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Evitemos unas cuartas elecciones

No es una broma. El bloqueo al que nos ha conducido nuestro deteriorado sistema institucional es tal que, a la vista de que el resultado de las próximas elecciones no puede ser muy diferente de las anteriores, las cuartas parecen inevitables. Puesto que las medidas necesarias para regenerar ese sistema exigen precisamente un Gobierno y un Parlamento operativo y, además, un largo periodo de maduración (aquí) para evitar las cuartas elecciones solo podemos echar mano a una herramienta de urgencia: incorporar la solución vasca.

Efectivamente, el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su art. 33 señala que “3El Parlamento Vasco determinará por Ley la forma de elección del Presidente”. Por su parte el art. 5 de la Ley 7/1981 “de Gobierno”, señala que “1. Al comienzo de cada Legislatura del Parlamento Vasco, y en los demás casos previstos en la presente Ley, el Presidente del Parlamento convocará a la Cámara para la designación del Lehendakari de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento del Parlamento. 3. Resultará elegido Lehendakari el candidato que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara. 4. Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá ésta y será designado Lehendakari el que, de entre ellos, obtuviera la mayoría simple de los votos válidamente emitidos.”

Pues bien, el Reglamento (art. 165) establece un sistema de elección que hace imposible el bloqueo a través del fácil recurso de prohibir el voto negativo. Se pueden proponer todos los candidatos que se quieran, pero los parlamentarios solo pueden votar a favor o abstenerse. Esto implica que en la segunda votación, en el que basta la mayoría relativa, los parlamentarios minoritarios están obligados a votar al menos malo si quieren evitar al peor. Si no lo hacen y votan al propio (o se abstienen), saldría siempre el designado por el grupo con más parlamentarios (en nuestro caso Rajoy). Pero lo que está claro es que el Lehendakari sale sí o sí. Otra cosa es que luego pueda sacar adelante leyes, pero eso en esta tesitura que atravesamos casi nos da igual.

¿Se puede incorporar en este periodo parlamentario dicha solución a nuestra legislación estatal? A primera vista podría parecer que nuestra Constitución no debe ser un problema, porque el texto del art. 99 CE es bastante parecido a la de la Ley Vasca de Gobierno cuando habla de dos votaciones por mayoría absoluta y relativa, por lo que quizás una reforma del Reglamento del Congreso podría bastar. Sin embargo, esto no es así. La diferencia fundamental no es solo que la CE no hace ninguna remisión al Reglamento del Congreso para regular el procedimiento, sino que somete claramente a cada candidato a una votación separada (sin posibilidad de voto conjunto), por lo que negar el voto en contra es un sinsentido. La mera reforma del Reglamento podría ser suficiente para alguna innovación importante, como la de imponer el voto secreto (con lo que incluso quizás se evitasen unas terceras elecciones, como justifica Jorge de Esteban en un reciente artículo), pero resulta imposible para prohibir el voto en contra.

Partamos entonces de que la Constitución lo impide. Pues bien, el art. 99 CE no está sujeto a la reforma agravada, por lo que cabría reformarlo con bastante rapidez en el sentido de la Ley Vasca (tenemos experiencia de eso) por la vía del art. 167 de la CE, como ya comentamos en este post (aquí).

Recordemos que el artículo 167 establece un procedimiento mucho más sencillo:

“1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.”

En consecuencia, para realizar esta reforma el único obstáculo es el político, no el jurídico. Pero aún así los incentivos concurrentes pueden favorecerla (a diferencia de la reforma para imponer el voto secreto, por cierto, que no interesa a la cúpula de ningún partido). Si nos fijamos, comprobaremos que para bloquear una reforma constitucional un partido tiene que tener 117 diputados en el Congreso, que no es poca cosa. El único que podría bloquearla por sí solo es el PP (ya sea en el Congreso o en el Senado) y no parece que tenga ningún motivo para hacerlo, más bien al contrario. Para el PSOE, dada su posición central en el tablero político, también resulta interesante, ya que está llamado a liderar la alternativa principal al PP (salvo que no quiera correr el riesgo de quedar detrás de Podemos tras unas terceras elecciones). Los dos solos no pueden sacarlo adelante, efectivamente, pero sí con Cs, que tendría difícil justificar su negativa.

Si el bipartidismo está definitivamente muerto y los nuevos partidos han venido para quedarse, tarde o temprano tendremos que incorporar soluciones de este tipo.

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¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?

¿Por qué protestamos, ahora, de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin vehículos y tantas infraestructuras inútiles y no lo hicimos antes de su construcción, cuando aún estábamos a tiempo de evitarlo?

¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica? ¿Por qué tienen que ser buenos gestores de lo público los que antes no lo demostraron en lo privado para lo que se habían preparado?

¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto? ¿Por qué continuamos confiando en los medios que solo  denuncian una parte de la tarta de la corrupción, la que les interesa? Lo que los contribuyentes queremos es  que desaparezca toda y que los impuestos se destinen a financiar servicios públicos y prestaciones sociales y no se pierdan en su utilización partidista y/o electoralista, y en desidia e incompetencia.

¿Por qué nos quejamos de la corrupción generalizada si permitimos a los políticos que ganaban las elecciones que se repartieran el Estado como un botín, como si estuviéramos en la Edad Media y no como en los países democráticos avanzados, en los que se considera que es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno?

¿Por qué en nuestra vida privada, cuando tenemos que afrontar un tema importante, procuramos escoger al profesional que consideramos de más solvencia y seriedad, le pedimos presupuesto para calibrar su coste y acostumbramos a comprobar como les ha ido a sus clientes  y no lo hacemos en la vida pública, que es vital para nosotros? ¿Qué pensamos de un consumidor que, ante una compra necesaria y de valor, se deja llevar por la propaganda y “el carisma” del vendedor sin estudiar las cualidades técnicas de lo que necesita? Y ante el reto de una difíciles oposiciones de larga duración y de grave dificultad, ¿que pensaríamos  (de los 2) si un opositor se decide por un preparador que promete que en 6 meses y sin apenas estudiar, se puede aprobar?

¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?

¿Por qué nos escandalizamos con las entidades y sociedades que utilizan causas y agravios ciertos y graves para lucrarse en actividades que pensábamos altruistas y no hacemos lo mismo con los grupos políticos que, denunciando graves lacras sociales cuando están en la oposición, se olvidan de los  problemas básicos de los ciudadanos, como el paro, cuando acceden al poder?

¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

¿Por qué confiamos que resolverán el grave problema del paro los que reiteradamente han demostrado en sus anteriores gestiones que no lo hicieron?

¿Cuando aprenderemos, de una vez, que el destino económico de un país y del empleo no depende de las promesas de los políticos, que reiteran en cada elección, sino del éxito en los mercados de sus productos y servicios?

¿Cuándo reservaremos el nombre de progresistas a los políticos que hacen progresar el nivel de vida de sus pueblos y no sólo el de ellos? ¿ Quienes son más progresistas y quieren más a sus pueblos, los dirigentes “a lo Maduro” que llenan las calles de grandes muchedumbres, entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidas las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales o los discretos políticos chilenos que no buscan enemigos exteriores para sus problemas porque han concluido que es el camino del esfuerzo, de la calidad educativa y la formación laboral y del cumplimiento de las leyes y obligaciones el único que puede hacer realidad las promesas políticas?

¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo” al que recauda los impuestos justos, a quien su principal ocupación es la promoción y ejecución de  un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?

Si volvemos al mismo río donde las corrientes de la incompetencia en la gestión pública, la utilización partidista de la política económica, del gasto, del empleo, de las empresas y entidades públicas, la sobredimensión del estado autonómico, la falta competitividad de la economía… nos llevaron a la gran crisis  ¿por qué vamos a solucionar nuestros males si agrandamos los problemas que los ocasionaron y encima con la enorme mochila de la deuda anterior?

Y, finalmente ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

Aunque, si ante los graves problemas económicos y sociales no reconocemos nuestra responsabilidad en la elección y en la vigilancia de los gestores públicos y descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Un día, un amigo alemán, alarmado por el nivel de corrupción y de incompetencia política nuestra me dijo que, en Alemania, saben que estas cosas no pasan por casualidad y que se reproducen y amplían por la desidia y falta de diligencia de la ciudadanía y de sus entidades sociales más representativas. Y me dejó la siguiente recomendación que allí era muy popular: En la política, la confianza es buena pero el control es mejor.