Según una noticia de hace un par de años : “La URJC, primera Universidad de Madrid en colocar a sus titulados, según un informe de la Comunidad” pero… ¿y qué ocurre con sus profesores? Mucho mejor todavía. La Universidad Rey Juan Carlos en mayo de 2012. convocó 21 plazas de Titular de Universidad y 4 de Catedrático de Universidad siendo rector Pedro José González-Trevijano actual Magistrado del Tribunal Constitucional. Acababa de entrar en vigor ese mismo año el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre que limitaba la tasa de reposición al 10% para los funcionarios, y varias Universidades intentaron sacar una serie de plazas in extremis para intentar eludirla. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas, formuló los requerimientos oportunos para que se paralizasen las convocatorias y la mayoría de Universidades acataron el requerimiento y suspendieron las plazas, la Universidad Rey Juan Carlos entre ellas.

No obstante, al poco tiempo, el entonces Rector decidió levantar la suspensión y seguir adelante con las plazas. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado interpuso los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se iba nombrando a los titulares de las plazas convocadas. En estos últimos meses, se están dictando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las correspondientes sentencias anulando, una a una, las plazas impugnadas.

Hoy por hoy, hay constancia de que se han anulado las plazas de:
– Mercedes Ruiz Garijo (STSJ M 8631/2014) – Jesús Miguel Seoane Sepúlveda (STSJ M 11526/2014) – Gabriel Morales Sánchez (STSJ M 13526/2014) – Sonia Núñez Puente (STSJ M 13527/2014) – Marta Ortiz de Urbina Criado (STSJ M 13837/2014) – Inmaculada Mora Jiménez (STSJ M 14259/2014) – Francisco Mercado Romero (STSJ M 15150/2014) – Roberto de Miguel Pascual (STSJ M 15151/2014) – Luis Miguel Doncel Pedrera (STSJ M 15485/2014) – Rubén Milla Gutiérrez (STSJ M 15486/2014)
– Ana Isabel López de Andrés (STSJ M 15489/2014) – Yolanda Pérez Cortés (STSJ M 15491/2014) – Raquel Rodríguez Díaz (STSJ M 16343/2014).

Van 13 de las 25, entre las que se encuentra la del actual Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, que sigue desempeñando su cargo y firmando resoluciones de importante calado -incluyendo algunas que implican el acceso al reparto de fondos destinados a investigación- a pesar de haberse dictado una Sentencia en virtud de la cual se anula su plaza. Esto es consecuencia de que los afectados están recurriendo en Casación ante el Tribunal Supremo (TS), y la Universidad ha decidido no ejecutar voluntariamente las Sentencias mientras que el Ministerio de Hacienda, que se sepa, no ha instado por ahora la ejecución. Como bien saben nuestros lectores, el recurso de Casación es un recurso extraordinario y, por tanto, no impide la ejecución provisional de las Sentencias.

En cualquier caso, es cuestión de tiempo -de muy poco tiempo- que haya quien se persone en el fase de ejecución para solicitarlas, especialmente aquellos que profesores que sí respetaron el Real Decreto-Ley 20/2011 y que han visto su concurso de acceso paralizado mientras temen alguna artimaña de la URJC para evitar aplicar en sentido estricto la sentencia. Y más si tenemos en cuenta que el propio Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, en el momento sea efectiva la sentencia, a todos los efectos habrá perdido su plaza de Profesor Titular de Universidad, aunque hasta el día de hoy, tal y como hemos señalado anteriormente, sigue tomando decisiones que afectan directamente al conjunto del personal docente e investigador de la URJC como si tal cosa.

El contenido de las Sentencias, dentro de cada Sección es prácticamente idéntico.
“Ahora bien, hemos de significar también, y así lo hemos puesto de manifiesto en sentencias anteriores (entre otras, la de 7 de febrero de 2014, Recurso 1490/2012) que nuestro Tribunal Supremo ha admitido en ocasiones, la impugnación, a través de los actos de aplicación, de las Bases no recurridas en su momento oportuno, posibilidad que se ha aceptado a título de excepción y en aquellos casos en que era evidente la nulidad de algunos de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2009, casación 9260/2004 , y 18 de mayo de 2012, casación 3013/2008, entre otras, y sentencia 107/2003 del Tribunal Constitucional ). Ante ello, y pese a que no se acierta a comprender la ausencia de impugnación por la Abogacía del Estado de la Convocatoria que nos ocupa, pues el requerimiento en su día realizado a la Universidad demandada no le eximia, como sabemos, de ello, es lo cierto, y así ha de señalarse que la normativa que nos ocupa ( art. 3 del Real-D Ley 20/2011 y art. 23.uno.2 de la Ley 2/2012) ha sido dictada sobre las bases del 149.1.13 .ª y 156.1 de la Constitución , teniendo el carácter de norma básica estatal.”

La Abogacía del Estado sostiene que se ha superado en un 2400% la tasa de reposición permitida para la Universidad Rey Juan Carlos para el año 2012, y la Universidad, aquí viene lo interesante, alega que solo cabría la impugnación por este motivo si finalmente las plazas se hubieran adjudicado a personal que no perteneciera previamente a la Universidad, y que en su caso se trata solo de un cambio de categoría jurídica de los profesores a quienes se han adjudicado las plazas, equiparando estas plazas a una suerte de promoción interna dentro del Cuerpo de Profesores de la propia Universidad.

La respuesta del Tribunal sobre este extremo es contundente e inequívoca:
“En suma, para participar en un concurso para el acceso a plaza en el cuerpo de profesores titulares de universidad se requiere estar “acreditado”, y pueden pedir esa acreditación quienes posean el título de doctor; no sólo los doctores acreditados que presten servicios en la Universidad convocante pueden concurrir sino también los que presten servicio en cualquier otra universidad o incluso los que no presten servicio en ninguna, lo único requerido es estar acreditado y restringir el concurso al personal propio iría en contra de los principios de mérito, capacidad, igualdad de trato y de oportunidades; por ello, el hecho de que la plaza hoy impugnada haya sido finalmente cubierta por la hoy codemandada, que tenía la condición de profesora contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, es irrelevante a estos efectos pues es la validez o no de la Convocatoria misma lo que ha de examinarse y el juicio sobre su conformidad o no al dictado del art. 3.1 citado no puede quedar en suspenso hasta conocer el resultado a que se llegue en el proceso selectivo correspondiente, además de que los preceptos citados no permiten convocar todas las plazas que se tengan por conveniente con tal de que se respete el equilibrio presupuestario, sino que imponen la congelación de la oferta de empleo público, toda vez que no se está analizando el estado de las cuentas de la Universidad, sino el cumplimiento de una norma básica del Estado, siendo claro que dicha norma básica establece la congelación de la oferta de empleo público, autorizando excepcionalmente en determinados sectores, una tasa de reposición del 10%.”

De este modo, el TSJM ha venido a sentar el criterio de que no es posible aceptar que exista promoción interna en el PDI de las Universidades Públicas. La Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo, sigue empeñada en recolocar a sus profesores, y ahora está jugando con la figura del Profesor Contratado Doctor, para poder reducir el número de Interinos de su plantilla. En los últimos meses, el actual Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, junto con su Vicerrector de Profesorado e Investigación -el de la plaza anulada-, ha venido convocando un ingente número de plazas, muchas de ellas ya resueltas, en octubre y noviembre, de nuevo contraviniendo el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. De hecho, el todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación ha venido animando al profesorado interino a que se sume a esta conversión masiva a la condición de Profesor Contratado Doctor.

La propia Universidad es consciente de que esta fórmula tampoco se ajusta a Derecho, dado que deliberadamente se ha limitado a publicar estas convocatorias en los tablones de los Registros de la Universidad, infringiendo de forma flagrante y temeraria lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades Públicas de Madrid y su régimen retributivo, ya que ni se han publicado en el Boletín Oficial (no es concurso público), ni consta que se haya comunicado ninguna convocatoria al Consejo de Coordinación Universitaria, por lo que, de nuevo, nos estamos inventando un proceso de promoción interna que no existe.

El Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, parece tener clara la acumulación de irregularidades que ponen en riesgo está pseudo oferta de plazas de Profesor Contratado Doctor. De hecho, las convocatorias de algunas de ellas han sido recurridas en vía administrativa, siendo estimado el recurso por el propio Rector en resolución de fecha 28 de enero de 2015, diciendo lo siguiente: “[…]pudiendo dicha oferta de plazas contravenir lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011,de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cautelarmente y, en evitación de ulteriores perjuicios de imposible o difícil reparación que podrían irrogarse a los aspirantes a tomar parte en los concursos correspondientes a dicha oferta de plazas, procede la suspensión de la tramitación de los citados concursos a que dicha oferta se contrae, en el estado que mantienen, basta tanto en cuanto quede definitivamente determinada la legalidad y legitimidad de dicha oferta de plazas”.

El Ministerio de Hacienda, y concretamente la Subdirectora General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Dª. Concepción Godoy Ramírez, ha tenido conocimiento formal de esta situación, ya que fue informada de las convocatorias y, posteriormente, de las resoluciones. De igual modo, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid serán informados oficialmente para que actúen de inmediato en lo que sin duda es una verdadera estafa a los preceptos que todas las universidades ha tenido que cumplir.

Claro que existe una salvedad que destroza los sueños de los partidarios de este proceso, y que deberán tener en cuenta el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su artículo 21.Uno.2.i) señala que “la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación (…) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Excepcionalmente, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, parte de las plazas resultantes de la aplicación del límite de la tasa de reposición del 10 por ciento correspondiente a los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, es decir, Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrá ofertarse para el ingreso como profesor contratado doctor en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica.”

Pues bien, parece que estas plazas de Profesor Contratado Doctor que la URJC ha ofertado y sigue ofertando, también incumplen las limitaciones de la tasa de reposición, amén de una serie de preceptos relativos al procedimiento en sí. En esta tesitura lo más sabio y prudente por parte del Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao y de su todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación D. Luis Miguel Doncel Pedrera sería paralizar todas las convocatorias de plazas de Profesor Contratado Doctor, porque a este paso entre los titulares y catedráticos con su plaza anulada y los profesores contratados doctores también contra las cuerdas, quizá la URJC sea la primera que tenga que abrir una oficina del INEM en su Rectorado.

Richard Taylor

Estudiante de Educación Primaria en la Universidad Rey Juan Carlos, y Presidente de su Consejo de Estudiantes. Representante de los alumnos en el Claustro y en el Departamento de Ciencias de la Educación y Ciencias Histórico-Jurídicas.

Mi buen amigo Rodrigo Tena comenzaba su entrada del pasado día 9 de diciembre afirmando que “en este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS.” Inmediatamente me hice la pregunta que nos hacemos, al menos, los prudentes: ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Me vuelvo a tirar a la piscina? La duda me duró poco. Así nació esta entrada. Sí, soy culpable, he publicado un artículo, no en este blog (lo que ahora corrijo), exponiendo un caso concreto, el que a mí me sucedió, sobre el cómo se proveen las plazas de profesores en las Universidades españolas. Mi caso combina lo normal con lo anormal; lo normal, entendido como lo más frecuente, que se convoque una cátedra para que gane el candidato local, el de casa, el dueño de la plaza. Y lo anormal, lo poco frecuente, que “el de fuera”, el “usurpador”, se presente a realizar las pruebas. Una vez te comunican, como fue mi caso, quién va a ser el ganador, el dueño de la plaza, la certeza del resultado hace que muchos decidan no presentarse a realizar las pruebas. Te evitas participar en un espectáculo grotesco, pero cruel, de destrucción y denigración del ladrón. Azuzado por el público entregado que pide sangre y jalea, aplaude y vitorea. En mi caso, rompí esta regla. Muchas razones me empujaron. Una, la más importante, fue la del hartazgo frente a la arbitrariedad más descarnada, sostenida por la mediocridad y la inmoralidad convertida en parámetros para la selección y contratación del profesorado. Me presté al espectáculo. Al circo. Los gritos y los aplausos siguen resonando como el sonido de la miseria. El tiempo transcurrido no apacigua la indignidad.

La incursión de este blog y de otros medios en el mundo universitario viene propiciada por un cambio general que se está produciendo en España de rechazo a la corrupción. En el último Barómetro del CIS, noviembre de 2014, la corrupción ha escalado al segundo problema grave de la situación de España, así considerado por el 63 por 100 de los encuestados. Las Universidades no son ajenas a este mal. Los medios de comunicación se están haciendo eco. Así, merece destacarse, la serie de artículos que está publicando el diario El País. He leído algunos y las columnas de opinión publicadas. Se ha abierto la veda. La denuncia de los escándalos se suceden. El último, por ahora, el de las tarjetas black de alguna Universidad. Y, más cosas que deberían salir. Muchísimas más. La Universidad desarrolla sus funciones de servicio público, el de la educación superior, en régimen de autonomía; la que, incluso, el Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por catedráticos, ha considerado como un derecho fundamental (art. 27 CE). La autonomía sin control sólo puede tender al exceso y a la arbitrariedad. Forma parte de la naturaleza de las cosas, como la ley de la gravedad. La autonomía con el dinero ajeno aún más. Se es autónomo para gastar y para interpretar cuáles son exigencias económicas que se necesitan para dar satisfacción al servicio público de la educación superior encomendada. Autonomía para gastar y para pedir, sin control. Sin racionalidad. No nos puede extrañar los casos de nepotismo denunciados en alguna Universidad, como se ha hecho eco este blog. Me temo que no es una excepción. No hay racionalidad, sólo poder sin control. Y arbitrariedad.

La afirmación de Rodrigo hizo despertar los viejos fantasmas que habitan en mí. En noviembre de 2012 publiqué un artículo en la revista El Cronista en el que comentaba lo que me había sucedido con ocasión de mi participación en el concurso para la provisión de la plaza de catedrático de Derecho administrativo convocado por la Universidad Carlos III de Madrid en septiembre de 2009 y cuyas pruebas se celebraron el día 14 de diciembre del mismo año. El resultado ya me lo habían anunciado unas semanas antes: la plaza será para el candidato local. Aún así, participé. Y el resultado fue el anunciado. Mi experiencia la conté en el artículo [ver aquí]. Me atreví a romper el silencio. La endogamia se beneficia, como señala Rodrigo, de la “omertá”. Todo el mundo calla. En primer lugar, los más directamente afectados; coaccionados por un ambiente en el que el crítico corre el riesgo de ser calificado de loco, de chalado, cuando todo el mundo decide callar; el silencio cómplice. España no es una nación cómoda para el disidente. Al contrario. Es acomodaticia: “por qué me voy a molestar”; “se lo habrá buscado”. En mi caso, claro que me lo busqué. Tuve la osadía de concursar. El resultado ya estaba anunciado. Me lo habían advertido. Advertido. Sí.

Es el silencio del medio; el temor a los castigos. No es mi caso. Soy catedrático desde hace más de 11 años y cuando concurrí ya lo era desde hacía 6 años. Disfruto de una situación que me permite denunciar lo sucedido sin temor a que las represalias no pasan de una mera molestia o, incluso, chistosa, como las que me han aplicado. Entiendo que cualquier otro, en otra situación, no podría hacerlo. Se enfrenta al sistema y tiene el temor de que nunca será catedrático. Estás muerto. No es mi caso.

La endogamia se mantiene porque, dentro del sistema universitario, es más el número de los beneficiados que los perjudicados. Tiene una lista muy pequeña de perjudicados y otra inmensa de beneficiados. Todos aquéllos que saben que, con tiempo, serán catedráticos en la Universidad en la que comenzaron sus estudios. La virtud a cultivar es la de la paciencia. La de la competencia es el mayor de los pecados. El sistema los empuja y, poco a poco, lo conseguirán. La endogamia está pensada para contentar al mayor número de personas al asegurarles que, más tarde o más temprano, serán catedráticos de “su” Universidad. La Universidad para quién se la trabaja. La finca universitaria para “sus” trabajadores que tienen el legítimo derecho a que se les premie por su dedicación … a la gestión. La investigación es proporcionalmente secundaria. Hay que hacer mucha gestión. Sobreponderada en los sistema de acreditación.

Para qué cambiar un sistema que beneficia a tantos y perjudica a unos pocos. Para qué. No hay interés. Y menos, desde el Gobierno. No hay nada que ganar y mucho, muchísimo que perder. ¿Hay algún ministro de educación que quiera soportar las protestas de los universitarios “progresistas” denunciando la reforma “autoritaria” dirigida a promocionar la competitividad? Se afirmará que se quiere privatizar la Universidad. Claro. El mérito y capacidad son privados. Son lo único que tenemos todos los ciudadanos. El único patrimonio. El que pueden disfrutar, incluso los pobres, para prosperar en la vida. El mérito y la capacidad no son populares. No pueden serlo. Para qué. Competir con otros buscando la excelencia. Esto no da votos. Puede dar “botos”, pero no votos. Nadie lo hará. Hay demasiados beneficiados. Que perjudica al interés general de España y de los españoles, ¡que se fastidien!.

En definitiva, soy el raro espécimen que concursé a cátedra cuando no era “mía”, sino del candidato local, y así lo denuncié en el artículo que enlazo. Mi buena amiga Lourdes, que también sufrió un episodio como el aquí contado, me recuerda que yo ahora, cinco años después, formo parte del “sistema”. En efecto, formo parte de la Comisión de acreditación de catedráticos de Ciencias Sociales y Jurídicas de la ANECA. Algún comentarista, como Francesc de Carreras, publicaba un artículo en El País, dentro de la serie que comento, en el que incluía el procedimiento de acreditación entre los males del sistema universitario. Desde esta perspectiva, no sólo formo parte del “sistema”, sino de sus males. Confieso que cuando me propusieron formar parte de la Comisión dudé si aceptar. Y ante la duda, lo mejor es informarse y estudiar los asuntos. La acreditación certifica que los que aspiran a ocupar una plaza de catedrático o de profesor titular reúnen un mínimo de calidad (en investigación, docencia y gestión) que los califica como adecuados para participar en los procedimientos dirigidos a seleccionar a aquél que ha de ocupar la plaza correspondiente. El gran error de los que escriben sin conocer bien el asunto es que confunden acreditación con provisión de la plaza. La acreditación sólo valora las cualidades mínimas para participar en los procedimientos de selección para ocupar las plazas. No provee plazas. Es como lo que sucede con el permiso de conducir. Para manejar un vehículo, necesitamos un permiso de conducir y un coche. La acreditación es la que facilita el permiso de conducir, pero será cada Universidad la que deberá convocar la plaza, o sea, seleccionar quién de los que tienen la acreditación es el mejor para manejar el coche (la plaza) de la Universidad. Así planteado, el procedimiento de acreditación introduce un control añadido y de ámbito nacional por unas Comisiones integradas, en mi caso, por 10 miembros, todos Catedráticos de distintas áreas de conocimiento y Universidades, asistidas por expertos de cada especialidad que elaboran los informes individuales de cada solicitante. La falta de rigor llega hasta el extremo de afirmarse, para alimentar a los conspiranóicos, que somos nombrados por el Ministerio de Educación, cuando lo somos, tras un sorteo, por el Consejo de Universidades integrado por los rectores. No está libre de defectos, algunos muy graves, como el de la conexión con el procedimiento de evaluación de la calidad de la investigación (los conocidos sexenios) que premia, incluso a los malos o muy malos investigadores pero que han conseguido los cuatro sexenios, con una vía rápida para acceder a la acreditación.

La endogamia se produce en la provisión de la plaza, o sea, la selección de quién ocupará la plaza convocada. Está completamente en manos de las Universidades. Y la utilizan para premiar a su candidato. Aquí vale todo, desde elegir a los amigos, incluso aquéllos que no forman parte del ámbito científico de la plaza, por ejemplo, catedráticos de Geografía que participan en una comisión de Derecho, hasta introducir perfiles a la plaza como el título de la tesis doctoral del candidato local. Cualquier sistema vale para cerrar el paso a la competencia. Al concurso para la provisión de la plaza pueden participar todos los que ya son catedráticos (porque ya ocupan una plaza en otros Universidad española) y los que han obtenido la acreditación por parte de la ANECA (la Comisión de la que formo parte). Si el procedimiento fuese limpio, abierto, competitivo, riguroso y no arbitrario, haría posible que la selección del mejor por parte de Comisiones independientes, elegidas por sorteo, resultaría de la competencia entre un amplio elenco de candidatos. Como los rectores tienen que beneficiar a su clientela, invierten el sistema para cerrarlo al máximo, para que, como la fruta madura, sólo caiga del lado de su postulante, el que ha controlado todo el proceso desde el primer minuto, incluidas las bases y los miembros del Tribunal. Cuando leía el Auto del Magistrado Ruz, en el asunto de la Gürtel y cómo describía la mecánica de la corrupción, me sorprendí preguntándome qué pensaría si conociera que lo mismo que él califica como delictivo es la práctica habitual en la provisión de las plazas. El candidato local influye decisivamente en todo el procedimiento sobre “su” plaza. Es corrupción cuando se trata de un contrato de 10.000 euros para organizar un evento en el que asiste la Presidenta de la Comunidad, pero cuando se trata de la adjudicación de una plaza de catedrático es … endogamia.

En definitiva, la endogamia es el fruto de una regulación que entrega a la autonomía universitaria el procedimiento de provisión de las plazas de profesores, lo que permite que personajes como los que comento pueden campar a sus anchas haciendo realidad la arbitrariedad más absoluta. Si fueran políticos diríamos que se trata de prácticas corruptas. En el mundo universitario, todo es más sutil, más delicado, más intelectual. Lo que para los políticos es corrupción, para los universitarios es discrecionalidad técnica. Que no haya ninguna Universidad española entre las 200 del mundo, es un daño colateral. Insignificante. Ridículo. Así nos va.

Andrés Betancor

Catedrático de Derecho Administrativo y abogado

www.andresbetancor.es/

 
En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS. Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro Gonzalez-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.
De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.
Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.
Raudo y veloz el ex Rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.
Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.
Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).
Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.
 

Rodrigo Tena Arregui

Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.

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