Entradas

Asistimos al evento “Diagnosis y Propuestas sobre Transparencia y Corrupción en España” en el 25º aniversario de Transparency International

Representantes de destacadas instituciones públicas y empresas privadas reflexionan sobre los logros alcanzados y los obstáculos que quedan por sortear en la lucha anticorrupción.

Con motivo del 25º aniversario de Transparency International, Transparencia Internacional España celebró una jornada para hacer un diagnóstico integral sobre la situación en España en relación con la transparencia, la integridad, la prevención y lucha contra la corrupción.

El evento, que tuvo lugar el pasado martes 11 de septiembre en el salón de actos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contó con importantes representantes de instituciones públicas y privadas, quienes aportaron su experiencia y opinión para proponer avances en este terreno. Entre los representantes de las instituciones públicas intervinieron: Alejandro Luzón, Fiscal Jefe Anticorrupción, Mar Cabrejas, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. También participaron representantes de importantes compañías como Rosa García, Presidenta de Siemens España, y destacados académicos como Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Los ponentes también analizaron la situación de la corrupción a nivel mundial.

Finalmente, Antonio Garrigues, miembro fundador de Transparencia Internacional España, hizo entrega del galardón de Miembro de Honor de la institución a Peter Eigen, fundador de un movimiento que en 25 años ha logrado que la transparencia sea un tema prioritario en las agendas públicas de los países democráticos, tal y como destacó Delia Ferreira, Presidenta mundial de Transparencia Internacional.

Puedes acceder a toda la información del programa, a través de este documento.

El resumen y las conclusiones de la jornada podrás encontrarlas aquí.

Hoy concentración en el Congreso: por la ley de protección de los denunciantes de la corrupción

Uno de los primeros objetivos de la Fundación Hay Derecho desde sus comienzos ha sido reclamar una ley de protección de los denunciantes de la corrupción.

Desde un primer momento tuvimos contacto con algunos de ellos -en primer lugar Ana Garrido; después otras personas como Gracia Ballesteros, Azahara Peralta y Francisco Valiente, denunciantes de Aquamed y otros muchos cuyas vidas profesionales y personales se vieron gravemente afectadas después de denunciar casos de corrupción. Hemos contado sus historias en el blog y les hemos dado el I y el II premio Hay Derecho.

También hemos desarrollado un proyecto que pueden encontrar aquí  y que hemos llamado “Protegiendo a los valientes”, con la ayuda económica de la Open Society Foundation (aquí) para comparar las normas de los países que tienen ya leyes de protección de denunciantes con el proyecto de ley español.

Hemos revisado también las recomendaciones internacionales. La finalidad era poder hacer recomendaciones para que, si tardamos tanto en proteger a nuestros denunciantes, por lo menos lo hagamos lo mejor posible. Pero lo que todavía no hemos conseguido es, lamentablemente, que nuestro Parlamento apruebe una ley para protegerlos.

Porque lo cierto es que el Proyecto de ley presentado en su día (otoño del 2016) por el grupo parlamentario de Ciudadanos lleva casi dos años de tramitación parlamentaria. Cientos de enmiendas y de reuniones pero no hay ley. Y los denunciantes siguen con su calvario particular, aunque a veces reciben buenas noticias en forma de resoluciones judiciales que les van dando la razón. Eso sí, las tienen que pagar de su bolsillo, a diferencia de las entidades públicas cuyas prácticas y a cuyos responsables se denunció, que se defienden con el dinero de todos.

Los distintos grupos parlamentarios nos han dado muy buenas palabras, pero hasta ahora no hay una ley. El partido en el Gobierno arrastraba los pies, aunque en público se sumaba al consenso para proteger a los denunciantes. En la práctica, en el día al día de los denunciantes, nada ha cambiado.

Por eso hoy, una vez más, desde Hay Derecho -en el blog y en la puerta del Congreso-, reclamamos una ley de protección de los denunciantes de corrupción. Porque la sociedad española no debe ni puede esperar más. Protegiendo a los valientes nos protegemos a nosotros mismos.

Urdangarín en prisión: el Estado de Derecho funciona

La trepidante actualidad de los últimos días ha dejado muy en segundo lugar la noticia de que el cuñado del Rey (hay que repetirlo, porque esto no se ha visto todavía en ninguna monarquía parlamentaria o de las otras) ha ingresado en una prisión de Ávila después de haber confirmado el Tribunal Supremo que había cometido una serie de delitos (malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal y tráfico de influencias) confirmando en lo esencial la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 17 de febrero de 2017, con la  única salvedad de absolverle del delito de falsedad en documento público que la Audiencia entendía también había quedado acreditado, único punto en lo que discrepa el Tribunal Supremo.

Muchas cosas han pasado en España en estos últimos años que han permitido que finalmente se haya aplicado la Ley también al cuñado del Rey, demostrando que al final (aunque cueste más en unos casos que en otros) todos somos iguales ante la Ley. Allá por 2011 escribí esta tribuna en El Mundo sobre los negocios del yerno del Rey que me costó alguna llamada de atención por mi falta de prudencia.  Porque estas cosas, que más o menos se sabían, no se podían entonces decir en público y menos por alguien que firmaba como Abogada del Estado. Afortunadamente, la instrucción del Juez Castro, un juez de base sin otras aspiraciones que aplicar la Ley y la seriedad y la profesionalidad de la Audiencia Provincial de Palma junto con el dato muy relevante de que ni Urdangarín ni la infanta Cristina estuviesen aforados permitió que finalmente se juzgara toda una forma de hacer negocios en España a la sombra del Poder (y de la casa real) y a costa de los contribuyentes.

Claro que esto no hubiera sido posible si las Administraciones autonómicas -gobernadas por el Partido Popular- hubieran funcionado adecuadamente y hubieran respetado los procedimientos administrativos vigentes. Esto no ocurrió y finalmente Urdangarín va a pagar las consecuencias de un trato de favor ilegal que se debía no a sus capacidades como gestor si no, simplemente, a su matrimonio con la hija del Rey.  Pero conviene no olvidar el papanatismo de algunos políticos regionales que estaban deseosos de hacerse fotos con la familia real a costa del erario público.

Cierto es que ha habido muchas sombras en este proceso, de forma muy destacada la actuación del fiscal Horrach, que actuaba más como abogado defensor de la Infanta que como acusador. Esta actuación muy probablemente derivada de las conversaciones de “alto nivel” mantenidas en la Zarzuela -entre el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el rey emérito- con la finalidad de salvar a la Infanta a cambio de no poner trabas a la condena de su marido, todo ello según esta versión del periódico El Mundo.

Pero siendo eso cierto (una conversación de ese tipo no procede, no hay cuestiones de Estado por encima del Estado de Derecho) no lo es menos que al final hay una condena y un ingreso en prisión que muchos no esperaban. Y es que, como decimos siempre en este blog, el Estado de Derecho y la igualdad ante la Ley se ponen a prueba cuando se enfrentan a los poderosos y no a los ciudadanos de a pie. Entre los poderosos no solo están los miembros de la familia real, sino también los políticos en activo o los ex políticos tutelados por sus compañeros en activo y, por supuesto, los miembros de la élite social y económica. No en vano la “doctrina Botín” que limitaba la acusación popular en algunos delitos se llama así por algo.

Pues bien, hay que reconocer en España últimamente hay muchas buenas noticias para la independencia judicial y para el Estado de Derecho. Hemos tenido la sentencia Gürtel con el PP todavía en el Gobierno. Probablemente tengamos la de los ERE con el PSOE también en el Gobierno. Vamos un poco más retrasados en Cataluña con la corrupción del pujolismo y todavía nos faltan algunos miembros conspicuos de la élite económica que solo muy recientemente han empezado a desfilar por los juzgados, como Villar Mir y su yerno. Pero no cabe duda de que la Justicia española ha demostrado en estos últimos meses que como su imagen proclama, puede ser ciega frente a los privilegios del Poder. Y les aseguro que no es nada fácil.  Y tampoco es de chiripa, como ha dicho nuestra admirada Elisa Beni en las redes sociales.

Se lo debemos en primer lugar a los jueces y fiscales que cumplieron con su deber, pero también a todos los españoles que confiaron en nuestras instituciones y en su capacidad de funcionar adecuadamente cuando se ponen a prueba. Y menuda prueba.

Lo que no quita que, como hemos dicho muchas veces, nuestras instituciones sean muy mejorables. El Poder Judicial tiene muchas carencias que en este blog hemos comentado muchas veces. Conocemos muy bien lo que dicen los informes GRECO y  suscribimos enteramente sus conclusiones. Las críticas que hacemos intentamos que sean constructivas, precisamente  porque pensamos que podemos aspirar a tener mejores instituciones y que, sobre todo, tenemos los mimbres necesarios para alcanzarlas si nos esforzamos. Los mimbres son, sobre todo, los profesionales serios que trabajan en ellas.

En definitiva, nuestras instituciones -como demuestran el ingreso de Urdangarín en prisión, la sentencia del caso Gürtel y tantas otras decisiones adoptadas en procedimientos muy complejos y bajo muchas presiones- tienen la capacidad de estar a la altura de lo que sus conciudadanos esperan de ellas. Por eso hay motivos para ser optimistas. La regeneración y la reforma institucional vendrán desde dentro de las propias instituciones porque en ellas hay muchos hombres y mujeres que creen que merecen la pena y porque tienen el apoyo de la sociedad. Muchas gracias a todos ellos.

Tormenta política: las consecuencias de la sentencia del caso Gürtel

La sentencia del caso Gürtel ha generado una tormenta política que abre un grave periodo de incertidumbre en la vida política española. La sentencia, contundente y detallada, establece con claridad las responsabilidades penales de una serie de  dirigentes del Partido Popular que alcanzan a la época en que el actual Presidente del Gobierno era el máximo responsable del partido. No solo eso, la sentencia considera que su testimonio (prestó declaración como testigo) no es creíble a la vista de los hechos probados.

Lo cierto es que en cualquier democracia el relato y las condenas contenidas en esta sentencia harían tambalearse a cualquier gobierno en la medida en que dañan la credibilidad y legitimidad del partido que lo sostiene y de forma muy destaca de su Presidente. Efectivamente, no se trata de “casos aislados” ni de unas cuantas  “manzanas podridas” sino de una trama de corrupción instalada en el corazón del  PP y con ramificaciones en las instituciones. En definitiva, se trata de una forma de hacer las cosas que ya no se considera tolerable en España en este momento lo cual, pese a todo, dice mucho del progreso democrático que hemos experimentado en estos años como sociedad.

Quizás eso explica el que pese a que los hechos apuntaban en esta dirección la ciudadanía en general y los partidos políticos de la oposición en particular hayan reaccionado con contundencia frente a una sentencia que describe de forma inequívoca una trama de corrupción institucional. Efectivamente , más allá de los concretos delitos por los que se haya condenado (el delito de corrupción como tal no existe en nuestro Código Penal y siempre es más fácil encontrar pruebas de delitos de fraude fiscal y de blanqueo que de cohecho por ejemplo) y de tecnicismos jurídicos más o menos complejos (como la participación a título lucrativo de Ana Mato o del propio PP, lo que quiere decir que sin ser responsables criminales han obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito derivado del delito cometido por otro) la sentencia es jurídica y políticamente demoledora.

El problema, además, es que el gobierno, además, se encuentra en minoría sostenido por un pacto de legislatura con Ciudadanos, su máximo rival y aspirante a sustituirle y que ya ha anunciado que le retira su apoyo. Las consecuencias por tanto son de enorme gravedad, máxime si se tiene en cuenta la situación en Cataluña y la actual composición del Parlamento, que dificulta la articulación de una alternativa viable de gobierno salvo quizás para una convocatoria inmediata de elecciones. Esto no altera el hecho de que será difícil aunar las distintas estrategias a corto plazo de partidos que son competidores electorales entre sí y que el esfuerzo que se va a exigir a la sociedad española y de sus representantes políticos para superar esta etapa va a ser muy importante.

Desde Hay Derecho una vez más queremos insistir en que la legitimidad y la estabilidad de cualquier gobierno democrático pasa, además de por los votos, por el respeto al Estado de Derecho. En ese sentido, pensamos que la sociedad española empieza a entender tanto en el caso del independentismo catalán como en el de la corrupción institucional que la democracia no es posible si los que tienen el poder no respetan las reglas del juego.

Los papeles del Canal de Isabel II o el dilema de Cifuentes

Hay que reconocer que el dilema de Cifuentes no es fácil de resolver. Indudablemente resulta una labor hercúlea luchar contra la corrupción desde un gobierno en minoría perteneciente al mismo partido que lleva gobernando en la Comunidad de Madrid muchos lustros y que está salpicado por innumerables casos de corrupción la mayoría todavía en fase de instrucción. Si además tienen una Comisión anticorrupción en la Asamblea regional presidida por una diputada del partido que sostiene su gobierno y que es su principal rival político ante la que van desfilando un montón de correligionarios y –suponemos- algunos amigos es fácil comprender que su situación es complicadísima. Parece imposible contentar a unos y a otros a la vez, y entre tantos equilibrios es fácil perder pie. Se trata de apoyar (de boquilla al menos) la regeneración y las investigaciones aunque afecten a lo que ha sido el núcleo del poder y de la corrupción del PP en Madrid; pero también hay que defender al partido de su propio pasado y echar un cable a los compañeros.

En ese sentido, las “recolocaciones” de Cifuentes que ya analizamos en este post  de los “caídos” de su partido por diversas imputaciones son muy llamativas; cuando se ven obligados a dimitir (y ya hay unos cuantos) los va cambiando de sitio, a ver si se nos olvida que siguen cobrando todos del erario público. Particularmente llamativo es el caso de Jaime González Taboada (ex número 3 de Cifuentes, cesado como Consejero y ahora senador) que ha sido el factótum del poder territorial municipal del PP en Madrid bajo las vicepresidencias de Granados y González y que parece complicado que se libre de las investigaciones en curso del caso Púnica. También sería interesante saber si los contribuyentes estamos pagando la defensa jurídica de los imputados, como es ya una tradición en España aunque sea vía seguros de responsabilidad.Ya se sabe que la memoria de la ciudadanía es muy corta.

Pero incluso una política tan veterana como Cristina Cifuentes (ha formado parte del grupo parlamentario del PP de la Asamblea regional de Madrid durante casi 30 años, ha sido Vicepresidenta de la Asamblea, responsable de campaña en las elecciones de la época de Ignacio González, etc, etc) no puede hacer milagros a la vista de lo que va saliendo a la luz sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid, que tiene visos de tener poco que envidiar a lo sucedido en la Comunidad de Valencia, especialmente durante la etapa de Ignacio González como Vicepresidente primero y Presidente después. No olvidemos que Madrid manejaba un presupuesto todavía más grande que el de la Comunidad Valenciana. De ahí que uno de los recursos utilizados para fundamentar su negativa a facilitar determinada información sobre las andanzas del Canal de Isabel II en Latinoamérica haya sido acudir a los servicios jurídicos de la Comunidad y en el Juez de instrucción para intentar encontrar el apoyo jurídico pertinente.

Resulta también curioso también que otros papeles –como los que admitían la personación de la Administración madrileña en el caso Lezo- no se traspapelaran a la vez. Todo lo contrario, sí llegaron a la prensa para demostrar el interés de la Comunidad de Madrid en estar personada en la causa. Cifuentes y su equipo, faltaría más, nunca fueron informados de la existencia del auto y comienzan a entregar parte de la documentación solicitada por la Comisión de investigación.Y así se ha desarrollado un nuevo culebrón político-judicial, de los que están tan de moda hoy en día, con sus cambios de jueces incluidos. Efectivamente, en agosto de 2017 el Juez Fernando Andreu, al frente (temporalmente) del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional dicta un auto que pueden consultar aquí20180113 AUTO ANDREU Providencia de la Audiencia Nacional 18 de agosto (1) y en el que literalmente se dice que no tiene nada que decir sobre la aportación de documentación a la Comisión anticorrupción de la Asamblea.  Una faena para la excusa oficial de que si no se proporcionaba dicha información no era por motivos políticos, no, si no exclusivamente por razones técnico-jurídicas. Curiosamente dicho auto se traspapela. Descubierto “a posteriori” que desde agosto obraba un fax del Juzgado de Instrucción en poder de la Comunidad de Madrid se monta un pequeño revuelo. Como suele suceder, la culpa es del becario (en este caso del subdirector de Régimen Jurídico dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia) que sirve de cabeza de turco y es cesado fulminantemente.

A los mal pensados les puede sorprender tanto despiste cuando existe un informe de la Abogacía General de la Comunidad que dictamina precisamente que «en tanto no se decrete la apertura del juicio oral (…) no procede el envío de informaciones que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la misma atribuye la Ley de Enjuiciamiento Criminal” un criterio no coincidente con el del primer auto. No olvidemos que el Abogado General de la Comunidad de Madrid es un cargo de libre designación, por si este dato tuviera algo que ver con el sentido de los dictámenes que emite en cuestiones delicadas para sus jefes políticos.

Entre los documentos objeto de la solicitud están los relativos a la adjudicación de la gestión del campo de golf construido en los terrenos del Canal de Chamberí, las tasaciones solicitadas antes de la adquisición de Inassa (la ya famosa filial del Canal de Isabel II)y la copia de un certificado relativo a la autorización para la compra de Emissao. Algún día alguien debería preguntarse qué hace un ente público cuya finalidad (según su propia web) es “gestionar el ciclo integral del agua” en la Comunidad de Madrid realizando este tipo de operaciones, y probablemente la respuesta sea tan sencilla como permitir el cobro de comisiones y “mordidas” por una serie de políticos, altos cargos y amigos varios cuya intervención (y facturación) en caso de no existir este tipo de compraventas sería bastante más complicado de justificar. En todo caso, es cierto que en los Estatutos del Canal se permitía la expansión internacional en un contexto en que empresas públicas o privadas de otros países de nuestro entorno se comportaban de forma parecido.

Recordemos también que el secreto del sumario se levantó en diciembre. Y para rematar la jugada,  resulta que incorporado el Juez titular (García Castellón) al Juzgado de Instrucción nº 6 el sentido del auto cambia y ya no se pueden entregar estos documentos. Aquí pueden consultarlo: 20180129 Auto 29-1-18 no ha lugar a trasladar documentos del sumario

Por supuesto, este auto no se traspapela y Cifuentes y su equipo se apresuran a exigir una especie de desagravio o reparación por parte de los partidos de la oposición reinvindicando que tenían razón en no entregar los documentos solicitados desde el punto de vista jurídico.  Así lo ha dicho el juez de instrucción. Hasta aquí el culebrón político-judicial.

Pero ¿es eso cierto o más bien es eso correcto? Porque los documentos que se estaban solicitando tienen carácter público (al tratarse de documentos de un ente público de la Comunidad de Madrid) con carácter previo a su incorporación a un procedimiento judicial.  El argumento del segundo auto equivale a decir algo así que como los documentos ahora están en poder del juzgado ya no son documentos administrativos incorporados a un procedimiento judicial, situación bastante habitual lógicamente como sabemos los que nos dedicamos al Derecho Administrativo. Como es lógico, los documentos no cambian de naturaleza por el hecho de formar o no parte de un sumario. documentos no cambian de naturaleza . Así lo entiende también el informe del letrado de la Comisión de Investigación de la Asamblea regional que se puede consultar aquí:  20171009 INFORME_JURIDICO_SENTENCIA_412-16_13_DICIEMBRE. En último término, esto llevaría al absurdo de que su incorporación (por la parte interesada en no proporcionarlos) más o menos fraudulenta a un procedimiento judicial -por ejemplo aportando documentación que no se quiere entregar a la  Fiscalía- impediría su entrega en casos como el que nos ocupa.

Por otro lado, se trata de documentos administrativos que son solicitados por una Comisión de investigación de la Asamblea regional de Madrid cuyas facultades se verían seriamente mermadas si no pudiera tratar o investigar ningún tema que estuviera “sub iudice”, máxime cuando se trata de dilucidar responsabilidades políticas y no jurídico penales, lo que dejaría sin objeto la mayor parte de las Comisiones de investigación que se pueden constituir. Así lo entiende en este artículo el letrado de las Cortes  y del Tribunal Constitucional Fernández Fontecha. que desmonta los argumentos del auto del Juez García Castellón recordando el objeto de las Comisiones de Investigación y el deber de colaborar con las mismas que afecta a todos, y hay que entender que particularmente a las Administraciones Públicas.

Efectivamente, son las propias Comisiones de Investigación las que deberán velar por los derechos de los comparecientes y por el cumplimiento de las normas aplicables en materia de protección del derecho al honor, la intimidad o cualquier otro que pueda verse comprometido. Entre los que no se encuentra -pese a que ese es uno de los fundamentos del Auto de García Castellón- el de presunción de inocencia, dado que la Comisión lógicamente no puede hacer ninguna valoración sobre la comisión de ilícitos penales. Otra cosa, claro está, es la repercusión mediática de sus actuaciones y, por supuesto, el riesgo político de que se conozcan determinadas actuaciones quizás no demasiado comprensibles desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero claro, para esto precisamente se crean las Comisiones de investigación cuya eficacia -no hace falta decirlo- es inversamente proporcional al número de escaños que tiene el Gobierno o el partido al que se investiga.

Cierto es que en España las Comisiones de investigación tradicionalmente no han servido para nada como recordabamos en este post ya un tanto antiguo. Pero quizás el fin del bipartidismo explique la revitalización de estas instituciones esenciales en un sistema de “check and balance”. En este sentido, algo hemos avanzado en esta legislatura tanto en el Parlamento nacional como en algunas Asambleas regionales. Pero para que estas Comisiones funcionen adecuadamente es imprescindible preservar su poder de investigación que incluye el denominado “power to send for persons, papers and records”, es decir, el de recabar la comparecencia de las personas que se estime oportuno para formularles preguntas así como el de solicitar cualquier tipo de documentación y archivos, ya se trate de documentación particular o en poder de las Administraciones Públicas.  Es más, recae sobre las Administraciones Públicas el deber ineludible de colaborar con estas Comisiones.

Por último, podemos traer a colación la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública dado que la Comunidad de Madrid (otro hito regenerador) ha sido incapaz de aprobar todavía su propia Ley de transparencia a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de las CCAA, cuyas leyes suelen además ser bastante más ambiciosas que la ley estatal.  Se trata de determinar si el caso que nos ocupa se encuentra entre los límites que se pueden invocar frente al derecho de acceso a la información pública (lo es la que obra en poder de entes como el Canal de Isabel II) reconocidos en el art. 14 de dicha norma. Pues bien, lo que se menciona como límite para denegar el acceso a información pública se encuentra únicamente el de “e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.” Como cabe fácilmente deducir de lo más arriba expuesto, parece difícil que pueda darse este supuesto.

Esperemos que la vía del recurso ya anunciada por los partidos de la oposición que se encuentran personados en la causa permita revertir una resolución judicial muy preocupante para el Estado de Derecho y el sistema de “check and balance” en España del que tan necesitados andamos.

 

Juicio al clientelismo: reproducción de la Tribuna en EM de Elisa de la Nuez

La tradicional negativa de nuestra clase política a depurar sus responsabilidades por fenómenos de corrupción institucionalizados antes de que se pronuncien los Tribunales de Justicia –avalada en gran medida por el electorado, todo hay que decirlo-  nos va a proporcionar el espectáculo del primer juicio oral en España en el que se juzgará nada menos que a dos ex Presidentes de una Comunidad Autónoma acusados no de haberse enriquecido personalmente con prácticas irregulares, (como sería el caso del el ex Presidente de la Comunidad de Madrid  Ignacio González) sino de haber consentido y tolerado una forma de hacer política que inevitablemente lleva consigo el fraude y la corrupción. Nos referimos al caso ERE y al fenómeno del clientelismo político.

Lo primero que hay que señalar es que es todo un logro el que se haya conseguido abrir juicio oral contra personas tan relevantes. Efectivamente, las vicisitudes de la instrucción del caso ERE iniciada por la Jueza Mercedes Alaya en 2011 son perfectamente ilustrativas de la resistencia numantina de los partidos políticos implicados -y de las Administraciones por ellos controladas- cuando se pretenden depurar las responsabilidades penales de personajes políticos de primera fila. Y dado que el mantra es que no hay responsabilidad política sin responsabilidad penal lo suyo es intentar evitar como sea que se investiguen los posibles delitos cometidos. En el caso ERE resulta que la supuesta responsabilidad penal afecta a la ex cúpula del gobierno andaluz: nada menos que 20 ex altos cargos (entre ellos la ex Ministra Magdalena Alvarez) y a dos personas que lo han sido todo en la política andaluza, como Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, que es además el padrino político de la actual Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La propia Jueza Alaya ha explicado perfectamente en alguna conferencia organizada por la Plataforma por la Independencia para el Poder Judicial cuales son los mecanismos que utiliza el poder político para obstaculizar y ralentizar una instrucción incómoda y para intentar quitarse de encima al Juez instructor.  Seguramente algo muy parecido podría contar el Juez Ruz en su instrucción del caso Gürtel o el juez de la Mata como instructor del caso Lezo, o tantos y tantos otros jueces de instrucción que  han topado con el poder de los partidos y con la maquinaria de las Administraciones Públicas al tratar de investigar la corrupción política. Desde ocultar información relevante para el caso o remitirla incompleta o con mucho retraso hasta racanear los medios humanos y materiales para llevar a cabo instrucciones complejísimas todo vale. Mención aparte merecen las escaramuzas utilizando a la Fiscalía General del Estado (cuya subordinación política al Gobierno de turno la convierte en un instrumento especialmente potente) o incluso a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado si se tercia. Para completar el cuadro, las filtraciones de las diligencias que lleva a cabo el Juez instructor son una práctica habitual que permite a los medios –públicos o privados- llevar a cabo sus particulares juicios paralelos, en un sentido u otro.

En definitiva, la dañina colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos tradicionales convierte a la Administración en una poderosa maquinaria que se pone en marcha no para defender los intereses generales de los ciudadanos, como sería su obligación, sino para defender a los altos cargos imputados del partido, labor que deberían llevar a cabo sus abogados. Episodios tan chuscos como el de las acusaciones particulares que ejercen algunas Administraciones supuestamente perjudicadas por los presuntos delitos cometidos que, en la práctica, se comportan como celosísimos abogados defensores de los políticos investigados con cargo al dinero público ponen de manifiesto este problema.

Claro está que peor es cuando las Administraciones ni siquiera se molestan en disimular y renuncian directamente a la defensa de los intereses de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha renunciado a ejercer de acusación particular y a exigir la responsabilidad civil (es decir, la compensación económica) que lleva aparejada la comisión de los delitos en el caso ERE. El problema es que si la Junta no lo hace, nadie más lo puede hacer dado que es ella es “la ofendida” por los delitos supuestamente cometidos. Cierto es que la Administración alega que se reserva la posibilidad de pedir esa compensación más adelante, cuando termine el proceso penal, pero se admiten apuestas sobre si un Gobierno del mismo color político lo hará. O incluso de otro color político, habida cuenta de que estamos hablando de mucho dinero y al final hoy por ti y mañana por mí. En fin, como suele suceder el que previsiblemente pagará la factura volverá a ser el sufrido contribuyente, aunque siempre podrá consolarse pensando en las posibles penas de prisión para los responsables. O no.

Pero más allá de las vicisitudes procesales y de las sentencias que finalmente se dicten la gran pregunta que podemos hacernos es si este juicio al clientelismo y a la corrupción va a tener consecuencias políticas. Y no nos referimos a las consecuencias políticas hacia el pasado –al fin y al cabo los políticos encausados en el caso ERE ya estaban bastante amortizados- sino, sobre todo, hacia el futuro. O para ser más exactos, si va a ser servir para cambiar la forma de hacer política en España en general y en Andalucía en particular acabando con prácticas institucionalizadas como las que se han destapado en el caso de los ERE que se fundamentan en la falta total de controles de manera que altos cargos de la Junta de Andalucía pudieron disponer sin cortapisas de una enorme cantidad de dinero público que entregaron a quienes les pareció más oportuno. En este sentido, conviene recordar que también está acusado el ex Interventor General de la Junta de Andalucía dado que, aunque alertó en diversos informes de la existencia de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas públicas, no hizo nada más al respecto y siguió en su puesto. Quizás tenga algo que ver con el hecho de que se trataba de un alto cargo nombrado discrecionalmente por el Gobierno al que tenía que controlar, situación en la que por cierto se encuentran ahora mismo todos los Interventores Generales  de las distintas CCAA, así como el Interventor General del Estado o los de los Ayuntamientos de mayor población.

Porque claro está, es importante reprimir conductas como las que se ponen de manifiesto en el caso ERE, pero mucho más importante es prevenirlas. En este sentido, existe una abundante literatura especializada que explica que los controles preventivos –administrativos, básicamente- en manos de funcionarios neutrales y profesionales  que cuentan con las necesarias garantías para desempeñar su tarea de controlar al poder político sin arriesgar su carrera profesional y su tranquilidad personal son los más eficaces para luchar contra la corrupción. Pero pese a las enfáticas declaraciones de nuestros representantes políticos con responsabilidades de gobierno lo cierto es que el día a día sigue desmintiendo que hayan aprendido gran cosa de los errores pasados. Por poner un ejemplo reciente, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una enmienda tendente a dejar sin efectos la propuesta incluida en la denominada “ley ómnibus anticorrupción” presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos para dotar de mayor independencia a los funcionarios nacionales de habilitación local (tesoreros, interventores y secretarios municipales) que son los principales responsables del control de la legalidad en la actuación de los Ayuntamientos. Lo que pretende la norma es algo tan sencillo como que el controlador deje de depender del controlado aunque se ve que para el PSOE la lección andaluza no ha sido suficiente, dado que considera que no hay ningún problema en que un interventor dependa del político al que tiene que controlar. Otro tanto puede decirse de las enmiendas presentadas por el PP a otros artículos de este mismo proyecto de Ley que intentan laminar la independencia del organismo (denominado Autoridad de Integridad) que debe de velar por los denunciantes de la corrupción. Y podríamos poner otros muchos ejemplos en que se incurre en una manifiesta contradicción entre lo que se proclama (hay que luchar contra la corrupción) y lo que luego se hace (dejemos las cosas como están).

Conviene insistir: existe una relación directa entre menor corrupción y la existencia de una función pública neutral y profesional que es capaz de garantizar la aplicación de los controles preventivos de carácter técnico que están previstos en nuestras leyes. No basta con advertir de que algo es ilegal y que todo siga igual durante una década. Hay una relación directa entre menor corrupción y buen gobierno, y el buen gobierno no es posible sin contrapesos efectivos al poder político que, inevitablemente, tiende a ocupar todos los espacios. Para devolver al baúl de la Historia los extremos de clientelismo y corrupción que revelan los ERE de Andalucía es preciso que entendamos que necesitamos políticos sujetos a controles  profesionales en manos de funcionarios neutrales. Ya decía Tocqueville que los que tienen el privilegio de dictar las leyes no pueden pretender tener también el privilegio de desobedecerlas.

Esperemos que cuando dentro de unos años recordemos esta época de cambios podamos decir en el año 2018 desterró el clientelismo y la corrupción por considerarlos impropios de una sociedad democrática moderna y avanzada.

¿De verdad quieren el PSOE y Podemos profesionalizar y despolitizar la Administración Local? Analizamos las enmiendas a la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes

 

Como es sabido actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Pues bien el grupo parlamentario de Ciudadanos, que es el que realizó la proposición de ley en el Congreso de los Diputados (origen de la ley que ahora se está tramitando) incluyó una serie de propuestas referidas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional tendentes a  aumentar las garantías de que el trabajo que realizan estos funcionarios en las distintas Entidades Locales españolas; lo realizan de acuerdo con la legalidad vigente y sin condicionamientos políticos de ningún tipo.

En el momento actual, y de acuerdo con la normativa actual, estos funcionarios soportan numerosas persecuciones, mobbing laboral, presiones de todo tipo e índole, por parte de Alcaldes, Concejales y diversos comisarios políticos que existen a miles en los Ayuntamientos españoles. Los comisarios políticos a los que nos referimos son los cientos de miles de funcionarios locales y personal laboral, que de forma constante, entran a trabajar en los Ayuntamientos, en función de su carnet político, o en el mejor de los casos con una oposición regalada (que consiste en diga usted el tema que quiera). Y sufren diariamente estas persecuciones pues son los encargados de velar por la legalidad de la actuación de los Ayuntamientos, en su vertiente económica, financiera, presupuestaria, recaudatoria; además de importantes funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

Estamos hablando de los Interventores, Secretarios y Tesoreros de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

La proposición de ley del grupo parlamentario de Ciudadanos, estable una serie de medidas para garantizar el correcto desempeño del trabajo de estos funcionarios que son funcionarios que selecciona el Ministerio de Hacienda y que sin embargo están destinados en los Ayuntamientos españoles. Estas medidas consisten básicamente, en las siguientes:

1º- Suprimir los puestos de libre designación de estos funcionarios, puestos de libre designación que han aumentado en los últimos años exponencialmente, pues tanto al Partido Popular como al Partido Socialista les ha interesado tener mediatizados y coartados a estos funcionarios, que para ellos son tan molestos, en la inmensa mayoría de los casos.

La libre designación es un sistema por el cual, cuando los informes de estos funcionarios no gustan al Alcalde de turno al advertirle de ciertas ilegalidades el alcalde decide unilateralmente cesarlos. ¿Para qué? Pues muy sencillo para así poder continuar cometiendo ilegalidades y actuando para su interés particular, nunca en el interés de los vecinos. En los últimos años, todos los españoles hemos asistido al espectáculo, casi diario de la corrupción de los distintos partidos políticos, pero sobre todo del PP y del PSOE..

La libre designación se convierte en esta manera, en una forma descarada, de cargarse los principios constitucionales de mérito y capacidad, que deben aplicarse no sólo cuando se accede a la Función Pública, sino durante el desarrollo de la carrera profesional de estos servidores públicos.

Recordar también por otro lado, que la mayor parte de los casos de corrupción que ha habido en España, en los últimos años, han surgido en la Administración Autonómica y Local.

2º- Intentar evitar, que estos funcionarios que en realidad controlan a los políticos, puedan ser a su vez sancionados por aquellos políticos a los que controlan.

Aquí el grupo parlamentario de Ciudadanos se ha quedado corto en su propuestas para evitar que se perpetué la corrupción, y así en vez de proponer, que dado que estos funcionarios que  pertenecen a la Administración del Estado, puedan ser sólo sancionados por la Administración a la que pertenecen y no por las CCAA o por los Ayuntamientos como sucede ahora en función de la gravedad de las infracciones.

Pues bien, vamos a analizar aquí, brevemente, es como y sobre todo por qué, los Grupos parlamentarios del Partido Socialista, Podemos y el partido nacionalista vasco, han propuesto en sus enmiendas, que se suprima los artículos que van a contribuir a mejorar, la independencia de estos funcionarios.

En primer lugar es de destacar que las declaraciones públicas de nuestros representantes políticos se compagina mal con el contenido de estas enmiendas.

Así se puede observar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que se puede consultar en la web del Congreso de los Diputados, como el partido socialista, propone que se suprima el correspondiente artículo referido a los funcionarios con habilitación de carácter nacional (Interventores, Secretarios y Tesoreros de Ayuntamientos).

La ENMIENDA Nº 291, realizada por el P.S.O.E, reza así: “

ENMIENDA NÚM. 291

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición final novena

De supresión.

Se propone la supresión de los apartados Uno, Dos, Tres y Cinco de la disposición final novena.

MOTIVACIÓN

En relación con el apartado Uno, la libre designación es uno de los procedimientos de provisión de puestos de trabajos que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). En consecuencia, cumple con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y no parece justificado que se prive a las administraciones locales de la posibilidad de acudir a este procedimiento de provisión.

En cuanto a los apartados Dos y Tres, no parece justificado -además de los problemas competenciales que pudiese plantear esta modificación normativa- sustraer a las entidades locales la competencia para incoar expedientes sancionadores que cometiesen sus funcionarios con habilitación de carácter nacional para traspasárselas a las Comunidades Autónomas o al Estado, según los casos.

Finalmente, en relación con el apartado Cinco, es necesario señalar que la modificación de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se propone es poco respetuosa con la garantía institucional de la autonomía local que contemplan los artículos 137 y 140 de la Constitución, al no reconocer un mínimo margen de decisión de las entidades locales para fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de todos los funcionarios a su servicio.

Pues bien analicemos los argumentos falaces y endebles de la propuesta del Partido Socialista.

1º- Se dice que la libre designación, es uno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, establecidos en el Estatuto básico del empleado público. Pues bien eso es cierto, pero se oculta parte de la verdad, con lo cual una verdad a medias, se convierte en una mentira.

El estatuto básico del empleado Público, en su artículo 79 instituye el sistema de concurso de méritos como el sistema normal de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios, precisamente porque es el más compatible con los principios de mérito y capacidad, pues valora los méritos, capacidades y aptitudes por órganos colegiados de carácter técnico( es decir por funcionarios especialistas y no por políticos). Luego si el concurso de méritos es el sistema normal, entonces la libre designación es la excepción.

Mientras, la libre designación supone la apreciación de carácter discrecional, por el órgano competente ( órgano político, no técnico), de la idoneidad del candidato. Artículo 80 del Estatuto Básico del empleado público.

Pues bien esto en la práctica supone que se elegirán, para el puesto a los funcionarios que han demostrado ser más dóciles con los políticos, a los que van a controlar, y no a los que más conocimientos( méritos) tengan y/o mayores capacidades. Esto se puede comprobar en los casos de muchos Interventores, que han sido cesados en sus puestos de libre designación, precisamente por hacer su trabajo de control de la legalidad.

Este sistema es especialmente peligroso en el caso de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los Ayuntamientos, pues estos a pesar de que son funcionarios del Estado, y tienen como misión el control de la legalidad en sus diversas formas de los Ayuntamientos, son retribuidos por aquellos mismos, a los que controlan.

Luego como conclusión, se puede argumentar, que está plenamente justificado, que se supriman las libres designaciones en los puestos de funcionarios correspondientes a  Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local. Y ello porque la figura de la libre designación, se ha aprovechado, de forma reiterada, no sólo por el Psoe , sino por otros partidos, para cesar a aquellos funcionarios que únicamente hacían su trabajo de control de la legalidad, cosa que por lo que ya se va viendo hace decenas de años, es incompatible con los partidos políticos en España.

Por eso hay un nivel de corrupción y de incumplimiento sistemático y contumaz de todo tipo de leyes por los partidos políticos y esto solamente perjudica a la gran mayoría de ciudadanos y sólo beneficia a los bolsillos de los políticos.

2º- Se dice además, en la propuesta socialista, como se puede leer, en el segundo de sus párrafos, que no parece justificado sustraer a las Entidades Locales, de la posibilidad de sancionar a sus funcionarios habilitados nacionales.

Es de destacar, la expresión sus funcionarios habilitados nacionales. Los funcionarios con habilitación nacional no son funcionarios de las Entidades locales, sino que son funcionarios del Estado, pues los selecciona el Ministerio de Hacienda y Función Pública ,aunque luego desempeñan sus puestos de trabajo en las Entidades Locales. Luego es incompatible el ser a la vez funcionario del Estado y serlo de un Ayuntamiento.

A continuación, podemos analizar, la todavía más sorprendente si cabe, propuesta de ese partido llamado PODEMOS, que supuestamente había entrado en el escenario político español para intentar regenerar la democracia y la vida pública española.

Bien pasamos a continuación a reproducir la propuesta de PODEMOS:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

A la disposición final novena

De supresión.

Se suprime la disposición final novena.

JUSTIFICACIÓN

La garantía de independencia de los puestos técnicos en la administración pública se vería mermada. Además, conviene abordar una reforma integral en pieza aparte de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aquí ya más que un razonamiento o justificación lo que se señala produce es un contrasentido puesto que se dice que la garantía de independencia de los puestos técnicos se vería mermada.

En primer lugar decir que cuando este Grupo parlamentario se refiere a los “puestos técnicos”, hay que entender que se refiere a los puestos de los habilitados de carácter nacional, que es de lo que va la disposición adicional novena.

En segundo lugar, decir que se compromete la garantía de independencia, cuando la reforma pretende aumentar la independencia de estos importantísimos funcionarios, alejándolos y inmunizándolos, aunque de manera muy “ light”, de los órganos políticos, a los que tienen por ley que controlar.

En último lugar, ya para terminar, podemos intentar analizar la propuesta del PNV.

Pasamos a reproducir la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, tal y cómo viene en el Boletín Oficial de las Cortes.

ENMIENDA NÚM. 216

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A la disposición final novena

De supresión.

Debe suprimirse la disposición final novena de la Proposición.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

Bien pues aquí no se pueden hacer muchos comentarios ni análisis, pues el razonamiento no existe.

Todavía están a tiempo los partidos políticos de rectificar sus enmiendas y de aportar nuevas medidas, en el trámite parlamentario en el Senado.

Veremos quién se vuelve a retratar o quizás alguno rectifique.

 

 

Termitas en el Estado: los corruptos

Andrés Betancor ha impulsado la publicación de un libro imprescindible cuyo título -muy expresivo- es “Corrupción, corrosión del Estado de Derecho” (Civitas / Thomson Reuters, 2017).

Por si hay algún lector de Hay Derecho que no lo sepa aclararé que Betancor es catedrático de Derecho Administrativo muy apreciado en el gremio por su obra y también ¿por qué no decirlo? por sus condiciones personales. Pero tiene además otra cualidad que para mí resulta esencial en un profesor universitario: tiene pluma periodística lo que le permite estar presente en los medios de comunicación explicando asuntos complejos con palabras sencillas, al alcance de un lector medio. Séame permitido, a este respecto, citar mis propias palabras pronunciadas con ocasión de mi despedida en la hora de mi jubilación: “El profesor no debe estar agazapado y callado en su rincón, enchufado a su ordenador. Tiempo tendrá en la eternidad de vivir en un nicho. El campus no debe ser un campus santo”. Desde luego si todos los colegas fueran como Betancor el campus en los distritos universitarios españoles no sería el silencioso campus santo en el que se han convertido.

Actitud esta agazapada y lamentable en cualquier momento histórico pero especialmente censurable cuando estamos viviendo convulsiones que ya están siendo calificadas como revolucionarias. En tales circunstancias, los juristas han de desarrollar una actitud crítica y fundada aventurándose a tratar los grandes asuntos con ojos curiosos y esa actitud innovadora que es propia de quien dispone de las tijeras para cortar las cintas que inauguran anchas avenidas. “Poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable de ampliar sus fronteras” dejó escrito Ortega en su libro sobre la deshumanización del arte.

Es precisamente en una época de cambios sustanciales cuando ha de verse al jurista haciendo guardia en su garita: para ordenarlos y explicarlos, para alojarlos en casilleros comprensibles y razonables y para evitar el peligro de que revolucionarios “a la violeta” nos vendan como novedades jirones descoloridos del pasado.

Porque a los cambios, como a las revoluciones, hay que cogerles el pulso desbocado y restaurarlo en su sano ritmo administrándoles el fármaco del razonamiento jurídico que serena, enfría y templa.

Esa es la función de quienes tenemos como hogar una Facultad de Derecho. Por eso es tan admirable el libro que Betancor, al mando de un grupo selecto de juristas, acaba de publicar abordando no cualquier tema sino nada menos que el de la corrupción, esa enfermedad que lleva -como indica el título- a la “corrosión”, es decir, según el Diccionario, a la “destrucción paulatina” de un cuerpo, en este caso, el cuerpo social representado por el Estado.

Se ha dicho una y mil veces que la corrupción acompaña a cualquier sistema político porque es consustancial a la naturaleza humana. El gran escritor y autor teatral suizo, Friedrich Dürrenmatt, que se ocupó muchas veces en sus obras sobre asuntos relacionados con el Derecho y la Justicia, aseguraba que se pueden cambiar todas las leyes imaginables pero nada sustancial cambiará porque la naturaleza humana no cambia. Esta es justamente la actitud que el jurista no puede aceptar si no quiere convertir su oficio en el ejemplo supremo de la inutilidad.

No. Los juristas debemos, cierto que sin poner una fe ciega en ello ni esperar grandes milagros, intentar cambiar algunas cosas con el arma de las leyes aplicadas por las Administraciones y vigiladas por los jueces. Betancor pone el ejemplo, invocando al historiador Fukuyama, de lo ocurrido en los Estados Unidos, un país ensencialmente corrupto hasta los años ochenta del siglo XIX, momento en el que empiezan a ponerse en pie mecanismos institucionales destinados a evitar las trapacerías de diputados, senadores, jueces, funcionarios … A partir de las grandes transformaciones auspiciadas por las comunicaciones, la urbanización, la mejor formación universitaria y la mayor sensibilidad de las clases medias urbanas, se vio con claridad que el Estado no podía ser un magma destinado a satisfacer clientelas de feudos políticos construidos en torno a poderosos personajes agazapados tras los sacos terreros de sus intereses. Y se aprobaron leyes y reglamentos, se instituyeron órganos administrativos, se dotó de poderes y medios a los jueces, todo lo cual contribuyó a poner diques al desenfreno y al descaro. Lo que no fue poco.

Aceptando resignadamente -como es obligado- la imposibilidad de extirpar el mal desde su raíz. Porque, como Betancor insiste, la corrupción ofrece mil caras, mil recovecos por los que colarse y desarrollar su trabajo de termita arrasadora del entero sistema. “La corrupción -escribe- es un fantasma que asusta y mucho pero que al Derecho se le exige que atrape cuando solo cuenta con una red, además, muy gruesa. Es lógico y razonable que se le escape. El sentimiento de frustración incrementa la sensación de complicidad. Y la complicidad, la deslegitimación del Estado … [y con ello el auge de los populismos] … con la pretensión de que el Derecho solucione algo que es un fenómeno que trasciende, que va más allá de lo que puede hacer. Es imprescindble el Derecho pero no es suficiente”.

A cada cual le corresponderá pues luchar con sus armas en esta guerra eterna en la que se ganan y se pierden batallas con la misma diabólica cadencia temporal. Y así, el ciudadano tiene una responsabilidad directa en tales batallas de manera que a aquel que ofrece resistencia a acudir a las oficinas de Agencia Tributaria no se le puede permitir la desfachatez de poner su dedo acusador sobre ningún responsable público.

A los juristas, por su parte, nos compete afinar los instrumentos propios de nuestro oficio. Mellados se nos dirá pero indispensables.

Y es en este sentido donde el libro resulta una pieza excelente. Porque no creo que haya un solo rincón de las actividades públicas, aprovechadas en España habitualmente por los corruptos, que haya quedado fuera de la mirada de Argos de quienes colaboran con Betancor.

Mercedes Fuertes aborda la financiación de los partidos políticos proponiendo la reducción de sus gastos y el alejamiento del Tribunal de Cuentas de los tejemanejes de los partidos para que pueda ejercer con garantías sus funciones de control. Fuertes ha estudiado en un libro independiente Combatir la corrupción y legislar en la Unión europea (Marcial Pons, 2015) el funcionamiento de la Oficina de lucha contra el fraude en Bruselas. Asimismo se impone -dice la autora- reforzar la independencia del poder judicial, un asunto tratado también por Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Nunca se pondrá suficiente énfasis en subrayar que los partidos políticos son el elemento patógeno más significado cuando de corrupción hablamos pues su acción tiene un efecto multiplicador extraordinario al manchar, si se entregan a prácticas irregulares, todo cuanto tocan: instituciones públicas y empresas privadas.

Irurzun Montoro se ocupa de la función pública abogando por la profesionalización de sus cuadros más la reforma de las normas sobre incompatibilidades y de las libres designaciones, lugar este por el que se cuelan caprichos y amabilidades -bien gravosas para el erario público- hacia parientes y entusiastas compañeros de partido.

Juan Francisco Mestre aborda la transparencia metiendo su ojo de sagaz intérprete de leyes en el artículo 70 de la ley 39/2015 que excluye del mismo -en uno de sus apartados- las notas, borradores, opiniones resúmenes, informes internos, es decir, lo que podríamos llamar la “intrahistoria” de ese expediente, en ocasiones, lo más sustancial del mismo.

Jesús Moreno, al analizar el régimen de las empresas públicas, propone modificar la provisión de los puestos de alta dirección y el sistema de control de sus compras e inversiones.

Para Rosa María Pérez las subvenciones tienen que basarse en el principio de la claridad en todas las fases del procedimiento diseñado para su otorgamiento así como en el carácter exclusivamente técnico del órgano colegiado que informa sus solicitudes.

Antonio Jiménez-Blanco y José María Ortega tienen la valentía de habérselas con el paraíso del corrupto: el urbanismo. El primero para hacer buidas observaciones sobre la concurrencia de los órdenes contencioso-administrativo y penal en el espacio urbanístico así como ironizar con los “tiempos” en que se desarrolla la labor del juez. El segundo aborda muchas cuestiones expresivas del profundo conocimiento que el autor tiene sobre la materia y, desde la perspectiva concreta del control sobre actuaciones corruptas, destaca la necesidad de atribuir las decisiones urbanísticas locales a órganos colegiados de los Ayuntamientos pues los unipersonales se han revelado como “facilitadores” de las prácticas corruptas. Aboga asimismo por reforzar los órganos de control y asesoramiento y los de gestión urbanística, lo que impone acabar con la provisión de plazas acomodada a procesos selectivos que no sean serios y objetivos. Recuerda el preceptivo sometimiento a fiscalización de todos los acuerdos municipales que impliquen gastos como es el caso de la mayoría de los instrumentos de planeamiento y convenios urbanísticos. Me parece muy importante su insistencia en que se prohíba la creación de sociedades municipales u otros entes con competencias urbanísticas o de vivienda pues estas funciones han de reservarse siempre a la Administración (más vigilada obviamente en su actuar).

Ruiz de Apodaca, al aclarar cómo opera la corrupción en materia de autorizaciones y licencias, afirma que son los funcionarios, no los políticos, quienes más frecuentemente se encuentran como protagonistas de las perversiones del sistema.

En fin, José Manuel Martínez Fernández hace un extenso y yo diría que implacable análisis de la legislación de contratos -que conoce de primera mano- y, a partir de él, se atreve a concretar todas y cada una de las técnicas que harían muy difícil las prácticas corruptas en este ámbito especialmente goloso para quienes de ellas gustan. Y diferencia con especial minuciosidad y claridad sus fases de preparación, adjudicación, ejecución y resolución.

Como bien dice Betancor al final de las páginas por él firmadas “el árbol de la corrupción crece a nuestro alrededor. O sigue creciendo o se corta. Es el gran dilema de la España actual. Si sigue ascendiendo ya sabemos qué es lo que va a pasar. Un tupido bosque tapará el progreso de España. El árbol de la corrupción matará al de la vida. Esa es nuestra presente disyuntiva”.

Para terminar desearía insistir en rescatar un instrumento histórico de cuyas bondades escribimos Mercedes Fuertes y yo en nuestro libro Bancarrota del Estado y Europa como contexto (Marcial Pons, 2011) y ello porque la historia es la mejor amiga del hombre atolondrado que, al cabo, somos todos, perdidos como estamos desde que nacemos en el torbellino de un mundo viejo pero que cada cual está condenado a estrenar a su manera (esta es la verdadera condena desde la expulsión del Paraíso). Por eso necesitamos señales que nos orienten y ese es el papel que podría jugar la resurección del viejo juicio de residencia o “purga de taula”, yerto entre las páginas de nuestro Derecho histórico, a la espera de la mano amiga que le diga, como al arpa del poema, “levántate y anda”.

Recordemos que, para exigir responsabilidades a los gobernadores provinciales y a otros funcionarios, ya en el derecho romano se les sometía al deber de permanecer durante un determinado número de días en el lugar que habían regido para que los ciudadanos formularan contra ellos las quejas o reclamaciones que tuvieren por conveniente. De Italia pasó a Castilla y, en concreto, a Las Partidas de Alfonso X el Sabio y luego al Ordenamiento de Alcalá,  a una Pragmática de los Reyes católicos y al derecho indiano … Algo parecido ocurría en la Corona de Aragón donde se llamaba “purgar taula” a la obligación que los vegueres y otros oficiales tenían de quedar sujetos a investigación (inquisitio) y exculparse de los posibles yerros que hubiesen cometido así como de repararlos (purga).

Concluido el procedimiento, si el juicio ciudadano era positivo, la autoridad podía seguir ascendiendo en su carrera político-funcionarial; de lo contrario, era sancionado con una multa o con la prohibición de por vida de un nuevo cargo.

¿Qué tal si el citado gobernante no pudiera tener acceso a los beneficios propios de su condición de “ex” si no lograra que su gestión fuera merecedora de un juicio positivo?

¿No podemos darle vueltas a la cabeza y alojar, de la mano de jurisperitos prudentes y disertos, en el espacio por ejemplo de las Oficinas de Conflictos de Intereses, un remozado juicio de residencia o “purga de taula” en nuestros Códigos?

¿No cercenaríamos el crecimiento desparramado de ese árbol de la corrupción que nos describe Betancor en este libro?

Conviene no olvidar la sagaz advertencia que nos dejó Tocqueville en sus Recuerdos de la revolución de 1848: “los políticos llegan a hacer bastante honestamente cosas bastante poco honestas”.

La caída de Ángel Villar

Una de las grandes noticias de los últimos tiempos en España ha sido, sin duda, la detención de Ángel María Villar, durante 29 largos años Presidente de la Federación Española de Fútbol y uno de los hombres fuertes en las diferentes organizaciones que rigen el fútbol mundial. Las causas de la detención parecen estar relacionadas con ciertas actividades de Villar y de su hijo Gorka, abogado especialista en Derecho deportivo y ex Director General de Conmebol (la Confederación Sudamericana de Fútbol), destinadas a la obtención de supuestos beneficios ilícitos relacionados con la organización de partidos amistosos de la selección española de fútbol.

Pero, con independencia del caso concreto que ha motivado la presente actuación judicial, no cabe duda de que la figura de Ángel María Villar lleva ya muchos años generando bastantes sombras y siendo enormemente controvertida por diferentes asuntos que tienen mucho que ver con su larguísima permanencia en el cargo. Recordando la famosa frase de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, hay que reconocer que una persona que permanece en su cargo casi 30 años tiende inevitablemente a patrimonializarlo y a generar a su alrededor una red clientelar -de especial importancia en el mundo de las Federaciones Territoriales, su gran sustento en el poder- que suele desembocar en falta de transparencia, abusos de poder y prácticas irregulares. Todo ello tiene gran relación, sin duda, con la naturaleza del cargo que ocupa Villar, el de Presidente de una Federación deportiva, entidades enormemente controvertidas desde el punto de vista jurídico, ya que tienen una naturaleza mixta privado-pública que les hace permanecer en un cierto limbo legal y en una situación de insuficiente control administrativo tremendamente llamativas en un Estado moderno del siglo XXI.

Debemos recordar a los lectores que las Federaciones deportivas españolas son entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados que, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública. Esa naturaleza mixta de “entidad privada que desempeña determinadas funciones públicas” ha dificultado tradicionalmente la regulación y el control administrativo de las Federaciones deportivas, que el Gobierno español ejerce a través del Consejo Superior de Deportes. Por ello, la normativa administrativa no ha podido introducir en las diferentes Federaciones deportivas determinadas normas como la limitación de mandatos, una mayor transparencia en los procesos electorales, o una auditoría exhaustiva de sus cuentas que hubieran posibilitado un mejor control del funcionamiento de estos entes que manejan enormes presupuestos de dinero privado y también un buen pellizco de dinero público (por ejemplo, reciben una participación en la recaudación de las quinielas organizadas por el ente público Loterías y Apuestas del Estado).

También deben ustedes conocer que las Federaciones deportivas españolas están integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas profesionales y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte. El ámbito de actuación de las Federaciones deportivas españolas, en el desarrollo de las competencias que les son propias de defensa y promoción general del deporte federado de ámbito estatal, se extiende al conjunto del territorio nacional, y su organización territorial se ajusta a las Comunidades Autónomas. Las Federaciones deportivas españolas se rigen por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, y por sus Estatutos y Reglamentos.

Pues bien, toda esa maraña de entidades y personas que constituyen legalmente el sustrato de la Federación Española de Fútbol (y, en menor medida, la de otras Federaciones deportivas españolas) es la que ha posibilitado el mantenimiento prolongado por parte de Villar y su equipo de una enorme red clientelar, y el pago incesante de favores de todo tipo (no necesariamente económicos), que han producido tan prolongada permanencia en el poder. Debemos recordar que esas prácticas fueron causa del largo enfrentamiento de Villar con el anterior Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que fue quien inició una cascada de denuncias contra él que han derivado en la reciente actuación judicial, y también de su notorio enfrentamiento con la Liga de Fútbol Profesional -la patronal de los equipos profesionales de fútbol- dirigida por Javier Tebas, otro de sus conocidos enemigos. Ambos han criticado de forma explícita las prácticas irregulares de Ángel María Villar y su equipo en los procesos electorales de la Federación y en la concesión de ayudas a Clubes y Federaciones territoriales, entre otros variados asuntos.

Parece, pues, que pintan bastos para uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial, que se había mantenido impune hasta ahora a todo tipo de denuncias, y hasta a las investigaciones del FBI norteamericano por los turbios manejos económicos de la FIFA del caído Blatter, de quien fue alto colaborador y amigo protegido. Esperaremos la evolución de los acontecimientos que acaban de desatarse en España, pero cierto aire de alivio y regeneración parece respirarse desde hace pocos días en todos los estamentos del complejo mundo del fútbol profesional, enormemente necesitado de una renovación y una transparencia de la que ha carecido por obra y gracia de uno de los grandes “dinosaurios” de este deporte a nivel mundial, que lleva cerca de 30 años sentado en -casi con toda seguridad- la poltrona más poderosa y menos controlada del mundo en el siglo XXI.

 

Metástasis de la financiación irregular: reproducción de la Tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Se acumula en las últimas semanas una abrumadora evidencia sobre la financiación irregular de varias campañas electorales del Partido Popular en Madrid. Más allá de lo que decidan los tribunales sobre la posible existencia de delitos asociados a estos hechos (recordemos que la propia financiación ilegal de los partidos sólo ha sido tipificada como delito en el artículo 304 bis de nuestro Código Penal desde la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo) y sobre sus posibles autores, nos interesa aquí analizar brevemente por qué la financiación irregular de una formación es tan grave y en qué medida ataca el corazón de nuestra democracia y corrompe profundamente nuestras instituciones.

La primera reflexión es obvia: un partido que se financia irregularmente obtiene una ventaja competitiva enorme sobre otros competidores que no lo hacen. De entrada, por tanto, la financiación irregular de uno o varios partidos afecta directamente a la limpieza de los procesos electorales, lo que es un problema de primera magnitud en una democracia representativa.

La segunda reflexión es que la financiación irregular de los partidos políticos corrompe las instituciones. En primer lugar, porque exige poner en marcha una serie de mecanismos fraudulentos para evitar que el dinero sea detectado por los organismos de fiscalización y control como el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo obviar estos controles cuando los partidos españoles se financian de forma abrumadora con cargo a los presupuestos públicos? Pues, por lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid -o en otras Comunidades Autónomas como Cataluña-, el mecanismo favorito es la recepción por parte de la fundación correspondiente del partido (por ejemplo, Fundescam en Madrid o Catdem en Cataluña) de importantes aportaciones de dinero de empresarios que contratan con las Administraciones Públicas. También se acude a la desviación de las importantes subvenciones públicas que reciben estas fundaciones con carácter finalista para pagar gastos electorales a proveedores que emiten facturas falsas o infladas correspondientes a otros conceptos.

En resumen, las fundaciones han sido una pieza clave en este sistema de financiación irregular por la sencilla razón de que estaban sometidas a controles mucho más laxos que los propios partidos políticos como los expertos de dentro y fuera de España han denunciado reiteradamente. Todavía a día de hoy, y tras el endurecimiento de esos controles que supuso la LO 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, las fundaciones vinculadas a los partidos pueden recibir donaciones que está prohibido que reciban directamente los partidos. El círculo se va estrechando, pero siempre se dejan resquicios.

Los empresarios que hacen este tipo de favores a un partido político no lo hacen por amor a la ideología, y mucho menos por amor al arte. Estas aportaciones se realizan a cambio de la obtención de importantes contratos de las Administraciones Públicas controladas por ese mismo partido, ya sea directamente a través de instituciones y organismos públicos o, indirectamente, a través de las empresas y entidades del extenso sector público autonómico, cuyo nivel de politización es inversamente proporcional al de los controles administrativos existentes. Incluso cuando sí existen estos controles previos lo que se hace es desmontarlos o sortearlos. Explicar cómo es posible eludir la extensísima regulación de la contratación pública en España -un procedimiento extraordinariamente burocrático y complejo, dado que la ley todavía vigente tiene nada menos que 334 artículos sin contar las disposiciones adicionales y las transitorias- permitiría escribir un tratado sobre cómo amañar un contrato público dejando, eso sí, un expediente administrativo formalmente presentable, al menos en la parte visible.

No obstante, sí podemos apuntar algunas ideas y, sobre todo, algunos ejemplos que están de actualidad y que permiten clarificar cómo funcionan las cosas. Más allá del socorrido recurso a los denominados contratos menores (que se dan a dedo porque la ley así lo permite, pero que no sirven todo el tiempo ni para todos los casos), lo esencial es controlar a los que van a proponer al órgano de contratación la adjudicación en los procedimientos donde hay concurrencia competitiva, es decir, donde hay varios licitadores que compiten entre sí presentando ofertas. En estos casos lo que la ley dice es que hay que seleccionar la mejor oferta, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Simplificando un poco, podemos decir que la Mesa de contratación de un organismo público es el órgano colegiado que tiene la trascendental misión de valorar las ofertas de acuerdo con lo establecido en los correspondientes pliegos administrativos. El problema es que los miembros de esta Mesa de contratación -y ahí viene el detalle importante- son nombrados por el mismo órgano de contratación al que prestan asistencia y al que elevarán su propuesta para que éste realice la correspondiente adjudicación. Debemos aclarar que el órgano de contratación es un alto cargo político (por ejemplo, para la Administración General del Estado un ministro o un secretario del Estado;en el Ayuntamiento, el alcalde o el Pleno;en una empresa pública, su presidente o director general;etcétera).

Es verdad que existe alguna limitación en cuanto a quienes pueden formar parte de una mesa de contratación, dado que el Reglamento que desarrolla parcialmente la Ley de contratos del sector público establece que las mesas de contratación estarán compuestas por un presidente, un secretario (que tiene que ser funcionario) y al menos cuatro vocales, entre los que tiene que haber obligatoriamente un funcionario de los que tienen encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor;y, si no los hay, los que tengan atribuidas las funciones correspondientes. Además, la normativa prevé la posibilidad de nombrar un comité de expertos para que participen en la evaluación que estará compuesto «siempre que sea posible» por personal al servicio del organismo contratante precisando también -porque para eso son expertos- que deben tener “la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración”.

Por tanto, en nuestro complejo sistema de contratación administrativa donde todo está “perfectamente reglado” (por usar la expresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid), resulta que es el órgano de contratación (político) el que designa a los miembros de la Mesa que le van a proponer a quién se adjudica un contrato. Y puede perfectamente nombrar a otros políticos para presidir estas mesas o para formar parte de ellas. Es más, por lo que hemos visto en el caso del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, hasta pueden formar parte de las comisiones de expertos que pueden constituirse para asesorar en la adjudicación de un contrato, aunque sinceramente no parece muy razonable utilizar esta figura para decidir quién pone los bocadillos y a qué precio. En cuanto a la cualificación profesional de las personas que, según la UCO, componían esta comisión de expertos -la propia Cifuentes, la jefa de Protocolo del Gabinete de Presidencia y un técnico asesor-, la única que se me ocurre es la que pueden tener como usuarios intensivos del servicio.

En definitiva, lo que ha ocurrido es que, en nuestro ejemplo, Cristina Cifuentes presidía la Mesa de contratación como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid cuando se adjudicó el servicio de cafetería al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, íntimo amigo de Esperanza Aguirre y generoso donante de Fundescam. No sólo eso. Según la información disponible, también hacía doblete como miembro de la comisión de expertos que asesoraba a esa misma Mesa de contratación. Es decir, la política y los políticos han invadido el procedimiento de contratación público, como ha hecho con tantos otros ámbitos.

Con estos mimbres resulta fácilmente comprensible que, no ya la UCO, sino cualquier ciudadano espabilado considere bastante sospechosa una adjudicación de estas características. Si para rematar la faena los que sí son técnicos ocupan cargos de confianza o, sencillamente, de libre designación y de libre cese y perciben una parte muy significativa de sus retribuciones con carácter variable (lo que quiere decir en la práctica que su sueldo depende de las decisiones de sus superiores), ya se pueden imaginar lo que puede ocurrir. Entre otras cosas porque es difícil que otros empresarios se animen a competir en estas condiciones con los que se portan bien con el partido.

En estas circunstancias casi lo menos es si las aportaciones de Arturo Fernández a Fundescam fueron a parar a las arcas del partido o/y al bolsillo de alguien. Lo realmente importante es que la financiación irregular de los partidos políticos es un cáncer que, con el tiempo, ha acabado provocando una auténtica metástasis institucional. No puede haber manzanas sanas cuando es el cesto el que está podrido.

¿Cuándo deben dimitir los políticos imputados?

Si aliquis aliquem incusaverit et homicidium calumniose super eum iecerit nec confirmatione potuerit, incusator eius occidetur (1950: 12-13).

Código de Hammurabi, traducción latina de Pohl y Follet.

De todos es conocido el escándalo del Presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Pedro Sánchez, que, investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se niega a dimitir. Semejante actitud supone para muchos un empecinamiento traidor al compromiso de su partido de limpiar la vida pública de reos de corrupción. Donde dije digo digo Diego. Cuál teólogos bizantinos quediscutían el sexo de los ángeles mientras los turcos asediaban Constantinopla, nuestros políticos se extravían en disquisiciones pseudojurídicas sobre el significado del término “imputado”. Y ello pese a que nuestro legislador ha intentado, en vano, desterrar del vocabulario popular tan infausta palabra, soez para los oídos más delicados, para substituirla por el supuestamente más neutro tecnicismo de “investigado”.

Nos hallamos ante un pseudoproblema engendrado por la pérdida de calidad de nuestras otrora excelentes normas procesales. Expliquémoslo:

La primera de las leyes del famosísimo Código de Hammurabi prescribía, más de tres mil años atrás, la pena de muerte para el denunciador que no lograse probar una imputación de homicidio. He aquí el antecedente de lo que más tarde se conocería como ley del talión o “inscriptio” en Derecho Romano. Hoy día, en cambio, las cosas son muy diferentes. Cualquier ciudadano tiene el derecho (y hasta la obligación) de poner en conocimiento de la autoridad la supuesta comisión de hechos delictivos (notitiacriminis) sin que tal decisión le acarree especiales riesgos.En nuestro país es difícil condenar a alguien por denuncia falsa, por ser muy complicados los requisitos de dicho tipo penal. Se pretende, de esta manera, impedir la impunidad de los criminales, incluso favoreciendo la delación.

Entonces, ¿basta con interponer denuncia para acabar con la carrera de cualquier rival político? Esa es el argumento de Sánchez y de tantos otros, de uno y otro color, que se han visto en tan apurado trance. En principio, no. Y es que no es, o al menos no debería ser, lo mismo “denuncia” que “imputación”. La denuncia es la mera transmisión de la noticia criminal. La imputación, en cambio, consiste en un acto de atribución acordado por la autoridad judicial. De ahí los malabarismos verbales sobre imputación “formal” e “informal”; “provisional” o “definitiva”; en definitiva, suma y sigue en una impenetrable jerigonza de leguleyos.

El problema radica en una degeneración teratógena de nuestro derecho procesal. Una jurisprudencia, bienintencionada pero ingenua, ha interpretado que el juez debe citar a declarar sin demora alguna al sospechoso, tan pronto cuanto se reciba la denuncia (artículo 118 de la LeCrim). Por tanto, la “denuncia” se trasforma, mecánica e irreflexivamente, en “imputación”. La teoría aspira a evitar que se abra una investigación secreta.  La práctica, por el contario, ha traído que, a cualquier ciudadano, culpable o inocente, se le coloque el sambenito de los reos sin más carga procesal que una sencilla declaración de conocimiento. El paraíso de Meleto y de todos los infames delatores.

Nuestro derecho histórico delineaba otro diseño. Al denunciado no se lo llamaba, sin más, sino que previamente se formaba un procedimiento secreto llamado “sumario” donde se investigaba con abreviación de trámites (de ahí el nombre). Solamente una vez que se hubiesen recogido indicios racionales de criminalidad se citaba a declarar al denunciado que entonces adquiría el nombre de “procesado”. El “auto de procesamiento” era la resolución que dotaba de forma jurídica a dicha decisión.

De esta manera la pretensión incriminatoria iba conformándose gradualmente: primero la “denuncia”; luego la “investigación”; más tarde, terminada ésta, el “procesamiento” que, en su momento, iría seguido de la “acusación” con la apertura del juicio oral para finalmente, en su caso, recaer “condena” a la que seguiría su respectiva “ejecución”. Hoy, día, en cambio, están confundidas las figuras de “denunciado” e “imputado” (o “investigado” que, a la postre, viene a ser lo mismo). En esa escala ascendente, un buen peldaño para considerar la dimisión sería el dictado del auto de procesamiento, pues la indagación criminal ya está ultimada y es el momento cuando, sin tejemanejes verbales, se formaliza la imputación, que no es sino la atribución indiciaria de la comisión del delito. De hecho, todavía nuestra ley procesal penal, en su artículo 384, ubica precisamente en esa fase procesal la suspensión de los cargos públicos de los procesados, si bien únicamente para los casos de terrorismo y bandas organizadas.

¿Por qué cambio el sistema?Por los abusos. Como la investigación esa secreta, se prolongaba indefinida y proyectivamente en busca de pruebas de cargo, de tal suerte que no se le daba fin sino hasta tener bien amarrada la condena. Una causa general. Todo ello sin que lo supiese el investigado, el cual, tras meses o años de actuaciones judiciales en la sombra, se enfrentaba a la postre auna completa inculpación montada a sus espaldas. Por eso el legislador reaccionó imponiendo la inmediata comunicación de la denuncia al sospechoso. Cortando por lo sano. Lo malo es que tales atajos no suelen funcionar. Es absurdo investigar mano a mano con el criminal. Mal avenido es el matrimonio entre investigación y contradicción. El remedio fue peor que la enfermedad. Veamos por qué:

La investigación se desplazó a comisaría, sin intervención del juez. Aunque, sobre el papel, la policía no deberíaactuar más de veinticuatro horas antes de dar cuenta a su señoría (remitiéndole un informe llamado “atestado”) lo normal es que no lo pongan en su conocimiento hasta que la pesquisa haya concluido. El atestado, en teoría sin valor probatorio, se ha convertido en la piedra angular del proceso, dondede facto, que no de iure,suele decidir la suerte del reo. Pese a la retórica sobre el valor irreemplazable del juicio oral, mil y una triquiñuelas legales y jurisprudenciales buscan asegurar que ningún “culpable” descubierto por los agentes salga de rositas en juicio. Nefanda es la hipocresía del sistema.

Deformado bajo el peso de una inercia monstruosa, se ha llegado a excesos demenciales. Era frecuente, durante los años de plomo terrorista en el País Vasco, que los etarras denunciasen a los guardias civiles sin más finalidad que accionar el mecánico resorte del artículo 118 para citar a declarar a los agentes y, de este modo, conocer su identidad. El mundo al revés. ¿Qué hacer, entonces?

Recuperar el auto de procesamiento y, con él, el procedimiento ordinario, convertido hoy en una reliquia histórica que subiste residualmente en nuestro ordenamiento jurídico como un ornamento inútil. Eso sí, sin los vicios que lo contaminaron. Recordemos que el sumario, salvo casos excepcionales, no debía durar más de un mes. Y que estaba sujeto al control del fiscal, así como de la Audiencia Provincial, a la que el instructortenía que enviar informes mensuales. Tristemente, papel mojado. Es menester, por tanto, arbitrar cautelas para que no se pervierta el espíritu del legislador. Aunque, bien pensado, bastaría con cumplir la Ley. Así se sencillo.

En realidad, y pese a las apariencias, las proyectadas reformas que aspiran a endosar la investigación a la Fiscalía, en muy buena medida, comparten este propósito: adelgazar la investigación y remitir inmediatamente a juicio a los acusados. Pero, torticeramente, pues pasan por alto un detalle: los autos judiciales. Nuestra tradición preveía la formación del “sumario”, esto es,los legajos donde se registraban todas las pesquisas, sin lagunas ni interpolaciones, controlado por el fedatario judicial, no por el magistrado -en un “arca” bajo llave, según la Novísima Recopilación. Ahora, empero, se desea soterradamente desembrar el expediente, desjudicializar la investigación y reemplazar las actuaciones procesales por un “cuaderno” del fiscal que escaparía a la contradicción. Como en Estados Unidos y, en general, los ordenamientos del Common Law. Muy diferentemente,nuestro proceso proporcionaba al reo la garantía del acceso a todo el material potencialmente incriminatorio,preservado bajo la fe pública sin recortes, que se le publicaba al dictar el auto de procesamiento. Faltando tales imprescindibles cautelas, retrocedemos a lo de siempre: atar al reo para que ascienda indefenso al palenque.

Evidentemente, no son estas las únicas soluciones. El modelo requiere una puesta al día total. Por ejemplo, quizás un instituto francés como el “témoin assisté”, posición intermedia entre el testigo y el investigado, sería interesante. Es cuestión de estudiarlo, sobre todo para proteger el buen nombre de los políticos honrados frente a denuncias bastardas. Mientras tanto, los corruptos seguirán irritándonos con sus logomaquias, interpretando los vagos conceptos de un legislador vacilante como más les convenga para mantenerse en el cargo. Es hora, pues, de ponerse manos a la obra y proponer reformas que, sin mermar las garantías, aumenten la eficacia del sistema.

Rita Barberá o el final de una época: reproducción de la tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

Lamentar la muerte de un ser humano debería ser la reacción natural de otro ser humano. Y la cosa debería quedarse simplemente ahí, por respeto a su familia y a sus amigos, y sobre todo  a la propia persona que ya no puede defenderse. Pero cuando no ocurre así, como en el caso de Rita Barberá, y a la crueldad y estupidez de unos se une la hipocresía de otros, o cuando se pretende extraer ciertas conclusiones políticas de ese triste suceso, desde la utilidad de revisar pactos anticorrupción hasta la atribuir la instrucción de los procedimientos penales a la fiscalía, pasando por culpar a los medios de comunicación del acoso al que se somete a los políticos sometidos a investigación penal no hay más remedio que sumarse a este ruidoso coro con la finalidad de intentar aportar algo de perspectiva.

Rita Barberá acumuló un poder prácticamente omnímodo durante décadas en el seno de un partido al que dedicó su vida con toda la fuerza y la generosidad de que disponía, que era mucha, y que terminó siendo tratada como una apestada por el mismo partido que la había encumbrado y alabado como un referente político y hasta personal. Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido y lo que los familiares de Rita Barberá consideran que acabó por “romperle el corazón”. El tratar de desviar o de compartir la propia responsabilidad con otros agentes -medios, adversarios políticos, jueces o incluso partidos emergentes- no puede disfrazar la incómoda verdad: a Rita Barberá lo que más le pesaba era el abandono de los suyos.

Y es que más allá del indudable drama personal, ese abandono tiene un importantísimo trasfondo político, que es el que aquí intentaremos analizar. Rita Barberá se había convertido en un símbolo de una forma de hacer política, que ha sido la tradicional en España desde siempre y que apenas se ha cuestionado hasta hace cuatro días. Es la política de los liderazgos fuertes, de los golpes de efecto, de las grandes decisiones individuales sin análisis previo ni estudio técnico, de la falta de contrapesos y controles administrativos, del deber de atender con cariño a los fieles sin percibir por ello ningún riesgo para los intereses generales. La política en la que con el adversario se pactan no las políticas sino los cargos o el dinero. La política que huye de la complejidad, del debate público y de la rendición de cuentas. La política en la que el sincero fin de beneficiar a los ciudadanos siempre justifica los medios.

En resumen, se trata de la política propia de las democracias emergentes o de poca calidad, en la que uno o unos pocos individuos concentran todo el poder y, además, lo hacen con la mejor conciencia de trabajar generosamente por los suyos, por su partido, al menos en muchos casos. En ese tipo de democracias, historias como la de Rita Barberá no son tan extrañas. Son países donde se puede pasar de la Presidencia a la cárcel o al exilio, del todo a la nada, del elogio absoluto a la miseria absoluta, de los baños de masas al ostracismo social casi sin solución de continuidad.

Precisamente, porque el problema que plantea este tipo de liderazgos, tan descuidado con las formas, las reglas y los procedimientos, es que ni el más honesto puede salir indemne cuando las cosas vienen mal dadas. No solo porque ese “descuido” habrá precipitado errores y abusos de los que medraron a la sombra del poderoso y que indudablemente aparecerán tarde o temprano sino, sobre todo, porque la sospecha siempre resulta creíble. No nos paramos a pensar que si los políticos tiene en España tan malísima fama no es porque personalmente o tomados de uno en uno sean más corruptos que los de los países vecinos, sino porque la forma de hacer política en nuestro país presenta muchísimos menos diques frente al mar de la sospecha y favorece a los que deciden utilizar en beneficio propio los bienes públicos. Y eso infecta a todos, a los pocos deshonestos y a la mayoría que no lo son.

Cuando Rita Barberá se ve amenazada por la  investigación del caso Taula, abierto por blanqueo vinculado a una financiación irregular del partido, no entiende nada. Sobre todo no entiende la postura de sus compañeros, especialmente del líder que había avalado, apoyado y consentido su manera de actuar (ahí están las imágenes de Rajoy en el famoso Congreso de Valencia de 2008 y otras muchas con destacados dirigentes del PP valenciano que han sido o están siendo investigados, desde Camps hasta Alfonso Rus) y que, además, se consideraba su amigo personal. Cuando una tiene buena conciencia y convicción de haber actuado en todo momento como se esperaba de ella, incluso más aun, eso resulta especialmente duro.

Rita Barberá no comprende nada porque era una política de raza, pero de una época que toca a su fin. Por eso no se percata de que ese estilo de hacer política empieza a no considerarse presentable por su propio partido, aunque sea de cara a la galería. Porque está claro que internamente todavía la necesidad del cambio en la forma de hacer política está lejos de estar asumido. Pero los tiempos, afortunadamente, están cambiando en España y otros en su partido sí se dieron cuenta. Tras la única pero muy importante concesión de mantenerla contra viento y marea en la Diputación Permanente del Senado en el interregno entre la XI y la XII legislatura, para garantizarla en todo caso el sueldo y el aforamiento, Mariano Rajoy tuvo que dejarla caer para salvarse él y sus posibilidades de ser reelegido. No era la primera vez que tenía que sacrificar a alguien de su entorno próximo y puede que no sea la última. En realidad, no es tan extraño: son las necesidades de la política. Esa reacción dice mucho de la astucia política que con indudable razón se atribuye al Presidente del Gobierno, aunque dice más bien poco de su coherencia personal y moral.

La conclusión que debemos sacar de todo ello no es atribuir la instrucción al fiscal o revisar el pacto anticorrupción para volver a la vieja tesis de que no hay responsabilidad política sin condena penal, sino convertir la política española en algo mucho más aburrido. A los políticos del PP que se quejan del triste final de Rita, lo que les protegerá cuando llegue el momento de dejar el poder –y ese momento siempre llega, al menos en una democracia- es sencillamente hacer las cosas de otra manera. Es necesaria una forma más compleja de hacer política, menos clientelar, menos personalista, más anodina, en la que se comparte la toma de decisiones y, por tanto, también la rendición de cuenta y las responsabilidades. En la que los equipos son más importantes que las personalidades, en la que la evidencia y los datos son el fundamento de cualquier diagnóstico, en la que las relaciones personales y de lealtad cuentan menos que la capacidad y la formación. En la que el líder de turno no asume todos los éxitos, pero tampoco todos los fracasos. En definitiva, se trata de una forma de hacer política más civilizada y moderna, frente a la que cabe esperar que las reacciones de los ciudadanos sean también más civilizadas ymodernas, tanto cuando las cosas van bien como, sobre todo, cuando las cosas van mal.

Conviene recordar que las limitaciones del Poder son esenciales en una democracia avanzada no solo para tener mejores políticos sino también para tener mejores jueces y fiscales, mejores medios de comunicación y, sobre todo, mejores ciudadanos. Los políticos, como cualquier ser humano, no están libres de cometer errores, por buenas que sean sus intenciones. Pero cometerán muchos menos si existen mecanismos efectivos de contrapesos que limiten sus posibilidades de equivocarse.  Si concentramos todo o casi todo el poder en una persona lo más probable es que multipliquemos el riesgo de que adopte malas decisiones. La Historia nos recuerda que los tiranos benéficos e ilustrados son la excepción, no la regla.

En conclusión, para que no haya más casos como el de Rita Barberá en España lo razonable es impedir que los políticos de cualquier partido prefieran convertirse en reyezuelos o monarcas absolutos que aspiran al amor de sus súbditos más que en simples gestores temporales de los intereses de los ciudadanos. Es más razonable y también más factible aspirar sencillamente a gestionar los asuntos públicos de la mejor manera posible, trabajando en equipo, respetando las reglas de juego y estando siempre dispuesto a rendir cuentas y a ceder el testigo al siguiente cuando llegue el momento, que siempre llega. Quizás actuar así les deparen menos momentos de gloria, pero lo que es indudable es que también les depararán menos momentos de tristeza y de soledad.

Flash Derecho: catálogo de 25 medidas de lucha contra la corrupción de la Asociación Profesional de Fiscales

A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado.

(APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario.

Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalos, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratista. El órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

  1. a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.
  2. b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más,por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo.

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal.

¡Ay, Derecho! Lecciones de financiación ilegal de partidos políticos

Para que no se pierda entre tantas y tantas noticias sobre corrupción, y las revelaciones que día tras día surgen de los procedimientos judiciales en marcha, ya se trate de la Gürtel, de las tarjetas black o de otros procesos famosos, queremos dedicar este ¡Ay Derecho! a la ppt del PP destinada a instruir a sus alcaldes sobre cómo financiar ilegalmente sus campañas electorales. La noticia ha sido dada a conocer por el periódico El Mundo 

Probablemente no será fácil encontrar otras organizaciones –ni siquiera entre las que se dedican al crimen organizado- que hayan diseñado con tanto cuidado una estrategia para ayudar a sus cuadros a sortear la ley y a su controlador, en este caso el Tribunal de Cuentas. Aunque a juzgar por su inexistente actividad sancionadora en relación con los partidos políticos tampoco se tenían por qué haber preocupado demasiado por su reacción, aunque esa es otra historia.  Las razones por las que el TCu no tiene demasiado celo en sancionar a los partidos políticos las hemos explicado en este informe. 

Pero volviendo a nuestro tema, aquí tienen una “slide” (diapositiva) sobre financiación ilegal

14760346130202

Pero si ya la noticia es asombrosa, y pone de manifiesto el esmero que pone el PP en la formación de sus cargos electos en cuanto al respeto al Estado de Derecho, no lo es menos la reacción de sus representantes ante las preguntas de los atónitos periodistas. A nosotros personalmente la que más nos gusta es la de Pablo Casado, portavoz y joven esperanza de la regeneración del partido, que añadió al tradicional “no nos consta” el interesante dato biográfico de que él, en la época en que se realizó la ppt (1999) estaba estudiando COU y no financiación ilegal de partidos. La reacción de otros ilustres miembros del partido del Gobierno en funciones y que aspira a gobernar España ha sido similar. Nada que comentar, no sabemos nada, estas son cosas del pasado.

Lo que nadie ha hecho es negar la existencia ni de la ppt ni de la financiación ilegal del partido, lo que a estas alturas hubiera sido bastante complicado, dicho sea de paso. Suponemos que tampoco la cosa les parece tan grave, sobre todo si la gente que les sigue votando parece más preocupada por la falta de Gobierno, por la estabilidad presupuestaria o por el crecimiento del PIB. Y siempre podemos consolarnos: al fin y al cabo no han encontrado las slides explicando cómo llevarse el dinero a Suiza o como amañar contratos, aunque no cabe perder la esperanza. O a lo mejor sí, si es que eran justo las que estaban en los destruidos discos duros del ordenador de Bárcenas.

Bueno, dirán ustedes pero al fin y al cabo ¿es tan grave esto de la financiación ilegal de los partidos? ¿Qué tiene eso que ver con la estabilidad económica o incluso con el dinero de nuestros impuestos? ¿No es mejor tener un Gobierno aunque sea de un partido que expida títulos de experto en financiación ilegal de campañas electorales? Pues la verdad es que la cosa es bastante grave. Los informes GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) vienen señalando insistentemente la financiación ilegal de los partidos políticos como una de las principales causas de la corrupción que padecemos en España. Y recientemente (en 2015) se ha incorporado a nuestro Código Penal el art.304 que recoge como el delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Pero es que además conviene hacer algunas consideraciones:

  1. La financiación ilegal de un partido fuera de los límites previstos en las normas supone una ventaja ilegal sobre los otros partidos que no recurren a estas fórmulas. Permite al partido en cuestión tener unos gastos tanto corrientes o de infraestructura como extraordinarios o de campaña mucho mayores que los de los partidos a la competencia que respetan las reglas. Se distorsiona, por tanto, la competencia electoral y además se favorecen los gastos absurdos y desproporcionados en mítines, vallas, mailings, etc, etc
  2. Se desconecta el partido de la financiación procedente tanto de sus afiliados –lo que añadido a la falta de democracia interna es muy negativo- como del sector público, al que -por lo menos sobre el papel- hay que rendir cuentas. Se pasa a depender en cambio de la financiación procedente de  terceros con intereses particulares a veces poco confesables.
  3. Los partidos que se financian ilegalmente pierden su credibilidad y su legitimidad. No olvidemos que los partidos políticos en cualquier democracia representativa tienen un papel institucional fundamental, por lo que deben de ser especialmente respetuosos con el cumplimiento de las leyes. Es más, si alcanzan el Gobierno y dirigen la Administración uno de sus papeles esenciales será el de cumplirlas y hacerlas cumplir. Difícil que alguien crea que pueden hacerlo cuando para llegar al Poder se ha vulnerado la legalidad.
  4. Un partido que se financia ilegalmente necesita controlar la Fiscalía y el Poder Judicial, así como otras instituciones de control para asegurarse, si puede, la impunidad, o, por lo menos, minimizar los riesgos judiciales de su conducta
  5. Un partido que se financia ilegalmente genera necesariamente una red clientelar y corrupta. Efectivamente, ya se trate de las campañas electorales o de los gastos del partido en general, esta financiación procede de empresarios o incluso de particulares con los que el partido queda en deuda, favoreciendo el ciclo vicioso de la corrupción y el clientelismo político que tan bien conocemos en España y que es lo que subyace en tramas como la Gürtel. El dinero –y en particular el que se mueve fuera de los circuitos legales y por tanto tiene que ser opaco- se le da a un partido no tanto porque se comparte su ideología, sino porque se esperan favores a cambio. De ahí las famosas  anotaciones de Bárcenas.  Pero no hay que olvidar que esos favores se devuelven en forma de contratos, concesiones públicas, licencias urbanísticas o regulación más favorable para el que los hace y siempre en perjuicio de los intereses generales.  Además, el dinero no puede llegar al partido por los cauces ordinarios (como bien explica la ppt) porque sería detectado por el Tribunal de Cuentas. De ahí la necesidad de los circuitos opacos, las cajas B, las loterías, las facturas falsas y los maletines.
  6. Un partido que se financia ilegalmente no puede ser un buen gestor del dinero público ya que dará siempre prioridad a aquellos proyectos -sean o no necesarios o viables o eficientes- que puedan generar esa financiación, ya se trate de urbanizaciones, de radiales de peaje, de AVES a ninguna parte o de aeropuertos sin aviones.
  7. Por esa misma razón un partido que se financie ilegalmente necesitará politizar y controlar a los funcionarios y empleados públicos que se puedan oponer a esta forma de actuar o que puedan denunciarla.

¿Estamos hablando del pasado? Esta es una afirmación que nosotros no nos atreveríamos a hacer, sobre todo mientras no se depuren las responsabilidades políticas que deberían acompañar a las judiciales. Como ya ocurrió en la época de los Time Export, Filesa o Naseiro, si solo se asumen –poco y tarde y por personajes subalternos- responsabilidades penales es más que probable que la financiación irregular compense. Y recordemos que tampoco se persigue a los financiadores, Ni siquiera por lo que estamos viendo se les llama como testigos.

No es por tanto improbable que lo que ha ocurrido -y ha traído para muchos actores políticos más ventajas que inconvenientes- pueda volver a ocurrir si es que no sigue ocurriendo. Al fin y al cabo, no es más que un tema de incentivos. Y conseguir el poder, aunque sea vulnerando las reglas, es un gran incentivo.

politica-corrupcion

¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?

¿Por qué protestamos, ahora, de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin vehículos y tantas infraestructuras inútiles y no lo hicimos antes de su construcción, cuando aún estábamos a tiempo de evitarlo?

¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica? ¿Por qué tienen que ser buenos gestores de lo público los que antes no lo demostraron en lo privado para lo que se habían preparado?

¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto? ¿Por qué continuamos confiando en los medios que solo  denuncian una parte de la tarta de la corrupción, la que les interesa? Lo que los contribuyentes queremos es  que desaparezca toda y que los impuestos se destinen a financiar servicios públicos y prestaciones sociales y no se pierdan en su utilización partidista y/o electoralista, y en desidia e incompetencia.

¿Por qué nos quejamos de la corrupción generalizada si permitimos a los políticos que ganaban las elecciones que se repartieran el Estado como un botín, como si estuviéramos en la Edad Media y no como en los países democráticos avanzados, en los que se considera que es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno?

¿Por qué en nuestra vida privada, cuando tenemos que afrontar un tema importante, procuramos escoger al profesional que consideramos de más solvencia y seriedad, le pedimos presupuesto para calibrar su coste y acostumbramos a comprobar como les ha ido a sus clientes  y no lo hacemos en la vida pública, que es vital para nosotros? ¿Qué pensamos de un consumidor que, ante una compra necesaria y de valor, se deja llevar por la propaganda y “el carisma” del vendedor sin estudiar las cualidades técnicas de lo que necesita? Y ante el reto de una difíciles oposiciones de larga duración y de grave dificultad, ¿que pensaríamos  (de los 2) si un opositor se decide por un preparador que promete que en 6 meses y sin apenas estudiar, se puede aprobar?

¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?

¿Por qué nos escandalizamos con las entidades y sociedades que utilizan causas y agravios ciertos y graves para lucrarse en actividades que pensábamos altruistas y no hacemos lo mismo con los grupos políticos que, denunciando graves lacras sociales cuando están en la oposición, se olvidan de los  problemas básicos de los ciudadanos, como el paro, cuando acceden al poder?

¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

¿Por qué confiamos que resolverán el grave problema del paro los que reiteradamente han demostrado en sus anteriores gestiones que no lo hicieron?

¿Cuando aprenderemos, de una vez, que el destino económico de un país y del empleo no depende de las promesas de los políticos, que reiteran en cada elección, sino del éxito en los mercados de sus productos y servicios?

¿Cuándo reservaremos el nombre de progresistas a los políticos que hacen progresar el nivel de vida de sus pueblos y no sólo el de ellos? ¿ Quienes son más progresistas y quieren más a sus pueblos, los dirigentes “a lo Maduro” que llenan las calles de grandes muchedumbres, entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidas las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales o los discretos políticos chilenos que no buscan enemigos exteriores para sus problemas porque han concluido que es el camino del esfuerzo, de la calidad educativa y la formación laboral y del cumplimiento de las leyes y obligaciones el único que puede hacer realidad las promesas políticas?

¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo” al que recauda los impuestos justos, a quien su principal ocupación es la promoción y ejecución de  un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?

Si volvemos al mismo río donde las corrientes de la incompetencia en la gestión pública, la utilización partidista de la política económica, del gasto, del empleo, de las empresas y entidades públicas, la sobredimensión del estado autonómico, la falta competitividad de la economía… nos llevaron a la gran crisis  ¿por qué vamos a solucionar nuestros males si agrandamos los problemas que los ocasionaron y encima con la enorme mochila de la deuda anterior?

Y, finalmente ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

Aunque, si ante los graves problemas económicos y sociales no reconocemos nuestra responsabilidad en la elección y en la vigilancia de los gestores públicos y descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Un día, un amigo alemán, alarmado por el nivel de corrupción y de incompetencia política nuestra me dijo que, en Alemania, saben que estas cosas no pasan por casualidad y que se reproducen y amplían por la desidia y falta de diligencia de la ciudadanía y de sus entidades sociales más representativas. Y me dejó la siguiente recomendación que allí era muy popular: En la política, la confianza es buena pero el control es mejor.

 

Items de portfolio