Presentación de nuestro libro “¿Hay derecho?” en ESADE el 24 de junio

Como todo llega en esta vida, llega también el momento de presentar en sociedad nuestro libro ¿hay derecho? del que ya tenemos también las primeras reacciones: una crítica de nuestro colaborador habitual e ilustrado jurista Jesús Casas que publicamos ayer y otra en la Vanguardia de Mariano Guindal.
La presentación, en la que nos gustaría encontrarnos con la mayor cantidad posible de colaboradores y lectores, será en ESADE, Mateo Inurria 25-27, Madrid, el próximo martes 24 a las 19,30 y el formato es bastante novedoso ya que será un debate en el que participará Javier Gomá  y los autores del libro y coeditores de este blog  (entre ellos los hermanos mayores de Javier, Nacho y Fernando).
Aquí está el newsletter de Esade anunciando la presentación-debate, para mayor información e inscripción.
Animaos, ¡va a estar divertido! Y para los que se quedaron con ganas de firmas en la Feria del Libro habrá otra oportunidad para conseguir nada menos que las cinco firmas de los autores y de paso la de Javier Gomá (en sus libros, claro).
 
 
 

Primera reseña del libro ¿Hay Derecho? fecho público por el Bachiller Sansón Carrasco

 
“…y así digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal, que satisfaga y contente a todos los que le leyeren”
(Palabras del Bachiller Sansón Carrasco dicha a Don Alonso Quijano según se relata en la Parte Segunda Capítulo Tercero del muy afamado libro “Don Quixote de La Mancha” compuesto por Don Miguel de Cervantes y Saavedra)
Hallábase entonces quien este examen suscribe cabizbajo y meditabundo, prieso de cuitas por el muy lamentable estado al que se veía reducida nuestra Cosa Pública casi toda, cuando, tornando su mirada a un cuaderno de bitácora escrito no por un solo capitán, sino por oficiales, cobró cuenta de que otros vecinos y ciudadanos suyos, así Doctores, como Licenciados, bachilleres, oficiales o menestrales de múltiples oficios, encontrábanse igualmente compungidos por las desventuras de la Patria común de todos los omes buenos, que no es otra que esa que dicen Justicia, igual para quien masca mendrugo o gachas como para quien degusta faisán y esturión.
Fuime entonces por las calles en pos de ese alimento del ánima que se encuentra en los libros y volúmenes que con venia del Santo Oficio, plácet del Gobierno e Imprimatur del Obispado se hallan en los anaqueles de nuestras bibliotecas, librerías (así sean de lance), donde otros dejaron lo mejor de sus caletres. Y ansí de aquella guisa topeme con mención de un cierto librillo que pareciome de interés por ser autor suyo el muy afamado Bachiller Sansón Carrasco, que había tenido sus dialécticas batallas con Don Alonso Quijano como consta en la Segunda Parte de la narración más afamada de nuestro Primer Don Miguel, y empeñé la palabra con los antecitados oficiales en poner en su cuaderno de bitácora breve reseña de lo que en dicha obra, intitulada “¿Hay Derecho?” y subtitulada “La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España”,  que el meritado Bachiller Carrasco dio a la imprenta en la casa del editor de apellido Península, un día quinto de las kalendas de junio del año de la era duomilésimo y décimo cuarto de la Era de Nuestro SeñorIesu Cristo (amén), y que se compone de un total de 267 páginas repartidas en diez y seis acápites más un epílogo que rinde cuenta de las desventura de cierto Monte de Piedad o Caja de Aforros, fundado en las muy nobles tierras de Segovia y desvalijado por ciertos presuntos asaltantes de caminos más amigos de lo ajenos que el mismo Caco, de tal modo que el mismo Cervantes,(removiéndose por cierto en su tumba doblemente, una por los desafueros que el libro que aquí se comenta relata y otro por las excavaciones que en donde tal tumba se halla realizan en esas mismas kalendas los modernos halladores de huesos ancestrales) hubiera exclamado nuevamente su “!Valame Dios!”.
Dime pues a la lectura de la obra, encontrando la misma deleitosa en las partes donde muestra los mejores y más ácidos humores del autor, y desazonadora en otros pasajes en los que la realidad se expone de forma directa y cruda. En cuanto al estilo, parésceme que es en ocasiones demasiado claro y directo y que por ello ciertos inquisidores y veedores podrán acaso mandar a sus alguaciles prender al bachiller autor, entre otras cosas porque no se usa en este libro una jerga oscura propia de los que las labores jurídicas profesan, sino un lenguaje accesible también legos en Derecho.
Tras dar el escritor las razones que le mueven el ánimo a escribir su “¿Hay Derecho?” pasa a glosar las desventuras por las que pasan los fueros y costumbres del Reyno, aquejado del mal del que ya advirtiesen los sabios romanos, que las muchas leyes lo son en detrimento del buen gobierno de los pueblos y del sentido común, pues si se promulgan tantas normas como hijos de San Luis ni los leguleyos serán capaces no ya de entenderlas sino de llegar a leerlas, siendo como son de pésima factura pues los licenciados en leyes e incluso Doctores han dimitido de su oficio de fazer disposiciones claras, breves y concisas, en detrimento de los ciudadanos que no saben qué deben hacer pero quedan oprimidos y desamparados, en favor de los que cuentan con fortuna para gastar sus reales en escribientes de enrevesadas cartas contractuales y advogados litigadores, que ora prestan sus servicios a las chancillerías del Gobierno ora, cual pasando por puerta que diese vueltas sobre sí propia, los arriendan con pingüe beneficio a las sociedades de mercaderes que reciben del Gobierno mismo las cartas-patentes que les hacen, como a publicanos, con negocios que les dan riquezas sin cuento a costa del contribuyente. De este modo, dice el autor, las leyes se aplican con rigor a unos y se inaplican a otros según la proximidad o lejanía a los cabildeadores y conseguidores.
A tal punto dícese haber llegado la desventura de las Españas que la antedicha Justicia ya no campa por sus fueros, sino por los que, maquinando sobre el nombramiento de los Magistrados, los Secretarios del Gobierno consiguen situar a ciertos peones o alfiles suyos en tales o cuales Audiencias, de modo que la sacrosanta independencia de los Jueces no se vislumbra salvo en unos pocos de heroica conducta que se mantienen incólumes en su sacro oficio de decir y hacer Justicia, aunque ello pese a quienes mandan y aunque con ello sufran injurias u ostracismos en vez de ser ensalzados y puestos de ejemplo de aquello que debe ser fecho . Ítem más, cuando se dicta sentencia, ocurre que la misma llega tan luego que sólo vale decir aquello de “A buenas horas, mangas verdes”, por lo que nuestro sensato bachiller propone a los ciudadanos que busquen remedio y más breves términos en árbitros y amigables componedores o mediadores que, en ejerciendo sus buenos oficios, permitan que las partes entren en razón y hallen concierto en el desacuerdo poniendo amistosamente fin a sus querellas y litigios.
Par no mentar el hecho del que se da cuenta y razón de que los Cabildos, Provincias y Ajuntamientos de las Españas se encuentran en manos de caciques que medran tejiendo redes de intereses y favores, enarbolando pabellones y pendones de este o aquél cantón procurando destruir el Reyno para su propio y particular beneficio, sembrando discordias entre los paisanos de tal o cual sitio, y, aún peor, incumpliendo y faltando a las Leyes que Su Majestad promulga para la sanidad y paz de su pueblo. Situación ésta en la que de nuevo obtienen ganancia, en pérdida de los justos, ciertos mercaderes locales vecinos de los Virreyes y otros cónsules que una vez ganado el favor y voto del pueblo, lo usan torticeramente en su propio y particular beneficio y no en el de sus mandantes y administrados, rodeándose de ministriles, ministrillos y ministros a los que les viene bien la etimología de sus cargos que no es otra que la de “minus”, menos o “minor”, menor pues sus conductas no son las de Magistrados cuyas pesada públicas responsabilidades les hacen merecedores de ese cargo que proviene de “magis” y entronca con “maior”.
Para más inri, parece ser que ciertos veedores y auditores que se nombran para el cuidado de las cosas comunes, a los que con neologismo inaudito llámase modernamente “Reguladores”, y que debieran hacer gala de independencia de criterio, por el contrario abusan de sus oficios por el mismo hecho de ser nombrados por quienes, a la postre, todo lo pretenden controlar y que, a decir del Bachiller Carrasco no son otros que los de siempre: los Verdes y los Azules, los Güelfos y los Gibelinos, los Tirios y los Troyanos, esto es los partidarios y cofrades de aquesta o aquella cofradía que anteponen los intereses particulares de su partido o vecindario a los comunes de la Nación.
En razón de todas las sinrazones que se narran en el libro del que aquí damos cuenta, ocurre que la grey se rebela y amotina y, en vez de protestar legítimamente contra sus pésimos regidores, mancilla las sagradas Leyes por lo mismo que no son de buena factura ni posible comprensión y que los primeros obligados a cumplirlas, es decir, los secretarios y alguaciles de los muchos gobiernos de las taifas ibéricas, las incumplen jactándose pública y notoriamente de ello, de modo tal que uno se encuentra en la tristura de que la ley ya no es igual para todos, sino más igual para unos que para otros y menos igual para el cibdadano de a pie, que es, a la postre, para cuya felicidad y bienestar se concibió todo el entramado y complejo sistema del Derecho.
¿Exagera acaso el Bachiller Carrasco en sus narraciones? A fuer mío que no, porque en aquellos países donde no imperan la Justicia y el Derecho, esto es, la Razón, imperan la iniquidad y la iniquidad y la injusticia, esto es, la sinrazón. Y de esta guisa nos encontramos en las Españas de este siglo nuestro en el que Dios nos ha mandado vivir. Pero propone Don Sansón entonces una solución a ello: no caigamos en el desespero, cambiar las cosas para bien depende de cada uno de nosotros, y, juntos, seremos capaces de enderezar lo torcido y desfacer los entuertos como el Caballero de la Triste Figura hizo sin desfallecer, pasando de loco a héroe al ser reconocido por todos que su idealismo no era de otra textura que la bondad, que nos hace hermanos de nuestros hermanos y en ello se ve que no somos fieras bestias a las que debe sujetarse por el cuello.
Dijo bien en otro lugar el Bachiller autor de esta obra “Mirad Sancho, que los oficios mudan las costumbres, y podría ser que en viéndoos gobernador no conociésedes a la madre que os parió”, como así parece que sucede en nuestra piel de toro.
En fin y a la postre, he tenido nueva y noticia de que el susodicho bachiller Carrasco fízose ayudar en la composición de la obra que se ha aquí reseñado de cinco acreditados jurídicos de nombres,  Elisa de la Nuez, Fernando Gomá, Ignacio Gomá, Fernando Rodríguez y Rodrigo Tena, que ofician no solo de Escribanos del Reyno o Abogados de Su Divina Majestad, sino también de gacetilleros en las muchas horas que roban al sueño y al asueto para dar a la imprenta y a sus conciudadanos noticia de los muchos desaguisados que padece las Leyes y la Justicia en nuestra Patria, de modo que en viéndose uno en malos trances desvalijado y mermado en su persona, honra o herencia por malhechores de calaña diversa, en vez de gritar a voz en grito “!A mí la Justicia!” den ganas de caer en la melancolía o ensillar a Rocinante y marchar para siempre a exilio.
Meresceme pues, en fin, la obra de Carrasco un juicio positivo. Únese a otros libros que en esta época nuestra hacen anamnesis y diagnóstico de nuestros males colectivos para que podamos sanarlos mejor antes que después, no sea que en prolongándolos se vuelvan tan insoportables las iniquidades que acabemos en el enfrentamiento y uniéndonos a la pléyade de naciones que fracasan y se pierden para siempre en las brumas de la Historia.

Colaboracionista, pero con buena conciencia

Ante la visión de la corrupción generalizada que asola nuestro país, y que se asoma todos los días a las portadas de los periódicos, uno no puede dejar de preguntarse si realmente los españoles somos menos honestos que los ciudadanos de los países del Norte de Europa. O aún peor, volver a plantearnos esa pregunta a la que tanto esfuerzo dedicó Sócrates, sobre si el ser humano es por naturaleza deshonesto.
Uno de las pocas experiencias documentadas fuera de un laboratorio sobre la honestidad de las personas en delitos de “cuello blanco” lo recoge Steven D. Levitt en el libro Freakonomics. Este libro es una oda a la idea de sacar conclusiones siempre apoyadas en datos, y no en intuiciones. El libro recoge la historia del negocio de las rosquillas de Paul Feldman, un hombre que preparaba unas rosquillas deliciosas. Inicialmente las llevaba para invitar a sus compañeros del trabajo. Era tanto el éxito, que acabó llevando muchas más, pero empezó a pedir 1$ por cada rosquilla que comieran, para lo que dejaba una cesta donde podían depositar el dinero. En su oficina la recaudación alcanzaba el 95% del coste. Solo el 5% de los compañeros no pagaba por las rosquillas que comía. Feldman al cabo de unos años decidió dejar su trabajo y dedicarse de lleno al negocio de las rosquillas. Lo vendió a muchas otras oficinas con un modelo similar. Dejaba las rosquillas y una caja para recoger el dinero cada mañana. Llego a entregar 8.400 rosquillas a 140 empresas. Fuera de su oficina, la tasa de recaudación media bajó hasta el 87%. Por debajo del 80% Feldman catalogaba una empresa como poco honesta y dejaba de suministrarle rosquillas. Los datos recopilados a lo largo de muchos años mostraron que las oficinas pequeñas son más honestas que las grandes, y, sí, para morbo de los lectores, en las oficinas donde los empleados se distribuían por plantas según las jerarquías, las plantas de los empleados de más jerarquía en la empresa eran menos honestas.
Las conclusiones del experimento muestran la  idea de que la gente es generalmente buena. Sí, muchos robaban rosquillas, pero la mayoría no lo hacían, aun cuando nadie les observaba. Como afirmaba Sócrates o Adam Smith, el experimento muestra que un hombre puede resistirse a la tentación del mal, aun cuando sus actos no tengan testigos.
Dan Ariely, un economista conductual, va más allá en una charla TED realmente interesante (ver aquí). Tras varios experimentos realizados con alumnos universitarios sobre su nivel de honestidad, su conclusión es que el comportamiento no es exactamente como podría predecir un economista. La teoría de incentivos indicaría que la honestidad alcanza un equilibrio entre cuánto gano si soy deshonesto, cuál es la probabilidad de que sea descubierto mi acto deshonesto, y cuál sería el castigo si soy descubierto. Los experimentos mostraron que aun cuando se redujera la probabilidad de ser descubierto, los alumnos se seguían comportando siempre igual. Eran siempre de media “un poco” deshonestos”. Siempre “solo un poco”.
La conclusión es que todos tenemos un “umbral de deshonestidad”. Nuestro cerebro nos permite comportarnos de forma deshonesta hasta un cierto umbral, y aún seguir sintiéndonos bien con nosotros mismos. Y todo el mundo necesita sentirse bien consigo mismo.
Obviamente el “umbral de deshonestidad” pueda cambiar con ciertos factores, y uno de los más importantes es lo que sucede a nuestro alrededor. En la charla, el economista Ariely explica que introdujeron un “estudiante actor”, que claramente se comportaba de forma deshonesta, y salía indemne. El resultado fue interesante: si el “estudiante actor” llevaba distintivos de la universidad, el nivel de deshonestidad del resto de compañeros subía. Pero si llevaba distintivos de otra universidad, el nivel de deshonestidad bajaba. No es el que a mi alrededor la gente se comporte de forma deshonesta lo que hace subir el umbral de deshonestidad. Lo que lo hace subir es que “mi grupo” se comporte de forma deshonesta.
Desde hace bastantes años soy de los convencidos de que el nivel de corrupción (o deshonestidad) es generalizado en la vida pública de nuestro país. Que no hay obra pública que no pague comisiones, que las personas que ocupan cargos públicos políticos que no son deshonestos son excepcionales, y que la comprensión de los jueces de los tribunales superiores con los actos deshonestos de los políticos es sospechosa. Hace tiempo que abandoné la tesis de las manzanas podridas, y me aboné a la tesis de la corrupción generalizada. Al debatir esta opinión con personas de todo tipo, la conclusión es que no todo el mundo tiene el mismo concepto de corrupción. Se utilizan conceptos como corrupción “dura” o “blanda” (no es lo mismo cobrar comisiones para ti, que hacerlo para el partido). No es lo mismo otorgar un contrato a un amigo si me llevo una comisión, que si a cambio se obtiene algún beneficio lateral para mi ciudad. No es tan malo colocar a amigos y familiares si todos lo hacen. No es tan malo pagar comisiones, si es la única forma de conseguir contratos. No es tan malo absolver a un cargo público, si con ello se preserva la tranquilidad del estado.  Como en el experimento, lo que cambia es el umbral de deshonestidad en los diferentes colectivos. Claramente el umbral de deshonestidad en la política española es muy alto. Si un comportamiento es generalizado, deja de ser considerado como deshonesto dentro del colectivo, y llegamos a la situación en que solo el “llevarse el dinero a casa”, se considera corrupción dentro del colectivo. El resto de comportamientos entra en otras categorías, pero claramente no es percibido como corrupción. Todos necesitamos mirarnos de frente al espejo por las mañanas, y nuestro cerebro nos debe permitir estar a gusto con nosotros mismos. El mecanismo del umbral de honestidad permite que a la mayoría de los cargos públicos políticos españoles su cerebro les permita encontrarse estupendos cada mañana. Y eso no es fácil cambiarlo. Sin duda no van a ser nuevas leyes anticorrupción las que van a cambiar este comportamiento.
Tampoco el sistema podría funcionar sin un nivel de colaboracionismo tan alto en nuestra sociedad. Sea en las empresas, en la administración pública o en organismos e instituciones, la corrupción es tan generalizada que es difícil no pensar que son muchos los ciudadanos, los funcionarios, o los trabajadores que son testigos de ella. Que la ven todos los días y la toleran. Que ven como su departamento firma expedientes para dar cobertura a una adjudicación sospechosa, que asiste a como su empresa siempre adjudica a determinadas empresas afines, que comprueba cómo se malgasta el dinero público en proyectos sinsentido, o que aplaude las ocurrencias de los jefes políticos sin espacio para la crítica. No pretendo adentrarme en este post de nuevo en el papel de los funcionarios “héroes” en la lucha contra la corrupción, y el comportamiento del resto que no quiere asumir el papel de héroe. Eso ya se ha tratado en varias ocasiones en este blog. Lo que me interesa constatar es que la mayoría de las personas que “colaboran” o “toleran” de una u otra forma los comportamientos corruptos, se encuentran bien consigo mismos. Hables con quien hables, trabaje en el área reconocida como más deshonesta de una determinada administración, o en el departamento que siempre sorprende por sus proyectos descabellados, o sus decisiones arbitrarias, siempre apreciarás que los profesionales defienden sus organizaciones, y minimizan las apreciaciones que tú, como externo, puedas hacer de su lugar de trabajo. Prueba a hablar con algún profesional que trabaje, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, y puedes estar convencido de que defenderá la magnífica labor que hace su departamento. Y no te sorprendas si aprecias que lo dice con sinceridad y honestidad.
Es sin duda difícil levantarse cada mañana y pensar que voy a trabajar a una organización deshonesta e ineficaz. Para personas honestas, y la mayoría lo somos, asistir a ese espectáculo crea un notable malestar psicológico. Nuestro cerebro no puede soportar esa situación durante mucho tiempo. Esta situación es lo que los psicólogos llaman “disonancia cognitiva”. Si una persona que tiene unos valores o creencias morales  se ve involucrada en acciones que nunca hubiera hecho pero por fuerzas mayores no puede rehusar, la discrepancia entre las acciones y sus valores provoca un estrés emocional que la persona se esforzará en paliar intentando cambiar su forma de pensar. Nuestro cerebro no nos permite vivir mucho tiempo en una situación en que cuestionemos lo que vemos a nuestro alrededor, y por ello, al cabo de cierto tiempo, nuestro cerebro nos permitirá elaborar “una historia” que nos permita volver a estar a gusto con nosotros mismos y eliminar el malestar psicológico. Si alguien piensa que este mecanismo no es muy poderoso, debería bastar con mencionar que es este mecanismo el que hace que una mujer maltratada acabe convencida de que no es tan malo el maltrato o, incluso peor, que algo ha hecho para merecer el maltrato. No es fácil luchar contra ello.
Luchar contra la corrupción en España requiere algo más que promulgar nuevas leyes. Requerirá cambiar el umbral de deshonestidad que rige en la vida pública, y volver a crear la disonancia cognitiva en la sociedad colaboracionista y tolerante con la corrupción en que nos hemos convertido. No es sencillo, pero lo primero que requiere es que alguien, líderes nuevos, inicien sus discursos hablando de que han cambiado las reglas de juego, que ya no se tolerarán esos comportamientos. Y que empiecen a dar muestras claras y ejemplares de que así va a suceder. El nuevo rey, Felipe VI,  puede ser una oportunidad, pero será necesario que transmita claramente un deseo de romper con prácticas del pasado, como el mercadeo de favores o el “capitalismo castizo”. No es sencillo, pero no hay otro camino.

Flash Derecho: Congreso sobre Derecho y Salud

Los próximos días 4, 5, y 6 se celebrará en Barcelona el XXIII Congreso sobre Derecho y Salud al amparo de la Asociación de Juristas por la Salud que preside nuestra colaboradora Josefa Cantero Martínez.

En esta dirección pueden conocerse los comités organizador y de honor, así como el programa científico, que abordará temas muy variados. Y pinchando aquí pueden obtener el tríptico-xxiii-congreso-DyS  

 

La secular participación política (ciudadana) y nuestro diccionario

Acaban de conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014 al historiador francés Joseph Pérez. Según consta en la página web de la Fundación Príncipe de Asturias, el hispanista premiado “ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo el análisis de la historia europea”.
Como expuso en su Historia de España (Editorial Crítica, 2ª edición. Abril 2001): «Junto a la cabecera de la España enferma se agolpaba un enjambre de médicos bienintencionados. Eran los arbitristas. En general tuvieron mala prensa. La literatura los ridiculizó o vilipendió… El arbitrista es presentado como un loco, un fracasado o un soñador alejado de la realidad. Esta sátira feroz es la caricatura de personajes complejos, que no siempre merecen esta reputación de falsarios y maniáticos. Hoy día a algunos de ellos se les considera economistas. Analizaron con lucidez los males que padecía España, describieron el estado de su agricultura, su industria y su comercio, y propusieron soluciones que no eran en absoluto necedades ni quimeras. (A finales del siglo XIX la política de obras públicas preconizada por Joaquín Costa tropezó con el mismo escepticismo. Sin embargo, llamaba la atención sobre las dificultades reales de España y proponía soluciones que se aplicaron cincuenta años después, como los embalses para tener reservas de agua y regar). Casi todos los arbitristas partieron de constataciones objetivas: la deuda pública recargaba el presupuesto, el endeudamiento de los particulares creaba multitud de parásitos, la competencia extranjera arruinaba el artesanado y las manufacturas, los campesinos, cargados de impuestos y deudas, abandonaban sus tierras, la producción agraria y la ganadería estaban en decadencia, había desempleo y las ciudades se llenaban de ociosos. De acuerdo en los diagnósticos, la mayoría de los arbitristas también lo estaban en las soluciones, con algunos matices. Recomendaban reducir los gastos públicos, sanear la fiscalidad, hacerla más equitativa, y relanzar la producción. Convencidos de que la demografía era la base de toda economía, propusieron medidas a favor de las familias numerosas. Querían reducir la cantidad de clérigos y estudiantes, y rehabilitar la agricultura, sin descartar los repartos de tierras».
Dichas palabras ponen en evidencia que la definición del término “arbitrista” que hace nuestro Diccionario, al utilizar el adjetivo disparatado, obedece a un claro prejuicio. Según el DRAE: “arbitrista” es la “persona que inventa planes o proyectos disparatados para aliviar la Hacienda pública o remediar males políticos”. Por ello, el 5 de febrero de 2010 propuse a la Real Academia que corrigiera dicha definición, pues, en mi opinión, el adjetivo disparatado debería desaparecer de la misma, dado que supone un juicio de valor, a mi modo de ver impropio, por parte de la Real Academia, dado que nos estamos refiriendo a un término de carácter histórico, que el Diccionario no debería adjetivar. Aporté un estudio que, entre otros, fue publicado por Actualidad Administrativa (nº 2, enero 2011): “Breve homenaje a los arbitristas, miembros activos de la “sociedad civil” de los siglos XVI y XVII”. Parece ser que la Academia está en ello respecto a la nueva edición que aparecerá en octubre.
Como se ve,  han tenido que ser destacados hispanistas foráneos los que pongan en su sitio este término, que tiene sucesivos epígonos (proyectistas, regeneracionistas, etcétera). Por poner algunos recientes ejemplos, considero que las  obras: del profesor  Muñoz Machado, “Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo” (Editorial Crítica, 2012); de César Molinas,  “Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país” (Destino, 2013); de José Carlos Díez, “Hay vida después de la crisis” (Random House Mondadori, 2013); de los coeditares de este blog, “¿Hay derecho?” (Ediciones Península, 2014); Jaime Lamo de Espinosa, “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” (ABC, 27 de mayo de 2010), son de la mejor tradición arbitrista.
Para terminar con los abundantes  ejemplos, iniciativas como la de la Fundación Everis, del año 2010: “La iniciativa Transforma España lanzada por la Fundación Everis y respaldada por cien personalidades, entre líderes empresariales del país, expertos temáticos y emprendedores, fue entregada a S.M. El Rey en audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela. Este documento, que pone de relieve la gravedad de la actual crisis económica, sus causas y consecuencias, propone una serie de soluciones y actuaciones en todos los ámbitos del sistema que deben producirse en los próximos años para generar un verdadero cambio”. El documento citado se titula: Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”.
También, por la determinación de sus opiniones, podemos citar al hispanista británico John H. Elliott, asimismo Premio Príncipe de Asturias (España y su mundo (1500-1700), Taurus, 2007) que dijo: «¿Qué medidas se podían tomar para revitalizar una economía famélica y aumentar la productividad nacional? Las ideas no escaseaban. Los arbitristas de principios del siglo XVII, hombres como González de Cellorigo, Sancho de Moncada o Fernández Navarrete, presentaron sensatos programas de reforma. Había que regular los gastos reales, detener la venta de cargos, frenar el crecimiento de la Iglesia; había que examinar el sistema de impuestos, hacer concesiones especiales a los trabajadores del campo, convertir en navegables los ríos y regar las tierras secas. Sólo de esta forma se podría aumentar la productividad de Castilla, restaurar su comercio y poner fin a la humillante dependencia respecto de los extranjeros, de holandeses y genoveses. Allí estaban las ideas…»
Y, perdón por citas tan largas, siendo más contemporáneos, podemos citar a la periodista Rosa Montero (Las 235 cartas de un hombre tenaz, El País Semanal, 17 de agosto de 2003): «los tenaces, en suma, son aquellos individuos fabulosos que ven algo que no les gusta, algo que no funciona en la sociedad, algo que no les parece equitativo, y dedican una asombrosa cantidad de tiempo, energías y a menudo dinero, para intentar cambiarlo. Y su manera de luchar es individual y civilista. Es decir, no son misioneros, no son trabajadores de campo, no son asistentes sociales ni miembros de oenegés. Los tenaces confían en la bondad final de las instituciones y creen en la eficacia de la palabra. Ellos repiten sus verdades, escriben cartas, a veces incluso presentan denuncias judiciales, sin desalentarse por el poco resultado, por las dificultades y el silencio.  Son incombustibles porque son grandes optimistas. Gracias a ellos, entre otras cosas, se va moviendo el mundo».
La actual definición de nuestro Diccionario, ¿no será fruto de una refractaria y perversa tradición oficial contraria a la participación ciudadana en la cosa pública?

Flash Derecho:Jornada sobre la Corrupción en Europa de Accors el 4 de junio

 
Para todos los colaboradores y lectores del blog preocupados por la corrupción, que imaginamos que son todos, la Asociación Accors contra la corrupción de la que ya hablamos aquí organiza la II Jornada “Estrategias contra la corrupción en Europa”, que tendrá lugar el miércoles 4 de junio, a las 09.30 horas, en el salón de actos de la sede de Representación de la Comisión Europea en España y que cuenta con la participación de nuestra coeditora, Elisa de la Nuez, y nuestro colaborador, Francisco de la Torre.
Aquí tienen disponible toda la información.
 

Flash Derecho: Presentación del libro “Poder y Derecho en la Unión Europea” de nuestro colaborador Jose María de Areilza

El próximo 8 de abril nuestro colaborador Jose María de Areilza presenta su libro “Poder y Derecho en la Unión Europea”, una exploración sobre la vida política y jurídica de la Unión con el fin de formular un nuevo europeísmo para el siglo XXI. El libro estudia los aspectos esenciales de la evolución del ejercicio del poder europeo y de las normas que lo regulan, tanto en su dimensión horizontal (instituciones) como vertical (distribución de competencias entre la Unión y sus Estados) y ofrece una teoría del poder para entender, justificar y criticar con un fundamento sólido el desarrollo del Derecho comunitario.

El autor pone el acento en el contexto histórico en el que han evolucionado las normas y las distintas visiones políticas con las que se ha justificado la transferencia de poder al nivel europeo y se pregunta por el modelo de democracia de la Unión y la relación entre la política y sus políticas. Incluye asimismo un análisis de las estrategias políticas y las bases jurídicas con las que España se ha desarrollado como Estado miembro. En su capítulo final, ofrece una narrativa para entender el éxito histórico de la integración europea hasta principios de este siglo, el agotamiento de la utopía soñada por la generación Monnet y el impacto de la crisis del euro sobre una Unión que sufre fatiga política.

A partir de ahí, propone entrelazar tres elementos básicos desde los que formular una nueva utopía europea, en la que el poder europeo se legitime en cuanto a tal poder y no solo por ser una valiosa contribución a la vida económica, social y política de sus componentes nacionales.

 Aquí pueden ver todos los datos del acto:

Invitación 8 de abril

Orden público y participación política

Varios de los editores de ¿Hay Derecho? coincidimos casualmente en las proximidades de las “marchas de la dignidad” del pasado sábado 22 de marzo y pudimos ver parte de lo que ocurrió. Y lo cierto es que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión porque es importante y va in crescendo: manifestaciones, escraches, acosos, el 15-M, paralización de desahucios, invasión de fincas militares por representantes del pueblo, etc. De hecho, en el libro que hemos escrito y que pronto se publicará (se llamará también ¿Hay Derecho?), dedicamos un capítulo a esta cuestión bajo el título “La ley de la calle”. Ya me han advertido los otros editores de que no debo destripar nuestro libro, pero creo que decir algo generará expectación (esperemos), aunque sean unas consideraciones generales y muy obvias, como estas.

Bajo muchos de estos sucesos se encuentra una tensión evidente entre el orden público y la legalidad y la legítima expresión de descontento y aspiraciones. Por partir del último de los sucesos, lo cierto es que en el tema de las marchas de la dignidad hay muchos factores en juego, y según la tendencia del analista se destaca uno u otro. Por un lado, no cabe duda de que la deriva institucional, los recortes, los agravios comparativos, las injusticias o la corrupción han generado un estado de ánimo que genera pulsiones propensas a la manifestación, la reivindicación y la protesta, dado que los cauces habituales parecen estar embotados y no canalizan las necesidades, cosa perfectamente comprensible y justa. Pero por otro, parece también claro, a medida que pasan los días, que entre los manifestantes se camuflan grupos que distorsionan la manifestación para convertirla en algo violento y contrario a la ley que unos ven como una ataque al Estado de Derecho (Cosidó: “escalada de violencia que busca desestabilizar es Estado de Derecho”) y otros disminuyen su importancia (“la verdadera violencia son los recortes”) o simplemente niegan su existencia (ver aquí y aquí)

Desde un tercer punto de vista, pareciera que las autoridades actuales tienen mucho reparo a usar la represión en un momento muy delicado políticamente porque la sensibilidad está a flor de piel, y quizá porque consideran que su posición no es muy firme por su forma de afrontar la crisis (“problemas de coordinación”); los jueces sueltan a todos los agresores de policías menos a uno, quizá debido a nuestra normativa garantista o porque a los jueces les pasa lo mismo que al ejecutivo (Juez: “no quisieron causar daños”) Tampoco la oposición acaba de oponerse del todo a estas manifestaciones violentas, quizá, aventuro, porque le parece más rentable alentar la protesta contra el gobierno que defender la ley y el orden (aquí)

La conclusión de todo ello es que, ya sea por una cosa o por otra, la ley se vulnera de una manera u otra y además la legítima protesta se distorsiona porque lo único que aparece mediáticamente es la violencia.  Al respecto de todo ello cabe decir varias cosas. Lo primero, lo obvio, es que no todas actuaciones callejeras, revueltas o expresiones populares son iguales en sí mismas ni ocurren en escenarios similares. Por un lado, no es igual una manifestación de protesta que cumple todos los requisitos legales y reglamentarios que romper contenedores o agredir policías, el escrache o la invasión de espacios públicos, fenómenos como el del Gamonal o la paralización de desahucios. Todos son diferentes, a veces responden a finalidades distintas y sólo se identifican por ser modos de expresión del descontento. Pero hay una raya diferenciadora que debe ser básica en un Estado de Derecho: si suponen una vulneración de la ley o de los derechos de terceros o ambas cosas, y esta es la distinción que nos interesa aquí.

Pero, por otro lado, es evidente que no todos los contextos son iguales y así como en el ámbito penal la violencia proporcional en legítima defensa o estado de necesidad puede ser eximente de responsabilidad, también en el ámbito político y social pudiera ocurrir lo mismo. De hecho, en la antigüedad, cuando no existían demasiados canales de participación política, se desarrolló –incluso entre los escolásticos- el llamado derecho de resistencia contra leyes injustas que llegaba incluso a legitimar el tiranicidio en casos extremos. Y probablemente, en la actualidad, las revueltas en los países árabes contra dictaduras opresivas que no permiten discrepancia alguna y violan los derechos humanos pudieran entrar en el antiguo concepto del derecho de resistencia.

Ahora bien ¿cabe decir lo mismo de los países democráticos? Y más concretamente, ¿están justificadas ese tipo de actitudes –las ilegales o perjudiciales de derechos de terceros-  en nuestro país, a la vista del deterioro de las instituciones que tantas veces se denuncia en este blog? Es evidente que podemos compartir –y compartimos- muchas de las inquietudes y de la  indignación que animan a este tipo de manifestaciones (no todas, porque de lo que se trata es precisamente de distinguir lo razonable de lo que no lo es) pero lo que nos preguntamos es si tales comprensibles estados de ánimos son suficientes para romper la estructura legal y el orden público. Pues bien, la respuesta a esa pregunta, para mí, es clara: no.  Pero ese “no” debe matizarse según a quien nos dirijamos.

Desde el punto de vista de las autoridades obligadas a aplicar la norma, jueces y medios de comunicación, cabe decir que la condescendencia, lenidad y comprensión con estos atentados al orden público es abrir la caja de Pandora, que Zeus ordenó no abrir. En un país como el nuestro en el que, al menos formalmente, hay un Estado de Derecho, que significa que hemos renunciado al ejercicio de la violencia a favor del Estado para que garantice la seguridad y la justicia, no caben los actos vandálicos y demás infracciones legales, que involucran también derechos de terceros (comerciantes de la puerta del Sol, mobiliario urbano, la integridad física de mucha gente…) que el Estado debe proteger. No se me escapa, por supuesto, que es habitual que cuando la gente lo está pasando mal haya brotes de violencia (el motín de Esquilache, aunque en apariencia se debió a la prohibición de la capa, en realidad se debió a la liberalización de la tasa del pan y el hambre) y que muchas reivindicaciones están justificadas, pero ya los defensores medievales del derecho de resistencia exigían enormes cautelas (que todos recursos pacíficos hayan quedado agotados, reunir al pueblo para tomar esta decisión crucial o al menos consultar a algunos “hombres graves y eruditos”) para saltarse la ley. La democracia es respeto a las formas y a los procedimientos y si una parte rompe su parte del contrato y recurre a la violencia, quizá quieran hacerlo otros: la violencia significa querer imponer a todos decisiones de parte sin seguir los procedimientos.

Desde el punto de vista de la ciudadanía que protesta, no vamos a negar, pues es cierto, que la situación de deterioro del sistema de control de las instituciones y la separación de poderes es grande y que la Constitución se ha convertido en una especie de zombie, más muerto que vivo, en el la participación ha quedado reducida en la práctica al voto cada cuatro años, a cuya captura dedican los partidos políticos sus máximas energías cuando se aproximan las fechas. Ello justifica las manifestaciones, críticas y movilizaciones, pero no que se incumpla la ley o se altere el orden público. Es evidente que lo más cómodo, ante una situación que no nos gusta, es enfadarse, a modo de un niño que tiene una rabieta, y romper contenedores y escaparates. Seguramente nos sentiremos mejores personas pensando que hacemos justicia y nos desahogaremos de nuestras penas. Quizá hasta a lo mejor pasamos un rato divertido alternando y conociendo gente. Y probablemente no tenga ningún coste.

Pero me temo que esta actitud no sólo no está bien, es que seguramente es muy poco eficaz para cambiar las sólidas estructuras de la partitocracia. Ser un ciudadano responsable exige más esfuerzo, pero también es más eficaz, a la larga. Y es que ser ciudadano no es solo tener derechos. Tenemos también cargas si queremos que los derechos funcionen. Y ello vale tanto para los que protestan violentamente como para los que deciden pasar de todo y luego se quejan. En una democracia no cabe, como en las dictaduras, aguantarlo todo estoicamente hasta que no podemos más y rompemos la baraja. Ser ciudadano cuesta esfuerzo y quizá algún disgusto: hay que formarse un verdadero criterio y, una vez formado, ser capaces de cambiar nuestros sesgos cognitivos y dejar de votar lo mismo que habíamos votado, o simplemente significarse, mojarse o manifestarse para convencer a los demás de que hay algo que se está haciendo mal. Pero el premio es que las cosas cambien.

Sin lugar a dudas, el establishment ha intentado minar todos los canales de participación política y dejarlos limitados al formalismo de la votación, que ya se encargaran de adaptar a sus necesidades cuando llegue. Pero está en nuestras manos no aceptar esa situación: somos los dueños y podemos revocar el poder cuando queramos, que para eso son las elecciones que, por cierto, se nos presentan en un breve plazo. Aprovechemos la oportunidad de mostrar nuestra opinión sin prejuicios.

Concienciémonos: para cambiar las cosas no es suficiente, ni justo, dar voces y romper cosas. Pero hay caminos.

Flash Derecho: ¿Hay Derecho? Mejor blog jurídico 2013 en la IV Edición de los premios Derecho en Red.

Tenemos la satisfacción de comunicar que la Asociación “Derecho en red”  nos ha concedido el premio a la “mejor bitácora jurídica” 2013.
El éxito del blog no se habría logrado si no fuera por el importante trabajo de los colaboradores que desinteresadamente contribuyen con sus post a tratar temas de máxima actualidad y,  por supuesto, también a los comentaristas que cada día enriquecen el debate.
Premios como éste nos animan a seguir trabajando por la regeneración democrática de nuestro país,  la defensa del Estado de Derecho, y  la mejora de nuestra calidad legislativa. Todo ello -claro está-  desde la libertad y el respeto.
La entrega del premio ha tenido lugar hoy sábado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja  y  ha sido recogido amablemente por nuestra amiga y compañera Rosana Pérez Gurrea.
¡Muchas gracias a todos!

Entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez en Lawyerpress

Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013:
“Falta la ambición en nuestros gobernantes de hacer reformas de calado”
MADRID, 21 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

“Por desgracia, ni estamos saliendo de nuestra crisis institucional y política ni de la económica. El deterioro de nuestro Estado de Derecho es evidente y la judicialización de nuestra vida política muy preocupante”. Es una de las reflexiones de Elisa de la Juez, jurista y editora de Hay Derecho? uno de los blogs más leídos del momento. Acaba de recibir el Premio Scevola 2013 que distingue a esta labor crítica y ética de esta publicación online. “ Al igual que con la reforma fiscal que hemos conocido, que solo parchea la situación, falta la ambición de hacer reformas de calado, no se sabe si es por falta de interés o por qué no se puede”. Desde su punto de vista se echan en falta grandes reformas, tanto a nivel institucional como de las propias administraciones del Estado “ Así ha pasado con la Ley de Transparencia que se queda muy corta”, añade. También alude a que hay otros cambio normativos que se hacen sin convicción, un poco de cara a la galería. De política, reforma de la justicia y de otras muchas cosas trata esta entrevista. Elisa como siempre habla claro y lanza mensajes muy concretos.

En primera persona
“Hice hace muchos años la oposición a la Abogacía del Estado, eso me ha hecho ver desde dentro como es nuestra Administración a través de diferentes responsabilidades en diferentes Ministerios o la propia Agencia Tributaria.
En el año 2000 surge la oportunidad de incorporarme a una entidad pública, RED.ES, que se iba a ocupar del desarrollo de las tecnologías en nuestro país y de la sociedad de la información. Ahí estuve como Secretaria General.
Es evidente que en esta etapa fui conociendo mejor lo que es el mundo de las nuevas tecnologías; es un universo tan interesante como cautivador. En aquel momento era clave para la innovación en nuestro país.
Cuando ya salí del sector público ya tenía un amplio bagaje profesional a mis espaldas. Era el momento de montar ICLAVES, mi propia empresa, como consultora especializada en diferentes temas de la sociedad de la información.
Ahora trabajo con ingenieros, juristas y otros profesionales. En este contexto de desarrollo de Internet surgió la idea de poner en marcha Hay Derecho? como blog. Era hacer una propuesta que les hice a un grupo de amigos. Les gustó y lo pusimos en marcha a finales del 2010.
A todos nos unía en ese momento la preocupación del deterioro del Estado de Derecho y de nuestra seguridad jurídica como juristas y ciudadanos. Que hayamos elegido Hay Derecho? como nombre no fue una casualidad.
Estamos a punto de editar un libro con el nombre del blog como recopilatorio del trabajo de estos años. Es algo más que un resumen de esta labor. Confiemos que pueda estar disponible para la próxima Feria del Libro.
La verdad es que a lo largo de estos años en muchas ocasiones hemos visto que no hay ese Derecho…”
Sra de la Nuez Desde una plataforma tan privilegiada como es Hay Derecho, como se ve el entorno actual?
Vemos tocado a nuestro Estado de Derecho. Si le soy sincera hemos ido llegando a esta conclusión de forma progresiva. Al principio pensábamos que funcionaba bien con ciertas excepciones, sin embargo a medida que nos hemos ido metiendo y tener que investigar otros temas hay más cosas que funcionan mal, aparte de la administración de justicia.
Es el caso de la hiperinflación normativa, demasiada normativa no siempre con la calidad legislativa que se espera. Eso hace que sea imposible su conocimiento y aplicación posterior.
Quizás la justificación tenga que ver con nuestra proliferación de Parlamentos autonómicos que dictan leyes, sean necesarias o no. Y a nivel estatal se puede hablar del voluntarismo jurídico.
Parece como si todo se solucionara con sacar normas cuando a lo mejor que se debería hacer es aplicar las normas que tienes y no hacer tantos cambios
Normas hechas de forma deficiente…
Así también lo comentamos en ese libo que está a punto de salir. Pero es que todo tiene relación. Si legislas de una forma tan descontrolada no es sencillo conocer qué es lo que se regula; lo que tienes que derogar o modificar.
Alguna vez hemos pensado que quizás hay alguna norma mal hecha a propósito. No se entienden muy bien y dan mucho margen a la interpretación y a la arbitrariedad, que su aplicación sea diferente en determinados momentos.

Desde fuera da la sensación que con malas normas es más sencillo ser corrupto.
Hay alguna expresión latina que traducida señala que “Cuantas más leyes se necesitan más corrupta es la República”. Nosotros preferimos otro escenario, con pocas leyes y que se cumplan de verdad para todos.
Regularlo todo al detalle tiene otro problema, aquello que esté sin regular es un agujero por donde pueden venir los problemas.
La claridad normativa tiene que ir de la mano de la ejemplaridad; hay que ver más dimisiones o ceses que no necesitan de ninguna ley para que sucedan. Eso es fundamental también.
¿Son apropiadas las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción?
No están mal. Pero el problema es lo que estamos hablando. Hay otras muchas normas que están en vigor y que intentan evitar conductas similares y que se incumplen. En nuestro blog hemos hablado mucho de los indultos o aforamientos por ponerle dos casos concretos.
Mientras estas cuestiones no se arreglen, la lucha contra la corrupción estará perdida. Las cosas no se tienen que resolver sólo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica. Y es que la realidad exige más cosas.
Hablamos siempre de las reformas de la justicia pero nunca llegan de manera profunda, ¿Dónde está el problema?
La justicia funciona mucho peor que cualquiera de nuestros servicios públicos. Lo veo como usuaria y como jurista. Por desgracia, cuando uno va un juzgado le puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que su margen de aplicación es más restringido pero debe de someterse a una reforma profunda.
¿Cambiaría el panorama con otro ministro o hace falta otro talante?
Es necesario un cambio de política jurídica en nuestro país. Las personas son importantes pero las estructuras y las instituciones mucho más.
Al mismo tiempo hace falta concienciar al ciudadano que un Estado de Derecho necesita una administración de justicia sólida e independiente. Debería ser tan importante como que funcionen bien nuestros hospitales en urgencias.
¿Le ha decepcionado Gallardón como Ministro?
Tengo que confesar que no tenía muchas expectativas puestas sobre su gestión. Tenga en cuenta que es una persona de formación casi exclusiva política, no se sabía que planteamientos podría tener para mejorar la administración de justicia.
Ha llegado a un Ministerio sin la experiencia o formación adecuada para intentar hacer los cambios que necesita nuestra justicia
De todas formas es curioso que aprobase como primera Ley la relacionada con la Mediación y a continuación impusiera las tasas judiciales…
Es mi opinión muy personal, se han visto muy presionados por el colapso judicial, que es evidente que existe, pero claro intentar solucionar este asunto con las tasas sin tomar otras medidas que son necesarias para reformar la justicia produce el problema que tenemos ahora.
Estás evitando que haya más pleitos a los tribunales pero dañando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. La medida se impuso en pleno problema de preferentistas y otras reclamaciones.
Este café para todos de Gallardón no es una solución y está generando grandes injusticias como se puede ver ahora

¿Es necesario tener tasas en la justicia?
Hay que estudiarlo muy bien para que no sea una barrera de acceso a nuestra justicia. Habría que ver de qué forma se desarrolla. En el próximo libo hablamos que las tasas son una medida más de las reformas que necesita nuestra justicia pero no la única
¿Comparte la opinión de otros colegas suyos que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse lo antes posible ante esta cuestión por que este tema afecta a todos?
Me gustaría que así fuera. Hay varios recursos de inconstitucionalidad que están ahí y tenemos que saber qué va a pasar con ellos. Deberían hacer un esfuerzo. Lo que desconozco es si estos magistrados tienen esa sensibilidad que les pedimos.
El otro tema preocupante de la administración de justicia son los retrasos. Si nos van a decir dentro de diez años que las tasas que nos cobran son anticonstitucionales ese fallo no vale para nada.
El otro gran estigma de la justicia es su politización.
Es una cuestión en la que hemos sido y seremos beligerantes. Nuestra decepción ha sido notable más con Gallardón con el propio programa político del PP.
Se habló que irían en dirección contraria, en especial en el caso del CGPJ y al final se ha hecho lo contrario. Es un tema preocupante y los ciudadanos también advierten la situación
¿Puede el nuevo CGPJ con menos vocales que nunca ejercer su labor realmente?
El CGPJ tiene grandes problemas ahora. En primer lugar su nombramiento que está impugnado en el Supremo por una asociación judicial.
Hay un problema de percepción y credibilidad notable. Otra cosa es que puedan a lo largo de esa gestión cambiar esa idea. Si además la forma de funcionamiento no ayuda, el problema crece de forma notable.
¿Cuándo escucha al presidente de CGPJ hablar que los jueces necesitan palo y zanahoria, que se le viene a la cabeza?
Ha sido una sorpresa para todas esas declaraciones. No sabemos si realmente piensa eso, si así fuera es muy preocupante el tema.
Denota un modelo de gestión del poder judicial muy criticable. Me imagino que los propios jueces no estarán muy contentos con estas declaraciones.
Vivimos en un mundo donde las noticias jurídicas saltan en portadas e informativos televisivos. ¿qué denotan estos elementos?
Es un dato muy negativo la judicialización de nuestra vida política. Este entorno lo han creado nuestros propios políticos. Si todo tiene que acabar en una fiscalía o en un juzgadp porque es imposible cesar a nadie tenemos un problema.
Y es que esta ha sido la estrategia de nuestra clase política hasta ahora para evitar la asunción de responsabilidades que no tienen porque ser únicamente penales, podrían ser conductas sancionables a nivel administrativo. Los tribunales de justicia son sufridores de este estado de cosas.
Y nuestro Código Penal en medio de nuestra vida, sociedad y empresas…
Es preocupante esta judicialización por la via penal de nuestras actividades. Hay asuntos de otras jurisdicciones que también acaban en esta via y no es comprensible.
Es comprensible que el ciudadano que no conoce estos temas si no es bien aconsejado pueda acudir a la vía penal, pero los abogados estamos para aconsejar a nuestros clientes que es lo que hay que hacer.
En esta situación creo que hemos contribuido todos a generar este contexto, también los propios abogados. La via penal debería ser la excepción.
¿Entonces los políticos se aprovechan del mal estado de nuestra justicia?
Sobre todo de su lentitud. Se sabe que los tribunales tardarán años en dictar resoluciones que les puedan imputar y es una forma de jugar con ventaja.
Todos sabemos que la administración de justicia funciona mal y desde esa perspectiva se busca lograr ciertos privilegios. Así lo hacen los deudores y otros personajes que se benefician de estas injusticias.
¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de toda esta crispación política y jurídica de nuestra sociedad?
Le contesto a la pregunta como jurista, los medios generalistas en un contexto tan judicializado patinan mucho. Cometen errores importantes de interpretación al no tener la formación adecuada para ello.
En los medios especializados el tratamiento es otro y es más cercano a la realidad jurídica que se vive. Saben poner las cosas en perspectiva.
Su parte de culpa es menor que la de nuestros políticos, como antes le mencionaba. No podemos matar al mensajero.

¿Habría que reformar el llamado secreto del sumario?
Este tipo de cambios hay que hacerlos dentro de otros de más trascendencia. La verdad que si es alucinante que los detalles de un tema importante esté en su totalidad en los medios de comunicación.
Hay que afrontar una reforma integral de nuestra justicia para evitar este tipo de situaciones que usted señala. En nuestro procedimiento penal hay que arreglar más cosas, como por ejemplo esas instrucciones tan largas que no conducen a nada.
Lo hemos denunciado en nuestro blog. Un juez de instrucción no tiene ni los medios materiales ni procesales para asuntos de corrupción masivo como los que están saltando a nuestros medios de comunicación.
Desde fuera se ve al sector jurídico como muy disperso, colectivos que defienden sus intereses por encima de los generales.
La verdad es que se ve así como usted señala. Junto con el problema de que el ciudadano aun no tiene conciencia del o que supone el mal funcionamiento de la administración de justicia, hay en el llamado sector jurídico muchos colectivos, con intereses contrapuestos.
Hace falta un interés común que les una: tener una buena administración de justicia. A veces parece que estamos más atentos a nuestros problemas particulares, de nuestro colectivo, que a este gran problema que es el de todos.
Nosotros desde el blog estamos haciendo pedagogía en ese sentido. Hay problemas generales que son comunes a todos y por eso deberíamos trabajar juntos.
Es curiosa la campaña de las tasas en redes sociales con esa #T que muchos llevan puestos en su avatar.
La verdad es que llama la atención. Si hablas con ellos te dirán que las tasas afectan a todo el mundo pero es comprensible que se pueda tener otra percepción diferente y que alguien diga que su reivindicación les afecta tanto en cuanto pierden clientes.
Este ejemplo que está muy bien puesto viene por la falta de unidad de los operadores jurídicos en cuestiones esenciales. Realmente no ha habido otros colectivos jurídicos que se hayan añadido de forma importante.
En nuestro caso utilizamos nuestro blog para recordar que todos necesitamos una administración de justicia independiente y eficiente.
¿Dónde está la clave para que el ciudadano recobre la confianza en nuestra justicia?
Lo primero que habría que trabajar es la independencia del poder judicial. Sería la prioridad en este escenario que arreglaría la cuestión de credibilidad.
Eso supondría ir a otro modelo de elección del CGPj del actual, como el que viene reflejado en la Constitución de 1978 u otro similar. Tendría que ser mucho más abierto y transparente que el actual.
Es necesaria más transparencia en la carrera judicial; tanto en sus nombramientos, carga de trabajo o procesos de selección.
Luego habría que abordar los problemas de gestión y administración para evitar que los pleitos se resuelvan en cinco años como está pasando ahora. Hay que reorganizar la justicia de otra forma y administrar mejor los recursos que existen.
Un colega suyo Manuel Pimentel comentó hace poco que la justicia no tiene un liderazgo definido..
Hay una excesiva división de las competencias de Justicia. Quizás él se refiriese a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es bueno que pudiera haber un interlocutor único. Pero también que el otro lado hubiera menos sujetos para que la relación con los sujetos jurídicos fuera más fructífera.
Hay Derecho? es un blog crítico, valiente, donde sus editores analizan la realidad sin miramientos.. ¿Han tenido alguna llamada o presión externa por algún post publicado?
Llamadas o presiones, no. Pero sabemos lo que se opina y lo que molesta. Es un blog independiente financiado por los cinco editores, eso hace que las presiones nunca surtan efecto.
¿Cuál es el post que le gustaría escribir, hasta la fecha no redactado? 
Hay uno sobre la responsabilidad de los juristas en este estado de cosas que si me gustaría escribir. Creo que podrían hacer mucho más por nuestro Estado de Derecho de lo que hacen. Quizás por interés y comodidad no lo hacen.
También es una llamada a la autocrítica. Cuando un Estado de Derecho se deteriora muchos colectivos son responsables, incluido los propios operadores jurídicos
Hablar de nuestra sociedad civil es hacerlo de una entidad que sigue dormida pese a lo que está cayendo en nuestro país.
Bueno, yo no la veo tan dormida, al menos en la parte en la que estoy involucrada donde seguimos haciendo cosas. En otro entorno, es evidente que hay cierto escepticismo. Pero una sociedad civil no se improvisa. Requiere tiempo aunque se ven avances importantes en estos últimos tres años.