La elección de Donald Trump, como el voto de Brexit y otros movimientos populistas, nos recuerda otra vez que el capitalismo financiero y globalizado ha dejado de lado desde hace tiempo a la clase media (aquí) y que eso a la larga tiene consecuencias. Pero también es consecuencia de varias peculiaridades del sistema electoral americano que han facilitado no solo la victoria de Trump, sino también la ascensión de la extrema derecha dentro del partido Republicano.

Empecemos, cómo no, por el Colegio de Electores. Cada estado tiene un elector por cada senador y congresista. Esto sobrerrepresenta a los estados muy pequeños, ya que todo estado tiene dos senadores. Por ejemplo, cada elector de North Dakota representa a 174.000 votantes, mientras que cada elector en Nueva York representa a 519.000 votantes. El sistema es conocido y también que privilegia con carácter general el voto rural (y en general de derechas). Mucho menos discutido pero más pernicioso para la democracia es que esto desvaloriza el voto presidencial de ¾ del electorado: si uno vive en Massachusetts o en Nebraska, no verá nunca un anuncio presidencial, y menos a un candidato, ya que prácticamente solo hacen campaña en los 13-15 estados en los que hay incertidumbre en el resultado, lo que es desmoralizador para el votante medio y ayuda a explicar la muy alta abstención.

Menos conocido aun es que el sistema de electores está directamente relacionado con la esclavitud, el pecado original de EEUU, que sigue teniendo una enorme influencia sobre la política aqui (aquí). En efecto, durante la redacción de la constitución, uno de los problemas centrales era construir un documento que fuera aceptable tanto a los estados del Norte (donde no existía la esclavitud) como a los estados “esclavistas” del Sur. Cuando se propuso la elección directa del presidente, James Madison, de Virginia, explico que eso no sería aceptable en el Sur, porque habría mucha más gente con derecho de voto en el Norte y por tanto dominarían la presidencia. Se llegó por lo tanto a un compromiso: el voto sería indirecto a través de electores, y se contaría en la población a 3/5 de los esclavos para equilibrar el número de electores entre Norte y Sur. Ese es el sistema que persiste hoy y lo que explica cómo Trump ha podido ganar la presidencia con dos millones de votos menos que Clinton.

Pero hay consecuencias aún más directas de la esclavitud sobre el voto en este país. Y es que un objetivo principal de los gobernantes, incluido Andrew Johnson, que fue presidente inmediatamente después de Lincoln, fue impedir el voto de los negros. Las leyes “Jim Crow” (aquí) impuestas en muchos estados no solo institucionalizaron la segregación racial sino que permitían todo tipo de reglamentos para dificultar el voto de la gente de color. Esto solo terminó con la imposición del “Voting Rights Act” en 1965, que necesitó toda la fuerza de los movimientos que lideraban Martin Luther King y Malcolm X y toda la habilidad política de Lyndon Johnson para llegar a ser ley.

Aun después del Voting Rights Act el sistema dificulta el voto. Primero, se vota en dia de trabajo (facilitando el voto de los jubilados y gente con horarios flexibles). Segundo, el registro de votantes es voluntario: el estado no mantiene por sí un censo electoral, sino que cada persona tiene que apuntarse, semanas o meses antes del voto, aportando la documentación apropiada. En un país con mucha movilidad, la gente joven y la que se muda a merced del mercado de trabajo tiene más dificultades para votar. Pero además, la historia de Jim Crow ha servido como ejemplo al partido republicano. La victoria de Bush en el 2000 se debió, entre otras cosas, a una purga de votantes en Florida dirigida principalmente contra los negros, y llevada por la administración de su hermano Jeb (aquí).

Con este ejemplo, y enfrentado con la caída demográfica de la población “anglo”, el partido republicano emprendió una campaña para dificultar el voto estado por estado, con la excusa de reducir el fraude. Consiguió en el 2015 que el Tribunal Supremo anulara una de las clausulas principales del “Voting Rights Act” (aquí). Al dia siguiente, Texas aprobó una ley que requiere un documento de identidad para votar. Esto no sería un problema si no fuera porque en este país el único documento de identidad que suele tener la gente es el carnet de conducir: los no conductores en Texas necesitan por lo tanto sacarse un “carnet de votar” que casi solo sirve para eso, y que puede ser difícil de obtener (aquí). No tengo espacio para enumerar los diversos reglamentos y limitaciones impuestos en Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Norte, etc…, que también incluyen reducciones en el número de mesas electorales en ciertas ciudades o barrios y eliminaciones selectivas de votantes de los registros. Solo citare al juez que, declarando una ley incorrecta, dijo que las restricciones “target African-Americans with almost surgical precision”, y recomiendo este artículo corto (aquí) y este análisis (aquí). Es muy dificil estimar cuantos votos han sido suprimidos en esta elección, pero es posible que al menos el resultado en Wisconsin hubiera sido otro sin estas leyes.

Pero entonces ¿Cómo se aprobaron esas leyes y reglamentos en estados como Wisconsin, que han tenido mayoría de votantes demócratas en elecciones presidenciales? La explicación pasa por hablar de una tercera peculiaridad del sistema electoral americano, el “gerrymandering” inventado en mi propio estado (Massachusetts) en 1812 para favorecer al candidato “Demócrata-Republicano” de entonces. Los miembros del Congreso (de cada estado o federales) y del Senado estatal se eligen por distritos. Esto tiene por lo menos dos ventajas. Primero, yo tengo “mi” congresista al que puedo reclamar, con un despacho local dedicado a ayudar al público. Segundo, alguien localmente conocido puede presentarse sin ser un político de carrera (y de hecho muchos son personas con carreras anteriores, no gente que ha subido por el escalafón del partido). Pero tiene una desventaja que se ha agravado con los ordenadores: el que dibuja los distritos puede transformar un estado 50-50 en cinco distritos 60-40 y uno 0-100, asegurando una ventaja de 5-1 en lugar de un empate 3-3.

La pregunta clave, entonces, es ¿quien dibuja los distritos? En general, es el Congreso estatal quien dibuja los distritos propios y federales, y lo hace cada 10 años cuando se ejecuta el censo del país. El partido republicano emprendió con Karl Rove el objetivo de conseguir una “permanent Republican majority”. Con la ayuda del Tribunal Supremo que ha eliminado casi todos los límites sobre contribuciones electorales, el partido y varias organizaciones afines invirtieron tiempo y dinero en conseguir mayorías en elecciones estatales. Estas suelen tener menos votantes y muy poca publicidad, y son por lo tanto más fáciles de influenciar. A raíz del censo del año 2010, y gracias a su control de legislaturas estatales, el partido republicano consiguió dibujar los distritos de tal manera que en el 2012, con 1.4 millones de votos más para Demócratas que para Republicanos, hubo 234 congresistas republicanos y sólo 201 demócratas. El proyecto RedMap (aquí) aún mantiene su página de web explicando este triunfo.

Quiero dejar claro que esto no es solo un truco republicano: en el estado de Maryland por ejemplo los distritos favorecen enormemente a los demócratas. Pero en el momento actual, gracias a la financiación, planificación, y correcta ejecución entre 2000-2010, la ventaja republicana es enorme. Esto tiene difícil solución: hay varios Estados que tienen comisiones imparciales que dibujan los distritos, pero aprobar una ley que forme esa comisión no es fácil. Y también está claro que las comisiones son influenciables, aunque de momento parece que ayudan a proteger la representatividad del sistema.

Llegamos ahora a una de las explicaciones de cómo el partido republicano ha ido virando cada vez más a la derecha. Esto se debe no solo a la influencia de donantes multimillonarios de ultraderecha como los hermanos Koch o Sheldon Adelson, sino también al gerrymandering. Una consecuencia perniciosa de que muchos distritos hayan sido redibujados para ser “distritos protegidos republicanos” es que, en esos distritos, el congresista no tiene que preocuparse por un reto demócrata en la elección general, pero sí puede perder contra otro republicano en la elección primaria. Las primarias son menos concurridas, y votan sobre todo los más convencidos (y los más extremistas). Por lo tanto, el congresista o se mueve a la derecha o pierde contra otro que es más de derechas. Esto ayuda a comprender como el partido se ha vuelto cada vez más estridente en su oposición a todo soporte social, a los inmigrantes, a cualquier papel del estado federal en regular la economía o las empresas. Donald Trump no debería haber sido una sorpresa, ya que representa la continuación lógica de muchos esfuerzos e ideologías republicanas, aunque haya tomado las riendas como populista anti-Washington y anti-establishment.

Los recientes referéndums (máxima expresión de la democracia directa o plebiscitaria) que ha perdido el Gobierno convocante con consecuencias previsiblemente negativas para los propios votantes -tanto en el caso del Brexit como en el de Colombia- merecen una reflexión sobre las virtudes y los defectos de este tipo de consultas y sobre su proliferación en las democracias liberales modernas en tiempos de indignación colectiva.

Lo primero que hay que señalar es que si estas consultas las hubiera “ganado” el Gobierno que las convocó probablemente no haría falta una reflexión. Esto es lo que en ambos casos se esperaba. Quizás porque se da por sentado que la democracia directa o plebiscitaria es sólo un complemento de la democracia representativa, de manera que lo habitual y deseable es que los ciudadanos se limitan a refrendar lo que le proponen sus representantes que, al fin y al cabo, son los políticos profesionales. Pero si, como ha sucedido recientemente, los gobernantes electos apuestan por un determinado resultado del plebiscito y los electores por otro es inevitable que se abra una grieta entre representantes y representados. Es lógico, dado que si los ciudadanos convocados al plebiscito se pronuncian sobre una concreta cuestión, pero de especial trascendencia, en contra de las propuestas de sus gobernantes democráticamente elegidos se produce una cierta “deslegitimación” de éstos.

Efectivamente, en la medida en que los ciudadanos prefieren la opción sostenida por la oposición o incluso por algunos representantes del propio partido del Gobierno en casos de especial polarización está claro que el mensaje que se manda al Gobierno es el de que ya no cuenta con la confianza de los ciudadanos, al menos en relación con la cuestión sometida a referéndum. Pero teniendo en cuenta que se trata por lo general de cuestiones muy trascedentes y de enorme impacto -ya se trate de la salida de la Unión Europea, de un acuerdo de paz conseguido muy trabajosamente después de muchos años o de decidir sobre la política de inmigración de un país integrado en la Unión- las consecuencias pueden ser políticamente devastadoras para el líder o el Gobierno que pierde un referéndum. La dimisión de Cameron en el Reino Unido y su sustitución por otro líder del mismo partido obedece a esta lógica, como en su día la dimisión del líder nacionalista escocés Alex Salmond cuando perdió el referéndum en Escocia. El que otros perdedores en otros referéndums no saquen las oportunas conclusiones, como ocurre en el caso de Colombia y de Hungría, tiene más que ver con la calidad de sus respectivas democracias que con otros factores.

El problema, además, es que un plebiscito sobre una cuestión de especial trascendencia, que puede ser muy compleja y estar revestida de un componente emocional muy intenso presenta indudables riesgos. De entrada, el que las únicas opciones posibles sean el “sí” y el “no” polariza tremendamente al electorado, y exige un esfuerzo de concisión y de simplificación por parte de los líderes políticos que defienden una u otra postura que, con frecuencia, conduce  simplemente al maniqueísmo y a la propaganda pura y dura como hemos visto en las recientes campañas. El que sean los partidarios del Bréxit los que hayan ganado el plebiscito en el Reino Unido dado su manifiesto desprecio por la evidencia empírica y su falseamiento de la realidad no es muy tranquilizador que digamos, por muchos motivos que tuvieran los electores para votar en contra de su Gobierno. Es importante tener en cuenta que los referéndums no suelen favorecer precisamente un debate público sosegado.

Lo mismo cabe decir de otros casos similares en que se apela directamente a los afiliados o simpatizantes de un partido político. La tentación de convocar a “las bases” para dilucidar cuestiones que pueden decidir perfectamente los líderes de un partido por sí mismos, como la de apoyar a un partido u otro a la hora de formar Gobierno, es siempre muy grande. Es lo que hemos visto estos últimos meses en España. Por supuesto, se da por sentado que las bases van a ratificar lo que ya han decidido previamente los líderes. En estos supuestos se trata más ben de justificar delante del electorado decisiones que pueden no resultarles demasiado comprensibles. Básicamente se trata de una delegación de responsabilidad, con la finalidad de eludir el coste político personal que para el líder puede tener adoptar una determinada decisión, en el caso español la de apoyar a un partido político “rival” o/y con abrumadores indicios de corrupción.

Otra cosa es que, en algunos casos, los referéndums puedan ser inevitables. A mi juicio, esto puede ocurrir cuando la división de la sociedad –sobre todo a nivel emocional- es tal que sus representantes son incapaces de llegar a acuerdos razonables y duraderos sobre cuestiones trascendentales para el futuro de esa sociedad. El mejor ejemplo es, quizás, el de la Ley de claridad canadiense. Una vez que la polarización social ya existe y que los representantes electos (que son, por otra parte, los que suelen provocarla o utilizarla en beneficio de sus intereses partidistas) no pueden remediarla, puede ser mejor coger el toro por los cuernos, eso sí, con prudencia y con las debidas garantías para no acabar políticamente malherido o muerto.

Porque los referéndums los carga la democracia representativa. O dicho de otra forma, se trata de un instrumento democrático de precisión, que no puede utilizarse de cualquier manera. Hay siempre muchas cuestiones que deben de abordarse antes de convocarlo. Son cuestiones tales como el índice de participación exigible para que el referéndum sea válido, cual debe de ser la  pregunta planteada, cual es el porcentaje de votos necesario para considerar que una determinada postura ha vencido en la consulta, cómo debe de realizarse la campaña previa, etc, etc. Y, sobre todo, cuál será la concreta hoja de ruta a seguir con cada uno de los dos resultados y quién va a pilotarla. Son asuntos de extraordinaria relevancia y que deben de ser analizados y decididos en cada caso concreto. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto el resultado del referéndum vincula políticamente al Gobierno que lo ha convocado. Porque no es muy difícil que los gobernantes derrotados encuentren excusas no ya para no abandonar el cargo sino incluso para matizar sus resultados; al fin y al cabo su mandato representativo sigue vigente.

Lo que nos lleva a la siguiente reflexión ¿por qué se convocan referéndums con el riesgo que suponen? Obviamente nadie que convoca un referéndum espera perderlo, pero siempre hay una posibilidad y máxime en momentos de tanta incertidumbre política como los que vivimos. Las respuestas son tan variadas como las cuestiones planteadas y el contexto político en el que se plantean. Pueden responder a motivos puramente partidistas o de política interna (Cameron vs Farage en el Brexit), pueden convocarse para reforzar una posición gubernamental en materia de inmigración para soslayar los condicionantes políticos y jurídicos que impone la pertenencia a la Unión Europea (Hungría y su referéndum sobre la inmigración) o pueden servir para culminar una ardua negociación de varios años con un grupo terrorista y alcanzar un acuerdo de paz (Colombia).

Claro que también se puede pretender tener lo mejor de los dos mundos: ser elegido para adoptar decisiones complejas y endosárselas a la ciudadanía vía consulta para garantizarse la reelección. El mejor ejemplo pueden ser los famosos referéndums californianos que llevaron prácticamente a la quiebra a uno de los Estados más prósperos de Estados Unidos. El problema es que los políticos electos los utilizaban para preguntar a los votantes sobre los impuestos que deseaban pagar y sobre los servicios públicos que deseaban recibir. Y los electores -muy comprensiblemente- votaban a la vez por reducir los primeros y aumentar los segundos.

En definitiva, los referéndums en los tiempos que corren son un instrumento más de la democracia representativa, en la medida en que proporcionan a la clase política un margen de maniobra muy importante en momentos en que lo puede necesitar. Porque los políticos los que van a decidir qué cuestiones se someten a consulta y cuando, y también los que van a establecer las reglas del juego para cada caso. Son también los que van a interpretar políticamente sus resultados.  Conviene, por tanto, estar alertas y no dejarse manipular demasiado.