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Tarjeta sanitaria única: cuando la izquierda abandona la lucha por la igualdad

Este pasado martes se debatía en el Congreso de los Diputados una iniciativa que versaba sobre un asunto que nos interesa y que nos atañe, por igual, a todos los ciudadanos de este país: una mejora de la cohesión y  del acceso a los servicios y prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones independientemente del territorio en el que residamos. El rechazo de la iniciativa por parte del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas del Grupo Mixto (PDCat, Compromís y EH Bildu), ha elevado numerosas críticas, especialmente en redes sociales como Twitter, de personas que sufren en sus propias carnes las trabas burocráticas y la falta de cohesión y equidad del sistema sanitario.

¿Existe realmente falta de equidad y cohesión en el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud? La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en sus principios generales, dos características esenciales que deben primar en el sistema sanitario en materia de igualdad y cohesión: (i) “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”; (ii) “La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”.

A día de hoy, son conocidas las barreras de acceso al sistema sanitario que encuentra cualquier ciudadano cuando quiere ser atendido en un centro sanitario diferente al asignado, y especialmente cuando requiere atención fuera de su Comunidad Autónoma de origen. La tarjeta de “desplazado”, pese a tener una tarjeta sanitaria propia de la autonomía de origen, nos acredita como poseedores de un derecho en ese territorio que en teoría la constitución y la Ley General de Sanidad ya reconocen.

Otro problema adicional a esta barrera burocrática es que no existe una Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud compartida entre Comunidades Autónomas (ver aquí), incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Esto supone que cuando un ciudadano visita a un profesional sanitario, y precisa ser diagnosticado o tratado de algún síntoma concreto, el profesional no dispone del historial médico del paciente con las posibles consecuencias que ello puede suponer en caso de que el paciente no recuerde datos relevantes en la anamnesis (alergias, patologías previas, medicación pautada, etc.). Los profesionales en estos casos tienen que hacer verdaderas indagaciones detectivescas para poder elaborar un marco que permita diagnosticar correctamente al paciente y establecer un tratamiento que no colisione con otros ya instaurados o posibles alergias. Imagínense cómo puede ser de complejo en casos de personas de avanzada edad, con un deterioro cognitivo moderado que va a pasar unos días de vacaciones a otra comunidad autónoma y precisa de atención sanitaria por un asunto grave.

En el tercer apartado, cabe mencionar las dificultades que existen a la hora de que los ciudadanos puedan acceder a sus tratamientos en cualquier rincón del país. Si ya existen problemas para que en oficinas de farmacia se acepte una receta de otra comunidad autónoma, solicitar una medicación que tienes pautada vía receta electrónica (el paciente no dispone de la receta si no que se encuentra en el sistema informático) es casi imposible. Eso cuando el copago farmacéutico instaurado en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular no dificulta el acceso a esos fármacos al hacer imposible que los trabajadores con menores rentas, los principales afectados por el copago (ver aquí) y no los pensionistas como se hace creer (ver aquí).

Estos son tres ejemplos prácticos que cualquier de nosotros puede padecer a la hora de solicitar atención sanitaria fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Casos que se cuentan por cientos cada día.

Sin embargo, también hay que señalar que los ciudadanos ya poseemos derechos en materia de sanidad diferentes desde el momento en el que nacemos, según en la Comunidad Autónoma en la que hayamos tenido la suerte, o no, de nacer. Un sencillo ejemplo, pero que determina la suerte de decenas de niños y niñas en sus primeros meses de vida es la existencia en según qué comunidades del cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves mediante la prueba del talón. Podríamos añadir cientos de ejemplos más: acceso a tratamientos oncológicos novedosos, acceso a cirugías de reconstrucción mamaria, acceso a medicamentos huérfanos para personas afectadas por enfermedades poco comunes, acceso a servicios de odontología, de fisioterapia, ayudas en el acceso a prótesis y ortoprótesis, y un largo etcétera.

Estos desequilibrios territoriales, por continuar con los términos que señala la Ley General de Sanidad, tienen varias causas concretas: la diferencia de gasto territorial en Sanidad, la dejadez de funciones hecha por los sucesivos ministros y ministras responsables de Sanidad, el funcionamiento manifiestamente mejorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la voluntad política de los ejecutivos autonómicos a la hora de mejorar la atención sanitaria de sus ciudadanos. En materia de gasto, por ejemplo, según el informe de Estadística de Gasto Sanitario Público 2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad encontramos el gasto territorializado en materia sanitaria, tanto en porcentaje del PIB como en gasto per cápita:

Como podemos observar, la diferencia entre la Comunidad que más gasta (País Vasco, con 1.669 euros por habitante) dista mucho de la que menos (Andalucía, con 1.110 euros por habitante). Una inversión que determina en buena medida los servicios y prestaciones a los que se tienen acceso en ese territorio. En cierta medida, este nivel de gasto guarda correlación con la esperanza de vida por Comunidades, en las que observamos diferencias de hasta cinco años según el INE (ver aquí).

Por tanto ¿es preciso revisar las condiciones de igual acceso y prestaciones de servicios sanitarios en España? A la luz de los datos anteriores, creo que cualquier ciudadano preocupado por el bienestar general de la población respondería afirmativamente.

La Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, solicitaba al Gobierno diferentes medidas que comparten principios generales de igualdad en el acceso a los servicios y prestaciones en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos:

  • Extender la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España.
  • Establecer mecanismos cohesionadores en los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos con la creación de una Cartera Única de servicios comunes de las prestaciones sanitarias de salud pública, con mecanismos de actualización semestrales incluyéndose los servicios y prestaciones que hayan sido evaluadas positivamente coste-efectivas por alguna agencia de evaluación nacional.
  • Establecer un nuevo sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud que garantice la igualdad y la cohesión entre ciudadanos, a fin de que se reduzcan las disparidades de inversión per cápita existentes entre territorios.
  • Llevar a cabo las reformas precisas para asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso a los medicamentos, especialmente para las familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia, teniendo en cuenta también los problemas existentes de falta de adherencia en los trabajadores con menores rentas.

Estas cuatro propuestas, que a luz de los datos existentes, en mi opinión son básicas para mejorar la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios de todos los ciudadanos. Y, sin embargo, han sido rechazadas por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas del Grupo Mixto (PDCat, Compromís y EH Bildu), anteponiendo la defensa de competencias, oponiéndose al “recentralismo” y defendiendo lo propio frente a lo común. De todas formas, nadie como el propio lector para ver el debate de la iniciativa (ver aquí) y sacar sus propias conclusiones sobre si la Sanidad, en España, precisa de reformas que mejoren la igualdad y la cohesión o, por el contrario, prefiere mantener un sistema que crea ciudadanos de primera y de segunda.

El impuesto de sucesiones ¿en la picota?

El próximo martes 24 la Fundación Hay Derecho convoca a un acto para debatir sobre el impuesto de sucesiones, que moderará un servidor y cuya convocatoria pueden ver aquí.

Nos ha parecido importante tratar este tema a la vista que desde hace algún tiempo existen importantes movilizaciones populares en contra del mismo (ver aquí y aquí), quizá alentadas por la especial dureza que este impuesto supone en tiempos de crisis (y fuera de ella) agravado porque de no haber efectivo en la herencia puede encontrarse el heredero en la tesitura de tener que vender bienes o pedir un crédito para pagar el impuesto en los seis meses de plazo. Y precisamente en un momento en el que, tras la muerte, quizá, de un progenitor, no está uno en las mejores condiciones. Es un impuesto en el que se aúnan una cierta sensación de expolio con un mal momento personal, en la mayoría de los casos.

Y probablemente esa sensación se acrecienta por el sentimiento de agravio comparativo que late en el hecho de que en algunas Comunidades Autónomas el impuesto sea irrelevante y en otras opresivo, debido a que al ser un impuesto cedido, cada región tiene la opción, si no de suprimirlo, sí de establecer exenciones hasta el punto de dejarlo prácticamente inoperante, como ocurre en Madrid, que tiene una bonificación del 99 por ciento. Al punto de que, por ejemplo, una sucesión de 800.000 euros supondría 1568 euros en Madrid, mientras que hasta hace poco en Andalucía podría representar 164.049 euros (ver aquí)

También las declaraciones de líderes políticos han contribuido a ella. Ciudadanos, por ejemplo, no ha mantenido una postura demasiado clara, pasando de abogar por la armonización entre las diversas Comunidades a pedir su supresión (aquí), defendiendo finalmente en Andalucía una importante reducción, al establecer mínimos exentos de hasta un millón de euros que dejarán a gran parte de la población fuera de la tributación.

Y es que, de alguna manera, la posición que se tenga frente a este impuesto tiene también un cierto componente ideológico, de actitud ante la vida. En la Fundación Hay Derecho, como es nuestra divisa, queremos debatir sobre el tema sin obviar la cuestión ideológica pero limitando su campo de actuación al poner el foco en los datos y en los hechos. Nos parece que en este tema hay varios puntos que han de ser debatidos, que voy a resaltar con algunos enlaces para que vayan ustedes preparados para el debate del martes:

Por un lado, el de su justicia o injusticia tributaria. Victorio Magariños, que participará en el debate, ha mantenido que este impuesto diezma el patrimonio hereditario, por el que el causante ya ha contribuido mediante otros impuestos, denuncia la progresividad y la diferencia entre descendientes, ascendientes y colaterales, y aboga por soluciones como las de Madrid (ver aquí y que reprodujimos en el blog). Otros, como la revista Libre Mercado, directamente lo tildan de injusto, innecesario y, sobre todo, inmoral

Pero no es este el único aspecto que interesa examinar. Por supuesto, relacionar la tributación con la justicia es un cierto voluntarismo dado que a nadie le gusta que le quiten dinero, y cualquier modalidad que se use acaba perjudicando a alguien. Quizá el mejor modo de relacionarlo con la justicia es ver el efecto que tal impuesto produce  en la sociedad. En este sentido, los investigadores relacionan este impuesto con la idea de reducción de la desigualdad y con la meritocracia. De hecho, pensadores como Branko Milanovic dice que es incompatible defender una sociedad meritocrática y estar en contra del impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones tendría, así, una relación con el liberalismo progresista que pone énfasis en la igualdad de oportunidades y, lógicamente, una importante herencia que se recibe sin conexión alguna con tus méritos lo único que hace es perpetuar y acrecentar las desigualdades injustas, máxime cuando, conforme a la Ley de Engel las personas con mayores patrimonios ahorran más e invierten más, produciéndose un indeseado efecto multiplicador, dice aquí Lidia Brun en Agenda Pública.

Por supuesto, hay un aspecto no menos importante, que es el de la política fiscal concreta. Aunque teóricamente pueda paliar la desigualdad, de nada servirá más que para machacar a los contribuyentes si el peso de este impuesto es ínfimo o está mal planteado técnicamente. A tales efectos habría que plantearse si existen datos suficientes para realizar una evaluación clara del comportamiento del impuesto. Miguel Artola señala en este artículo que no es exagerado afirmar que el ISD es el impuesto directo más desconocido del sistema fiscal español, pues la Administración no publica datos útiles desde 1858. No obstante, todo invita a pensar –dice- que a partir de 1958 el número de adultos que dejaba una herencia creció de manera considerable; y también que la concentración de la riqueza descendió durante ese periodo, reduciéndose la desigualdad.

Además, parece claro que esta cuestión se relaciona también directamente con la financiación de las Comunidades Autónomas, la existencia de cierta carrera entre ellas hasta el punto de hablarse de un dumping fiscal y una falta de claridad en las responsabilidades fiscales que permite a las Comunidades Autónomas jugar con estas rebajas políticamente para luego quejarse ante el Ministerio de Hacienda pidiendo compensaciones por la recaudación perdida, cosa que no es difícil que ocurra cuando se desconectan las responsabilidades por las decisiones de las consecuencias económicas por los actos. De hecho, la Comisión de Expertos para la Financiación Autonómica advirtió que no debería suprimirse este impuesto, que tiene una capacidad recaudatoria no desdeñable (en torno a los 2.200 millones de euros en 2014) aunque sea necesario pactar un mínimo de tributación y eliminar los problemas técnicos de su descentralización (véase aquí el informe, particularmente su página 57, 63 del PDF).

Algunos autores, como Clara Martínez-Toledano en Nada es Gratis, entienden que, como todo impuesto,  implica un “trade-off” (solución de compromiso) entre eficiencia y equidad y aboga por medidas concretas que equilibren la situación.

En fin, como pueden ver, hay mucho de que hablar. ¡Les esperamos el martes!

 

Las “recolocaciones” de Cifuentes: una prácticas poco regeneradoras.

En las últimas semanas hemos asistido a unos nombramientos por parte de la Presidenta la Comunidad de Madrid que han generado polémica y revuelo en los medios de comunicación. Nos referimos a estos tres concretamente: el de la ex diputada González-Moñuz como Directora Gerente de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, el del ex Consejero de Sanidad Sánchez Martos como Director de la Fundación para el Conocimiento Madri+D y el del ex Consejero de Medio Ambiente Taboada como Senador en representación autonómica (este último ratificado en la Asamblea de Madrid con el voto a favor del PP, el voto en contra de Podemos y la abstención de PSOE y Ciudadanos).

Estos nombramientos nos han hecho volver a reflexionar sobre dos aspectos que ya hemos analizado con anterioridad en Hay Derecho, que son el papel de la administración institucional o paralela (haremos foco en esta ocasión en las fundaciones públicas de la Comunidad de Madrid) y la falta de rigor y meritocracia que impera en la designación de cargos públicos (electos y no electos).

Según el inventario de entes de la Comunidad de Madrid, de los 149 entes existentes sin contar la propia Administración General de la Comunidad (hablamos de organismos autónomos, sociedades mercantiles, agencias, consorcios, etc), 47 son fundaciones públicas. Solo por contextualizar, conviene reseñar que la Comunidad de Madrid ocupa el tercer lugar del ranking de Comunidades por tamaño de su sector público, solo superada (ampliamente eso sí) por Andalucía (317 entes) y Cataluña (390 entes).

Volviendo a las 47 fundaciones de la Comunidad de Madrid, en función de su tipología podemos agruparlas de la siguiente forma: 10 fundaciones de hospitales públicos sobre investigación biomédica, 7 fundaciones IMDEA destinadas al fomento de las actividades de I+D+i y de su transferencia a la sociedad, 5 fundaciones de universidades públicas madrileñas y un gran “otros” o “varios” de organismos con fines diversos, en el que estarían las dos fundaciones públicas objeto de los recientes nombramientos.

Consultando los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, la fundación que dirige ahora Sanchez Martos maneja para este año 2017 un presupuesto de gasto de 4,7 millones de euros, de los cuales 1,1 millones corresponden a gastos de personal. En el caso de la fundación que dirige la ex diputada González-Moñuz no aparece información en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Y es que de las 47 fundaciones públicas, solo se detallan los presupuestos de 28 de las mismas. A ver si con suerte en los Presupuestos Generales de 2018 de la Comunidad se detallan los presupuestos de todas las fundaciones públicas recogidas en su propio inventario. Respecto a las remuneraciones que recibirán en sus nuevos puestos, en los medios de comunicación se ha publicado que Sánchez Martos percibirá 82.000 euros brutos anuales, mientras que la retribución de González-Moñuz alcanzará los 93.000 euros brutos anuales. No parece a priori que se puedan quejar del destino en el que han recalado ambos.

Por otra parte, si nos centramos ahora en los mecanismos de elección de directivos públicos, lo primero que debemos destacar es la falta de rigor y meritocracia existente en los procesos de selección de los altos cargos públicos. Uno de los efectos que provoca esta falta de meritocracia es que una misma persona vaya ocupando diferentes cargos públicos, que no tienen nada que ver entre ellos, siendo imposible poseer la especialización y conocimiento suficiente requeridos en todos ellos. Pero los casos que nos ocupan en este post no se tratan de meras recolocaciones o concatenaciones de cargos públicos, sino de “recompensas” políticas, pues los tres han estado “marcados” en el ejercicio de sus funciones por diferentes aspectos:

  • Jesús Sanchez Martos fue reprobado en el mes de junio por la Asamblea de Madrid, primera vez en la historia de la Asamblea que se aprueba una reprobación. No obstante, la Presidenta Cifuentes alabó su gestión al frente de la Consejería de Sanidad y las polémicas generadas las tildó de meras “anécdotas” fruto del “carácter” del consejero. Además resulta llamativo que su salida del Gobierno regional no fue un cese, sino una “renuncia por motivos personales”. Lo que está claro es que esos motivos no le impidieron aceptar dos días después el puesto de Director de la Fundación para el Conocimiento Madri+D.
  • Elena González-Moñux denunció por acoso laboral a su jefe, el portavoz parlamentario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, causando después baja por enfermedad. Desconocemos quien de los dos tenía razón, pero lo que es evidente es que su baja estaba suponiendo un bloqueo para el gobierno de Cifuentes en la Asamblea de Madrid, poniendo en grave riesgo por ejemplo la próxima aprobación de los Presupuestos Generales de 2018. Gracias a su nombramiento, renunció a la baja y lo que es más importante, a su acta de diputada, por lo que el PP vuelve a tener mayoría en la Asamblea (contando con el apoyo de Ciudadanos).
  • El ya ex Consejero de Medio Ambiente, Sanchez Taboada, se ha visto involucrado en la investigación de la trama Púnica, si bien no ha sido imputado hasta la fecha, motivo por el cual sigue contando con la confianza de Cristina Cifuentes. Su salida del Gobierno regional tampoco fue un cese, sino una renuncia por motivos personales, motivos en cualquier caso que no fueron impedimento para convertirse en Senador. Con este movimiento, pase lo que pase dentro de la investigación del caso Púnica, sucederá lejos del Gobierno autonómico y además con su condición de aforado garantizada (recordemos que uno de los compromisos de Cifuentes con Ciudadanos es precisamente la supresión de los aforamientos de los diputados de la Asamblea de Madrid).

Un último apunte para tener la foto completa. El puesto en el Senado de Gonzalez Taboada se quedó libre tras la renuncia de Ana Isabel Mariño, que ha recalado en la Mesa de la Asamblea de Madrid, en un puesto que a su vez ocupaba la recién nombrada por Cifuentes Consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo. Todas las piezas del puzzle encajan a la perfección.

Recordemos para finalizar este fragmento del discurso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de mayo: “Que a nadie le quepa la más mínima duda de que, aún con todas las dificultades, riesgos y sinsabores que tenemos que afrontar, vamos a seguir liderando el camino de regeneración democrática iniciado”. Si es así como se lidera la regeneración democrática, mal vamos desde luego.

HD Joven: La tramitación del cupo vasco: una maniobra de opacidad y oscurantismo

La financiación autonómica lleva siendo un elemento recurrente en los debates de política general durante los últimos años. El impacto que la crisis económica ha supuesto para las arcas de las Comunidades Autónomas ha hecho que los distintos ejecutivos alcen la voz contra la contracción de sus presupuestos y, por tanto, la limitación de sus capacidades de actuación política.

Un elemento que siempre ha levantado controversia en este debate han sido los denominados “cupo vasco” y “concierto foral de Navarra”, dos sistemas de financiación singulares, basados en la Constitución Española y los respectivos estatutos de autonomía, que facultan a estos territorios para mantener, establecer y regular su propio sistema tributario. Esto no ha evitado que estos sistemas de financiación sean considerados privilegios para estos territorios y, por tanto, que hayan sido denunciados por la falta de cohesión e igualdad supone para el resto de ciudadanos, así como por ser claramente insolidarios para el resto de territorios autonómicos y, por tanto, nuevamente, para sus ciudadanos.

El pasado mes de mayo, conocíamos el precio que el Partido Popular estaba dispuesto a pagar para que el Grupo Parlamentario Vasco apoyase los Presupuestos Generales de 2017 (los “PGE”). Según diferentes fuentes se señalaba que los cinco escaños del PNV habían conseguido, a cambio del voto favorable a los PGE, una rebaja del cupo; es decir, de la cuantía que la Comunidad Autónoma del País Vasco debe resarcir a la Administración General del Estado por competencias no transferidas a la autonomía, tales como gastos de Defensa, acción exterior, etc.

Además de esta rebaja, también se acordó la devolución de 1.400 millones de euros a la Comunidad Autónoma -de los 1.600 que reclamaba por desacuerdos sobre el cupo en años predecesores-, y una inversión de más de 3.300 millones de euros a ejecutar hasta el año 2023, así como inversiones de cientos de millones de euros para el desarrollo de zonas industriales y la rebaja de la tarificación eléctrica a las empresas vascas.

Acuerdos todos ellos que debían trasladarse a la realidad mediante la aprobación de la actualización del Concierto Económico mediante una norma de rango de ley.

Pues bien, esa concreción se inició el pasado 3 de noviembre en el Consejo de Ministros, donde se aprobaron dos Proyectos de Ley que actualizaban el Concierto Económico:

  • Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
  • Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

La Comisión de Expertos conformada a raíz de la Conferencia de Presidentes emitió un informe en julio en el que coincide con los principios básicos que deben regir el nuevo modelo de financiación: solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

El Partido Socialista también ha movido ficha y ha propuesto la creación de una Comisión territorial en el Congreso a fin de analizar las deficiencias del sistema autonómico y proponer nuevas alternativas que cosan, al menos, algunas de las heridas del actual sistema, basado en principios similares a los anteriormente descritos.

Hasta aquí un repaso de los antecedentes del asunto. Pero lo interesante en términos políticos, además de en cuanto a contenido presente y futuro del acuerdo, se encuentra en su forma de tramitación y el choque con lo que determinados partidos políticos han defendido en cuanto a cómo debe ser su modelo de financiación autonómica y principios generales de cualquier política pública. Si todas las fuerzas políticas, así como presidentes regionales, han puesto de manifiesto que la solidaridad, la equidad y la transparencia eran tres pilares fundamentales que debían apuntalar el nuevo sistema de financiación, las maniobras a las que estamos asistiendo por parte de algunos partidos políticos van en dirección totalmente opuesta.

Como hemos señalado, el Gobierno ha aprobado dos Proyectos de Ley para dar trámite a la actualización del Concierto Económico vasco. Bien, si el pasado viernes 3 de noviembre las normas aprobadas en Consejo de Ministros entraban en el registro del Congreso de los Diputados, el lunes 6 de noviembre por la mañana, los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Vasco presentaban un documento firmado conjuntamente en el que solicitaban a la Mesa del Congreso que los dos proyectos fueran tramitados de manera urgente, directa y en lectura única. Un procedimiento que usualmente queda reservado para normas de extremada urgencia, que precisan de un relativo acuerdo parlamentario. Esta propuesta de tramitación urgente y en lectura única fue secundada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, mientras que el Grupo de Ciudadanos la rechazó.

¿Qué significa en el argot parlamentario un procedimiento urgente y en lectura única? La tramitación ordinaria de un Proyecto de Ley posee unos plazos relativamente flexibles que permiten una participación de todos los grupos parlamentarios, e incluso de la sociedad civil, durante el procedimiento legislativo. Es decir, en cuanto un proyecto de ley es calificado por la Mesa del Congreso, se abre un plazo de enmiendas a la totalidad que desemboca en un debate, en el que el Gobierno defiende la pertinencia de la norma y el resto de fuerzas parlamentarias critica, defiende o simplemente fija postura en relación a la norma, pudiendo incluso proponer un texto alternativo. Si un Proyecto de Ley pasa dicho filtro, se abre un plazo de enmiendas al articulado, donde se pueden modificar elementos menores del texto o incluso añadir nuevos elementos. Bien, el procedimiento de urgencia, según artículo 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados, limita esos plazos a la mitad, es decir, da menos tiempo a los grupos de la oposición y a la sociedad civil para analizar y poder trabajar la norma.

Si a este acortamiento de plazos le unimos que el debate de las enmiendas parciales queda eliminado (véase artículo 150 del Reglamento del Congreso para los debates en lectura única), es decir, el texto aprobado por el Consejo de Ministros es un todo o nada, se impide cualquier tipo de consenso entre fuerzas parlamentarias que no hayan participado en la redacción original. Una actitud frontalmente contraria a los principios de acuerdo y consenso que se han defendido desde los dos principales partidos del arco parlamentario en materia de financiación autonómica.

A la luz de los hechos, queda claro que el Partido Popular pretende pagar el favor del Grupo Vasco en los PGE 2017 y asegurarse su voto para los próximos presupuestos, que presumiblemente se presentarán tras la aprobación completa de estos proyectos. De ahí la necesidad del PP para que se tramiten de manera urgente.

El dilema lo tiene el Partido Socialista que, con este acuerdo, dinamita su propia Comisión Territorial, y vulnera el principio de solidaridad y equidad que ha defendido como rectores del futuro sistema de financiación autonómico.

La semana próxima será la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados y todo apunta a que el PNV podrá respirar tranquilo el resto de la legislatura.

Fact check: Radiografía del artículo 155 de la Constitución

Nota elaborada por el profesor Jorge de Esteban.

I.- EL ARTICULO 155 COMO FALACIA

El artículo 155 de la Constitución, desde hace más de cuatro años, es el más citado tanto por políticos como por muchos ciudadanos y lo curioso es que nadie conoce su complejidad. Veamos los errores que se cometen:

  1. Es un artículo para suprimir la autonomía de una Comunidad Autónoma, cuando se muestre díscola. Es falso, porque su aplicación permite una amplia graduación de medidas, según sea la mayor o menor gravedad de los hechos.
  2. Es un artículo cuya aplicación puede ser inminente para solucionar el problema inmediatamente. Es falso, porque el artículo dispone de dos posibilidades: una primera, de carácter disuasorio que puede acabar enseguida si la Comunidad Autónoma rectifica y una segunda ejecutiva, en caso de que no rectifique, de efectos retardados, puesto que, como veremos, puede  comportar entre  tres semanas y  dos meses.
  3. Es un artículo que todavía no ha sido desarrollado por una ley orgánica necesaria. Es falso, porque el artículo ya ha sido desarrollado por el artículo 189 y concordantes del Reglamento del Senado. Y precisamente este desarrollo lo ha complicado todo y empeorado sustancialmente, pues ha acabado con la inmediatez que el texto de la Constitución, al igual que el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, permitía en su aplicación con el único requisito de que  las medidas propuestas por el Gobierno sean aprobadas por la mayoría absoluta del Senado.
  4. Es un artículo que no ofrece dificultades para su aplicación, porque el PP cuenta con 149 senadores de un total de 266. Es falso, porque si los 62 senadores socialistas no están de acuerdo, además del resto de senadores, 35 que más o menos,  son casi todos nacionalistas o populistas, pueden dificultar las medidas a tomar, porque en este caso no se trata de un proyecto de ley ordinario en el que solo basta con disponer de una holgada mayoría. Los debates pueden convertirse así en un auténtico psicodrama
  5. Por otro lado, según el artículo 90.2 de la CE el plazo para la actividad normal legislativa del Senado, es de dos meses. Sin embargo, el artículo 133 y ss. del Reglamento del Senado establecen un procedimiento especial para los proyectos declarados urgentes por el Gobierno, los cuales disponen de un plazo de veinte días naturales. Pero en el caso del artículo 155, no parece posible cumplir con este plazo debido a las peculiaridades tan importantes que se deben debatir en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En este sentido, se sabe cuándo comienzan los debates, pero no cuándo acaban.
  6. En consecuencia, el artículo 136 del Reglamento indica que “cuando no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 133, la Mesa del Senado, a propuesta de la Junta de Portavoces, podrá establecer que los proyectos legislativos (en este caso, tal vez habría que hablar de resolución) se tramiten en el plazo de un mes, reduciendo a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario. Pero en tal supuesto, si muchos senadores no están a favor de las medidas a aplicar a una CCAA por el Gobierno no sólo podrían solicitar ampliar los plazos, sino también utilizar el filibusterismo para alargar todo lo posible las decisiones que perjudican a esa CCAA.

 

II.- DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES PROCESALES

De acuerdo con lo que expresa el mismo artículo 155, más lo que dice el artículo 189 y complementarios del Reglamento del Senado, podemos establecer las siguientes fases procesales:

  1. Cuando una CCAA no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga o atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno requerirá al Presidente de la CCAA para que deje de actuar así.
  2. Si no le hace caso, el Gobierno le comunicará las medidas que propone si se mantiene en su incumplimiento
  3. Para la ejecución de las medidas previstas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la CCAA.
  4. El Gobierno presentará a la Mesa del Senado un escrito con su advertencia, la demostración de que no  ha rectificado el Presidente de la CCAA y las medidas propuestas.
  5. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y la documentación pertinente a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
  6. La Comisión podrá encargar o realizar encuestas o estudios para conocer mejor el tema.
  7. La Comisión podrá recabar, a través del Presidente del Senado, la información y ayuda que necesite del Gobierno y sus Departamentos, así como de las CCAA o de cualquier autoridad del Estado.
  8. Igualmente la Comisión podrá solicitar la documentación conveniente cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión.
  9. La Comisión podrá solicitar asimismo la presencia de otras personas para su información en cuestiones de su competencia.
  10. El Gobierno podrá intervenir, si así lo desea, en las sesiones de la Comisión.
  11. También podrá intervenir el Presidente de la CCAA o un Consejero designado para ello.
  12. Las intervenciones en las sesiones se podrán hacer en cualquiera de las lenguas españolas que sean cooficiales.
  13. El Presidente de la Comisión, oída la Mesa y previa consulta con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios fijará, según las intervenciones solicitadas y los puntos del orden del día, el orden y la duración de las mismas, así como la ordenación posterior de los debates.
  14. Todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA que no sean miembros de la Comisión General de las CCAA, podrán asistir a las sesiones, así como inscribirse en el registro de oradores para hacer uso de la palabra en todos los debates.
  15. Si el Gobierno solicita el uso de la palabra iniciará el turno de oradores.
  16. La Comisión General de las CCAA podrá constituir una ponencia para que estudie el problema con carácter previo, pudiendo intervenir en la misma todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA.
  17. En cualquier caso se podrá solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre las medidas propuestas por el Gobierno
  18. La Comisión podrá encomendar la preparación de informes previos a cualquiera de sus miembros, a propuesta de su Presidente y con la aprobación de la mayoría de la misma.
  19. La Mesa fijará en cada caso los plazos disponibles para la preparación de los informes a que se hacen referencias en los apartados anteriores.
  20. Mientras que no se diga lo contrario solo se computarán los días hábiles.
  21. La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.
  22. Finalmente, el Pleno de la Cámara someterá a debate dichas propuestas, con dos turnos a favor y dos en contra de veinte minutos cada uno y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.

 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto es imposible que el procedimiento del artículo 155 pueda aplicarse antes de dos semanas aproximadamente y no como dicen los asesores de La Moncloa en cinco días, según le trasmitieron a Lucía Méndez. Por consiguiente, a diez días del 1 de octubre , ya no se llega a tiempo para detener el eventual referéndum ilegal. Y aplicar después de ese día el artículo 155 sin saber cómo va a acabar esta aventura, resulta como menos azaroso. Hace dos meses que se tenía que haber tomado esta decisión y no se quiso, incluso se podía haber derogado el artículo 189 del Reglamento del Senado, según el artículo 196 del mismo, aplicando únicamente lo que señala el artículo 155 de la CE, que, de este modo, sí se podría aplicar en tres días. Ahora veremos si no fue un tremendo error.

Regeneracionismo y Ciencia política: las Administraciones Públicas

Les haré una pequeña revelación personal: estoy estudiando Ciencias Políticas por la UNED. Por supuesto a un ritmo pausado, el que me deja mi desempeño profesional; pero viene bien formarse, máxime cuando se dedica uno a estos menesteres de la crítica jurídica-política, y la segunda parte del binomio no es tu especialidad profesional.

Además, el estudio reglado te impone una cierta disciplina que no tienes siempre si lo acometes por tu cuenta; y al ser sistemático y partir desde lo básico, tiene algunas ventajas frente al estudio más profundo, pero desordenado: permite tener una visión de conjunto de la materia porque uno tendrá que estudiar lo que le gusta y lo que no, y eso, a pesar de uno, nos proporcionará una formación más completa y equilibrada que si se deja llevar por sus instintos culturales o sus gustos personales o sesgos. Recuerdo que el año pasado, estudiando Estructuración Social, el libro de texto se refería a algunos autores -como Bauman o Beck- que yo había leído por mi cuenta basándome en recomendaciones o en lo que veía en la librería considerándolos miembros de la que llama “Sociología Expresiva” por su índole divulgativa e impacto mediático. Me dio que pensar: hay que tener cuidado con las ideas que consideramos axiales en nuestros razonamientos.

Por otro lado, el examen científico de las cuestiones relativiza un tanto los problemas y matiza las opiniones políticas, que tienden a ser más taxativas y maniqueas. Incluso cuando desde este blog hablamos de regeneración de las instituciones, aunque no sean opiniones o críticas estrictamente políticas o al menos partidistas, siempre puede haber un mayor elemento de interpretación o valoración subjetiva, un poco más allá de la estricta Ciencia Política.

Por eso me ha impresionado favorablemente y quiero compartir con ustedes lo que he leído en el libro de texto correspondiente a la asignatura de Administraciones Públicas en el que, aparte de dar la información objetiva y científica habitual contiene algunas expresiones valorativas sobre la España actual (lo que es frecuente) que tienen la virtud de confirmar muchas de las cosas que hemos ido diciendo en este blog durante largos años. La referencia bibliográfica es la siguiente: “Las Administraciones Públicas en España”, de José Antonio Olmeda, Salvador Parrado y César Colino. Tirant lo Blanc, 2ª Edición 2017

Aquí les hago un breve extracto de algunas opiniones:

En la página 27, en estudiando la relación entre políticos y funcionarios dice: “Todo parece indicar que con la politización creciente y la proliferación de asesores y gabinetes políticos esto ya no es así, ya que los políticos parecen haber prescindido cada vez más del asesoramiento técnico de los funcionarios, liberándose de su influencia y, para garantizar supuestamente la ejecución de sus decisiones, han tratado de amarrar políticamente a los altos funcionarios. En definitiva, actualmente se funciona sobre la idea de que parece que los políticos han de tomar las decisiones libremente y por su cuenta y el papel de los funcionarios queda limitado a facilitar a posteriori la cobertura legal que sea necesaria (Nieto 2008). Asimismo, según los estudios empíricos disponibles, también entre los altos cargos de confianza política suelen predominar los burócratas profesionales, aunque crecientemente se va dando más cabida a los activistas de los partidos o expertos en comunicación política con escasa o nula cualificación profesional en los temas del departamento”.

Refiriéndose al Tribunal de Cuentas, dice: “Pero como órgano fiscalizador carece de recursos humanos suficientes para su labor fiscalizadora, no tiene capacidad coercitiva o sancionadora y está compuesto por antiguos políticos con escasos incentivos para ser críticos con sus compañeros de partido o sus adversarios

Hablando de los problemas de la politización excesiva y las deficiencias de la función directiva autonómica, clientelismo y corrupción, dice, en la página 182, citando a Giménez Abad: “Esta situación provoca la pérdida del respeto profesional por parte de los funcionarios al jefe político y su falta de expectativas profesionales, acompañada del desánimo  por ver que sus jefes han conseguido por la via de la política lo que ellos nunca van a conseguir por méritos profesionales, incitando así a los funcionarios a politizarse”…….“Este proceso de “decapitación permanente” de las organizaciones del sector público se lleva por delante todo el capital directivo construido durante un largo periodo de tiempo

En relación a los entes públicos autonómicos, en la página 183. “…muchas gobiernos autonómicos han usado las empresas públicas para emplear a sus “clientes”, afiliados o amigos políticos”.…”en Andalucía, según la Cámara de Cuentas, en 2007 había una plantilla media 21.310 contratados en las empresas públicas y agencias andaluzas a los que habría que añadir los 4.670 contratados en las Fundaciones, haciendo un total de 25.980 contratados que no habían tenido que someterse en la práctica a ningún criterio de mérito y capacidad. Al mismo tiempo, en 2008, había 24.777 funcionarios que habían pasado por una oposición. Esto significa que se contaba con 1.702 más contratados sin control en su acceso, que funcionarios de oposición”.

En cuanto a la Administración local se pronuncian así: “Las Administraciones Locales, en especial los ayuntamientos, se han convertido en una suerte de parientes pobres del Estado autonómico…”….“El número excesivo de ayuntamientos de tamaño exiguo, y su sobrecarga de competencias y demandas ciudadanas que atender para las que carecen de financiación suficiente, han hecho que recurran a la urbanización acelerada para recabar esos recursos financieros que no llegan de otras fuentes. Su empleo público se ha considerado botín político por los partidos políticos que han obtenido mayorías en sus términos municipales, consagrando prácticas clientelares y de patrimonialización de lo público” (pág. 199).

Concretamente respecto al alcalde, en la pág. 213: “El alcalde manda y dirige la administración de forma directa o indirecta; es decir, mediante esos <<gestores profesionales>> que en realidad son cargos de confianza política, y el papel de los cargos administrativos, los habilitados nacionales, está restringido a unas funciones de control meramente legalista. Se crean así innumerables oportunidades tanto para el abuso del poder para fines personales o partidistas como para políticas cortoplacistas, como ha destacado Lapuente”.

En cuanto al sector público local y autonómico, dicen en la página 205: “Este crecimiento del sector público local y autonómico con todo tipo de mayorías políticas es un mecanismo de endeudamiento extrapresupuestario que permite la evasión de los controles vigentes, excluyéndose sus magnitudes económicas de las cuentas consolidadas de la administración local o autonómica a la que esté adscrita”

En relación al sistema de elección indirecta de las diputaciones provinciales: “La ley 11/1999 también amplió las atribuciones de los Presidentes de las Diputaciones Provinciales. Este sistema electoral indirecto ha mantenido en las provincias de régimen común, en contraposición a las forales, un enclave opaco y poco democrático, al margen del control directo de los ciudadanos, propiciando toda suerte de abusos” (pág. 225)

En general, sobre la realidad local española hacen una cita de Agranoff en la página 233: “En cierto sentido hay un déficit democrático legal y fiscal de las ciudades. No tienen la capacidad para gobernar a sus ciudadanos en el sentido de determinar sus necesidades de servicios o de satisfacer sus preocupaciones de calidad de vida, o de emprender políticas públicas innovadoras por su cuenta. Como la mayoría de las ciudades en Estados compuestos, las ciudades españolas son extremadamente dependientes de complejas redes intergubernamentales horizontales y verticales. Como la mayoría de los gobiernos locales en Estados compuestos, son los transmisores fundamentales de las políticas y programas de los dos niveles superiores. Pero la mayoría de los gobiernos locales en otros sistemas multinivel sí poseen alguna capacidad para actuar independientemente, de representar los únicos y localizados deseos de sus ciudadanos. Las ciudades españolas carecen en general de esta habilidad debido a limitaciones estructurales, normativas y fiscales. Como resultado, es más probable que los gobiernos de las ciudades se dirijan a los funcionarios de otros niveles de gobierno o a intereses económicos particulares en vez de a sus ciudadanos”.

Respecto a la Comisión General de las CCAA, dicen en la pág. 245: “Parece, sin embargo, que esta extraña mezcla de legisladores y miembros de los ejecutivos autonómicos no ha producido los objetivos esperados como foro de deliberación o relaciones intergubernamentales sectoriales. Esto es así por la politización partidista de los debates. El papel de la Comisión se ha mantenido ambiguo y se ha utilizado principalmente por los consejeros y presidentes autonómicos de las CCAA gobernadas por los partidos de la oposición como un foro adicional para atacar al gobierno”.

En relación a la evolución de ingresos en España y la importancia de la descentralización política operada en favor de las CCAA:  “Lo primero que hay que destacar es que durante todo el periodo democrático, las reformas fiscales se han realizado de manera ad hoc, sin tener en cuenta sus efectos sobre la evolución de la estructura tributaria en su conjunto. Como resultado, muchas partes del sistema parecen carecer de un fundamento racional. Objetivos en conflicto se persiguen al azar; e incluso objetivos concretos se siguen de maneras contradictorias” (pág. 384).

Comentando el sistema impositivo español  y su régimen de deducciones y ayudas, en la pág. 385, dicen: “La Administración General del Estado ofrece 34.500 millones en beneficios fiscales y las CCAA otros 17.000 millones. La mayoría de estas ayudas no son más que ventajas políticas particularistas o clientelares a distintos grupos de electores. Estos incentivos, junto con el fraude, hacen que los ingresos tributarios de España sean inferiores a los del resto de socios europeos”.

Estudiando el papel de los Presupuestos, en la pág. 415 dicen: “Hay que recordar que ese descontrol del instrumento de control por excelencia, del presupuesto, ha sido acompañado por un debilitamiento extremado de los controles internos, administrativos, previos, a cargo de la Intervención General dela Administración del Estado o los órganos interventores de las Administraciones Territoriales. Según un estudio econométrico de las desviaciones presupuestarias las previsiones de ingresos tendieron a estar sistemáticamente por debajo de los ingresos finalmente observados. Por su parte, las desviaciones de los gastos realizados en relación con lo presupuestado muestran un sesgo más reducido, aunque también positivo. En este caso, las revisiones con respecto a las previsiones presupuestarias iniciales fueron siempre positivas: esto es, se ampliaron los márgenes de gasto con respecto a lo presupuestado inicialmente, aunque este margen en la mayoría de los casos no llegó a utilizarse completamente. Se encuentra, además, que las desviaciones en los gastos son mayores en los años electorales y previos a las elecciones. Estos resultados podrían interpretarse como que existe un cierto margen para mejorar el proceso de planificación presupuestaria. En todo caso, se observa un incremento de la precisión de las previsiones presupuestarias a lo largo del tiempo (Leal, Pérez 2009)”.

Respecto a la gestión de los recortes de Rajoy, en la pág. 425.: “La consolidación fiscal operada por Rajoy se ha basado fundamentalmente en aumentar la recaudación mediante la subida de impuestos y la reducción del gasto en inversión en vez de hacerlo en la reducción del gasto no productivo que es la senda virtuosa para la reducción del déficit. Así Rajoy realizó treinta subidas de impuestos en los primeros dieciséis meses de gestión (Müller 2015: 246): cinco revisiones del IRPF; cuatro del Impuesto de Sociedades; tres de los Impuestos Especiales; dos del IVA; dos del IBI; una del Impuesto de Patrimonio y una del marco fiscal vigente para las indemnizaciones a directivos. A ello se unieron doce nuevas figuras tributarias: ocho para el sector eléctrico; una para Loterías; una para los depósitos bancarios; otra para los hidrocarburos; y otra medioambiental. Algunas de esta medidas fueron revertidas a los niveles existentes en 2011 para afrontar las elecciones de diciembre de 2015. El ajuste español no ha convencido a los supervisores de Bruselas”.

Y, sobre el mismo tema, en la pág. 432: “La gestión de los recortes por el gobierno de Rajoy ha implicado un mantenimiento de los parámetros básicos del Estado de Bienestar pese a los recortes operados pero ello se ha conseguido mediante el recurso a la subida de los impuestos y al endeudamiento. La recuperación económica es frágil porque se ha debido en buena parte a circunstancias externas favorables: defensa del euro por el BCE, bajos precios del petróleo y euro depreciado lo que favorece las exportaciones. Esta fragilidad puede ponerse de manifiesto peligrosamente con motivo de un cambio negativo en estas condiciones externas debido a que la persistencia del déficit combinado con el elevado endeudamiento constituye una situación muy vulnerable”.

Interesante, ¿no?: el debilitamiento de las instituciones y su politización no es ya una denuncia de la sociedad civil, sino un hecho incorporado a los manuales y libros de texto.

HD Joven: La Universidad de Barcelona, al servicio del ‘procés’

La semana pasada, la Universidad de Barcelona (UB) se adhirió, con nocturnidad y alevosía, al “Pacto Nacional por el Referéndum”. El Consejo de Gobierno de la UB, aprovechando que sus más de 60.000 estudiantes ya estaban de vacaciones y que el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco copaba los medios de comunicación, decidió plegarse a los intereses de la Generalitat y contribuir a aquello que Salomon Asch definió, desde la psicología social, como “poder de la conformidad en los grupos”.

En la década de los 50, los experimentos de Asch demostraron que la presión de una multitud sobre una cuestión determinada puede acabar causando conformidad en el individuo que disiente. Tan interiorizada se tiene la teoría de control de masas en la Generalitat que ha logrado que la inmensa mayoría de universidades de Cataluña se adhieran a un pacto partidista con el objetivo de demostrar una amplia aceptación social en torno al referéndum.

En el caso de la UB, como en muchas otras universidades, la mancha de dicha adhesión no se podrá borrar hasta que no logremos, como mínimo, echar a los fanáticos que lo han permitido. No me voy a extender demasiado sobre las razones de por qué una Universidad pública no debería haber tomado cartas en el asunto, pero no puedo avanzar sin exponer algunos argumentos fundamentales. Básicamente, cabe citar cuatro cuestiones capitales. En primer lugar, no debería haber tomado parte porque nos encontramos ante una decisión ilegítima puesto que el Consejo de Gobierno de la Universidad se elige por razones académicas, no ideológicas; en segundo lugar, porque se trata de una decisión opaca, tomada a espaldas del alumnado y del resto de la comunidad universitaria; en tercer lugar, porque es una decisión partidista que erosiona las bases de la convivencia en la comunidad; y, en cuarto lugar, porque es una decisión ilegal por quebrantar la neutralidad que debe mantener toda institución pública y que socava, de este modo, la libertad ideológica y el pluralismo político que establece nuestra Constitución y que supone la base de la democracia.

Ciertamente, podríamos dar muchos otros argumentos. Por ejemplo, que dicha decisión atenta contra el prestigio de nuestras universidades. Sin embargo, hace tiempo que las instituciones catalanas, comandadas por el separatismo, perdieron dicho prestigio, rigor y solidez. De hecho, la estratagema nacionalista para otorgar legitimidad social a un referéndum independentista que no la tiene ha pasado ya a la fase de “el fin justifica los medios”. Porque parece que para el gobierno de la Generalitat todo vale si conduce a unos pocos hacia el fin deseado. Sino pregúntenle, por ejemplo, al Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del pueblo), quien también se ha plegado abiertamente al servicio del independentismo y ha expresado públicamente que “le daría vergüenza” formar parte de Societat Civil Catalana, asociación líder en la lucha contra el secesionismo.

No obstante, y aunque el gobierno de Puigdemont trate de taparlo y de mirar hacia otro lado, todo este ‘procés’ infinito provoca daños inconmensurables a la sociedad catalana y española. Los déficits de la empresa nacionalista están dejando ya demasiadas víctimas por el camino. Me atrevería a decir que la peor parte se la están llevando los niños y niñas en las escuelas, puesto que son el futuro de nuestra sociedad. Niños y niñas que han de soportar una campaña tras otra de nacionalización del entorno escolar, amparados únicamente por resoluciones judiciales que -miren por donde- en Cataluña no se respetan, ni obedecen. Niños y niñas que, ante el desprecio nacionalista, han de ser protegidos por sus familias bajo riesgo de escrache por pedir únicamente lo que el derecho les otorga: un modesto, pero fundamental, 25 % de enseñanza también en lengua castellana. Sí, la oficial en su país. Qué extraño, ¿verdad?

Y claro, ahora que tenemos universidades con ideología oficial y con intereses partidistas, ¿en qué papel quedarán aquellos colectivos de estudiantes universitarios cuyo objetivo es el de luchar contra los abusos nacionalistas? ¿A quién pedirán amparo cuándo lo necesiten? ¿A quién solicitarán ayuda cuando la requieran? Véase, de este modo, la aberración de dotar de ideología a una institución pública y el desprestigio que ello supone.

Pero seamos honestos, todo esto de la independencia está confeccionado por un mismo patrón y sigue, por ende, unas mismas premisas. La Universidad de Barcelona, como otras, no es una excepción. Esta adhesión ha vuelto a poner en evidencia dos aspectos fundamentales que hacen que el ‘procés’ resulte, sobre todo, profundamente tóxico e ilegítimo. Es tóxico porque divide, crea bandos confrontados y obliga a posicionarse. Encontramos una muestra de ello en el resultado de la votación para la adhesión, donde únicamente 24 persona, de 50, votaron a favor del Pacto Nacional por el Referéndum. Y es ilegítimo porque se confecciona de arriba a abajo y no dispone de suficiente base social. La adhesión de la UB supone un clarísimo caso puesto que el capricho opaco de una veintena de personas condiciona el devenir de más de 60.000 estudiantes. Como digo, este patrón se repite en muchos otros casos y podríamos citar numerosos ejemplos.

No obstante, lo cierto es que nada de lo que hace el gobierno de la Generalitat está funcionando. La adhesión de la UB al Pacto Nacional por el Referéndum es un burdo intento más de lograr aceptación social, aunque a estas alturas, de las bases independentistas, ya solo se desprende agotamiento. La población está más hastiada que nunca. Las dificultades para comprar urnas de verdad (no de cartón) son descomunales, el pulso con el Gobierno central parece extenuante, las dimisiones internas hacen mella, las purgas le dan un toque autoritario y fascistoide y la desconfianza entre los socios de gobierno crispa a las bases independentistas, que son quienes han bebido de esa fuente de progreso, bienestar, libertad y riqueza que supuestamente significa la independencia. A todo lo anterior habría que sumarle la falta de garantías y los escasos y dudosos apoyos internacionales que ha recibido el ‘procés’.

En definitiva, apuesto a que el 1 de octubre no habrá referéndum. No obstante, espero que un ‘procés’ como el vivido, un proceso ilegal, opaco e ilegítimo, impulsado con nocturnidad y alevosía, no salga gratuito. Espero que después de este dantesco espectáculo no se vayan de rositas, porque muchos catalanes, cuando todo acabe, habremos pagado un precio muy alto.

El cupo vasco: las cifras

El pasado 10 de mayo se reunió la Comisión Mixta del Concierto Económico para materializar los acuerdos políticos alcanzados entre el Partido Popular y el PNV en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Me propongo en esta entrada completar una anterior de Fernando Rodriguez Prieto con algunas cifras que faltaban en su excelente descripción del Cupo. Y lo hago –como él- partiendo de una defensa del régimen de Concierto, que tiene propiedades muy adecuadas para otorgar verdadera autonomía y responsabilidad fiscal.

Las cifras que cita Rodriguez Prieto son correctas y ya de por sí elocuentes. Lo que pretendo aquí es sustentar con datos tres afirmaciones que solemos hacer quienes defendemos el Concierto pero criticamos la cuantificación del Cupo. La primera es que las Diputaciones Forales pagan menos de lo que debieran por los gastos que el Estado realiza en competencias que la Comunidad autónoma no tiene. La segunda es que los flujos financieros entre la Administación General del Estado y las Diputaciones Forales resultan a favor de estas últimas. La tercera es que no contribuyen a la solidaridad con el resto de España. Se sabe muy poco del reciente acuerdo para el quinquenio 2017-2021, por lo que mi análisis ha de apoyarse en los datos disponibles del periodo 2007-2016.

En cuanto a la primera cuestión, el Cupo se determina mediante la aportación del 6,24 por ciento del valor de las competencias no asumidas por la Comunidad autónoma, de la que se deducen una serie de ajustes. Se calcula para el primer año de cada quinquenio y se prevé una regla de actualización, válida hasta que se apruebe el siguiente quinquenio. Si no se aprueba en plazo, se prorrogan las reglas del anterior.

El problema reside en que se infravaloran las competencias no asumidas, cuyo método de cálculo se desconoce (para un análisis detallado véase el trabajo de Carlos Monasterio). La Ley 29/2007 de metodología del Cupo partió de unos gastos totales del presupuesto del Estado de 188.417 millones de euros. Del citado importe se resta la “valoración” de las competencias asumidas por la Comunidad autónoma del País Vasco, de modo que las cargas no asumidas a las que se contribuye ascienden a solo 85.752,6 millones. Este Cupo bruto se corrige con una serie de partidas, siendo la más importante 2.550 millones por déficit, a pesar de que aquél año el Estado tuvo superávit. Así se consigue, entre otras astucias, pagar menos de lo que resultaría de un cálculo preciso, de modo que en 2007 las Diputaciones Forales abonaron un Cupo líquido de 1.598 millones de euros.

En la citada reunión del pasado 10 de mayo se alcanzó nuevamente un acuerdo en los siguientes términos: “el cupo del año base del próximo quinquenio asciende a 1.300M. Se ha calculado aplicando la metodología prevista en el Concierto Económico. Es la primera piedra de la nueva Ley Quinquenal, que debe acordarse en Comisión Mixta de Concierto y aprobarse posteriormente por las Cortes Generales. Se convocará una segunda Comisión Mixta en julio, para que el proyecto de ley se tramite a las Cortes inmediatamente después” (tomado de la nota de prensa del Gobierno vasco). Este proceder confirma las sospechas: se dice que se ha aplicado la metodología, pero el Cupo líquido se fija primero y todas las demás cifras se acomodan después para alcanzar el resultado deseado, que es fruto de un pacto político. Y parece que nuevamente se renuncia a explicitar el cálculo de las cargas no asumidas.

Además del Cupo propiamente dicho, el segundo problema nace de las compensaciones por impuestos indirectos, en particular en el IVA. Como es sabido, este impuesto grava el valor añadido que generan las empresas pero es soportado por los consumidores finales. De modo que las Diputaciones Forales recaudan en sus territorios aproximadamente en proporción al PIB, pero debe ajustarse esa recaudación en función de dónde se realiza el consumo. Pues bien, el ajuste está definido legalmente y de antemano para que siempre salga favorable a las Diputaciones Forales. Esto se consigue fijando, entre otros parámetros, un índice de consumo sobre el total nacional de 6,875 por ciento, claramente sobrevalorado para una población que representa 4,7 por ciento del total nacional. Con ello, cada año la Agencia Tributaria se ve obligada a compensar a las haciendas forales con los importes que aparecen en la cuarta columna del cuadro siguiente.

 

Relaciones financieras Estado – Diputaciones Forales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ajuste de IVA que se paga a las haciendas forales supera los mil millones de euros cuando debería ser a favor de la hacienda estatal y de una cuantía similar (al menos). Además, dicho importe se descuenta de la recaudación antes de la participación de las CCAA de régimen común, de modo que el coste del ajuste lo soportan a partes iguales el Estado y las CCAA de régimen común. De esta manera, si agregamos todas las relaciones financieras, desde 2010 las Diputaciones Forales obtienen un saldo a su favor, que se mantiene en 2015 y 2016 aunque todavía no se ha publicado el dato de IVA, que será mayor que en 2014, porque crece cuando aumenta la recaudación total. A pesar de que el Cupo tambien ha crecido, los ciudadanos del resto de España están aportando recursos a las haciendas forales en los últimos siete años.

A la vista del cuadro anterior, sorprende e irrita que se haya acordado ahora entre ambos Gobiernos que se devengarán 1.248 millones por las Administraciones vascas en el próximo quinquenio en los porcentajes anuales del 10, 15, 20, 25 y 30, respectivamente porque se habría pagado un Cupo excesivo desde 2007, hecho que, como acabamos de ver, no es tal.

Finalmente, la tercera crítica que suele hacerse es la ausencia de solidaridad con el resto de España. La renta per cápita en Euskadi es la segunda más alta de las CCAA (después de Madrid), claramente por encima de la media, lo que refleja su mayor competitividad y el aprovechamiento de las ventajas de un mercado integrado. Esta es la base sobre la que es exigible una contribución a la solidaridad con el resto del territorio nacional, como hacen con creces las demás CCAA de mayor renta por habitante (excepto Navarra). Aunque formalmente en la Ley de metodología figura una contribución al Fondo de Compensación interterritorial, se trata, como hemos visto más arriba, de una ficción dado que el Cupo es inferior al que debiera.

Pues bien, la falta de solidaridad no se limita a las cifras expuestas hasta aquí. Como es sabido, las Diputaciones forales recaudan todos los impuestos generados en su territorio. Y a pesar de ello, el Estado financia algunos servicios como el nivel mínimo de dependencia o las políticas activas de empleo (se liquidan ahora 152 millones del perido 2011-15) y esporádicamente, en función de la coyuntura parlamentaria, inversiones como el AVE (la denominada Y vasca). Es decir que el resto de los españoles es solidario con la ciudadanía que reside en el País vasco y no al revés, como debería ser por su mayor renta.

En suma, la aplicación de un régimen especial, en teoría muy defendible, ofrece resultados insoportables en la práctica. Aquí reside el origen de graves problemas territoriales, cuya superación exige un alivio más temprano que tarde. Podría lograrse con cálculos transparentes y una contribución explícita a la solidaridad. Es obvio que corregir esta intolerable desigualdad requiere de una voluntad política por parte de los defensores del Concierto y de un periodo transitorio, tan largo como sea necesario. Pero también es verdad que el mejor modo de proteger el Concierto Económico es visualizar que caminamos juntos hacia la igualdad territorial que proclama nuestra Constitución. Con el reciente acuerdo Gobierno-PNV vamos justo en la dirección contraria.

El Cupo vasco

El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el PNV para qué éste apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de un nuevo acuerdo sobre el llamado Cupo vasco (en rigor, de cada una de las tres provincias vascas en virtud de su régimen fiscal especial) ha levantado una importante controversia. Se ha hablado de chantaje, de agravio entre territorios y de intolerable cesión de los intereses comunes  por pare del Gobierno, por una parte. Y, por la otra, de oportunidad para reparar un prejuicio acumulado por el incorrecto cálculo del Cupo en los años anterior conforme a sus normas vigentes. Al margen de las razones de unos y otros hay preguntas que inmediatamente nos asaltan ¿Cómo es posible que exista esta controversia? ¿Cómo puede ser que una cuestión fiscal haya de resolverse en una negociación? Y ¿Qué se podría hacer al respecto? Vamos a tratar de explicarlo.

El sistema de administración fiscal foral vigente en las provincias vascas y en Navarra supone una singularidad de origen histórico. Su reconocimiento en la Disposición Adicional Primera de nuestra Constitución se vio favorecido por la subsistencia de ese régimen durante el franquismo en las provincias de Navarra y Álava, del cual esos territorios supieron sacar buen provecho, y por el deseo de Guipúzcoa y Vizcaya de recuperar este sistema, establecido por Cánovas en 1878, y que les fue arrebatado con agravio por Franco en un Decreto de 1937 en el que se las tildó de “provincias traidoras”. El deseo de no agravar la grave situación de violencia terrorista que entonces afectaba a esas comunidades, y la sentida necesidad de contar con una cierta colaboración del PNV en esos momentos, explican también el reconocimiento de ese resto de los que en su día, durante el Antiguo Régimen, se denominaron los Fueros o Privilegios vascos.

Por ese régimen especial son las administraciones de esas provincias y territorios, las diputaciones forales, las que recaudan la gran mayoría de los impuestos. Y, en virtud de los llamados conciertos (convenio en Navarra), con parte de la cantidad obtenida financian su propia estructura y los servicios públicos que ofrecen, con otra parte mayor en el caso vasco financian a la Comunidad autónoma, y otra parte, el llamado cupo, la entregan al Estado en contraprestación de los servicios que éste sigue prestando allí y de aquellos otros que son indivisibles y comunes en favor de todos los ciudadanos españoles. Por ejemplo, gastos de defensa y relaciones exteriores, entre otros muchos.

Al margen de su explicación histórica, o precisamente por ella, a algunos puede sorprender la existencia de este régimen fiscal diferenciado, que parecería más propia de países confederados. Teniendo en cuenta además que ya no queda ninguno de éstos en el mundo (ni siquiera lo es la llamada Confederación Helvética, nombre oficial de Suiza, que no es sino un país federal muy descentralizado desde hace muchas décadas). Puede discutirse la conciliación de esta especialidad con el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, e incluso si las razones históricas que explican ese tratamiento diferenciado deberían subsistir en un país perteneciente a la UE y en un mundo cada vez más globalizado. Sería ése un debate interesante, sin duda. Pero no es el que queremos hoy abordar aquí. Más humildemente nos conformamos con plantearnos cómo debería funcionar este sistema para que sea presentable su supervivencia. Lo que también interesa, y quizá más que a nadie, a sus propios defensores.

Para que sea defendible el sistema debe responder estrictamente a su fundamento teórico. Y no ser tapadera de trato privilegiado alguno. En primer lugar, si efectivamente el cupo a pagar al Estado tiene una justificación, que es la financiación de determinados servicios, su cuantía debe responder a aquélla con una valoración objetiva de los mismos, con las adiciones y deducciones necesarias. Valoración objetiva que excluiría ab initio que la cuestión pudiera ser objeto de negociaciones entre fuerzas políticas y que se fijara en función de criterios políticos de oportunidad.

En segundo lugar, dado que esas provincias son más ricas per cápita que la media, debe ser considerada y también para ello objetivamente valorada la aportación a un fondo de compensación interterritorial a favor de regiones menos favorecidas. De tal forma que el sistema foral no privilegie a los habitantes de esos territorios respecto de otros que sí realizan esa contribución. No puede entender hoy el formar parte de un país sin ese sentido de la solidaridad con sus habitantes menos favorecidos, ni debe deducirse esa exención de la mera existencia del régimen foral.

Pues bien, ni uno ni otro requisito se cumplen hoy. No existe apenas aportación a la solidaridad interterritorial. Y los expertos denuncian el sistema de cálculo del cupo como oscuro y sujeto a interpretaciones variadas. Y que su resultado final, en función del aprovechamiento de los nacionalistas vascos de su condición de minoría de desbloqueo en muy diversas ocasiones desde la aprobación de la Constitución, es claramente favorable en recursos disponibles per cápita para los habitantes de esos territorios.

Es significativo al respecto  que la mayoría de los catedráticos y otros académicos elegidos por la Administración central y las autonómicas para integrar la comisión técnica que debate la reforma del modelo de financiación territorial hayan criticado con dureza el modelo foral actual. Y haya cundido entre ellos el desánimo ante el acuerdo alcanzado con el PNV en virtud del mismo. Que, por ejemplo, un miembro de esa Comisión, el Director de Fedea Ángel de la Fuente, haya asegurado que “la forma para determinar el cupo es marciana”, y que si el sistema fuera equitativo el conjunto del País Vasco debería aportar más de 4.000 millones frente a los poco más de 800 millones pactados. Incluso uno de esos expertos,  el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, ha renunciado y abandonado esa comisión por considerar que si el Gobierno no escucha la opinión de este órgano es que es irrelevante y no tiene sentido seguir trabajando en ella.

Un sistema fiscal foral transparente y equitativo no debería traducirse, por tanto, en privilegios respecto a otras regiones en la obtención de mayores recursos disponibles. Lo que no excluiría otras ventajas por el lado del gasto que sí podrían ser legítimamente aprovechadas por los habitantes de esos territorios. Como una administración más eficaz de los recursos obtenidos. Tradicionalmente las administraciones forales eran pequeñas pero muy eficientes, y ese modelo podría haberse trasladado tanto a las nuevas administraciones forales provinciales como a las autonómicas vasca y navarra. Desgraciadamente en gran parte no fue así, y éstas mimetizaron gran parte de los defectos e ineficiencias de otras administraciones españolas, traducidas en un excesivo gasto por habitante. Probablemente la abundancia de recursos favorecida por las indicadas circunstancias coyunturales no han sido precisamente un buen incentivo para la austeridad administrativa en el País Vasco y Navarra.

Como ejemplo significativo de ello podemos señalar lo ocurrido en el modelo educativo. Un estudio de Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País vasco alcanza los 7.229 €, frente a los 4.995 € de media nacional. Y eso no se ha traducido en mejores resultados: el último índice de Pisa colocó los resultados del País Vasco por debajo de la media española, y bastante por debajo de los de otras regiones que gastaron considerables  menos recursos, como Castilla y León.

De la actual situación, por tanto, puede deducirse la necesidad de una reforma que suponga una regulación más justa y más transparente de los sistemas de cupo. Con el establecimiento de claros criterios objetivos de cálculo que excluyan la posibilidad de negociaciones ventajistas como la que ha dado lugar al último acuerdo.

En el debate generado se ha echado de menos el señalamiento de los auténticos responsables no solo de que se haya mantenido un sistema tan problemático, sino de que al amparo del mismo se hayan ido acumulando ventajas injustas. Y no nos estamos refiriendo al PNV, que sólo se ha aprovechado cada situación coyuntural  de ventaja como habrían otros muchos partidos regionales. Los verdaderos responsables son unos partidos nacionales incapaces de alcanzar acuerdos básicos de Estado que pudiesen el ventajismo de cualquier minoría, máxime si sus intereses no son los generales. No lo han hecho hasta ahora, y por eso los resultados de ello son los que son. Ya es tiempo de que se planteen un cambio al respecto.

 

 

barcelona-11-septiembre

Diario de Barcelona: Tarradellas, Maragall y Pujol

Estos días en Cataluña, en el resto de España y en todo el mundo no se habla de otra cosa: ¡Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos! Y a continuación viene la pregunta obligada: ¿Y qué va a hacer? De momento no lo sabe nadie o casi nadie y es probable que ni él mismo lo sepa. Llegar a un lugar tan importante no es fácil, mas si uno acierta en encontrar el punto de intersección entre lo que la gente quiere con lo que uno ofrece, es posible llegar. Quienes han logrado a lo largo de la historia encaramarse a puestos relevantes ha sido por eso, porque supieron dar con ese punto. Ahora bien, una vez se ha llegado a la cima, muchísimo más difícil que la subida es la bajada. (Prueben de subir y de bajar una montaña difícil…)  Ya en la tragedia griega se decía que lo importante no era cómo se entraba en escena sino el modo de salir de ella.

En estos vuelcos inesperados que está ofreciendo la política hay quien por aquí en Cataluña dice que primero fue el Brexit, que luego ha sido la llegada de Trump y que el siguiente bombazo será la secesión de Cataluña. El independentismo se agarra a lo que sea para seguir soñando, cueste lo que cueste. Se ha de conseguir. Pero, ¿qué es lo que quedará de todo esto? ¿Independencia para qué, nos preguntábamos hace unas semanas? ¿Cómo saldrán de la escena estos personajes que ahora están sentados en el Olimpo de la política? ¿Qué se recordará de Mas, de Forcadell, de Junqueras o de Puigdemont?  ¿Cómo dejaron la política algunos de nuestros más prominentes personajes de la vida pública?

De Tarradellas se recordará que, contra viento y marea, supo perseverar y guardar el legado de la Generalitat en el exilio. Con tesón consiguió que fuese restaurada y creó un embrión de estructura de estado autónomo catalán dentro de lo que viene en denominarse el estado de las autonomías. Se recordará de él su lealtad a Cataluña, a la Constitución, a la Monarquía –que allanó el camino para la restauración de las instituciones catalanas- y a España.

De Maragall se recordará el vuelco que supo darle a la ciudad de Barcelona tras el tirón que supuso el ser sede olímpica en 1992. Hay un antes y un después en la ciudad de Barcelona desde 1992, aunque ahora pretendan quitarle los nombres de las plazas al Rey Juan Carlos o la cita de Samaranch en un busto que él mismo donó. Maragall quedará en la historia de nuestra ciudad como el alcalde que la engrandeció en la segunda mitad del siglo XX.

De Pujol, ¿qué quedará? Se que es una pregunta que él se hace constantemente y que le preocupa. No es para menos. Cómo quedará mi figura en la historia de Cataluña, pregunta a sus contertulios y les pone los ejemplos de Tarradellas y de Maragall, que ya tienen por derecho propio un lugar en la historia de Cataluña. La respuesta merecería una meditación. Meditemos, pues. Qué fue de la Banca Catalana; de la Generalitat que Pujol heredó, leal al Estado y de incipientes y prosperas instituciones, ¿qué quedó?; esa ética que predicaba, ¿dónde está?; ¿qué fue de todo aquello que ahora se dilucida en la Audiencia Nacional? Quizás sea prematuro aventurar un juicio. Hubo un momento que Pujol, presidente de la Generalitat, tuvo la confianza de una inmensa mayoría de catalanes y el respeto de casi todos los españoles. Sus herederos políticos, de momento, se van repartido la herencia, a un lado o a otro, a pedazos y sin saber a dónde dirigirse. Veremos cómo termina todo esto y cómo sale Pujol de la escena. Bueno, de momento Pujol ya ha salido de la escena. Nadie le pidió que se fuera. Se marchó el mismo dando un portazo. Un portazo de tal magnitud que, de momento, ha dejado el escenario tambaleándose. Afortunadamente todavía nos quedan en el imaginario catalán figuras como Tarradellas o Maragall; y para los nostálgicos del franquismo, figuras como Samaranch que supieron mudar de piel con dignidad.

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Diario de Barcelona: aquel 11 de septiembre

 El 11 de septiembre se recuerda por el brutal ataque a las torres gemelas de Nueva York y al Pentágono. También por el golpe de estado de Pinochet en Chile que sacudió al mundo y movilizó a la izquierda. Y en 1714 cayó la ciudad de Barcelona y entraron las tropas borbónicas en la ciudad dando fin a una guerra de sucesión a la corona de España que había comenzado en 1700 a la muerte del Rey Carlos II. Ya es mala suerte esa coincidencia de fechas, diría Chiquito de la Calzada, levantando la pierna, moviendo las manos y dando un giro a su cuerpo para mandarlo en dirección contraria.

Carlos II murió el 1 de Noviembre de 1700 y su testamento, obra del cardenal Portocarrero, abrió la guerra de sucesión a la Corona de España, una de las más poderosas del mundo entonces. Duro casi catorce años hasta la firma del tratado de Utrech en 1713. Felipe V no cumplió el testamento de su antecesor que ordenaba acatar las “leyes, fueros, constituciones y costumbres” de sus reinos. Impuso una nueva planta judicial y modernizó la Corte –que era como se llamaba al Estado de entonces. Como ya hemos recordado en anteriores comentarios, después Cataluña obtuvo grandes ventajas de la nueva situación pues se le abrió todo el mercado peninsular, primero, y luego el de América. Pero la historia se escribe como cada uno quiere; y se conmemoran los acontecimientos según la singular apreciación de quien tiene el poder. Hoy, el 11 de Septiembre se conmemora, desde 1976, la caída de Barcelona, la derrota en suma, y el nacimiento de la “nación catalana”.

Recuerdo muy bien la primera “Diada Nacional de Catalunya”, la de 1976, que se celebró en Sant Boi, donde se encuentran los restos mortales de Rafael de Casanovas, Conseller en Cap –el equivalente a President de la Generalitat- de la ciudad que fue herido en las batallas finales pero que terminó sus días ejerciendo la profesión de abogado reconocido por todos, en 1743 o sea al cabo de veintinueve años. Formé parte de la comisión negociadora para discutir con el Gobernador Civil los términos de la autorización. Desde entonces han pasado, nada menos, que 39 Diadas. Este año conmemoramos la 40. Desde aquel 11 de Septiembre, festivo y generoso, a los últimos, independentistas y separadores, va todo un recorrido de abandonos, políticas a corto plazo, falta de entendimiento, incomprensión de los “hechos nacionales” por parte de los gobiernos centrales, utilización de la lengua como hecho separador, etcétera. Todo lo cual ha convertido a Cataluña en algo que sería casi irreconocible si la miramos con los ojos de entonces.

Ahora, o nos sumergimos en la nostalgia o intentamos llegar a algún punto de encuentro, unos y otros. Eso no será posible mientras el presidente del gobierno sea Rajoy. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado a lo largo de sus años de gobierno que carece de una sola idea política. Su única idea política es la anti idea: la resistencia; el haber llegado a un sitio y mantenerse en el a toda costa. Todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, coincidamos o no con ellos, tienen unas determinadas ideas políticas y, en el tema concreto catalán, saben más o menos lo que quieren. El único partido que carece de una idea con respecto a Cataluña es el Partido Popular. Y cuando desde sus filas alguien ha intentado ofrecer unas cuantas líneas de actuación, fue barrido. El último que lo intentó fue Piqué; después vino ya el desierto de ideas en el que está sumido el PP que lo único que ha sabido hacer, al menos en Cataluña, ha sido montar un sistema de espionaje, primero con Sánchez Camacho y luego a través de la oficina antifraude en conexión con el ministerio del Interior para hundir la sanidad catalana. Todo ello muy ejemplar.

Heredé de mi madre una novela histórica que se publicó en 1926 y cuya lectura recomiendo porque el rigor histórico es notable. Nada que ver con Galdós, pero yo no la pude dejar y leí los catorce volúmenes de corrido. Alguno de los personajes está bien caracterizado. Bien escrita, en un estilo florido, al que te acostumbras rápidamente. La serie se llama “Las guerras fratricidas” y el autor es Alfonso Danvila. Ahí puede comprobarse que el llamado “problema catalán” no es de ahora. Y ahora, lo que fue útil en 1978 ahora ya no lo es. En el País Vasco, con el sistema del cupo, prácticamente consiguieron la independencia. En Cataluña, de momento, no se ha sabido negociar un sistema de financiación satisfactorio. De nada sirve soliviantarse, enrojecerse de ira o contestar insultando, como hace algún lector, cuando se formulan afirmaciones como ésta. Guste o disguste, en Cataluña existe un sentimiento generalizado de injusticia que atraviesa transversalmente todos los partidos, incluido el PP. Es demasiada ciudad Barcelona como para considerarla una ciudad de provincias. Y mientras no se enfrenten los problemas con decisión e ideas claras, el encontronazo será mayor. Como decía el lúcido editor, amigo y prematuramente fallecido Jaume Vallcorba todos los actores de este drama parecen caminar “endavant, endavant, sense ideas i sense plan.”