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El polémico empleo del decreto ley como instrumento de Gobierno

Elisa de la Nuez, Secretaria General de nuestra Fundación, responde al diario El Mundo sobre el abuso de este recurso por parte de los Gobiernos de Rajoy y de Sánchez

En un análisis realizado por el diario El Mundo que repasa la actuación de Gobiernos pasados y del actual con respecto al empleo del decreto ley, nuestra editora del blog Elisa de la Nuez, comenta el uso injustificado de estas normas, un tema que se ha abordado repetidamente en nuestro blog.

Puedes acceder a esta información a través del siguiente enlace.

HD Joven: ¿El PSOE sabe qué es el federalismo? Declaraciones de Granada y Barcelona

Cuando uno oye hablar a Pedro Sánchez y otros líderes del PSOE de la Declaración de Granada y la Declaración de Barcelona es tentador imaginarse que efectivamente contienen las bases políticas de una reforma federal del Estado. Ábalos, portavoz en el Congreso, hasta se refirió a ellas hace poco como “documentos concretos”. Desengáñese quien no las haya leído.

Están escritas en la misma jerga vacía e inconcreta de los programas electorales. En las seis páginas de la Declaración de Granada hasta se evita hablar de “reforma federal”. En su lugar, “avanzar hacia el federalismo”, “Estado de corte federal” y “[Estado de] vocación federal” se entrelazan en un rosario de eufemismos. Aprobada tras la vuelta al poder de Sánchez, Barcelona si dedica, la media página final (!) a La reforma Federal de la Constitución. Eso sí, Cataluña monopoliza la visión federal de la socialdemocracia, pues dicha reforma:

  • Reconocer las “aspiraciones nacionales de Cataluña”,
  • Establecer “un reparto competencial que mejore el autogobierno de la Generalitat”,
  • Un nuevo acuerdo de “financiación autonómica” [sic.], sí, autonómica para el Estado Federal (!),
  • Y un “Senado federal”.

Quitando estos y algún otro tópico indefinido el resto de las Declaraciones es una letanía de alabanza a la Constitución de 1978, disculpándola por haberse quedado obsoleta. No es que la retórica no cuente, pero es legítimo exigir un poco más cuando llevamos años hablando de reformar la constitución.

La descuidada redacción de ambas Declaraciones muestra cuánto tiempo y esfuerzo se les invirtieron. No se cita ningún estudio de campo y no es que falten trabajos de gran calidad sobre la reforma territorial de este país. Por no referenciar ni se alude al brillante Informe de 16 de febrero de 2006 del Consejo de Estado encargado por el Gobierno de Zapatero en que se abordan la reforma del senado, la inclusión en la constitución de la denominación de las CCAA, la integración en Europa y la sucesión al trono.

Eso sí, proponen subcomisiones y mesas de diálogo… Muy en la línea de la política profesional.

¿Para qué aprovechar el trabajo hecho durante décadas (!) por los mejores expertos? Podríamos llegar a iniciar el debate serio, descafeinado de ideología, quizás hasta constructivo y útil.

En este país los políticos viven tanto de la imagen y las encuestas que valoran más los titulares que generan sus propuestas que su contenido. No hay derecho, para los ciudadanos.

Si espera ser tomado en serio, cualquiera que proponga una reforma federal de España debe, al menos, exponer, aunque sea esquemáticamente, el marco competencial de sus Estados, el tipo de cámara territorial y el papel de los Estados en la reforma constitucional.

Dicho así, en abstracto, puede sonar muy complejo. Sin embargo, no se trata de pedirle al PSOE una propuesta de texto articulado, sino unas líneas maestras para que el su federalismo no quede reducido a la semántica de mudar “autonomía” por “Estado Federado” en la Constitución. Pues sería ridículo embarcarse en una compleja reforma constitucional, esperando que por cambiar de palabras, cambiara España.

La mayoría de Estados Federales parten de un reparto competencial que asigna por defecto a los Estados Federados todas las competencias que la Constitución no atribuya a la Federación, sin perjuicio de que estas últimas tengan fundamental importancia y exclusividad. Así lo hacen la constitución de Argentina (art. 121), Austria (art. 15.1), Australia (art. 107), Brasil (art. 25.1), México (implícitamente arts. 117 y ss.) y, por supuesto la Ley Fundamental de Bonn (art. 30), en contraste con el art. 149.3 de nuestra constitución donde se establece:

“Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.”

Cabe además pensar en la conveniencia de introducir una enumeración de los Estados integrantes de la Federación en la constitución -como Austria (art. 2.2), México (art. 43) o el Preámbulo de la Ley Fundamental de Bon. Esto no garantiza su inmutabilidad, ya que los Estados Federados pueden modificarse por medio de una reforma constitucional, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto.

Un Estado Federal suele establecer procedimientos para que la Ley Suprema no pueda ser reformada sin que los Estados participen o asientan en las modificaciones. Estados Unidos, Alemania entre otros exigen que una reforma constitucional sea ratificada por una mayoría de sus parlamentos territoriales para que se apruebe -no se contempla el voto popular. En otras palabras, a diferencia de España, donde por el procedimiento de reforma agravada (art. 168 CE) podrían suprimirse las CCAA y sus cuerpos normativos sin que estas pudiesen intervenir como instituciones, en un Estado Federal, la reforma de la constitución debería pasar por las Asambleas de los Estados, o bien, por el que además de ser aprobada en referéndum, el “sí” venciera en un mínimo de territorios.

En Barcelona se nos habla del “senado federal”. Podrían haber concretado si esto se refiere a un modelo de senado como el norteamericano o de Bundesrat alemán. En el primero sus integrantes son elegidos por Estados, pero directamente por los ciudadanos. La cámara alta se distingue de la baja, porque en esta todos los Estados tienen los mismos representantes al margen de su población. En Alemania, los legisladores del Bundesrat son elegidos por los gobiernos de cada Estado y votan en bloque según sus dictados. Ergo, el Gobierno Federal precisa de tener una mayoría gubernamental favorable a su línea política entre los Estados para sacar adelante ciertas leyes en ambas cámaras.

Por supuesto, como se señala en el citado Informe del 15 de Febrero, nada impide buscar un modelo mixto de cámara territorial entre los dos anteriores. En todo caso, cabe adherirse a la afirmación del Consejo de Estado de que incluso manteniendo la preeminencia del Congreso, sería bueno dotar al Senado de mayor capacidad decisoria, especialmente en las leyes que tuvieran impacto territorial. De otro modo, cualquier reforma de la cámara se socavaría por su percepción, justa percepción, de órgano inútil a ojos de la ciudadanía.

¿Exijo mucho? Ni siquiera pido elencos de competencias, saber cómo los territorios podrían participar de la integración Europea, la financiación… Si el PSOE cree que el federalismo es la respuesta constitucional para resolver la cuestión catalana y la cuestión territorial en general debería demostrar que se la toma en serio… O al menos, que sabe de lo que está hablando.

HD Joven: El primer evento, para los que se lo perdieron. El vídeo.

Algunos de ustedes ya lo sabrán, porque nos encargamos de difundirlo apropiadamente de diversas formas, incluyendo mediante el uso de la presente sección, tanto ex ante como ex post, pero el pasado 28 de noviembre la sección joven Fundación Hay Derecho organizó y presentó con mucha ilusión su primer evento. Por ello mismo, no nos parecería justo abusar sin más de su atención, salvo una última vez, si nos lo permiten, con el único y necesario propósito de completar la información sobre el mismo. ¿Y qué mejor manera de compartir información que a través de un vídeo original sobre el evento?

Les presentamos, pues, el vídeo completo del evento del primer de la Fundación Hay Derecho Joven, en el que tuvimos la ocasión de congregar a cuatro destacados políticos de la escena nacional y autonómica: Dolores González Pastor (Ciudadanos), Ignacio Urquizu (PSOE), Belén Hoyo (PP) y Miguel Ongil (Podemos).

Los organizadores del evento quedamos muy satisfechos con el resultado del evento y, en especial, con la participación y el debate vivo y activo que mantuvieron los parlamentarios, que discutieron sobre asuntos de máxima actualidad, tales como el funcionamiento del Parlamento en la nueva legislatura, la disciplina de voto, los grandes pactos, la efectiva división de poderes y el futuro del Senado.

Además, los diputados tuvieron una actitud muy cercana y accesible durante los 90 minutos que duró el evento y respondieron a las preguntas que formuló el público de forma honesta y sin tapujos. 

Ojalá éste sea el camino a seguir durante esta legislatura que se acaba de iniciar. Consideramos que normalizar eventos como éste es tremendamente importante para que la ciudadanía, y, en este caso la más joven, vea la política como algo que nos incumbe a todos y que no basta con votar cada cuatro años, sino que también hay que fiscalizar lo que hacen nuestros políticos durante el tiempo que dura su mandato. Para lograrlo, es fundamental que en la nueva realidad que vivimos, los políticos, más allá de en el propio Parlamento y en los platós de televisión, debatan en lugares más próximos a la gente -ahora que está tan de moda este término-, y se muestren más accesibles al ciudadano de a pie, no acordándose solamente de ellos cada cuatro años durante la campaña electoral.

Nos gustaría, por último, dar las gracias a los políticos invitados por su asistencia, a todos los invitados por su presencia y a muchos otros por el interés mostrado por el evento, que, sin embargo, no pudieron acudir al mismo. Para estos últimos, especialmente, se publica el presente post y, sobre todo, el vídeo que pueden ver a continuación.

¡Hasta una próxima ocasión!

 

HD Joven: El papel del Parlamento en la próxima legislatura. El primer acto

Fue allá por el ya lejano 20-D del 2015, cuando el sistema que más o menos había resistido desde la re-instauración de la democracia parlamentaria en nuestro país, el tan denostado bipartidismo, dio lugar a una nueva realidad con cuatro grandes partidos y otros tantos de menor entidad, que constituyeron un Congreso y en menor medida, un Senado, bastante fragmentados, en el que se acabaron las mayorías absolutas y se instauró, teóricamente, al menos, el diálogo.

En dichas elecciones recordemos que el partido más votado, el PP, obtuvo 123 escaños, por 90 escaños del segundo -el PSOE-, mientras que, por ejemplo, en las elecciones generales de 2011, el partido más votado (también el PP) había obtenido 186 escaños por 110 del segundo (el PSOE), o en las de 2008, en las que el partido más votado, esta vez el PSOE, logró 168 escaños por 158 escaños del segundo partido más votado (el PP). Los resultados del 20-D, se volvieron a repetir en las elecciones del 26 de junio de 2016, en las que la fuerza más votada obtuvo 137 diputados -el PP-, por 85 de la segunda fuerza más votada. Pese a que los dos protagonistas principales de nuestra política reciente -el PP y el PSOE- no han cambiado, han aparecido dos partidos nuevos, Podemos (si bien, en una suma de varias coaliciones) que obtuvo 65 y 67 escaños y Ciudadanos que logró 40 y 32 diputados, respectivamente. Si bien, es cierto que antes los partidos mayoritarios -PP y PSOE- cuando no contaban con mayoría absoluta recurrían a los partidos nacionalistas -PNV y CiU, principalmente-, a cambio de las concesiones pertinentes, con el nuevo statu quo, pese a que podíamos creer que los grandes partidos se apoyarían en los nuevos, nada más lejos de la realidad, ya que no basta la unión de dos de los cuatro partidos relevantes para poder gobernar con tranquilidad, sino que, al menos, es necesario contar con el concierto de tres de los cuatro grandes partidos o, cuanto menos, entre dos y partidos minoritarios, y, si ponerse de acuerdo entre dos de los grandes partidos ya iba a ser difícil, imagínense entre tres o más, incluyendo a los partidos nacionalistas, los cuales, pese a sus anhelos independentistas, no quieren ser meros peones en el tablero.

Y ello pese a que en los parlamentos autonómicos y en los consistorios locales tenemos sobrada experiencia en gobiernos de coalición o apoyados por más de un partido, particularmente después de las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015, si bien este consenso entre varios partidos que es común en administraciones autonómicas y locales, por el motivo que sea, no ha sido tan recurrente en lo que a la administración central se refiere.

De hecho, la primera consecuencia de esta nueva realidad a nivel estatal fue la provocación de una de las mayores crisis que ha sufrido nuestra (ya no tan) joven democracia, sino la mayor, en la que la formación del Gobierno ha durado casi un año, con repetición de elecciones incluida -algo que no había pasado nunca-, en el que el anterior Ejecutivo ha estado en funciones. Más allá de los debates acerca de cómo lograr que el bloqueo vivido no vuelva a suceder, quizás incorporando la solución vasca de prohibir el voto negativo, como abogaba Rodrigo Tena en su artículo del pasado mes de septiembre, lo que ahora nos debiera ocupar es preguntarnos acerca del papel que tendrá el Congreso en esta nueva legislatura.

En primer lugar, resultaría útil plantearnos hacia qué tipo de Parlamento estamos evolucionando. Si utilizásemos los tipos ideales que proponía el politólogo Arend Lijphart en su libro Modelos de democracia, podríamos preguntarnos si esta nueva configuración del sistema de partidos estaría dando lugar a una transición de un modelo mayoritario a otro consensual (aunque imperfectos). Bien es cierto que no es la primera vez que el ejecutivo se encuentra en minoría en el parlamento, pero no es menos cierto que es la primera vez que las fuerzas que no sostienen a ese gobierno son mayoría. Esto puede implicar, y de hecho parece que está ya implicando, cambios en la realidad parlamentaria. Siguiendo a ese autor, «el gabinete de minoría se ve obligado a negociar continuamente con uno o más partidos de fuera del gabinete para permanecer en el cargo y para solicitar apoyo a sus propuestas legislativas». Esta es la clave: ahí reside el cambio sustancial al que hemos asistido. Una de las consecuencias más relevantes de este tipo de gabinetes es la menor duración del mismo -estadísticamente hablando, claro, como nos recordaba este artículo-. ¿Por qué? Es claro, porque los obstáculos que se interponen frente a la voluntad del ejecutivo propician una vida más corta de estos gabinetes: hay que gobernar, muchas veces, con la oposición del parlamento.

Pero este nuevo reparto del poder, esta especie de «divided governemnt» en términos americanos, no tiene por qué implicar, necesariamente, resultados negativos. Un ejemplo que, en nuestra opinión, clama al cielo es el de la política educativa. Desde la Ley General de Educación de 1970, pasando por la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, hasta llegar Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, numerosas han sido las reformas del sistema educativo (que darían para un artículo, o para un libro). Esta retahíla de cambios legislativos es un botón de muestra de que hay cuestiones, como la educación, sobre las que se requiere de un consenso nacional, de tal forma que las cuestiones partidistas queden desterradas de una materia que debería ser un objetivo común (una valence issue). La actual configuración del sistema parlamentario se antoja como una oportunidad de oro para abordar, entre otras, esta cuestión, ya que no habrá ningún partido que podrá imponer su voluntad sin consultar con los demás, por la mera razón de que no dan los números.

Sin embargo, esta posición minoritaria del ejecutivo puede devenir problemática especialmente en una cuestión: la económica. Por todos es sabido que, anualmente, deben aprobarse importantes leyes como las de los Presupuestos Generales del Estado, así como el techo de gasto, límites de endeudamiento, etc. Un ejemplo de máxima actualidad: el Congreso ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional sin el beneplácito del Gobierno: esto traerá, sin duda, consecuencias económicas que el ejecutivo deberá torear, le guste o no. Si la Constitución reserva al Gobierno, en exclusiva, la iniciativa para presentar esta Ley, lo hace siendo consciente de que un Gobierno no puede ser obligado a gobernar con un presupuesto que no reconoce como propio. Sin duda la gran reválida que habrá de superar este ejecutivo en minoría será la aprobación, ya el próximo año, de los PGE para 2017. ¿Qué pasa si no se aprueban unos presupuestos al gusto del Gobierno y este no quiere asumirlos? Siempre le quedaría el «botón rojo» del artículo 115 de la Constitución: la disolución de una o ambas Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones.

Lo que sí que parece claro es que esta legislatura habrá un control más efectivo al Gobierno, ya que no tendrá mayoría en la Mesa del Congreso para poder evitar las peticiones de comparecencias del propio presidente o de los ministros, como sí hicieron en la última legislatura “completa” -no obstante, Rajoy solo compareció dos veces en cuatro años-. Y, por otro lado, el Gobierno, difícilmente, podrá utilizar la forma del decreto-ley para gobernar, ya que este tipo de normas deben ser refrendadas por el Congreso en un plazo de 30 días y se requiere mayoría simple para su convalidación, mayoría que, como todo saben, el Gobierno no tiene.

Con el objetivo de responder algunas de estas cuestiones, el próximo lunes 28 de noviembre celebraremos el primer acto organizado por HD Joven: El papel del Parlamento en la próxima legislatura, una tertulia en la que contaremos con algunos de los diputados más jóvenes de los principales partidos políticos, como Ignacio Urquizu (PSOE), Melisa Rodríguez (C’s), Belén Hoyo (PP) y Miguel Ongil (Podemos). Para aquellos que no puedan asistir, se podrá ver posteriormente en la web de Hay Derecho.

Con ellos debatiremos sobre el funcionamiento de nuestras cámaras legislativas y conoceremos el punto de vista de una nueva generación de políticos que ha entrado en las instituciones. ¿Será posible alcanzar grandes acuerdos para reformar leyes importantes? ¿Cómo será la relación del Parlamento con los órganos de control más importantes? ¿Se reforzará el protagonismo del Senado o quedará relegado? Para ello, esperamos que estos conceptos que hoy os hemos presentado hayan sido de alguna utilidad.

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