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Elecciones británicas: Buenas noticias para Europa

Se han extraído ya muchas lecturas de las elecciones generales celebradas el pasado 8 de junio en Reino Unido. La mayoría de ellas son relativas a las figuras de la por ahora Primera Ministra Theresa May, y del líder de la oposición, Jeremy Corbyn. También se ha hablado hasta la saciedad de la incertidumbre que conlleva la nueva composición del parlamento a la hora de las negociaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).

Pero yo quiero resaltar aquí una conclusión que aunque pueda parecer obvia, no lo debe ser tanto, por lo que se ve y se lee. Sigo leyendo en la prensa no británica, especialmente en la española, y lo he leído después de las elecciones generales, que los ciudadanos de Reino Unido son en su mayoría contrarios al Brexit. Después del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ocurrido hace justo un año, y cuyo resultado ciertamente fue ajustado a favor de la salida, Europa entera se rasgó las vestiduras. Se analizaron las diferencias entre los votos de Londres/resto de Reino Unido, jóvenes/mayores  y otras divisiones para concluir que el voto que había dado la victoria a la opción salida era el voto del mundo rural de los mayores, que había seguido las consignas populistas y xenófobas del partido independentista UKIP, de Nigel Farage. Pero los acontecimientos transcurridos en el último año en Reino Unido y especialmente las elecciones del 8 de junio, nos pueden hacer llegar a otra conclusión. Lo cierto es que a los pocos días de haber tenido lugar el referéndum en junio de 2016, la nueva Primera Ministra, Theresa May, que aunque de perfil, había formado parte de los que habían hecho campaña por la permanencia, hizo un giro de 180º, y comenzó a hablar con un convencimiento apabullante, no ya del Brexit sino de su intención de perseguir un  “hard Brexit” (salida del mercado único y control de la circulación de personas), mostrando que estaría dispuesta a levantarse de las negociaciones con Bruselas sin acuerdo.

Por otra parte, cuando a raíz del fallo del Tribunal Supremo que obligaba a ello, se discutió en el Parlamento la autorización al gobierno para invocar el artículo 50 del Tratado de Roma, los Miembros del Parlamento, que tuvieron la opción de votar en contra, no sólo no votaron según lo que la ciudadanía había votado en sus jurisdicciones sino que votaron en más de un 80 % a favor de la invocación del artículo. Sólo uno de los Miembros del Parlamento del partido conservador votó en contra. En el partido laborista hubo algunos más disidentes pero Corbyn amenazó con sanciones al que votara en contra. Si en la calle, el Brexit había tenido un respaldo del 52%, en el Parlamento el respaldo superaba el 80%. Y sólo un Miembro del Parlamento pertenecía al partido de corte populista UKIP.

Asimismo, algunos partidos políticos, como los Liberal demócratas, intentaron forzar la celebración de un segundo referéndum, a partir de las peticiones recibidas en el Parlamento de parte de los ciudadanos, y subsidiariamente, intentaron en vano que May se comprometiera a volver a hacer un referéndum sobre el acuerdo final obtenido de la negociación con Bruselas.

Me dirán que esto se debe al altísimo sentido democrático del que hace gala continuamente Reino Unido. O que se debe a un sentido práctico del que también les gusta presumir. Una vez elegida la opción Brexit, lo democrático y/o lo práctico sería ir a fondo con la opción elegida y tratar de obtener la mejor negociación posible en Bruselas.

Pero también puede haber otra explicación. Y estas elecciones pueden ilustrarnos al respecto. Lo cierto es que el 8 de junio de 2017, un año después del referéndum, casi un 85% han votado por partidos políticos que llevaban en su programa la culminación del Brexit, duro (partido conservador) o blando (partido laborista). Incluso los jóvenes, que hace un año eran contrarios a la salida, han respaldado mayoritariamente al partido laborista, partidario de un Brexit blando, pero Brexit al fin y al cabo.  Por supuesto que han votado a Corbyn por otras razones también, como las políticas sociales, pero la cuestión del Brexit es suficientemente importante como para que si hubieran querido intentar al menos poner en tela de juicio el resultado del referéndum, hubieran votado por otras opciones. Al fin y al cabo, las negociaciones ni siquiera han empezado. La realidad es que la opción más beligerante contra la salida de la Unión Europea eran la de los liberal demócratas, y han tenido sólo un 4% más de apoyo que en 2015.  No deja de ser significativo que su anterior líder,  Nick Clegg, implicado especialmente en la iniciativa de un segundo referéndum, haya perdido su escaño.

La explicación puede estar en que el euroescepticismo en Reino Unido es muy superior al que se le conocía. La verdad es que los líderes británicos que, como Major, se han confesado eurófilos, han sido la excepción. El euroescepticismo británico es muy anterior a que Reino Unido entrara en la Comunidad Económica Europea en 1973. Incluso es anterior a la propia creación de ésta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill era partidario de una Europa unida en un Consejo de Europa pero dejó claro que estaba pensando en un foro de discusión europeo al modo del que efectivamente hoy es el Consejo de Europa, en ningún caso una institución con poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Posteriormente, la entrada de Reino Unido fue muy complicada, con muchas idas y venidas, muchos problemas de una parte y de otra, el veto de De Gaulle entre otros. En 1973, encontrándose en una situación de crisis económica brutal y estando intervenida por el Fondo Monetario Internacional, Reino Unido se unió a la CCE. Aún en la década de los 70 se celebraba ya fallidamente un referéndum de salida, en el que, por cierto, Corbyn hizo ya campaña a favor de aquélla.  Resulta memorable asimismo el discurso antieuropeo de Margaret Thatcher en Brujas en 1988. Pero incluso Cameron, que nunca fue muy explícito en su opinión de la Unión Europea, y que, teniendo mayoría absoluta, convocó el referéndum un año antes de lo que había prometido, apoyando formalmente la opción de la permanencia, ha confesado este último mes de marzo que siempre  fue euroescéptico y que nunca le gustaron la bandera ni el Parlamento europeos, según The Times de 30 de marzo de 2017.

En definitiva, podríamos decir que el sentimiento anti Unión Europea británico es histórico, intrínseco, profundo y estructural. Es un sentimiento, entre otras cosas, contra la pérdida de soberanía nacional que conlleva, contra la burocracia europea, contra los criterios con que se maneja la Política Agraria Común, contra la idea misma de pertenecer al área más proteccionista del globo, frente a un mundo cada vez más globalizado. Hay una gran diferencia con el euroescepticismo que ha surgido estos últimos años en la Unión Europea de los restantes 27 miembros (UE-27). En ésta, el sentimiento anti Unión Europea es en su mayor parte coyuntural, y se ha debido fundamentalmente a la falta de confianza que han provocado las crisis de la Eurozona y del espacio Schengen, lo que ha sido aprovechado por partidos populistas, oportunistas y anti-élite, tipo el Frente Nacional en Francia. Reino Unido  no forma parte ni de la Eurozona ni del espacio Schengen, aunque haya firmado el acuerdo. Por eso, los sentimientos en relación a la Unión Europea son distintos. Y por eso también creo que, en contra de lo que se dice habitualmente, los votos del Brexit no estaban siguiendo, en su mayoría, los sloganes populistas y xenófobos del UKIP, que ya ni existe en el Parlamento. UKIP había sido fundamental con anterioridad, contribuyendo al clima de presión que desembocó en la celebración del referéndum. También hay que atribuirle el ‘mérito’ de ayudar a los partidarios del Brexit de los dos partidos tradicionales (fundamentalmente del conservador, donde Cameron dio libertad de actuación) a realizar una campaña agresiva, con sloganes que ellos no se hubieran  atrevido a pronunciar, dando ‘un empujoncito’ a los votantes a los que un cambio tan decisivo en un país como es la salida de la Unión Europea pudiera aterrar. Una vez que se votó por el Brexit parece que ese miedo se desvaneció, al no ocurrir, al menos de momento, la hecatombe que se esperaba.

Y ¿cuáles son las buenas noticias entonces? Pues creo que el que Reino Unido haya optado por la salida y ahora lo respalde en su mayoría no debe hacer temer a la Unión Europea por un efecto contagio porque, como he explicado, se trata de circunstancias muy distintas. En la UE-27, si se enderezan las crisis de la Eurozona y de Schengen, no habría por qué no pensar que la Unión Europea, sobre todo después de los resultados favorables en las elecciones de Holanda y Francia, puede seguir avanzando hacia ‘una unión cada vez más estrecha’, como propiciaba el Tratado de Roma, lo que hubiera sido imposible con Reino Unido dentro.

En fin, aceptemos ya que, nos guste o no, la salida de la Unión Europea es la opción dominante en Reino Unido. Quizá sea una opción win win, en la que a la larga las dos partes ganen. De cómo quede finalmente el Parlamento británico constituido dependerá si se negocia un Brexit duro o blando, siendo a mi juicio esta última la mejor opción para todos. La victoria-derrota de May puede propiciar que así sea

El sistema electoral americano y sus perversiones

La elección de Donald Trump, como el voto de Brexit y otros movimientos populistas, nos recuerda otra vez que el capitalismo financiero y globalizado ha dejado de lado desde hace tiempo a la clase media (aquí) y que eso a la larga tiene consecuencias. Pero también es consecuencia de varias peculiaridades del sistema electoral americano que han facilitado no solo la victoria de Trump, sino también la ascensión de la extrema derecha dentro del partido Republicano.

Empecemos, cómo no, por el Colegio de Electores. Cada estado tiene un elector por cada senador y congresista. Esto sobrerrepresenta a los estados muy pequeños, ya que todo estado tiene dos senadores. Por ejemplo, cada elector de North Dakota representa a 174.000 votantes, mientras que cada elector en Nueva York representa a 519.000 votantes. El sistema es conocido y también que privilegia con carácter general el voto rural (y en general de derechas). Mucho menos discutido pero más pernicioso para la democracia es que esto desvaloriza el voto presidencial de ¾ del electorado: si uno vive en Massachusetts o en Nebraska, no verá nunca un anuncio presidencial, y menos a un candidato, ya que prácticamente solo hacen campaña en los 13-15 estados en los que hay incertidumbre en el resultado, lo que es desmoralizador para el votante medio y ayuda a explicar la muy alta abstención.

Menos conocido aun es que el sistema de electores está directamente relacionado con la esclavitud, el pecado original de EEUU, que sigue teniendo una enorme influencia sobre la política aqui (aquí). En efecto, durante la redacción de la constitución, uno de los problemas centrales era construir un documento que fuera aceptable tanto a los estados del Norte (donde no existía la esclavitud) como a los estados “esclavistas” del Sur. Cuando se propuso la elección directa del presidente, James Madison, de Virginia, explico que eso no sería aceptable en el Sur, porque habría mucha más gente con derecho de voto en el Norte y por tanto dominarían la presidencia. Se llegó por lo tanto a un compromiso: el voto sería indirecto a través de electores, y se contaría en la población a 3/5 de los esclavos para equilibrar el número de electores entre Norte y Sur. Ese es el sistema que persiste hoy y lo que explica cómo Trump ha podido ganar la presidencia con dos millones de votos menos que Clinton.

Pero hay consecuencias aún más directas de la esclavitud sobre el voto en este país. Y es que un objetivo principal de los gobernantes, incluido Andrew Johnson, que fue presidente inmediatamente después de Lincoln, fue impedir el voto de los negros. Las leyes “Jim Crow” (aquí) impuestas en muchos estados no solo institucionalizaron la segregación racial sino que permitían todo tipo de reglamentos para dificultar el voto de la gente de color. Esto solo terminó con la imposición del “Voting Rights Act” en 1965, que necesitó toda la fuerza de los movimientos que lideraban Martin Luther King y Malcolm X y toda la habilidad política de Lyndon Johnson para llegar a ser ley.

Aun después del Voting Rights Act el sistema dificulta el voto. Primero, se vota en dia de trabajo (facilitando el voto de los jubilados y gente con horarios flexibles). Segundo, el registro de votantes es voluntario: el estado no mantiene por sí un censo electoral, sino que cada persona tiene que apuntarse, semanas o meses antes del voto, aportando la documentación apropiada. En un país con mucha movilidad, la gente joven y la que se muda a merced del mercado de trabajo tiene más dificultades para votar. Pero además, la historia de Jim Crow ha servido como ejemplo al partido republicano. La victoria de Bush en el 2000 se debió, entre otras cosas, a una purga de votantes en Florida dirigida principalmente contra los negros, y llevada por la administración de su hermano Jeb (aquí).

Con este ejemplo, y enfrentado con la caída demográfica de la población “anglo”, el partido republicano emprendió una campaña para dificultar el voto estado por estado, con la excusa de reducir el fraude. Consiguió en el 2015 que el Tribunal Supremo anulara una de las clausulas principales del “Voting Rights Act” (aquí). Al dia siguiente, Texas aprobó una ley que requiere un documento de identidad para votar. Esto no sería un problema si no fuera porque en este país el único documento de identidad que suele tener la gente es el carnet de conducir: los no conductores en Texas necesitan por lo tanto sacarse un “carnet de votar” que casi solo sirve para eso, y que puede ser difícil de obtener (aquí). No tengo espacio para enumerar los diversos reglamentos y limitaciones impuestos en Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Norte, etc…, que también incluyen reducciones en el número de mesas electorales en ciertas ciudades o barrios y eliminaciones selectivas de votantes de los registros. Solo citare al juez que, declarando una ley incorrecta, dijo que las restricciones “target African-Americans with almost surgical precision”, y recomiendo este artículo corto (aquí) y este análisis (aquí). Es muy dificil estimar cuantos votos han sido suprimidos en esta elección, pero es posible que al menos el resultado en Wisconsin hubiera sido otro sin estas leyes.

Pero entonces ¿Cómo se aprobaron esas leyes y reglamentos en estados como Wisconsin, que han tenido mayoría de votantes demócratas en elecciones presidenciales? La explicación pasa por hablar de una tercera peculiaridad del sistema electoral americano, el “gerrymandering” inventado en mi propio estado (Massachusetts) en 1812 para favorecer al candidato “Demócrata-Republicano” de entonces. Los miembros del Congreso (de cada estado o federales) y del Senado estatal se eligen por distritos. Esto tiene por lo menos dos ventajas. Primero, yo tengo “mi” congresista al que puedo reclamar, con un despacho local dedicado a ayudar al público. Segundo, alguien localmente conocido puede presentarse sin ser un político de carrera (y de hecho muchos son personas con carreras anteriores, no gente que ha subido por el escalafón del partido). Pero tiene una desventaja que se ha agravado con los ordenadores: el que dibuja los distritos puede transformar un estado 50-50 en cinco distritos 60-40 y uno 0-100, asegurando una ventaja de 5-1 en lugar de un empate 3-3.

La pregunta clave, entonces, es ¿quien dibuja los distritos? En general, es el Congreso estatal quien dibuja los distritos propios y federales, y lo hace cada 10 años cuando se ejecuta el censo del país. El partido republicano emprendió con Karl Rove el objetivo de conseguir una “permanent Republican majority”. Con la ayuda del Tribunal Supremo que ha eliminado casi todos los límites sobre contribuciones electorales, el partido y varias organizaciones afines invirtieron tiempo y dinero en conseguir mayorías en elecciones estatales. Estas suelen tener menos votantes y muy poca publicidad, y son por lo tanto más fáciles de influenciar. A raíz del censo del año 2010, y gracias a su control de legislaturas estatales, el partido republicano consiguió dibujar los distritos de tal manera que en el 2012, con 1.4 millones de votos más para Demócratas que para Republicanos, hubo 234 congresistas republicanos y sólo 201 demócratas. El proyecto RedMap (aquí) aún mantiene su página de web explicando este triunfo.

Quiero dejar claro que esto no es solo un truco republicano: en el estado de Maryland por ejemplo los distritos favorecen enormemente a los demócratas. Pero en el momento actual, gracias a la financiación, planificación, y correcta ejecución entre 2000-2010, la ventaja republicana es enorme. Esto tiene difícil solución: hay varios Estados que tienen comisiones imparciales que dibujan los distritos, pero aprobar una ley que forme esa comisión no es fácil. Y también está claro que las comisiones son influenciables, aunque de momento parece que ayudan a proteger la representatividad del sistema.

Llegamos ahora a una de las explicaciones de cómo el partido republicano ha ido virando cada vez más a la derecha. Esto se debe no solo a la influencia de donantes multimillonarios de ultraderecha como los hermanos Koch o Sheldon Adelson, sino también al gerrymandering. Una consecuencia perniciosa de que muchos distritos hayan sido redibujados para ser “distritos protegidos republicanos” es que, en esos distritos, el congresista no tiene que preocuparse por un reto demócrata en la elección general, pero sí puede perder contra otro republicano en la elección primaria. Las primarias son menos concurridas, y votan sobre todo los más convencidos (y los más extremistas). Por lo tanto, el congresista o se mueve a la derecha o pierde contra otro que es más de derechas. Esto ayuda a comprender como el partido se ha vuelto cada vez más estridente en su oposición a todo soporte social, a los inmigrantes, a cualquier papel del estado federal en regular la economía o las empresas. Donald Trump no debería haber sido una sorpresa, ya que representa la continuación lógica de muchos esfuerzos e ideologías republicanas, aunque haya tomado las riendas como populista anti-Washington y anti-establishment.

Primer videopost. Elecciones USA: Trump, cisnes negros y sistemas políticos

Hace unos días difundimos en las redes sociales un videopost de nuestro coeditor Ignacio Gomá en el que resumía un post que publicamos el mismo día 8 de noviembre, día de las elecciones americanas.  Pensamos que puede ser una nueva e interesante manera de extender nuestros contenidos. Para que no os lo perdáis, lo subimos al blog.

 

 

HD Joven: Victoria de Trump. ¿Quién ha fracasado?

Un dirigente político de nuestro país sentenció, después del Brexit, que “de una Europa más justa y solidaria nadie querría irse”. Una de sus compañeras señala, sobre la victoria de Donald Trump, que “vence gracias a la desigualdad del establishment de Clinton”. No estoy de acuerdo.

El Brexit ganó porque en Reino Unido triunfó el relato de que Europa es insolidaridad y de que la alternativa (salir de la Unión para perder menos riqueza y reforzando valores nacionalistas) es más solidaria. Trump ganó las elecciones el martes porque triunfó el relato de que Estados Unidos es un país muy desigual (que ciertamente lo es, pero menos que hace años) y de que la alternativa (un millonario que presume de no pagar los impuestos que le corresponden) lo hará más igualitario. Estos relatos triunfadores no deben ser ignorados ni desdeñados. Es un error resumir los resultados de ambos procesos democráticos en que los votantes del Brexit, y los de Trump, son gente imbécil o incapacitada que simplemente ha votado mal. Algunos incluso se han apresurado a pedir, para evitar “catástrofes” de este tipo, la vuelta del sufragio censitario; suponiendo, imagino, que ellos reunirían los requisitos para ejercer el derecho a voto en ese escenario.

Detrás de ambos resultados existe un fracaso estrepitoso y colectivo. Por un lado, de los defensores del Bremain; y por otro, del Partido Demócrata de Hillary Clinton que obstaculizó la nominación de un candidato alternativo. Ese fracaso consiste en olvidar que la política se basa en relatos, en símbolos, en emociones, y que no todo en ella es racionalidad ni las decisiones responden a argumentos contrastados. Ese fracaso consiste en infravalorar la profundidad de la desafección que padece la ciudadanía en relación a sus élites y la fuerza de quienes se presentan para combatirla con soluciones mágicas. Ese fracaso también consiste, por supuesto, en no haber sabido dar respuesta a los sectores que se han sentido perdedores de una crisis global tremendamente compleja y comprarán con mayor facilidad los relatos alternativos, aunque estén cargados de mentiras y de promesas irrealizables.

Pero, volviendo al inicio, son tan nocivos los discursos que culpabilizan al votante y se niegan a replantear modelos que no han funcionado como los que, desde el buenismo, siguen el juego a los pretendidos salvapatrias (Farage, Trump, Le Pen). No es cierto que de otra Europa nadie querría irse: los mismos que han apostado por la salida de Reino Unido de la actual UE lo habrían hecho, con más ahínco, en una Europa más justa y solidaria. Comparad el número de refugiados acogidos por Merkel (cabeza visible de la UE) con el de acogidos por Cameron o May. El voto a favor de Brexit no perseguía un país más solidario, sino más autónomo frente a quien se ha señalado como el enemigo, pero el discurso que lo motivó no ha encontrado enfrente a europeístas eficaces y convencidos que supieran explicar por qué este invento (la UE) ha dado como producto el mayor espacio de derechos y libertades del planeta, por qué es positivo pertenecer a él o por qué defenderlo resulta imprescindible para tener voz en un mundo globalizado.

Del mismo modo, el voto a favor de Trump no persigue un país más igualitario: EEUU es hoy más incómodo e inseguro que ayer para las mujeres, para los homosexuales o para los inmigrantes, pero el discurso que lo motiva no ha encontrado enfrente a una candidata capaz de ilusionar. Clinton no ha sabido ofrecer un relato atractivo ni liderar una campaña optimista más basada en propuestas que en venerar su propia figura y repudiar la de su adversario. El votante demócrata se ha desmovilizado y con ello ha incrementado el valor del voto republicano: el de Trump responde a un perfil de hombre blanco, heterosexual, de clase media, que no soporta que las minorías avancen socialmente mientras él se estanca y al que no le ha importado cargar con un candidato machista, homófobo y racista con tal de sentirse nuevamente ganador o parte de algo. No lo disculpemos, no disfracemos su egoísmo y no lo justifiquemos por la falta de información. A la vista de todos están los ataques de Trump a los periodistas, su propuesta de levantar un muro en la frontera con México, su amenaza de emplear los medios de la Justicia para encarcelar a opositores, su condición de gran empresario y defraudador fiscal, sus agresiones sexuales a mujeres o su vicepresidente impulsor de leyes discriminatorias durante su etapa como gobernador de Indiana. Sin embargo, su éxito radica en haber conseguido situarse en el imaginario colectivo como enemigo de un sistema en decadencia.

La peor de mis conclusiones es que con la victoria de Trump no sólo se cierra un triste 2016. Nos esperan años de involución en la construcción de proyectos comunes y esto es algo que mi generación todavía no ha visto. Con las elecciones francesas podría consolidarse esa terrible sensación que me invadió en la mañana del miércoles de que hemos dejado atrás un mundo imperfecto pero en el que los derechos iban progresivamente en aumento y en el que había líderes, como Barack Obama, también imperfectos, pero con verdadera voluntad de hacerlos universales, de entablar lazos y de romper fronteras.

Estimado presidente desahuciado de la Casa Blanca: ya te echo de menos.

HD Joven: El día que Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos

El 8 de Noviembre de 2016 será una fecha importante en la historia de los Estados Unidos. Una de las noches electorales más polémicas de la historia de la democracia americana, pues aun dos días después de   las elecciones persiste la resaca.

El recuento en las urnas se hizo eterno, y es que lo disputado que resulto el proceso no permitía perder de vista los acontecimientos ni un momento. Fue entorno a las 3:30 am hora local (New York) cuando se confirmó lo que la noche venía mostrando, el éxito republicano había superado las propias expectativas del partido. Si bien las ultimas encuestas reflejaban menor diferencia de la anticipada, un par de semanas atrás pocos o nadie pensaban que el polémico empresario neoyorquino tuviese opciones de hacerse con el sillón de la Casa Blanca. Entrada la madrugada se confirmó la noticia. A pesar de que la tarde electoral fue vaticinando este resultado uno de los hechos mas determinantes fue cuando vimos de color rojo (el de los republicanos) el mapa de La Florida, uno de los llamados “swing states”, que generalmente terminan siendo determinantes, como al final ocurrió. Y es que el principal escollo que parecía encontrar el bando conservador era el voto de las minorías, concretamente la minoría latina que, sin embargo, en este estado no son precisamente minoría. Pues lo ocurrido en La Florida podría ser representativo de lo que acaece en el país.

Sin duda la resaca electoral deja una repercusión irrefutable, una grave división social, especialmente marcada en la comunidad latina. El ya presidente americano ha mostrado durante su campaña una preocupante falta de tacto a la hora de tratar problemas de bulto en la actualidad, sobre todo en cuanto a la inmigración y a las relaciones internacionales, y hay ciertos sectores que lo han tomado como un ataque personal. Por otro lado, el discurso populista de Donald Trump ha sabido atender a las mayorías. Más preocupadas por problemas internos que de compromisos internacionales, como los hechos delictivos que están ocasionando ciertos grupos de crimen organizado compuestos por inmigrantes ilegales en la ciudad de Chicago o los problemas de pandillas en los estados fronterizos con México; y, sobre todo, la esperanza del resurgimiento del mercado laboral estadounidense, con el famoso lema “Let´s make America great again.”, otrora usado por otros presidentes de la historia americana. También ha sabido congregar el voto cristiano por su claro posicionamiento en contra del aborto y otras medidas conservadoras. Este polémico posicionamiento del ya presidente americano ha sido fuertemente rechazado por gran parte de la sociedad de este país, pues no hay que olvidar que, a pesar se haber ganado el voto electoral, el partido demócrata concentra mayor porcentaje de voto popular. En consecuencia, una ola de protestas y manifestaciones se han desatado por el país. La división es patente, incluso se ha tornado peligrosa. El resultado es fruto de discusión en cada esquina, en los servicios de transportes y hasta en los colegios, incluso los más pequeños muestran una terrible intransigencia. El problema se ahonda dentro de los grupos minoritarios, dentro de la comunidad latina, por ejemplo, se viven conflictos dentro de la misma familia porque alguno de sus miembros ha optado por el voto republicano y esto resulta ofensivo para los demás. Amigos que se enfrentan de forma agresiva o vecinos que se evitan por no entrar en conflicto. Incluso compañeros de trabajo que esconden sus verdadero posicionamiento por sentirse coaccionados.

El éxito de Trump es para muchos el fracaso de Hillary Clinton. Si bien las previsiones daban a Clinton una ventaja muy importante sobre su competidor, los sucesos previos a las elecciones parecen haber destruido todo el trabajo de campaña. A once días para las elecciones, el director del FBI James Comey, anunciaba que se reabría el proceso de investigación sobre Hillary Clinton por el famoso caso de los correos electrónicos. Evidentemente, la noticia fue hábilmente aprovechada por su rival, que incidió en su campaña difamatoria contra la ex secretaría. Aunque ambos candidatos dedicaron gran parte de la campaña a desacreditar a su oponente, no hay nadie que domine esta estrategia como el empresario neoyorquino, que se mueve en su salsa cuando los modos se tornan bruscos y la descalificación es el arma elegida. Así, durante los 3 días previos a las elecciones la amplia distancia de la que el partido demócrata disfrutaba comenzó a reducirse vertiginosamente. Resulta un tanto sospechoso que una investigación de semejante trascendencia se reabra a 11 días de las elecciones y concluya 3 días antes, pues si bien resultó por declarar inocente a la líder demócrata, el daño a su imagen ya era evidente y, a la postre, irreparable.

La sensación general pone de manifiesto una falta de confianza en ambos candidatos, las opiniones reflejan que un país que pretende seguir teniendo un papel protagonista en el escaparate mundial merece otro tipo de representante. Sin embargo, también se observa que hay una gran parte de la sociedad que se distancia de la repercusión mundial que los Estados Unidos puedan tener, para centrarse únicamente en sus propios intereses. Esta ha sido una de las armas de batalla de Donald Trump, distanciando su discurso de lo políticamente correcto incluso a pesar de la polémica, o más bien aprovechándose de ella. Los que conocen a Trump saben que pasar desapercibido no es algo que se incluya en su repertorio. Su éxito empresarial es cuestionado por muchos, pues a pesar de amasar un imperio, no partió precisamente desde cero y acumula varios batacazos empresariales. De lo que nadie duda es de su habilidad como vendedor y para auto promocionarse, un gurú del marketing a niveles incalculables. Su imagen y su nombre son icono del éxito americano, basta con pasearse por Nueva York y comprobar que su nombre ocupa rascacielos, helipuertos, complejos comerciales, bebidas alcohólicas, restaurantes… Trump ha reconocido públicamente que el culmen ideal a a su carrera sería la presidencia del país y a pesar de no haber destacado por talante, prudencia y buena prensa, ha demostrado que es capaz de cualquier cosa.

En el plano internacional, la sorpresa golpeó fuertemente los mercados de valores de forma impactante, superando incluso la repercusión del Brexit. Si bien ya desde ayer la situación empezó a revertirse, aun hay ciertas regiones en clara situación de urgencia, como México, país que depende en gran medida de las exportaciones a los Estados Unidos y de una buena relación sobre todo en cuanto a política de frontera se refiere. En cuanto a su relación con los países árabes parece que se decantará por una postura más conveniente a los intereses económicos propios que por posibles repercusiones internacionales o acciones de coalición y enfrentamientos externos, pues ha advertido que restringirá el acceso de los inmigrantes  musulmanes hasta resolverse la situación del grupo terrorista ISIS y las acciones terroristas acaecidas en suelo americano. Otra cuestión polémica y que genera incertidumbre es el papel que mantendrá en el conflicto Israel-Palestina, pues aunque el no ha sido directo, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ya se alegra públicamente de la victoria del “red party”. También amenaza con cambiar el papel de Estados Unidos en la OTAN y de su relación con Moscú, que sin duda preocupa en la Unión Europea. Y, por supuesto, no son menos inquietantes ni pasan desapercibidas sus intenciones mercantilistas y de nacionalizar la economía. Lo que es evidente es que el resultado de las elecciones está copando el foco informativo a nivel mundial y aunque estas polémicas medidas no fuesen más que una táctica populista para haber logrado el objetivo, hacerse con la presidencia del hasta ahora país más relevante en el orden mundial, la simple posibilidad de que muchas de ellas se lleven a cabo, no solo preocupan y dividen a la sociedad americana, si no que también fuera de sus fronteras. A día de hoy debe haber pocas personas que no sepan quien es Donald Trump.

Ahora se presenta un reto muy importante, acabar con la división social. No tiene experiencia política de ningún tipo ni es miembro de la élite clásica americana. Se sale de lo que la terna política considera cómodo. Su enfrentamiento con la prensa es una realidad evidente y esto no va a agilizar la recomposición de su imagen. Calmar los ánimos de la sociedad latina, el colectivo gay y otras minoras van a ser un tremendo obstáculo en su camino, sin embargo, para lograr la estabilidad necesaria y poner a funcionar la maquinaria nacional de forma eficiente será un paso imprescindible.

En plano personal y atendiendo a las sensaciones que la situación me producen, planteo reflexionar qué valores han de considerarse necesarios para un jefe de estado. Si la brillantez, la vehemencia, la capacidad competitiva, el éxito económico y la fama son cualidades importantes, probablemente el señor Trump pueda tener un buen papel en la Casa Blanca. Sin embargo, si consideramos que la prudencia, el talante, el respeto y la transparencia son más importantes, entonces no estoy tan seguro de su éxito. Otra conclusión política debe ser si las dos alternativas que se presentaban al pueblo americano tenían la calidad suficiente. También los modos y gestos que se han repetido durante sendas campañas deben ser objeto de juicio, pues han convertido la difamación y el conflicto en el principal argumento. No creo que la sociedad americana quede muy bien representada con su actual presidente, pero también me dejaba ciertas dudas la otra opción que se presentaba. De lo que no estoy tan seguro es de si realmente son reflejo de la actual sociedad de los Estados Unidos, que me parece bastante alejada del optimismo y pujanza de antaño,  alejada de cualquier obligación como potencia internacional y preocupada en problemas estructurales  y sociales que actualmente golpean el país.

Elecciones USA: cisnes negros y sistemas políticos

Escuchaba o leía el otro día, ya no recuerdo dónde, que la inquietante posibilidad de que Trump gane las elecciones responde al hecho de que hay mucho ciudadano de clase media o baja (y particularmente varón blanco sin estudios universitarios) que considera que el Sistema ha mermado sus posibilidades vitales, reduciéndole en la escala social o expulsándole de ella, mientras observa frustrado -y en directo a través de las redes sociales- que la élite ha mantenido intacto su poder e incluso lo ha incrementado.

Esta frustración le llevaría a realizar un voto antisistema destinado a castigar a la “casta”, con olvido de los efectos concretos que tal cosa pudiera tener sobre la economía o los intereses del país en general, quizá pensando que quien va a pagar esos efectos adversos es probablemente la élite mientras que, barrunta, en su economía y bienestar personal el nombramiento de Trump difícilmente podría tener unos efectos negativos porque, considera, peor ya no se puede estar. En este sentido, se dice, este tipo de voto sería paralelo al que ha motivado el crecimiento de Podemos en España, los populismos en Grecia, Le Pen en Francia e incluso en los países nórdicos y ha producido el Brexit en Gran Bretaña. Muy interesante este artículo de Pablo Pardo sobre las contradicciones en los populismos de izquierdas y derechas. Por supuesto, una campaña demócrata, tanto de Obama como de Clinton, centrada en las minorías, también ha contribuido a polarizar al electorado; y la propia imagen fría y muy del establishment de la última, aderezada con la sospecha de ligereza en el trato de cuestiones de seguridad nacional no ha ayudado tampoco.

A este hecho sociológico se añade un interesante hecho jurídico-electoral. En otros sistemas presidencialistas como los de Francia o Rusia, el pueblo vota directamente a candidatos individuales. Si uno obtiene la mayoría absoluta es declarado ganador. Si nadie la obtiene, hay una segunda vuelta, en la que elige entre los dos más votados. En cambio, el sistema americano es mucho más complicado y peculiar: aparte del complicado funcionamiento de las primarias, la elección no es directa. Parece que los redactores de la Constitución no querían que la población votara directamente, pues desconfiaban de su cultura política, por lo que hicieron que fuera el Colegio Electoral, formado por electores presidenciales, quien eligiera al presidente, que deberá obtener el mayor número de votos de los colegios electorales. Cada estado tiene un número de electores igual al número de congresistas y senadores que posee. La peculiaridad es que en todos menos dos estados (Maine y Nebraska), es un sistema en el que el ganador se lo lleva todo. Por lo tanto, si ganas el 60% de los votos en California, obtienes todos los electores de ese estado. Al final, quien reciba los 270 votos o más del Colegio Electoral gana. Por ejemplo, en 2012, Obama se llevó el 51% de los votos a nivel nacional, lo que se tradujo en el 61% de los votos del Colegio Electoral. De hecho, un candidato podría ganar la presidencia obteniendo la mayoría de votos populares en sólo 12 estados más el distrito de Columbia. Por ejemplo, en las elecciones de 2000 Bush tenía un 47,87 % de los votos y Al Gore un 48,38, pero ganó el primero por 271 votos electorales contra 266. Si a ello se le añade el efecto pernicioso del gerrymandering (manipulación de las circunscripciones electorales, ampliándolas o dividiéndolas, para producir un determinado efecto en las elecciones) muy importante en los USA por su sistema mayoritario de distritos uninominales, no cabe negar que hay un cierto elemento exterior sorpresa que puede afectar al resultado electoral.

Ello hace que no sea imposible un escenario en el que Trump gane y se nos aparezca el cisne negro popularizado por Nassim Taleb: aquel acontecimiento inesperado que genera un impacto muy importante y, a toro pasado, todo el mundo racionaliza. Claro que si lo estamos racionalizando antes de que ocurra, quizá no sea un cisne negro, sino simplemente un momento político complicado. Juan Verde, asesor económico de Obama, decía ayer en la COPE que probablemente se va a producir un escenario de empate a votos de los dos candidatos,  pero con triunfo final de Hillary Clinton porque el peculiar sistema electoral americano va a primar a esta candidata en ciertos estados. No obstante, añade, esto desembocará en una situación política muy complicada porque ese triunfo no se va a ver reproducido en el Congreso, lo que presumiblemente va a imponer una “cohabitación”.

Bien, ya veremos qué pasa hoy. Lo que sí convendría decir es que aun ganando Trump no está todo perdido precisamente por el complicado sistema de pesos y contrapesos en que consiste el sistema americano. Ya sabemos que allí el presidente es el jefe del Estado y del gobierno y que es la única cabeza efectiva del ejecutivo, provisto de poderes concretos, no sólo ceremoniales. Como si fuera Rajoy y el Rey juntos, vamos. Pero, eso sí, comparte el poder con una asamblea legislativa nacional y con los tribunales de justicia y además con un sistema federal que distribuye el poder de gobierno entre el Estado federal y 50 Estados federados. Esos poderes se vigilan y bloquean unos a otros de diversas maneras: el presidente y congreso se eligen separadamente y cabe el impeachment de aquél y a su vez el presidente no responde a preguntas del Congreso. Por otro lado, la elaboración de las leyes depende de un equilibrio entre congreso y presidente: el presidente no hace proyectos de ley, pero puede vetarlas.

Por su lado, el Tribunal Supremo (TS) puede anular leyes, aunque la constitución no recoge expresamente un derecho de revisión judicial. Ahora bien, el presidente, el Congreso y los estados actuando conjuntamente pueden ignorar las decisiones del TS, cuyos jueces son seleccionados por el senado. Si el TS anula una ley por inconstitucional, caben enmiendas, con dos tercios de las cámaras y tres cuartas partes de los estados.

En resumen, el poder del presidente tampoco es omnímodo, porque el diseño constitucional americano buscaba busca que ninguno de los poderes dominara a los otros dos. Ello tiene alguna desventaja: la principal es la posibilidad de un bloqueo institucional porque, como decía, las elecciones separadas pueden producir un gobierno dividido y si las partes no se ponen de acuerdo puede que no se apruebe una ley o que no se pueda nombrar jueces. No otra cosa es la que le ha ocurrido a Obama en sus legislaturas, en las que la mayoría republicana le ha impedido llevar a cabo algunos de sus proyectos. Ya, ya sé que Trump podría tener el mismo botón nuclear de Kim Jong Un, pero al menos antes de que se dispare hay diez personas por las que tiene que pasar la decisión, como nos ha revelado la tonta de Hillary.

Pero también es verdad que esa desventaja acrecienta la exigencia de compromiso y consenso. Además, la responsabilidad política está allí más presente porque tienen un sistema electoral de tipo mayoritario en el que el representante político no depende del apparatchik de turno que se dedica a confeccionar las listas cerradas y bloqueadas bajo la supervisión del jefe con criterios de perruna lealtad, sino que es elegido en su distrito y puede ser defenestrado por él por un sistema muy duro de distritos uninominales de un solo ganador (winner-takes-all). Esto hace que el político tenga tan en cuenta a sus electores como a sus jefes políticos. De hecho, ha sido interesante ver cómo muchos republicanos no apoyan a Trump y que en el Congreso no es infrecuente que ocurran este tipo de “deslealtades” a los partidos. Ciertamente complica pero, como decía Madison, un proceso lento y deliberado de hacer leyes era preferible a otro en el que se aprueben demasiado rápido y sin reflexión.

Recientemente, Javier Redondo, rememorando la sucia lucha entre Hamilton y Burr, nos reconocía en un artículo que sin duda Trump ha profanado el templo de la democracia pero que, pese a todo, la filosofía de los controles y equilibrio de poderes minimizan los daños de la mala Administración. Y que a pesar de los síntomas de agotamiento e insatisfacción que muestra el americano medio respecto del funcionamiento de la democracia, tiene interiorizado el respeto a las reglas del juego.

Veremos cuál es el dictamen de las urnas de hoy. Yo quiero creer, una vez más, que unas instituciones sensibles que se autocorrigen y equilibran con los cambios pueden absorber el impacto de cisnes como Trump. No es que no pase nada; pasa, pero quizá algunos países tienen mecanismos eficientes para compensar catástrofes y otros los tienen mutilados o capitidisminuidos y necesitan cargarse un partido para solucionar un año de bloqueo o que se abra un proceso penal para que haya unas escasas y tardías responsabilidades políticas. O ni eso. Sin calcar nada de otros países, pues todo cambio produce efectos colaterales, se hace imprescindible recuperar nuestro particular sistema de equilibrios y contrapesos que, por una cosa o por otra, se ha visto desmantelado por nuestra partitocracia nacional. El cómo y por qué, es otra historia.

La masa crítica de la democracia: reproducción de la Tribuna en El Mundo de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

En todo proceso de cambio social o político el protagonismo fundamental no descansa en los que lo promueven o en los que lo resisten, sino más bien en los que, por así decirlo, se encuentran sentados encima de la valla, mirando a un lado y a otro, intentando adivinar quién va triunfar, si los reformistas o los conservadores. Preguntan nerviosos qué es lo que va a ocurrir, con el fin de adoptar las precauciones correspondientes, sin ser conscientes de que es precisamente su decisión o indecisión la que decidirá el ganador. Son la masa crítica, llamada así no por su supuesta propensión a enjuiciar hechos y conductas de manera desfavorable, sino por integrar la cantidad mínima de personas necesaria para que un fenómeno tenga lugar.

Es evidente que en una democracia como la nuestra su mayor peso o influencia se siente principalmente a la hora de votar. Así ha ocurrido en el último año en dos ocasiones. Pese a ello, ha sido necesario el transcurso de más de 300 días desde las primeras elecciones para que nuestros políticos asumiesen el explícito veredicto del conjunto de la sociedad española tras más de un lustro de crisis política, económica, institucional y ética: reformas sí, pero sin ruptura. O lo que es lo mismo, sí a los cambios, pero incrementales y con tranquilidad. Tampoco hay que sorprenderse tanto, dado que esta decisión recuerda bastante a la que los españoles en su conjunto adoptaron en 1975 y que dio lugar a la Transición.

Por supuesto, se trata de una masa muy heterogénea. Un sector de la sociedad -que podemos identificar grosso modo con los más jóvenes- se muestra muy crítico con el sistema democrático de partidos fuertes y omnipresentes instaurado en 1978, que ha garantizado hasta ahora una enorme estabilidad a los sucesivos Gobiernos, pero que ha generado también daños colaterales muy importantes después de tantos años de abuso partitocrático. Desde la falta de la meritocracia a la colonización de todos y cada uno de los resortes del Estado, pasando por el clientelismo y la corrupción generalizados. Pero junto a ese sector de la sociedad existe otro -más envejecido y más conservador- que no quiere aventuras y que prefiere lo ya conocido. Hay que reconocer que el inmovilismo del que hace gala el Partido Popular cuenta con muchos seguidores, particularmente entre los mayores que vivieron bajo el franquismo y que consideran (con razón) que la democracia que tenemos ahora es, pese a sus evidentes fallos, mucho mejor que cualquier otro sistema anterior y que, todo sea dicho, se han visto especialmente beneficiados frente a los más jóvenes por la política social y económica del Gobierno.

En cualquier caso, los resultados de las dos elecciones generales de los últimos meses obligan a atender de manera combinada las demandas de estos dos sectores de la sociedad española. Tanto de los que piensan de buena fe que hay que cambiar el sistema político de raíz, como de los que piensan de buena fe que hay que primar la estabilidad sobre cualquier tipo de cambio. Y lo cierto es que esta tarea sólo puede realizarse con la colaboración de los partidos que han hecho del cambio tranquilo su objetivo, pero que -un tanto paradójicamente- cuentan con menos apoyo explícito. Apoyo que además por ser especialmente crítico ha resultado mucho más volátil. Sin embargo, sería un grave error no darse cuenta de que la potencial masa de ciudadanos capaz de apoyar de manera decidida un cambio de estas características, tanto en el ámbito institucional como social, es mucho mayor de la que parece deducirse del apoyo electoral a los partidos que lo defienden.

Una vez liberados del riesgo de un tercer encuentro con las urnas, siempre dominado por la desconfianza, el miedo, el recelo recíproco y el voto útil, una importante cantidad de votantes de los partidos situados en los extremos del arco parlamentario no dejará de mirar con buenos ojos el intento de condicionar el Gobierno en un sentido reformista. El problema es que, sentados cómodamenteencima de la valla, van a tener que decidirse por hacer sentir su peso (aunque sea en la vertiente no electoral) si quieren contribuir a que se produzcan las reformas. Porque no hay que despreciar las enormes dificultades y los intereses creados con los que va a tropezar ese proceso de cambio.

Efectivamente, fracasado el intento de la XI legislatura de abordar con ese espíritu y desde el centro político las reformas pendientes en nuestro país (explicitado en el acuerdo del abrazo entre PSOE y Ciudadanos), queda ahora por diseñar una hoja de ruta para acometer esas mismas reformas u otras muy parecidas a partir del dato de un Gobierno en minoría liderado por una persona y un partido que -al menos hoy por hoy- son partidarios acérrimos del statu quo.

No podemos engañarnos. Más allá de los gestos, la retórica y en ocasiones el discurso, pocas cosas han cambiado en estos 10 meses. El funcionamiento de nuestra vida política e institucional sigue dominada, como siempre, por la opacidad, el clientelismo y las luchas de poder internas de los partidos, sin faltar tampoco la continua exposición de las vergüenzas del sistema puestas de manifiesto por los interminables casos de corrupción. Dado que, salvo excepciones, las responsabilidades políticas por esta forma de funcionar siguen sin asumirse (y ya veremos lo que ocurre con las responsabilidades judiciales) la realidad es que los incentivos para cambiar el modus operandi no son demasiado intensos. Episodios como el del fallido nombramiento del ex ministro Soria para el Banco Mundial, la negativa del Gobierno en funciones a dejarse controlar por el Parlamento, el desprecio por los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de la cúpula judicial o la negativa de muchos organismos públicos a facilitar información sobre cómo y en qué se gasta el dinero público, por no hablar de la resistencia a cumplir las leyes o las resoluciones judiciales que no les convienen, son ejemplos muy gráficos de ayer mismo.

En definitiva, sin una masa crítica suficiente para presionar por la reforma desde la sociedad civil la tarea se adivina muy complicada, porque los beneficiarios del statu quo ya conocen el limitado impacto que tiene en su manifestación electoral. Por eso, cumplida in extremis la primera obligación de nuestros representantes electos -que es la de dotar al país de un Gobierno y de una oposición-, la ciudadanía no puede echarse a descansar y desaparecer del escenario hasta las siguientes elecciones. Todo lo contrario.

La idea de origen providencialista de que el desempeño honesto de la propia profesión basta para cumplir la tarea del ciudadano, se está revelando peligrosamente errónea allí donde quiera que miremos. En las sociedades dislocadas en las que vivimos, en las que las recetas populistas se abren paso con tanta facilidad, es esencial que los ciudadanos no abandonen el debate público con la finalidad de situar como principal prioridad la agenda reformista. Ya no sirven las coartadas habituales utilizadas por los beneficiarios del statu quo según las cuales es posible ser un ciudadano responsable sin ocuparse de los intereses de todos. Momentos como los que vivimos (no sólo en España, sino en muchas democracias de nuestro entorno) exigen un nivel de exigencia y de implicación personal por parte los ciudadanos mucho mayor del que ha sido habitual hasta ahora.

Hoy la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de primer orden en cualquier proceso de cambio que se ponga en marcha en nuestro país. Porque si algo enseña la Historia es que los cambios llegan no cuando lo deciden los políticos, sino cuando el convencimiento de su necesidad alcanza en la sociedad una determinada masa crítica.

Los plebiscitos los carga el diablo: reproducción de la tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Los recientes referéndums (máxima expresión de la democracia directa o plebiscitaria) que ha perdido el Gobierno convocante con consecuencias previsiblemente negativas para los propios votantes -tanto en el caso del Brexit como en el de Colombia- merecen una reflexión sobre las virtudes y los defectos de este tipo de consultas y sobre su proliferación en las democracias liberales modernas en tiempos de indignación colectiva.

Lo primero que hay que señalar es que si estas consultas las hubiera “ganado” el Gobierno que las convocó probablemente no haría falta una reflexión. Esto es lo que en ambos casos se esperaba. Quizás porque se da por sentado que la democracia directa o plebiscitaria es sólo un complemento de la democracia representativa, de manera que lo habitual y deseable es que los ciudadanos se limitan a refrendar lo que le proponen sus representantes que, al fin y al cabo, son los políticos profesionales. Pero si, como ha sucedido recientemente, los gobernantes electos apuestan por un determinado resultado del plebiscito y los electores por otro es inevitable que se abra una grieta entre representantes y representados. Es lógico, dado que si los ciudadanos convocados al plebiscito se pronuncian sobre una concreta cuestión, pero de especial trascendencia, en contra de las propuestas de sus gobernantes democráticamente elegidos se produce una cierta “deslegitimación” de éstos.

Efectivamente, en la medida en que los ciudadanos prefieren la opción sostenida por la oposición o incluso por algunos representantes del propio partido del Gobierno en casos de especial polarización está claro que el mensaje que se manda al Gobierno es el de que ya no cuenta con la confianza de los ciudadanos, al menos en relación con la cuestión sometida a referéndum. Pero teniendo en cuenta que se trata por lo general de cuestiones muy trascedentes y de enorme impacto -ya se trate de la salida de la Unión Europea, de un acuerdo de paz conseguido muy trabajosamente después de muchos años o de decidir sobre la política de inmigración de un país integrado en la Unión- las consecuencias pueden ser políticamente devastadoras para el líder o el Gobierno que pierde un referéndum. La dimisión de Cameron en el Reino Unido y su sustitución por otro líder del mismo partido obedece a esta lógica, como en su día la dimisión del líder nacionalista escocés Alex Salmond cuando perdió el referéndum en Escocia. El que otros perdedores en otros referéndums no saquen las oportunas conclusiones, como ocurre en el caso de Colombia y de Hungría, tiene más que ver con la calidad de sus respectivas democracias que con otros factores.

El problema, además, es que un plebiscito sobre una cuestión de especial trascendencia, que puede ser muy compleja y estar revestida de un componente emocional muy intenso presenta indudables riesgos. De entrada, el que las únicas opciones posibles sean el “sí” y el “no” polariza tremendamente al electorado, y exige un esfuerzo de concisión y de simplificación por parte de los líderes políticos que defienden una u otra postura que, con frecuencia, conduce  simplemente al maniqueísmo y a la propaganda pura y dura como hemos visto en las recientes campañas. El que sean los partidarios del Bréxit los que hayan ganado el plebiscito en el Reino Unido dado su manifiesto desprecio por la evidencia empírica y su falseamiento de la realidad no es muy tranquilizador que digamos, por muchos motivos que tuvieran los electores para votar en contra de su Gobierno. Es importante tener en cuenta que los referéndums no suelen favorecer precisamente un debate público sosegado.

Lo mismo cabe decir de otros casos similares en que se apela directamente a los afiliados o simpatizantes de un partido político. La tentación de convocar a “las bases” para dilucidar cuestiones que pueden decidir perfectamente los líderes de un partido por sí mismos, como la de apoyar a un partido u otro a la hora de formar Gobierno, es siempre muy grande. Es lo que hemos visto estos últimos meses en España. Por supuesto, se da por sentado que las bases van a ratificar lo que ya han decidido previamente los líderes. En estos supuestos se trata más ben de justificar delante del electorado decisiones que pueden no resultarles demasiado comprensibles. Básicamente se trata de una delegación de responsabilidad, con la finalidad de eludir el coste político personal que para el líder puede tener adoptar una determinada decisión, en el caso español la de apoyar a un partido político “rival” o/y con abrumadores indicios de corrupción.

Otra cosa es que, en algunos casos, los referéndums puedan ser inevitables. A mi juicio, esto puede ocurrir cuando la división de la sociedad –sobre todo a nivel emocional- es tal que sus representantes son incapaces de llegar a acuerdos razonables y duraderos sobre cuestiones trascendentales para el futuro de esa sociedad. El mejor ejemplo es, quizás, el de la Ley de claridad canadiense. Una vez que la polarización social ya existe y que los representantes electos (que son, por otra parte, los que suelen provocarla o utilizarla en beneficio de sus intereses partidistas) no pueden remediarla, puede ser mejor coger el toro por los cuernos, eso sí, con prudencia y con las debidas garantías para no acabar políticamente malherido o muerto.

Porque los referéndums los carga la democracia representativa. O dicho de otra forma, se trata de un instrumento democrático de precisión, que no puede utilizarse de cualquier manera. Hay siempre muchas cuestiones que deben de abordarse antes de convocarlo. Son cuestiones tales como el índice de participación exigible para que el referéndum sea válido, cual debe de ser la  pregunta planteada, cual es el porcentaje de votos necesario para considerar que una determinada postura ha vencido en la consulta, cómo debe de realizarse la campaña previa, etc, etc. Y, sobre todo, cuál será la concreta hoja de ruta a seguir con cada uno de los dos resultados y quién va a pilotarla. Son asuntos de extraordinaria relevancia y que deben de ser analizados y decididos en cada caso concreto. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto el resultado del referéndum vincula políticamente al Gobierno que lo ha convocado. Porque no es muy difícil que los gobernantes derrotados encuentren excusas no ya para no abandonar el cargo sino incluso para matizar sus resultados; al fin y al cabo su mandato representativo sigue vigente.

Lo que nos lleva a la siguiente reflexión ¿por qué se convocan referéndums con el riesgo que suponen? Obviamente nadie que convoca un referéndum espera perderlo, pero siempre hay una posibilidad y máxime en momentos de tanta incertidumbre política como los que vivimos. Las respuestas son tan variadas como las cuestiones planteadas y el contexto político en el que se plantean. Pueden responder a motivos puramente partidistas o de política interna (Cameron vs Farage en el Brexit), pueden convocarse para reforzar una posición gubernamental en materia de inmigración para soslayar los condicionantes políticos y jurídicos que impone la pertenencia a la Unión Europea (Hungría y su referéndum sobre la inmigración) o pueden servir para culminar una ardua negociación de varios años con un grupo terrorista y alcanzar un acuerdo de paz (Colombia).

Claro que también se puede pretender tener lo mejor de los dos mundos: ser elegido para adoptar decisiones complejas y endosárselas a la ciudadanía vía consulta para garantizarse la reelección. El mejor ejemplo pueden ser los famosos referéndums californianos que llevaron prácticamente a la quiebra a uno de los Estados más prósperos de Estados Unidos. El problema es que los políticos electos los utilizaban para preguntar a los votantes sobre los impuestos que deseaban pagar y sobre los servicios públicos que deseaban recibir. Y los electores -muy comprensiblemente- votaban a la vez por reducir los primeros y aumentar los segundos.

En definitiva, los referéndums en los tiempos que corren son un instrumento más de la democracia representativa, en la medida en que proporcionan a la clase política un margen de maniobra muy importante en momentos en que lo puede necesitar. Porque los políticos los que van a decidir qué cuestiones se someten a consulta y cuando, y también los que van a establecer las reglas del juego para cada caso. Son también los que van a interpretar políticamente sus resultados.  Conviene, por tanto, estar alertas y no dejarse manipular demasiado.

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HD Joven: ¿Segundas votaciones nunca fueron buenas?

Han pasado ya algunas semanas del famoso referéndum sobre Brexit -el 23 de junio-, cuyo desenlace  nadie esperaba y que fue un jarro de agua fría para las instituciones comunitarias y en general para el resto de países y ciudadanos de la Unión Europea, salvo contadas excepciones.

Desde entonces, si bien ha habido escasos avances en las negociaciones de la salida del Reino Unido (que ni siquiera ha notificado formalmente al Consejo Europeo su intención de salir de la UE, tal y como exige el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea), lo que sí que se ha producido es un terremoto político en el país británico de importantes dimensiones, sucediéndose diversos acontecimientos que van desde la dimisión del presidente del país, el Sr. Cameron, o del líder del principal partido euroescéptico (UKIP), el Sr. Farage, hasta las reivindicaciones de una repetición del referéndum sobre la independencia de Escocia o sobre la propia permanencia del Reino Unido en  la Unión Europea.

Centrándonos en las peticiones de segundas votaciones por parte de un sector de la sociedad escocesa y británica, respectivamente, cabe analizar brevemente el por qué de las mismas:

En el caso de Escocia, el origen de estas demandas parece estar en el propio Brexit. Como seguramente recordarán, en las semanas previas al referéndum escocés, los defensores del “NO” enarbolaron como principal argumento para persuadir a los escoceses de permanecer en el Reino Unido, el hecho de que, si se independizaban, saldrían automáticamente de la Unión Europea y se convertirían en un país tercero, el cual tendría que ponerse a la cola para solicitar el ingreso en la UE, en un procedimiento que podría durar años. De hecho, este argumento fue también sostenido desde las propias instituciones de la Unión (aquí). No sabemos si esa fue una de las razones decisivas para que finalmente el “NO” a la independencia triunfara  (55,3% vs 44,7%), pero lo que sí que sabemos es que sin haber pasado ni dos años desde aquella votación, el Reino Unido ha salido (o está en camino de salir) de la propia UE, y evidentemente,  Escocia con él, pese a que en dicho territorio el “Remain” ganó por goleada (62% vs 38%). Por lo tanto, es innegable que desde que se produjo el referendo se ha producido un cambio del status quo, puesto que una de las motivaciones que tenían los escoceses para seguir en el Reino Unido –permanecer en la UE-, a día de hoy ya no existe, por lo que los nacionalistas escoceses se estarían planteando volver a solicitar al Parlamento británico una nueva votación (aquí).

Por su parte, la reivindicación de una segunda votación sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, pese a no a que no han pasado ni tres meses desde su celebración, más allá de los posibles votantes arrepentidos o frustrados, están basadas en la participación que hubo (71,8%) y en el estrecho margen por el que ganó el “Leave” (51,9% vs 48,1%), unido a ciertas falsedades vertidas durante la campaña de los que estaban a favor de la salida (aquí), la falta de información recibida por los británicos y las primeras consecuencias económicas negativas del propio Brexit, entre otras. Lo cierto es que desde la votación del pasado junio, se han sucedido las recogidas de firmas solicitando una nueva votación –más de 4 millones (aquí)-, ha habido varias manifestaciones –las últimas el pasado fin de semana (aquí)-, llegándose hasta a debatir esta misma semana en el propio Parlamento sobre la posibilidad de realizar un segundo referendo (aquí).

Llegados a este punto, cabría plantearse, ¿es razonable una nueva votación en el Reino Unido sobre la permanencia o la salida en la UE? ¿Y sobre la independencia de Escocia?

En un primer momento, podría parecer que las razones que alegan los que reivindican una segunda votación son bastante comprensibles y de la suficiente contundencia como para plantearse seriamente la convocatoria de segundas votaciones, tanto en uno como en otro caso.

Dicho lo anterior, caer en la tentación de plantearse segundas votaciones en cualquiera de los dos referéndums, teniendo en cuenta la cercanía de las primeras, parece, cuando menos, ilógico, ya que se estaría deslegitimando una decisión tomada por millones de habitantes y esto podría lleva a caer en la peligrosa tentación de que uno quiera continuar repitiendo votaciones hasta que salga el resultado que desea (algo así como lo que sucede en España con los partidos y la repetición de las elecciones, por cierto), ya que ¿cuál sería el motivo para darle una mayor validez a una segunda votación que a la primera?

Tanto en el caso del Brexit, como en la votación por la independencia de Escocia, los votantes conocían a priori las reglas de juego. En lo relativo a los escoceses, eran conscientes cuando fueron a votar de que Cameron, de resultar reelegido, planteaba convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE (aquí), por lo que había una posibilidad real de que tanto si decidían independizarse como seguir en Reino Unido, podían acabar saliendo de la UE. Igualmente, los británicos sabían que no se exigía ni un umbral mínimo de participación, ni una mayoría reforzada, para que la opción del “Leave” saliese victoriosa (aquí). Por lo que, en definitiva, como ya apuntásemos en el artículo que escribimos los editores de HD Joven el pasado 1 de julio (aquí), una vez que se conocían las reglas del juego, no cabe echar la culpa al árbitro. Cuestión diferente es que dichas reglas del juego podrían haber sido mejorables, sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de haber establecido mayorías reforzadas o umbrales mínimos de participación, al estilo de lo establecido por la tan comentada “Clarity Act” canadiense (aquí), o que la información recibida por los votantes sobre las consecuencias de una u otra opción, podría haber sido más objetiva y próxima a la realidad.

A lo anterior, cabe sumar el factor externo. Hay que tener en cuenta que los resultados de ambas votaciones no solo tenían consecuencias para los votantes, sino también para el resto de habitantes e instituciones del Reino Unido y de la Unión Europea, respectivamente. Es decir, el futuro del propio Reino Unido y de la UE, dependía de dicha votación. Y una vez se conocieron los resultados, se tomaron una serie de decisiones en función de éstos. Por lo tanto, asumidos ya los resultados, la convocatoria de una nueva votación, supondría generar nueva incertidumbre y la posibilidad de que en un espacio de tiempo tan breve, se tuviera que volver a replantear, por segunda vez, el modelo de país, en el caso del Reino Unido, o de la institución, en el caso de la UE.

Con lo anterior, no pretendo insinuar que un país no esté en su derecho de volver a consultar a sus habitantes si desean seguir perteneciendo a un país o a una institución, si bien parece prudente que, para realizar nuevas votaciones sobre temas tan importantes, se espere un tiempo razonable para que se generen en la sociedad (o no) nuevas demandas. A título de ejemplo, podríamos reseñar el caso de Quebec, en el que pasaron quince años (1980-1995) para que se celebrara una nueva votación de independencia respecto a Canadá, o el del propio Reino Unido, que ha vuelto a repetir el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea treinta y un años después (1975-2016). Parecen plazos más que aceptables, los cuales distarían mucho de una repetición de los referéndums escocés y británico, de cuyas votaciones solo habrían transcurrido tres años y tres meses, respectivamente.

En definitiva, salvo que hubiera un clamor por parte de la mayoría de la población, algo, por otro lado, difícilmente ponderable, lo más lógico parece que referendos a cuyos resultados se les ha reconocido plena legitimidad no volvieran a ser repetidos hasta pasado un tiempo razonable, al menos los quince años del caso quebequés, s teniendo en cuenta que seguramente estas peticiones de repetición tengan más que ver con la frustración ante un resultado que parte de la ciudadanía no deseaba y que no acepta, que con razones de fondo que justifiquen realemente la posible revocación de una decisión tomada conforme a unas reglas establecidas.