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¿Presos políticos?

Durante las últimas semanas, los líderes del bloque secesionista, con la colaboración de Unidos Podemos a nivel nacional (entre otros), han tratado continuamente de incorporar la expresión “presos políticos”  al lenguaje político cotidiano. Este discurso repetitivo, que comenzó con el ingreso en prisión preventiva de Jordi Sánchez (presidente de ANC), y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), ha terminado instándose definitivamente después que la juez Lamela ordenase la semana pasada el ingreso en prisión de los ocho exconsellers de la Generalitat que no han huido de España.

En la época de los tweets (y retweets), los memes virales y los discursos políticos low cost, los principios goebbelianos son más efectivos de lo que nunca antes habían sido. Y la famosa frase atribuida al ministro de propaganda de la Alemania nazi –si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad-, constituye hoy el motor de una buena parte del discurso político. Por tanto, aún confiando en que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país cuentan con la madurez y lucidez suficientes para descartar la idea de que Oriol Junqueras pueda ser un preso político, no está de más aclarar la cuestión.

Lo primero que conviene tener claro es la definición de preso político. Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (ver aquí la Resolución 1900), para que persona privada de su libertad personal pueda ser considerada como un preso político debe concurrir alguna de las siguientes circunstancias: (i) que la detención haya sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; (ii) que la detención se haya impuesto por motivos puramente políticos sin relación con ningún delito; (iii) que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha; (iv) que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas; (v) o, por último, que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.

Los cinco supuestos a los que se refiere la Asamblea tienen un denominador común: la privación de libertad, las circunstancias en que tiene lugar o la ausencia de garantías, deben tener su origen en motivos políticos. Y desde luego, analizando el supuesto concreto que nos ocupa, no se da ningún elemento –ni objetivo ni subjetivo- que pueda llevarnos a pensar que en España existan presos políticos. Lo que sí hay, como algunos han apuntado de manera muy elocuente, son “políticos presos” (ver aquí o aquí), porque aquí, desde luego, el orden de los factores sí altera el producto.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que todos los exconsellers que acaban de ingresar en prisión preventiva –y también los Jordisestán siendo investigados por la posible comisión de delitos específicamente tipificados en nuestro Código Penal. Y no está de más recordar que esta norma no es fruto del capricho de un estado opresor, sino que fue democráticamente aprobada por las Cortes mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, y modificada posteriormente en varias ocasiones, con las mayorías previstas en el artículo 81 de la Constitución.

Centrándonos en el delito más grave de los que se imputan a los miembros cesados del gobierno catalán (el delito de rebelión), veamos la redacción del tipo penal (art. 472): Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1. º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. […] 5. º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (art. 472). Es fácil observar que el tipo penal se refiere única y exclusivamente a hechos, pero en ningún caso a la ideología u orientación política de la persona que pudiera llevar a cabo los mismos. Por tanto, ninguna relación existe entre el delito de rebelión y el ejercicio de derechos fundamentales de contenido político, tales como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión e información o la libertad de reunión y asociación. Y lo mismo podemos decir respecto de los demás tipos penales en liza: sedición, malversación y otros delitos conexos.

Si viajamos en el tiempo a una época de nuestra historia recordada de manera constante (casi obsesiva) por los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por el ingreso en prisión preventiva de los líderes separatistas, encontramos un claro ejemplo de norma cuya aplicación podía conllevar –y de hecho conllevó- la existencia de presos políticos. Me refiero a la la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 (ver aquí), en la que se declaraban “fuera de la Ley” una serie de partidos y agrupaciones políticas (entre otros, Esquerra Catalana, Partido Socialista Unificado de Cataluña o el Partido Socialista Unificado de Cataluña), se declaraban “responsables políticos” a quienes hubieran desempeñado cargos directivos y se preveían determinadas sanciones, incluidas las limitativas de la libertad de residencia (extrañamiento, confinamiento, destierro o relegación a las Posesiones africanas).

Pablo Iglesias nació en el año 1978 (como nuestra Constitución), Irene Montero en 1988 y el célebre Gabriel Rufián en 1982. Yo soy el más joven (nací en 1989), y afortunadamente, los cuatro hemos tenido la suerte de nacer en un Estado social y democrático de Derecho. Hemos tenido la oportunidad de pensar y expresar nuestras opiniones de manera libre, militar en el partido político que tuviéramos por conveniente y, en definitiva, ejercer nuestros derechos políticos en el más amplio sentido del término. Por tanto, seamos sensatos y mínimamente rigurosos en el análisis.    

En segundo lugar, conviene aclarar que los investigados que ha ingresado en prisión provisional lo han hecho en virtud de un auto dictado por un juez independiente, imparcial y predeterminado por la Ley. Si alguien pudiera tener alguna duda sobre este extremo, le animo a lea las 19 páginas del Auto dictado la semana pasada por la juez Lamela (descargar aquí), para comprobar que no existe, entre los numerosos argumentos esgrimidos por el órgano judicial, ni una sola referencia a las ideas políticas o a la forma de pensar de los investigados.

Y ni que decir tiene que a pesar de que los investigados puedan estar o no de acuerdo con la resolución judicial que les ha conducido a prisión, lo cierto es que todos ellos han dispuesto y disponen de todas las garantías que nuestra Constitución les reconoce (presunción de inocencia, utilización de los medios de prueba para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables) y por supuesto, tendrán la opción de recurrir la resolución ante el órgano judicial que corresponda, en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa y conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuestión distinta es la opinión que las resoluciones judiciales puedan merecernos desde un punto de vista técnico-jurídico, pues aunque éstas deban ser acatadas en modo alguno están exentas de crítica. De hecho, en este blog se han publicado tanto opiniones favorables a la prisión preventiva de los Jordis y la libertad provisional de Josep Lluis Trapero (ver aquí), como opiniones contrarias al auto que ordenó la entrada en prisión preventiva de los exconsellers de la Generalitat (ver aquí). Incluso hemos llegado a plantearnos –yendo más allá del criterio de la Fiscalía- la posible responsabilidad penal de los 72 diputados que votaron a favor o se abstuvieron en la votación secreta que tuvo lugar el pasado 27 de octubre en el Parlament (ver aquí).

Como sobradamente conocen los lectores del blog, nuestro Estado de Derecho adolece de múltiples defectos en su funcionamiento. El sistema es manifiestamente mejorable. De hecho, si todo fuera perfecto y nada hubiera que objetar respecto de nuestras Instituciones, Hay Derecho ni tan siquiera existiría. Pero una cosa es opinar a favor o en contra de una resolución judicial, desde un punto de vista jurídico, y otra muy distinta es cometer la enorme irresponsabilidad de negarle toda bondad al sistema en su conjunto. Con esto quiero decir que, aun en el caso de que el auto de la juez Lamela se hubiera equivocado en sus razonamientos jurídicos, esto no significaría que los investigados hubieran ingresado en prisión por motivos políticos. A día de hoy, no existe ningún dato o evidencia que nos permita concluir que las condiciones de la detención hayan sido manifiestamente desproporcionadas, que haya habido discriminación en comparación con casos similares o que en el procedimiento seguido no se hayan respetado las garantías y derechos de los investigados.

Por último, resulta significativo que los ingresos en prisión hayan llegado en el momento más inoportuno desde un punto de vista político, y probablemente, en el peor momento posible para los intereses electorales del partido de gobierno, y a la postre, del bloque constitucionalista. Como señalaba Victoria Prego el pasado día 2, es más que probable que esta decisión judicial “encienda los ánimos de los soberanistas y complique mucho el desarrollo de la campaña” (ver aquí). Y en esta misma línea se situaba el contundente Editorial de El País del día 3, apuntando que “la contundencia de la justicia, paradójicamente, favorece a la causa independentista en su lógica victimista” (ver aquí). Desde luego, el tempo que está siguiendo por el Poder Judicial, en clara contraposición a los intereses del Gobierno, conduce igualmente a desechar la teoría de la conspiración.

A pesar de todo, que nadie tenga la menor duda de que los tres representantes electos a los que me refería antes seguirán repitiendo hasta la saciedad que en España hay “presos políticos”, quizás por negligencia o tal vez de manera dolosa, es decir, tratando deliberadamente de difundir una afirmación objetivamente falsa y sin ningún fundamento. Las consecuencias electorales de esta forma de proceder están por ver, pero el daño a las Instituciones es incalculable. Mientras tanto, desde las páginas de este blog seguiremos defendiendo el Estado de Derecho, desde la imparcialidad, independencia y rigor que se nos exigen cada día.

El pasado 8 de octubre, Josep Borrell pronunció en su ovacionado discurso (ver aquí) una frase que para muchos ha pasado inadvertida, pero de un inmenso y profundo significado. Ante los gritos de “Puigdemont, a prisión”, el expresidente del Parlamento Europeo exclamó: “No gritéis como las turbas en el circo romano, a prisión van las personas que dice el juez que tienen que ir”. Pues eso, lo que sirve para unos sirve para otros: que tomen nota los que estos días se dedican a pedir repetidamente la liberación de los “presos políticos”.

 

*Rectificación: el post ha sido modificado en su párrafo 8º, a fin de eliminar cualquier referencia a Alberto Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. 

Humillados y ofendidos (7 pasos para evitar partir España)

En su famosa novela “Humillados y ofendidos”, Fiódor Dostoyevski expone la trágica situación de unos personajes que, pese a la penosa injusticia de que la sociedad les hace acreedores, resisten los embates de la vida con amor, pacifismo y admirable sacrificio. Muchos pensarán que ésta pretende ser una analogía con el llamado poble català, pero no: los que nos sentimos humillados y ofendidos somos los españoles, no a causa de los catalanes, sino del movimiento independentista y, muy especialmente, del Govern, su principal instigador, y, en segunda instancia (aquí el orden es muy importante), del Gobierno, su cómplice por omisión.

Seamos claros: España es una nación envidiada por la enorme mayoría de países del mundo. En casi todos los sentidos. Aquí no hay represión, dictadura, odio, ni una conspiración política para cargar sobre Cataluña el peso del sistema fiscal. Al contrario, éste es un país con una democracia bien consolidada y una sociedad enormemente tolerante con la diversidad. Hasta tal punto es tolerante, de hecho, que ha acabado albergando un movimiento que desafía frontalmente todos sus valores democráticos.

El independentismo es un movimiento excluyente, de tintes totalitarios, xenófobos y fascistas, que promueve el odio y la desigualdad (negativa) de los españoles ante la ley. Y, pese al ruido, la intolerancia y la radicalidad de sus representantes, no hay que olvidar que es, sobre todo, minoritario. Tanto en Cataluña como, por supuesto, en España.

Aun detestando las mentiras que el Govern ha vertido en la sociedad catalana, la manifiesta injusticia y traición de su deriva y la situación de riesgo y crisis que ha provocado, y ante la pasividad del Gobierno funcionarial español, los Editores de Hay Derecho Joven hemos decidido escribir este artículo juntos.

Como descartamos la violencia y creemos en la política como vía de solución, tras las que ya son muchas horas de vivas charlas debatiendo sobre este asunto, hemos convenido en que el problema español -no es sólo un asunto catalán- pudiera solventarse satisfactoriamente llevando a cabo los siguientes 7 pasos:

1.- Restauración del orden constitucional. Lo primero, y de forma inmediata. Hay ciertos sectores (con Puigdemont e Iglesias a la cabeza) que pretenden que haya una suerte de mediación entre España y Cataluña. Nuestra opinión al respecto es rotunda: no es el momento de mediación alguna. No caigamos en buenismos injustos y contraproducentes: España es un Estado Social y Democrático de Derecho que ya dispone de instrumentos e instituciones válidas para dialogar. Principalmente, el Parlamento autonómico y el Congreso.

Además, en España no hay ningún conflicto pre-bélico entre dos países que necesite mediación internacional. Lo que hay es un gobierno autonómico que ha vulnerado la Constitución y su propia normativa autonómica (Estatuto de Autonomía y Reglamento del Parlament), e incluso su propia -ilegal- Ley del Referéndum.

Por ello, el único objetivo ahora debe ser el restablecimiento del orden constitucional. Solamente una vez se vuelva a la senda constitucional en Cataluña y se celebren elecciones, se podrá negociar.

Y  el orden constitucional se consigue restablecer empleando todos y cada uno de los medios legal y constitucionalmente previstos (con carácter urgente cabe aplicar el artículo 155 de la Constitución y hacerse con el control de los mossos), incluido, si es preciso (y pese a que lo descartemos y a lo mucho que tratemos de evitarlo), el uso de la fuerza con la intensidad y proporcionalidad que las circunstancias requieran en cada caso y, en el hipotético caso (que esperamos nunca se llegue a producir) de que éstas se vieran superadas en su labor, las fuerzas armadas deberían cumplir su papel constitucional (art. 8 CE). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los únicos legitimados en un Estado democrático para el uso de la fuerza, y a ella se tendrá que recurrir de forma proporcionada cuando se cometa un delito y éste no cese de forma pacífica.

2.- Castigo. Consecuencia directa de lo anterior es que el comportamiento de aquéllos que se alzan en contra de las leyes (incluso de las que ellos mismos han aprobado) y de la Constitución no debe quedar impune.

Quien desobedece los pronunciamientos del Poder Judicial, desafía al Estado de Derecho y a la democracia; arroja a sus ciudadanos a dar la cara por una causa ilegal; y obliga al Estado a intervenir con carácter marcadamente excepcional, ha de ser sancionado.

No se trata de venganza, ni de odio ni de fascismo: se trata, ni más ni menos, que de nuestra más elemental obligación de actuar en contra de los que sólo pueden ser calificados como “golpistas”. Todo acto contrario al ordenamiento jurídico debe tener consecuencias para el infractor, por severas que éstas sean. Dura lex sed lex.

Los responsables de la Generalitat (y muchos otros) han cometido de forma flagrante y a sabiendas delitos tipificados en el Código Penal con castigos muy severos, por lo que, de igual modo que queremos y debemos castigar la corrupción, un robo o un asesinato, los actos de sedición (o, en su caso, de rebelión) deben ser castigados con las penas legalmente previstas. En este sentido, es preciso tener en cuenta que ya no hay tiempo para recular e irse de rositas. Muchos ciudadanos (entre los que nos incluimos) quedarían profundamente defraudados si, por alguna sibilina estrategia política, los responsables del actual golpe de Estado consiguieran finalmente eludir su responsabilidad, cosa que, a raíz del discurso del miércoles de Puigdemont, podemos intuir que precisamente se está intentando a través de una campaña de blanqueamiento de los dirigentes de la Generalitat.

La impunidad crearía un precedente inasumible para nuestra democracia. Esperamos que la Fiscalía y los Tribunales (no olvidemos que son los que tienen la última palabra al respecto) hagan su legítimo trabajo.

3.- Elecciones autonómicas. Tras el restablecimiento del orden constitucional, corresponde convocar elecciones autonómicas, tras un periodo de sosiego para tratar de rebajar los caldeados ánimos de la sociedad catalana, con el fin de que ésta elija a sus nuevos interlocutores y pase factura -o no- a los actuales partidos.

Es preciso recordar a aquél que cree ser la voz del poble de Catalunya que los partidos independentistas no lograron ni la mitad de los votos de representación en el Parlament en las anteriores elecciones “plebiscitarias”, y ello pese a tener todo a favor.

Quizás es precisamente ese miedo a fracasar de nuevo, y no otro, la razón por la que Puigdemont no se atreve a convocar nuevas elecciones autonómicas, y es que en muchas ocasiones los pareceres de la mayoría de los votantes de un determinado lugar no coinciden con los de los manifestantes, por muy numerosos e insistentes que éstos sean.

4.- Elecciones generales: La crisis catalana, la mayor desde la restauración de la democracia en nuestro país, está golpeando con crudeza al conjunto de la sociedad española. Por ello, una vez se imponga cierto orden y estabilidad sobre la misma, igual que hiciera De Gaulle tras abordar los hechos revolucionarios de Mayo del 68, es necesario realizar una convocatoria de elecciones generales, que, al igual que en el caso catalán, genere nuevos protagonistas, capaces de ofrecer soluciones constructivas y de probarse a la altura de la situación, a la vez que castigue -o premie- el papel que han desempeñado los partidos y líderes actuales en el asunto catalán ya que, consideramos, muchos no han sido capaces de comprender el momento histórico en el que nos encontramos, primando el tacticismo electoral, en lugar de fomentar la unión de las fuerzas constitucionalistas.

5.- Diálogo con nuevos protagonistas. Como hemos tratado de señalar, estamos de acuerdo en que hay ciertas desafecciones en Cataluña, muchas de las cuales tienen que ver con la forma en la que el Gobierno central “ha vendido” España allí, pero también existen otras reivindicaciones que pueden ser debatidas. Dialogar sí, pero dentro de la Constitución y con otras personas, no con las que nos han llevado hasta aquí.

6.- Construcción de un nuevo relato. Esta fase, aunque la ponemos en sexto lugar porque será en este momento en el que deba ponerse sobre la mesa, debemos emprenderla de forma inmediata y paralela. Llevamos 40 años de retraso y de complejos. Interpelamos, pues, a todos los ciudadanos a hacer pedagogía de España y a los políticos a hacer política, entendida ésta, como decía Piqué durante la presentación de su libro esta semana, como seducción democrática.

Como avanzábamos, el victimismo catalán no ha sido contestado por el Estado español y ello es en gran parte causa del agravamiento de nuestra situación actual. Debemos comenzar de manera urgente a atraer a todos aquellos catalanes que, probablemente con mucha razón (y de la misma forma que nos ha ocurrido a muchos en España), a día de hoy no se sienten representados por el actual proyecto español que, les parece, ha perdido atractivo y sentido.

La clave aquí está en darse cuenta de que el potencial de España es, a todos los niveles, enorme y que no se trata en absoluto de una batalla perdida, sino de todo lo contrario.

7.- Reforma constitucional. Sí, pero para todos los españoles, no sólo con la ocasión y el objeto de contentar (únicamente) a los insurgentes o a los partidos oportunistas que tengan a bien adueñarse de la leña del árbol caído. Y todo ello por una sencilla razón: porque nosotros, sí, los constitucionalistas, lo pedimos primero.

La sociedad española lleva años pidiendo actualizar el marco constitucional a fin de dar cabida a la nueva realidad y a las nuevas demandas de los ciudadanos, no sólo a nivel territorial (el famoso Título VIII), sino también en materia de regeneración democrática (supresión de aforamientos e indultos, incorporación de derechos sociales, independencia judicial y muchas más). De modo que no consentimos que nos adelanten por la derecha (¿o la izquierda?) quienes nos han insultado y desafiado y quienes han arrastrado al país hacia el odio y la división. Además, ignorar este punto acrecentaría en algunos la sensación, tal vez silenciosa pero irritante, de que existen españoles de primera, más rebeldes, que deben ser contentados por los españoles de segunda, más discretos.

Una vez restablecido el orden y disponiendo ya de nuevos actores capaces de contrarrestar el sesgado, manipulado y fascistoide cuento independentista por medio de un nuevo relato y, sobre todo, de un proyecto ilusionante y moderno en el que tenga cabida la gran mayoría de los españoles, entonces la sociedad española estará dispuesta y preparada para reformar la Constitución.

En definitiva, la deslealtad de los golpistas ha demostrado definitivamente que tratar de apaciguar las interminables exigencias del independentismo con “perfil bajo” y concesiones, lejos de contribuir a acercar posturas, sólo acrecienta esa absurda sensación de culpabilidad por parte del Estado.

La atrocidad que estos golpistas han llevado a cabo nos brinda la oportunidad de, reforzados por la legitimidad que respalda a quien reclama la aplicación de la Ley democrática, asumir la iniciativa sin complejos. En este asunto sólo hay unos humillados y ofendidos: 46 millones de españoles.