Hay que reconocer que el dilema de Cifuentes no es fácil de resolver. Indudablemente resulta una labor hercúlea luchar contra la corrupción desde un gobierno en minoría perteneciente al mismo partido que lleva gobernando en la Comunidad de Madrid muchos lustros y que está salpicado por innumerables casos de corrupción la mayoría todavía en fase de instrucción. Si además tienen una Comisión anticorrupción en la Asamblea regional presidida por una diputada del partido que sostiene su gobierno y que es su principal rival político ante la que van desfilando un montón de correligionarios y –suponemos- algunos amigos es fácil comprender que su situación es complicadísima. Parece imposible contentar a unos y a otros a la vez, y entre tantos equilibrios es fácil perder pie. Se trata de apoyar (de boquilla al menos) la regeneración y las investigaciones aunque afecten a lo que ha sido el núcleo del poder y de la corrupción del PP en Madrid; pero también hay que defender al partido de su propio pasado y echar un cable a los compañeros.

En ese sentido, las “recolocaciones” de Cifuentes que ya analizamos en este post  de los “caídos” de su partido por diversas imputaciones son muy llamativas; cuando se ven obligados a dimitir (y ya hay unos cuantos) los va cambiando de sitio, a ver si se nos olvida que siguen cobrando todos del erario público. Particularmente llamativo es el caso de Jaime González Taboada (ex número 3 de Cifuentes, cesado como Consejero y ahora senador) que ha sido el factótum del poder territorial municipal del PP en Madrid bajo las vicepresidencias de Granados y González y que parece complicado que se libre de las investigaciones en curso del caso Púnica. También sería interesante saber si los contribuyentes estamos pagando la defensa jurídica de los imputados, como es ya una tradición en España aunque sea vía seguros de responsabilidad.Ya se sabe que la memoria de la ciudadanía es muy corta.

Pero incluso una política tan veterana como Cristina Cifuentes (ha formado parte del grupo parlamentario del PP de la Asamblea regional de Madrid durante casi 30 años, ha sido Vicepresidenta de la Asamblea, responsable de campaña en las elecciones de la época de Ignacio González, etc, etc) no puede hacer milagros a la vista de lo que va saliendo a la luz sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid, que tiene visos de tener poco que envidiar a lo sucedido en la Comunidad de Valencia, especialmente durante la etapa de Ignacio González como Vicepresidente primero y Presidente después. No olvidemos que Madrid manejaba un presupuesto todavía más grande que el de la Comunidad Valenciana. De ahí que uno de los recursos utilizados para fundamentar su negativa a facilitar determinada información sobre las andanzas del Canal de Isabel II en Latinoamérica haya sido acudir a los servicios jurídicos de la Comunidad y en el Juez de instrucción para intentar encontrar el apoyo jurídico pertinente.

Resulta también curioso también que otros papeles –como los que admitían la personación de la Administración madrileña en el caso Lezo- no se traspapelaran a la vez. Todo lo contrario, sí llegaron a la prensa para demostrar el interés de la Comunidad de Madrid en estar personada en la causa. Cifuentes y su equipo, faltaría más, nunca fueron informados de la existencia del auto y comienzan a entregar parte de la documentación solicitada por la Comisión de investigación.Y así se ha desarrollado un nuevo culebrón político-judicial, de los que están tan de moda hoy en día, con sus cambios de jueces incluidos. Efectivamente, en agosto de 2017 el Juez Fernando Andreu, al frente (temporalmente) del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional dicta un auto que pueden consultar aquí, 20180113 AUTO ANDREU Providencia de la Audiencia Nacional 18 de agosto (1) y en el que literalmente se dice que no tiene nada que decir sobre la aportación de documentación a la Comisión anticorrupción de la Asamblea.  Una faena para la excusa oficial de que si no se proporcionaba dicha información no era por motivos políticos, no, si no exclusivamente por razones técnico-jurídicas. Curiosamente dicho auto se traspapela. Descubierto “a posteriori” que desde agosto obraba un fax del Juzgado de Instrucción en poder de la Comunidad de Madrid se monta un pequeño revuelo. Como suele suceder, la culpa es del becario (en este caso del subdirector de Régimen Jurídico dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia) que sirve de cabeza de turco y es cesado fulminantemente.

A los mal pensados les puede sorprender tanto despiste cuando existe un informe de la Abogacía General de la Comunidad que dictamina precisamente que «en tanto no se decrete la apertura del juicio oral (…) no procede el envío de informaciones que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la misma atribuye la Ley de Enjuiciamiento Criminal” un criterio no coincidente con el del primer auto. No olvidemos que el Abogado General de la Comunidad de Madrid es un cargo de libre designación, por si este dato tuviera algo que ver con el sentido de los dictámenes que emite en cuestiones delicadas para sus jefes políticos.

Entre los documentos objeto de la solicitud están los relativos a la adjudicación de la gestión del campo de golf construido en los terrenos del Canal de Chamberí, las tasaciones solicitadas antes de la adquisición de Inassa (la ya famosa filial del Canal de Isabel II)y la copia de un certificado relativo a la autorización para la compra de Emissao. Algún día alguien debería preguntarse qué hace un ente público cuya finalidad (según su propia web) es “gestionar el ciclo integral del agua” en la Comunidad de Madrid realizando este tipo de operaciones, y probablemente la respuesta sea tan sencilla como permitir el cobro de comisiones y “mordidas” por una serie de políticos, altos cargos y amigos varios cuya intervención (y facturación) en caso de no existir este tipo de compraventas sería bastante más complicado de justificar. En todo caso, es cierto que en los Estatutos del Canal se permitía la expansión internacional en un contexto en que empresas públicas o privadas de otros países de nuestro entorno se comportaban de forma parecido.

Recordemos también que el secreto del sumario se levantó en diciembre. Y para rematar la jugada,  resulta que incorporado el Juez titular (García Castellón) al Juzgado de Instrucción nº 6 el sentido del auto cambia y ya no se pueden entregar estos documentos. Aquí pueden consultarlo: 20180129 Auto 29-1-18 no ha lugar a trasladar documentos del sumario

Por supuesto, este auto no se traspapela y Cifuentes y su equipo se apresuran a exigir una especie de desagravio o reparación por parte de los partidos de la oposición reinvindicando que tenían razón en no entregar los documentos solicitados desde el punto de vista jurídico.  Así lo ha dicho el juez de instrucción. Hasta aquí el culebrón político-judicial.

Pero ¿es eso cierto o más bien es eso correcto? Porque los documentos que se estaban solicitando tienen carácter público (al tratarse de documentos de un ente público de la Comunidad de Madrid) con carácter previo a su incorporación a un procedimiento judicial.  El argumento del segundo auto equivale a decir algo así que como los documentos ahora están en poder del juzgado ya no son documentos administrativos incorporados a un procedimiento judicial, situación bastante habitual lógicamente como sabemos los que nos dedicamos al Derecho Administrativo. Como es lógico, los documentos no cambian de naturaleza por el hecho de formar o no parte de un sumario. documentos no cambian de naturaleza . Así lo entiende también el informe del letrado de la Comisión de Investigación de la Asamblea regional que se puede consultar aquí:  20171009 INFORME_JURIDICO_SENTENCIA_412-16_13_DICIEMBRE. En último término, esto llevaría al absurdo de que su incorporación (por la parte interesada en no proporcionarlos) más o menos fraudulenta a un procedimiento judicial -por ejemplo aportando documentación que no se quiere entregar a la  Fiscalía- impediría su entrega en casos como el que nos ocupa.

Por otro lado, se trata de documentos administrativos que son solicitados por una Comisión de investigación de la Asamblea regional de Madrid cuyas facultades se verían seriamente mermadas si no pudiera tratar o investigar ningún tema que estuviera “sub iudice”, máxime cuando se trata de dilucidar responsabilidades políticas y no jurídico penales, lo que dejaría sin objeto la mayor parte de las Comisiones de investigación que se pueden constituir. Así lo entiende en este artículo el letrado de las Cortes  y del Tribunal Constitucional Fernández Fontecha. que desmonta los argumentos del auto del Juez García Castellón recordando el objeto de las Comisiones de Investigación y el deber de colaborar con las mismas que afecta a todos, y hay que entender que particularmente a las Administraciones Públicas.

Efectivamente, son las propias Comisiones de Investigación las que deberán velar por los derechos de los comparecientes y por el cumplimiento de las normas aplicables en materia de protección del derecho al honor, la intimidad o cualquier otro que pueda verse comprometido. Entre los que no se encuentra -pese a que ese es uno de los fundamentos del Auto de García Castellón- el de presunción de inocencia, dado que la Comisión lógicamente no puede hacer ninguna valoración sobre la comisión de ilícitos penales. Otra cosa, claro está, es la repercusión mediática de sus actuaciones y, por supuesto, el riesgo político de que se conozcan determinadas actuaciones quizás no demasiado comprensibles desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero claro, para esto precisamente se crean las Comisiones de investigación cuya eficacia -no hace falta decirlo- es inversamente proporcional al número de escaños que tiene el Gobierno o el partido al que se investiga.

Cierto es que en España las Comisiones de investigación tradicionalmente no han servido para nada como recordabamos en este post ya un tanto antiguo. Pero quizás el fin del bipartidismo explique la revitalización de estas instituciones esenciales en un sistema de “check and balance”. En este sentido, algo hemos avanzado en esta legislatura tanto en el Parlamento nacional como en algunas Asambleas regionales. Pero para que estas Comisiones funcionen adecuadamente es imprescindible preservar su poder de investigación que incluye el denominado “power to send for persons, papers and records”, es decir, el de recabar la comparecencia de las personas que se estime oportuno para formularles preguntas así como el de solicitar cualquier tipo de documentación y archivos, ya se trate de documentación particular o en poder de las Administraciones Públicas.  Es más, recae sobre las Administraciones Públicas el deber ineludible de colaborar con estas Comisiones.

Por último, podemos traer a colación la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública dado que la Comunidad de Madrid (otro hito regenerador) ha sido incapaz de aprobar todavía su propia Ley de transparencia a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de las CCAA, cuyas leyes suelen además ser bastante más ambiciosas que la ley estatal.  Se trata de determinar si el caso que nos ocupa se encuentra entre los límites que se pueden invocar frente al derecho de acceso a la información pública (lo es la que obra en poder de entes como el Canal de Isabel II) reconocidos en el art. 14 de dicha norma. Pues bien, lo que se menciona como límite para denegar el acceso a información pública se encuentra únicamente el de “e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.” Como cabe fácilmente deducir de lo más arriba expuesto, parece difícil que pueda darse este supuesto.

Esperemos que la vía del recurso ya anunciada por los partidos de la oposición que se encuentran personados en la causa permita revertir una resolución judicial muy preocupante para el Estado de Derecho y el sistema de “check and balance” en España del que tan necesitados andamos.

 

 

Como es sabido actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Pues bien el grupo parlamentario de Ciudadanos, que es el que realizó la proposición de ley en el Congreso de los Diputados (origen de la ley que ahora se está tramitando) incluyó una serie de propuestas referidas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional tendentes a  aumentar las garantías de que el trabajo que realizan estos funcionarios en las distintas Entidades Locales españolas; lo realizan de acuerdo con la legalidad vigente y sin condicionamientos políticos de ningún tipo.

En el momento actual, y de acuerdo con la normativa actual, estos funcionarios soportan numerosas persecuciones, mobbing laboral, presiones de todo tipo e índole, por parte de Alcaldes, Concejales y diversos comisarios políticos que existen a miles en los Ayuntamientos españoles. Los comisarios políticos a los que nos referimos son los cientos de miles de funcionarios locales y personal laboral, que de forma constante, entran a trabajar en los Ayuntamientos, en función de su carnet político, o en el mejor de los casos con una oposición regalada (que consiste en diga usted el tema que quiera). Y sufren diariamente estas persecuciones pues son los encargados de velar por la legalidad de la actuación de los Ayuntamientos, en su vertiente económica, financiera, presupuestaria, recaudatoria; además de importantes funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

Estamos hablando de los Interventores, Secretarios y Tesoreros de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

La proposición de ley del grupo parlamentario de Ciudadanos, estable una serie de medidas para garantizar el correcto desempeño del trabajo de estos funcionarios que son funcionarios que selecciona el Ministerio de Hacienda y que sin embargo están destinados en los Ayuntamientos españoles. Estas medidas consisten básicamente, en las siguientes:

1º- Suprimir los puestos de libre designación de estos funcionarios, puestos de libre designación que han aumentado en los últimos años exponencialmente, pues tanto al Partido Popular como al Partido Socialista les ha interesado tener mediatizados y coartados a estos funcionarios, que para ellos son tan molestos, en la inmensa mayoría de los casos.

La libre designación es un sistema por el cual, cuando los informes de estos funcionarios no gustan al Alcalde de turno al advertirle de ciertas ilegalidades el alcalde decide unilateralmente cesarlos. ¿Para qué? Pues muy sencillo para así poder continuar cometiendo ilegalidades y actuando para su interés particular, nunca en el interés de los vecinos. En los últimos años, todos los españoles hemos asistido al espectáculo, casi diario de la corrupción de los distintos partidos políticos, pero sobre todo del PP y del PSOE..

La libre designación se convierte en esta manera, en una forma descarada, de cargarse los principios constitucionales de mérito y capacidad, que deben aplicarse no sólo cuando se accede a la Función Pública, sino durante el desarrollo de la carrera profesional de estos servidores públicos.

Recordar también por otro lado, que la mayor parte de los casos de corrupción que ha habido en España, en los últimos años, han surgido en la Administración Autonómica y Local.

2º- Intentar evitar, que estos funcionarios que en realidad controlan a los políticos, puedan ser a su vez sancionados por aquellos políticos a los que controlan.

Aquí el grupo parlamentario de Ciudadanos se ha quedado corto en su propuestas para evitar que se perpetué la corrupción, y así en vez de proponer, que dado que estos funcionarios que  pertenecen a la Administración del Estado, puedan ser sólo sancionados por la Administración a la que pertenecen y no por las CCAA o por los Ayuntamientos como sucede ahora en función de la gravedad de las infracciones.

Pues bien, vamos a analizar aquí, brevemente, es como y sobre todo por qué, los Grupos parlamentarios del Partido Socialista, Podemos y el partido nacionalista vasco, han propuesto en sus enmiendas, que se suprima los artículos que van a contribuir a mejorar, la independencia de estos funcionarios.

En primer lugar es de destacar que las declaraciones públicas de nuestros representantes políticos se compagina mal con el contenido de estas enmiendas.

Así se puede observar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que se puede consultar en la web del Congreso de los Diputados, como el partido socialista, propone que se suprima el correspondiente artículo referido a los funcionarios con habilitación de carácter nacional (Interventores, Secretarios y Tesoreros de Ayuntamientos).

La ENMIENDA Nº 291, realizada por el P.S.O.E, reza así: “

ENMIENDA NÚM. 291

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición final novena

De supresión.

Se propone la supresión de los apartados Uno, Dos, Tres y Cinco de la disposición final novena.

MOTIVACIÓN

En relación con el apartado Uno, la libre designación es uno de los procedimientos de provisión de puestos de trabajos que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). En consecuencia, cumple con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y no parece justificado que se prive a las administraciones locales de la posibilidad de acudir a este procedimiento de provisión.

En cuanto a los apartados Dos y Tres, no parece justificado -además de los problemas competenciales que pudiese plantear esta modificación normativa- sustraer a las entidades locales la competencia para incoar expedientes sancionadores que cometiesen sus funcionarios con habilitación de carácter nacional para traspasárselas a las Comunidades Autónomas o al Estado, según los casos.

Finalmente, en relación con el apartado Cinco, es necesario señalar que la modificación de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se propone es poco respetuosa con la garantía institucional de la autonomía local que contemplan los artículos 137 y 140 de la Constitución, al no reconocer un mínimo margen de decisión de las entidades locales para fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de todos los funcionarios a su servicio.

Pues bien analicemos los argumentos falaces y endebles de la propuesta del Partido Socialista.

1º- Se dice que la libre designación, es uno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, establecidos en el Estatuto básico del empleado público. Pues bien eso es cierto, pero se oculta parte de la verdad, con lo cual una verdad a medias, se convierte en una mentira.

El estatuto básico del empleado Público, en su artículo 79 instituye el sistema de concurso de méritos como el sistema normal de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios, precisamente porque es el más compatible con los principios de mérito y capacidad, pues valora los méritos, capacidades y aptitudes por órganos colegiados de carácter técnico( es decir por funcionarios especialistas y no por políticos). Luego si el concurso de méritos es el sistema normal, entonces la libre designación es la excepción.

Mientras, la libre designación supone la apreciación de carácter discrecional, por el órgano competente ( órgano político, no técnico), de la idoneidad del candidato. Artículo 80 del Estatuto Básico del empleado público.

Pues bien esto en la práctica supone que se elegirán, para el puesto a los funcionarios que han demostrado ser más dóciles con los políticos, a los que van a controlar, y no a los que más conocimientos( méritos) tengan y/o mayores capacidades. Esto se puede comprobar en los casos de muchos Interventores, que han sido cesados en sus puestos de libre designación, precisamente por hacer su trabajo de control de la legalidad.

Este sistema es especialmente peligroso en el caso de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los Ayuntamientos, pues estos a pesar de que son funcionarios del Estado, y tienen como misión el control de la legalidad en sus diversas formas de los Ayuntamientos, son retribuidos por aquellos mismos, a los que controlan.

Luego como conclusión, se puede argumentar, que está plenamente justificado, que se supriman las libres designaciones en los puestos de funcionarios correspondientes a  Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local. Y ello porque la figura de la libre designación, se ha aprovechado, de forma reiterada, no sólo por el Psoe , sino por otros partidos, para cesar a aquellos funcionarios que únicamente hacían su trabajo de control de la legalidad, cosa que por lo que ya se va viendo hace decenas de años, es incompatible con los partidos políticos en España.

Por eso hay un nivel de corrupción y de incumplimiento sistemático y contumaz de todo tipo de leyes por los partidos políticos y esto solamente perjudica a la gran mayoría de ciudadanos y sólo beneficia a los bolsillos de los políticos.

2º- Se dice además, en la propuesta socialista, como se puede leer, en el segundo de sus párrafos, que no parece justificado sustraer a las Entidades Locales, de la posibilidad de sancionar a sus funcionarios habilitados nacionales.

Es de destacar, la expresión sus funcionarios habilitados nacionales. Los funcionarios con habilitación nacional no son funcionarios de las Entidades locales, sino que son funcionarios del Estado, pues los selecciona el Ministerio de Hacienda y Función Pública ,aunque luego desempeñan sus puestos de trabajo en las Entidades Locales. Luego es incompatible el ser a la vez funcionario del Estado y serlo de un Ayuntamiento.

A continuación, podemos analizar, la todavía más sorprendente si cabe, propuesta de ese partido llamado PODEMOS, que supuestamente había entrado en el escenario político español para intentar regenerar la democracia y la vida pública española.

Bien pasamos a continuación a reproducir la propuesta de PODEMOS:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

A la disposición final novena

De supresión.

Se suprime la disposición final novena.

JUSTIFICACIÓN

La garantía de independencia de los puestos técnicos en la administración pública se vería mermada. Además, conviene abordar una reforma integral en pieza aparte de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aquí ya más que un razonamiento o justificación lo que se señala produce es un contrasentido puesto que se dice que la garantía de independencia de los puestos técnicos se vería mermada.

En primer lugar decir que cuando este Grupo parlamentario se refiere a los “puestos técnicos”, hay que entender que se refiere a los puestos de los habilitados de carácter nacional, que es de lo que va la disposición adicional novena.

En segundo lugar, decir que se compromete la garantía de independencia, cuando la reforma pretende aumentar la independencia de estos importantísimos funcionarios, alejándolos y inmunizándolos, aunque de manera muy “ light”, de los órganos políticos, a los que tienen por ley que controlar.

En último lugar, ya para terminar, podemos intentar analizar la propuesta del PNV.

Pasamos a reproducir la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, tal y cómo viene en el Boletín Oficial de las Cortes.

ENMIENDA NÚM. 216

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A la disposición final novena

De supresión.

Debe suprimirse la disposición final novena de la Proposición.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

Bien pues aquí no se pueden hacer muchos comentarios ni análisis, pues el razonamiento no existe.

Todavía están a tiempo los partidos políticos de rectificar sus enmiendas y de aportar nuevas medidas, en el trámite parlamentario en el Senado.

Veremos quién se vuelve a retratar o quizás alguno rectifique.

 

 

Una de las grandes noticias de los últimos tiempos en España ha sido, sin duda, la detención de Ángel María Villar, durante 29 largos años Presidente de la Federación Española de Fútbol y uno de los hombres fuertes en las diferentes organizaciones que rigen el fútbol mundial. Las causas de la detención parecen estar relacionadas con ciertas actividades de Villar y de su hijo Gorka, abogado especialista en Derecho deportivo y ex Director General de Conmebol (la Confederación Sudamericana de Fútbol), destinadas a la obtención de supuestos beneficios ilícitos relacionados con la organización de partidos amistosos de la selección española de fútbol.

Pero, con independencia del caso concreto que ha motivado la presente actuación judicial, no cabe duda de que la figura de Ángel María Villar lleva ya muchos años generando bastantes sombras y siendo enormemente controvertida por diferentes asuntos que tienen mucho que ver con su larguísima permanencia en el cargo. Recordando la famosa frase de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, hay que reconocer que una persona que permanece en su cargo casi 30 años tiende inevitablemente a patrimonializarlo y a generar a su alrededor una red clientelar -de especial importancia en el mundo de las Federaciones Territoriales, su gran sustento en el poder- que suele desembocar en falta de transparencia, abusos de poder y prácticas irregulares. Todo ello tiene gran relación, sin duda, con la naturaleza del cargo que ocupa Villar, el de Presidente de una Federación deportiva, entidades enormemente controvertidas desde el punto de vista jurídico, ya que tienen una naturaleza mixta privado-pública que les hace permanecer en un cierto limbo legal y en una situación de insuficiente control administrativo tremendamente llamativas en un Estado moderno del siglo XXI.

Debemos recordar a los lectores que las Federaciones deportivas españolas son entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados que, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública. Esa naturaleza mixta de “entidad privada que desempeña determinadas funciones públicas” ha dificultado tradicionalmente la regulación y el control administrativo de las Federaciones deportivas, que el Gobierno español ejerce a través del Consejo Superior de Deportes. Por ello, la normativa administrativa no ha podido introducir en las diferentes Federaciones deportivas determinadas normas como la limitación de mandatos, una mayor transparencia en los procesos electorales, o una auditoría exhaustiva de sus cuentas que hubieran posibilitado un mejor control del funcionamiento de estos entes que manejan enormes presupuestos de dinero privado y también un buen pellizco de dinero público (por ejemplo, reciben una participación en la recaudación de las quinielas organizadas por el ente público Loterías y Apuestas del Estado).

También deben ustedes conocer que las Federaciones deportivas españolas están integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas profesionales y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte. El ámbito de actuación de las Federaciones deportivas españolas, en el desarrollo de las competencias que les son propias de defensa y promoción general del deporte federado de ámbito estatal, se extiende al conjunto del territorio nacional, y su organización territorial se ajusta a las Comunidades Autónomas. Las Federaciones deportivas españolas se rigen por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, y por sus Estatutos y Reglamentos.

Pues bien, toda esa maraña de entidades y personas que constituyen legalmente el sustrato de la Federación Española de Fútbol (y, en menor medida, la de otras Federaciones deportivas españolas) es la que ha posibilitado el mantenimiento prolongado por parte de Villar y su equipo de una enorme red clientelar, y el pago incesante de favores de todo tipo (no necesariamente económicos), que han producido tan prolongada permanencia en el poder. Debemos recordar que esas prácticas fueron causa del largo enfrentamiento de Villar con el anterior Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que fue quien inició una cascada de denuncias contra él que han derivado en la reciente actuación judicial, y también de su notorio enfrentamiento con la Liga de Fútbol Profesional -la patronal de los equipos profesionales de fútbol- dirigida por Javier Tebas, otro de sus conocidos enemigos. Ambos han criticado de forma explícita las prácticas irregulares de Ángel María Villar y su equipo en los procesos electorales de la Federación y en la concesión de ayudas a Clubes y Federaciones territoriales, entre otros variados asuntos.

Parece, pues, que pintan bastos para uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial, que se había mantenido impune hasta ahora a todo tipo de denuncias, y hasta a las investigaciones del FBI norteamericano por los turbios manejos económicos de la FIFA del caído Blatter, de quien fue alto colaborador y amigo protegido. Esperaremos la evolución de los acontecimientos que acaban de desatarse en España, pero cierto aire de alivio y regeneración parece respirarse desde hace pocos días en todos los estamentos del complejo mundo del fútbol profesional, enormemente necesitado de una renovación y una transparencia de la que ha carecido por obra y gracia de uno de los grandes “dinosaurios” de este deporte a nivel mundial, que lleva cerca de 30 años sentado en -casi con toda seguridad- la poltrona más poderosa y menos controlada del mundo en el siglo XXI.