años (sólo Dios, los partidos y los agraciados saben con arreglo a qué criterios son nominados y cuales son las deudas que asumen y los favores que tienen que devolver).
Esta situación no responde ni a criterios lógicos (evitar en lo posible la designación política de quienes ejercen funciones jurisdiccionales o de contenido fundamentalmente técnico) ni, contradiciendo al propio Tribunal de Cuentas, a lo que sucede en otros países (a título de ejemplo, Francia, Italia o Portugal) en los que la función jurisdiccional es ejercida por magistrados -bien pertenecientes al Poder Judicial o bien funcionarios de los propios órganos- independientes e inamovibles, reservándose la designación política por el Parlamento al cargo de Presidente de la Institución, encargado de su representación y de la superior dirección de dichos órganos. Del mismo modo la función fiscalizadora o auditora es desempeñada por funcionarios independientes e inamovibles, siendo el Parlamento ajeno a su nombramiento.
Una buena medida para la regeneración democrática sería que un órgano esencial en la estructura institucional del Estado, como el Tribunal de Cuentas, se adaptase a lo que constituye la norma general en instituciones análogas, esto es, que las funciones técnicas y jurisdiccionales se desempeñen por personal funcionario, dotado de las necesarias garantías frente a eventuales intromisiones políticas que son poco o nada comprensibles si se trata de juzgar la responsabilidad que puede surgir de una mala gestión. Con esta adaptación la crítica de politización formulada por el sr. Alonso carecería de sentido y, lo más importante, sería mucho más frecuente la exigencias de responsabilidades a los políticos cuando su gestión económica resulta perjudicial para los intereses generales a los que deben servir.

Lo que dice el asunto Ausbanc y Manos Limpias de nosotros como país

¿Qué significa que las principales asociaciones que en nuestro país ejercen la acción popular y las acciones colectivas en defensa de los consumidores sean presuntamente extorsionadoras? Muchas cosas y ninguna buena. Revela el escaso valor de nuestras instituciones y la casi inexistente fibra de nuestra ciudadanía.

Para comprenderlo basta tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las instituciones del Estado sólo han actuado cuando estas asociaciones se han metido con la Infanta.

Llevan toda la vida extorsionando, según parece. Todo el mundo lo sabía y sus víctimas se cuentan por decenas. Pero sus dirigentes no han terminado en la cárcel por intentar coaccionar a un simple particular, por muy poderoso que pareciese a simple vista, sino por entrometerse en razones de Estado. Han comprometido a la Corona, han desbaratado la estrategia de cobertura del poder ejecutivo, han puesto de manifiesto las tristes vergüenzas de nuestra fiscalía y de nuestra abogacía del Estado, a la que prácticamente han dejado en ridículo. No comprendieron que en nuestro país si criticas al Ministro de Hacienda te terminan inspeccionando, y mira que si hay alguien que debería saberlo eran ellos.

La lección: Como es característico de un Estado clientelar, el poder no actúa de manera impersonal y automática, con una venda en los ojos y sin acepción de personas, sino movido por razones políticas coyunturales y/o personales.

2.- Pese a que su comportamiento y mala fama era sobradamente conocidos, durante todos estos años se les ha tratado “como si fueran normales”.

Es una manifestación más de la íntima fusión de la moralidad con la legalidad que domina en la actualidad. Hoy ya hemos asumido con total naturalidad que lo que es legal es moral y que para dimitir de un cargo primero tiene que haber una condena judicial. “Es legal que los jueces hayan participado en los cursos de Ausbanc” -dice el Consejo General del Poder Judicial- “la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible con el cargo de juez o magistrado” (aquí). En este caso sí se retribuían, por cierto, con un pago de entre 800 y 1500 euros. El debate parece circunscrito a si está bien esa compatibilidad o si esa cantidad es demasiado elevada. Pero quizás lo que deberíamos exigir a cualquier ciudadano (y más aun si es juez) es que antes de ir a cualquier sitio, por muy “legal” que sea, reflexione sobre su oportunidad en función de los factores concurrentes, que en este caso eran: mala fama del anfitrión, remuneración elevada y posibilidades de encontrárselo luego en sala. No parece muy difícil. Y lo mismo que los jueces todos los demás, por supuesto.

La lección: Como es característico de una sociedad civil anestesiada y desestructurada, el principio de delegación de la responsabilidad en las normas domina por doquier. Si algo no está prohibido y sancionado con un guardia de la porra, el correspondiente comportamiento es impecable y nadie tiene derecho a reprocharlo (ni a exigir autocrítica de ningún tipo, faltaría más).

3.- Como el Dr. Jekyll, hacían avanzar la ciencia por el día y pervertían lo que tocaban por la noche.

Es decir, mientras extorsionaban (presuntamente) y amenazaban a unos y otros, lograban importantes éxitos en los tribunales que han contribuido a fortalecer nuestro Estado de Derecho. Este trastorno disociativo de la identidad no les deja mal a ello, sino a nosotros, por un doble motivo.

En primer lugar, constituye una enmienda a la totalidad al funcionamiento pasivo de nuestras instituciones principales, desde el Parlamento a la Fiscalía. Que unos sujetos como estos, movidos exclusivamente por el afán particular de lucro, hayan llegado mucho más lejos en la defensa de intereses colectivos que las lujosas y extraordinariamente costosas instituciones del Estado, es para deprimir a cualquiera. El papelón de la fiscalía y de la abogacía del Estado en el caso de la Infanta –que hemos tratado extensamente en este blog– lo dice todo, evidentemente, pero no es el único ejemplo. Nuestro Gobierno y nuestro Parlamento han asistido a nuestra crisis financiera en el ámbito de los consumidores como si no fuera con ellos (y por lo que se ve, el nuevo Parlamento no va a cambiar de actitud, entretenidos como están en otras cosas). El problema de nuestras instituciones no parece por tanto de infradotación, sino más bien de exceso de politización, mala organización, poca preparación y perversos incentivos.

La lección: Como es característico de un Estado clientelar, las instituciones no están al servicio principal de los intereses generales, sino de los propios o de los de aquellos que coyunturalmente detentan el poder.

Pero, en segundo lugar, ese trastorno disociativo constituye una enmienda a la totalidad al comportamiento pasivo de los españoles como ciudadanos. Hubiéramos preferido, sin duda, que nuestros adalides en la defensa del Estado de Derecho fueran unos Quijotes de alma pura. Pero lo cierto es que para ello deberían tener también su duro y enjuto cuerpo, capaz de resistir ayunos y noches en blanco con la misma fortaleza. Porque, si no extorsionaban los pobres, ¿de dónde iban a sacar el dinero para pleitear, con todo lo que ello supone? ¿De la generosidad de los ciudadanos españoles? ¿De sus muchos asociados dispuestos a rascarse el bolsillo por llegar donde no quiere ni el Estado ni la fiscalía?

Pues sí, amigos, una sociedad viva se caracteriza por eso. Por contar con ciudadanos capaces de asumir responsabilidades que no les competen legalmente. Pero la nuestra no es de esas, aceptémoslo de una vez (como Benegas y Blanco nos demuestran en su impagable crónica del regeneracionismo patrio). Y mientras eso no cambie, no tendremos ni una cosa ni la otra; ni una sociedad pujante, ni instituciones capaces de defendernos, porque estas no brotan de los árboles si nadie se ocupa de cuidarlas.

Entre las actividades de la Fundación ¿Hay Derecho? previstas en el art. 5 de sus estatutos se encuentra la de “interposición de denuncias, reclamaciones y ejercicio de acciones ante cualesquiera entidades, incluidas los tribunales de Justicia, en defensa del Estado de Derecho.” No es algo que hasta ahora no hayamos hecho por falta de imaginación u oportunidad, sino porque con nuestros escasos recursos recurrentes y pese al trabajo pro bono de algunos esforzados colaboradores nos debemos limitar a los informes, estudios y convocatorias, y aun eso con bastante dificultad. Nada es gratis, y menos una sociedad en la que valga la pena vivir.

La lección: Como es característico de una sociedad civil anestesiada y desestructurada, no existen organizaciones sociales potentes, que funcionen al margen de complicidades y corruptelas, capaces de rellenar con ventaja los huecos del poder político o incluso de enfrentarse abiertamente con él para hacerlo avanzar. Y no existen porque la mayoría de los ciudadanos españoles no tienen conciencia de su necesidad, como si el papá Estado tuviera que bastar para todo. Y, los pocos que la tienen, no tienen verdadera voluntad de sacrificar nada por hacerlas prosperar.

Lecturas recomendadas: “La España estancada”, de Carlos Sebastián

España EstancadaGlosar el libro de Carlos Sebastián no es para mí como reseñar el de un libro cualquiera. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos en la presentación del libro póstumo de Javier Pradera “Corrupción y política. Los costes de la democracia” y a partir de ahí hemos mantenido una relación que le ha llevado a él a colaborar en este blog y venir a los actos de la Fundación ¿Hay Derecho? y a mí a leer algún capítulo de su obra antes de que publicara y a hacer alguna sugerencia que probablemente no le haya hecho falta. Y, ahora, a comentar su libro con gusto, pues nuestra relación se basa en esas afinidades intelectuales que se producen cuando, coincidiendo con otros, nos damos cuenta de la existencia de un problema, hacemos un determinado diagnóstico del mismo y a continuación observamos que mucha gente a tu alrededor no ve el problema ni mucho menos el diagnóstico.

El problema, como no podía ser de otra manera, es el del deterioro institucional del que adolece nuestro país y sus consecuencias, de lo que damos buena cuenta en este blog y en el libro de Sansón Carrasco que lleva el mismo nombre. Para el jurista – profesión probablemente mayoritaria entre los lectores de este blog- lo interesante del libro que comentamos no es sólo la coincidencia de diagnósticos sino, particularmente, el hecho de que el autor llega a la misma conclusión que nosotros pero desde el punto de vista de otra ciencia, la Economía –Carlos Sebastián es catedrático de Teoría Económica- anunciando ya en la introducción que las tesis que va a defender son, primero, que el marco en el que se desarrolla la actividad económica en nuestro país limita de forma importante la eficiencia y el emprendimiento y es la principal causa del estancamiento de la productividad; y, segundo, que el deterioro institucional es, en buena medida, la consecuencia de la forma de ejercer el poder instalada en nuestro país mediante: 1) la ocupación de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones; 2) el tinte marcadamente clientelar de la acción política; y 3) la devaluación de las leyes.

La coincidencia es, pues, en el diagnóstico del problema y en el enfoque de la cuestión, netamente institucionalista. Por supuesto, el enfoque del Nuevo Institucionalismo  no es el único ni es exclusivo de la ciencia económica, pues en ciencia política, por ejemplo, se ha reafirmado frente a otros como el conductista (centrado en el comportamiento de los actores) o el de la elección racional (teoría económica de la política), sobre todo a partir de los años 70, cuando tanto politólogos como sociólogos y economistas (North, Skocpol, y hoy Acemoglu y Robinson) comienzan a sentirse incómodos con los planteamientos atomistas anteriores y observan que las instituciones -entendidas no en el aspecto organizacional del institucionalismo primitivo, sino en sentido sustantivo- condicionan la manera en la que se solucionan determinados problemas colectivos. Quizá no sea la única explicación, pero no cabe duda de que la degradación institucional está entre las causas de nuestra ineficiencia.

Por supuesto, el autor dedica unos cuantos capítulos a llamar la atención sobre cuestiones que nos son bien conocidas y en las que no podemos estar más de acuerdo: vorágine normativa, administraciones que incumplen normas, mala regulación, deficiente supervisión y mercados distorsionados… Pero para un simple jurista, como servidor, el libro de Sebastián tiene la virtud de reforzar empíricamente –desde la ciencia económica y siempre apoyado en datos, encuestas, trabajos e informes de organismos internacionales- la hipótesis de que el estancamiento económico español se debe a la inoperancia de las instituciones en sentido formal (normas) e informal (códigos de confucta), lo que desde otras disciplinas sólo barruntamos a partir de la constatación del deterioro de éstas.

El repaso que hace al sistema bancario en lo que se refiere a sus ineficiencias en esta crisis nos es familiar a los juristas (aunque recomiendo vivamente las páginas 72 y 73 a los pobres incautos que se crean que con un plan de pensiones hacen buen negocio), pero me parecen muy ilustrativas las consideraciones relativas al mercado de trabajo y, especialmente, al sistema eléctrico, complejísimo, en las que el autor tiene la virtud de mostrar el juego amañado de la nueva regulación que, finalmente, llega a perjudicar a las energías renovables manteniendo una retribución exorbitante a la energía hidráulica y nuclear, porque las compañías quieren mantener como sea un statu quo que les promociona unos cómodos estipendios y para ello se aprovechan de una deficiente normativa que mantiene conceptos como “costes medios regulados” y “deficits tarifarios” que al final se prestan a trasladar rentas desde las consumidores a las compañías indebidamente.

Recomiendo vivamente a quienes estén interesados en saber cómo funciona el capitalismo en nuestro país el capítulo “Redistribución y concesiones públicas”, en el que aborda las interioridades de casos como las autopistas catalanas (¿ustedes creían que ahí tenían algo de razón los independentistas?: pues, a modo de aperitivo, léanse este artículo que el autor publicó en Ahora), el proyecto Castor o las autopistas radiales de Madrid; casos todos de política clientelar en los que, como ocurre con el problema eléctrico, hay un efecto negativo sobre la eficiencia del sistema económico y, además, se redistribuyen rentas para los favorecidos por la misma.

No se trata de aquí de hacer un spoiler  (esta palabra ha significado “alerón” para mí hasta hace poco) del libro, por lo que sólo destacaré un par de cosas más que me parecen sumamente interesantes y originales del libro porque desmonta algunas autocomplacencias y creencias equivocadas. Por un lado, la constatación de que nuestro problema no son sólo unas malas leyes o unos políticos ineptos, sino también unos valores y códigos de conducta negativos que llevan, por ejemplo a mantener una actividad profesional contraria al emprendimiento y al cumplimiento creativo de obligaciones y un sesgo contrario al enriquecimiento del empresario por suministrar un servicio (poniendo el ejemplo de cierto pueblo leonés que prefiere comprar el pan en otro pueblo con tal de que no se enriquezca el vecino). Por cierto, muy interesante la digresión que hace en la página 154 para desmontar el mito de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, demostrando que la causa del retraso no ha sido la religión católica sino, una vez más, el ejercicio del poder por la Iglesia en connivencia con el Estado para bloquear a los innovadores.

La segunda cuestión original la desarrolla en el capítulo 10, “Deficiencias en el sistema educativo”, y de él destaco su mención de que el skill wage premium, es decir, cómo se retribuye en el mercado de trabajo el nivel de estudios, es inferior en España en relación a los de Europa Occidental lo que produce un skill mismatch, es decir, desajuste entre el nivel de estudios y la cualificación requerida para el puesto. Si a ello se une una sociedad alejada de la meritocracia y, por tanto, con trabas a la competencia y un marco hostil al emprendimiento, el tipo de empresario que se genera es el que valora más la cercanía al poder que la calidad de la gestión. Ahora bien, esto contradice el tópico de que la baja productividad se debe fundamentalmente a una baja calidad educativa: sin duda, el conocimiento es importante, pero lo es todavía más la existencia de otras habilidades cognitivas y valores como la persistencia en el esfuerzo, capacidad de interacción y la percepción de que esas actitudes van a ser retribuidas adecuadamente porque no reina el amiguismo y el rechazo al talento, sino que por el contrario las reglas de juego imperantes –las instituciones informales- priman el esfuerzo y la meritocracia.

En el capítulo ¿Cuándo se estropeó todo?, el autor sitúa el comienzo de todo esto a finales de los ochenta y principios de los 90, cuando dejan de acometerse las imprescindibles reformas que se habían iniciado con la Transición. Este punto, en cierto sentido secundario, fue objeto de un animado debate en la presentación del libro entre Joaquín Estefanía, que consideraba el inicio más reciente y el declive menor,  y Sebastián considera que los primeros atisbos de deterioro son ya de la época socialista y el estancamiento un concepto relativo porque ha de valorarse en función a lo que deberíamos haber crecido en comparación con los países de nuestro entorno.

En fin, como era de esperar y comprobamos cotidianamente, el autor considera que el cambio no es fácil porque se expone a muchísimas resistencias de aquellos que podrían resultar perdedores, pero da alguna idea de por dónde debería ir.

Zugzwang: incertidumbre, cultura política y recuperación institucional.

Con un confuso resultado electoral que no satisface a nadie y tras unos movimientos políticos que no sabemos adónde pueden conducir, los ciudadanos nos encontramos un tanto perplejos, sumidos en la incertidumbre y preocupados. No sabemos quién nos gobernará, que será de la economía y de nuestras vidas, en suma. Los que deseábamos un cambio político, no estructural pero sí de funcionamiento de las instituciones, podemos preguntarnos lícitamente si todo esto no nos va a conducir a un remedio peor que la enfermedad que pretendía sanarse, a eso que en ajedrez se llama Zugzwang, situación en la que se encuentra un ajedrecista si cualquier movimiento permitido supone empeorar su situación y, eventualmente, perder la partida. La idea se la debo al insigne tuitero Fernando Castelló -@Castello_F- aunque me he enterado que mi coeditor Tena la usó en su último artículo en el Ahora, poco original soy…..

Conviene decir al respecto que es cierto que, en efecto, nos encontramos en un momento de incertidumbre y tribulación, pero también que ello no es necesariamente malo. En todo proceso se producen crisis (de crecimiento, por enfermedad, por agotamiento…) que son momentos de cambio y de decisión. Lo malo no es que haya crisis, sino cómo se resuelven estas. Los que consideramos que tiene que haber una recuperación institucional (tras intensas reflexiones con comentaristas de este blog como J.J. González y J. Casas y el escritor J.M. Marco prefiero este nombre a regeneración por no identificarla con la angustiosa corriente de principios del siglo XX y porque tiene el doble sentido de volver a tomar lo perdido y de mejorar un enfermo) tenemos que ser conscientes que no hay más remedio que pasar por momentos de incertidumbre, cuya correcta resolución puede llevarnos a una situación mejor. Cierto que también nos puede llevar a una vida peor, pero no se puede nadar y guardar la ropa. Además, las cosas no son siempre lineales: lo importante no es si conseguimos inmediatamente los objetivos que nos hemos planteado, sino si vamos por el camino correcto.

En este sentido, hay ya algún cambio palpable: los bloques monolíticos del bipartidismo se han rajado y estamos en otra dinámica de pacto y flexibilidad, lo que no excluyamos que puede conducir a un cambio positivo, aunque quizá no inmediatamente. Por ello, los ciudadanos debemos ser conscientes de lo crítico de la situación y de que es importante que en este momento la ciudadanía empuje en esa buena dirección, y por ello es importante insistir y predicar. Me vienen aquí las ideas de Acemoglu y Robinson sobre los “círculos virtuosos” y “círculos viciosos” que se dan en las instituciones y en virtud de los cuales una vez que una sociedad se organiza en una forma concreta ésta tiende a persistir, manteniendo el equilibrio económico o político existente y por ello existen enormes obstáculos a las mejoras graduales debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas. Pero a veces ese equilibrio se puede romper en las “coyunturas críticas”, grandes acontecimientos o confluencia de factores que lo trastornan. Y el que el cambio vaya de un lado o de otro depende de “pequeñas diferencias” en tales coyunturas. Esas pequeñas diferencias pueden ser desde la existencia de una burguesía potente o, por qué no, la existencia de una ciudadanía que empuja en una buena dirección.

¿Y cuál es esa buena dirección? Dios me libre de decir qué política concreta haya de hacerse, esto me supera. Pero como ciudadano partidario de esa recuperación institucional estoy legitimado, en primer lugar, para pedir que se cumplan las leyes. Claro que me dirán ustedes que formalmente se están cumpliendo y que ahora hay muchas lagunas constitucionales, que no se arreglan con normas. Cierto, por eso estoy legitimado para pedir que las actuaciones de los políticos se rijan por los valores democráticos, esos que, como decía Tocqueville en La democracia en América, son los que consiguieron el éxito de la joven democracia americana, esos que llamó “mores”: los hábitos o costumbres de la sociedad, “la suma de ideas que dan forma a los hábitos mentales”. Las mores son incluso más importantes que las leyes para establecer una democracia viable, porque estas son más inestables cuando carecen del respaldo de las mores. Tocqueville sostenía que los valores democráticos, lejos de ser un producto final de una larga experiencia con las elecciones, forman parte de la esencia misma de la democracia.

A mí me parece que en la situación en la que nos encontramos cabría aludir a ciertas “mores” democráticas, y hacer una homilía moral. Así que pienso:

  1. El que lleva a su partido al fracaso tiene que dimitir. Rajoy debería haber dimitido porque ha tenido un descalabro electoral. Quizá Sánchez también debería haber dimitido aunque, como mi coeditora Elisa decía recientemente, su permanencia es más excusable por proceder de unas recientes primarias y estar previsto un congreso próximo. ¿Dónde sale eso en la ley eso de las dimisiones? En ningún sitio; es más las leyes existentes desincentivan que haya una presión dentro de los partidos para el cambio del líder por la falta de democracia interna y de mecanismos de rendición de cuentas. Es palmario en el PP, en el que no se oye ni un tosido cuando razonablemente quizá debería haber alguno y algo menos, porque hay algo más de toses, en el PSOE, cosa que parece positiva (la división interna no debería penalizar tanto como penaliza), pero que tampoco parece desmesurada. En todo caso, esas dimisiones tras los fracasos electorales son saludables (se acepten o no, porque se confirme al candidato) y son coherentes con  los valores democráticos porque son lo más parecido a una rendición de cuentas, que no impone la ley, pero que es imprescindible; aparte de que, probablemente facilitaría los acuerdos a que me voy a referir.
  2. Un partido en el que hay numerosos casos de corrupción ha de hacer un acto de contrición. Hace casi cuatro años (aquí) hacía referencia a la necesidad de sacrificios para expiar las culpas de que los políticos muestren una ejemplaridad más allá de las leyes; leyes que van aplicándose con la lentitud propia de la justicia pero que no impiden las responsabilidades políticas que no son ya imputables a una persona concreta sino a todo un partido que, por su propia supervivencia, debería comprender que tiene que dar una imagen de renovación que debe empezar por las caras de sus dirigentes actuales para que sus posibles votantes puedan obviar sicológicamente la disonancia cognitiva que se produce entre sus principios y las actuaciones de los políticos que votan.
  3. El contrincante político no es un enemigo, es un adversario. Como decía Ignatieff en Fuego y Cenizas, convertir a un adversario en enemigo define los compromisos como una traición. En España tenemos demasiado sectarismo, cordones sanitarios, enemigos a muerte con los que no se puede ni hablar de cerca porque contaminan. Esto no es aceptable. En mis iniciáticos estudios de Ciencia Política me ha interesado mucho una referencia a las indagaciones de Lijphart respecto a lo que se ha denominado “democracia consociativa”, que es cómo denomina este autor a este sistema de negociación entre las elites de una comunidad política socialmente heterogénea. Pone como ejemplo Holanda en donde había sectores muy diferenciados e incompatibles (católicos protestantes, liberales y socialistas (los cuatro zuilen o pilares), pero que por necesidad sus elites se prestaron a acomodar sus intereses y con negociaciones pacientes llegaron a consolidar la democracia durante décadas. Y ello constituye un modelo distintivo de democracia que se puede aplicar en las sociedades profundamente divididas y no digamos a las que no están tan divididas. Por supuesto, hay límites al compromiso y los políticos deben saber dónde se encuentra la línea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso, incluyendo en el deshonroso no sólo el que atenta contra los principios de la democracia y reglas constitucionales sino también aquellos en los que se prima el interés personal frente al general, como lamentablemente se está intuyendo en algunos movimientos políticos: ya sabemos qué todos tenemos ambiciones, pero que no superen demasiado a los ideales, por favor.

POSTDATA: Estando en imprenta el post salta la noticia de que el Rey no ha querido encargar a Rajoy la formación de gobierno (¿no será más bien que no ha querido él?) y que tal encargo se hace a Pedro Sánchez. Bienvenido sea el desbloqueo institucional. Esos valores democráticos a los que me refiero obligan, creo yo, a que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se entiendan mediante pactos de gobierno, alianzas parlamentarias o abstenciones y que el PP, que no ha sido capaz ni de proponer alianzas ni ha querido someterse al desgaste de la investidura, tenga a bien posibilitar la gobernabilidad del país mediante su abstención y proceda, antes de regenerar (o recuperar) el país, a regenerarse a sí mismo. Le necesitamos fuerte y limpio. Quizá una solución de este tipo tenga varios efectos positivos: el desbloqueo y la gobernabilidad; un gobierno comprometido con la recuperación institucional y enviar al taller a un PP que precisa reparaciones. Y esperemos que ningún partido considere alta política el tacticismo de ver desgastar a los partidos pactistas durante las negociaciones, para luego bloquear la investidura y abocarnos a unas nuevas elecciones en las que piensan sacarán tajada. Creo que no será así.

A lo mejor esta situación no es un zugzwang.

Las nuevas reglas de juego: Reproducción de la tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Mañana concluirá formalmente lo que ya ha terminado en la calle, es decir, el ciclo político iniciado con la Transición y la Constitución de 1978. Más allá del resultado que alcancen los diferentes partidos el día 20-D, parece claro que el bipartidismo, tal y como lo hemos conocido, va a desaparecer y no me refiero tanto a los partidos políticos en los que se ha encarnado estas últimas décadas (PP y PSOE) sino a las reglas de juego que rigen todavía la política en nuestro país. Es normal que –como refleja la última encuesta electoral del CIS- un sector de la población  sienta un poco de vértigo y prefiera permanecer fiel a lo ya conocido. Se trata básicamente de las generaciones más mayores, que ya vivieron el tránsito del franquismo a la democracia y que ahora no quieren sobresaltos. En cambio, las nuevas generaciones de lo que parecen tener miedo es de que todo siga igual y están dispuestas a “arriesgarse” apostando no solo por nuevos jugadores políticos sino también por nuevas reglas de juego que nos traigan una democracia de mayor calidad. La brecha electoral generacional es muy clara y responde a la diferente perspectiva vital aunque, por supuesto, siempre hay excepciones.

Porque las reglas políticas que tenemos hoy corresponden a una democracia de baja calidad. Son las que han permitido mantener a la ciudadanía en la ignorancia de asuntos tan trascendentales para la buena marcha de un país como las andanzas empresariales (y de otro tipo) del anterior Jefe del Estado, las que han tolerado la financiación irregular de los partidos a cambio de adjudicaciones y de favores públicos,  las que han incentivado la utilización de los recursos públicos para crear -o más bien mantener- redes clientelares de corte caciquil heredadas del pasado.  Son también las que han fomentado la confusión interesada en el ámbito empresarial entre la esfera pública y la privada (el denominado capitalismo de amiguetes) normalmente en perjuicio del contribuyente o del pequeño accionista o inversor. Son  las reglas que han favorecido el nombramiento para las más altas responsabilidades públicas de personas cuyo principal mérito son las buenas relaciones con el poder político.

Estas mismas reglas han dado lugar a la aparición de un sistema castizo de “spoils system” –pese a la teórica profesionalización e imparcialidad de la función pública- con Administraciones públicas paralelas en forma de agencias, fundaciones, entes públicos,  etc, etc, en el que cada cambio de gobierno trae consigo el cambio en miles de puestos de confianza, incluidas las gerencias de los hospitales, por poner un ejemplo. Incluso cuando hablamos de la función pública en sentido estricto la utilización desmedida y arbitraria del sistema de libre designación (el famoso dedazo) ha desnaturalizado el sistema, de manera que con demasiada frecuencia son los funcionarios mejor conectados y no los más capaces o más expertos los que alcanzan los codiciados niveles superiores de la Administración.

Son estas reglas de la vieja política las que han socavado la independencia del Poder Judicial politizando el órgano de gobierno de los jueces, que si bien no dicta sentencias directamente sí designa a los titulares de los órganos más importantes del Poder Judicial que lo hacen. En definitiva, son las reglas con las que se ha gestionado una crisis económica gravísima, lo que ha supuesto la muy desigual imposición de sacrificios  a la sociedad española, de manera que han sufrido mucho más los más débiles o/y a los menos organizados que los más poderosos o los mejor conectados con la clase política, incluso en el caso de los responsables directos del desastre. Es paradigmático lo que ha sucedido con los directivos-políticos de las Cajas de Ahorro, pues todavía estamos esperando que se haga justicia, en el sentido estrictamente  judicial.

El hecho de utilizar el pretérito para referirnos a estas reglas no significa que vayan a cambiar mañana, pero creo sinceramente que se van a cuestionar por la clase política que surja de las elecciones del 20 D. Efectivamente si juzgamos por las declaraciones y los programas electorales de los dos partidos emergentes -e incluso del PSOE en la medida en que ha acometido una renovación que está todavía pendiente en el PP- parece que está asumido el diagnóstico de que hay que mejorar la calidad de la democracia española. En ese sentido, es importante tener claro que no se trata sólo de cambiar equipos o alineaciones (que también) sino de cambiar de juego. Hay que superar una democracia de baja calidad donde todo o casi todo vale para alcanzar o mantener el poder y avanzar hacia una democracia avanzada, caracterizada por la transparencia, las instituciones sólidas y neutrales, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Queremos ser Dinamarca, por usar un símil de moda, y la elección del modelo habla mucho, y bien, de las aspiraciones de muchos españoles. Sin duda es un reto, pero mucho mayor era en 1978 el reto de llegar a ser un país más de la Unión Europea y se consiguió en menos de una década. Es cuestión de voluntad política pero sobre todo es cuestión de madurez de la sociedad española ya que -parafraseando a Burke- ningún sistema político puede extraer de un cuerpo social lo que no existe previamente.

En ese sentido, los partidos emergentes tienen que ser muy cuidadosos con las expectativas que han despertado. Han conseguido recuperar para la democracia parlamentaria a gente, especialmente los más jóvenes, que se sentía excluida del juego, lo que es sin duda un mérito enorme.  En todo caso, los nuevos partidos han contribuido a recuperar la ilusión y hasta la pasión por la política de muchos españoles, y  sin duda han generado movimientos en los partidos tradicionales, quizá más visibles en unos que en otros.

En cuanto a su supuesta inexperiencia de gobierno –inevitablemente esgrimida por los viejos del lugar- me parece una indudable ventaja desde un punto de vista regeneracionista. Precisamente el que los emergentes no dominen las reglas de la vieja política –y no soporten las correspondientes “mochilas” de intereses creados- es lo que permite albergar esperanzas de un cambio real.  Y si, como dicen,  los partidos nuevos quieren respetar aspectos esenciales del nuevo juego como la neutralidad y la profesionalidad de los organismos públicos  no hay que preocuparse mucho por la “falta de equipo”:  el equipo está ya esperando en el banquillo, deseando salir a jugar. Está formado por hacer a los muchos y buenos profesionales y técnicos del sector público que tienen la experiencia y la formación para hacer bien su trabajo, ya se trate de gestionar hospitales o colegios, recaudar impuestos, controlar las cuentas de un Ayuntamiento o administrar justicia. Lo que menos necesitamos  es volver a tener políticos sustituyendo la labor de los profesionales del sector público. Su labor es dirigirlos y coordinarlos.

Eso sí, estos votantes ilusionados no van a tolerar muchas desviaciones con respecto a las  reglas nuevas de una democracia de  más calidad, que son bastante más estrictas que las que se van a aplicar todavía en la presente campaña electoral. De ahí la sensación de que hay una mayor exigencia –descontada la inevitable utilización partidista- con los nuevos jugadores que con los viejos. Los votantes parecen descontar que los jugadores de siempre seguirán jugando como siempre, probablemente porque no saben hacerlo de otra manera. Pero se espera algo distinto de los nuevos, que tendrán que salir a ganar sin embarrarse demasiado en el terreno, aunque solo sea para demostrar que pueden hacerse las cosas de otra manera. Y si por el camino conseguimos que todos jueguen de forma más limpia eso habremos ganado. Todo un desafío.

 

 

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Flash Derecho: La sociedad civil se une y propone 50 medidas para la regeneración democrática

La semana pasada en que se celebró el día mundial contra la corrupción (9 de diciembre) entró en vigor de la Ley de Transparencia (10 de Diciembre), y que el parlamento abordó la tramitación de distintas medidas para la regeneración democrática, varias organizaciones de la sociedad civil han formado una alianza para pasar de la crítica exigente a la propuesta responsable, poniendo sobre la mesa del debate político 50 medidas para la regeneración democrática.

La Fundación ¿Hay Derecho?, CIECODE, PASSIM, FUNCIVA, Transparencia Internacional y +Democracia, urgen a los políticos a abordar este debate con amplitud de miras, desde la convicción de que para regenerar la democracia, se requiere un ejercicio simultaneo en cuatro frentes: reformar la ley de partidos, abordar la reforma de la ley electoral, incrementar las medidas anticorrupción y ensanchar la democracia.

Emilia Sánchez, Presidenta de +Democracia, pone el foco en el sistema de elección de las élites políticas y considera que los partidos han fallado en su sistema de selección de candidatos y deben incorporar sistemas como las primarias abiertas o una ley electoral que garantice el voto igual, para que todos los ciudadanos podamos participar de manera eficaz en la toma de decisiones”.

La alianza de organizaciones ciudadanas para la regeneración democrática considera crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública y pide esfuerzos para erradicar la tolerancia social con las formas menores de corrupción. Sin embargo, Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?, advierte que “sería una ingenuidad considerar que los problemas se resolverán solo con nuevas y mejores normas. El compromiso que pedimos a los poderes públicos comienza por cumplir y hacer cumplir las existentes. Por ejemplo la obligación de los corruptos de devolver las cantidades que se han apropiado indebidamente”.

Por su parte, Manuel Villoria, del Comité de dirección de Transparencia Internacional, piensa que “la corrupción en España ya era un problema muy importante desde hace bastantes años, pero ahora nos hemos dado cuenta de sus terribles efectos y de su expansión en el ámbito político, aunque por fortuna aún no se ha generalizado en el ámbito funcionarial”. 

En los últimos meses se han propuesto cambios regulatorios en la financiación de los partidos, la transparencia de la actuación pública, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas o la ampliación del delito de apropiación o malversación que, siendo avance, se quedan cortas para abordar el problema de una desafección ciudadana sin precedentes, debida al deterioro de la política democrática y el retraso para hacer las necesarias reformas en el funcionamiento de nuestras instituciones.

Contacto para medios: Nacho Corredor (coordinador +Democracia).   Tel. 616958852
e-mail:prensa@mas-democracia.org

Artículo de nuestro coeditor Ignacio Gomá en Libertad Digital: ¿Una Constitución zombi?

Una vez más llega el 6 de diciembre, trigésimo sexto aniversario de la Constitución, y hemos de disponernos a oír los tópicos característicos de la ocasión. Aunque, en realidad, este año tenemos algunas novedades: resulta que ahora Pedro Sánchez considera oportuno negociar sobre la Constitución, mientras que el presidente del Gobierno entiende que no es el momento porque hemos de centrarnos en la economía, que es la prioridad.

Desde luego, esta efemérides no debería ser ocasión para vacuas generalidades sino para reflexionar sobre si realmente ha llegado el momento de plantearse una reforma constitucional, a la vista de la crisis no sólo económica sino institucional que nos atenaza. Vaya por delante que para mí el origen del problema no es jurídico. No debemos caer en el vicio de nuestros dirigentes, que identifican hacer política con rellenar unas cuantas páginas más del BOE, aunque esas páginas sean verdadero papel mojado hecho sin pensar y para no ser aplicado. Pero que, eso sí, sirven para que ellos se pongan la medalla. Por eso las proposiciones de Sánchez son simples acciones para la galería: sólo pretenden una salida airosa a sus propias contradicciones internas. La cuestión no es reformar la Constitución, sino saber en qué sentido debe reformarse el sistema político. Lo contrario es tanto como decir que como un edificio tiene goteras hay que reformar los estatutos de la comunidad.

Claro que la posición de Rajoy tampoco es muy consistente. Sin duda, como dice Michel Ignatieff, la cualidad principal de un político es saber cuándo ha llegado el momento de una idea; y el presidente entiende que todavía no ha llegado el de tocar el sistema político. Claro que si se refiere al tema territorial quizá tenga razón, porque para entrar en ese tema es preciso que se haya rebajado en muchos grados la temperatura emocional y que prevalezcan los datos objetivos y los hechos sobre las consignas. Pero, lamentablemente, la actitud excesivamente pasiva del Gobierno en el 9-N y su incapacidad para defender lo que ya está escrito hoy en la ley no hace pronosticar que en una futura fuera a prevalecer el bien común sobre el oportunismo político.

Pero es que nuestro problema político no puede quedar limitado a Cataluña o, en general, al indudable mal diseño del Título VIII, que no ha favorecido, con su incoherencia y poca claridad, la convivencia regional. No, el problema es que incluso lo que está bien diseñado y sobre el papel responde a una democracia avanzada, en la realidad languidece porque modificaciones posteriores o la simple práctica partitocrática han conducido a que pilares esenciales de la democracia se conviertan en papel mojado. Esta es la verdadera cuestión: el mandato representativo ha fenecido a manos de los partidos, que son los que ostentan el verdadero poder de decisión, sustituyendo la voluntad del representante; el Parlamento, en teoría depositario de la soberanía nacional, pierde su primacía a favor del Poder Ejecutivo y a través de él de los partidos. Se sabe de antemano y con total precisión qué proyectos van a salir y cuáles no, por lo que los debates parlamentarios son hueros, simples comparsas de lo inevitable. La voluntad del Parlamento no es ya la voluntad general, sino simplemente la voluntad de la mayoría, con lo que se degrada la esencia de la misma democracia e impide un adecuado control del Poder Ejecutivo; el dogma de la separación de poderes es una simple indicación vacía, cuando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encuentran politizados en sus órganos rectores, como ocurre en otras agencias de control del poder público.

El Leviatán que se consiguió trocear con la modernidad vuelve ahora recompuesto bajo otra apariencia, representada en la oligarquización de los intermediarios del poder. Cabría decir, pues, que la Constitución, forjada al fuego de El espíritu de las leyes de Montesquieu es más bien hoy un personaje de la serie televisiva Walking Dead, un zombi, más muerto que vivo, en metáfora ya utilizada por el conocido sociólogo Ulrich Beck a propósito de la familia moderna y que viene aquí muy a cuento debido a que formalmente los textos legales siguen respondiendo a un paradigma liberal que ya no existe porque la realidad política ha destrozado ese sistema de contrapesos, aunque a la cúpula dominante interese mantener la apariencia de que todo sigue igual, exacerbando el ritual parlamentario vacuo y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales enfocadas simplemente al reparto del pastel y nunca al interés general, que, por la propia dinámica del sistema, queda apartado.

Por eso, volviendo al principio, decir que no es el momento de plantearnos una reforma constitucional engloba dos engaños: primero, porque se pone en la mira la cuestión territorial, cuando el verdadero problema es el institucional, sin cuya resolución difícilmente se va a poder encarar aquel; segundo, porque ampararse en la economía para no cambiar nada es ignorar que un verdadero desarrollo económico a medio o largo plazo no se da sin unas instituciones que funcionen debidamente y que permitan que prevalezcan la verdadera justicia, la competencia, la meritocracia, la eficiencia y el sentido común. Sin ellas continuará el amiguismo, la corrupción, la ineficacia, el dispendio de recursos públicos y la mediocridad que tenemos ahora, aunque circunstancias coyunturales nos permitan respirar económicamente en un futuro.

No se puede uno escudar en la coyuntura para no hacer cosas que son imprescindibles. Al contrario, es el momento de hacerlas porque, de mejorar la economía, se perderá el impulso reformador. Pero, cuidado, es difícil que quienes manden lo hagan voluntariamente, porque ello significará que pierdan parte de su poder. Ha de ser la sociedad civil la que lo exija presionando sin desmayo para que se introduzcan las reformas necesarias para que el poder gire su mirada de las cúpulas de los partidos hacia el ciudadano, al menos en la parte necesaria para lograr el deseado equilibrio. Para eso puede que no sea imprescindible una gran reforma constitucional, y mucho menos destrozar el sistema desde fuera, como nuevos cantos de sirena que se nos ofrecen. Quizá baste con liberar al zombi de su maldición.

Flash Derecho: más 144.000 ciudadanos se adhieren a la petición de HD de condecorar a Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel

Una sociedad se reconoce por el tipo de personas a las que premia. En la Grecia clásica se honraba el valor guerrero y la excelencia deportiva. Posteriormente, el talento estratégico y la oratoria brillante. Otras sociedades han premiado a artistas-cortesanos, (como a nuestro Velázquez), a genocidas especialmente eficientes (como en la Alemania nazi) o a denunciantes de conductas contrarrevolucionarias en el seno de la propia familia (como en la China de Mao y en la actual Corea del Norte). Y nosotros, ¿a quién premiamos?

El artículo 1 del Reglamento que la regula indica que la Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de la Ley 30/92, o por personas ajenas a la Administración que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.

Entre los receptores de las mayores condecoraciones (Collar y Gran Cruz) en los últimos años, podemos destacar (al margen de mandatarios extranjeros), a Pedro Solbes y a Amancio Ortega.

Nos alegramos mucho del éxito empresarial de Amancio Ortega, pero pensamos que, como decía San Agustín de los romanos para negarles el acceso a la vida eterna, “os aseguro que con su éxito terrenal ya tuvieron suficiente recompensa”. Por otra parte nos preguntamos qué “relevante servicio al Estado” prestó Pedro Solbes al dejar que la burbuja inmobiliaria creciese hasta ese nivel espantoso. Quizás no sea ahí, sino en la “constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”, donde haya que buscar la explicación: seguramente se premie haber protestado en silencio y no hacer ruido al marcharse para no molestar a su señorito.

Pues bien, en base a la propuesta que hicimos aquí, durante estos días de agosto, casi 150.000 españoles han manifestado su deseo de querer ser reconocidos en el futuro por algo mejor: por formar parte de una sociedad que ha premiado a una simple funcionaria que decidió prestar un relevante servicio al Estado, más allá del estricto cumplimiento de sus deberes, asumiendo un coste personal importante por hacerlo.

La petición les honra casi más a ellos que a la propia funcionaria. Y, por eso, en su reconocimiento, procederemos a presentar formalmente esta petición en el Ministerio de Justicia durante el próximo mes de septiembre, con el objeto de que, al amparo del art. 7 del Reglamento, el Sr. Gallardón formule la correspondiente propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Queremos averiguar de esta manera si nuestro Ministro de Justicia está también interesado en formar parte de una sociedad que se reconozca por premiar estos valores o si, por el contrario, prefiere la de siempre, en la que tan bien le ha ido a tantos integrantes de su partido.

Seguiremos informando.

El artículo de Ignacio García de Leaniz: El nuevo regeneracionismo español

Hace poco más de un año, apelaba desde esta Tribuna (“Pidiendo una Generación del 12”, El Mundo, 11-01-2013) a la necesidad de una constelación de ciudadanos con influencia en la sociedad y conocimientos de la estructura del estado, que conscientes de las causas del colapso institucional, económico y social que nos asola, pudiera enderezar el hundimiento colectivo al que asistimos. Que no es otro que el del régimen del 78, cuya descomposición y corrupción actuales nos recuerdan la caída del sistema caciquil de partidos de la Restauración en 1923, o años más tarde, en 1931, la desaparición de todo un régimen. Y no hay que olvidar que el declive actual ya se ha cobrado una abdicación regia forzada, velis nolis, por una corrupción inherente a la quiebra de la separación de poderes que padecemos.

Mas como en nuestro país hay ciertamente gente muy valiosa-aunque no se hable de ella- y abnegada a la que además le “duele España”, resulta que ante la grave crisis en torno, una serie de personas han aunado esfuerzos y vertebrado sinergias para frente a la desesperanza reinante (“así podemos seguir indefinidamente”) dar paso a una desesperación creadora (“así no podemos seguir más: ¡hay que hacer algo!”). Como asumiendo el lema de “no comulgar con ruedas de molino” frente a un entramado institucional no muy distinto al que Joaquín Costa definió en Oligarquía y caciquismo. Y así de forma espontanea se ha ido acrisolando una minoría vital crítica que siguiendo la estela de nuestros mayores regeneracionistas del siglo XIX y pasado (Ganivet, Costa, Maeztu, Unamuno, Machado y Ortega), se han puesto manos a la obra de hacer frente al fracaso democrático nacional cuanto a la corrupción campante que sucede a un poder tan descontrolado como el que hemos consentido.

Tal movimiento regeneracionista aglutina ya una constelación de profesionales con edades que oscilan entre los cuarenta y cincuenta años, siendo su fecha-eje de nacimiento 1968 y el 2014 la de su toma de conciencia de ser una generación dotada de un proyecto sugestivo en común. Año este en el que han empezado a reunirse para analizar la situación nacional y entreverar varias líneas de acción. Sus perfiles van desde abogados del Estado, hasta notarios, profesionales del Derecho, profesores, altos funcionarios, consultores y directivos de empresa. Y hay en este rasgo de la minoría regeneracionista, un hecho bien insólito por significativo: Cómo el actual establishment encarnado por el PP-PSOE y su anejo “capitalismo castizo”, ha perdido el apoyo de las élites más preparadas y se han ganado, a cambio, su beligerancia en pro de una democracia de usos europeos- con igualdad ante la ley- y del fin de la impunidad. Esto es, devolver a España la categoría de Estado de Derecho que ha ido perdiendo paulatinamente en los últimos veinte años.

Y en poco tiempo, como fruta en sazón, han ido cuajando unas iniciativas regeneradoras que dan cuenta de las energías dormidas que hay en el fondo de nuestra sociedad y que hablan todas ellas de una “imaginación creadora” tan necesaria hoy para la encrucijada española. Veamos algunos ejemplos:

1. El fenómeno de “¿Hay Derecho?”: Lo que comenzó como un reducido blog más fundado por cuatro notarios (Ignacio y Fernando Gomá, Rodrigo Tena y Fernando Rodríguez Prieto) y una abogada del Estado (Elisa de la Nuez), se ha convertido al cabo del tiempo en el blog jurídico-y político- más importante de nuestro país, sostenido por muchas horas de saber y esfuerzo. Y sin ningún ánimo de lucro lo cual resulta siempre aval del regeneracionismo verdadero. En la actualidad cuenta ya con más de 200.000 entradas mensuales y sus reflexiones y denuncias sobre la deriva de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, son a mi juicio de lo más lúcido y riguroso que se está escribiendo en nuestro país en estas horas inciertas. Un uso inteligente de Twitter permite, además, un grado de difusión y seguimiento notables. Junto a ello, han tenido la feliz idea de publicar un libro fundamental para entender lo que nos pasa como son las reflexiones que constituyen el tomo “¿Hay derecho?”: La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, bajo el pseudónimo colectivo de Sansón Carrasco (Península, 2014). Las diecisiete páginas de su introducción suponen una formidable síntesis de nuestros males, carencias y peligros, siendo su lectura indispensable para saber qué nos estamos jugando.

2. La tecnología al servicio del Regeneracionismo: La Fundación Civio. No menos eficaz y fecunda resulta la andadura que a través del uso de las nuevas tecnologías ha emprendido Jacobo Elosua, que fue alto directivo de un conocido banco de inversión multinacional. Su Fundación Civio desarrolla herramientas informáticas que sacan a la luz datos de gran valor cívico y promueven la transparencia tan necesaria, ayudando al tránsito de mero contribuyente a ciudadano. Lo que supone mucho de investigación y de conocimiento de la gestión pública para mejorar el poder ciudadano y la rendición de cuentas institucionales. Secciones como “Tu derecho a saber”, “El BOE nuestro de cada día”, “Quién manda” o “Dónde van mis impuestos”, tienen como fin tanto el control del poder público cuanto una labor de pedagogía conscientes de que el principal problema político de nuestro país sigue siendo esencialmente “pedagógico”, como anotaba Ortega. Pero, sin duda, la sección más conocida de su web es el “Indultómetro” donde han recopilado, desgranado y clasificado toda la información contenida en el BOE sobre los indultos concedidos en España desde 1996, constituyendo una ingente base de datos a disposición de cualquiera de nosotros. De donde puede sacar el lector lecciones varías sobre el grado de impunidad y arbitrariedad que acompañan al ejercicio de nuestro poder político
3. Una herramienta municipal regeneracionista: Basada en la experiencia del ayuntamiento de Torrelodones, y ante la dificultad de conocer las finanzas de los ayuntamientos nacionales y sus normas básicas de gestión, la regeneradora Sociedad Civil Municipal al frente de la cual se encuentra un consultor como Gonzalo F. Atela, ha creado un “kit”, descargable on line, con los puntos básicos que deben conocer los ciudadanos que quieran repetir la experiencia torredolonense, que supone la dignificación de la vida municipal y terminar con la figura de los ediles “cuneros” de los tiempos de la Restauración. Así a través de una serie de guías y procedimientos, las asociaciones ciudadanas se encuentra desde material jurídico a instrucciones sobre cómo gestionar la estrategia en los medios para poder acceder a un poder local cuyo índice de salud moral resulta el quicio de nuestra entera arquitectura política. Con este planteamiento, la posibilidad de importar la figura del “manager municipal” tan popular en los países escandinavos y en Estados Unidos supone una clara perspectiva regeneracionista.
Se me dirá que al fin y al cabo son experiencias todavía modestas. A lo que respondo que mucho peor que no las hubiera. Y que el nuevo regeneracionismo hace camino al andar, deportiva, abnegadamente. Lo cual no es poco.

Lecturas de verano: el nuevo regeneracionismo

Reproducimos por su interés el artículo publicado en EP hace dos domingos por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano sobre el nuevo regeneracionismo y las lecturas recomendadas, entre ellas nuestro libro ¿Hay derecho?

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Nuestra normalmente apática sociedad civil se moviliza periódicamente para exigir cambios institucionales que nos acerquen más a Europa (no hablamos aquí de los que buscan imitar a nuestros arruinados primos venezolanos). Desgraciadamente, estos momentos suelen acabar mal: el primero de ellos, articulado alrededor de los ilustrados y la Constitución de Cádiz, sufrió el exilio tras el regreso de Fernando VII. El segundo, el regeneracionismo de Costa y Ortega, murió con la Guerra Civil.

Una de las pocas cosas buenas de la brutal crisis económica ha sido el renacimiento de estos anhelos en un nuevo regeneracionismo. Los miembros de este movimiento, cada uno con sus propios matices, comparten una idea común: regenerar nuestra nación para construir una España más democrática, más moderna, más próspera y más justa. A diferencia de los movimientos anteriores, los nuevos regeneracionistas disfrutan de una novedosa herramienta, Internet, que les permite llegar a muchos españoles y aspirar a no terminar como sus antecesores. Por ejemplo, varios grupos se han reunido alrededor de blogs colectivos que analizan nuestra realidad con independencia y claridad.

Quizá sea el verano de 2014, ante la eclosión del populismo demagógico, del enconamiento del rupturismo en Cataluña y del desconcierto del partido en el Gobierno (imaginen, ¡hasta el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática!), un buen momento para repasar esas ideas y ofrecer una guía de lectura del nuevo regeneracionismo.

Empezamos por los más sorprendentes miembros de este movimiento. El blog Hay derecho y el libro del mismo nombre (Ediciones Península, 2014), firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, analizan el profundísimo deterioro del Estado de derecho en España que subyace a todos nuestros problemas. La sorpresa viene por ser los autores del libro notarios y abogados del Estado. ¿Qué hace un grupo de altos funcionarios en la vanguardia reformista? Parece difícil de creer que autores que podrían vivir tranquilamente ganando mucho dinero puedan tener el valor y la independencia para decir lo que saben a riesgo de perjudicar su carrera profesional. Y, sin embargo, lo hacen. El libro es extremadamente valiente e informado, con brutalmente claros análisis de las causas y consecuencias de la impunidad de nuestros altos cargos y ejecutivos. No leerán ustedes análisis más profundos, por ejemplo, de la escandalosa prescripción del delito de César Alierta, de la corrupción de nuestras instituciones y de la importancia del derecho para tratar de enderezar las cosas. A nosotros, que vemos los toros desde la barrera que concede trabajar en universidades anglosajonas, nos impresiona el valor de los autores que escriben cosas que, desgraciadamente, en España no se pueden decir. Porque una de las características de España es cuánto de lo que todo el mundo sabe (es decir, los cenáculos de Madrid) no se cuenta en ningún sitio en alto, sobre Gowex, sobre Bankia o sobre la financiación de los partidos. El arma secreta del éxito de Occidente durante ya varios siglos ha sido el imperio de la ley, la invención más importante de nuestra civilización. Los autores de Hay derecho explican mejor que nadie cómo este imperio de la ley se ha disuelto en España y cómo debemos de traer nuestro Estado del derecho del exilio en el que vive.

El segundo colectivo importante es el formado por un grupo de jóvenes investigadores y profesionales agrupados en el blog Politikon y que han publicado La urna rota: La crisis política e institucional del modelo español (Debate, 2014). La mayoría de los miembros de Politikon son científicos sociales con intereses en política y sociología. Como tales, escriben un libro analítico y basado en la evidencia empírica, pero ameno y entretenido. Su argumento principal (similar al que nosotros hemos apuntado en otras ocasiones) es que nuestra crisis es el producto de una combinación de malas instituciones y una burbuja inmobiliaria que lo permitió todo. Las malas instituciones vienen de unos partidos cerrados y monolíticos, un sistema electoral que impide el control interno (los miembros de los partidos no quieren perder su puesto en las listas) o externo (el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario), una Administración pública muy politizada y de la ausencia de cuerpos intermedios (prensa, asociaciones privadas, etcétera) que sirvan de contrapeso a los partidos. La burbuja trajo crédito fácil que dejó a los políticos hacer y deshacer con total olvido del futuro y sin consecuencias en el corto plazo. Lo que diferencia a Politikon y a La urna rota de muchos otros autores es la claridad en presentar reformas posibles sin caer ni en la tentación de prometer milagros ni en la desesperanza, como le gusta decir a uno de los autores, de culparlo todo a que “España esta llena de españoles”. Los miembros de Politikon entienden muy bien que todo sistema político y electoral encara problemas y contradicciones, pero que existen alternativas a nuestras instituciones que, cuidadosamente diseñadas, traerían mejoras marginales.

El tercer libro del buen regeneracionista, Qué hacer con España (Destino, 2013), es de César Molinas, el pionero del nuevo regeneracionismo. Su artículo del 10 de febrero de 2009 en Expansión presentando una agenda de reformas para España y su influyente artículo en EL PAÍS del 9 de septiembre de 2012 desarrollando una teoría de la clase política española han sido trabajos clave en la gestación del movimiento. El libro es una lúcida exposición de las causas últimas de nuestra aparente incapacidad para crear instituciones modernas al servicio de los ciudadanos. El problema, según Molinas, es la falta de voluntad de nuestras élites. Estas élites, que disfrutan de jugosas rentas extraídas del resto de la sociedad, se resisten a poner en marcha cambios hacia la democracia y la transparencia que limitarían su capacidad de exprimir nuestro capitalismo castizo.

El cuarto libro, quizás el de objetivos más concretos, pero no por ello menos importantes, es ¿Hacienda somos todos?: Impuestos y fraude en España, de Francisco de la Torre (Debate, 2014), un brillante joven inspector de Hacienda que entiende como pocos los entresijos de nuestras cuentas públicas. De la Torre repasa nuestro sistema fiscal, los mitos y leyendas que existen con respecto al mismo, los problemas de recaudación y fraude que sufrimos, y propugna una reforma fiscal que vaya mucho más lejos que el maquillaje de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.

Terminamos con una mención breve a nuestro trabajo, pues nos consideramos miembros de este nuevo regeneracionismo. Juntos contribuimos regularmente al blog económico NadaEsGratis, inicialmente bajo el paraguas de FEDEA y ahora gestionado de manera independiente por la asociación Nada es Gratis, cuyos autores somos economistas académicos. Nuestras reflexiones sobre la crisis económica y las reformas necesarias están reflejadas en el libro Nada es gratis (Destino, 2011), bajo el seudónimo colectivo Jorge Juan. Uno de nosotros ha escrito recientemente un libro, El dilema de España (Península, 2014), que refleja en muchos casos ideas que hemos desarrollado conjuntamente y con otros autores del blog, y que presenta una agenda regeneracionista concreta de reformas económicas, políticas y educativas necesarias para hacer de España un país comparable a las sociedades más avanzadas de la Europa del Norte.
Esperamos que esta lista de seis libros sirva a los españoles, incluidos a los más ilustrados de nuestros políticos (que en nuestra experiencia existen en todos los partidos), para plantear una ambiciosa agenda de reformas que transforme a España en la nación que todos soñamos.