YouTube y derechos de autor: ¿Una relación imposible?

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2021 (asuntos C-682/18 y C-683/18) ha vuelto a poner el foco en la difícil convivencia entre las plataformas para compartir contenidos en línea cargados por los usuarios (particularmente, la más famosa de todas, YouTube) y los derechos de autor. El asunto que mayores fricciones genera es, lógicamente, el de determinar cuál sería la responsabilidad de aquéllas ante una hipotética infracción de la propiedad intelectual cometida por quien -sin el debido consentimiento- sube archivos protegidos con la finalidad de que queden a disposición del público en general. Cuestión esta que la jurisprudencia comunitaria ha abordado en diferentes ocasiones y que se ha tratado de resolver de forma definitiva en el art. 17 de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital de 2019, que establece, a grandes rasgos, que estos prestadores de servicios deberán obtener, a tales efectos, una autorización de los titulares de derechos, por ejemplo, mediante la celebración de acuerdos de licencia. La sentencia aludida, sin embargo, resuelve las cuestiones planteadas acudiendo, por razones temporales, a la normativa compuesta por las Directivas de comercio electrónico de 2000, sobre derechos de autor en la sociedad de la información de 2001 y la relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual de 2004.

Por contextualizar la resolución del TJUE, y como es conocido, en lo últimos años se han popularizado servicios en línea que, adoptando nuevos patrones de negocio, facilitan el acceso a contenidos protegidos sin la intervención de los titulares de derechos, convirtiéndose en muchas ocasiones en la vía principal de acceso a dichas prestaciones u obras. Con frecuencia, además, esos contenidos son cargados y compartidos directamente por los propios usuarios sin contar con la autorización correspondiente y, desde luego, sin compensar de forma alguna a los autores. Estos servicios online suelen adoptar un sistema de funcionamiento muy ágil que permite llegar de forma sencilla a las obras pero, al mismo tiempo, su propia estructura interna hace especialmente complejo conocer qué creaciones están siendo efectivamente utilizadas y en qué condiciones los usuarios lo están haciendo. Servicios tan populares como YouTube, Vimeo o Dailymotion responden claramente a este esquema.

Con anterioridad a la Directiva de 2019 y en relación con su responsabilidad, estas plataforma digitales solían beneficiarse de la aplicación de la condición de puerto seguro (o safe harbor) prevista en el art. 14 de la Directiva sobre comercio electrónico, que implicaba que no respondieran ante una hipotética infracción siempre y cuando no tuvieran conocimiento de ellas o no contaran con facultades para su control, esto es, cuando su naturaleza fuera “meramente técnica, automática y pasiva”, pues ello implicaría que no poseen “conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada”. Dicho de otro modo, se escudaban en ser meros “almacenadores” sin una intervención ni directa ni indirecta en las eventuales violaciones de los derechos de autor cometidas por sus usuarios para así evitar tener que responder de ellas.

La duda, más que razonable, que surgía de forma inmediata es la de si estos proveedores de servicios efectivamente mantienen una actividad neutra o si, por el contrario, inciden de manera determinante en que los usuarios tengan acceso a las obras protegidas. En mi opinión, es evidente que la labor que realizan trasciende por lo general la de ser meros transmisores o almacenadores de contenidos, pues el hecho de que estos hayan sido subidos o cargados por un usuario particular no excluye el que tales servicios realicen, por ejemplo, actividades de indexación, ordenación en listas y recomendación, promoción particular de alguno de ellos, o permitan su incrustación en otras páginas o en las redes sociales, además de incluir publicidad de la que obtienen pingües beneficios. Por ello, difícilmente puede justificarse que posean una posición neutral o sean meros intermediarios pasivos, adoptando notoriamente, en cambio, un rol activo en el acceso a dichas prestaciones protegidas. Por lo tanto, en la medida en que favorecen y posibilitan actos que afectan a los derechos de los titulares de las obras (principalmente una comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición) deberían obtener la autorización del titular del derecho afectado o bien contar con las licencias adecuadas para dar cobertura de legalidad a tales comportamientos. Acuerdos que deberían llevarse a cabo de igual a igual y no desde una posición de poder de una de las partes, como venía ocurriendo hasta ahora.

A estos planteamientos, como señalaba al principio, responde el mencionado art. 17 de la Directiva de 2019, que considera que se produce un acto de comunicación al público cuando los proveedores de servicios de la sociedad de la información no se limitan a proporcionar los medios materiales para el acceso público a las obras o prestaciones protegidas sino que tienen como fin principal, con vistas a obtener el mayor lucro posible, el de almacenar y permitir que los usuarios los descarguen y compartan, organizándolos y promocionándolos a fin de atraer una audiencia mayor, también mediante la introducción en ellos de categorías y de una promoción personalizada. Son precisamente estos proveedores quienes se encuentran en una mejor posición para poner fin a estas actividades infractoras, ya que resultaría inviable hacer recaer tal cometido en los propios usuarios que cargan los contenidos, quienes, por otra parte, normalmente no suelen buscar un beneficio de carácter patrimonial. De ahí que responsabilizar a los grandes proveedores de servicios de intercambio de contenidos y exigirles que lleguen a acuerdos que legalicen su actividad, hace más factible el que los titulares de los derechos de propiedad intelectual acaben obteniendo una justa compensación por su trabajo, también en la esfera digital.

Volviendo a la STJUE de 22 de junio de 2021, que resuelve varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, insiste específicamente en que, desde el punto de vista de su responsabilidad, es necesario que estas plataformas hayan desplegado un comportamiento activo, es decir, no responden porque sus usuarios suban sin autorización contenidos protegidos sino en la medida en que han contribuido de forma directa a que el público tenga acceso a los mismos, de tal forma que los clientes no podrían, en principio, disfrutar de las obras sin esa intervención. Es necesario, recalca, algo más que una mera puesta a disposición exigiéndose un conocimiento de las consecuencias de su actuación. Por lo tanto, además de ineludible, la intervención de ese operador debe ser deliberada, lo que tendría lugar, por ejemplo, cuando -según se expresa literalmente- se abstiene de eliminar contenidos protegidos a pesar de conocer que han sido cargados, cuando no despliega técnicas apropiadas que cabría esperar de un operador diligente con el fin de evitar violaciones de derecho de autor, cuando proporcione específicamente a los usuarios herramientas que favorezcan el intercambio ilícito de obras o si ha adoptado un modelo de negocio que incite a comunicar públicamente contenidos protegidos sin autorización. Y por otro lado, aunque el ánimo de lucro es un elemento clave, no debería extraerse de él una presunción de que el prestador de tales servicios consienta que estos sean utilizados por terceros para vulnerar derechos de autor.

Dicho esto, resulta particularmente llamativo el que la sentencia del TJUE afirme que es el órgano jurisdiccional competente el que ha de determinar si se dan o no estos extremos pero luego haya optado por proporcionar unas “aclaraciones” -cuestionables, a mi juicio- sobre la naturaleza de la actividad que desarrolla, en concreto, YouTube. Señala así que este “no interviene ni en la creación ni en la selección de los contenidos subidos”, que informa claramente “de la prohibición de colocar contenidos protegidos” o que “ha establecido diversos dispositivos técnicos para prevenir y hacer que cesen las infracciones de los derechos de autor”. También que “las listas de clasificación, rúbricas de contenidos y sinopsis de videos recomendados no tienen por objeto facilitar el intercambio ilícito de contenidos protegidos ni promover tal intercambio” o que “no parece que el modelo económico de esta se base en la presencia de contenidos ilícitos en ella”. Si fuéramos maliciosos, parecería que se está predisponiendo al tribunal remitente a favor de entender que tal plataforma lleva a cabo una actuación del todo inocente y, en particular, pasiva o neutra en los términos señalados anteriormente. O dicho de otro modo, según se desprende de la propia sentencia, la exigencia de un comportamiento activo parece resultar mucho más rigurosa de lo que inicialmente creíamos, hasta el punto de que gran parte de los supuestos hasta ahora entendidos como tal pasarían a quedar fuera de su concepto.

Aunque la STJUE señala expresamente que no afecta al régimen estipulado en el art. 17 de la Directiva de 2019, de tal forma que este sería de aplicación indubitada si los asuntos se hubieran planteado hoy, las argumentaciones que se recogen suponen un balón de oxígeno para proveedores de servicios y vuelven a azuzar el debate sobre tan controvertido artículo. Además, el TJUE se encuentra en estos momentos estudiando, en otro caso, la compatibilidad del art. 17 con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo que ha avivado de nuevo la llama de quienes apuestan por subordinar el legítimo respeto a los derechos de autor a un uso sin restricción alguna de la red. También está pendiente la incorporación de la propia Directiva a nuestro ordenamiento jurídico a través de la hasta ahora denominada Ley Uribes y que deberá ser especialmente cautelosa en este ámbito. Habrá que ver, en fin, quién gana la batalla, pues está claro que YouTube y compañía no tienen intención alguna de rendirse.

Derecho de excepción: el incompleto y confuso manual de instrucciones ofrecido por el Constitucional

 

 

Cuando la Constitución cumplió su vigésimo quinto aniversario, allá por 2003, el profesor Cruz Villalón resaltó el periodo de “normalidad constitucional” del que habíamos disfrutado. Pues bien, en los últimos años, esa normalidad se ha visto perturbada por algunas turbulencias que han obligado a activar algunos mecanismos excepcionales previstos por la Constitución para poder restituir la normalidad democrática. Así ocurrió en 2010 con la declaración del primer estado de alarma ante la huelga salvaje de los controladores aéreos, en 2017 con la insurgencia en Cataluña y la aplicación del art. 155 CE para ejercer la coacción federal, y en 2020-2021 con la declaración de sucesivos estados de alarma para enfrentarnos a la pandemia de la covid-19. En cualquier caso, el balance creo que es positivo: la Constitución de 1978 ha demostrado su fortaleza y vigencia también en la excepción, afirmando su orden de garantías para preservar nuestra libertad y prevenir abusos del poder.

Algo a lo que sin lugar a dudas ha contribuido el Tribunal Constitucional con una doctrina que ha permitido realizar una interpretación de estas categorías excepcionales con el prisma de un Estado constitucional moderno. Así ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la aplicación del art. 155 CE, y esta creo que es también la orientación definitoria de la reciente sentencia sobre la declaración del estado de alarma en esta pandemia. Ni el derecho de excepción previsto en el art. 116 CE ni el art. 155 CE que recoge la coacción federal son ese “botón nuclear” que podía hacer saltar por los aires el Estado constitucional. En un Estado democrático de Derecho como el definido por la Constitución de 1978 no hay soberano desnudo que decida sobre la excepción, ni la Constitución quedará suspendida, ayuna de garantías, por muy grave que sea el peligro al que se enfrente el Estado.

En concreto, la sentencia sobre el primer estado de alarma en la crisis del covid-19 nos ofrece un manual de instrucciones para interpretar el art. 116 CE, todavía incompleto y, es verdad, en algún punto confuso. Incompleto, porque quedan problemas por resolver, con los que el Tribunal tendrá que lidiar en otros casos que tiene pendientes. En particular, la prórroga por seis meses del estado de alarma, su liquidez en la cogobernanza autonómica y la delimitación de los poderes de las autoridades sanitarias para limitar de forma generalizada derechos fundamentales sin estado de alarma. Pero, además, se echa de menos una mayor coherencia expositiva y claridad en esta sentencia, amén de que algunos de sus argumentos son discutibles.

Tratemos, en todo caso, de reconstruir las principales líneas orientadoras que ha fijado el Tribunal Constitucional, sometiéndolas al debido juicio crítico desde un prisma estrictamente jurídico. En primer lugar (aunque en la sentencia esté al final), el Tribunal invita a superar la lectura estrictamente “esencialista” o “cualitativa” que se venía realizando de los tres estados excepcionales. Esta lectura distinguía los mismos en atención a la diferente naturaleza de sus presupuestos de hecho: el estado de alarma para enfrentarse a calamidades naturales o tecnológicas; el de excepción para crisis de orden público de índole socio-político; y el de sitio para insurrecciones armadas. Sin embargo, al entender del Tribunal esta visión ya se vio superada en 2010, al aplicar el estado de alarma para resolver una huelga, y esta pandemia ha vuelto a ponerla en entredicho. Además, como señala el Tribunal Constitucional, en la Constitución existen elementos que evidencian su acento “gradualista” y que llevan a reconocer el estado de alarma como el de “menor intensidad”. Asimismo, los esfuerzos de la LOAES por despolitizar su presupuesto de hecho no tienen por qué comportar, a contrario, que el estado de excepción sólo quepa para crisis socio-políticas. Más aún cuando la LOAES al regular el estado de excepción contempló como presupuesto los efectos perturbadores para el orden público, sin importar las motivaciones que los causaban. De ahí que sea posible realizar una interpretación evolutiva e integradora, con tintes gradualistas, de los estados excepcionales. Y, a este respecto, el Constitucional concluye que la pandemia alcanzó unas dimensiones “desconocidas” e “imprevisibles” que habrían provocado una alteración del orden público constitucional que exigía medidas materialmente suspensivas de derechos, por lo que habría sido posible declarar el estado de excepción, en lugar del de alarma. Hasta aquí, hago mías las consideraciones del Tribunal.

En segundo lugar, la sentencia esboza lo que podríamos considerar una suerte de teoría general de los derechos fundamentales y sus garantías en momentos de excepción. El Constitucional reconoce que para enfrentarse a la emergencia pueden preverse restricciones temporales de los derechos fundamentales de mayor intensidad que la ordinaria, hasta llegar a la suspensión de algunos derechos (algo que, además, exige previamente que se declare el estado de excepción o de sitio con la correspondiente intervención parlamentaria). La suspensión sería así una especie en el género de las restricciones o limitaciones: se trataría de una limitación “especialmente cualificada”, que se traduciría en la “cesación” o “privación” temporal del ejercicio de un derecho y de sus garantías.  Así las cosas, el estado de alarma permite modificar el régimen ordinario de los derechos fundamentales para contemplar una “constricción temporal” más intensa (“limitaciones exorbitantes”), pero sin llegar a su suspensión. Sería ese “tercer estado” que ya postuló en su día Cruz Villalón.

En relación con las garantías, aunque no queda del todo claro, el Tribunal Constitucional parece apostar por una interpretación de la suspensión como “desconstitucionalización” de los derechos, cuyo contenido y garantías constitucionales quedarían desplazados por el régimen que establezca la LOAES, sólo vinculada por la prohibición de arbitrariedad. De tal manera que, a la hora de enjuiciar la legitimidad de la suspensión de un derecho en un estado de excepción o de sitio, el análisis constitucional se limitaría a verificar si se ha respetado lo dispuesto por la ley. El juicio de proporcionalidad quedaría limitado al control de los actos singulares, pero no se proyectaría sobre las medidas abstractas previstas en el correspondiente decreto o acuerdo. Sin embargo, las limitaciones de derechos en el estado de alarma (la sentencia se refiere a las previstas en el decreto pero sus consideraciones creo que pueden proyectarse si se cuestionara en abstracto la regulación dada por la LOAES) sí que deberán respetar el principio de proporcionalidad, pero el Tribunal excluye la garantía del contenido esencial y la sustituye por un análisis de si las mismas suponen una suspensión en sentido material del correspondiente derecho. De tal suerte que a la hora de enjuiciar las limitaciones del decreto del estado de alarma propone comprobar: primero, que encuentran cobertura en lo dispuesto por la LOAES; segundo, que no suponen una suspensión material de ningún derecho; y, tercero, que respetan el principio de proporcionalidad. Y, aplicando este triple test, es como termina concluyendo la inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario de toda la población ya que, aunque aparentemente tenía cobertura legal, supuso una efectiva suspensión de la libertad de circulación y de residencia, al haber comportado la privación o cesación del mismo y no su limitación. Y, por efecto reflejo, del derecho de reunión. En relación con las limitaciones que afectaban a otros derechos el Tribunal concluye que había base legal, que las mismas no supusieron suspensión de ningún derecho y que resultaron proporcionales.

A este respecto, comparto la conclusión final del Tribunal, pero no me convence la fundamentación. No entiendo las razones para excluir la garantía del contenido esencial del ámbito del 116 CE y creo que cabe otra lectura más garantista de la categoría de la suspensión. Se podría haber llegado al mismo resultado argumentando que, aunque el estado de alarma permite severas restricciones de los derechos fundamentales, no pueden llegar a su desnaturalización (contenido esencial). Esta solo es posible si se suspende previamente el derecho, con la declaración formal en el estado de excepción o de sitio. Y, en este sentido, la suspensión podría concebirse no como la radical desconstitucionalización del derecho, sino como una desfundamentalización parcial, que habilita al legislador orgánico a regular un régimen que incida en el contenido esencial o que excepcione garantías constitucionales del derecho, pero salvaguardando un contenido iusfundamental último de los derechos suspendidos.

Dos apuntes adicionales para cerrar, que pueden apuntar cuestiones de interés para los asuntos aún pendientes. En primer lugar, la sentencia reconoce una reserva a favor del decreto de estado de alarma para que sea éste el que regule el contenido de las restricciones de derechos, algo que no podrá ser “deslegalizado” habilitando a modificar su alcance por decisiones de otras autoridades como el Ministro y, en mi opinión, tampoco de los Presidentes autonómicos. Sí cabría modificar el decreto del estado de alarma por decretos gubernamentales sucesivos, con la debida dación de cuentas al Congreso, aunque no queda claro el rango de tales decretos. Y, en segundo lugar, en la sentencia del Tribunal trasluce que la legislación sectorial para emergencias permite la adopción de medidas que tengan gran intensidad, incluso materialmente similar a la suspensión de un derecho. Así, la clave para delimitar adecuadamente las fronteras entre los estados excepcionales y la legislación de emergencias debe situarse, a mi entender, en su extensión. La legislación de emergencias no puede contemplar medidas restrictivas de derechos fundamentales de gran intensidad de forma generalizada, algo reservado a los estados excepcionales.

En definitiva, con sus luces y sus sombras, estamos ante una sentencia que sienta doctrina y que, lejos de dinamitar el orden constitucional de garantías, invita a que el legislador asuma la tarea de actualizar el obsoleto marco normativo que regulaba los estados excepcionales en nuestro país.

¡Hola, mundo!

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Why were “los Jordis” sent to prison and Trapero was not?

(Written by Hay Derecho Joven Editors and Javier Cuairán García)

 

As expected, the decree of the judge sending Mr. Jordi Sànchez, president of the Assamblea Nacional Catalana (ANC), and Mr. Jordi Cuixart, president of the Ómnium Cultural, to preventive prison without bail has caused a huge stir. Some people say that the justice system is making “political prisoners” and others say that it is just a judge applying the text of the law in a dispassionate way. On the contrary, the decision of the Magistrate of the Central Court No. 3 of the National High Court, Mrs. Carmen Lamela, to grant provisional liberty without bail to Mr. Josep Lluís Trapero, the Mayor of the Mossos, and Mrs. Teresa Laplana, Intendant of the aforementioned body, has also raised passions.

 

The crime of sedition

The crime that is prosecuted in this case, as is well known, is sedition, which is regulated in articles 544 et seq. of the Criminal Code as an offence against public order. According to the aforementioned precept, sedition is committed by those who “without being included in the crime of rebellion, raise themselves publicly and tumultuously to prevent, by force or outside the legal channels, the application of the Laws or to any authority, official corporation or public official, the legitimate exercise of their functions or the fulfilment of their agreements, or administrative or judicial resolutions”.

 

Pre-trial detention

Before going on to analyse the judicial decisions handed down on October 16th , 2017 by the Central Instruction Court No. 3, it is important to briefly anticipate what pre-trial detention is and how it is regulated in our legal system.

This is a precautionary measure and therefore provisional in time, consisting of the deprivation of liberty of the person under investigation, which, although generally decreed at a very early stage of the procedure, can be adopted during the entire process. As the reader can imagine, in a system that guarantees individual rights such as ours, the freedom of the person under investigation -whose innocence is presumed- is the general rule. Provisional detention must necessarily be the exception, since it is the most burdensome of all the cautionary measures that exist in our legal system. Therefore, the reasons a leading to the adoption of such a measure should be the extremely serious.

In our legal system, the precautionary measure of provisional detention is regulated in articles 502 et seq. of the Criminal Procedure Act. In particular, three conditions are required in order to adopt it (article 503): (i) firstly, the existence of one or more  actions that are punishable with a penalty of two years’ imprisonment or more; (ii) secondly, that sufficient grounds appear in the case to believe that the person against whom the order is to be issued is criminally responsible for the crime; (iii) finally, the precautionary measure must pursue one of the following aims: either to avoid the risk of leakage, or to conceal, alter or destroy relevant sources of evidence, or risk of reoffending.

 

Different resolutions in different cases      

As it has been said, we have two judicial decrees issued on the same date and occasion, by the same Magistrate and for the same facts, in which “there is no discussion” -always in terms of the evidence given the embryonic state of the investigation- about the criminal nature of the acts allegedly committed by the four persons under investigation, Mr. Sánchez, Mr. Cuixart, Mr. Trapero and Ms Laplana after “impeding the application of the legal system as a whole”, which is inferred from the account of facts common to both resolutions.

Although these two cases are more similar than different, it is also true that the Magistrate makes a distinction in their respective judgments with respect to the punitive consequences, considering the facts at this early stage of the investigation. While Mr. Sánchez and Mr. Cuixart were sentenced to prison without bail, the Magistrate decided in the case of the Mayor and the Supervisor of the Mossos, Mr. Trapero and Ms Laplana, to adopt other less burdensome provisional measures such as the appearance every fortnight before the judicial body, as well as the prohibition of leaving the national territory with the consequent withdrawal of the passport.

This disparity of both resolutions  finds its explanation in the following two points: (i) the degree of certainty about what happened is higher in the facts regarding Mr. Sánchez and Mr. Cuixart than in the case of Mr. Trapero and Ms Laplana; (ii)  the degree of participation is more intense also in the former than in the latter, at least in what has been proven to date after having taken statements from all the parties, having examined the content of the judicially intervened telephone communications and having observed the photographic reports in the reports issued by the Guardia Civil.

First of all, it should be pointed out that this is a procedure that limits the facts under investigation to the period between the 20th and 21st of September 2017, leaving aside any others facts of possible criminal appearance that have not been brought to the procedure.

 

“Los Jordis” case

With regard to the participation of Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, the facts are summarized in their appeal for those days “not to a peaceful demonstration or rally, but for the” protection “of the Catalan Governors and Institutions, through mass citizen mobilizations, in front of places where police actions were being carried out“, specifically, entries and registers in various bhomes.

Thus, the decree states that “they were erected as interlocutors of the concentration, affirming that they could move the members of the concentration for their purposes“, being “aware that this would make it difficult for the police to act“, and then listing a series of episodes in which they actively participated, in order to move the “crowd” to act “against the judicially ordered actions“.

Especially eloquent of the seriousness of the events is the episode that relates that “due to the large number of people who were still on the street, the Judicial Commission formed by the Agents and the Interim Court Secretary remained besieged and held against their will inside the building, preventing the demonstrators from leaving through the front door of the building“, all this from 22:00 to 23:45 hours, “the time when the Interim Court Secretary of Justice could be evacuated through the theatre adjacent to the building, camouflaged and mixed between the audience leaving the theatre“.

 

Trapero and Laplana case

On the other hand, regarding the participation of Mr. Trapero and Mrs. Laplana, the facts attributed to them refer to a passive attitude and inactivity facing what was being committed there. Thus, the Order refers to five specific orders issued by the Guardia Civil to the Intendant Mrs. Laplana, which tended to avoid or, at least, to lessen the mishaps of such concentrations, and for which she showed an open refusal to obey. The Order also blames Mr. Trapero for being late in complying with the court order of establishing a device that could allow the Interim Court Secretary and other officers without disturbances.

In light of the foregoing, both Orders enforce two first requirements of article 503 of the Criminal Procedure Act, as long as (i) the offense of sedition is punishable by up to ten years’ imprisonment, and (ii) there are evidences enough in the case to suggest that the four persons under investigation are responsible.

Nonetheless, the Magistrate argues that the criminal nature of the facts is not as clear-cut as they are to Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, as long as the declaration of Mr Trapero and Mrs. Laplana “coincides with what the two lieutenants of the Guardia Civil and the lawyer of the Administration of Justice declared”, in stating “that they did not act against the concentrates because they considered that, given their volume, that could have generated a serious disturbance of public order without practical consequences”, and therefore understands that none of the premises of the first paragraph’s third point of article 503 of the Criminal Procedure Act were accomplished and they are necessary for pre-trial detention.

The possible plausibility of the Mossos’ statements, contrasted during the course of the pre-trial phase was, in short, what served the Magistrate of the Central Examining Court No. 3 to decouple -despite the seriousness of the facts- the procedural situation of the four investigated, unlike the proven actions against public order carried out by Mr. Sanchez and Mr. Cuixart. However, this Order concludes with a “without prejudice to the possible extensions” of the facts and of the subjects who may have intervened in them, which could cause the measures adopted to vary if events of a similar nature continue to occur.

 

Independence of the Judiciary

By the way, the political-social derivations, which, by their nature, are the subject of these proceedings, may lend themselves to certain interference outside the judiciary. Any proponents of democracy, the rule of law and one of the fundamental principles on which they are founded (the separation of powers) demand that the decisions of judicial bodies to be respected and to be kept separate from their “review”. Do not forget this: the Legislative and Executive branches are responsible for approving and modifying laws, the judges are responsible for interpreting and applying them. Let’s let everyone do their job.

 

Elisa de la Nuez participa como editora del blog ¿Hay Derecho? en #EncuentroCMLegal

Abogados, responsables de comunicación y marketing de diferentes firmas legales, asesores de empresa, periodistas jurídicos… todos ellos con presencia activa en redes sociales, fueron convocados por el Instituto de Innovación Legal este pasado jueves 7 de julio para profundizar en el estado de salud de estas herramientas en el sector jurídico. Nuestra secretaria general, Elisa de la Nuez, fue una de las profesionales que participaron en el encuentro en calidad de editora del blog ¿Hay Derecho?, con más de 5.000 visitas diarias y que se ha erigido como referente en el mundo jurídico gracias a la colaboración de numerosos autores.

En los siguientes enlaces podéis encontrar algunas reseñas sobre este acto:

Zunzunegui: “La crisis ha activado normas que estaban dormidas”.

El pasado miércoles 15 de junio la Fundación ¿Hay Derecho? organizó, en el Colegio de Abogados de Madrid, una mesa redonda sobre los límites de la actuación judicial moderada por Matilde Cuena, vicepresidenta de ¿Hay Derecho? y en la que expertos en distintas ramas -un árbitro independiente, un magistrado, un notario y un abogado- discutieron las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia hipotecaria y financiera.

En la Revista de Derecho del Mercado Financiero se ha publicado una completa reseña que compartimos sobre este acto:

Fernando Zunzunegui: “La crisis ha activado normas que estaban dormidas”.

Presentación del nuevo libro de Francisco Sosa Wagner

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y la Fundación ¿Hay Derecho? organizan el próximo lunes 20 de junio, a las 20 horas, una charla en la que el profesor universitario D. Francisco Sosa Wagner presentará su libro “La independencia del juez: ¿una fábula?”

El acto tendrá lugar en la sede del Club 567 (mapa). Estará presentado por el notario D. Ignacio Gomá, presidente de la Fundación ¿Hay Derecho?, y moderado por el magistrado D. Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Firmamos un convenio con la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas

Este miércoles 1 de junio Elisa de la Nuez, como secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas.

La Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2012, cuyo principal objetivo es aumentar el grado de competencia ciudadana en relación a los asuntos públicos y promover una mayor participación de la ciudadanía en las cuestiones que nos conciernen a todos. Mediante este convenio, la Fundación ¿Hay Derecho? se compromete a colaborar activamente en la realización de estudios, actos y eventos encaminados al cumplimiento de estos objetivos comunes relativos a la regeneración democrática.

Los límites de la actuación judicial: ¿justicia en frío y en caliente?

El próximo miércoles 15 de junio la Fundación ¿Hay Derecho? organiza la mesa redonda “Los límites de la actuación judicial: ¿justicia en frío y en caliente?”

Tendrá lugar a las 19 horas en el Salón de Actos del Colegio de Abogados (C/ Serrano, 9 | mapa), y en ella se tratará de analizar cuál debe ser la actuación de los tribunales ante leyes injustas: ¿se puede hacer justicia en función de la intuición moral del tribunal a través de una aplicación flexible de la ley? ¿Existe hoy una tendencia de nuestros tribunales a aproximarse al modelo anglosajón, convirtiendo al juez en un legislador en detrimento de la ley escrita?

Interesa en particular determinar si la crisis económica y financiera actual está incidiendo en la actuación de los tribunales favoreciéndose resoluciones judiciales que pretenden proteger al ciudadano a toda costa en sus conflictos con las grandes empresas (por ejemplo, banca, seguros) ¿Pueden suplir los tribunales la inacción del legislador y buscar soluciones justas evitando la aplicación estricta de la ley? ¿Se puede hacer justicia en función de la intuición moral del tribunal a través e una aplicación flexible de la ley? ¿En qué medida influye el “momento concreto” a la hora de impartir justicia, y en qué medida debería influir?

Ponentes
Modera: Doña Matilde Cuena. Profesora de Derecho Civil UCM. Vicepresidenta de la Fundación ¿Hay Derecho?

– Don Borja Villena. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Ignacio Gomá. Notario de Madrid. Presidente de la Fundación ¿Hay Derecho?

– Don Fernando Zunzunegui. Abogado especializado en regulación financiera.

– Don Manuel Conthe. Árbitro independiente.

Rogamos confirmación de asistencia escribiendo a [email protected].

Presentación del estudio sobre Diputaciones Provinciales

Este martes 17 de mayo, a las 19:30 horas, la Fundación ¿Hay Derecho? presentó el cuarto de una serie de estudios sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. El acto de presentación tuvo lugar en la Fundación Diario Madrid (c/ Larra, 14) con la colaboración de Ahora Semanal y de su director, Ramón González Férriz, que moderó el posterior debate.

El análisis lleva por título “Coste y utilidad de las Diputaciones Provinciales: claves para un debate necesario”, y su exposición corrió a cargo de los autores del informe, Rafael Rivera y Jaime Castellano.

Rafael Rivera comenzó aclarando que el objetivo del estudio es “aportar datos y racionalidad” al debate sobre diputaciones, puesto que hoy continúa siendo “pobre e ideologizado”. Rivera explicó que existen dos tipos de competencias en las diputaciones (propias e impropias) e insistió en que su pretensión no es dar argumentos a favor o en contra de su mantenimiento sino probar si las políticas públicas que llevan a cabo son racionales y eficientes. El informe señala también la procedencia de sus ingresos: la mayoría de Diputaciones reciben financiación del Estado, algunas de CCAA y la de Jaén, por ejemplo, la recibe incluso de sus ayuntamientos.

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Por su parte, Jaime Castellano explicó que las diputaciones “no están solas” porque de ellas dependen muchos organismos y contó algunos casos ilustrativos de su mal funcionamiento. El estudio demuestra que las políticas de las diputaciones son enormemente dispares, hay falta de coordinación con otras administraciones y sus mecanismos de ejecución son heterogéneos.

El periodista de investigación Carlos Larroy, invitado a participar en la presentación del informe, abordó las cuestiones que había resumido en su artículo publicado en Ahora Semanal, relacionadas con el modo indirecto de elección de los diputaciones provinciales y el uso clientelar que se ha hecho de estas históricas instituciones.

El diputado Toni Roldán, de Ciudadanos, recordó que el partido al que representa incluye en su programa la propuesta de supresión de las diputaciones y lamentó que durante el boom económico en España se produjese una “burbuja política” y los partidos colonizasen sistemáticamente las instituciones. “La pregunta que debemos hacernos es cómo prestar los servicios a la ciudadanía de manera más eficiente y con calidad”, concluyó.

El informe completo elaborado por la Fundación se puede consultar aquí.

Fe de erratas: se ha publicado una nueva versión del informe donde se ha corregido el desglose de ahorros potenciales por provincia. El dato de gasto medio por habitante era correcto, pero los datos de ahorro potencial por provincia no correspondían con la provincia adecuada. Este error no afecta a la cifra de ahorros global estimada.
Asimismo, nos gustaría insistir en que esta estimación tiene por objeto aportar una cifra global de potenciales ahorros al debate existente, pero no concretar a nivel provincial estos ahorros. Igualmente queremos dejar constancia de que no es el objetivo principal de este estudio defender la supresión de las Diputaciones provinciales en base a estas estimaciones, sino poner de manifiesto los problemas de heterogeneidad, irracionalidad y escasa rendición de cuentas de sus actuaciones y la necesidad de abrir un debate serio sobre esta cuestión.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? agradecemos a los asistentes y a diversos medios de comunicación, entre ellos los que a continuación citamos, el gran interés mostrado por nuestro trabajo.

EL PAÍS
Eliminar las diputaciones provinciales ahorraría 600 millones de euros de inmediato.
EL MUNDO
El entramado que se esconde tras las Diputaciones: 116 entes, 282 consorcios y 6.358 millones de gasto.
EL ESPAÑOL
¿Por qué hay que eliminar las diputaciones?
ABC
La eliminación de diputaciones supondría un ahorro de 1.200 millones para el Estado.
EXPANSIÓN
Suprimir las diputaciones supondría un ahorro inmediato de 600 millones de euros para el Estado.
MUNDIARIO
Cerrar las diputaciones provinciales ahorraría de inmediato 600 millones de euros.
QUÉ!
Así gastan el dinero las Diputaciones Provinciales.
DIARIO CRÍTICO
Las polémicas diputaciones, a golpe de calculadora: las cifras.
LA OPINIÓN DE CORUÑA
La supresión de las diputaciones ahorraría 1.200 millones, casi 600 de forma inmediata.
LA VOZ DE GALICIA
Diputaciones: caras, ineficientes y opacas
FARO DE VIGO
La supresión de las diputaciones ahorraría 1.200 millones de euros, según un estudio.
LEVANTE
Un estudio recoge que suprimir la Diputación de Castellón supondría ahorrar 5,9 millones de euros.
LA TRIBUNA DE TOLEDO
Suprimir las diputaciones podría ahorrar 162 millones en la región.
EL MIRÓN DE SORIA
La supresión de las diputaciones de Castilla y León supondría un ahorro de 162 millones anuales.
HERALDO DE SORIA
Eliminar las diputaciones ahorraría 6,44 millones en Soria.
LA OPINIÓN DE ZAMORA
La supresión de la Diputación permitiría un ahorro de casi 70 millones a largo plazo.
TRIBUNA SALAMANCA
Suprimir la Diputación de Salamanca ahorraría 31 millones de euros.
DIARIO PALENTINO
El ahorro por la supresión de las diputaciones superaría los 270 millones a medio plazo.
NUEVA EXTREMADURA
Un informe señala que suprimir las dos diputaciones ahorraría 42,5 millones de euros.
CANAL EXTREMADURA
Entrevista radiofónica a Carlota Tarín (min. 13).
RTVE.ES
Presentación del estudio por Carlota Tarín, Jaime Castellano y Rafael Rivera (min. 2).