Lecturas recomendadas: “La independencia del juez, ¿una fábula?”, de Francisco Sosa Wagner

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La ilustración de la portada da que pensar. Pareciese que al tocar el taco con el mazo, resolviendo así el asunto sometido a decisión, el cepo estuviese destinado a saltar aprisionando la correspondiente mano. A menos, claro está, que se tocase con la suficiente delicadeza como para no asustar a quién controla la cadena, púdicamente colocado fuera de los focos, pero pese a ello muy presente para el observador…

No obstante, sabemos que si no se golpean con decisión los martillos son inútiles, y especialmente este de la Justicia. En su último libro Sosa Wagner explica de manera muy accesible para todos, pero sin merma de rigor, por qué nuestro particular martillo no puede blandirse con la fuerza que debiera. Constituye una perfecta radiografía de los males de nuestro sistema judicial -englobando en esa categoría al ministerio público y a la justicia constitucional- a través de un riguroso análisis histórico y funcional de su triste devenir. Porque, lo que parece meridianamente claro, es que en nuestro país Montesquieu nunca ha gozado de buena salud. Y es que cuando, con la Transición, se suponía que íbamos a entrar por fin en la Modernidad, alguien con mucho poder se apresuró a recordarnos que el ilustre barón estaba pero que bien muerto.

Me atrevo a decir que sobre este tema hemos escrito en este blog decenas de post, desde los aspectos más generales a los más particulares, por lo que no podíamos dejar de reseñar aquí, aunque sea brevemente, un libro como este.  Además, la obra está llamada a convertirse en referencia obligada para todo interesado en conocer el estado actual del problema, y también para aquellos destinados a proponer alguna solución, y con esto último me refiero a los políticos que saldrán de las urnas a finales de junio. Al menos si desean dejar de discutir sobre lo suyo y centrarse en los temas de la colectividad, entre los que destaca especialmente este de la independencia judicial.

Sosa Wagner identifica con precisión los puntos débiles del sistema –lo más graves son los que permiten un exceso de discrecionalidad en los nombramientos, lo que facilita la influencia de la política partidista- pero también concede al lector suficiente oxígeno como para que este se arriesgue a pensar por sí solo cuales pueden ser las respuestas más adecuadas. Obviamente el autor tiene sus preferencias –como su indisimulada por el sorteo a la hora de elegir los vocales del CGPJ o los magistrados del TC-  pero al margen de ellas nos ofrece un variado catálogo de posibles reformas, desde las muy ambiciosas a las más modestas y, pese a ello, no menos eficaces, como las destinadas a imponer el concurso ordinario en todos los niveles de la carrera frente al tradicional dedazo.

En este ámbito de la discrecionalidad controlada la referencia al Derecho comparado es extraordinariamente útil y el autor hace abundante uso de ella. Lo que, incidentalmente, nos permite desembarazarnos de muchas ideas preconcebidas e identificar con facilidad ciertos  excesos demagógicos, empezando precisamente por este tema de qué es realmente el poder judicial y por qué la existencia de un poder judicial independiente es perfectamente compatible – siempre que se adopten las cautelas pertinentes- con que la administración de justicia propiamente dicha descanse en el Ejecutivo, como ocurre en EEUU, Reino Unido, Alemania o en los Países Escandinavos (como es bien sabido lugares todos ellos en los últimos lugares en lo que a independencia y eficacia del poder judicial se refiere). Nosotros, por el contrario, y como suele ser habitual por estos lares, hemos preferido vestir muy lindo al muñeco con todos los atributos de la independencia bien visibles en el trajecito del Consejo, mientras por detrás lo desnudábamos sin sonrojo alguno a través del reparto partidista a nivel estatal y autonómico, hasta dejarlo literalmente en pelota.

En fin, los ministrables de los cuatro partidos principales que contienden en estas elecciones ya saben a qué caseta acudir en masa durante esta inminente Feria del Libro. Y si con ellos no se agota ya la primera edición, se agotará sin duda como consecuencia del interés de los ciudadanos por conocer en profundidad uno de los puntos más críticos para el futuro de nuestra convivencia durante los próximos años.

Lecturas recomendadas: “La independencia del juez, ¿una fábula?”, de Francisco Sosa Wagner

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La ilustración de la portada da que pensar. Pareciese que al tocar el taco con el mazo, resolviendo así el asunto sometido a decisión, el cepo estuviese destinado a saltar aprisionando la correspondiente mano. A menos, claro está, que se tocase con la suficiente delicadeza como para no asustar a quién controla la cadena, púdicamente colocado fuera de los focos, pero pese a ello muy presente para el observador…

No obstante, sabemos que si no se golpean con decisión los martillos son inútiles, y especialmente este de la Justicia. En su último libro Sosa Wagner explica de manera muy accesible para todos, pero sin merma de rigor, por qué nuestro particular martillo no puede blandirse con la fuerza que debiera. Constituye una perfecta radiografía de los males de nuestro sistema judicial -englobando en esa categoría al ministerio público y a la justicia constitucional- a través de un riguroso análisis histórico y funcional de su triste devenir. Porque, lo que parece meridianamente claro, es que en nuestro país Montesquieu nunca ha gozado de buena salud. Y es que cuando, con la Transición, se suponía que íbamos a entrar por fin en la Modernidad, alguien con mucho poder se apresuró a recordarnos que el ilustre barón estaba pero que bien muerto.

Me atrevo a decir que sobre este tema hemos escrito en este blog decenas de post, desde los aspectos más generales a los más particulares, por lo que no podíamos dejar de reseñar aquí, aunque sea brevemente, un libro como este.  Además, la obra está llamada a convertirse en referencia obligada para todo interesado en conocer el estado actual del problema, y también para aquellos destinados a proponer alguna solución, y con esto último me refiero a los políticos que saldrán de las urnas a finales de junio. Al menos si desean dejar de discutir sobre lo suyo y centrarse en los temas de la colectividad, entre los que destaca especialmente este de la independencia judicial.

Sosa Wagner identifica con precisión los puntos débiles del sistema –lo más graves son los que permiten un exceso de discrecionalidad en los nombramientos, lo que facilita la influencia de la política partidista- pero también concede al lector suficiente oxígeno como para que este se arriesgue a pensar por sí solo cuales pueden ser las respuestas más adecuadas. Obviamente el autor tiene sus preferencias –como su indisimulada por el sorteo a la hora de elegir los vocales del CGPJ o los magistrados del TC-  pero al margen de ellas nos ofrece un variado catálogo de posibles reformas, desde las muy ambiciosas a las más modestas y, pese a ello, no menos eficaces, como las destinadas a imponer el concurso ordinario en todos los niveles de la carrera frente al tradicional dedazo.

En este ámbito de la discrecionalidad controlada la referencia al Derecho comparado es extraordinariamente útil y el autor hace abundante uso de ella. Lo que, incidentalmente, nos permite desembarazarnos de muchas ideas preconcebidas e identificar con facilidad ciertos  excesos demagógicos, empezando precisamente por este tema de qué es realmente el poder judicial y por qué la existencia de un poder judicial independiente es perfectamente compatible – siempre que se adopten las cautelas pertinentes- con que la administración de justicia propiamente dicha descanse en el Ejecutivo, como ocurre en EEUU, Reino Unido, Alemania o en los Países Escandinavos (como es bien sabido lugares todos ellos en los últimos lugares en lo que a independencia y eficacia del poder judicial se refiere). Nosotros, por el contrario, y como suele ser habitual por estos lares, hemos preferido vestir muy lindo al muñeco con todos los atributos de la independencia bien visibles en el trajecito del Consejo, mientras por detrás lo desnudábamos sin sonrojo alguno a través del reparto partidista a nivel estatal y autonómico, hasta dejarlo literalmente en pelota.

En fin, los ministrables de los cuatro partidos principales que contienden en estas elecciones ya saben a qué caseta acudir en masa durante esta inminente Feria del Libro. Y si con ellos no se agota ya la primera edición, se agotará sin duda como consecuencia del interés de los ciudadanos por conocer en profundidad uno de los puntos más críticos para el futuro de nuestra convivencia durante los próximos años.

Lecturas recomendadas: “La España estancada”, de Carlos Sebastián

España EstancadaGlosar el libro de Carlos Sebastián no es para mí como reseñar el de un libro cualquiera. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos en la presentación del libro póstumo de Javier Pradera “Corrupción y política. Los costes de la democracia” y a partir de ahí hemos mantenido una relación que le ha llevado a él a colaborar en este blog y venir a los actos de la Fundación ¿Hay Derecho? y a mí a leer algún capítulo de su obra antes de que publicara y a hacer alguna sugerencia que probablemente no le haya hecho falta. Y, ahora, a comentar su libro con gusto, pues nuestra relación se basa en esas afinidades intelectuales que se producen cuando, coincidiendo con otros, nos damos cuenta de la existencia de un problema, hacemos un determinado diagnóstico del mismo y a continuación observamos que mucha gente a tu alrededor no ve el problema ni mucho menos el diagnóstico.

El problema, como no podía ser de otra manera, es el del deterioro institucional del que adolece nuestro país y sus consecuencias, de lo que damos buena cuenta en este blog y en el libro de Sansón Carrasco que lleva el mismo nombre. Para el jurista – profesión probablemente mayoritaria entre los lectores de este blog- lo interesante del libro que comentamos no es sólo la coincidencia de diagnósticos sino, particularmente, el hecho de que el autor llega a la misma conclusión que nosotros pero desde el punto de vista de otra ciencia, la Economía –Carlos Sebastián es catedrático de Teoría Económica- anunciando ya en la introducción que las tesis que va a defender son, primero, que el marco en el que se desarrolla la actividad económica en nuestro país limita de forma importante la eficiencia y el emprendimiento y es la principal causa del estancamiento de la productividad; y, segundo, que el deterioro institucional es, en buena medida, la consecuencia de la forma de ejercer el poder instalada en nuestro país mediante: 1) la ocupación de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones; 2) el tinte marcadamente clientelar de la acción política; y 3) la devaluación de las leyes.

La coincidencia es, pues, en el diagnóstico del problema y en el enfoque de la cuestión, netamente institucionalista. Por supuesto, el enfoque del Nuevo Institucionalismo  no es el único ni es exclusivo de la ciencia económica, pues en ciencia política, por ejemplo, se ha reafirmado frente a otros como el conductista (centrado en el comportamiento de los actores) o el de la elección racional (teoría económica de la política), sobre todo a partir de los años 70, cuando tanto politólogos como sociólogos y economistas (North, Skocpol, y hoy Acemoglu y Robinson) comienzan a sentirse incómodos con los planteamientos atomistas anteriores y observan que las instituciones -entendidas no en el aspecto organizacional del institucionalismo primitivo, sino en sentido sustantivo- condicionan la manera en la que se solucionan determinados problemas colectivos. Quizá no sea la única explicación, pero no cabe duda de que la degradación institucional está entre las causas de nuestra ineficiencia.

Por supuesto, el autor dedica unos cuantos capítulos a llamar la atención sobre cuestiones que nos son bien conocidas y en las que no podemos estar más de acuerdo: vorágine normativa, administraciones que incumplen normas, mala regulación, deficiente supervisión y mercados distorsionados… Pero para un simple jurista, como servidor, el libro de Sebastián tiene la virtud de reforzar empíricamente –desde la ciencia económica y siempre apoyado en datos, encuestas, trabajos e informes de organismos internacionales- la hipótesis de que el estancamiento económico español se debe a la inoperancia de las instituciones en sentido formal (normas) e informal (códigos de confucta), lo que desde otras disciplinas sólo barruntamos a partir de la constatación del deterioro de éstas.

El repaso que hace al sistema bancario en lo que se refiere a sus ineficiencias en esta crisis nos es familiar a los juristas (aunque recomiendo vivamente las páginas 72 y 73 a los pobres incautos que se crean que con un plan de pensiones hacen buen negocio), pero me parecen muy ilustrativas las consideraciones relativas al mercado de trabajo y, especialmente, al sistema eléctrico, complejísimo, en las que el autor tiene la virtud de mostrar el juego amañado de la nueva regulación que, finalmente, llega a perjudicar a las energías renovables manteniendo una retribución exorbitante a la energía hidráulica y nuclear, porque las compañías quieren mantener como sea un statu quo que les promociona unos cómodos estipendios y para ello se aprovechan de una deficiente normativa que mantiene conceptos como “costes medios regulados” y “deficits tarifarios” que al final se prestan a trasladar rentas desde las consumidores a las compañías indebidamente.

Recomiendo vivamente a quienes estén interesados en saber cómo funciona el capitalismo en nuestro país el capítulo “Redistribución y concesiones públicas”, en el que aborda las interioridades de casos como las autopistas catalanas (¿ustedes creían que ahí tenían algo de razón los independentistas?: pues, a modo de aperitivo, léanse este artículo que el autor publicó en Ahora), el proyecto Castor o las autopistas radiales de Madrid; casos todos de política clientelar en los que, como ocurre con el problema eléctrico, hay un efecto negativo sobre la eficiencia del sistema económico y, además, se redistribuyen rentas para los favorecidos por la misma.

No se trata de aquí de hacer un spoiler  (esta palabra ha significado “alerón” para mí hasta hace poco) del libro, por lo que sólo destacaré un par de cosas más que me parecen sumamente interesantes y originales del libro porque desmonta algunas autocomplacencias y creencias equivocadas. Por un lado, la constatación de que nuestro problema no son sólo unas malas leyes o unos políticos ineptos, sino también unos valores y códigos de conducta negativos que llevan, por ejemplo a mantener una actividad profesional contraria al emprendimiento y al cumplimiento creativo de obligaciones y un sesgo contrario al enriquecimiento del empresario por suministrar un servicio (poniendo el ejemplo de cierto pueblo leonés que prefiere comprar el pan en otro pueblo con tal de que no se enriquezca el vecino). Por cierto, muy interesante la digresión que hace en la página 154 para desmontar el mito de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, demostrando que la causa del retraso no ha sido la religión católica sino, una vez más, el ejercicio del poder por la Iglesia en connivencia con el Estado para bloquear a los innovadores.

La segunda cuestión original la desarrolla en el capítulo 10, “Deficiencias en el sistema educativo”, y de él destaco su mención de que el skill wage premium, es decir, cómo se retribuye en el mercado de trabajo el nivel de estudios, es inferior en España en relación a los de Europa Occidental lo que produce un skill mismatch, es decir, desajuste entre el nivel de estudios y la cualificación requerida para el puesto. Si a ello se une una sociedad alejada de la meritocracia y, por tanto, con trabas a la competencia y un marco hostil al emprendimiento, el tipo de empresario que se genera es el que valora más la cercanía al poder que la calidad de la gestión. Ahora bien, esto contradice el tópico de que la baja productividad se debe fundamentalmente a una baja calidad educativa: sin duda, el conocimiento es importante, pero lo es todavía más la existencia de otras habilidades cognitivas y valores como la persistencia en el esfuerzo, capacidad de interacción y la percepción de que esas actitudes van a ser retribuidas adecuadamente porque no reina el amiguismo y el rechazo al talento, sino que por el contrario las reglas de juego imperantes –las instituciones informales- priman el esfuerzo y la meritocracia.

En el capítulo ¿Cuándo se estropeó todo?, el autor sitúa el comienzo de todo esto a finales de los ochenta y principios de los 90, cuando dejan de acometerse las imprescindibles reformas que se habían iniciado con la Transición. Este punto, en cierto sentido secundario, fue objeto de un animado debate en la presentación del libro entre Joaquín Estefanía, que consideraba el inicio más reciente y el declive menor,  y Sebastián considera que los primeros atisbos de deterioro son ya de la época socialista y el estancamiento un concepto relativo porque ha de valorarse en función a lo que deberíamos haber crecido en comparación con los países de nuestro entorno.

En fin, como era de esperar y comprobamos cotidianamente, el autor considera que el cambio no es fácil porque se expone a muchísimas resistencias de aquellos que podrían resultar perdedores, pero da alguna idea de por dónde debería ir.

Lecturas recomendadas: “La España estancada”, de Carlos Sebastián

España EstancadaGlosar el libro de Carlos Sebastián no es para mí como reseñar el de un libro cualquiera. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos en la presentación del libro póstumo de Javier Pradera “Corrupción y política. Los costes de la democracia” y a partir de ahí hemos mantenido una relación que le ha llevado a él a colaborar en este blog y venir a los actos de la Fundación ¿Hay Derecho? y a mí a leer algún capítulo de su obra antes de que publicara y a hacer alguna sugerencia que probablemente no le haya hecho falta. Y, ahora, a comentar su libro con gusto, pues nuestra relación se basa en esas afinidades intelectuales que se producen cuando, coincidiendo con otros, nos damos cuenta de la existencia de un problema, hacemos un determinado diagnóstico del mismo y a continuación observamos que mucha gente a tu alrededor no ve el problema ni mucho menos el diagnóstico.

El problema, como no podía ser de otra manera, es el del deterioro institucional del que adolece nuestro país y sus consecuencias, de lo que damos buena cuenta en este blog y en el libro de Sansón Carrasco que lleva el mismo nombre. Para el jurista – profesión probablemente mayoritaria entre los lectores de este blog- lo interesante del libro que comentamos no es sólo la coincidencia de diagnósticos sino, particularmente, el hecho de que el autor llega a la misma conclusión que nosotros pero desde el punto de vista de otra ciencia, la Economía –Carlos Sebastián es catedrático de Teoría Económica- anunciando ya en la introducción que las tesis que va a defender son, primero, que el marco en el que se desarrolla la actividad económica en nuestro país limita de forma importante la eficiencia y el emprendimiento y es la principal causa del estancamiento de la productividad; y, segundo, que el deterioro institucional es, en buena medida, la consecuencia de la forma de ejercer el poder instalada en nuestro país mediante: 1) la ocupación de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones; 2) el tinte marcadamente clientelar de la acción política; y 3) la devaluación de las leyes.

La coincidencia es, pues, en el diagnóstico del problema y en el enfoque de la cuestión, netamente institucionalista. Por supuesto, el enfoque del Nuevo Institucionalismo  no es el único ni es exclusivo de la ciencia económica, pues en ciencia política, por ejemplo, se ha reafirmado frente a otros como el conductista (centrado en el comportamiento de los actores) o el de la elección racional (teoría económica de la política), sobre todo a partir de los años 70, cuando tanto politólogos como sociólogos y economistas (North, Skocpol, y hoy Acemoglu y Robinson) comienzan a sentirse incómodos con los planteamientos atomistas anteriores y observan que las instituciones -entendidas no en el aspecto organizacional del institucionalismo primitivo, sino en sentido sustantivo- condicionan la manera en la que se solucionan determinados problemas colectivos. Quizá no sea la única explicación, pero no cabe duda de que la degradación institucional está entre las causas de nuestra ineficiencia.

Por supuesto, el autor dedica unos cuantos capítulos a llamar la atención sobre cuestiones que nos son bien conocidas y en las que no podemos estar más de acuerdo: vorágine normativa, administraciones que incumplen normas, mala regulación, deficiente supervisión y mercados distorsionados… Pero para un simple jurista, como servidor, el libro de Sebastián tiene la virtud de reforzar empíricamente –desde la ciencia económica y siempre apoyado en datos, encuestas, trabajos e informes de organismos internacionales- la hipótesis de que el estancamiento económico español se debe a la inoperancia de las instituciones en sentido formal (normas) e informal (códigos de confucta), lo que desde otras disciplinas sólo barruntamos a partir de la constatación del deterioro de éstas.

El repaso que hace al sistema bancario en lo que se refiere a sus ineficiencias en esta crisis nos es familiar a los juristas (aunque recomiendo vivamente las páginas 72 y 73 a los pobres incautos que se crean que con un plan de pensiones hacen buen negocio), pero me parecen muy ilustrativas las consideraciones relativas al mercado de trabajo y, especialmente, al sistema eléctrico, complejísimo, en las que el autor tiene la virtud de mostrar el juego amañado de la nueva regulación que, finalmente, llega a perjudicar a las energías renovables manteniendo una retribución exorbitante a la energía hidráulica y nuclear, porque las compañías quieren mantener como sea un statu quo que les promociona unos cómodos estipendios y para ello se aprovechan de una deficiente normativa que mantiene conceptos como “costes medios regulados” y “deficits tarifarios” que al final se prestan a trasladar rentas desde las consumidores a las compañías indebidamente.

Recomiendo vivamente a quienes estén interesados en saber cómo funciona el capitalismo en nuestro país el capítulo “Redistribución y concesiones públicas”, en el que aborda las interioridades de casos como las autopistas catalanas (¿ustedes creían que ahí tenían algo de razón los independentistas?: pues, a modo de aperitivo, léanse este artículo que el autor publicó en Ahora), el proyecto Castor o las autopistas radiales de Madrid; casos todos de política clientelar en los que, como ocurre con el problema eléctrico, hay un efecto negativo sobre la eficiencia del sistema económico y, además, se redistribuyen rentas para los favorecidos por la misma.

No se trata de aquí de hacer un spoiler  (esta palabra ha significado “alerón” para mí hasta hace poco) del libro, por lo que sólo destacaré un par de cosas más que me parecen sumamente interesantes y originales del libro porque desmonta algunas autocomplacencias y creencias equivocadas. Por un lado, la constatación de que nuestro problema no son sólo unas malas leyes o unos políticos ineptos, sino también unos valores y códigos de conducta negativos que llevan, por ejemplo a mantener una actividad profesional contraria al emprendimiento y al cumplimiento creativo de obligaciones y un sesgo contrario al enriquecimiento del empresario por suministrar un servicio (poniendo el ejemplo de cierto pueblo leonés que prefiere comprar el pan en otro pueblo con tal de que no se enriquezca el vecino). Por cierto, muy interesante la digresión que hace en la página 154 para desmontar el mito de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, demostrando que la causa del retraso no ha sido la religión católica sino, una vez más, el ejercicio del poder por la Iglesia en connivencia con el Estado para bloquear a los innovadores.

La segunda cuestión original la desarrolla en el capítulo 10, “Deficiencias en el sistema educativo”, y de él destaco su mención de que el skill wage premium, es decir, cómo se retribuye en el mercado de trabajo el nivel de estudios, es inferior en España en relación a los de Europa Occidental lo que produce un skill mismatch, es decir, desajuste entre el nivel de estudios y la cualificación requerida para el puesto. Si a ello se une una sociedad alejada de la meritocracia y, por tanto, con trabas a la competencia y un marco hostil al emprendimiento, el tipo de empresario que se genera es el que valora más la cercanía al poder que la calidad de la gestión. Ahora bien, esto contradice el tópico de que la baja productividad se debe fundamentalmente a una baja calidad educativa: sin duda, el conocimiento es importante, pero lo es todavía más la existencia de otras habilidades cognitivas y valores como la persistencia en el esfuerzo, capacidad de interacción y la percepción de que esas actitudes van a ser retribuidas adecuadamente porque no reina el amiguismo y el rechazo al talento, sino que por el contrario las reglas de juego imperantes –las instituciones informales- priman el esfuerzo y la meritocracia.

En el capítulo ¿Cuándo se estropeó todo?, el autor sitúa el comienzo de todo esto a finales de los ochenta y principios de los 90, cuando dejan de acometerse las imprescindibles reformas que se habían iniciado con la Transición. Este punto, en cierto sentido secundario, fue objeto de un animado debate en la presentación del libro entre Joaquín Estefanía, que consideraba el inicio más reciente y el declive menor,  y Sebastián considera que los primeros atisbos de deterioro son ya de la época socialista y el estancamiento un concepto relativo porque ha de valorarse en función a lo que deberíamos haber crecido en comparación con los países de nuestro entorno.

En fin, como era de esperar y comprobamos cotidianamente, el autor considera que el cambio no es fácil porque se expone a muchísimas resistencias de aquellos que podrían resultar perdedores, pero da alguna idea de por dónde debería ir.

La Infanta, la “doctrina Botín” y “El poder amordazado” (de Jesús Villegas)

Seguro que todos los ciudadanos de cualquier polis griega amenazada por los bárbaros (o por sus vecinos) se preocupaban por el estado físico y psicológico de sus hoplitas, por su armamento y por su organización. También por la competencia del estratego encargado de dirigirles. Por eso, sorprende enormemente que hoy, cuando lo que está amenazado es nuestro Estado de Derecho, infiltrado de corrupción y amiguismo, sean tan pocos los que se preocupan de su última línea de defensa, esa que si cae conllevará para la mayoría el llanto y el crujir de dientes: la Judicatura.

Tras el auto del viernes pasado por el que la Audiencia de Palma de Mallorca decidió enjuiciar a la Infanta Cristina, no han faltado voces destacando la normalidad del proceso y acusando de agoreros a los alegaban que la Infanta nunca sería juzgada. Todavía no han entendido nada. O más bien parece que no quieren entenderlo. Si la Infanta va a ser juzgada, pese al gigantesco esfuerzo por impedirlo realizado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y por el estrato politizado de la Justicia española (representado por el TS y su ·doctrina Botín) va a ser gracias a nuestros humildes hoplitas: el sector profesional de nuestra Judicatura, que todavía resiste. ¿Por cuánto tiempo? Para saberlo deben leer el imprescindible y valiente libro del magistrado Jesús Villegas (“El poder amordazado”) recién publicado por Península. Pero les anticipo la conclusión: Poco.

La tesis que acabo de exponer la sostiene Villegas, además de con sólidos argumentos, con multitud de ejemplos; pero déjenme que analice este de la Infanta, que él, por evidentes razones de tiempo, no pudo incluir. En realidad, no tiene mucho misterio ni complicación. Bastaría que se leyesen ustedes los votos particulares a la sentencia 1045/2007 del TS que consagra la “doctrina Botín” y a continuación  el auto del viernes pasado. Pero se lo resumo brevemente:

Sobre la base de una interpretación literal del art. 782.1 de la LECrim, el TS sentó que no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el Fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular, lo que permitió al poderoso banquero librarse del banquillo, porque, claro, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le habían acusado. No obstante, tanto los cinco primeros votos particulares a esa sentencia, como el auto que ahora comentamos, se han ocupado de destruir cumplidamente esa sorprendente interpretación literal, que no casa ni con la interpretación lógica, ni con la histórica ni con la sistemática.

Pues bien, los abogados de la Infanta contaban con buenas razones para considerar que en este caso la solución iba a ser idéntica. Todos los astros de la Justicia española parecían sonreírles: tenían la doctrina del TS adecuada (es verdad que hecha a medida de otro pez gordo, pero que para este apaño podía valer igual) y se había conseguido, de nuevo, que no acusasen ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. La fruta tenía que caer por sí sola.

Pero hete aquí que llegamos a nuestra última línea de defensa: la integrada por los jueces de base, por esos que están perdidos en los juzgados de instrucción y en las Audiencias de toda España, que todos los días tienen que luchar con programas informáticos inoperantes o no compatibles, con casos absurdos de peleas de vecinos o con macro causas que colapsarían a un Ministerio, con personal sobre el que no mandan pero de cuya actividad o inactividad les hacen responsables, sin aspiraciones de progresar en la carrera porque no han querido jugar al juego político de las asociaciones dominantes dependientes de los partidos y de las designaciones a dedo; pero que, pese a todo ello, por extrañas razones casi mistéricas –quizás semejantes a las de los médicos de nuestra Seguridad Social- se parten la cara todos los días por hacer su trabajo lo mejor posible; es decir, por servir al Derecho y a la justicia.

A las magistradas que integran la sección 1ª de la Audiencia de Palma la doctrina Botín les parece una birria, indudablemente. Supongo que como a la mayoría de los juristas imparciales de este país. Lo dejan bastante claro en el auto. Pero tienen un problema: es una doctrina que ha fijado el Tribunal Supremo. Retengan esta idea porque es muy importante. Una de las cosas que más me sorprendió del libro de Villegas fue su encarnizada oposición al efecto vinculante de las Sentencias del TS, que ciertas reformas pretenden introducir. Mi reacción es comprensible. Cualquiera que viniese de un país normal se indignaría ante esa reivindicación de un juez inferior por considerarse eximido de aplicar los criterios sentados por el más Alto Tribunal. ¿Cómo quedaría la seguridad jurídica en un país si cada juez se considerase libre de interpretar la ley de la manera que le venga en gana? ¿Cómo controlar entonces la productividad y el buen hacer de nuestros tribunales inferiores?

Creo que ustedes también empiezan a entenderlo: es que este no es un país normal. Es que aquí la distinción entre “altos” y “bajos” admite distintas perspectivas, porque la politización de los órganos superiores de la Judicatura y los criterios con los que son escogidos sus miembros, provoca no solo que no se reconozca a sus decisiones especial autoridad doctrinal, sino que –pásmense- resulte bastante conveniente que así sea, como prueba el caso que comentamos.

Pero volvamos al obstáculo indicado. Existe una sentencia del TS que consagra la doctrina Botín, por muy matizada que haya quedado tras la sentencia 54/2008 dictada para el caso Atutxa. Y aunque el efecto vinculante puro y duro todavía no se reconoce para el TS, sí en cambio para el Tribunal Constitucional, conforme al art. 5.1 de la LOPJ. La cuestión tiene su importancia, porque la STC 205/2013, motivada por la dictada por el TS para el caso Atutxa, venía implícitamente a prohibir por vulnerar el principio de igualdad desviarse de la doctrina Botín (que tampoco entra a enjuiciar) salvo que se justificase por concurrir circunstancias diferentes (como terminó reconociéndose para ese caso).

Así que las magistradas, que dedican bastante espacio a demostrar por qué la doctrina Botín es un dislate, no les basta con eso, sino que tienen que argumentar que este caso de la Infanta no es igual que el del banquero. Y es cierto que lo hacen, aunque podría dudarse que las diferencias sean lo suficientemente relevantes. Básicamente se apoyan, entre otras, en que mientras que en el caso de Botín ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado acusaban a nadie, por entender que no se había cometido delito alguno, aquí sin embargo sí consideran que existe un delito fiscal para el caso de otros encausados, lo que en combinación con el argumento del interés colectivo (derivado del carácter pluriofensivo de ciertos delitos) sentado en la sentencia de la doctrina Atutxa, les sirve para escaparse -hay que reconocer que con ciertas dificultades- de la tiranía del precedente. Técnica quizás discutible (como ocurre siempre con toda argumentación jurídica), pero justicia incontestable, aunque eso sí, por los pelos.

Pero en esta historia hay otro hoplita que merece recordarse: el juez Castro. Y merece hacerse no solo por su valentía personal, sino porque ejemplifica perfectamente otros dos riesgos apuntados por Villegas en su magnífico libro: la instrucción por la Fiscalía y los Tribunales de Instancia. Con cualquiera de estos dos inventos -tan aparentemente lógicos en un país normal- el caso de la Infanta ni siquiera se habría planteado. Efectivamente, atribuir la instrucción a la Fiscalía mientras mantenga su estructura jerárquica y su dependencia política es un auténtico disparate, como demuestran los casos citados por Villegas (el Faisán, sin ir más lejos) y este que ahora comentamos. Pero algo semejante ocurre con los Tribunales de Instancia, como ya he escrito en este blog (“La reforma de la LOPJ y la instrucción colegiada”). Allí comentaba que cuando un sistema está politizado en la cúspide, las propuestas organizativas no solo tienen que pasar el filtro de la eficiencia, sino también el de la no politización. Por eso, desde el momento en que se prevé que los Presidentes de los Tribunales de Instancia (que dispondrían de amplias facultades) serán designados por un órgano tan politizado como el Consejo General del Poder Judicial, sus supuestos beneficios funcionales ceden ante el peligro absoluto de introducir al enemigo en el mismo corazón del ejército hoplita. ¿Ustedes creen de verdad que con un Presidente de un Tribunal de Instancia designado por el Consejo se hubiera decidido encausar a la Infanta?

Esta es, a la postre, la lección fundamental del libro de Villegas: si queremos una Justicia eficiente, rápida y previsible –y que siga siendo independiente, claro- hay que acabar primero con lo que él denomina “los políticos togados”; en definitiva, con el control político del Consejo sobre los nombramientos de los puestos más altos de la Judicatura. El diagnóstico es claro; sus soluciones, más discutibles (y quedarán para otra ocasión), pero lo que resulta palmariamente de este grito de auxilio es que los agoreros tenemos razón: o nos ponemos todos urgentemente las pilas o a nuestra última línea de defensa frente a los bárbaros le queda poco tiempo. Y si todavía tienen alguna duda, vuelvan a repasar todas las barreras adjetivas y sustantivas que ha habido que saltar para que, simplemente, se trate a la Infanta como a un ciudadano más.

La Infanta, la “doctrina Botín” y “El poder amordazado” (de Jesús Villegas)

Seguro que todos los ciudadanos de cualquier polis griega amenazada por los bárbaros (o por sus vecinos) se preocupaban por el estado físico y psicológico de sus hoplitas, por su armamento y por su organización. También por la competencia del estratego encargado de dirigirles. Por eso, sorprende enormemente que hoy, cuando lo que está amenazado es nuestro Estado de Derecho, infiltrado de corrupción y amiguismo, sean tan pocos los que se preocupan de su última línea de defensa, esa que si cae conllevará para la mayoría el llanto y el crujir de dientes: la Judicatura.

Tras el auto del viernes pasado por el que la Audiencia de Palma de Mallorca decidió enjuiciar a la Infanta Cristina, no han faltado voces destacando la normalidad del proceso y acusando de agoreros a los alegaban que la Infanta nunca sería juzgada. Todavía no han entendido nada. O más bien parece que no quieren entenderlo. Si la Infanta va a ser juzgada, pese al gigantesco esfuerzo por impedirlo realizado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y por el estrato politizado de la Justicia española (representado por el TS y su ·doctrina Botín) va a ser gracias a nuestros humildes hoplitas: el sector profesional de nuestra Judicatura, que todavía resiste. ¿Por cuánto tiempo? Para saberlo deben leer el imprescindible y valiente libro del magistrado Jesús Villegas (“El poder amordazado”) recién publicado por Península. Pero les anticipo la conclusión: Poco.

La tesis que acabo de exponer la sostiene Villegas, además de con sólidos argumentos, con multitud de ejemplos; pero déjenme que analice este de la Infanta, que él, por evidentes razones de tiempo, no pudo incluir. En realidad, no tiene mucho misterio ni complicación. Bastaría que se leyesen ustedes los votos particulares a la sentencia 1045/2007 del TS que consagra la “doctrina Botín” y a continuación  el auto del viernes pasado. Pero se lo resumo brevemente:

Sobre la base de una interpretación literal del art. 782.1 de la LECrim, el TS sentó que no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el Fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular, lo que permitió al poderoso banquero librarse del banquillo, porque, claro, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le habían acusado. No obstante, tanto los cinco primeros votos particulares a esa sentencia, como el auto que ahora comentamos, se han ocupado de destruir cumplidamente esa sorprendente interpretación literal, que no casa ni con la interpretación lógica, ni con la histórica ni con la sistemática.

Pues bien, los abogados de la Infanta contaban con buenas razones para considerar que en este caso la solución iba a ser idéntica. Todos los astros de la Justicia española parecían sonreírles: tenían la doctrina del TS adecuada (es verdad que hecha a medida de otro pez gordo, pero que para este apaño podía valer igual) y se había conseguido, de nuevo, que no acusasen ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. La fruta tenía que caer por sí sola.

Pero hete aquí que llegamos a nuestra última línea de defensa: la integrada por los jueces de base, por esos que están perdidos en los juzgados de instrucción y en las Audiencias de toda España, que todos los días tienen que luchar con programas informáticos inoperantes o no compatibles, con casos absurdos de peleas de vecinos o con macro causas que colapsarían a un Ministerio, con personal sobre el que no mandan pero de cuya actividad o inactividad les hacen responsables, sin aspiraciones de progresar en la carrera porque no han querido jugar al juego político de las asociaciones dominantes dependientes de los partidos y de las designaciones a dedo; pero que, pese a todo ello, por extrañas razones casi mistéricas –quizás semejantes a las de los médicos de nuestra Seguridad Social- se parten la cara todos los días por hacer su trabajo lo mejor posible; es decir, por servir al Derecho y a la justicia.

A las magistradas que integran la sección 1ª de la Audiencia de Palma la doctrina Botín les parece una birria, indudablemente. Supongo que como a la mayoría de los juristas imparciales de este país. Lo dejan bastante claro en el auto. Pero tienen un problema: es una doctrina que ha fijado el Tribunal Supremo. Retengan esta idea porque es muy importante. Una de las cosas que más me sorprendió del libro de Villegas fue su encarnizada oposición al efecto vinculante de las Sentencias del TS, que ciertas reformas pretenden introducir. Mi reacción es comprensible. Cualquiera que viniese de un país normal se indignaría ante esa reivindicación de un juez inferior por considerarse eximido de aplicar los criterios sentados por el más Alto Tribunal. ¿Cómo quedaría la seguridad jurídica en un país si cada juez se considerase libre de interpretar la ley de la manera que le venga en gana? ¿Cómo controlar entonces la productividad y el buen hacer de nuestros tribunales inferiores?

Creo que ustedes también empiezan a entenderlo: es que este no es un país normal. Es que aquí la distinción entre “altos” y “bajos” admite distintas perspectivas, porque la politización de los órganos superiores de la Judicatura y los criterios con los que son escogidos sus miembros, provoca no solo que no se reconozca a sus decisiones especial autoridad doctrinal, sino que –pásmense- resulte bastante conveniente que así sea, como prueba el caso que comentamos.

Pero volvamos al obstáculo indicado. Existe una sentencia del TS que consagra la doctrina Botín, por muy matizada que haya quedado tras la sentencia 54/2008 dictada para el caso Atutxa. Y aunque el efecto vinculante puro y duro todavía no se reconoce para el TS, sí en cambio para el Tribunal Constitucional, conforme al art. 5.1 de la LOPJ. La cuestión tiene su importancia, porque la STC 205/2013, motivada por la dictada por el TS para el caso Atutxa, venía implícitamente a prohibir por vulnerar el principio de igualdad desviarse de la doctrina Botín (que tampoco entra a enjuiciar) salvo que se justificase por concurrir circunstancias diferentes (como terminó reconociéndose para ese caso).

Así que las magistradas, que dedican bastante espacio a demostrar por qué la doctrina Botín es un dislate, no les basta con eso, sino que tienen que argumentar que este caso de la Infanta no es igual que el del banquero. Y es cierto que lo hacen, aunque podría dudarse que las diferencias sean lo suficientemente relevantes. Básicamente se apoyan, entre otras, en que mientras que en el caso de Botín ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado acusaban a nadie, por entender que no se había cometido delito alguno, aquí sin embargo sí consideran que existe un delito fiscal para el caso de otros encausados, lo que en combinación con el argumento del interés colectivo (derivado del carácter pluriofensivo de ciertos delitos) sentado en la sentencia de la doctrina Atutxa, les sirve para escaparse -hay que reconocer que con ciertas dificultades- de la tiranía del precedente. Técnica quizás discutible (como ocurre siempre con toda argumentación jurídica), pero justicia incontestable, aunque eso sí, por los pelos.

Pero en esta historia hay otro hoplita que merece recordarse: el juez Castro. Y merece hacerse no solo por su valentía personal, sino porque ejemplifica perfectamente otros dos riesgos apuntados por Villegas en su magnífico libro: la instrucción por la Fiscalía y los Tribunales de Instancia. Con cualquiera de estos dos inventos -tan aparentemente lógicos en un país normal- el caso de la Infanta ni siquiera se habría planteado. Efectivamente, atribuir la instrucción a la Fiscalía mientras mantenga su estructura jerárquica y su dependencia política es un auténtico disparate, como demuestran los casos citados por Villegas (el Faisán, sin ir más lejos) y este que ahora comentamos. Pero algo semejante ocurre con los Tribunales de Instancia, como ya he escrito en este blog (“La reforma de la LOPJ y la instrucción colegiada”). Allí comentaba que cuando un sistema está politizado en la cúspide, las propuestas organizativas no solo tienen que pasar el filtro de la eficiencia, sino también el de la no politización. Por eso, desde el momento en que se prevé que los Presidentes de los Tribunales de Instancia (que dispondrían de amplias facultades) serán designados por un órgano tan politizado como el Consejo General del Poder Judicial, sus supuestos beneficios funcionales ceden ante el peligro absoluto de introducir al enemigo en el mismo corazón del ejército hoplita. ¿Ustedes creen de verdad que con un Presidente de un Tribunal de Instancia designado por el Consejo se hubiera decidido encausar a la Infanta?

Esta es, a la postre, la lección fundamental del libro de Villegas: si queremos una Justicia eficiente, rápida y previsible –y que siga siendo independiente, claro- hay que acabar primero con lo que él denomina “los políticos togados”; en definitiva, con el control político del Consejo sobre los nombramientos de los puestos más altos de la Judicatura. El diagnóstico es claro; sus soluciones, más discutibles (y quedarán para otra ocasión), pero lo que resulta palmariamente de este grito de auxilio es que los agoreros tenemos razón: o nos ponemos todos urgentemente las pilas o a nuestra última línea de defensa frente a los bárbaros le queda poco tiempo. Y si todavía tienen alguna duda, vuelvan a repasar todas las barreras adjetivas y sustantivas que ha habido que saltar para que, simplemente, se trate a la Infanta como a un ciudadano más.

Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente

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En esta época singularmente crítica que atraviesa nuestra democracia todos nos preguntamos de vez en cuando cómo podemos ayudar a mejorarla. Sabemos que votar es imprescindible, pero que no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, el último libro de Victor Lapuente -reputado profesor en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo- lo explica perfectamente: contribuyamos a construir un discurso público mejor. A primera vista parece poco, pero no creo que haya en este momento nada más importante.

Practiquemos nosotros, desde luego, cada vez que hablemos de la cosa pública, pero sobre todo exijámoslo a los creadores de opinión -a los intelectuales, blogueros, periodistas- y a nuestros representantes políticos. Porque solo cuando los problemas se articulan a través de un discurso adecuado tienen alguna posibilidad de resolverse. Los países que son capaces de construir una retórica pública sobre presupuestos correctos prosperan mucho más y mucho más rápidamente que el resto.

Muy bien, perfecto, pero ¿qué es un discurso adecuado? Un discurso adecuado es aquel pegado a la realidad concreta, aquel que huye de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, de las apelaciones emocionales, de los conceptos abstractos y de las grandes cosmovisiones. Es un discurso que no da nada por sentado y está abierto a examinarlo todo. Es el discurso de la exploradora, imprescindible en sociedades tan complejas como las actuales. Sin embargo, cualquier observador imparcial de la realidad española convendrá conmigo en que este no es el discurso dominante en nuestro país.

Hagamos una prueba: yo digo una palabra y usted examina sus sensaciones. Comencemos por “copago”. Si inmediatamente después de oír esta palabra le surgen ideas (no digo que las comparta) como desmantelamiento de la sanidad pública, políticas neoliberales, desigualdad social o derrota electoral inapelable, entonces usted vive en un país dominado por el discurso del chamán. Para estar completamente seguro repita el experimento con “cheque escolar”. No, tranquilo, usted no tiene la culpa -o quizás sí- simplemente ha reaccionado como el perro de Pavlov después de escuchar la campana. Está habituado a ello y no hay forma de evitarlo.

Por supuesto, podemos escoger cualquier otra palabra o conjunto de palabras localizadas en el otro lado del espectro político, como, por ejemplo, “educación para la ciudadanía”. Si las ideas que le surgen espontáneamente son, adoctrinamiento, vulneración de la libertad de educación, laicismo, totalitarismo, etc., entonces podemos asegurar sin equivocarnos que los chamanes controlan el debate público en su integridad. Lo que, por otra parte, como explica Victor Lapuente, es casi inevitable. Si al chamán no se le desacredita de inmediato, termina por dominar la plaza pública, porque la seducción que despierta exige ser combatida con su propia medicina.

El autor nos demuestra de forma muy convincente los despropósitos a los que conduce la retórica del chamán y los beneficios que disfrutan los países que han sido capaces de arrinconarla y desarrollar en su lugar el discurso crítico y las virtudes de la exploradora: calma frente a indignación, ajustes incrementales frente a grandes revoluciones, escepticismo frente a fe, consenso frente a conflicto, persuasión frente a victoria, confiar en los funcionarios y empleados públicos frente a dirigirlos, pensar más en los efectos que en la raíz de los problemas, etc.

A través de abundantes ejemplos históricos destruye de manera muy convincente las consabidas explicaciones culturalistas sobre la superioridad natural de unos países sobre otros, que puedo sintetizar en la nefasta y socorrida -para no hacer nada- anécdota del campo del golf (sí, esa en la que un japonés se acerca a Saint Andrews, pregunta cómo puede crear en su país un green semejante y le contestan que es fácil, basta coger las mejores semillas, plantarlas y cuidarlo diariamente con cariño durante doscientos años).

En absoluto. Al igual que un país puede perder el rumbo rápidamente (como por ejemplo le ocurrió a Suecia en la década de los setenta) puede corregirlo con igual velocidad. Y mucho de ello depende de la calidad de su discurso público. Otra cosa, claro, son los efectos benéficos de un buen rumbo incrementalista; para notarlos hay que tener un poquito de paciencia, pero desde luego llegarán bastante antes que los anunciados por el chamán: porque para estos los doscientos años del green son pocos, hacen falta más años.

Estamos hablando, en consecuencia, de un libro de lectura imprescindible para todos aquellos que quieran ir a votar con conocimiento de causa el próximo 20-D. La obra liquida muchas ideas preconcebidas, lo que no gustará a los chamanes de uno y otro signo, ya sean estatistas o neoliberales, nacionalistas o centralistas, inmovilistas o partidarios de la democracia directa, pero les dejo que se sorprendan ustedes solos. Y empiecen rápido porque tiene más de 300 páginas.

Ahora bien, como todo libro provocador –y este lo es en grado sumo- presenta sus inevitables flaquezas en forma de simplificaciones, lo que paradójicamente es un vicio propio de chamanes. El autor es perfectamente consciente del riesgo y no deja de advertirnos de que está utilizando las categorías de chamán y exploradora como tipos ideales, en el sentido weberiano del término. En definitiva, reconoce que en la realidad diaria de partidos y personas es inevitable encontrar ambas cosas bastante mezcladas.

Sin embargo, los tipos ideales plantean el conocido problema de que a veces no son estables ni siquiera desde el punto de vista teórico, y algo parecido ocurre con estos. Ciertas reformas incrementales exigen plantearse la raíz de los problemas con el fin de evitar en la medida de lo posible esforzarse en vano combatiendo síntomas (¿es o no ir a la raíz considerar como presupuesto básico para cualquier avance incremental mejorar el funcionamiento de nuestros partidos políticos?); en otras ocasiones es preciso indignarse a la vista de que con la templanza no se erosionan las poderosas resistencias existentes (pensemos en el caso del sobreendeudamiento hipotecario). Considerado el asunto desde esta perspectiva, quizás más que de chamanes y exploradoras cortados de una pieza, habría que reflexionar sobre los riesgos de la demagogia y de la retórica vacua en una democracia. Sí es así, el tema de fondo que plantea Victor Lapuente es un tema muy muy antiguo, que –curiosamente- afecta a la propia raíz de la política democrática: hasta qué punto la democracia es compatible con la verdad. Al fin y al cabo, un chamán –según la RAE un hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos e invocar a los espíritus- basa su poder en la mentira.

Precisamente por eso resulta una completa aberración calificar a Platón como un filósofo chamán, cuando precisamente fue el primero que planteó este crucial problema de la verdad amenazada por la retórica vacía (es descorazonador comprobar cuánto daño ha hecho Karl Popper para una adecuada comprensión del filósofo). Sobre este tema resulta muy recomendable acudir a Foucault y a su profundo análisis de la parrhesía  (“decir veraz”) que comenté no hace mucho en este mismo blog (aquí).

Pero estos puntuales excesos y otros pequeños errores (Calvo Sotelo nunca fue el líder de la oposición parlamentaria) no desmerecen la crucial aportación de esta obra, que es precisamente demostrar a través de un análisis riguroso que es perfectamente posible construir una retórica exitosa que compatibilice la verdad con la democracia. Refuta, o al menos ataca con mucho fundamento, el escepticismo de Platón y de Foucault, y eso, señoras y señores, no solo no es poca cosa, sino que resulta bastante esperanzador….

Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente

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En esta época singularmente crítica que atraviesa nuestra democracia todos nos preguntamos de vez en cuando cómo podemos ayudar a mejorarla. Sabemos que votar es imprescindible, pero que no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, el último libro de Victor Lapuente -reputado profesor en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo- lo explica perfectamente: contribuyamos a construir un discurso público mejor. A primera vista parece poco, pero no creo que haya en este momento nada más importante.

Practiquemos nosotros, desde luego, cada vez que hablemos de la cosa pública, pero sobre todo exijámoslo a los creadores de opinión -a los intelectuales, blogueros, periodistas- y a nuestros representantes políticos. Porque solo cuando los problemas se articulan a través de un discurso adecuado tienen alguna posibilidad de resolverse. Los países que son capaces de construir una retórica pública sobre presupuestos correctos prosperan mucho más y mucho más rápidamente que el resto.

Muy bien, perfecto, pero ¿qué es un discurso adecuado? Un discurso adecuado es aquel pegado a la realidad concreta, aquel que huye de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, de las apelaciones emocionales, de los conceptos abstractos y de las grandes cosmovisiones. Es un discurso que no da nada por sentado y está abierto a examinarlo todo. Es el discurso de la exploradora, imprescindible en sociedades tan complejas como las actuales. Sin embargo, cualquier observador imparcial de la realidad española convendrá conmigo en que este no es el discurso dominante en nuestro país.

Hagamos una prueba: yo digo una palabra y usted examina sus sensaciones. Comencemos por “copago”. Si inmediatamente después de oír esta palabra le surgen ideas (no digo que las comparta) como desmantelamiento de la sanidad pública, políticas neoliberales, desigualdad social o derrota electoral inapelable, entonces usted vive en un país dominado por el discurso del chamán. Para estar completamente seguro repita el experimento con “cheque escolar”. No, tranquilo, usted no tiene la culpa -o quizás sí- simplemente ha reaccionado como el perro de Pavlov después de escuchar la campana. Está habituado a ello y no hay forma de evitarlo.

Por supuesto, podemos escoger cualquier otra palabra o conjunto de palabras localizadas en el otro lado del espectro político, como, por ejemplo, “educación para la ciudadanía”. Si las ideas que le surgen espontáneamente son, adoctrinamiento, vulneración de la libertad de educación, laicismo, totalitarismo, etc., entonces podemos asegurar sin equivocarnos que los chamanes controlan el debate público en su integridad. Lo que, por otra parte, como explica Victor Lapuente, es casi inevitable. Si al chamán no se le desacredita de inmediato, termina por dominar la plaza pública, porque la seducción que despierta exige ser combatida con su propia medicina.

El autor nos demuestra de forma muy convincente los despropósitos a los que conduce la retórica del chamán y los beneficios que disfrutan los países que han sido capaces de arrinconarla y desarrollar en su lugar el discurso crítico y las virtudes de la exploradora: calma frente a indignación, ajustes incrementales frente a grandes revoluciones, escepticismo frente a fe, consenso frente a conflicto, persuasión frente a victoria, confiar en los funcionarios y empleados públicos frente a dirigirlos, pensar más en los efectos que en la raíz de los problemas, etc.

A través de abundantes ejemplos históricos destruye de manera muy convincente las consabidas explicaciones culturalistas sobre la superioridad natural de unos países sobre otros, que puedo sintetizar en la nefasta y socorrida -para no hacer nada- anécdota del campo del golf (sí, esa en la que un japonés se acerca a Saint Andrews, pregunta cómo puede crear en su país un green semejante y le contestan que es fácil, basta coger las mejores semillas, plantarlas y cuidarlo diariamente con cariño durante doscientos años).

En absoluto. Al igual que un país puede perder el rumbo rápidamente (como por ejemplo le ocurrió a Suecia en la década de los setenta) puede corregirlo con igual velocidad. Y mucho de ello depende de la calidad de su discurso público. Otra cosa, claro, son los efectos benéficos de un buen rumbo incrementalista; para notarlos hay que tener un poquito de paciencia, pero desde luego llegarán bastante antes que los anunciados por el chamán: porque para estos los doscientos años del green son pocos, hacen falta más años.

Estamos hablando, en consecuencia, de un libro de lectura imprescindible para todos aquellos que quieran ir a votar con conocimiento de causa el próximo 20-D. La obra liquida muchas ideas preconcebidas, lo que no gustará a los chamanes de uno y otro signo, ya sean estatistas o neoliberales, nacionalistas o centralistas, inmovilistas o partidarios de la democracia directa, pero les dejo que se sorprendan ustedes solos. Y empiecen rápido porque tiene más de 300 páginas.

Ahora bien, como todo libro provocador –y este lo es en grado sumo- presenta sus inevitables flaquezas en forma de simplificaciones, lo que paradójicamente es un vicio propio de chamanes. El autor es perfectamente consciente del riesgo y no deja de advertirnos de que está utilizando las categorías de chamán y exploradora como tipos ideales, en el sentido weberiano del término. En definitiva, reconoce que en la realidad diaria de partidos y personas es inevitable encontrar ambas cosas bastante mezcladas.

Sin embargo, los tipos ideales plantean el conocido problema de que a veces no son estables ni siquiera desde el punto de vista teórico, y algo parecido ocurre con estos. Ciertas reformas incrementales exigen plantearse la raíz de los problemas con el fin de evitar en la medida de lo posible esforzarse en vano combatiendo síntomas (¿es o no ir a la raíz considerar como presupuesto básico para cualquier avance incremental mejorar el funcionamiento de nuestros partidos políticos?); en otras ocasiones es preciso indignarse a la vista de que con la templanza no se erosionan las poderosas resistencias existentes (pensemos en el caso del sobreendeudamiento hipotecario). Considerado el asunto desde esta perspectiva, quizás más que de chamanes y exploradoras cortados de una pieza, habría que reflexionar sobre los riesgos de la demagogia y de la retórica vacua en una democracia. Sí es así, el tema de fondo que plantea Victor Lapuente es un tema muy muy antiguo, que –curiosamente- afecta a la propia raíz de la política democrática: hasta qué punto la democracia es compatible con la verdad. Al fin y al cabo, un chamán –según la RAE un hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos e invocar a los espíritus- basa su poder en la mentira.

Precisamente por eso resulta una completa aberración calificar a Platón como un filósofo chamán, cuando precisamente fue el primero que planteó este crucial problema de la verdad amenazada por la retórica vacía (es descorazonador comprobar cuánto daño ha hecho Karl Popper para una adecuada comprensión del filósofo). Sobre este tema resulta muy recomendable acudir a Foucault y a su profundo análisis de la parrhesía  (“decir veraz”) que comenté no hace mucho en este mismo blog (aquí).

Pero estos puntuales excesos y otros pequeños errores (Calvo Sotelo nunca fue el líder de la oposición parlamentaria) no desmerecen la crucial aportación de esta obra, que es precisamente demostrar a través de un análisis riguroso que es perfectamente posible construir una retórica exitosa que compatibilice la verdad con la democracia. Refuta, o al menos ataca con mucho fundamento, el escepticismo de Platón y de Foucault, y eso, señoras y señores, no solo no es poca cosa, sino que resulta bastante esperanzador….

Recomendaciones de lecturas: Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos? de Pilar García Perea y César Molinas

De nuevo debemos recomendar un texto imprescindible de Cesar Molinas, esta vez muy bien acompañado por Pilar García Perea,  para ciudadanos inquietos por el futuro de nuestra sociedad más allá de las siguientes elecciones.  En un formato un poco distinto del habitual (se trata de un estudio de la Fundación de Estudios Financieros) Cesar Molinas y Pilar García Perea bajo el título “Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos?”  presentan una propuesta analítica sobre la ocupación y el empleo en España, publicado por esta Fundación en la colección Papeles de la Fundación con el nº 55. No hay justificación para no leerlo porque se puede descargar aquí.

La lectura es exigente por la cantidad de datos y de propuestas que contiene, pero merece la pena para todo aquel que quiera saber por dónde va a ir el futuro inmediato en el mundo del empleo y de la ocupación, de los que ya tenemos atisbos en esta segunda década del siglo.  La primera parte se dedica precisamente a estas tendencias globales de la ocupación, analizando con rigor la que se nos viene encima en los ámbitos de la demografía, la globalización, la digitalización y el previsible “estancamiento secular”. Nos guste o no, estos fenómenos ya están aquí y no se van a marchar porque decidamos cerrar los ojos a los riesgos que plantean desde el punto de vista del empleo y la ocupación, sobre todo en un país como el nuestro, con un mercado laboral disfuncional y una educación muy mediocre. No se trata de derrotismo o de falta de orgullo patrio: sencillamente se trata de analizar la realidad y de intentar formular propuestas muy concretas y a nuestro juicio muy sólidas de lo que había que reformar antes de que sea demasiado tarde.

La segunda parte se dedica precisamente a indagar en la génesis de la anomalía laboral española, que tiene su origen –como tantas cosas- en nuestra historia reciente, en el franquismo y su prohibición de despedir y en la Transición y su necesidad de “paz social”. Se analiza también el fenómeno de los sindicatos verticales felizmente reconvertidos en sindicatos y organizaciones empresariales “institucionales”, dotados de una sobrerrepresentación y un peso que no concuerda con el de su afiliación efectiva, pero que tenía sentido en un momento histórico concreto. En este punto, la historia se parece mucho a la de los partidos políticos creados de arriba abajo en un tiempo récord por necesidades obvias pero que, transcurridos casi 40 años, se han fosilizado y han ocupado ámbitos muy alejados de su espacio propio de decisión. En todo caso, estas razones históricas perfectamente comprensibles y justificables en un momento dado han llevado a lo que los autores denominan  la acumulación de un capital humano disfuncional, con sus lógicas consecuencias de falta de empleabilidad y de insatisfacción vital para muchas personas, especialmente los jóvenes. Los datos hablan por sí solos: mientras que la distribución de niveles educativos en España es para los jóvenes 35% educación básica, 25% educación media y 40% educación superior en Alemania la distribución es respectivamente 15%. 60% y 25% (tanto para jóvenes como para mayores).

La tercera parte se ocupa de las reformas necesarias en España para abordar de una vez por todas este problema. Lógicamente se trata de reformar el mercado de trabajo en España aún más y reducir el activismo judicial, que también tiene un origen histórico muy concreto, introduciendo mecanismos de mediación para solucionar los conflictos laborales. Pero se trata de avanzar aún más en la reforma laboral (no, no se trata de abaratar el despido) que debe enfocarse de una manera global, liberando la negociación colectiva de la cláusula “erga omnes” que afecta a tirios y troyanos aunque no estén representados por ninguno de los sindicatos firmantes de los Convenios colectivos, racionalizar el despido y unificar los tipos de contrato (aquí la propuesta es un poco diferente de la ya famosa del “contrato único” del manifiesto de los 100), conceder un carácter finalista a la indemnización por despido y fomentar de verdad las políticas activas de empleo, evitando de paso el fraude y la corrupción en un sector tan sensible para que los numerosos parados de nuestro país puedan de verdad conseguir un empleo gracias a mejorar su formación. Como puede verse, hay que tocar muchos palos. Los autores “se mojan” y ofrecen propuestas muy concretas, que sin duda pueden ser discutidas, pero que tienen el valor de estar apoyadas en datos y en lo que se ha hecho con éxito en otros países. Mejor no reinventar la rueda cuando se trata de empleo.

Y por supuesto, el informe habla de la educación, la gran asignatura pendiente en nuestro país, no tanto porque las demás no lo estén también sino porque probablemente es el único gran problema para el que no hay una auténtica demanda social. La sociedad española sigue convencida, o eso parece, de que su sistema educativo no tiene problemas, o por lo menos no distintos de los de otros países de nuestro entorno. Y no es verdad. Como dicen los autores, ya está bien de hablar de meter dinero en una cesta llena de agujeros. Primero la gestión, luego el dinero. Es fundamental recuperar la idea de excelencia, o como bien dicen, aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo. Es fundamental fomentar la formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades de la empresas y dotarla de prestigio. No todos podemos ser universitarios como no todos podemos ser deportistas de élite. Hay otras salidas y laboralmente pueden ser no solo muy gratificantes sino también muy rentables. Y hay que saber también que en el mundo que viene la mayoría de los trabajos rutinarios, ya sean físicos o intelectuales no los van a hacer seres humanos. Ignorar esto es suicida.

Conseguir una educación de calidad y de excelencia no es un imposible, ya se ha hecho en el deporte y en las escuelas de negocio. Convincentemente demuestran que la existencia de centros de excelencia “tira para arriba” del resto del sistema educativo, al contrario de lo que ocurre con la “igualación a la baja” que es el principio que explícito o implícito rige en la actualidad, normalmente por razones ideológicas y con escaso apoyo empírico. Lo que se ha hecho con el deporte o las escuelas de negocio y en general con toda la educación en otros países, debe y puede hacerse con el resto de la enseñanza, primaria, secundaria y superior. Los autores reconocen –y en eso creo que tienen razón- que el problema mayor es la Universidad, donde el bunker de intereses creados se opone a cualquier reforma que vaya en la dirección adecuada: competencia por alumnos, profesores y financiación. A la Universidad se le ha dado toda la autonomía del mundo y no se le ha exigido nada a cambio, ni calidad, ni rendición de cuentas, ni formación adecuada para el empleo. Va a ser difícil que los que han conseguido esta maravilla institucional toleren reformas que pongan en riesgo una situación ideal para el gestor aunque ruinosa para el contribuyente y desastrosa para el país. Pero el caso es si no hacemos estas reformas, estamos condenando a las nuevas generaciones a no estar preparados para un mundo que está cambiando muy deprisa y que no se va a detener a esperarles.

Recomendaciones de lecturas: Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos? de Pilar García Perea y César Molinas

De nuevo debemos recomendar un texto imprescindible de Cesar Molinas, esta vez muy bien acompañado por Pilar García Perea,  para ciudadanos inquietos por el futuro de nuestra sociedad más allá de las siguientes elecciones.  En un formato un poco distinto del habitual (se trata de un estudio de la Fundación de Estudios Financieros) Cesar Molinas y Pilar García Perea bajo el título “Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos?”  presentan una propuesta analítica sobre la ocupación y el empleo en España, publicado por esta Fundación en la colección Papeles de la Fundación con el nº 55. No hay justificación para no leerlo porque se puede descargar aquí.

La lectura es exigente por la cantidad de datos y de propuestas que contiene, pero merece la pena para todo aquel que quiera saber por dónde va a ir el futuro inmediato en el mundo del empleo y de la ocupación, de los que ya tenemos atisbos en esta segunda década del siglo.  La primera parte se dedica precisamente a estas tendencias globales de la ocupación, analizando con rigor la que se nos viene encima en los ámbitos de la demografía, la globalización, la digitalización y el previsible “estancamiento secular”. Nos guste o no, estos fenómenos ya están aquí y no se van a marchar porque decidamos cerrar los ojos a los riesgos que plantean desde el punto de vista del empleo y la ocupación, sobre todo en un país como el nuestro, con un mercado laboral disfuncional y una educación muy mediocre. No se trata de derrotismo o de falta de orgullo patrio: sencillamente se trata de analizar la realidad y de intentar formular propuestas muy concretas y a nuestro juicio muy sólidas de lo que había que reformar antes de que sea demasiado tarde.

La segunda parte se dedica precisamente a indagar en la génesis de la anomalía laboral española, que tiene su origen –como tantas cosas- en nuestra historia reciente, en el franquismo y su prohibición de despedir y en la Transición y su necesidad de “paz social”. Se analiza también el fenómeno de los sindicatos verticales felizmente reconvertidos en sindicatos y organizaciones empresariales “institucionales”, dotados de una sobrerrepresentación y un peso que no concuerda con el de su afiliación efectiva, pero que tenía sentido en un momento histórico concreto. En este punto, la historia se parece mucho a la de los partidos políticos creados de arriba abajo en un tiempo récord por necesidades obvias pero que, transcurridos casi 40 años, se han fosilizado y han ocupado ámbitos muy alejados de su espacio propio de decisión. En todo caso, estas razones históricas perfectamente comprensibles y justificables en un momento dado han llevado a lo que los autores denominan  la acumulación de un capital humano disfuncional, con sus lógicas consecuencias de falta de empleabilidad y de insatisfacción vital para muchas personas, especialmente los jóvenes. Los datos hablan por sí solos: mientras que la distribución de niveles educativos en España es para los jóvenes 35% educación básica, 25% educación media y 40% educación superior en Alemania la distribución es respectivamente 15%. 60% y 25% (tanto para jóvenes como para mayores).

La tercera parte se ocupa de las reformas necesarias en España para abordar de una vez por todas este problema. Lógicamente se trata de reformar el mercado de trabajo en España aún más y reducir el activismo judicial, que también tiene un origen histórico muy concreto, introduciendo mecanismos de mediación para solucionar los conflictos laborales. Pero se trata de avanzar aún más en la reforma laboral (no, no se trata de abaratar el despido) que debe enfocarse de una manera global, liberando la negociación colectiva de la cláusula “erga omnes” que afecta a tirios y troyanos aunque no estén representados por ninguno de los sindicatos firmantes de los Convenios colectivos, racionalizar el despido y unificar los tipos de contrato (aquí la propuesta es un poco diferente de la ya famosa del “contrato único” del manifiesto de los 100), conceder un carácter finalista a la indemnización por despido y fomentar de verdad las políticas activas de empleo, evitando de paso el fraude y la corrupción en un sector tan sensible para que los numerosos parados de nuestro país puedan de verdad conseguir un empleo gracias a mejorar su formación. Como puede verse, hay que tocar muchos palos. Los autores “se mojan” y ofrecen propuestas muy concretas, que sin duda pueden ser discutidas, pero que tienen el valor de estar apoyadas en datos y en lo que se ha hecho con éxito en otros países. Mejor no reinventar la rueda cuando se trata de empleo.

Y por supuesto, el informe habla de la educación, la gran asignatura pendiente en nuestro país, no tanto porque las demás no lo estén también sino porque probablemente es el único gran problema para el que no hay una auténtica demanda social. La sociedad española sigue convencida, o eso parece, de que su sistema educativo no tiene problemas, o por lo menos no distintos de los de otros países de nuestro entorno. Y no es verdad. Como dicen los autores, ya está bien de hablar de meter dinero en una cesta llena de agujeros. Primero la gestión, luego el dinero. Es fundamental recuperar la idea de excelencia, o como bien dicen, aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo. Es fundamental fomentar la formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades de la empresas y dotarla de prestigio. No todos podemos ser universitarios como no todos podemos ser deportistas de élite. Hay otras salidas y laboralmente pueden ser no solo muy gratificantes sino también muy rentables. Y hay que saber también que en el mundo que viene la mayoría de los trabajos rutinarios, ya sean físicos o intelectuales no los van a hacer seres humanos. Ignorar esto es suicida.

Conseguir una educación de calidad y de excelencia no es un imposible, ya se ha hecho en el deporte y en las escuelas de negocio. Convincentemente demuestran que la existencia de centros de excelencia “tira para arriba” del resto del sistema educativo, al contrario de lo que ocurre con la “igualación a la baja” que es el principio que explícito o implícito rige en la actualidad, normalmente por razones ideológicas y con escaso apoyo empírico. Lo que se ha hecho con el deporte o las escuelas de negocio y en general con toda la educación en otros países, debe y puede hacerse con el resto de la enseñanza, primaria, secundaria y superior. Los autores reconocen –y en eso creo que tienen razón- que el problema mayor es la Universidad, donde el bunker de intereses creados se opone a cualquier reforma que vaya en la dirección adecuada: competencia por alumnos, profesores y financiación. A la Universidad se le ha dado toda la autonomía del mundo y no se le ha exigido nada a cambio, ni calidad, ni rendición de cuentas, ni formación adecuada para el empleo. Va a ser difícil que los que han conseguido esta maravilla institucional toleren reformas que pongan en riesgo una situación ideal para el gestor aunque ruinosa para el contribuyente y desastrosa para el país. Pero el caso es si no hacemos estas reformas, estamos condenando a las nuevas generaciones a no estar preparados para un mundo que está cambiando muy deprisa y que no se va a detener a esperarles.