Access Info: La sociedad civil impugna la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para el control de la inmigración

24 de julio, 2020

Las organizaciones de derechos humanos Access Info Europe y Andalucía Acoge, con el apoyo legal de Gentium y el apoyo de investigación de Profundo, anunciaron hoy la presentación de sus argumentos legales ante el Tribunal Supremo para cuestionar la concesión de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia a las autoridades marroquíes para el control de la migración hacia España.

Esta demanda pretende anular la decisión de gastar dichos 30 millones de euros, tomada por el Comité de Ministros de España el 19 de julio de 2019, basándose en que se trata de un uso indebido del Fondo de Contingencia, que está destinado a crisis “urgentes e imprevisibles”. Por ejemplo, en marzo de 2020, se gastaron 1.000 millones de este fondo en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Las organizaciones afirman que el motivo del litigio es asegurar que cualquier gasto en el control de la migración se base en criterios de respeto de los derechos humanos y se haga con total transparencia y en cumplimiento del estado de derecho.

En este caso, la rendición de cuentas ante la opinión pública es especialmente importante, ya que los fondos serán utilizados por las autoridades marroquíes que, en varias ocasiones, han sido acusadas de abusos a los migrantes, lo que ha sido documentado por varias organizaciones españolas e internacionales de derechos humanos y de migración, incluyendo una de las partes en este caso, Andalucía Acoge.

“Es esencial garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el gasto del dinero de los contribuyentes, especialmente cuando este dinero se está utilizando de forma que podría tener un impacto negativo en los derechos humanos”, declaró Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info.

En su argumentación jurídica, las organizaciones afirman que el uso del Fondo de Contingencia no puede justificarse por una “nueva crisis migratoria”, como ha afirmado el gobierno español, ya que, como demuestran los datos del Ministerio del Interior español, en el año 2018 hubo un mayor número de inmigrantes que intentaron llegar a España que en el año 2019, sin que se asignara ningún fondo de emergencia en 2018.

La impugnación se presentó inicialmente el 18 de octubre de 2019, pero después de varios pasos procesales, incluida la aceptación formal del caso por el Tribunal Supremo español en noviembre de 2019, y tras el estado de alerta causado por la pandemia de coronavirus, ahora las partes están presentando sus argumentos jurídicos detallados.

Estela Casajuana, especialista en derechos humanos de Profundo, una organización de investigación con sede en los Países Bajos, subrayó que la impugnación jurídica debería contribuir a dar mayor transparencia a la cooperación internacional de España. “Debería haber más transparencia en la asignación y el uso de los fondos a terceros países con respecto a las cuestiones de migración. España también debería adoptar mecanismos para garantizar que sus fondos nunca se utilicen de manera que se infrinjan los derechos de los migrantes y los refugiados, derechos que España está legalmente obligada a respetar”.

Las organizaciones que han llevado a cabo este recurso legal contra el gobierno español ante el Tribunal Supremo piden al Gobierno que garantice que sus políticas de control de la migración no incluyan la externalización del control de fronteras, y que se asegure de que la policía y otros cuerpos de seguridad respeten siempre los derechos humanos.

Las organizaciones también subrayaron que el dinero público debe gastarse siempre según lo estipulado en los presupuestos aprobados por el gobierno y el parlamento, de acuerdo con las prioridades determinadas durante ese proceso. En este caso, el Fondo de Contingencia debería haberse reservado para las necesidades dentro de España, que son muchas, como ha puesto de manifiesto la pandemia de 2020. Por lo tanto, las organizaciones realizarán una ronda de contactos con los parlamentarios para explicar sus preocupaciones, en paralelo a sus acciones legales.

“Es esencial que el dinero público se invierta en las necesidades de los ciudadanos de todo el mundo. No debe utilizarse para financiar la externalización de las fronteras de la Unión Europea de manera que permita limitaciones y violaciones de los derechos humanos”, dijo José Miguel Morales, Secretario General de Andalucía Acoge.

“Externalizar el control de las fronteras de la UE, incluidas las de España, es uno de los mayores problemas para los inmigrantes y refugiados. El objetivo en este litigio es asegurar que los gobiernos e instituciones que participan en este proceso asuman la plena responsabilidad de sus acciones y rindan cuentas”, comentó Rafael Cid, Director de Estrategia Jurídica de Gentium.

 

Puede consultarse la noticia tanto en la página de Access Info como en la agencia EFE.