Manifiesto en defensa de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Tras la reforma de la LOPJ de 1985, el vigente sistema de elección de Consejo del Poder Judicial permite al Parlamento elegir a la totalidad de los veinte consejeros por una mayoría de tres quintas partes. Esto incluye tanto a los 8 juristas de reconocida competencia (tal y como establece el art. 122 de la CE) como a los 12 jueces y magistrados (según prevé la LOPJ actualmente en vigor tras dicha reforma, también por mayoría de 3/5 partes). Pese a la amenaza que ello puede suponer para la separación de poderes, motivo por el que no hay ningún país de nuestra órbita en que el nombramiento del órgano de gobierno de los Jueces corresponda en exclusividad al Parlamento, la reforma de 1985 fue avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986. Pero este aval se proveyó con una importante salvedad: el Tribunal indicó expresamente que era necesario que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, no «atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos señaladamente al Poder Judicial».

Pues bien, la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que el acuerdo no se ha articulado nunca sobre el consenso en los nombres, sino sobre el reparto de cuotas tras duras negociaciones entre los partidos mayoritarios. Ahora hasta esto parece imposible, lo que ha conducido a una grave anomalía institucional al impedirse así la renovación del Consejo, congelando un “reparto” que beneficia a la antigua mayoría parlamentaria, pero no a la actual. Una anomalía sobre otra anomalía.

Esta situación es posible solucionarla a través de diferentes vías. Se puede modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al esquema original de designación de los doce consejeros jueces por los propios jueces, que es la opción más congruente con las recomendaciones europeas (informe GRECO) y en la que estaba pensando el constituyente. Se puede mantener el diseño legal actual ajustándose a las directrices del Tribunal Constitucional y consensuar los nombres a través de un proceso de selección objetivo que garantice la idoneidad de los candidatos y su independencia respecto de los partidos políticos. Por supuesto, se pueden utilizar muchas otras vías intermedias, incluyendo la del sorteo entre jueces y magistrados que cumplan los requisitos mínimos de idoneidad. Pero lo que desde ningún punto de vista resulta admisible es pretender “solucionar” este problema de bloqueo de la manera propuesta por los dos partidos de coalición que integran el actual Gobierno, consistente en modificar la ley para que los doce consejeros jueces se elijan por la mayoría absoluta del Parlamento y no por la actual mayoría reforzada de tres quintos.

Esta “solución” aboca a que las correspondientes mayorías políticas de turno que apoyen en cada momento a los distintos gobiernos tengan una influencia decisiva en la composición del órgano que nombra a los jueces de los altos tribunales del Estado; hoy con este gobierno, y mañana quizás con otro de muy diferente signo. Semejante reforma no encaja con nuestro marco constitucional. Y no cabe ninguna duda de que encajaría todavía menos con la secular práctica europea de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes, colocándonos vergonzosamente en la línea de algunos países que en los últimos tiempos no dejan de recibir advertencias por su deriva iliberal.

Pensamos que, en estos momentos tan difíciles para todos, los españoles no nos merecemos cruzar otra línea roja de deterioro institucional y de nuestro Estado de Derecho, especialmente tras el ingente esfuerzo realizado durante la Transición y en los años posteriores con ocasión de la entrada en la Unión Europea para equipararnos a las mejores democracias europeas. Una reforma de este tipo no haría sino fomentar la polarización interna y la falta de respeto a nuestro marco institucional por parte de todos los actores políticos, lo que creemos que puede ser extraordinariamente peligroso para el presente y para el futuro, máxime en unos momentos de crisis como los que atravesamos.

No nos pueden decir que la única alternativa posible al bloqueo promovido por el PP es una mayor politización del órgano de gobierno de los jueces y un ataque todavía mayor a la separación de poderes. Los ciudadanos españoles valoramos nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho: nos ha costado mucho conseguirlos. No permitamos que sean nuestros propios representantes políticos de uno u otro signo los que se dediquen por razones partidistas a desmantelarlo desde dentro, a nuestra vista, a ciencia y paciencia.

Por esa razón, solicitamos a los grupos políticos que han presentado dicha propuesta que la retiren de inmediato; y a todos los representantes políticos, que se reúnan con la finalidad de buscar una solución en la línea de lo apuntado en este Manifiesto.

ORGANIZACIONES QUE SE SUMAN AL MANIFIESTO

Fundación Hay Derecho

La España que reúne

Más Democracia

Fundación Compromiso y Transparencia

Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas

ACCORS

Acción Cívica

Firmar manifiesto

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