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Vender en Wallapop, Ebay y Amazon. ¿Hay que pagar impuestos?

La semana pasada unas declaraciones del Ministro Montoro alarmaron a una parte de la población: los usuarios frecuentes de venta de bienes usados que utilizan plataformas de intermediación.

Las palabras del Ministro de Hacienda fueron “el comercio electrónico se sujeta a las mismas normas tributarias que los demás” refiriéndose a varias noticias de prensa que habían difundido días anteriores lo siguiente: la Dirección General de Tributos (DGT) ha establecido en consulta vinculante que los particulares que vendan bienes a través de eBay, Amazon Wallapop o Vibbo serán gravados por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4%.

Las declaraciones del Sr Montoro son ciertas, como legalmente acertada es la consulta vinculante a que hacen referencia. La respuesta de la DGT, de 22 de agosto de 2017,  a la consulta de un contribuyente que desea vender objetos y enseres personales y familiares a través de una página web de cuáles serían sus obligaciones tributarias, la contestación establece que no tratándose de un empresario o profesional quién realiza las ventas- en cuyo caso estas se gravarían por IVA- se aplica el artículo 7 de la ley de ITP que efectivamente dispone que, se gravan por este impuesto las trasmisiones  onerosas por actos “inter vivos” de toda clase de bienes y derechos  que integren el patrimonio de las personas físicas y jurídicas, en el caso de bienes muebles a un tipo del 4%.

Pero la alarma cunde entre los usuarios de las plataformas cuando, en  las noticias que han dado a conocer la consulta de la DGT, se añade que las transacciones de comercio electrónico están siendo la prioridad de la AEAT en 2017, que cuenta con medios para el análisis y explotación de la información disponible en la red.

He aquí un matiz importante.  Hasta hace poco,  cuando alguien vendía “trastos viejos” o ropa de segunda mano a su vecino no se le ocurría declarar por la operación realizada,  ni sospechaba que ello llevara una obligación de tributar.  Sería absurdo pensar que la Hacienda autonómica- a quién corresponde la gestión de este impuesto-  iba a comprobar estas operaciones,  tarea que superaría el costo de lo recaudado. Pero hace unos años surgió  la llamada economía colaborativa, que supone que entre vendedor y comprador se sitúa un intermediario, la plataforma de internet, que facilita la operación entre ambos. En base a ello, y en ocasiones a la creencia por el vendedor de la opacidad de la venta,  este comercio ha crecido de forma acelerada en estos últimos años, tanto como para que,  las  Haciendas nacionales y organismos internacionales decidan ocuparse de este fenómeno. La razón : en estas plataformas digitales pueden coexistir, intercambios entre particulares que carecen de finalidad de lucro y que no suponen una manifestación de riqueza, y en consecuencia, deben quedar al margen de tributación, con otras operaciones que suponen el ejercicio de actividad que debe someterse a tributación, al igual que el comercio tradicional, ya que lo contrario generaría una injusticia tanto de competencia como tributaria.

Esta nueva economía rápidamente ascendente plantea dos problemas principales: clarificar que rentas y como deben someterse a graven y como controlar su aplicación.

Si seguimos aplicando el sistema impositivo actual, la recomendación de la Comisión Europea de 2 de junio de 2016, anima a los distintos gobiernos nacionales a buscar fórmulas de cooperación de estas plataformas colaborativas con las haciendas nacionales. Las plataformas intermediarias  registran la actividad de sus usuarios por lo que, al igual que otros operadores en el comercio tradicional, deberían comunicar los datos de las transacciones que conozcan a la Administración que deba gravarlas.  Por ello,  se están implementando  obligaciones formales de información, como la que va a implantar España en un futuro próximo para las plataformas de viviendas de uso turístico y que ya operan en otros países de nuestro entorno como Francia e Italia.

Para clarificar quién debe tributar,  se está planteando la necesidad de introducir en las figuras tributarias vigentes ciertos parámetros que ayuden a distinguir entre quién realiza operaciones aisladas y quién debe someterse a tributación, algunas serían: establecer un umbral de volumen de operaciones (en el caso de Vibbo, Ebay, Amazone o Wallapop número de ventas realizadas), utilizar publicidad, cobrar las transacciones utilizando plataformas de pago o cuentas bancarias separadas a las de las gestiones personales….

Pero debemos preguntarnos: ¿Son realmente estas medidas efectivas? ¿O estamos luchando ante un fenómeno nuevo, que utiliza una red digital internacional, con viejos moldes? Y parece que todo apunta a responder positivamente Pensemos en la dificultad de controlar las transacciones realizadas y el importe que debe gravarse, cuando en la mayoría de las ocasiones lo que proporcionaría la plataforma sería únicamente la identidad del oferente del producto.  Explicado de una manera gráfica, si comparamos nuestro sistema tributario actual con una botella, las rentas gravadas son el líquido que podemos medir, pesar u observar, si el contenido se está trasformado en estado gaseoso el continente ya no sirve para sujetar el contenido que se desborda.   Habrá que buscar nuevas  soluciones.

Ayudas de Estado a Apple

En fecha 30 de agosto de 2016 la Comisión Europea ha concluido que el gobierno de la República de Irlanda debe reclamar 13 billones de euros más intereses a la compañía Apple por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2003 a 2014. Dicha reclamación correspondería a beneficios fiscales indebidamente disfrutados, que habrían constituido ayudas de estado consideradas  ilegales según la normativa europea de competencia.

La versión pública de esta decisión no es accesible aún por ser confidencial, pero disponemos  del resumen de prensa de la Comisión Europea de dicha fecha. En el mismo se señala que bajo la batuta de la Comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, la Comisión ha concluido, tras dos años de análisis, que dos acuerdos fiscales del gobierno de Irlanda con Apple, uno de 1991 y otro de 2007, permitieron  reducir el Impuesto de Sociedades pagado por Apple al 1% en 2003 y hasta el 0,005% en 2014. En concreto, dichos acuerdos permitieron que la mayor parte de los beneficios obtenidos por las ventas en Europa así como en África, India y Medio Oriente, por las dos compañías de Apple domiciliadas en Irlanda, Apple Operations Europe y Apple Sales International, quedaran localizados en una “head office” en el seno de cada una de tales compañías.

Dichas oficinas centrales no estaban domiciliadas en ningún país, no contando con sede ni con empleados. En consecuencia, sólo una parte de los beneficios obtenidos en Irlanda, los que no quedaban localizados en dichas oficinas centrales, eran gravados en dicho país. El resto, en ninguna parte. Competencia ha determinado que el mecanismo de Apple de localización de beneficios  no tiene justificación económica y que los beneficios fiscales derivados de los acuerdos citados han producido una ventaja comparativa selectiva, en relación a otras empresas que operan también en Irlanda. En consecuencia, dichos beneficios fiscales disfrutados por Apple constituyen ayuda de estado, que Irlanda le debe reclamar.

Pero además añade que, como Irlanda factura todas las ventas del mercado único europeo en Irlanda y no donde los productos fueron vendidos, si otros Estados Miembros quieren requerir  a Apple que pague los impuestos debidos en cada uno de ellos por las ventas producidas en los mismos, están en su derecho de hacerlo por ese mismo período y teniendo en cuenta sus normativas fiscales nacionales. O sea, que esos 13 billones son “a repartir”.

El gobierno de Irlanda, con el apoyo  del Parlamento ha decido impugnar dicha decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia, por considerarla una intromisión a su soberanía.  Prefiere renunciar a los 13 billones de euros, que permitirían pagar el presupuesto sanitario de un año, con tal de mantener  la seguridad jurídica de su sistema fiscal, que tantas ventajas le ha dado a los irlandeses, a pesar de que muchas compañías, no solo Apple, no paguen ni un 1% por el Impuesto sobre Sociedades. El anuncio de la impugnación de la decisión europea tuvo cierta contestación en el Parlamento y en la calle pero no tanta como cabría pensar, porque al final los irlandeses en su conjunto saben apreciar las ventajas que todo este juego les ha dado. Y es que a Irlanda sí que no la conoce ni la madre que la parió.

A mi juicio, la Comisión  ha cometido muchos errores con esta decisión. El primero de ellos es la falta de visión sobre el resultado final. Era evidente que Irlanda iba a recurrir y ahora pueden pasar dos cosas, que la Comisión pierda, lo cual no es difícil pues le va a costar probar  ante el Tribunal Europeo la realidad de conceptos como el de falta de justificación económica o el de ventaja comparativa selectiva, e incluso le va a costar demostrar la cuantía, es decir, cómo ha llegado a calcular ese quantum de 13 billones de euros, que en todo caso, podría variar en función de las distintas normativas fiscales si los otros Estados Miembros reclamasen su parte, como ya han anunciado  algunos, entre otros  España, que harán. O que gane, en cuyo caso el coste político será muy alto: habrán creado en Irlanda un problema interno (opinión pública dividida, huída de multinacionales por falta de seguridad jurídica) y un problema externo (resto de Estados Miembros reclamando su parte), pudiendo esta situación ser aprovechada por algún partido político para plantear un IREXIT en uno de los países más eurófilos de la Unión Europea.

Pero quizá lo más decepcionante haya sido ver cómo la Comisión ha tratado de utilizar las reglas de competencia para llevar a cabo el objetivo de la armonización del Impuesto sobre Sociedades, objetivo  que debe conseguirse no así, sino mediante el consenso de los Estados Miembros. En el propio resumen de prensa se señala como background de la decisión la política seguida por la Comisión de lucha contra el abuso fiscal cometido por las multinacionales y la puesta en funcionamiento en junio de 2015 del Plan de Acción para una Fiscalidad Justa y Efectiva así como de un paquete de iniciativas que pretende conseguir un Impuesto de Sociedades más justo y más eficiente en la Unión Europea. Entre las acciones previstas, señala el resumen de prensa, se encuentran la de propiciar un marco que asegure la imposición donde los beneficios son generados y una estrategia para relanzar (por enésima vez) la Base Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades para la cual se esperan nuevas propuestas al final de este año 2016.

Hasta aquí las intenciones. La realidad es muy distinta. La realidad es que los Estados Miembros miran con recelo a Irlanda pero a todos les gustaría haber diseñado un sistema fiscal como el irlandés. La realidad es que en la Comisión se habla de armonización del Impuesto, de colaboración, de intercambio de información, cuando los Estados Miembros todavía no han decidido si quieren utilizar los respectivos Impuestos sobre Sociedades para competir entre ellos, o colaborar para conseguir un Impuesto armonizado, para lo que, de momento, se han mostrado totalmente incapaces.

En sus cortas miras de políticos, los dirigentes de los países de la Unión Europea toman lo que reciben conjuntamente por el Impuesto sobre Sociedades de las multinacionales como una tarta fija a repartir, un juego de suma cero, donde lo que se lleva un Estado Miembro no se lo lleva otro. No ven, o no quieren ver, que si realmente colaboraran, a largo plazo la tarta podría ser mucho más grande, porque un Impuesto sobre Sociedades armonizado bloquearía los resquicios que aprovechan las multinacionales para no pagar en ningún Estado. En definitiva, no se dan cuenta que nos encontramos ante un juego de suma no cero, ante el clásico “dilema del prisionero” de la Teoría de Juegos, y que éste demuestra que en estos casos, las partes siempre ganan colaborando, nunca compitiendo. En lugar de repartir las migajas que sueltan las multinacionales, se estaría repartiendo una verdadera tarta.

Poca credibilidad estará ganando la Comisión en sus objetivos de lucha contra el abuso fiscal mientras no dedique su tiempo  a sumar esfuerzos para conseguir de una vez por todas un Impuesto sobre Sociedades armonizado en lugar de a sembrar la discordia entre los Estados Miembros como ha hecho aquí, poniendo entre las cuerdas a Irlanda ante su opinión pública, ante las multinacionales allí instaladas y ante el resto de países de la Unión Europea.