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Las oscuras golondrinas se han convertido en halcones peregrinos. Causas y efectos de la diáspora empresarial en Cataluña

Estado de situación de la diáspora empresarial en Cataluña

La fuga de empresas de Cataluña durante los últimos tres meses del año 2017 que agoniza es un fenómeno del todo excepcional tanto en el ámbito europeo como en el global, por cuanto las experiencias previas en Canadá no son comparables. Es por ello por lo que nos parece que es pertinente analizar el estado de situación de este traslado masivo de domicilios societarios de miles de empresas desde un punto de vista técnico-regulatorio, al margen de cualquier implicación de la etiología política del movimiento. Y, así, al amparo de la hospitalidad que me brindan los patronos de este blog, procedemos a evaluar, una vez más, el fenómeno desde la perspectiva mercantil. Anticipamos que se trata de juicios provisionales, porque el completo alcance de la diáspora empresarial se podrá valorar cuando hayan transcurrido varios años y se hayan manifestado en su plenitud sus efectos. Pero, en todo caso, nos parece que la importancia del caso amerita no esperar esos años para ir haciendo diagnósticos de seguimiento desde un punto de vista racional y a ello procedemos.

Debemos comenzar retrotrayéndonos a nuestra anterior entrada del 23 de noviembre de 2017 en este blog en la que –bajo el título “¿Volverán las oscuras golondrinas? ¿Cuál es el grado de reversibilidad de la diáspora empresarial en Cataluña?”-  concluíamos diciendo Que “mientras no se logre una solución razonable y urgente que restablezca la percepción empresarial de seguridad jurídica en Cataluña podremos decir –recordando el poema de Gustavo Adolfo Becquer- que los bancos y empresas de Cataluña, como las golondrinas viajeras que “el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres… ¡Esas…no volverán”.

 A día de hoy podemos decir que aquellas previsiones, desgraciadamente, no solo se han cumplido, sino que se han multiplicado de forma exponencial ya que las 2.540 empresas que habían trasladado fuera de Cataluña su domicilio social se ha convertido, a 21 de diciembre, en 3139. Es por ello por lo que nos hemos permitido titular esta entrada con la licencia metafórica zoológica de convertir a las oscuras golondrinas en halcones peregrinos que, como es bien sabido, junto a su dispersión geográfica, se caracterizan por poder alcanzar velocidades de hasta 300 km./hora. Y este incremento de velocidad merece una explicación regulatoria –que nunca política, en nuestro caso- de sus causas y efectos.

Causas

Las causas de la diáspora empresarial vuelven a ser evidentes porque, con independencia de su etiología política, se identifican con la percepción empresarial del nivel de seguridad jurídica en Cataluña; percepción psicológica que es anterior incluso a la efectiva inseguridad jurídica que pueda existir en la realidad. Es una especie de actualización financiera de eventuales efectos futuros que hacen los mercados y los empresarios que operan en ellos y determina decisiones actuales tan transcendentales como las inversiones futuras en el territorio.

Efectos

Si pasamos de las causas a los efectos, debemos distinguir los que interesan a los dos principales tipos de agentes económicos implicados en la diáspora empresarial que son:

a) Por una parte, las empresas que se deslocalizan fuera de Cataluña. En este punto, hay que diferenciar varios tipos de efectos regulatorios del traslado: procesales, conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; fiscales, conforme al artículo 8 de la Ley del Impuesto de Sociedades; etc. (sobre ellos puede verse el análisis clarificador de Segismundo Alvarez Royo-Villanova publicado en “El Notario del Siglo XXI”, Número 76, de noviembre-diciembre de 2017, pág.18 y ss., titulado “El traslado de domicilio social: porqué se ha producido y cómo hacerlos tras el Decreto Ley 17/2018”).

Nosotros vamos a detenemos ahora, de forma telegráfica, en los efectos mercantiles y societarios para empezar recordando que la jurisprudencia tradicional de nuestro Tribunal Supremo, desde fecha muy anterior a la diáspora que analizamos ahora, tiene declarado que el domicilio de las sociedades mercantiles es un elemento indispensable de la seguridad del tráfico mercantil. En este sentido,  la Sentencia del 4 de octubre de 1999 afirma que es doctrina de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, citando la de 28 de noviembre de 1998, «que el domicilio social de las sociedades anónimas, no sólo constituye la sede oficial de la entidad, que garantiza a la misma la recepción y práctica de cuantas comunicaciones y notificaciones hayan de trasladársele para su conocimiento, con plenitud de efectos, sino también, la ubicación que por naturaleza formal [cfr. artículo 9 de la Ley de Sociedades Anónimas, apartado e)] y necesidad de inscripción registral, asegura a los terceros, que, con ella, se relacionan, la certeza de aquel conocimiento, como elemento indispensable de la seguridad del tráfico mercantil».

En síntesis, a la vista del art.9 de la Ley de Sociedades de Capital, podemos identificar dos niveles de localización empresarial –y, por lo tanto, de eventual deslocalización- con sus diferentes consecuencias: El primer nivel es el del domicilio de gestión que se corresponde con el lugar en el que esta el “centro de su efectiva administración y dirección”. Podríamos decir –salvando las correcciones derivadas del sector económico en que se ubique cada empresa- que es el lugar de las “oficinas” de la empresa. El segundo nivel es el del domicilio productivo, que se corresponde con el lugar en donde está su “principal establecimiento o explotación” o –en términos del artículo 10 de la Ley Concursal- el “centro de sus intereses principales”. Podríamos decir –con la salvedad anterior- que es el lugar de las “fabricas” de la empresa.

b) Por otra parte, si enfocamos nuestra atención hacia los ciudadanos que verán afectadas sus economías familiares por la diáspora empresarial, podemos distinguir dos tipos de efectos: Primero, los efectos macroeconómicos, que son los primeros en manifestarse y no producen una afectación directa e inmediata de las economías familiares. Segundo, los efectos microeconómicos, que se manifiestan a continuación en forma de eventuales ajustes de plantillas y de otras formas que afectan directa e inmediatamente a las economías familiares.

Conclusiones

En términos generales, podemos apreciar una suerte de regla de proporcionalidad directa que nos dice que: a mayor nivel de inseguridad jurídica en un determinado territorio o de simple percepción empresarial de aquella; existe un mayor riesgo de deslocalización de empresas y esta deslocalización suele pasar por dos fases: en la primera se trasladan las oficinas y, después -si la inseguridad jurídica persiste o se agrava- se trasladan las fábricas. Y la cadena de causas y efectos acaba empobreciendo al territorio en cuestión.

En el caso de Cataluña,  con las imprescindibles ajustes que cada caso requiere, existen indicios de que la diáspora empresarial ha pasado la fase de enfermedad aguda y se ha convertido en crónica (entra otras razones, porque el universo de empresas desplazables es limitado) y ha consolidado la primera etapa de traslado de “oficinas” y el mercado esta a la espera de ver cómo evoluciona el nivel de seguridad jurídica para decidir, si la inseguridad persiste o se agrava, el traslado de las “fábricas”.

Por último, informar al lector de este blog  que, junto a las entradas fundamentadas que puede encontrar en el mismo sobre esta compleja cuestión (incluida la nuestra del pasado 25 de octubre sobre “La motivación y las consecuencias financieras de la activación por el gobierno del artículo 155 de la Constitución”) puede ver también la entrada de Javier Fernandez Alén publicada el 22 de noviembre pasado en el blog de ajtapia.com sobre “¿Por qué la Agencia Europea de Medicamentos no ha recalado en Barcelona?: Crónica de una muerte anunciada”, así como la publicada el 28 de noviembre en dicho blog sobre “¿Por qué la Autoridad Bancaria Europea se ha trasladado de Londres a Paris? Paralelismos con el caso de la Agencia Europea de Medicamentos. Refuerzo del Sistema Europeo de Supervisión Financiera”.

 

 

¿Volverán las oscuras golondrinas? ¿Cuál es el grado de reversibilidad de la diáspora empresarial en Cataluña?

Dábamos por terminada nuestra entrada en este blog del pasado 25 de octubre sobre “La motivación y las consecuencias financieras de la activación por el gobierno del artículo 155 de la Constitución” diciendo que la forma en la que se aplicara el artículo 155 de la Constitución española para reconducir a la legalidad el desafío independentista de Cataluña determinaría el impacto del proceso en el mercado financiero español e internacional. En particular, decíamos que la manera de aplicar aquel precepto constitucional –ente las muchas opciones disponibles- determinaría si la diáspora bancaria de Cataluña era un resfriado fácilmente reversible o una grave enfermedad crónica de dudosa reversibilidad.

Pues bien, el tiempo transcurrido desde entonces nos ha mostrado que la forma en la que se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución (con el anuncio de elecciones autonómicas incluido) no ha detenido aquella diáspora no solo bancaria, sino también empresarial. En efecto, es público y notorio que, desde aquella fecha, la huida empresarial ha crecido no sólo en términos cuantitativos, alcanzando el número de las 2.540 empresas que han trasladado fuera de Cataluña su domicilio social; sino también en términos cualitativos porque más de 1.000 empresas han trasladado también su domicilio fiscal, con los efectos añadidos de todo tipo que ello produce. Y vemos que esta diáspora se mantiene en el tiempo cuando leemos en la prensa económica de la última semana que un importante grupo hotelero ha decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña.

Este horizonte inquietante se completa cuando vemos cómo la prensa económica del pasado viernes 17 de noviembre da cuenta de que las dos principales agencias de calificación crediticia (S&P y Moodys) advierten, en informes recientes, de tres hechos relevantes: primero que los dos bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, aun cuando lograron detener la limitada fuga de depósitos que había sufrido gracias al traslado de sus domicilios sociales, siguen sufriendo el riesgo específico derivado del desafío independentista, dado el volumen de actividad en aquella región (del 27% en el caso del Banco Sabadell y del 22% en el de Caixabank) y el consiguiente nivel de exposición de sus respectivos negocios bancarios a aquel riesgo regulatorio. En segundo lugar, advierten de la caída de confianza del consumidor y del frenazo en la producción. Y, en tercer lugar, añaden que estos efectos indeseables afectarán no sólo a los bancos y a la economía catalana, sino también a la generalidad de los bancos y la economía española. Con las dificultades –cierto que con un grado de probabilidad baja- que podría encontrar la banca española para financiarse en los mercados internacionales. En este último sentido, el comunicado de Moody´s ha rebajado las previsiones de crecimiento de la Economía española a un 2.9% para 2017 y a un 2,3% para 2018, lo que reduce las posibilidades de revisar al alza la calificación crediticia de la deuda española, actualmente ubicada en el rango Baa2, que equivale, aproximadamente, a un aprobado alto.

Así las cosas, nos parece que el panorama general nos permite aventurar el siguiente diagnóstico: Cataluña en particular y –a resultas de la crisis de esta región- España en general viven una suerte de esquizofrenia socio-económica con dos personalidades disociadas: Por un lado, la personalidad socio-política que emplea todos sus esfuerzos en debates cuasi freudianos sobre las respectivas identidades mantenidos por una población política –en algunos casos, además reclusa- que, con demasiada frecuencia, da muestras de un analfabetismo funcional preocupante que insulta la inteligencia del ciudadano medio. Y, por otro lado, la personalidad económica que pretende seguir creciendo y manteniendo el bienestar logrado a base del esfuerzo continuado de millones de ciudadanos libres e iguales que contemplan, atónitos, el espectáculo de un Titanic que puede hundirse mientras la orquesta de políticos que les representan toca un vals que, además, no resulta apacible ni grato de escuchar.

Y llega el momento de intentar responder a la pregunta que encabeza este artículo sobre si es reversible la diáspora empresarial en Cataluña. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es evidentemente afirmativa debiendo añadir que el traslado de domicilio de vuelta a Cataluña por parte de las sociedades que se han ido no solo es factible sino fácilmente realizable, especialmente tras la modificación del apartado 2 del artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital por el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre. Sin embargo, desde el punto de vista socio-económico y estratégico, la respuesta es mucho más compleja porque depende del grado de seguridad jurídica que se alcance en Cataluña que viene, a su vez, condicionada en el futuro inminente por los resultados de las futuras elecciones autonómicas del 21 de diciembre respecto de las cuales los sondeos de opinión aventuran un empate técnico entre los partidos constitucionalistas e independentistas que amenaza con prolongar, sine die, la incertidumbre dañina para la actividad y el crecimiento económicos.

Concluimos: mientras no se logre una solución razonable y urgente que restablezca la percepción empresarial de seguridad jurídica en Cataluña podremos decir –recordando el poema de Gustavo Adolfo Becquer- que los bancos y empresas de Cataluña, como las golondrinas viajeras que “el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres…¡Esas…no volverán” ni tampoco como aquellas otras que “cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día…. ¡esas…. no volverán!”.

 

¿Cual debe ser el objetivo de los administradores? La creación de valor para el accionista y su crisis.

Durante los años 80 y 90, la idea de que el objetivo de los administradores debía ser la creación del valor para el accionista se convirtió en un dogma inatacable. La idea procedía de economistas anglo-sajones (Stern, Rappaport) y consistía en que el objetivo de la sociedad era maximizar el beneficio económico del accionista, lo que en las  cotizadas se traducía  en maximizar el valor de su acción. Esto parecía tanto por el derecho de estos países, tanto en la ley como en la jurisprudencia. En el famoso caso Dodge v. Ford, y frente a la alegación del mismísimo Henry Ford de que prefería emplear los recursos de la empresa en “construir coches mejores y más baratos y pagar mejores sueldos”, la corte de Michigan dio la razón a los accionistas minoritarios, que defendían que se debía dar prioridad a los  intereses de sus socios. Aunque en los derechos continentales, y en particular en Alemania, la tradición jurídica tendía a considerar la necesidad de tener otros intereses, especialmente los de los trabajadores, esto se consideró una concepción superada.

Sin embargo, casos como Enron o Worldcom y la crisis financiera de 2008 revelaron que esa doctrina, o más concretamente la obsesión por el valor de la acción había llevado al cortoplacismo, el sobre endeudamiento, la reducción de la inversión, y la manipulación de la contabilidad. La necesidad de revisar el modelo se imponía y podemos distinguir dos tendencias básicas.

Por una parte están las teorías pluralistas o institucionalistas, que impugnan directamente la doctrina anterior. Entienden que el interés económico del accionista no es el único objetivo de la empresa, sino que ésta tiene que atender a los de diversos interesados (“stakeholders”) en la misma. Los argumentos son de tipo ético pero sobre todo económico (aquíaquí), pues se considera que la mayor eficiencia global se logra si los administradores tienen en cuenta no sólo el interés del accionista sino también el de las demás personas relacionadas con la empresa (clientes, trabajadores, proveedores, pero también el de la sociedad en general).

Llevar a la práctica estas teorías, sin embargo, plantea problemas: los intereses de todos esos grupos a menudo entran en conflicto, sin que estas teorías ofrezcan instrumentos claros para determinar cual debe prevalecer en cada caso (un problema, por cierto que ya en 1995 Terceiro advirtió que padecían las Cajas de Ahorro). La consecuencia es que no es posible saber cuando los administradores actúan correcta o incorrectamente ni exigirles responsabilidad. La idea de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) parecería poder encuadrarse en estas teorías, al defender que las empresas actúen favoreciendo los intereses de la sociedad en su conjunto, pero en la práctica  no queda claro si esto esto es lo que debe guiar a los administradores o es solo un elemento accesorio para mejorar la imagen de la empresa –o de maquillarla…-.

El segundo grupo de autores  mantienen el interés del accionista como elemento central a tener en cuenta por los administradores, pero rechazando que esto se traduzca solo en perseguir el mayor del valor de la acción durante su mandato. Señalan que hay que es ampliar el plazo y los elementos a tener en cuenta por los administradores. El reflejo legislativo de esta postura es la normativa británica: la reforma de la Companies Act en 2006 estableció (artículo 172) que los administradores deben actuar en beneficio de sus socios (“promote the success of the company for the benefit of its members as a whole) pero también que “al hacerlo deben tener en cuenta las consecuencias probables de cualquier decisión a largo plazo” y también los intereses de empleados, las relaciones con proveedores, clientes y otros, el impacto medio ambiental y la reputación de la sociedad. No se trata de una visión pluralista pues el objetivo es el interés de los socios y los demás solo han de “tenerse en cuenta”. Lo que la ley británica advierte es que la protección de ese interés requiere una visión más amplia, pues a medio plazo no se puede sostener la rentabilidad si no se tienen en cuenta los otros intereses: por ejemplo, la falta de cuidado de los empleados provocará la pérdida de los mejores, o los efectos medio ambientales negativos darán lugar a daño reputacional o a sanciones, aunque sean dentro de mucho tiempo. Esta teoría reformada es lo que se denomina “Enlightened Shareholder Value” (ESV), que podría traducirse como un valor para el accionista bien entendido o “ilustrado”.

¿Y qué sucede en nuestro derecho? A primera vista, nada de esto aparece en nuestra Ley de Sociedades de Capital (LSC). El artículo 225 LSC no dice qué tienen que perseguir los administradores sino solo cómo (con diligencia y dedicación) y el art. 226 parece ampliar su discrecionalidad al incorporar la llamada “business judgement rule” a nuestro derecho. Algunos autores dicen incluso que el artículo 348 bis vuelve a poner el ánimo de lucro de los socios como objetivo central de la sociedad al “obligar” a repartir dividendos (MARINA, aquí).

Sin embargo, la misma idea de la norma inglesa aparece en nuestra ley -en un lugar sorprendente- cuando el artículo  217 LSC establece que “el sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad”. Aunque el artículo se refiere al sistema de remuneración y no a una obligación de los administradores, es evidente que si ese sistema debe perseguir ese objetivo es porque ese debe ser también el de los administradores.  El legislador está modalizando el ánimo de lucro como único fin de la sociedad: no lo niega, pues la rentabilidad puede identificarse con él, pero introduce el concepto de sostenibilidad a largo plazo, que introduce dos elementos nuevos, también presenes en la ley inglesa.

Por una parte el elemento temporal, pues no se trata de obtener unos beneficios o un aumento de valor inmediato sino a largo plazo. Aunque no lo define, es evidente que no se refiere a un plazo financiero sino empresarial – no a meses o uno o dos años, sino lustros-. Por otra parte, el concepto de “sostenibilidad” va más allá de la simple permanencia e implica que se han de tener en cuenta los factores que hacen a la empresa viable desde un punto de vista social y ecológico, lo que implica tener en cuenta los intereses de trabajadores, proveedores, clientes y comunidad.

Lo que no está claro es qué consecuencias tiene esta norma en la práctica. En el derecho inglés la doctrina duda que los interesados (“stakeholders”) distintos de los socios puedan ejercer ninguna acción contra los administradores basándose en el criterio legal. Aún más difícil será admitir esto en nuestro derecho en el que la obligación de tener en cuenta esos intereses se establece de forma indirecta. No obstante, puede servir a los administradores para defender determinadas políticas frente a los socios: por volver al ejemplo de Ford, es evidente que su estrategia fidelizaba a clientes y trabajadores y contribuía a la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. En relación con el art. 348 bis, puede fundamentar una oposición al derecho de separación por parte de los accionistas si los administradores demuestran que la falta de reparto de dividendos era necesaria para mantener la viabilidad de la empresa.

A pesar de las limitaciones de esta doctrina “ilustrada” de la creación de valor, no parece que el  legislador pueda obligar a los administradores a una defensa más  concreta de esos otros intereses sin que aparezcan los problemas de las teorías pluralistas. Quizás la solución sea una vía intermedia entre contractualistas e institucionalistas. En  este reciente artículo de la Harvard Business Review de RAPPAPORT ( uno de los padres la doctrina de creación de valor)  se dice que deben ser los propios socios los que definan esos objetivos. Los estatutos podrían definir qué es el largo plazo, qué otros intereses deben tenerse en cuenta y cómo resolver los conflictos entre ellos. La transparencia en estas cuestiones tendría una doble utilidad. Por una parte permitiría a los terceros saber a qué atenerse en sus relaciones con la sociedad, a los socios si les interesa o no invertir en ella, y facilitaría el proceso de decisión de los administradores y la determinación de sus responsabilidades. Por otra, promovería la moralización de la administración, pues es poco probable que nadie quiera mostrarse como cortoplacista o indiferente a los daños medioambientales. Como no siempre lo harán voluntariamente, el legislador podría obligar a las sociedades que por su tamaño tienen una mayor influencia sobre otros intereses a explicitar esos criterios.

El debate está abierto, y las soluciones no son sencillas ni tienen que ser las mismas para todo tipo de sociedades. Pero está claro que se trata de otro caso – uno más – en que criterios puramente económicos -que prescinden de criterios éticos y de justicia- resultan ser erróneos y  llevan a resultados económicos y sociales desastrosos. El mercado es la mejor forma de asignar recursos, pero el propio Adam Smith comprendía que esa mano invisible solo puede funcionar si, aún siguiendo su propio interés, todos los actores actúan con respecto a los valores éticos de la comunidad.

 

 

HD Joven: Un nuevo episodio de la batalla entre Uber y los taxistas

Hace algunas semanas tuvimos novedades acerca de un asunto que puede marcar el futuro de la llamada “economía colaborativa”. Me refiero a las conclusiones emitidas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), D. Maciej Szpunar, a propósito de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, tras una demanda presentada por la Asociación Profesional Élite Taxi -agrupación de taxistas de la Ciudad Condal- contra Uber, solicitando que se sancionara a ésta por competencia desleal, prohibiéndole, además, la prestación de servicios de transporte.

Ante dicho planteamiento, el Juzgado decidió solicitar la interpretación del TJUE, para la calificación de la actividad de Uber como empresa de servicios de la sociedad de información o de transporte.

Esta disquisición es nuclear, puesto que dependiendo de cómo se califique la actividad que lleva a cabo dicha sociedad, las consecuencias son completamente opuestas. Por un lado, en el caso de que se califique a Uber como empresa de la sociedad de la información, se le aplicaría, entre otras, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, no requiriendo licencia o autorización alguna para operar, acogiéndose al principio de libre prestación de servicios que proclama la norma para ese tipo de servicios. Por el contrario, en el supuesto de que se calificase su actividad como incluida en el sector del transporte, se les podría exigir operar a través de licencias u otro tipo de requisitos que determinen los Estados miembros.

Pues bien, en este caso, el Abogado General, en sus conclusiones, se ha puesto del lado del sector del taxi, al calificar a Uber como una sociedad que presta un servicio mixto, esto es, que parte lo ofrece como servicio de la sociedad de la información y otra parte no, a la cual no se le puede aplicar la Directiva de la sociedad de la información, ya que considera que (i) la prestación que no se facilita por la vía electrónica (esto es, la del transporte de personas), no es económicamente independiente de la facilitada mediante la vía electrónica, como podría ser las plataformas intermediarias en la compra de billetes de avión o la reserva de hoteles; (ii) unido a que “los conductores que circulan en el marco de la plataforma de Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma”; y, en último lugar, porque (iii) “Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido”.

Adicionalmente, D. Maciej Szpunar menciona una serie de actuaciones que realiza la sociedad, como imponer a los conductores condiciones para formar parte de ella, premiar económicamente a aquéllos que realizan muchos trayectos,  llevar a cabo un control sobre la calidad del servicio que prestan los conductores además de determinar el precio del servicio.

Todo ello lleva al Abogado General a determinar que la prestación de servicios de transporte es la actividad principal de Uber, y, por lo tanto, no puede ser considerado como un mero intermediario que pone en contacto a pasajero y conductor. Calificando la actividad que lleva a cabo como de “organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición” (sic) y proponiendo al Tribunal la calificación del servicio ofrecido por Uber como servicio en el ámbito del transporte, lo que llevaría a quedar sometida a las exigencias impuestas por los Estados miembros a los transportistas para poder prestar sus servicios en cada país.

¿Seguirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el criterio del Abogado General? Lo veremos en los próximos meses, si bien, hay algo que parece evidente: decida lo que decida el Tribunal, habrá un antes y un después de dicha sentencia para el mundo de la “economía colaborativa”, ya que sus efectos se podrían aplicar a otras plataformas que también operan de una manera similar a Uber, aduciendo que solo son intermediarios, como Airbnb o Blablacar (en cuanto a éste último, resulta muy útil el artículo publicado en este blog a propósito de la última sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Madrid).

Si bien, en el caso de que el Tribunal determine que no se les puede aplicar la normativa de las sociedades de los servicios de la información, sino la relativa al sector en el que operan -véase hostelería o transporte-, los Estados miembros podrían exigirles las autorizaciones y licencias que se demandan a otros operadores del sector, como los taxis o los hoteles, lo cual haría tambalearse el negocio del sector.

Lo cierto es que dichas nuevas plataformas se aprovecharon en un primer momento de los vacíos legales que se encontraron para operar en los diferentes ordenamientos sin tener que cumplir con ninguna exigencia legal, al contrario que sus competidores. Aunque no lo es menos que, ciertas empresas, como Uber, se han adaptado en los últimos tiempos, en parte, al actual marco normativo con la solicitud de las licencias VTC. Asimismo, parece más que evidente que este tipo de compañías no son meros intermediarios, sino que tienen una influencia importante en el servicio final que se presta. Nadie se plantea equiparar la influencia que pueden llegar a tener en el servicio o producto que se ofrece al consumidor plataformas intermediarias como Booking o Skyscanner -las cuales sí que ofrecen indudablemente un servicio de la sociedad de la información-, con la que tienen Uber o Cabify.

Como ya indicamos los editores de HD Joven en el capítulo dedicado a la economía colaborativa del reciente libro de Sansón Carrasco, “Contra el capitalismo clientelar”, es necesario resolver la situación de incertidumbre jurídica en la que vivimos con respecto a esta nueva realidad, realidad que por cierto ha venido para quedarse, con una legislación acorde y precisa –que no abundante- sobre la materia, sin olvidarnos de desregularizar los sectores tradicionales a los que se les exige unos requisitos demasiado estrictos para operar. Utilizando una frase del antiguo primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, el objetivo debería ser “impulsar un entorno regulatorio que permita la creación de nuevos modelos de negocio, al tiempo que se protege a los consumidores y se aseguran condiciones fiscales y laborales justas”. Está claro que es fácil decirlo, más difícil llevarlo a la práctica, pero debemos intentarlo.

Mientras tanto, la batalla en los tribunales parece que no dará tregua, por mucho que se pronuncie el TJUE,  ya que acabamos de conocer una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, que ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra el otro gran enemigo del sector, Cabify, dictaminando que esta última no ha incurrido en competencia desleal, ni ha violado normativa alguna relacionada con el transporte, puesto que las conductas que se denunciaban no podían ser cometidas por una empresa que actúa como intermediara y que no ha quedado acreditado que Cabify obligue a los titulares de las licencias a cometer ninguna infracción, ni que con las supuestas infracciones denunciadas, entre las que se encontraban circular captando clientes o sin disponer de hoja de ruta, haya obtenido ventaja competitiva alguna respecto a los taxis. Como pueden ver, el debate está servido, quizás, ¿hasta el pronunciamiento del TJUE? Permítanme que lo dude.

¿Es un régimen sancionador el instrumento definitivo para acabar con la morosidad y los abusos en la fijación de plazos de pago?

Karl Binding, un reputado jurista alemán, afirmó que una norma sin sanción es como una campana sin badajo. Aquí tenemos la mejor explicación del estrepitoso fracaso de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas contra la morosidad: la ausencia de medidas coercitivas para hacer cumplir una Ley que tiene por objeto combatir la morosidad y el abuso en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales entre empresas. La citada Ley establece que el plazo de pago legal que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días después de la fecha de recepción de las mercancías. Además, dicta que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales. Como penalización a la morosidad, la Ley establece que todo retraso en el momento de efectuar el pago da lugar al derecho a percibir intereses de demora. El interés de demora –a falta de uno pactado en contrato– correspondía a la suma del tipo de interés del BCE más ocho puntos. Además, el moroso debe indemnizar al acreedor con 40 euros por cada factura no pagada al vencimiento como compensación por costes de cobro. Igualmente, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad de 40 euros. Igualmente, la ley prohíbe imponer acuerdos abusivos al proveedor y se consideran nulas las cláusulas pactadas. En particular, será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluida cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal. Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

No obstante, por más que el precepto legal imponga un límite temporal de sesenta días para los pactos relativos a los aplazamientos de pago y que la Ley prevea penalizaciones y control de los abusos contractuales, España sigue sufriendo un problema crónico falta de respeto a los plazos máximos de pago.

Un estudio publicado este mes por INFORMA D&B patentiza que el periodo medio de pago en España se sitúa en 86,18 días; en consecuencia, este plazo medio está muy por encima de los sesenta días que es el plazo máximo que permite la norma. A su vez, un estudio de la Gestión del Riesgo realizado por IE Business School, Crédito y Caución e Iberinform reveló que la reclamación de intereses de mora solamente la realizan un nueve por ciento de las empresas. El porcentaje de empresas que reclaman la indemnización por gastos de cobro no llega al uno por ciento. El motivo radica en el temor de que el moroso se les ría en la cara si se le reclama el pago del interés de mora devengado y la indemnización por costes de cobro, dada la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de dichos intereses moratorios y, en la mayoría de los casos, el acreedor se conforma con cobrar el principal del crédito adeudado.

El pasado día 9 de mayo el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y cuyo texto fue calificado y admitido a trámite el 16 de mayo y remitido al Gobierno; a fecha de hoy (29 de mayo) se encuentra pendiente de contestación por parte del Ejecutivo, para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

Curiosamente, el Grupo Parlamentario Popular ya había presentado previamente una Proposición no de Ley relativa a impulsar la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales. El Pleno del Congreso en su sesión del 6 de abril la aprobó por 335 votos a favor y 2 abstenciones. Lo que es insólito es que el PP empleara una Proposición no de Ley cuando es el partido que está en el Gobierno, ya que lo normal en estos casos es presentar un Proyecto de Ley. A pesar la solemnidad de su nombre, una proposición no de ley es simplemente la forma que adoptan las propuestas de los grupos parlamentarios, dirigidas a obtener una manifestación de voluntad del Congreso. Su naturaleza jurídica es idéntica a la de las mociones y carece de eficacia jurídica ya que su valor es puramente político. Por consiguiente, es incapaz de producir efectos jurídicos vinculantes para los poderes públicos característicos de la ley. Como forma de orientación de la voluntad política del Gobierno, su efectividad depende de la disposición del Ejecutivo.

Al mismo tiempo causa estupor que el PP y Ciudadanos hayan presentado respectivamente una Proposición no de Ley y una Proposición de Ley, cuando en la actualidad hay un procedimiento legislativo de una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Partit Demòcrata Català. Esta Proposición de Ley fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso en octubre de 2016. A su vez, desde el 18 de abril, en el Senado se está tramitando una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 presentada por el Grupo Parlamentario mixto y a instancias del Senador del Partit Demòcrata Català, Josep Lluís Cleries, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Vale la pena decir, que en abril de 2016 el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) ya presentó en el Congreso una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Esta iniciativa parlamentaria quedó en vía muerta por la disolución de las Cortes Generales en mayo de 2016.

El texto de estas dos Proposiciones es impecable, y de aprobarse sería la solución a los problemas actuales de falta de cumplimiento de la legislación antimorosidad. Consecuentemente, si realmente los partidos políticos tienen voluntad para reducir la morosidad en las operaciones mercantiles  poner coto a los abusos en la fijación de plazos de pago mediante medidas coercitivas y sancionadoras, lo que deberían hacer es apoyar la aprobación de las Proposiciones de Ley presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso y del Senado, respetando el principio de antigüedad en la iniciativa parlamentaria, en lugar de competir entre sí, a ver quién se atribuye el mérito de conseguir la promulgación de una norma sancionadora.

Afortunadamente, el Tribunal Supremo está haciendo su labor de aplicar la norma, como lo demuestra una sentencia sobre un recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada en recurso de apelación por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Badajoz. El Supremo ha declarado que todos aquellos pactos para el plazo del pago que exceden del límite de 60 días, resultan nulos por contravenir la Ley. La aclaración del Tribunal Supremo en los Fundamentos de Derecho de la sentencia señala que el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal establecida por la norma para el plazo del pago comporta que todos aquellos pactos que exceden de dicho límite temporal, sesenta días naturales, resulten nulos de pleno derecho por contravención de lo dispuesto en la norma imperativa. este caso, 60 días naturales, por lo que dicho pacto ya es nulo de pleno derecho. Esta sentencia del Tribunal Supremo, ha evitado que se cumpla el aforismo del profesor Federico de Castro y Bravo de que. “En España la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”.

¿Por qué es tan difícil encontrar a un experto que nos adivine el tipo de interés futuro?

En 1999, en un artículo que publiqué en  EXPANSIÓN, incluí una conversación con un cliente que me preguntó sobre el  interés que  tendríamos en el futuro. Y le contesté que el tipo de interés es una variable derivada de  datos que se irán forjando y que actualmente no existen. Dependía de la  calidad de la gestión pública y sus resultados económicos: inflación, solvencia externa, equilibrio en las finanzas públicas y en el comercio exterior, competitividad del sector productivo….Y se lo acompañé de varios ejemplos de cómo personajes e instituciones de reconocida competencia no supieron adivinar el tipo de interés de un período muy corto de tiempo.

En estos días que he tenido tiempo para ello, he podido recuperar la documentación que utilicé en el artículo anteriormente referido.

El ejemplo era muy reciente respecto al año de su publicación, 1999.

En abril de 1995 los tipos de interés a largo plazo estaban por encima del 12%. A los dos años habían descendido por debajo de la mitad.

Lo que demuestra que todos los que emitieron títulos de deuda a largo plazo del sector público, del sector financiero y grandes empresas no tenían ni idea de que el tipo de interés bajaría tan drásticamente solo a los 2 años porque, de otra manera,   se hubieran financiado a corto esperando el gran descenso.

El sector público se hubiera financiado con letras del tesoro, pasando a obligaciones a 10 o 15 años cuando hubiera alcanzado un suelo con un tipo  tan reducido.

Seguramente, las entidades contaban con los más competentes en esta materia y fueron consultados antes de tomar una decisión que luego tendría un enorme coste.¡ Imaginaos lo que es pagar mas del doble  a partir del segundo año y durante 8 o 13 años ¡.

No creo que, en aquel momento, se le ocurriera a nadie echar a los expertos  ( ¡Y tuvieron suerte los consumidores propietarios de títulos de deuda que no hubiera entonces la movida actual!).

Intervienen tantos factores que he llegado a la conclusión, cuando me preguntan sobre qué tipo de interés tendremos en el futuro, que la respuesta más prudente   y menos arriesgada es “dame el futuro y te diré el tipo de interés”.

El futuro del tipo de interés dependerá de la evolución de los principales indicadores y  como estos fluctúan constantemente, adelantar lo que pasará con el interés sólo lo puede hacer una persona que tenga controlado el porvenir político, social y económico.

Coincido con Manuel Conthe, que en el periódico EXPANSIÓN, había criticado la sentencia sobre las cláusulas suelo por estar basada en  grandes errores conceptuales y por sugerir, con ingenuidad, que los bancos podían prever la evolución futura del tipo de interés y, en particular, el brusco descenso que sufrieron a finales de 2008, tras la crisis de Lehman Brothers.

Si no hubo nadie que adivinara  el interés actual tampoco encontraremos a ninguno que lo haga de cara al futuro. Y  este es cada vez más incierto.

Otro ejemplo más actual. En la semana anterior a las elecciones que ganó el PP, el 20 de  noviembre de 2011, la prima de riesgo de España llegó a superar los  500  y la tensión en los mercados obligaron al Tesoro a pagar más de un 5 por ciento por las letras a 12 y 18 meses y más de un 7 por ciento por las obligaciones a 10 años (otra vez como en 1995), a pesar del plan de compras  de deuda periférica del BCE.

Después, la prima de riesgo desciende pero desde finales de marzo de 2012 remonta espectacularmente alcanzando el máximo de 638 el 24 de de julio del mismo 2012 ,con el bono a 10 años pagando un interés del 7.62% .

Después de la acción del BCE bajando los tipos y con su programa de liquidez la prima continúa su descenso hasta 287,6 puntos, el 2 de mayo de 2013.*

Si en el  corto plazo de un año y medio, en cuanto al tipo de interés, pasaron tantas cosas no parece desacertada la opinión de los expertos de que hay que ser  ingenuo  para opinar que el tipo de interés es predecible.

Al ser el principal responsable del descenso del tipo de interés y de la abundancia de liquidez, solamente  el BCE, no los bancos, podía pronosticar esta situación. Todo ello lo podremos comprobar si  decide cambiar de decisión porque esta política de bombear liquidez no consigue “reactivar la economía” o “mantener el euro”.

De momento, esta política que tiene el riesgo , comprobado históricamente, de que mas que dinamizar la economía incentive la especulación en los mercados financieros ( entre otros), ha acentuado la presión también sobre nuestro sistema bancario  empeorando, con el tipo de interés tan reducido, su margen de intermediación   y obligándole a las siguientes salidas, según los técnicos : continuar **con los recortes de los gastos de explotación , incrementar las comisiones y la generación de nuevos servicios con mayor rentabilidad, revisar la contratación crediticia con intereses superiores  y finalmente, consolidar la  mejora de la tasa de morosidad de sus clientes.

Solo una cosa tenemos clara, como dice Guindos, “con la deuda del 100% si en los próximos años se produce una subida del tipo de interés, España sería muy vulnerable”  y de este riesgo  nos está avisando todo el mundo bien informado. Y los vulnerables son los que pagan intereses más caros y tienen más problemas de financiación.

 

 

 

 

 

*”Según un estudio de GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, cada cien puntos de menos en la prima de riesgo equivalen a 11.230 millones de euros de ahorro de intereses “ ( suplemento de economía de La Vanguardia Sergio Heredia 5 de mayo de 2013)

** según datos del BCE, la banca española es responsable de la        mitad del ajuste de oficinas registrado en la zona euro desde el estallido de la crisis con el cierre de 14.978 sucursales, lo que supone el 49,7% de las 30.128 eliminadas desde 2008( El panorama bancario mundial ABC 24-12-2016)

 

 

¿Por qué sobreviven las malas instituciones? De los gremios medievales a los actuales : las gasolineras sin personal

Sobre gremios medievales…       

El 14 de diciembre Elisa de la Nuez y yo mismo asistimos a la interesantísima conferencia en la Fundación Areces de la catedrática de Historia Económica de la Universidad de Cambridge Sheilagh Ogilvie que se titulaba “¿Por qué sobreviven las malas instituciones? Lecciones de la historia europea”, patrocinada por el Instituto Figuerola. El título ya de por sí prometía para una Fundación como la nuestra que deposita gran confianza en que del buen funcionamiento de las instituciones depende el crecimiento económico y el desarrollo de los países (aquí y aquí pueden ver algunas obras suyas al respecto).

La ponente eligió como modelo para desarrollar su tesis una institución concreta: los gremios. Los gremios eran asociaciones que compartían ciertos intereses profesionales y perseguían objetivos comunes. Existieron desde el año 1000 hasta aproximadamente 1880, aunque desde 1500 en algunos países se debilitaron (Inglaterra) y en otros se reforzaron (como, precisamente, en España). Y una buena teoría de las instituciones debería explicar por qué se produjo esta distinta evolución.

Los gremios disfrutaban de privilegios legales, atribuyendo a sus miembros el derecho exclusivo a desarrollar una actividad en un determinado lugar: un monopolio para producir determinados bienes y servicios y un monopsonio para adquirir y usar determinados suministros (mercado en el que hay un solo comprador o demandante). Para ejecutar estos privilegios, el gremio disfrutaba de ciertos poderes: limitación de entrada, restricción de los bienes o servicios producidos (en algunos casos históricos, reducían la producción a una tercera parte), establecimiento de precios por encima del nivel competitivo y sueldos por debajo de este nivel.

Ahora bien, la conferenciante se preguntaba si los gremios, en conjunto, y sopesando ventajas e inconvenientes, fueron eficientes en algunas cuestiones porque, por ejemplo, garantizaran la calidad y protegieran a los consumidores, porque fomentaran la inversión en capital humano o porque incentivaran la innovación. Ogilvie va desgranando todos esos aspectos para concluir que no era así: exigían una cierta calidad sí, pero impedían los precios bajos; excluían del trabajo a muchos sectores (mujeres, judíos, bastardos) pero otros entraban a dedo, sin aprendizaje; y bloqueaban la innovación porque perjudicaba a algunos de sus miembros menos dinámicos. La autora comentó un curioso caso de la invención española de un  telar que producía muchísimo más de lo normal y que fue boicoteado por los gremios, simplemente negando su existencia real “porque tal cosa no era posible”.

En definitiva, los gremios, como institución, eran poco eficientes: reducían el pastel de todos y dañaban a consumidores, empleados y miembros más débiles de la sociedad.

Pero, entonces, ¿cómo instituciones tan dañosas sobrevivieron tanto tiempo? Básicamente porque proporcionaban importantes beneficios a los empresarios y elites políticas, permitiendo a estos dos grupos cooperar para capturar recursos para ellos mismos a costa de la economía. Los gremios proporcionaban mecanismos para que los empresarios negociaran con las elites políticas privilegios, obteniendo beneficios de monopolio. A su vez, los empresarios usaban los gremios para redirigir una parte de estos beneficios a las elites políticas como retorno por su apoyo: pagos en dinero, participar en las rentas, recaudación de impuestos, apoyo militar, apoyo político. El instrumento para este sistema eran las ordenanzas. En cuanto los gremios emergían pedían a las ciudades y reguladores ordenanzas que les dieran el derecho de limitar la entrada y el conseguir el monopolio.

Sólo cuando, a partir de 1500, los parlamentos empiezan a regular la imposición y la generalizan, se desarrollan los mercados financieros y la competencia entre ciudades, perdiendo poder las elites políticas y económicas, los gremios empiezan a decaer; y sólo en algunos países, porque en España pervivieron al pervivir esas elites.

En definitiva, ¿qué podemos aprender de los gremios en relación a la teoría de las instituciones? Pues que la eficiencia económica no explica por qué sobrevivieron los gremios. Los gremios beneficiaban a los empresarios y a las élites políticas que abiertamente colaboraban para establecer privilegios gremiales y mucho de ello dependía del sistema político.

….y gasolineras desatendidas

Pues bien, resulta sorprendente cómo algunas de estas tendencias perduran a través de los siglos, quizá porque el nepotismo y el amiguismo y el capitalismo clientelar están ínsitos dentro de la naturaleza humana. Me gustaría centrarme como ejemplo en un caso en el que se dan algunos de estos interesantes elementos: las gasolineras desatendidas.

Se trata de establecimientos que funcionan de una manera muy simple: el conductor llega a la estación de servicio y reposta él mismo, paga con su tarjeta en unas máquinas automáticas y sigue tranquilamente su ruta. Son cerca de 500 en toda España (algo menos del 5% del total, frente al más del 50% de Dinamarca o el 20% de Bélgica y Francia) y ofrecen el litro de gasolina y gasóleo entre un 10% y un 15% más barato que las convencionales, por sus menores costes.

Las gasolineras low cost tienen su origen regulatorio en el RD 1523/1999, de 1 de octubre de 1999, que en su Anexo II da su concepto; y vienen a ser permitidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios; y la ley 11/2013 de apoyo al emprendedor, modificando de la Ley de Hidrocarburos.

Pero esta “innovación” choca con las reivindicaciones que desde hace tiempo sindicatos y empresarios de las gasolineras, o sea, los gremios”, que afirman que las low cost suponen un peligro porque no hay nadie que supervise la manipulación de la gasolina, eliminan puestos de trabajo, no son accesibles para los minusválidos y hacen imposible cualquier reclamación porque no hay nadie en el lugar.

Y de hecho, el ‘boom’ de las ‘gasolineras desatendidas o low cost puede estar en peligro porque varias Comunidades Autónomas –Navarra, Andalucía, Castilla La Mancha y Aragón- han legislado contra este tipo de gasolineras, exigiendo que al frente de las mismas haya siempre una persona debidamente formada y estableciendo otros requisitos de seguridad y a favor de los discapacitados. O sea, han emitido algunas “ordenanzas” que, curiosamente, coinciden con los intereses de los gremios y, previsiblemente, han sido instadas por estos.

Porque la realidad no es, muy probablemente, que los “gremios” y las “elites” estén muy preocupados por la seguridad o los minusválidos (como ya hemos dicho, en Europa el porcentaje es de implantación es de un 50% y no pasa nada), sino, como en tantas ocasiones, de intereses, comprensibles, pero particulares. Hagamos unas cuentas, que me pasa un pajarito:

Coste de personal: Una gasolinera tradicional que abra todos los días necesita 5 personas, o sea, aproximadamente 125.000€ por año. Una gasolinera automática necesita media persona, o sea, 12.500€. Si sus ventas son medianas o grandes puede necesitar una o dos personas. En todo caso, la diferencia entre unas y otras, oscila entre 3 y 6 céntimos por litro.

Coste de las instalaciones: No hay mucha diferencia en cuanto a la maquinaria, pero sí la hay en coste de solar y coste de la tienda.  Si la tienda va muy bien se gana bastante dinero, pero con la crisis los usuarios tienen a comprar lo menos posible, por lo que puede resultar poco rentable. Por otra parte los gasolineros tradicionales antiguamente hicieron subir el precio de los suelos en sus ofertas al ver que los márgenes estaban garantizados, pagando cantidades astronómicas en compra o alquiler que hoy en día son difíciles de amortizar. Por ejemplo, una gasolinera automática requiere menos superficie y viene alquilando entre 2000 y 4000€/mes, mientras que muchas tradicionales pagan 8000€/mes.  Esto para una venta de 3Mlitros/año supone otros 2 céntimos de euro.

Por lo tanto, en un caso frecuente, la diferencia en coste es de 5 a 8 céntimos/litro. Si tuvieran que bajar el precio esas cantidades tendrían un lucro cesante de entre 150.000 Y 240.000€/año. Si el propietario de la gasolinera automática decide trabajar con menos margen la gasolinera tradicional puede entrar en pérdidas y tener que cerrar salvo que renegocie sus contratos de alquiler, automatice sus instalaciones (lo no puede hacer porque tiene tienda abierta) o busque nuevas fórmulas para ingresar (por ejemplo confundir al usuario sobre la calidad del producto). Y aun así, tendrá que soportar los costes incurridos, los pasivos laborales, y la tienda.

En definitiva, tal y como ocurría en el caso del telar al que me refería antes, el problema no son los discapacitados o la metrología, sino la supervivencia de un sistema obsoleto frente al desarrollo de otro más eficiente y que beneficia a los consumidores que pagarán menos por la gasolina. La mismo que ocurría con los gremios.

La diferencia entre el mundo de los gremios y el actual es que, aunque intenten  conseguir “ordenanzas” que les protejan, el mundo es más abierto, hay más información y existen otras instituciones que velan para que el capitalismo clientelar no triunfe. Merece la pena mencionar, en este sentido, el informe de la CNMC sobre la cuestión (ver aquí) que ha puesto de manifiesto que las condiciones impuestas por esas normas autonómicas relativas a presencia física, controles metrológicos, discapacitados, etc, van más allá de la regulación estatal, rechazando los argumentos esgrimidos en defensa de la regulación restrictiva (ver aquí blog), entendiendo que esta no está justificada porque no responde a los principios de la regulación económica eficiente, que se conecta, por un lado, con el principio de necesidad (detección de un fallo en el mercado); el principio de proporcionalidad y de no discriminación.

Aunque no tiene carácter vinculante, la influencia del informe es grande y debe ser complementado con otros argumentos legales relativos a la desnaturalización del concepto de “gasolinera automática”, ya aceptado por la ley estatal, y el principio de unidad de mercado de la ley 20/2013, de 9 de diciembre.

No soy un talibán de la competencia, entiendo los costes sociales y de otro tipo que la innovación puede suponer y estoy convencido de que una de las funciones de los poderes públicos es garantizar que los cambios se hagan sin excesivos daños colaterales. Pero también lo estoy de las gasolineras automáticas se van a extender- y que deben extenderse- y que no se pueden poner puertas al campo.