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Despedida del presidente (en la tormenta perfecta)

El despotismo, peligroso en todos los tiempos,
resulta mucho más temible en los democráticos.
No hay país donde las asociaciones sean más necesarias
para impedir el despotismo de los partidos o la arbitrariedad del príncipe,
que aquel cuyo estado social es democrático”

Alexis de Tocqueville (La democracia en América)

 

El 14 de noviembre de 2015, hace 7 años, tomaba posesión como presidente de la Fundación Hay Derecho. Había sido nombrado por “cooptación” entre los patronos, a la vista de que, tras unos infructuosos intentos, no nos había resultado fácil encontrar una personalidad mediática y relevante que además pudiera ejercer una presidencia activa y comprometida. Al final se decidió que fuera uno de los patronos fundadores y yo estaba en ese momento de vicepresidente.

Ayer, 20 de diciembre de 2022, cesé en tal función por voluntad propia, nacida de una reflexión surgida de la conveniencia de no dilatar la presencia de las personas en los cargos, por el apego y acomodo que estos suelen producir y, a su vez, por el riesgo de caer en un conservadurismo de gestión excesivo. Los patronos fundadores no tenemos plazo de duración por lo que la salida debía salir de mi mismo, si no quería que la iniciativa saliera de los demás.

No es un cambio decisivo en la Fundación porque en ella el presidente es un primum inter pares cuya función, aparte de las formales, es básicamente representar a la Fundación, aunar voluntades, mediar en las discrepancias y expresar, lo más bellamente que pueda, los elevados ideales de la fundación.

Durante estos años (no yo, sino la Fundación) hemos trabajado denodadamente por una idea esencial: es fundamental para el progreso de las naciones un Estado de derecho y unas instituciones fuertes que den seguridad política y económica y que permitan el progreso, facilitando que lo mejor sustituya a lo bueno y que lo antiguo e ineficiente desaparezca para dar paso a lo más eficiente, al tiempo que se respetan los derechos individuales en un sentido amplio. En lo que se refiere específicamente a España, hemos centrado nuestros esfuerzos en insistir en la necesidad de que los órganos de control, las agencias y, por supuesto, los poderes del Estado gocen de la independencia necesaria para llevar a cabo su trabajo bajo una premisa fundamental: no hay verdadera democracia sin Estado de derecho. Y eso significa que el poder debe estar dividido -porque todo poder tiende a abusar- y debe estar sometido a la ley que se impone a sí mismo y a los demás. Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él sigue hasta que encuentra límites. Para que no pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Creer, como se repite incansablemente, que la voluntad popular debe reflejarse en todos los órganos del Estado es tan erróneo como entender que la Justicia se hace por votación o que el controlador debe depender del controlado. Por eso insistía Montesquieu: “Todo estaría perdido, si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los principales, o de los nobles, o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares.”

A esto se ha dedicado la Fundación todos estos años por medio de miles de posts (uno al día durante años), seminarios, estudios e informes (Tribunal de cuentas, transparencia y tantos otros), para culminar recientemente en la colaboración en el Informe del Estado de Derecho de la UE y la elaboración de nuestro propio Informe este mismo año, sin olvidar los ya consagrados Premios Hay Derecho.

Ahora estamos en un proceso de cambio que ha comenzado con el ingreso de nuevos patronos, amigos y staff para impulsar a la Fundación y que culmina con el cambio de la presidencia de Hay Derecho. Y se hace en el momento oportuno, porque este es un momento decisivo para el Estado de derecho, en el que el sistema ha hecho crisis.

Por supuesto, el problema no es algo reciente ni privativo del partido en el gobierno: viene de antiguo. La politización de los órganos se observa ya en ciertas sentencias del Tribunal Constitucional en los años 80 (sentencia de Rumasa) y en la modificación de la LOPJ para que el parlamento nombrara a todos los miembros del CGPJ. Desde entonces, la situación no ha hecho sino empeorar y el reparto partitocrático por cuotas de todos los órganos esenciales ha sido la norma porque a los dos partidos mayoritarios así les ha convenido, por sí solos o en compañía de los aliados que coyunturalmente han necesitado. Ha sido un modo de vida cómodo para la élite política y aunque constituía un abuso de las instituciones estaba disimulado por la anuencia de todos los implicados.

Sin embargo, el sistema comenzó a romperse con la crisis financiera y la subsiguiente aparición de nuevos partidos que obligaron a los mayoritarios a maniobrar. Podría ello haber incentivado un escenario positivo que permitiera la formación de gobiernos de coalición moderados que acometieran las reformas necesarias; pero lo que hemos tenido son alianzas extremistas que han tensionado el sistema y han hecho decisivo el control total de las instituciones, rompiendo con la tradicional rotación. El otro día decía en un tuit: “Un CGPJ y un TC politizados de derechas quieren evitar que se politice de izquierdas y el Ejecutivo de izquierdas quiere conseguirlo, para lo cual usan medios formalmente correctos y materialmente ilegales cuya valoración dependerá de los primeros (en parte) ¿Cuál es la clave?”. La clave es la politización de los órganos, claro. Unos “bloquean” el nombramiento para que no cambien las mayorías y otros quieren cambiar las mayorías para “desbloquear”. La realidad es que todos quieren controlar los órganos de control, y se tergiversa el significado de las palabras. Realmente, el PP no bloquea, porque no tiene derecho de veto y el que nombra es el Parlamento, no el PP: si se consiguen 210 diputados (los tres quintos, de los partidos que sean) se podrán conseguir los nombramientos deseados. El problema es que el PP no quiere entrar ahora en el reparto partidista porque no le conviene con un gobierno como el que tenemos. Y por ello rompe la abyecta tradición de reparto político de los órganos, aunque, a su vez, por motivos políticos. Y el PSOE, urgido por ciertos compromisos contrarios al interés nacional, desea ejecutar cuanto antes el cambio de poder en los órganos a su favor, que le posibilitará cumplirlos sin engorrosas anulaciones posteriores, como ocurrió con los estados de alarma. Ambos partidos son, obviamente, culpables de haber creado un caldo de cultivo de control partitocrático de las instituciones que, cuando ha llegado una coalición como la que sustenta hoy el gobierno, gravada con importantes hipotecas y con una inquietante deriva iliberal, ha propiciado un choque institucional permanente que pone en peligro todo el sistema, lo que inquieta a la propia UE (Hay Derecho ha remitido, en este sentido, una carta al comisario Reynders).

La situación se ha detenido, de momento, a causa de la resolución del Tribunal Constitucional que paraliza parte del proceso, pero eso no impide necesariamente el resultado final. Además, dicha resolución confirma el problema de fondo, pues resulta extraordinariamente sospechoso que sea la “mayoría conservadora” la que toma la decisión contra la “mayoría progresista”, dando pie a la fácil deslegitimación de un órgano que está destinado a juzgar de acuerdo con la ley y no en función de los intereses de quienes los nombraron.

La reacción de los representantes políticos a esta resolución y las de los días previos ha sido indigna y exagerada, y se han permitido usar sin ambages la retórica deslegitimadora a la que tristemente nos acostumbraron el procés y los partidos antisistema. Pero ya conocen los principios de la propaganda: repetir machaconamente una idea, agrupar a los enemigos bajo un solo símbolo, acumular los acontecimientos para no dar tiempo a reaccionar… Y ya se sabe que “los hombres civilizados son más descorteses que los salvajes porque saben que pueden ser más descorteses sin correr el riesgo que les partan la cabeza”, como decía el escritor de novelas de fantasía Robert E. Howard. La falta de violencia en la ruptura de las instituciones se ve compensada con la verbal, porque se sabe que no habrá violencia física (esperamos).

Pero, tristemente, no estamos hablando sólo de indignidad política. Lo grave es que se pueden producir reformas legales que reducirán, dando un pasito más hacia el precipicio, la calidad de nuestro sistema de controles. Viviremos más arriesgadamente, sin cinturón de seguridad jurídico, sin ABS institucional, y sin pasar ITV del Estado de derecho, porque tales controles serán puramente nominales, unas simples etiquetas de una inexistente alarma puestas en la puerta del piso para avisar los ladrones. Si se “desbloquea” el nombramiento de los miembros de los órganos de control, sin duda se producirán los nombramientos, pero estaremos peor que antes del bloqueo porque si todos los que se nombren responden a la mayoría del Parlamento, ni siquiera tendremos la apariencia de equilibro ni la contradicción de opiniones que el reparto por bloques permitía; simplemente se habrán fusionado los tres poderes en uno.

Y, lamentablemente, no podemos confiar en que la reversibilidad de estas reformas, de ahí la gravedad de la situación. Quizá la despenalización de la sedición o de la malversación tengan vuelta atrás, aunque no es de excluir que, entre tanto, ocurran lamentables accidentes como los de la ley del SI es SI. O incluso que sean buscados de intento, como una posible consulta o llamémosle X que ponga en cuestión la unidad del Estado. Pero, desde luego, la reforma del modo de nombramiento de los vocales del CGPJ es muy difícil de ser revertida, porque el poder que concede al partido en el gobierno es tal que el que venga después difícilmente tendrá incentivos para cambiarlo, como se demuestra con lo ocurrido en los últimos 40 años, pues nadie lo ha hecho a pesar de haberlo prometido.

Me despido de la presidencia en la tormenta institucional perfecta. Estoy seguro que el presidente entrante, Segismundo Álvarez, dejará el estandarte de Hay Derecho bien alto, como corresponde a su capacidad ética e intelectual. La Fundación, bajo su presidencia, seguirá contribuyendo a la mejora institucional en la medida de sus posibilidades aportando sentido común, sensatez, rigor y calma, en la confianza de que la palabra crisis implica decisión, y que una buena decisión puede hacer que tras la tempestad llegue la calma.

Decía Martin Luther King: “Nuestras vidas empiezan a terminar cuando guardamos silencio sobre aquellas cosas que importan”. Yo me callo, pero la Fundación seguirá hablando, porque hoy su voz es imprescindible.

Crisis sanitaria ¿Podríamos haberlo hecho mejor?

En la fundación llevamos muchos años luchando por preservar y mejorar nuestro sistema público: defendiendo la calidad e independencia de nuestras instituciones, promoviendo la definición de políticas públicas basándonos en la evidencia (y no en la ocurrencia) y tratando de que contemos con los mejores perfiles al frente de nuestros servicios públicos. Iniciativas y proyectos que lanzamos con ilusión y con mucho esfuerzo. Aunque muchas veces nos dé la sensación de que estamos predicando en el desierto. En tiempos de bonanza, contar con líderes mediocres, gestores sin experiencia y políticas públicas ocurrentes e inadecuadas es una desgracia, pero con pocos efectos perceptibles en el plazo inmediato. Y a nadie parece importarle en demasía. Y por ello, aunque poco a poco erosionan nuestro bienestar y la calidad de nuestra democracia, se van consintiendo por la ciudadanía y por los medios. Como ejemplo, pocos días después de publicar el informe del “dedómetro” y sus vergonzantes resultados se produjeron varios nombramientos que profundizaban en esa vergüenza. Y no solo ocurre en España, sino en gran parte de los países de nuestro entorno: un Trump en EEUU, un Johnson en UK o tantos otros.

Sin embargo, el COVID 19 ha venido para mostrarnos de sopetón todas las bondades y las vergüenzas de nuestro marco de convivencia a todos los niveles; global y local. Las payasadas y ocurrencias de Trump, de Johnson y de muchos de nuestros políticos (nacionalistas, populistas, oportunistas en general) parecen mucho menos graciosas y ocurrentes cuando tenemos cientos de muertos por detrás y un virus que parece entender poco de soflamas políticas, de verdades a medias o de hechos diferenciales.

¿Qué hubiera pasado en España (y en otros países) si nuestras políticas se definieran en base a la evidencia (con datos en la mano viéndolo que funciona y lo que no); si nuestras instituciones estuvieran gestionadas por los mejores profesionales, independientes, expertos en sus áreas de actividad, y nuestros políticos fueran estadistas y no propagandistas? Es posible que el confinamiento se hubiera producido antes, que no se hubieran llevado a cabo las manifestaciones del 8 de marzo, que hubiéramos aprendido de lo que estaba haciendo un país como Corea, que hubiéramos hecho un uso avanzado de la tecnología para seguir los casos sospechosos y prevenir los focos de infección, que nuestros políticos predicaran con el ejemplo y no se convirtieran en potenciales focos de infección. No es seguro, pero sí es posible, que todo eso hubiera pasado. Y es posible que nuestra curva se pareciera más a la de Corea que a la de Italia.

¿Cómo es posible que en un país avanzado como España no hayamos tenido datos desagregados de los enfermos hasta hace pocos días? Datos que además se han proporcionado en un formato no accesible, como es habitual. Esta epidemia se combate, entre otras cosas, con información. Pero en España ya se sabe que somos muy poco dados a gestionar con datos, especialmente en el sector público. El plan “estratégico” de información del Ministerio de Sanidad, Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud, data del año 2014. Ya tiene 6 años en los que el Big Data y la Inteligencia Artificial han revolucionado la forma de recoger y procesar la información; revolución que el Ministerio ha pasado por alto. Una revolución de la que Corea ha sabido aprovecharse a la hora de gestionar la crisis.  ¿Habría sido todo distinto si es España se hubiera desarrollado la gestión en base a la evidencia y la utilización inteligente de los datos al definir nuestras políticas públicas? Posiblemente, sí.

Obviamente, la tremenda fragmentación de nuestro sistema público ayuda poco. Yo no defiendo la centralización, ni mucho menos, pero sí defiendo la descentralización basada en la evidencia, allá donde se demuestre que proporciona un servicio de mejor calidad y de forma más eficiente a los ciudadanos. El hecho diferencial vale de poco ante los problemas globales que son a los que se enfrenta hoy en día la humanidad. La descoordinación que estamos viendo estos días entre las comunidades autónomas y el gobierno central es descorazonadora. Es evidente que el Ministerio de Sanidad (como muchos otros) se ha ido ahuecando en los últimos años, en ese acomplejamiento de nuestro estado ante las autonomías. Y, posiblemente, sus capacidades para afrontar una crisis nacional de esta complejidad están seriamente mermadas. Unas comunidades hacen hospitales auxiliares; otras, no. El Gobierno dice que estará a lo que les pidan las comunidades. Las compras de material diverso las hace el ministerio, o las comunidades, o todos juntos; o compiten en el mercado. Cada comunidad hace una aplicación diferente de autodiagnóstico, … En fin, un despropósito. Un despropósito que viene de lejos y que hemos denunciado reiteradamente desde la Fundación. ¿Habría sido todo distinto si el modelo autonómico hubiera madurado de forma más coherente, coordinada y pensando en la eficiencia y el servicio los ciudadanos y no en el “qué hay de lo mío”? Posiblemente, sí.

En España llevamos años oyendo hablar del cambio de modelo productivo. Pero al final es el turismo y la construcción lo que funciona en este país. En esta crisis hemos aprovechado ambas habilidades para convertir hoteles en hospitales y para construir hospitales de campaña en un tiempo asombrosamente rápido. Ambas cosas me han hecho sentirme orgulloso de nuestras capacidades. Pero en todo lo que se refiere a la utilización de la tecnología para atajar esta crisis hemos fracasado. No creo que sea tanto un problema de capacidad sino de falta de espíritu innovador. España está en la posición 29 en el Global Innovation Index, muy lejos de lo que nos correspondería por nuestra capacidad económica. Y eso, al final, se paga. Nos cuesta pensar de forma innovadora y en esta crisis lo hemos demostrado. ¿Habría sido todo distinto si en España hubiéramos promovido una verdadera cultura de innovación? Posiblemente, sí.

Estos días he escuchado diferentes presentaciones y manifestaciones de nuestros políticos y gestores públicos, desde nuestro presidente y líderes políticos nacionales y autonómicos hasta el comité de gestión del COVID. Estoy seguro de que todos ellos están haciendo un gran esfuerzo por resolver el problema de la mejor forma posible. Pero, desgraciadamente, no estoy escuchando los mensajes de estadistas o expertos que uno se esperaría en una situación como esta. Muchos lugares comunes, poca información de calidad, manifestaciones con sesgos y reproches políticos en la línea que nos tiene acostumbrados (nacionalismos, populismos, extremismos y todo tipo de ismos); aunque, afortunadamente, algo más suavizados que en circunstancias normales. Pero sigo sin ver los estadistas y expertos de primer nivel que me gustaría ver liderando este problema. Siento decirlo, pero es que no los veo. Mi impresión es que todo lo que se está haciendo que funciona, que es mucho, se debe más a las capacidades, tesón, buen hacer e inteligencia de nuestros técnicos: sanitarios, policías, militares, etc. (verdaderos héroes de esta historia) que al liderazgo de nuestra clase dirigente.  Y eso, posiblemente, tiene mucho que ver con el diagnóstico de nuestro “dedómetro”: la meritocracia en nuestro sistema público brilla por su ausencia y, posiblemente, los mejores perfiles están entre los niveles técnicos y no entre los líderes. Cuando uno escucha hablar a la ministra de asuntos exteriores de Corea en la BBC, su visión, sus mensajes de preocupación por los ciudadanos (no solo por los coreanos) y todo lo que han hecho para atajar la crisis del virus, uno siente una gran envidia. Nos gustaría tener políticos de este nivel en España. Cuántas cosas sabias y fundamentadas dichas en muy poco tiempo frente a los largos y anodinos discursos plagados de lugares comunes de nuestro presidente en los últimos días. ¿Habría sido todo distinto si en España la meritocracia estuviera extendida en nuestro sector público y en los partidos políticos? Posiblemente, sí.

La gestión de esta crisis es, en gran medida, el fruto de la degradación de nuestro sistema público que tanto hemos denunciado desde la Fundación desde hace varios años. Nuestra esperanza es que esta desgraciada crisis suponga una catarsis para que las cosas se hagan, a partir de ahora, de otra manera. Lo cierto es que podíamos haberlo hecho mejor, sin duda; pero si hubiéramos trabajado desde hace años en mejorar y en corregir esos defectos que tanto tiempo llevamos denunciando.

V Entrega de los premios Fundación Hay Derecho

El jueves 27 de febrero la Fundación Hay Derecho celebró un año más la V Edición de entrega del Premio a la defensa del Estado de Derecho. Como destacó la secretaria general de la Fundación, Elisa de la Nuez, durante la ceremonia celebrada en Madrid esta es la quinta entrega de un premio dedicado a reconocer a la labor de aquellas personas físicas y organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de las instituciones públicas y la defensa del Estado de Derecho en España. Una tarea que en ocasiones puede suponer una lucha difícil, pero resulta indispensable para garantizar los pilares básicos de nuestra convivencia democrática.

Este año la edición del premio recibió quince candidaturas de las cuales 5 quedaron finalistas gracias a los votos de los amigos y seguidores de la Fundación y de un jurado compuesto a partes iguales por Patronos de la Fundación Hay Derecho y representantes de otras entidades de la sociedad civil con objetivos similares: Accors, Fundación Rafael del Pino, Juntos Sumamos, Fundación Felipe González y Fundación Compromiso y Transparencia. El periodista de RTVE Fran Llorente, presentador de la ceremonia, fue el encargado de anunciar a los ganadores de la noche, que en esta ocasión fueron dos: la asociación de jóvenes catalana S’HA ACABAT y la exalcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun.

La presidenta de la asociación S’HA ACABAT, recogió el premio de la Fundación en nombre de esta entidad compuesta por jóvenes que buscan fomentar el activismo político constitucionalista y la convivencia de los catalanes entre sí. Durante su emocionado discurso agradeció a la Fundación por reconocer una tarea que muchas veces no ha sido fácil en Cataluña. Por otro lado, Elena Biurrum, alcaldesa de Torrelodones durante 8 años e impulsora de iniciativas para fomentar la transparencia, la gestión eficiente, la rendición de cuentas y la participación vecinal en ese Ayuntamiento destacó el difícil pero gratificante camino que supone luchar por un Estado de Derecho especialmente desde la política local, la micropolítica. Biurrum agradeció al actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presente en la ceremonia, por haberla permitido continuar esta labor dentro de la política, ahora como jefa de gabinete de su ministerio.

La ceremonia contó con la asistencia de numeroso público, entre los cuales, por supuesto se encontraban los otros tres candidatos finalistas de esta edición: Cecilio Sánchez Alacid, activista de diversos movimientos sociales y en defensa de los derechos de los ciudadanos en Murcia; la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento para promover la ciencia y la evidencia empírica en la cultura política; y Foro Judicial Independiente, una asociación con 18 años de experiencia para la mejora y la despolitización de la Justicia y las condiciones laborales de los profesionales del sistema judicial. El presidente de la Fundación, Ignacio Gomá, clausuró la entrega de premios dedicando unas palabras a la labor de unas instituciones regidas por los principios del Estado de Derecho, pero especialmente a las personas, los ciudadanos, en este caso los premiados que se dedican a defenderlas, a hacerlas más inclusivas y a construir día a día una democracia mejor.

IV Convocatoria de los Premios Hay Derecho ¡Se abre el plazo para la presentación de candidaturas!

En nuestra IV edición de los Premios Hay Derecho, este año queremos premiar la conducta de aquellos ciudadanos o entidades que hayan destacado con actuaciones concretas en los dos últimos dos años (a través de campañas, proyectos, difusión, plataformas, redes, recursos administrativos o judiciales o cualquier otro tipo de actuación) en su defensa del Estado de Derecho y de las instituciones de nuestro país.

Para proponer candidatos, ten en cuenta que deberán ser:

  1. personas físicas mayores de edad que tengan la nacionalidad o la residencia española
  2. personas jurídicas con sede en España

Además, deberás presentar un breve CV y una memoria justificativa del candidato o candidatos propuestos explicando por qué merece el Premio, de una extensión no superior a 850 palabras.

Puedes enviar los documentos por correo electrónico a la siguiente dirección: info@fundacionhayderecho.com.

Las candidaturas que cumplan los requisitos exigidos pasarán a la siguiente fase de selección: la votación y posterior deliberación por parte de un jurado compuesto por miembros de la Fundación y de otras entidades sin ánimo de lucro con las que Hay Derecho colabora.

El ganador recibirá el Premio en un acto organizado por nuestra Fundación, que tendrá lugar en febrero de 2019.

¿A qué estás esperando? ¡Tienes hasta el 31 de octubre para presentar candidatos!

Puedes acceder a la bases del IV Premio Hay Derecho a través de este enlace.

En este vídeo te presentamos a Macarena Olona, ganadora del III Premio Hay Derecho:

Renovarse para seguir: convenio de colaboración entre Hay derecho y Expansión

colaboracion-Hay-Derecho-Expansion

Cuando en 2010 el blog vio la luz no existían tantos medios de comunicación de este formato. Por supuesto, no esperábamos la repercusión que ha llegado a tener, ni su evolución a Fundación, pero hace lustro y medio parecía una buena idea.

Desde entonces han pasado muchas cosas. Entre otras, tres gobiernos de los dos principales partidos y el nacimiento de otros diferentes que han modificado el espectro político y la correlación de fuerzas. Nosotros también hemos evolucionado, tanto organizativamente (más personas, más y diferentes iniciativas, distinta estructura jurídica) como intelectualmente, pues hemos intentado predicar y también dar trigo, formándonos personalmente, tratando de comprender mejor el mundo que nos rodea y estructurando nuestras ideas para así transmitir más sólidamente el mensaje que creemos necesario difundir.

Lo que no ha cambiado es ese mensaje que queremos dar que básicamente es: una democracia no existe si no forma parte de ella un Estado de Derecho, es decir, un sistema que hace que todos, el ciudadano pero principalmente el poder, se sujetan a la ley que ha sido creada, eso sí, por la soberanía popular. Una democracia sin estado de derecho es una organización de mandatarios elegidos pero sin control; un estado de derecho sin democracia, es una dictadura reglada. Ninguna de las dos opciones es satisfactoria ni propia de la posición social y económica que nos corresponde como país.

A esta idea básica se ha unido otra: la institucionalista. Es decir, la convicción de que hay una relación entre el progreso de los países y el hecho de que las instituciones que forman ese estado de derecho –es decir, sus normas formales e informales- funcionen de una manera eficaz y también eficiente. Quizá no sea el único factor de progreso, pero de lo que estamos convencidos –como juristas que muchos somos- es que este es uno de ellos y no de los menos importantes, como se viene reconociendo también desde sectores económicos.

No somos catastrofistas: no creemos que nuestro país no tenga un estado de derecho, pero sí que el diseño constitucional de éste se ha visto afectado en el camino democrático por razones que los científicos sociales podrán explicar pero que probablemente incluyan una crisis general de la democracia, la crisis económica que ha generado desafección, y una degeneración particular española del sistema representativo que le ha llevado a adquirir preocupantes tintes partitocráticos, productores de incentivos perversos y conflictos de intereses para la clase política.

Este es el mensaje que queremos seguir dando porque nos tememos que sigue siendo absolutamente necesario en un contexto político como el actual. Nos consta que el ciudadano está mucho más concienciado que hace una década de estas cuestiones, aunque la abstracción del concepto hace que no sea fácilmente aprehensible ni intuitivo. No es siempre fácil aceptar la aplicación rigurosa del estado de derecho porque a veces nos obliga a renunciar a ciertos privilegios que podríamos atrapar, si las cosas vienen bien dadas, como la protección social de cierta corrupción ha demostrado. Pero la aplicación igualitaria de la ley, el control del poder, la justicia independiente o la rendición de cuentas de nuestros representantes es algo que favorece a todos a la larga. Es, en definitiva, una enorme logro intelectual de la Humanidad que no debemos perder en los tiempos del populismo.

Sabemos que muchas de las reivindicaciones que hemos venido haciendo forman ya parte de la agenda política de los partidos, con más o menos convicción, pero es necesario seguir insistiendo y hacerlo de nuevas formas. Hoy existen numerosos blogs y muy diferentes redes sociales que, de alguna manera, han democratizado y globalizado la información y opinión, con las ventajas de la multiplicidad de canales pero con los inconvenientes de la dificultad de selección y confianza que la variedad supone.

Nuestra fórmula ha sido, desde el principio, profesionalidad (buscar a quien sabe del asunto), más regularidad (publicar un post al día), más colaboración (solos no podemos, el grupo de nuestros colaboradores espontáneos o requeridos es enorme), todo ello multiplicado por la objetividad (que procede de no depender de nadie ni económica ni intelectualmente). Con esta fórmula hemos obtenido entre 80000 y 100000 sesiones al mes y una notable repercusión, sobre todo en ciertos ámbitos.

Pero este año se nos ha presentado una oportunidad de llegar a más gente y, por tanto, multiplicar la potencia de nuestro mensaje. Se trata de un convenio de colaboración que hemos firmado con Expansión –concretamente con Unidad Editorial- para aparecer mantener un canal de internet de imagen compartida, un Portal, que se visualizará como subdirectorio de ‘Expansión’ dentro del dominio www.expansion.es y que será accesible a los usuarios desde los enlaces que se determine. Es decir, apareceremos en la web de expansión, con la repercusión que ello supone. La integración será efectiva dentro de una semana, más o menos.

Hemos de reconocer que la deliberación sobre esta cuestión en el seno del patronato y en el blog fue intensa, pues toda colaboración con otras instituciones o empresas podría suponer, al menos en la percepción exterior, una cierta pérdida de independencia en el mensaje o, al menos, algún condicionamiento práctico. Sin embargo, al final pesaron más las ventajas que los inconvenientes: el prestigio de Expansión como publicación puntera en el ámbito económico y jurídico, la trayectoria de independencia de Hay Derecho, la ausencia de relaciones económicas (aunque Expansión si hará una pequeña aportación económica a Hay Derecho, como Fundación, de carácter lucrativo), el carácter temporal del Convenio inclinaron la balanza hacia la respuesta positiva. Ambas entidades obtendrán ventajas, o al menos eso esperamos: disponer en su web de un blog objetivo y, modestamente, de cierto prestigio, para Expansión; la mayor potencia del mensaje y beneficiarnos del propio prestigio del diario para nosotros.

Estamos deseando que así sea y la colaboración sea fructífera.

 

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